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El señor CALDERÓN .-
Señor Presidente , quiero tomarme la libertad de defender las otras indicaciones que se analizarán, porque dicen relación con estos artículos y con el espíritu de las proposiciones de la señora Senadora.
La primera indicación que renovamos -la número 4- es para permitir que, aun cuando una repartición posea una estructura jurídica nacional, sus funcionarios pueden optar por constituir asociaciones que tengan como base a los trabajadores de ese servicio en las Regiones.
La segunda -la número 6- tiene por objeto aclarar la limitación del artículo 3° a pertenecer a una federación o confederación.
¿Cuál es el sentido concreto de estas indicaciones?
El proyecto nos propone que los funcionarios de organismos de estructura jurídica nacional -la Tesorería, por ejemplo- sólo pueden tener asociaciones nacionales. Y nuestra indicación sugiere que, si ellos así lo resuelven -porque no les imponemos nada; es algo optativo-, pueden organizarse por Regiones. Es así como habría trece asociaciones de funcionarios de Tesorería (una por cada Región).
Para resolver los problemas que dependen de las autoridades nacionales de la repartición, dichas asociaciones podrían actuar en una federación nacional de funcionarios de la Tesorería, que sería la equivalente a la actual Asociación Nacional. Y para superar cuestiones que deben ser vistas a nivel regional, la asociación regional correspondiente dispondría de autonomía para enfrentarlas. Porque estos asuntos irán aumentando con el tiempo de acuerdo al compromiso que tenemos de continuar con la descentralización, lo que significará ampliar la transferencia de competencias, atribuciones y recursos a las instancias regionales.
Es más, como hay problemas generales en todo el sector público, las federaciones nacionales se agruparán, seguramente, en una confederación nacional, que sería la continuadora de la organización que creara don Clotario Blest , que presidiera el ex dirigente Tucapel Jiménez y que hoy dirige el magallánico Milenko Mihovilovic : la ANEF.
Sin embargo, algunos asuntos deberán ser vistos por todos los trabajadores del sector público de una Región. En la mía, por ejemplo, tenemos el problema de la asignación de zona y el de las vacaciones, que son comunes. ¿Por qué, entonces, no brindar la posibilidad de una federación regional de asociaciones de funcionarios, una ANEF regional, para enfrentar esos problemas? ¿Por qué no permitir que puedan, junto a organizaciones del sector privado, constituir una confederación de trabajadores de la Región, forma que tal vez adquieran las centrales sindicales a nivel regional?
¿Qué propósitos perseguimos con estas indicaciones?
Uno de ellos es posibilitar el fortalecimiento orgánico y financiero de las organizaciones a nivel regional, a través de una estructura más democrática, lo que redundará también en el fortalecimiento de sus instancias nacionales. ¿Por qué algunos señores Senadores consideran esto contradictorio? Me parece que una estructura con dirigentes que sean representantes de sus bases ante la federación nacional responde a una concepción más democrática que otra en que los dirigentes representan a la asociación nacional en la Región, tal como está consignado en el proyecto.
Ahora, si la asociación base es regional, una parte de las cotizaciones tendrá que ir a las federaciones y confederaciones a que pertenezca, y otra deberá quedar en la asociación base. Esto permitirá mejorar la acción de las organizaciones a nivel regional. Organizaciones vivas y actuantes a nivel de base son las que se traducen en organizaciones nacionales fuertes y respetadas. Eso es lo que perseguimos.
El segundo propósito es posibilitar que la organización de los trabajadores del sector público se adecue al proceso de descentralización que hemos impulsado y que, tal como se ha comprometido el Presidente electo, se seguirá impulsando. Con ello, se crean condiciones más favorables para el éxito del proceso descentralizador.
La descentralización requiere no sólo de modificaciones legales y administrativas que transfieran competencias, atribuciones y recursos a los Gobiernos regionales, sino también de cambios culturales y del involucramiento de todos los actores sociales de la Región. Entre esos actores sociales debieran estar los trabajadores del sector público. Por eso, cuando legislamos debemos preocuparnos de dejar abiertos los cauces para que ellos se constituyan efectivamente en un actor social regional. Creo innecesario argumentar sobre el extraordinario aporte que estos trabajadores podrían brindar -y estoy seguro que brindarán- para el éxito del proceso descentralizador, mediante una participación activa con relación a las propias finalidades que el proyecto, en su artículo 7°, fija a las asociaciones. Y tenemos que facilitar esto, porque hoy, aunque los trabajadores de las Regiones, como personas, están de acuerdo con la descentralización, la verdad es que debemos reconocer que sus organizaciones no están jugando un papel muy destacado, lo cual debilita el proceso descentralizador.
Se ha dicho que aceptar la posibilidad de una organización regional de trabajadores de una repartición nacional debilitaría la fuerza de sus organizaciones y que debemos reconocer la realidad histórica de éstas. Yo reconozco y valoro la historia de la ANEF, y por ningún motivo intentaría proponer medidas que tendieran a debilitarla. Por el contrario, como valoramos lo que ella ha sido, no queremos que la entidad que agrupa a los trabajadores del sector público sea una cuestión del pasado; la queremos viva, fuerte, no viviendo de su historia, sino haciendo historia. Y para ello debe ir asumiendo las formas orgánicas que le permitan enfrentar los nuevos desafíos, uno de los cuales es, precisamente, la descentralización. Nosotros no podemos decir a la ANEF: "Usted tiene que organizarse de este modo o del otro", y no es nuestra pretensión hacerlo. Lo que sí deseamos es fijar un marco legal que, respetando lo que ha sido la organización de los trabajadores del sector público, deje abiertas las posibilidades para introducir modificaciones orgánicas cuando ellos mismos lo decidan.
Ese es el sentido de nuestras proposiciones.
Hay un último tema.
Me parece indispensable aprobar la indicación número 6. El artículo 49 del texto que propone la Comisión ya establece la existencia de federaciones y confederaciones, las que podrán tener carácter regional o nacional. El artículo 3°, por su lado, dispone: "Las asociaciones de funcionarios no podrán pertenecer a más de una asociación de grado superior del mismo nivel.". Nosotros proponemos que se aclare que no podrán pertenecer a más de una, en el ámbito regional, y a no más de una, a nivel nacional. Si no se explícita el punto, ocurrirá que si una asociación de funcionarios de una Región se asocia a una federación de la misma (por ejemplo, a la ANEF regional), no podrá pertenecer a una federación que agrupe a todos los trabajadores de la repartición de que se trate en el país. En ese caso, estaríamos debilitando la organización nacional. Entonces, si no se aclara esta materia, quedará una alternativa contradictoria entre la organización regional de los trabajadores y su organización nacional. Eso sería tan absurdo como intentar oponer lo regional a lo nacional en un Estado unitario.
En base a estas consideraciones, señor Presidente , pido a mis Honorables colegas que aprueben las dos indicaciones renovadas que he señalado, a fin de que la ley en proyecto no se transforme en un obstáculo y las organizaciones de los trabajadores del sector público puedan, a su propio ritmo y cuando ellas lo decidan, asumir las formas orgánicas más adecuadas para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos.
Las dos indicaciones fueron renovadas con la firma de Senadores de todas las bancadas.
He dicho.
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