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La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Señora Presidenta , del planteamiento de los diputados de Oposición se desprenden elementos que debemos tener en consideración.
No cabe duda de que correspondería discutir si los recursos han sido debidamente administrados; pero en sus propias palabras está presente la afirmación de que siempre son menos que los que se necesitan para corregir situaciones de desigualdad o inequidad, en las cuales el Estado es el único que puede jugar un rol definitorio, en particular en algunas áreas.
Es bastante absurdo el ejemplo, sobre educación, del Diputado señor Cardemil. Utiliza cifras de 1990 a fin de contrastarlas con cantidades para 1997; pero al analizar cómo han sido bien utilizados los recursos, confiere la calidad de único parámetro de evaluación a los resultados del Simce. Esconde -lo ha advertido el Diputado señor Elgueta - que hace siete años el sueldo de un profesor era de 18 mil pesos, el mismo que hoy no puede ser inferior a 250 mil pesos. Entonces, es evidente que la cantidad de dinero asociada al tremendo gasto del Estado ni siquiera dice relación con el aumento del ciento por ciento al que hace mención, pues es sustancialmente mayor. Podría llegar al 700 u 800 por ciento en el mejoramiento del sueldo básico de los profesores.
En consecuencia, se utiliza un doble estándar. En estos días, en la campaña electoral, se hace lo mismo: por una parte, se critica al Gobierno por no ser capaz de proporcionar recursos para satisfacer en forma plena lo que se requiere en vivienda, salud o educación; pero, simultáneamente, se pretende inhibir al Estado para que pueda contar con recursos suficientes para enfrentar esos gastos.
En mi opinión, la discusión respecto de una buena administración tiene validez sólo para un porcentaje mínimo de los recursos reales con que cuenta el Estado, por cuanto la mayor parte están asignados en forma directa en el presupuesto. Sólo cifras menores pueden ser materia de una decisión de carácter político que altere las directrices presupuestarias.
Creo que debemos ser serios en esta discusión. El Estado está llamado a cumplir una tarea de bien común. No basta con el libre juego de las fuerzas del mercado. De hecho, todas las estadísticas señalan que existe un problema que debemos abordar: la concentración excesiva de los ingresos, y para solucionarlo no tenemos otro instrumento mejor que el rol del Estado en esta materia.
Por eso, resulta contradictoria la argumentación que hemos escuchado.
Quiero dar otro ejemplo: la preocupación por los edificios en los cuales se ha advertido la presencia de monóxido de carbono. Nuestros amigos de la Oposición han sido los primeros en exigir que el Estado fiscalice en forma adecuada, pero la superintendencia encargada de la materia cuenta con escaso personal; además, precariamente pagado. Lo mismo ocurre en otros sectores en los cuales se necesita un rol regulador.
En consecuencia, llamo a la Oposición a que no pretenda obtener dividendos mezquinos, en medio de un proceso electoral, de la discusión presupuestaria, y que, con un mínimo de seriedad, apunte directamente a los gastos en los cuales cree que debe haber algún cambio, alguna disminución. Considero errada su argumentación de orden general tendiente a menoscabar el rol que está llamado a jugar el Estado -cualquiera que sea el gobierno de turno-, porque con ello sólo está debilitando su papel irremplazable, particularmente en la concreción de políticas sociales.
Según los indicadores que podrían ser evaluados, existe un mejoramiento sustancial en las pensiones en este período de siete años, que alcanza al 43,9 por ciento.
Han subido, en términos reales, el valor de la subvención de educación básica, en 30,7 por ciento; las raciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en 62 por ciento; los recursos destinados a niños en educación prebásica, en 60 por ciento; los programas de pensiones asistenciales, en 34,3 por ciento; el número de horas pagadas a médicos, por cada mil beneficiarios, en siete años, en 84,1 por ciento.
Otros indicadores demuestran que existe una asignación de recursos razonable, y debieran especificarse los puntos en los cuales pudiera haber discusión.
El debate de orden general, en los términos planteados particularmente por el Diputado señor Cardemil , refleja un doble estándar: por una parte, se pide que el Estado solucione problemas de orden social; pero, en el momento de votar el proyecto de ley de Presupuestos, sistemáticamente, se le obstaculiza implementar sus políticas en esta materia.
Sin importar el signo que tenga el Gobierno en el futuro, pido un mínimo de seriedad para discutir aquellos ítem donde, a juicio de la Oposición, debiera haber un cambio o una corrección.
He dicho.
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