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La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta , con el ánimo de hacer un aporte y producir un debate enriquecedor en esta importante discusión que tenemos hoy, me corresponde fijar en líneas generales los conceptos e ideas en base a los cuales nuestro partido ha abordado el tema presupuestario para 1998.
Como ha dicho el señor Ministro , y en eso tiene toda la razón, la ley de Presupuestos es el principal instrumento a disposición de un gobierno para la consecución del bien común. Por ende, es también el mejor instrumento a través del cual una Oposición constructiva, seria, con fundamentos, puede hacer una evaluación de la gestión de determinado gobierno. De manera que la ejecución presupuestaria de 1997 y la ley de Presupuestos que el Gobierno nos propone para 1998 serán los mejores parámetros para que la Oposición pueda pronunciarse, con cifras y antecedentes serios y fehacientes, respecto de cómo está actuando el Ejecutivo.
Lo anterior implica, ni más ni menos, un problema político, con letras mayúsculas. La política es el arte de gobernar, el sistema de decisiones públicas para buscar el bien común.
A raíz del planteamiento del Gobierno, nuestros foros televisivos y medios de prensa -estamos en época de elecciones- han creado abundantes espacios de debate para el tema presupuestario. Sin embargo, y para ser serios, considero que a esta Cámara política le corresponde efectuar un debate profundo sobre esta materia, aspecto que abordaré a continuación.
A nuestro juicio, los gobiernos de la Concertación han podido administrar un Estado que cuenta con abundantes recursos, producto del crecimiento económico y de la recaudación fiscal, proveniente fundamentalmente de los impuestos. Sin embargo, el punto central es que gasta más recursos, pero no los utiliza bien, debido a la obsolescencia de los programas dirigidos a la solución de los problemas sociales, a la cantidad de gasto superfluo o, lisa y llanamente, a las pérdidas fiscales por defraudación del tesoro público, que cada día va en aumento.
Me remitiré a la exposición de tres puntos generales, sobre la base de la idea central que desarrollaré a continuación.
En primer lugar, siempre insistiremos en que la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional no cuentan con la información necesaria, tema recurrente en la discusión del presupuesto. En efecto, la información que ha proporcionado en esta oportunidad el Ejecutivo respecto de la ejecución presupuestaria proporcional correspondiente a 1997 no está ni ha estado disponible en forma oportuna. Obviamente, aquí ha habido falta de regulación constitucional y legal sobre el presupuesto y su ejecución, lo que hace que el problema se repita cada año. Estamos en presencia de una flexibilidad en el manejo presupuestario por parte del Ejecutivo, lo cual ha conducido, como lo fundamentaré con posterioridad, a una carencia de información que deja al Congreso inerme a la hora de resolver constitucionalmente sobre la aprobación o rechazo del proyecto de Presupuestos , impidiéndole efectuar un juicio de mérito profundo sobre la reasignación de fondos públicos, en consideración a las distintas funciones que debe cumplir el Estado.
En segundo lugar, consideramos inoficiosa una discusión, como algunos han querido plantear, sobre el tamaño del Estado. No se puede ser partidario a priori de un Estado pequeño o grande.
En su oportunidad planteamos, y ahora lo hacemos con especial énfasis, que nos interesa tener un Estado en forma, que salga de donde sobra, fundamentalmente por mala gestión, y entre donde falta especialmente en la acción subsidiaria de la educación, salud y pobreza.
Esa discusión es interesada y no conduce a la claridad que los chilenos deben tener en esta materia.
Somos partidarios de la economía social de mercado, pero, obviamente, también sostenemos con fuerza que debe haber un Estado regulador y fiscalizador en la función social, que promueva el desarrollo, haciendo lo que le compete en educación, salud y pobreza.
En tercer lugar, este año estamos poniendo un énfasis especial. Se nos anuncia que el presupuesto prevé un gasto total, aumentado en 8 por ciento real para 1998, respecto de 1997. Siempre es importante gastar menos, pero destacamos que más nos preocupa gastar bien. No nos oponemos a la inversión social programada y ejecutada en forma correcta. Queremos -porque creemos que el Estado no lo está haciendo bien- que la inversión social se dirija en los términos correctos y llegue efectivamente a la gente. Este año, mucho más que interesarnos por cuánta plata gasta el Estado, vamos a preocuparnos de demostrar que la invierte mal y de proponer soluciones para que la utilice mejor.
Las cifras sobre cómo gasta la plata el Estado son elocuentes. ¿Cómo ha crecido la inversión en educación? En 1990, fue de 760 millones de dólares. En 1997, se nos propuso incrementar esa cifra a 2.700 millones de dólares. En los últimos siete años, ha subido de 1.200 millones a 2.850 millones de dólares, es decir, en más de 110 por ciento. ¿Y cómo se ha reflejado dicho gasto en cuanto a eficacia? Las pruebas Simce muestran un estancamiento más o menos en la misma línea de flotación de los últimos 40 años.
Esas son formas para medir el gasto en educación de la gente. El monto es mucho mayor, pero la plata no llega a la gente. Recuerdo que en los últimos siete años los impuestos recaudados por el Estado han subido de 8 mil millones a 16 mil millones de dólares, afectando a todos los chilenos, lo cual no es lírica ni academia. Han aumentado los impuestos de bienes raíces, los permisos de circulación, las patentes y el combustible en más o menos mil millones de dólares al año.
En pobreza -el señor Ministro no necesitará que lo recuerde-, en 1989 se gastaban 3.500 millones de dólares; en 1997, 10 mil millones de dólares. En 1990, el Estado disponía de 700 dólares por pobre bajo la línea de flotación; en 1997, de 3.300 dólares por cada pobre bajo la línea de pobreza más preocupante, es decir, de cinco veces más. Pero la pobreza ha disminuido en 2 por ciento anual. Según cifras oficiales del Gobierno, en Chile quedan más de 3 millones 300 mil pobres. El 23 por ciento de los chilenos sigue siendo pobre y, lo que es más dramático, el 33 por ciento menor de 15 años, uno de cada tres niños chilenos, es pobre. Las cifras demuestran lo que con respeto, pero con claridad y firmeza, planteamos. Y han surgido críticas desde las propias líneas de Gobierno -recuerdo perfectamente las que señaló el ex Ministro Maira antes de asumir la embajada en México-. Este indicador, que calificamos de fracaso en la política social, lo demuestra.
Los subsidios a los más pobres han mejorado mucho menos que el aumento de los impuestos a que aludía y mucho menos que el crecimiento del gasto social. Ya dije cómo se habían elevado los ingresos tributarios.
¿Cuánto significa el mayor gasto social? Según las cifras que tengo en mi poder, los ingresos tributarios, 89 por ciento; el producto interno bruto, 50 por ciento; el gasto social, 66 por ciento; la pensión asistencial, sólo 55 por ciento; la asignación familiar, únicamente 48 por ciento; el subsidio único familiar, 23 por ciento; la subvención educacional, 24 por ciento, y el subsidio de vivienda, sólo 20 por ciento.
En materia de salud, el gasto, de 595 millones de dólares en 1990, se ha elevado a 1.739 millones de dólares en 1997; es decir, en 132 por ciento en siete años.
¿Cuánta de esta plata llega al usuario? La alcaldesa Girardi lo planteaba el otro día por televisión: 600 pesos por persona al mes para su atención primaria, de los cuales el Gobierno aporta 350 y las municipalidades, 210 pesos. ¿Cómo está llegando, entonces, este mayor gasto a la gente: en forma nula o, por decirlo de manera más generosa, de modo extraordinariamente escaso.
Podríamos seguir demostrando cómo el gasto sube, pero no llega a la gente; y queda acumulado y depositado en ineficacia.
A raíz de la discusión presupuestaria del año pasado, la Oposición obtuvo que se hiciera una evaluación de los veinte programas sociales que el Gobierno llevó a cabo este año. Se hizo efectivamente; llegó tarde, a tirones, pero se recibió. En todos esos estudios se destaca con extraordinaria nitidez, el énfasis puesto en la gestión de los mismos y la carencia de datos respecto del análisis del impacto socioeconómico de los proyectos, porque, a la hora de entrar en esta materia, en todos esos estudios falta información relevante o, simplemente, no existen objetivos a partir de los cuales comparar los logros.
Lo que pasa respecto del gasto público es exactamente eso: que todo el análisis del Gobierno está centrado en la gestión de programas obsoletos hace mucho tiempo y no en la eficiencia con que realiza su acción el Estado.
En ese eje principal queremos plantear esta discusión. Sostenemos que los gobiernos de la Concertación han administrado un Estado que cuenta cada vez con más recursos, como consecuencia del crecimiento económico y de la mayor recaudación fiscal, pero la evidencia de que gasta mucho más, pero mal, es palmaria a la hora de revisar las cifras más elementales.
Esta es la cuestión central que nos lleva al punto de partida. Nuestro ordenamiento constitucional y legal establece una excesiva flexibilidad presupuestaria para el Ejecutivo , con la cual -también soy partidario de un sistema presidencial de gobierno- se pueden hacer cosas extraordinariamente positivas, pero también neutras, negativas o ineficaces.
El debate sobre el presupuesto debiera considerar los grandes temas políticos, sobre cómo se está usando la plata del Estado, que siempre es poca, para reasignar recursos entre funciones de gobierno, usando la clasificación que nos da. Esta discusión presupuestaria está siendo llevada cada vez en peor forma y sencillamente se ha convertido en un trámite más, por cuanto es imposible hacer una evaluación de la reasignación de recursos entre funciones de gobierno.
Los datos de que disponemos -repito hasta la saciedad el tema que hemos planteado en todos los foros públicos y medios de comunicación, y que reiteramos aquí una vez más- indican que el Estado ha dispuesto de más plata, gasta mucho más, pero lo está haciendo peor. En eso queremos enfocar la discusión en esta cámara política.
He dicho.
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