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La señora SAA (Vicepresidenta).-
Cerrado el debate en la Partida Nº 16, Ministerio de Salud.
En la Partida Nº 17, Ministerio de Minería, tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señora Presidenta , la realidad que está viviendo la pequeña y mediana minería es la peor de los últimos 30 años. Los 4.100 productores mineros que entregaban su producción a Enami en 1990 se han reducido a menos de 500.
Hemos presentado indicación que, en la práctica, pretende reponer la cantidad de recursos en el ítem respectivo del presupuesto del año pasado, con el objeto de sustentar tarifas, porque este año ha sido reducida de dos millones de dólares a un millón y medio.
Si tomamos en cuenta que la pequeña y mediana minería pasa por uno de sus peores momentos, producto justamente de las tarifas de Enami, que han bajado en virtud de la disminución del precio internacional de la libra de cobre y del tipo de cambio, resulta indispensable que el Gobierno dé una señal clara de su preocupación por los miles de pequeños y medianos mineros relacionados con las ciudades del norte que no tienen otras alternativas de trabajo y que poco a poco se han ido extinguiendo.
Nos llama la atención que, últimamente, el Gobierno haya dado diversas señales en contra de la subsistencia de este sector. En primer lugar, quiero mencionar la oposición del representante del Presidente de la República en el directorio de la Empresa Nacional de Minería a un acuerdo que ésta había tomado con la finalidad de hacer uso de los mecanismos que en la actualidad brinda el mercado, fijando precios cuando el valor internacional de la libra de cobre superaba con creces el dólar. El veto de dicho representante ha hecho perder dinero a la Enami, al Estado y a los pequeños y medianos mineros. Nos llama la atención que, frente a esta realidad tan difícil, se reduzca esta cantidad de recursos para la sustentación de tarifas.
Pedimos al Ministro de Hacienda que patrocine esta indicación, que, en la práctica, tiende a dar una señal clara de que no dejará morir esta actividad, o que no la dejará a su suerte. Además, la actitud del Gobierno no resulta compatible, ya que la ley orgánica de la Empresa Nacional de Minería establece, como principal obligación, el fomento de esta actividad.
Esa actitud -que en las tres medidas descritas nos da una relación clara de que el Gobierno no ha querido entregar los recursos necesarios, como quiera que sus representantes en el directorio se han opuesto permanentemente a ello- producirá efectos muy graves en las ciudades del norte que tienen relación directa con la pequeña y mediana minería, en especial en las comunas de las regiones Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, donde esta actividad, directa o indirectamente, involucra a muchas personas.
He dicho.
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