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El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , el proyecto en discusión amerita reflexionar con mesura y amplitud de información.
Establece el reajuste del 6 por ciento de las remuneraciones del sector público, y ese guarismo, es cierto, parece poco. Sin embargo, no debemos olvidar otras iniciativas, como la que ingresó a tramitación en la Corporación con urgencia calificada de “suma”, que establece una asignación de modernización y los beneficios que indica para un número importante de funcionarios públicos.
La prensa de hoy recoge el guarismo del 6 por ciento como un todo, en circunstancias de que el incremento de remuneraciones variará según el sector. Así, un funcionario público tomado al azar de los listados, entre diciembre y enero -los beneficios entran en vigencia en diferentes fechas-, obtendrá un incremento del 11,8 por ciento. Algunos percibirán más, como los de la salud municipal, un 13,8 por ciento, y otros menos, como los de los servicios de salud del Sistema nacional de servicios de salud, un 10,2 por ciento.
Los únicos funcionarios públicos que recibirán sólo el 6 por ciento son los del Congreso Nacional y de la Contraloría General de la República y los suboficiales del Ejército, la Marina y la Aviación, respecto de los cuales los integrantes de la Comisión planteamos ayer a los Ministros de Hacienda y del Trabajo nuestra preocupación.
Reitero, en promedio, los funcionarios de la administración central recibirán un 11,8 por ciento. ¿Por qué? Porque al 6 por ciento de reajuste general habrá que agregar la asignación por modernización, que ya ingresó a la Cámara, del 5,5 por ciento por sobre las remuneraciones ya reajustadas en 6 por ciento, lo que determina, a partir del 1º de enero, un reajuste de 11,8 por ciento.
Algunos opinan que las negociaciones sectoriales en conjunto o dentro del reajuste general de remuneraciones son un mal procedimiento. Obviamente, el tema es discutible, y es bueno que lo hagamos, porque es la primera vez que un Gobierno las considera de esta manera.
Es posible que, a futuro, esta sea una medida sana, y lo lógico sería que la negociación sectorial incida en el reajuste general de remuneraciones, porque no es coherente subirlas separadamente a todos los sectores y adicionalmente en conjunto, pues de esa manera se estarían incrementando dos veces. No obstante, ha habido confusión en el pasado y sería bueno que existiera claridad hacia adelante.
Pero quienes no tienen confusión ni pueden apelar a ella son los funcionarios representados por la Anef, y por eso rechazo las palabras de su presidente cuando dice que el reajuste está mal calculado. En las negociaciones con la Anef efectuadas hace 15 días quedó establecido que recibirían un 5,5, además del reajuste especial de remuneraciones para todo el sector público, que asciende al 6 por ciento. Entonces, si agregamos el 5,5 por ciento a las remuneraciones ya reajustadas en ese porcentaje, obtenemos el 11,5 por ciento real, más de lo que cualquier funcionario público esperaba para este año.
Ahora bien, comparemos con cifras brutas el mejoramiento de remuneraciones del año pasado con el de este año obtenido por la Anef. El año pasado, el reajuste general de remuneraciones fue de 9,9 por ciento, en cifras redondas, 10 por ciento. La inflación del mismo año fue de 6,5 por ciento, aproximadamente. Diez menos 6,5 por ciento da como resultado una mejoría de remuneraciones real de 3,5 por ciento. Es decir, el reajuste del año pasado significó un incremento de remuneraciones de sólo un 3,5 por ciento para los funcionarios públicos en términos reales.
Veamos ahora lo que ocurre con este reajuste de remuneraciones. El reajuste real que recibirán es de 11,8 por ciento. La inflación estimada para este año será del 5,5 por ciento. Pues bien, 11,8 menos 5,5 da como resultado un incremento real de las remuneraciones del de 6,3 por ciento; es decir, casi el doble del año pasado. De modo que, a través de este proyecto de ley, por iniciativa del Gobierno, estamos otorgando un reajuste que, en términos reales, es casi el doble del que se dio el año pasado a la gran mayoría de los funcionarios públicos del país representados por la Anef.
Es cierto que para otros sectores es menor, en especial para los funcionarios del Congreso Nacional, para los suboficiales y tropas de las ramas de la Defensa Nacional y para los funcionarios de la Contraloría, para los cuales es sólo del 6 por ciento. También, provisionalmente, es menor para los funcionarios de Carabineros de Chile, porque serán beneficiados por un proyecto de ley especial -así lo ha anunciado el Gobierno- que probablemente ingrese a tramitación en el transcurso del presente mes.
Según se dijo en la Comisión de Hacienda, durante el primer semestre del próximo año también se enviará un proyecto de ley especial para los funcionarios de la Contraloría General de la República. Pero, con las excepciones mencionadas, se trata de un buen proyecto de reajuste, superior al que obtuvieron los funcionarios públicos el año pasado.
Podemos discutir su filosofía; si es bueno o no que haya negociaciones sectoriales. A mi juicio, las ha habido, con reajuste general de remuneraciones, y las continuará habiendo, con reajuste general parejo o diferenciado. En esa perspectiva, es mucho más razonable que parte del reajuste sea diferenciado, explicitando esas negociaciones sectoriales; es más sano para el país y más beneficioso para los gremios.
Por último, quiero señalar que, obviamente, todos deseamos mejorar aún más las remuneraciones de los funcionarios públicos; pero ello es parte de un proceso que no hemos iniciado y que deberemos llevar a cabo el próximo año.
En el país necesitamos, primero, mejorar las remuneraciones del sector público y, segundo, dar verdaderos estímulos a los funcionarios del sector que desempeñan una labor muchas veces ingrata. No son pocas las acusaciones de corrupción, flojera y desidia lanzadas al voleo en su contra, a pesar de que hacen un esfuerzo muy grande, a menudo, con malas remuneraciones; debemos mejorarlas sustancialmente, pero para ello el Estado debe disponer de mayores recursos.
Antes de efectuar un cambio profundo en las remuneraciones de los funcionarios públicos para que queden en el nivel en que deberían estar -ello no se resuelve con un reajuste que hace un pequeño ajuste, a fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo ocasionado por la inflación futura, según la cual se calculan los reajustes desde hace ocho años-, debemos discutir cómo debe ser remunerado cada uno de los funcionarios públicos, cada uno de los fiscalizadores, cada uno de los que prestan servicios; en suma, cómo vincular esa remuneración de manera más categórica a su desempeño. Pero ello requiere más recursos, los cuales deben provenir de impuestos; no hay otra fuente de recursos. Por lo tanto, si queremos resolver efectivamente el problema de las malas remuneraciones de los funcionarios públicos, debemos modificar la estructura tributaria del país, a fin de generar mayores recursos y pagar mejores remuneraciones.
Sin embargo, ésa no es materia del proyecto en discusión; se trata de un proyecto de reajuste que, en términos reales, concede casi el doble del otorgado el año pasado. En ese sentido, es una buena iniciativa y espero que la Corporación lo apruebe por unanimidad.
He dicho.
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