REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO. Primer trámite constitucional.
REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios de carácter pecuniario. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es la señora Romy Rebolledo. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2106-05, sesión 9ª, en 21 de octubre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra la Diputada señora Romy Rebolledo. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente , el Ejecutivo calificó la urgencia de este proyecto de “discusión inmediata”, razón por la cual anoche, muy tarde, la Comisión de Hacienda despachó en forma apresurada la iniciativa y acordó entregar hoy un informe verbal. Como se indica, el proyecto otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público y concede los aguinaldos y beneficios de carácter pecuniario que detallo a continuación. El artículo 1º establece que, a contar del 1º de diciembre de 1997, se concede un reajuste general de 6 por ciento a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos base, asignaciones profesionales, de zona, de fiscalización municipal y otras similares, según la normativa que sea aplicable a los trabajadores del sector público, de la administración civil del Estado y al personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, municipios, Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, incluidos también profesionales regidos por la ley Nº 15.076. Además, señala que el reajuste no regirá para los trabajadores del sector cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociación colectiva del Código del Trabajo o estén establecidas en moneda extranjera, ni para aquellos cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora. Asimismo, porque van aparte, quedan excluidas las remuneraciones del Poder Judicial . El artículo 2º reajusta en un 6 por ciento, también a contar de diciembre próximo, los montos en actual vigencia de las subvenciones otorgadas a las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio Nacional de Menores. El artículo 3º concede un aguinaldo de Navidad a los trabajadores que desempeñen cargos de planta o a contrata, que asciende a 19.700 pesos para sueldos líquidos inferiores a 225.680 pesos, y a 11.600 pesos para sueldos superiores. El artículo 4º otorga el mismo beneficio a los trabajadores de las universidades que reciben aporte fiscal y de los de sectores de la administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades. El artículo 5º prescribe que los aguinaldos concedidos por esta iniciativa de ley, en lo que se refiere a los órganos y servicios públicos centralizados, serán de cargo del Fisco y, respecto de los servicios descentralizados, de las empresas señaladas en el artículo 3º y de las entidades a que se refiere el artículo 4º, serán de cargo de la respectiva entidad empleadora. Sólo serán suplementados por el Ministerio de Hacienda en caso de que sus propios recursos no alcancen para financiar el beneficio. Por otra parte, los artículos 6º y 7º conceden el beneficio a los trabajadores de los establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado, a los de la educación técnico-profesional traspasados en administración de acuerdo con el decreto ley Nº 3.166, a los de las instituciones colaboradoras del Sename, a los de las corporaciones de asistencia judicial y a los de la Fundación de asistencia legal a la familia. Por otra parte, el artículo 10 establece un aguinaldo de Fiestas Patrias, por una sola vez, a los trabajadores que al 31 de agosto de 1998 desempeñen cargos de planta o a contrata o sean personas contratadas a honorarios asimilados a un grado de la escala de remuneraciones respectiva. Su monto será de 26.900 pesos para los trabajadores cuya remuneración líquida en el mes de agosto de 1998 sea igual o inferior a 239.221 pesos, y de 20 mil pesos para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad. Los artículos 11, 12, 13 y 14 regulan este beneficio en los mismos términos de los artículos 4º, 6º y 7º respecto del aguinaldo de Navidad. El artículo 15 otorga, por una sola vez, a los trabajadores a que se refiere el artículo 1º, un bono de escolaridad, cuyo monto asciende a 28.500 pesos, que será pagado en dos cuotas iguales de 14.250 pesos cada una, la primera en marzo y la segunda en junio de 1998. El artículo 16 fija en 47.500 pesos el aporte para 1998 a los servicios de bienestar de las entidades que no gozan de los beneficios especiales de salud establecidos en la ley Nº 19.086. El artículo 17 aumenta en 937.570 miles de pesos el aporte a los establecimientos de educación superior que señala el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, para 1997. El artículo 18 dispone que durante 1998 los valores de la subvención adicional especial a que se refiere el inciso segundo del artículo 7° transitorio del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, se reajustarán en un seis por ciento, y se fijarán mediante decreto del Ministerio de Educación visado por el Ministerio de Hacienda. El artículo 19 faculta al Presidente de la República para aumentar, a partir del 1° de enero de 1998, los valores de la subvención a que se refiere el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del Ministerio de Educación, con el objeto de contribuir al financiamiento de la asignación de perfeccionamiento del artículo 49 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, respecto del perfeccionamiento realizado hasta 1995. El artículo 20 incrementa las bonificaciones de nivelación, que elevan la remuneración bruta mínima mensual de acuerdo con las distintas escalas, de auxiliares, técnicos y secretarias del sector público, a 121.742, 137.974 y 148.409 pesos. El artículo 21 se refiere al financiamiento del mayor gasto fiscal, que asciende a 18.832 millones de pesos para este año, hasta diciembre próximo, y a 162.650 millones de pesos para 1998. El costo total es de 181.482 millones de pesos. En la Comisión, los Ministros de Hacienda y del Trabajo explicaron que ahora hay una diferencia en el cálculo del reajuste, por cuanto en años anteriores incluía la inflación esperada, la productividad y un factor de equidad. Hoy, la gran mayoría de los funcionarios públicos ha negociado por sectores -salud, educación, Anef- y, por lo tanto, les corresponde sólo el aumento en función del poder adquisitivo, es decir, inflación esperada. Aún así, ésta se aumentó en un 1,5 por ciento adicional para llegar al seis por ciento. Agregaron que el promedio de aumento del sector público para 1998, de acuerdo con lo negociado durante 1997, es de 11,5 por ciento, lo que es bastante significativo comparado con la inflación esperada del 4,5 por ciento. Se llega al 11,5 por ciento sumando al 6 por ciento de reajuste general el promedio de los reajustes sectoriales alcanzados durante las negociaciones llevadas a cabo durante este año. El reajuste es general y no tiene excepciones, salvo las contempladas para el Poder Judicial . Las negociaciones sectoriales no se han dado en todo el sector público. En algunos casos, por ejemplo, Carabineros y Contraloría General de la República, existen conversaciones y se enviarán los proyectos respectivos. Respecto de los otros, en la Comisión se hizo presente nuestra preocupación. Algunos parlamentarios plantearon la necesidad de un mayor debate, pero no fue posible acceder porque el proyecto está calificado de discusión inmediata. Aprobado en la Comisión por 4 votos a favor y 3 abstenciones, la mayoría acordó recomendar a la honorable Sala su aprobación. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma . El señor PALMA (don Andrés) .- Señor Presidente , el proyecto en discusión amerita reflexionar con mesura y amplitud de información. Establece el reajuste del 6 por ciento de las remuneraciones del sector público, y ese guarismo, es cierto, parece poco. Sin embargo, no debemos olvidar otras iniciativas, como la que ingresó a tramitación en la Corporación con urgencia calificada de “suma”, que establece una asignación de modernización y los beneficios que indica para un número importante de funcionarios públicos. La prensa de hoy recoge el guarismo del 6 por ciento como un todo, en circunstancias de que el incremento de remuneraciones variará según el sector. Así, un funcionario público tomado al azar de los listados, entre diciembre y enero -los beneficios entran en vigencia en diferentes fechas-, obtendrá un incremento del 11,8 por ciento. Algunos percibirán más, como los de la salud municipal, un 13,8 por ciento, y otros menos, como los de los servicios de salud del Sistema nacional de servicios de salud, un 10,2 por ciento. Los únicos funcionarios públicos que recibirán sólo el 6 por ciento son los del Congreso Nacional y de la Contraloría General de la República y los suboficiales del Ejército, la Marina y la Aviación, respecto de los cuales los integrantes de la Comisión planteamos ayer a los Ministros de Hacienda y del Trabajo nuestra preocupación. Reitero, en promedio, los funcionarios de la administración central recibirán un 11,8 por ciento. ¿Por qué? Porque al 6 por ciento de reajuste general habrá que agregar la asignación por modernización, que ya ingresó a la Cámara, del 5,5 por ciento por sobre las remuneraciones ya reajustadas en 6 por ciento, lo que determina, a partir del 1º de enero, un reajuste de 11,8 por ciento. Algunos opinan que las negociaciones sectoriales en conjunto o dentro del reajuste general de remuneraciones son un mal procedimiento. Obviamente, el tema es discutible, y es bueno que lo hagamos, porque es la primera vez que un Gobierno las considera de esta manera. Es posible que, a futuro, esta sea una medida sana, y lo lógico sería que la negociación sectorial incida en el reajuste general de remuneraciones, porque no es coherente subirlas separadamente a todos los sectores y adicionalmente en conjunto, pues de esa manera se estarían incrementando dos veces. No obstante, ha habido confusión en el pasado y sería bueno que existiera claridad hacia adelante. Pero quienes no tienen confusión ni pueden apelar a ella son los funcionarios representados por la Anef, y por eso rechazo las palabras de su presidente cuando dice que el reajuste está mal calculado. En las negociaciones con la Anef efectuadas hace 15 días quedó establecido que recibirían un 5,5, además del reajuste especial de remuneraciones para todo el sector público, que asciende al 6 por ciento. Entonces, si agregamos el 5,5 por ciento a las remuneraciones ya reajustadas en ese porcentaje, obtenemos el 11,5 por ciento real, más de lo que cualquier funcionario público esperaba para este año. Ahora bien, comparemos con cifras brutas el mejoramiento de remuneraciones del año pasado con el de este año obtenido por la Anef. El año pasado, el reajuste general de remuneraciones fue de 9,9 por ciento, en cifras redondas, 10 por ciento. La inflación del mismo año fue de 6,5 por ciento, aproximadamente. Diez menos 6,5 por ciento da como resultado una mejoría de remuneraciones real de 3,5 por ciento. Es decir, el reajuste del año pasado significó un incremento de remuneraciones de sólo un 3,5 por ciento para los funcionarios públicos en términos reales. Veamos ahora lo que ocurre con este reajuste de remuneraciones. El reajuste real que recibirán es de 11,8 por ciento. La inflación estimada para este año será del 5,5 por ciento. Pues bien, 11,8 menos 5,5 da como resultado un incremento real de las remuneraciones del de 6,3 por ciento; es decir, casi el doble del año pasado. De modo que, a través de este proyecto de ley, por iniciativa del Gobierno, estamos otorgando un reajuste que, en términos reales, es casi el doble del que se dio el año pasado a la gran mayoría de los funcionarios públicos del país representados por la Anef. Es cierto que para otros sectores es menor, en especial para los funcionarios del Congreso Nacional, para los suboficiales y tropas de las ramas de la Defensa Nacional y para los funcionarios de la Contraloría, para los cuales es sólo del 6 por ciento. También, provisionalmente, es menor para los funcionarios de Carabineros de Chile, porque serán beneficiados por un proyecto de ley especial -así lo ha anunciado el Gobierno- que probablemente ingrese a tramitación en el transcurso del presente mes. Según se dijo en la Comisión de Hacienda, durante el primer semestre del próximo año también se enviará un proyecto de ley especial para los funcionarios de la Contraloría General de la República. Pero, con las excepciones mencionadas, se trata de un buen proyecto de reajuste, superior al que obtuvieron los funcionarios públicos el año pasado. Podemos discutir su filosofía; si es bueno o no que haya negociaciones sectoriales. A mi juicio, las ha habido, con reajuste general de remuneraciones, y las continuará habiendo, con reajuste general parejo o diferenciado. En esa perspectiva, es mucho más razonable que parte del reajuste sea diferenciado, explicitando esas negociaciones sectoriales; es más sano para el país y más beneficioso para los gremios. Por último, quiero señalar que, obviamente, todos deseamos mejorar aún más las remuneraciones de los funcionarios públicos; pero ello es parte de un proceso que no hemos iniciado y que deberemos llevar a cabo el próximo año. En el país necesitamos, primero, mejorar las remuneraciones del sector público y, segundo, dar verdaderos estímulos a los funcionarios del sector que desempeñan una labor muchas veces ingrata. No son pocas las acusaciones de corrupción, flojera y desidia lanzadas al voleo en su contra, a pesar de que hacen un esfuerzo muy grande, a menudo, con malas remuneraciones; debemos mejorarlas sustancialmente, pero para ello el Estado debe disponer de mayores recursos. Antes de efectuar un cambio profundo en las remuneraciones de los funcionarios públicos para que queden en el nivel en que deberían estar -ello no se resuelve con un reajuste que hace un pequeño ajuste, a fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo ocasionado por la inflación futura, según la cual se calculan los reajustes desde hace ocho años-, debemos discutir cómo debe ser remunerado cada uno de los funcionarios públicos, cada uno de los fiscalizadores, cada uno de los que prestan servicios; en suma, cómo vincular esa remuneración de manera más categórica a su desempeño. Pero ello requiere más recursos, los cuales deben provenir de impuestos; no hay otra fuente de recursos. Por lo tanto, si queremos resolver efectivamente el problema de las malas remuneraciones de los funcionarios públicos, debemos modificar la estructura tributaria del país, a fin de generar mayores recursos y pagar mejores remuneraciones. Sin embargo, ésa no es materia del proyecto en discusión; se trata de un proyecto de reajuste que, en términos reales, concede casi el doble del otorgado el año pasado. En ese sentido, es una buena iniciativa y espero que la Corporación lo apruebe por unanimidad. He dicho. La señora SAA (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES .- Señora Presidenta , al igual que todos los años, resultan incómodos estos debates, pues debemos referirnos a un proyecto que, por llegar con muy pocas horas de anticipación, hay que tratarlo a toda carrera; tenemos pocas facultades, muy limitadas, para incidir en sus contenidos; no existe tiempo suficiente o tiempos para recabar los antecedentes que nos permitan fundar nuestros puntos de vista. En todo caso, no se trata sólo de una discusión sobre remuneraciones; es más amplia: discutimos el rol del Estado, porque en él los funcionarios son claves. Cualquier estado moderno requiere de funcionarios con un rol muy dinámico que cumplan de la mejor manera las funciones públicas. No podemos esperar que las cosas se hagan mejor en salud, en educación, en los municipios y en las distintas reparticiones públicas, si los funcionarios no tienen condiciones adecuadas para desarrollar sus trabajos. Un país que crece al ritmo de Chile, requiere un Estado fuerte, de calidad, no tan grande, pero fuerte en cuanto a su capacidad para cumplir sus funciones reguladoras generales dentro de lo que necesita el país. En Chile tenemos 450 mil funcionarios públicos, en general con bajas remuneraciones, en especial los más calificados, cuyos salarios están muy por debajo de los del sector privado. Es frecuente que se sientan deprimidos y desvalorados en el desempeño de sus funciones; como se ha dicho, son muy criticados. Es posible que después que se despache la ley sobre la calidad de la vivienda que crea los inspectores externos, comiencen a retirarse todos los profesionales que están en esa área para asumir esa nueva función. Además de la valoración y dignificación de las funciones que cumplen los funcionarios, hay un problema muy serio de equidad. Lo peor que nos puede ocurrir es la autocomplacencia. Estoy totalmente de acuerdo en que se han hecho grandes avances respecto de la situación que heredamos y que era tremendamente precaria. Vamos viendo sector por sector: los sueldos de los profesores eran bajísimos; los de la salud, vergonzosos; los sueldos de los trabajadores municipales no guardaban ninguna relación con las funciones que están llamados a cumplir. Como digo, ha habido importantes avances. Porcentualmente, es muy significativo lo que se ha logrado; pero, en verdad, no podemos ser autocomplacientes, porque estamos muy por debajo de lo que requiere un Estado, en concordancia con nuestro ritmo de crecimiento, con nuestro ingreso per cápita y con las tareas que éste debe ir desarrollando. Pero el único enfoque no es sobre lo que se ha hecho en Chile. Si se mira la experiencia de países que han crecido a un ritmo similar y llegado a niveles similares a los nuestros; si se observan los ejemplos de Nueva Zelanda, Singapur y Malasia, concluiremos que en esos países ha habido un enfoque distinto. Por ejemplo, han triplicado o cuadriplicado los sueldos, modificando significativamente las condiciones del funcionario cuando entra a un servicio y mientras se mantiene en él. Es decir, buscamos, a través de los sueldos y del sistema de organización, asegurar un Estado fuerte, con calidad para cumplir las funciones públicas. Aquí debemos ir buscando la forma de cambiar la mentalidad y la manera de enfocar el tema de los funcionarios públicos para lograr cada vez mayor valoración y contar con mejores sistemas de estímulo. El argumento que se da y al cual todos recurrimos cuando se habla de un incremento muy fuerte de remuneraciones se basa en los equilibrios macroeconómicos. Sin lugar a dudas, compartimos responsablemente esa preocupación, puesto que sería muy irresponsable dar un incremento sin tomar en cuenta tales equilibrios. Pero hay una solución para esto: que haya un gran acuerdo nacional para dignificar y revalorar a los funcionarios públicos, lo cual supone estudiar y discutir en serio las distintas alternativas de financiamiento. En Chile las actividades relacionadas con la construcción, como, por ejemplo, la compraventa de inmuebles, prácticamente no pagan impuestos; tampoco la actividad minera. Pues bien, deberían pagar, como también un conjunto de actividades que no hacen el aporte que deberían. Si hay un gran acuerdo nacional para dignificar, revalorar, fortalecer y modernizar el Estado, en nuestra sociedad existen condiciones para hacerlo. Creo que ése debe ser el debate real, porque incurriríamos en irresponsabilidad si no tomáramos en cuenta los equilibrios macroeconómicos. Respecto del proyecto, la primera dificultad radica en que no hubo suficiente diálogo. Resulta preocupante ver que, por primera vez, no hay acuerdo entre los funcionarios y el Gobierno, y no lo hay porque estamos en un momento de transición. Aquí no podemos mezclar dos cosas que, aunque se suman, son distintas: el piso de remuneraciones y los sistemas de incentivos. En la Comisión de Hacienda hemos estado muy de acuerdo en incorporar cada vez mejores sistemas de incentivos. En los seis o siete proyectos aprobados al respecto, hemos ido modificándolos, cambiándolos y mejorándolos; pero una cosa es el piso, y otra, el sistema de incentivos. En general, en casi todas las reparticiones el piso es muy bajo. Ése es el punto principal: cómo mejorar el piso a partir del cual establecer un sistema de incentivos que genere mayor dinamismo, estímulo y fuerza para hacer las cosas. El punto de partida sigue siendo muy bajo. Cuando se dice que los profesores han aumentado sus remuneraciones en 80 ó 90 por ciento, efectivamente es así, pero ¿respecto de qué punto de partida? A un punto de partida muy bajo. Lo mismo ocurre en la salud y en muchas otras reparticiones. Reitero que resulta muy incómodo para nosotros, los parlamentarios, discutir esta materia a medianoche, con muy poco tiempo para analizarla y reflexionarla como bancada, para tener mayores antecedentes, para buscar alternativas. Aquí debemos discutir si es blanco o negro, sí o no. Por lo tanto, no votaré a favor del proyecto, porque debe haber un enfoque más general, porque después de varios años necesitamos ver cómo dignificamos, revaloramos y modernizamos la función pública, sobre la base de que haya cada vez mejores remuneraciones -no sólo porcentajes mayores- que realmente digan relación con el tipo de desafío que se enfrenta. No votaré a favor, porque me preocupa el tema del diálogo específico que, en esta ocasión, fue distinto al de otros momentos, y no por culpa de los parlamentarios. No porque este año tengamos elecciones vamos a apurar las cosas. Siempre debe haber más tiempo para dialogar, sobre todo si se dice que la fórmula es tan buena y completa. Si es así, ¿por qué no hay más diálogo? La señora SAA (Vicepresidenta).- ¿Me permite una interrupción, señor diputado ? Terminó el tiempo del Partido Socialista. El señor MONTES .- Aquí se están sumando cosas distintas. Una cosa es el piso y, otra, los incentivos. Estamos de acuerdo con éstos, porque son variables y diferenciados, pero en el sector salud sólo un tercio de los trabajadores recibe este beneficio. La señora SAA (Vicepresidenta).- Ha terminado el tiempo, señor diputado . El señor MONTES.- Señora Presidenta, el tema de fondo radica en que aquí se requieren acuerdos para dignificar y fortalecer a los trabajadores. Esto tiene que ver con la reforma tributaria y en ese sentido tenemos que hacer fuerza entre todos. He dicho. El señor AGUILÓ.- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario. La señora SAA (Vicepresidenta).- Tiene la palabra su Señoría. El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta , en verdad, éste es un tema absolutamente relevante que implica una discusión que afecta a muchos trabajadores chilenos. Por lo tanto, deseo saber cuáles son las disposiciones reglamentarias que regirán la discusión. Lo pregunto porque su Señoría acaba de decirme en privado que los parlamentarios del Partido Socialista no tendremos tiempo para intervenir y entregar nuestros puntos de vista, incluso quienes tenemos una opinión contraria al proyecto del Ejecutivo. Si además de haberse tramitado en la Comisión de Hacienda en horas de la madrugada no vamos a tener tiempo en la Sala para discutirlo, querría decir que estamos en el peor de los mundos. Pido a su Señoría que me aclare el punto. La señora SAA ( Vicepresidenta ).- Señor diputado , éste fue un acuerdo de los Comités del que se dio cuenta en la Sala y que nadie objetó. La discusión comprende una hora con tiempos proporcionales a cada partido. El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta , pido reunión de Comités, porque el tiempo asignado a mi bancada es absolutamente insuficiente para discutir a fondo, al menos en la Sala, un tema que preocupa a muchos trabajadores. La señora SAA ( Vicepresidenta ).- Señor diputado , citaré a reunión de Comités después de escuchar al señor Ministro . Tiene la palabra el señor Arrate, Ministro del Trabajo. El señor ARRATE ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señora Presidenta , solicito, en primer lugar, que pida el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subdirector de Presupuestos, don Ramón Figueroa. La señora SAA (Vicepresidenta).- ¿Habría acuerdo de la Sala? Acordado. El señor ARRATE ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señora Presidenta , por breve que sea el tiempo de que dispone la Cámara, en el curso del debate quiero entregar algunas reflexiones desde el punto de vista del Gobierno, en relación con este proyecto. En primer lugar, la Cámara de Diputados está abocada al conocimiento de tres proyectos de reajustes en forma simultánea: el que se está discutiendo en este momento, que concede un reajuste general para los trabajadores del sector público de un 6 por ciento; el proyecto específico para los trabajadores públicos del sector centralizado, que establece un esquema de mejoramiento en dos años -se inicia en 1998 con un 5,5 por ciento, para incrementarse al año siguiente en un 6 por ciento-, y el que otorga un incremento real de 5 por ciento general a las pensiones mínimas y eleva, de acuerdo con una largamente planteada aspiración de los parlamentarios de todas las bancadas, las pensiones de viudez al ciento por ciento de la pensión del causante. Pido a los señores diputados que en las respectivas discusiones tengan en cuenta que, quizás por primera vez, en un mes de octubre se están debatiendo en la Cámara tres proyectos de mejoramiento económico extraordinariamente significativos, financiados con los mismos recursos: el presupuesto fiscal. Con esos recursos se financiará el reajuste general del sector público; el especial para los trabajadores de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, y el general de pensiones mínimas y el aumento de un ciento por ciento de las pensiones de viudez. Es decir, se trata de un esfuerzo financiero extraordinario, como pocas veces antes se había realizado, el que se materializa en estos tres proyectos de ley. A continuación, quiero hacer algunas referencias generales al proyecto en discusión. En primer lugar, manifestar mi absoluta coincidencia con los aspectos de principios y criterios generales planteados en las intervenciones de los Diputados señores Andrés Palma y Carlos Montes. Efectivamente, creo que tenemos por delante un tema que no está resuelto: la modernización del Estado mirado desde la perspectiva de sus recursos humanos, de la calificación, remuneración, régimen laboral y derechos laborales de sus trabajadores. Es un camino que si bien hemos iniciado, estamos muy lejos de completar. En materia de derechos laborales, los señores parlamentarios saben que el Ejecutivo ha impulsado la ratificación del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo -sancionado por esta Cámara-, que se encuentra en el Senado y completará el esquema de derechos laborales básicos de los trabajadores públicos chilenos. En ese marco, el Gobierno apunta hacia un sistema de negociación colectiva en el sector público. Ojalá con los derechos laborales más completos y, por cierto, de acuerdo con las normativas internacionales. Desde hace varios años el Gobierno ha apuntado a introducir modificaciones e innovaciones importantes en la negociación de las remuneraciones del sector público; el anterior, introdujo dos innovaciones que quiero destacar como logros compartidos entre los dirigentes laborales y el Gobierno. La primera, es la incorporación del concepto de inflación-meta a la discusión de los reajustes de remuneraciones, y la segunda, la del concepto de productividad en el diálogo laboral con el sector público. Hemos tratado de profundizar esta línea, avanzando en la dirección de ir especificando crecientemente lo que es la productividad. No es un bono. No es un aguinaldo. No es una suma fija que se da a todos por igual, porque es de la esencia de la productividad el reconocimiento de que cada uno hace un aporte específico, sectorial e individual a la productividad de su unidad productiva, de trabajo. De esta manera, el esquema de negociación que concebimos, y que en los próximos años quisiéramos ver consagrados en la ley con plenitud de derechos para los trabajadores públicos, es aquel en que los reajustes de remuneraciones deben examinarse en dos etapas, en dos fases, en dos espacios que son distintos. El primero, el que corresponde al segmento o sector específico, donde se discuten los mecanismos de incentivos, de reconocimiento al desempeño que significa mayor productividad, porque la experiencia y los estudios técnicos nos indican que es completamente distinto medir la de los trabajadores de un hospital que la productividad de los profesores de una escuela o de los funcionarios que atienden público en una oficina pública. Entonces, para darle vida al concepto de productividad, debemos focalizarlo, situarlo en el espacio que corresponde. Eso hemos hecho este año, por primera vez, en todos los sectores, y en todos aquellos afectos al proyecto que discutimos. Para 1998 hay incrementos de remuneraciones ya comprometidos, en virtud de negociaciones o de proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso Nacional. En algunos casos, más generales; en otros, más diferenciados para los trabajadores públicos de esos segmentos. La segunda fase de la discusión de remuneraciones es el reajuste general, cuyo propósito específico radica en la recuperación del poder de compra de los trabajadores y para el cual, habitualmente, durante siete años, hemos usado el concepto de inflación-meta, la que este año es de un 4.5 por ciento y está avalada por el hecho de que durante los últimos siete años siempre ha sido cumplida por el Gobierno, salvo en un año en que la inflacion efectiva sobrepasó en un 0.1 por ciento a la inflación-meta. En segundo lugar, siempre se ha agregado a este componente cierta dosis de equidad, recuperación, reconocimiento, estímulo y productividad mezclados con el concepto de productividad incorporado en los años anteriores, lo que el año pasado redundó en un 5.5 por ciento de inflación-meta, un 3.5 de productividad para alcanzar un 9 y un 0.9 por ciento de un plus de reconocimiento o recuperación. Este año el Ejecutivo propone como reajuste general un 6 por ciento, plasmado en dos fases, basado en una inflación-meta de un 4.5 y en el otorgamiento de un 1.5 por ciento adicional, un 33 por ciento de la inflación-meta, como reconocimiento y estímulo a los trabajadores públicos. El resultado final de esta propuesta es que todos los trabajadores públicos, salvo aquellos casos muy especiales mencionados por el Diputado señor Palma, don Andrés, excluidos de este proyecto de ley, tendrán aproximadamente un 11 por ciento de reajuste de sus remuneraciones en 1998; en la Comisión de Trabajo, anoche se argumentó por parte de los dirigentes sindicales y hoy se ha mencionado en la Sala, lo inadecuado que resultaría sumar estos incrementos. Pregunto a los señores diputados: ¿por qué para calcular la remuneración que un trabajador recibirá en 1998, hay un aumento que no debemos considerar? ¿Por qué si el cheque de un trabajador que era de 200 mil pesos en 1997, va a ser -en caso de que sea un profesor o trabajador de la Anef- de 223.600 pesos en 1998, el Ejecutivo tendría que decir en esta Sala que sólo será de 212 mil? No hay ninguna razón para que los incrementos de remuneraciones efectivos en 1998 no se sumen para mirar desde la perspectiva del Gobierno el esfuerzo fiscal que se está haciendo para mejorar los esmirriados salarios de los trabajadores, que deben mejorar mucho más, y así ha ocurrido durante siete años consecutivos. El hecho fundamental es el siguiente: cuando los trabajadores reciban su cheque el 1º de enero de 1998, tendrán un incremento, en promedio, de 11.6 por ciento. A mi juicio, cometen un grave error quienes han sostenido en la prensa que éste es un signo negativo para el sector privado y perjudicial para el conjunto de trabajadores chilenos. Invito a los señores parlamentarios a examinar los resultados de los contratos colectivos inscritos en la Dirección del Trabajo. Muchas gracias. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Gracias, señor Ministro . Se ha solicitado una reunión de Comités, a la cual cito, en funcionamiento paralelo, en la sala de lectura. Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES .- Señor Presidente , me gustaría que se quedara en la Sala porque me interesa muchísimo que su Señoría entienda que el tratamiento que le estamos dando a un proyecto de tanta importancia es de una irresponsabilidad total. Lo digo responsablemente, porque creo que un reajuste que involucra a tantos trabajadores del sector público no puede tratarse en pocas horas y sin posibilidades de fundamentar los errores que está cometiendo el Gobierno en la fijación de un reajuste de este tipo. Con todo el respeto que merece su cargo, quiero puntualizar que no estamos en condiciones de prestarnos a ese juego, puesto que se ha incurrido en una improvisación total, dado que no hubo acuerdos previos y necesarios para debatir el proyecto con fortaleza, fundamentos y argumentos. Si se revisa minuciosamente el informe que ha llegado recién en este momento, se podrá entender que en un mínimo de principios económicos siempre se presentan cuadros comparativos de los montos que significa el reajuste. Aquí están señaladas las cifras totales, pero no hay ni un solo cuadro comparativo para que quienes no tenemos el privilegio de formar parte de la Comisión de Hacienda, tengamos un marco de referencia y así fundamentar y dialogar con los ministros. Ése es el primer alcance. En segundo lugar, es sabido que el índice que se maneja para fijar las remuneraciones no es creíble. Tanto es así, que en los años anteriores el Gobierno ha reconocido que debió otorgar reajustes superiores al IPC. Hoy está dando un 6 por ciento, lo que realmente es una miseria. Los trabajadores saben muy bien que el alza del costo de la vida está muy por encima del 5 ó 6 por ciento que quiere manejar el Gobierno. Por eso, me extraña mucho que los Diputados señores Andrés Palma y Carlos Montes , aquí presentes, que en el pasado reclamaron con mucha fuerza un mejoramiento para los trabajadores, hoy se conformen con decir que ellos quisieran que fuera mejor, pero que buscan los equilibrios macroeconómicos y dan todos esos argumentos que la gente no entiende. Estamos enfrentados a una situación muy delicada, porque como Cámara de Diputados se nos ha propuesto aprobar algo en lo que no creemos y que sabemos perfectamente que no es lo justo para los trabajadores. Si a esto agregamos el argumento entregado por el Ministro del Trabajo , en el sentido de que por negociaciones y reajustes sectoriales se llegará a remuneraciones más altas en 1998, realmente parece un chiste. Él sabe muy bien que cada negociación sectorial ha significado una movilización, una pérdida de tiempo y de trabajo, porque todos los sectores que han luchado por una mejor remuneración han tenido que salir a la calle, ir a huelgas ilegales a fin de sensibilizar al Ministro de Hacienda para que entregue los fondos correspondientes. Entonces, cuando se dan como ejemplo reajustes sectoriales y se anuncia el envío de proyectos de ley, quiero decir en forma muy responsable que el Ministro públicamente se ha comprometido a otorgar reajustes a algunos sectores, los que no han sido entregados. Él lo sabe muy bien. Yo represento al sector de la minería, y recuerdo que en el presupuesto para 1997 se rebajaron cinco millones de dólares, pero jamás ingresó una iniciativa legal para recuperar esa pérdida que había sufrido el sector. Esto es lo mismo que dije el año pasado. Entonces, no podemos conformarnos con un reajuste de 6 por ciento, con cargo a futuras negociaciones que se efectuarán con algunos sectores. Además, para debatir y estudiar el tema, me gustaría que se entregaran las cifras que esto significa para algunos sectores públicos: a quiénes se les entregará, quiénes quedarán hipotecados para tener un reajuste futuro, y de esa forma sabremos si en esta improvisación votaremos a favor o en contra el proyecto. El país ya está cansado de soluciones de parche, que no resuelven los problemas del sector público. Más aún, hay funcionarios que no tienen alternativa, porque están sometidos al régimen de dedicación exclusiva, lo que amerita con mayor razón un estudio y debate serios para determinar un reajuste que les permita tener una remuneración mejor. Por eso, en las actuales condiciones, anuncio públicamente que votaré en contra de este proyecto de reajuste. He dicho. -Aplausos. La señora SAA (Vicepresidenta).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario del Trabajo, señor Julio Valladares. No hay acuerdo. El señor AGUILÓ.- Pido la palabra La señora SAA ( Vicepresidenta ).- Señor diputado , ha concluido el tiempo del Comité del Partido Socialista. En este momento, los Comités se encuentran reunidos y dependiendo de la decisiones que allí se adopten la Mesa le cedería la palabra. Tiene la palabra el Ministro de Hacienda . El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).- Señora Presidenta , quiero complementar lo expresado por el Ministro señor Arrate. Todos los años, desde 1990 a la fecha, la discusión de este proyecto provoca cierto nerviosismo e inquietud por los plazos que nos impone la ley para aprobar un reajuste efectivo antes del 1 de diciembre, a fin de que sea procesado y pagado a los trabajadores del sector público ese mes. Pido excusas a la Mesa por partir con una afirmación específica, estadística, pero indesmentible: si miramos lo que ha ocurrido con el proceso de reajustabilidad de todos los funcionarios adscritos a la Administración del Estado, lo preciso, indesmentible, conocido por la opinión pública y reconocido por la mayoría de los dirigentes sindicales es que a partir de 1990 y hasta 1996 este sector ha recibido un incremento real de más de 57 por ciento. Por lo tanto, para que la discusión sea plenamente objetiva, debe ser puesta en ese contexto. ¿Quiénes han superado el estancamiento y retroceso del poder adquisitivo de los funcionarios de la Administración el Estado en todas las instituciones y niveles que laboran?: los gobiernos del Presidente Aylwin y del actual Primer Mandatario , Eduardo Frei. Todo lo demás puede estar sujeto a subjetividad, polémica e interpretación, pero lo que no se puede desmentir es que, mal o bien, con o sin apuros -algunos han hablado de “improvisación”-, los sueldos del sector público en este período de casi siete años han acumulado un reajuste, por sobre la inflación, de 57 por ciento. Además, sistemáticamente y en promedio, este incremento ha sido superior, en igual condición y tiempo, al otorgado por el sector privado a sus trabajadores. En todos estos años, siempre se ha logrado establecer un diálogo y, en muchas ocasiones, firmar acuerdos explícitos con las organizaciones del mundo sindical, cuestión que como todos sabemos, no ocurrió durante mucho tiempo. El Gobierno tiene la obligación de seguir mejorando las remuneraciones de un sector tradicionalmente rezagado respecto de la media del país y de las remuneraciones históricas del sector privado. Sin embargo, debe hacerlo con responsabilidad, mirando el conjunto de condiciones de bienestar de los ciudadanos y legislar con miras a un horizonte real, para que estos arreglos sean duraderos, sustentables y no los consuma la inflación. Los ministros aquí presentes siempre han presentado proyectos que cumplen cabalmente con el objetivo de que la reajustabilidad real supere -lo subrayo y esto es indesmentible- las metas de inflación y la inflación efectiva de cada año desde 1994 hasta hoy. Es decir, no hay un solo año que algún parlamentario pueda citar en que las remuneraciones de un servidor público no hayan recuperado un plus por sobre la inflación. ¿Qué pasa con este proyecto concreto? Partimos con un largo diálogo, de casi un año, con las organizaciones sindicales; llegamos a un acuerdo específico, concordado y firmado -no se nos olvide, la memoria es frágil- hace dos semanas en las dependencias del Ministerio de Hacienda con todos los dirigentes, sin exclusión de la Anef, el cual dio origen a un proyecto que llegó ayer al Congreso, que se discutirá con todo el tiempo que sea necesario. En la iniciativa en estudio, enfrentados al plazo del 1º de diciembre, proponemos como cobertura general para todos los funcionarios que trabajan en la organización llamada Estado, un reajuste base del 6 por ciento para 1998, efectivo a partir del 1º de diciembre de 1997. Además, una serie de prestaciones adicionales como el bono de escolaridad -que también es reajustado y se pagará en dos cuotas-, que empezó hace exactamente dos años y que el Gobierno ha mantenido e incrementado en términos reales. Por otra parte -y aquí viene uno de los aspectos mencionados en algunas intervenciones precedentes-, el Gobierno ha abordado el tema, en diálogo con los trabajadores, de la modernización de la Administración del Estado, de concurso de la voluntad de los trabajadores para mejorar su calidad de vida, de trabajo, su capacidad funcionaria y sus calificaciones. Por eso, a nadie puede llamar la atención, en esta Sala a lo menos, que el Gobierno haya privilegiado y promovido una serie de acuerdos sectoriales específicos, como anunció mi colega el Ministro Jorge Arrate. En concreto, el acuerdo Gobierno-trabajadores del sector público, que tengo en mis manos, firmado el 13 de noviembre de 1995, tema sobre el cual se insiste y profundiza en 1996, dice textualmente en su antepenúltimo párrafo: “d) Incentivo por desempeño. “El Gobierno aplicará, progresivamente, en los servicios que reúnan las condiciones apropiadas, esquemas de incentivos por desempeño sobre la base de criterios sectoriales considerando tres principios: primero, consultar a las asociaciones de funcionarios respectivas; segundo, ir mejorando los sistemas de calificaciones y, tercero, aplicando estos incentivos en cada sector o institución de manera de cubrir el máximo número de trabajadores en las primeras etapas de su implementación.” Este acuerdo lleva la firma no sólo de los Ministros del Trabajo y de Hacienda aquí presentes, sino de todos los representantes de las organizaciones sindicales: Anef, CUT y relacionados. Por lo tanto, respecto de las sorpresas de un “supuesto cambio abrupto de método”, lo que el Gobierno ha hecho es una aplicación sistemática y más profunda de lo que ya venía concordando en el diálogo con las organizaciones de trabajadores. El Ministro señor Arrate explicó que para medir bien las cosas, al 6 por ciento de reajuste base que proponemos en el proyecto hay que aplicar en general, sin exclusión alguna, un mejoramiento adicional para 1998, en promedio, de 5.3 por ciento real, con lo cual el reajuste efectivo, lo que pasa al bolsillo de los trabajadores del sector público, no sólo de los de la Anef, es un incremento de aproximadamente 11,6 por ciento para 1998. Pregunto a la honorable Cámara: para una economía que este año está creciendo en torno de un 5,7 por ciento, que ha logrado reducir la inflación, que tiene problemas estructurales claves y, de ahí, el tipo de presupuesto que también estamos discutiendo en paralelo para 1998, con una enorme expansión del gasto social, alrededor de 8,8 por ciento, ¿es posible, por mucho que todos deseemos otras cosas, otorgar en forma responsable incrementos superiores a los porcentajes que estamos señalando? ¿Es posible alterar de manera artificial mediciones de productividad o desempeño para superar el rango, implícito en los otros acuerdos, entre 5,3 por ciento y hasta 7 por ciento, según el caso, por un deseo redistributivista de corto plazo? ¿Optaríamos por ese camino, agradando hoy a algunos a corto plazo, para tener que lamentar en un año más las consecuencias impensadas de esa decisión? El Gobierno ha preferido seguir otro camino. Por eso, revisando sector por sector -les pido atención en este punto-, en el acuerdo suscrito, concordado y firmado con la Anef ante los medios de opinión pública hace sólo dos semanas, se ha llegado a un acuerdo que sustenta el proyecto de ley paralelo a dos años, con incrementos en dos años para 1998 y 1999, convenio no revisable por las partes y que no necesita ser revisado antes del año 2000. Respecto de los profesores, la Cámara y el Senado aprobaron un acuerdo específico concreto, que costó más de 30 mil millones de pesos adicionales a los que estamos estableciendo acá, acuerdo que involucra un incremento automático, por sobre este 6 por ciento, de otro 5 y tanto por ciento real, a partir del 1 de febrero del próximo año. Con los trabajadores de los servicios de salud, incluyendo a los funcionarios del Minsal, hay un criterio de incentivos de antigüedad y desempeño -si mal no recuerdo, fue discutido en esta Sala-, cuyos efectos varían según los trienios y escalas propias, que representan, según los años, un incremento en torno del 8 por ciento, dividido en dos cuotas de 4 por ciento real adicional. Éste es un acuerdo permanente que se incorpora a la manera de calificar y evaluar a los funcionarios de la salud central. En relación con los funcionarios de la salud municipal, hay un proyecto de ley, ya despachado por el Gobierno, aun cuando su tramitación no ha culminado en el Congreso, que también establece asignaciones de mérito, desempeño y productividad para el sector y que involucra incrementos de sueldos base, según los grados y casos, que oscilan en un rango que, en promedio, otorga un mejoramiento de otro 7 por ciento real por año. Respecto de los funcionarios municipales, hay un proyecto de ley en trámite que afecta a todas las plantas municipales, que da asignaciones de monto fijo, con un criterio redistributivo, superiores para los tramos más bajos y viceversa. En el caso de los médicos, el proyecto modificatorio de la ley Nº 15.076 establece un incremento de 22 por ciento a estos profesionales, a quienes ya se anticipó un 5 por ciento y cuyo saldo representa un incremento de 5,66 por ciento como promedio anual. Suma y sigue. El Poder Judicial ya ha tenido un arreglo inédito, a cuatro años, el primero de su tipo, con un trabajo que ha respetado la independencia de ese Poder del Estado, en razón de una ley aprobada este mes por el Parlamento. En resumen, yendo al fondo de las cosas, más allá de los adjetivos, aprensiones, supuestas sorpresas, lo que ustedes deben valorar es si este proyecto y todos los elementos que he puesto transparentemente en sus manos y que ha reiterado el Ministro señor Arrate significan un retroceso, un estancamiento o un avance para los trabajadores del sector público. El Gobierno tiene la confianza de que éste es un acuerdo responsable, un proyecto de ley responsable, que sólo trabaja para incrementar, en términos de canasta adquisitiva real, el poder adquisitivo de las familias de los trabajadores del sector público y que lo hace prácticamente sin exclusiones. Por las comparaciones que aquí se han hecho, quiero agregar lo que significan el proyecto de ley, la suma de los ocho acuerdos sectoriales y los proyectos de ley sustentatorios que están, en parte, en trámite en el Congreso y que he reseñado muy resumidamente. ¿Qué otorga el proyecto de ley? Estas cifras indican que, en promedio, habiendo un rango en que algunos mejoran más, el reajuste efectivo promedio total, incluyendo la suma de ambas cosas, supera el 11 por ciento para 1998. Tengo en mi poder el informe que ante este Congreso presentó el Presidente del Banco Central, don Carlos Massad. Si se examinan sus páginas Nos 64 y 65, donde figura lo que ocurre con las remuneraciones del sector laboral privado, que representa el 80 por ciento de la economía, los datos muestran que, en 12 meses, los incrementos nominales totales van en 8,3 por ciento u 8,6 por ciento, en el mejor de los casos. Aquí estamos proponiendo un reajuste base de cobertura universal de 6 por ciento, más los incrementos sectoriales que representan un 11 por ciento más. Ésa es la manera como el sector público está avanzando para recuperar las brechas históricas. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- En la reunión de Comités que hemos tenido en paralelo con la sesión de la Sala, se acordó ampliar el tiempo de debate en media hora, complementando los tiempos de los Comités en la proporción correspondiente. Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, sólo deseo recordar que esta media hora es con cargo al tiempo de los proyectos de acuerdo. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Efectivamente, señor diputado , porque ayer los despachamos. Tiene la palabra, por cuatro minutos, el Diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que, desde el punto de vista del procedimiento legislativo de la tramitación del proyecto, hay situaciones que no se pueden dejar pasar. No es prudente ni criterioso que el Gobierno haya expresado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que, debido a la cercanía de las elecciones, el Parlamento no tiene disposición ni tiempo para tramitar de manera más tranquila y ponderada el proyecto de ley. Considero que la Mesa debiera despejar este tema, pues este Parlamento debe tener la más plena disposición para tratar, con el tiempo suficiente, un tema tan relevante para los trabajadores. En segundo lugar, tenemos diferencias conceptuales no menores con las exposiciones que hemos escuchado hoy de parte de los Ministros del Trabajo y de Hacienda. Primera afirmación. Efectivamente, el aumento de remuneraciones reales del sector público es de 57 por ciento entre los años 1990 y 1996, como lo ha señalado el Ministro de Hacienda ; pero en igual período, el producto del país se incrementó sobre el 40 por ciento. Entonces, ¿esperábamos que las remuneraciones de este país no fueran aumentando de acuerdo con el incremento del producto o sólo debían recuperar la pérdida del su poder adquisitivo? Es obvio que en un país que crece, como el nuestro, las remuneraciones deben recuperar, por un lado, el poder adquisitivo perdido debido a la inflación, y, por otro, incrementarse en relación con el crecimiento del producto del país, el cual, en el mismo período, es de aproximadamente 45 por ciento. Segunda afirmación. En Chile estamos viviendo en una economía con una inflación moderada y con un crecimiento sistemático del producto. Por lo tanto, todo incremento de las remuneraciones que se fijan por ley, es decir, salario mínimo, en el sector privado, y remuneraciones, en el sector público, debe tener, de manera universal, al menos dos ingredientes: recuperar su poder adquisitivo y acompañar el crecimiento de la economía, el crecimiento del producto que el país va experimentando, pues es la única manera de que este crecimiento del país vaya traduciéndose en bienestar para todas las familias chilenas, por lo menos, para quienes están sujetos a que sus remuneraciones sean fijadas por ley. Las asignaciones o bonificaciones especiales que se conceden para recuperar deterioros históricos de las remuneraciones, como incrementos por desempeño destinados a introducir factores de modernidad, etcétera, son incrementos adicionales, específicos, que juegan un rol extraordinariamente acotado en la administración pública. Quiero desmentir -lo digo con mucho respeto y cariño, ya que tengo gran admiración por el Ministro de Hacienda- la afirmación que se ha hecho de que el aumento, en promedio, es de 11,5 por ciento. Por ejemplo, en esta minuta se consigna que el incremento para el sector de la salud municipal es del 7,4 por ciento y de 4 por ciento para el sector salud de los servicios, pero es sólo para un segmento de esos trabajadores, como le consta a los Diputados señores Walker y Salvador Urrutia , quienes nos acompañaron durante la negociación con los trabajadores de la salud y el Ministerio del ramo. En esa oportunidad se establecieron tres tramos, y sólo al primero le corresponde el incremento de remuneraciones que se establece de manera general para los trabajadores de la administración pública. Quiero afirmar en forma categórica que dos tercios del sector salud recibirán como incremento el 6 por ciento señalado y no el 11,6 por ciento. En consecuencia, esos dos tercios del sector salud que no están en el tramo mejor calificado, sino en el último, pero que son funcionarios que cumplen con la ley, que van todos los días a trabajar y que aportan con su esfuerzo al crecimiento del país, verán incrementadas sus remuneraciones sólo a través del efecto de la inflación. ¿No puede acompañarse a dicho incremento el crecimiento de la economía? ¿De qué hablamos cuando se dice que el país debe crecer con equidad? Entiendo que eso significa que el aumento de la producción del país debe reflejarse en las remuneraciones, no sólo en las utilidades de los empresarios. Tampoco me parece pertinente, dada la legislación laboral vigente y la muy escasa capacidad de negociación de los trabajadores, la comparación entre los sectores público y privado. Preguntémonos: ¿Por qué los trabajadores del sector privado sin derecho a huelga ni a un conjunto de otros derechos que contempla la legislación universal han recibido efectivamente el 8,3 por ciento de incremento real de sus remuneraciones? Porque no tienen condiciones de negociación reales, ya que todavía no hemos podido despachar -debido a lo que ha ocurrido en el Senado- la legislación pertinente. Sin embargo, no resulta una comparación razonable, pues todos estamos conscientes de la situación que realmente vivimos. Termino solicitando al Ejecutivo la suspensión de la tramitación del proyecto, a fin de que nos demos los días necesarios para tramitarlo como corresponde y para ponernos de acuerdo sobre cuáles son efectivamente esos indicadores. Si esa disposición no existe, votaré en contra del proyecto. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , considero este proyecto una burla, porque sistemáticamente hemos discutido en el Congreso distintas leyes sectoriales para los trabajadores del sector público. Por lo tanto, todos los acuerdos que se nos presentan fueron obtenidos en un contexto radicalmente distinto al que el Ministro de Hacienda nos plantea aquí. Nadie ha señalado que todos los acuerdos sectoriales que hemos aprobado no son imponibles. Por lo tanto, hoy, por primera vez, estamos legitimando que una mitad del reajuste del sector público sea imponible y la otra no. Ya se ha señalado que una parte de dicho reajuste es el 6 por ciento y que otra corresponde a los acuerdos sectoriales que hemos firmado y que se están tramitando, que ascienden al 5,5 por ciento, que no es igual para todos, como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, porque todos tienen sistemas de incentivos. Todos los años impugnamos por qué se tramita con tal grado de urgencia una iniciativa de esta naturaleza. Este año hay un cambio sustancial en el proyecto de reajuste del sector público. Quienes hemos participado en su discusión sabemos que históricamente se ha planteado que el reajuste del sector público considera tres factores: la inflación futura, la productividad y un factor de equidad, a fin de establecer, aumentar o disminuir las diferencias que existen con el sector privado. No obstante, de la noche a la mañana, se nos señala en este proyecto que todas las iniciativas de reajuste de remuneraciones del sector público que discutimos y aprobamos eran a costa de la productividad y de la equidad, y que el proyecto de reajuste del sector público sólo contempla la inflación futura, porque argumentan que hay un incremento real de 1,5 por ciento, en circunstancias de que no sabemos cuál es la inflación futura. Es una apuesta. Si la inflación alcanza a 6 por ciento, no hay ningún incremento real. El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).- ¿Me permite una interrupción? El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , el señor Ministro puede intervenir después y cuando quiera. Nosotros no tenemos derecho a usar el tiempo en forma ilimitada como los ministros, de modo que en mi tiempo, no. Entonces, aquí hay un cambio sustancial. El Congreso, por dignidad, debería discutir con mayor profundidad un proyecto de esta naturaleza. No me cabe duda de que todos los empleados públicos preferirían esperar que el reajuste que les corresponde en diciembre se les otorgue en enero, pero que se discuta, porque a todo evento se les quiere dar a partir del 1º de diciembre. Me parece inaceptable que la Comisión de Hacienda deba discutir, con esta inmediatez, hasta la una y media de la mañana un proyecto que contiene cambios medulares. Nadie ha señalado, por ejemplo, que la USE y todas las otras prestaciones de nuestro sistema educacional municipal se reajusta, según el incremento de las remuneraciones del sector público. Ahora se eliminaron la productividad y la equidad, tenemos un reajuste del 6 por ciento y, por lo tanto, todo el sistema educacional se reajustará en ese porcentaje. Entonces, no me parece bien que el Congreso Nacional acepte la urgencia respecto de un proyecto que es muy distinto a los que regularmente hemos discutido durante siete años. Además, se nos presenta un cuadro en que los incrementos del sector público representan un 10,2 por ciento o un 11,7 por ciento, dependiendo ello de los distintos grupos, y a todos los sectores que negociaron con el Gobierno y que obtuvieron con anterioridad reajustes reales se les señaló que dichos reajustes eran para establecer equidad. Los representantes de la CUT -estuvieron ayer en la Comisión de Hacienda-, de los médicos, de la salud municipalizada, de los profesores, de los funcionarios municipales, de la Anef, entendieron que los acuerdos a que llegaron introducían cambios a sus sistemas de incentivos y de pagos, pero jamás se les señaló -ésta es la burla- que eran a costa de la productividad, que siempre se dijo que la ley de reajuste de las remuneraciones del sector público la contemplaba. Después de un año, en que se negocia con funcionarios de la salud, con profesores y con distintos segmentos del sector público, se llega a acuerdo, pero porque todos entendieron en su momento que a través de él obtenían el incremento real de un 4 por ciento. Todos aprobamos los proyectos de acuerdo en el entendido de que se trataba de reajustes no imponibles, de un incremento adicional a lo que -insisto- se establece siempre en el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector público y que discutimos habitualmente en esta fecha. En cambio, ahora nos dicen: “Sumemos lo que otorgamos antes”, con lo cual quitan todo lo que ya se había dado. Los dirigentes de los trabajadores del sector público que llegaron a acuerdos con el Gobierno, firmaron en un contexto distinto. Por ejemplo, la Anef aceptó el 5,5 por ciento, porque entendió que era un acuerdo consecuencia de un conflicto. Al respecto, fíjense, todos los acuerdos sectoriales provienen de conflictos: paralizaron los servicios de salud, los médicos, la salud municipal, los profesores, los funcionarios municipales, la Anef guardó luto durante un día. Con esto, creo que el Gobierno logrará que mañana paren todos, porque se sienten burlados. ¡Cómo no se van a sentir burlados si los diputados de la Comisión de Hacienda también nos sentimos burlados, porque nunca se nos dijo que todos los incrementos que figuraban en los proyectos sectoriales serían a costa de la productividad y equidad que siempre se contempló en el reajuste del sector público! Es decir, hoy hacen desaparecer de dicho reajuste conceptos que siempre estuvieron considerados y que el Gobierno exhibía como aumentos reales. Como es evidente que hay un cambio tan significativo, deben sumar todos los proyectos sectoriales para decirnos que el incremento real es un 11,7 por ciento. Yo jamás hubiera apoyado un proyecto, como los anteriores, sabiendo que el incremento que obtenían los trabajadores del sector público no sería imponible. Todos entendíamos que era una asignación de desempeño nueva, de la cual éramos partidarios. Ahora, por primera vez, se va a otorgar un reajuste para el sector público que una parte será global respecto de la inflación futura; pero los incrementos establecidos en los distintos acuerdos -el 5,5 por ciento para la Anef y el 4 por ciento para los Servicios de Salud- no son imponibles. No estoy dispuesto a legalizar esto. Hemos discutido en forma permanente que la gente no jubila, porque cada vez que reúne los requisitos y lo hace, recibe una pensión miserable. Ello sucede porque las asignaciones no son imponibles y, en definitiva, parte importante del sueldo tampoco lo es. Por lo tanto, nadie jubila. Y en la Comisión de Hacienda hemos estado legislando sobre asignaciones no imponibles, porque allí nunca se dijo que eso era a costa -repito- de la productividad, que siempre se contemplaba en la ley de reajuste de remuneraciones para el sector público. También es importante analizar el impacto que provoca el cambio de modalidad en la educación municipal o en la educación subvencionada. Es evidente que los municipios esperaban un reajuste de alrededor del 8, 9 ó 9,5 por ciento, porcentajes que siempre han contemplado inflaciones futuras -dada la señal de un 4,5 por ciento en la ley de Presupuestos- como asimismo la productividad y uno o dos puntos con relación a la equidad. Pero ahora, al sector municipal, al subvencionado, a todo nuestro aparato educacional, se le eliminó la productividad y la equidad; por lo tanto, recibe el 6 por ciento. Es un ahorro tremendo. Todos esperábamos que el proyecto considerara un reajuste distinto para la USE. Si a partir de estas negociaciones la decisión del Gobierno es separar el reajuste del sector público en una parte medular, la inflación, y en otra, las negociaciones sectoriales -en todas ellas se logró un porcentaje que ahora va en desmedro de la USE-, la USE sólo será reajustada en más o menos la inflación esperada. A mi juicio, independientemente de la suma, aquí hay un problema de transparencia en la información que el Ejecutivo nos ha entregado para la discusión de todas las iniciativas. En el proyecto de la Anef figura el 5,5 por ciento, que se suma aquí. Se nos dice que todos los funcionarios de la administración central percibirán el 5,5 más el 6 por ciento. Bueno, en el proyecto el 5,5 no es imponible, por lo tanto, vamos a legitimar ahora que la mitad del reajuste de los funcionarios públicos va a ser imponible y la otra no. Es lo que modificaremos hoy y para su discusión tenemos escasas horas. En la Comisión de Hacienda terminamos a la una y media de la madrugada, todos indignados, porque violenta discutir proyectos de esta naturaleza con la urgencia que fija el Gobierno. Me gustaría que como Congreso actuemos con dignidad, y tratemos de que el Ejecutivo haga un cambio mínimo y nos dé más plazo para discutir un proyecto de esta naturaleza; de lo contrario, todos nos abstendremos, porque no nos parece bien discutirlo en esta forma, más aún en un año con cambios significativos. En verdad, no sólo se sienten violentados los dirigentes de todos los sectores que negociaron con el Gobierno y que estuvieron ayer aquí. Se nos exhiben los acuerdos, pero, ¿supo la Anef que el 5,5 por ciento iba a ser a costa de este reajuste? ¿Creen que a los profesores, cuando firmaron los acuerdos, se les advirtió que se les iba a suprimir la productividad en el reajuste del sector público? ¿O que se iba a eliminar el factor equidad? ¿Se les dijo a los municipales -quienes han llegado a un acuerdo hace pocos días- que el incremento que obtuvieron iba a ser a costa de este reajuste? ¡A nadie! Durante todo el año se nos muestran los acuerdos con los distintos sectores, y ahora en esta iniciativa, nos suman lo que significan proyectos aprobados en un contexto diferente. Aquí están juntando peras con manzanas. La señora SAA ( Vicepresidenta ).- Señor diputado , ha terminado el tiempo de su bancada. El señor LONGUEIRA .- Termino diciendo que quienes hemos participado en la Comisión de Hacienda en la tramitación de todos los proyectos sectoriales del aparato público y en este reajuste, nos sentimos efectivamente engañados. Se nos debió haber advertido siempre que se estaban traspasando los factores de productividad y de equidad a estos otros proyectos. En todo caso, los beneficios deberían ser, a lo menos, imponibles para todos los trabajadores del sector público. He dicho. -Aplausos en las tribunas. La señora SAA (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo. El señor ARRATE ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señora Presidenta , no puedo dejar de expresar aquí una manifestación de deseo. Espero que la pasión con que algunos señores parlamentarios debaten los temas laborales referentes a los funcionarios públicos, no la agoten y guarden algo de ella para cuando discutamos los temas laborales relativos al sector privado. Porque la única burla que conozco es que quienes tan apasionadamente hacen esta defensa hoy, votaron siempre en contra de todos los proyectos laborales del Gobierno destinados a ampliar la negociación colectiva y a defender mejor el derecho de los sindicatos. He dicho. -Aplausos. La señora SAA (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner. La señora WÖRNER.- Señora Presidenta , reconozco el esfuerzo del Gobierno en relación con este proyecto y con otros que los Ministros han anunciado, los cuales apuntan en la línea de mejorar las remuneraciones de este importante sector, tradicionalmente postergado y tantas veces mal valorado, porque se critica la burocracia, a veces la falta de probidad de algunos pocos y la tardanza y poca eficiencia con que realizan su labor. Valoro todo lo que se ha dicho que se hará en los próximos meses. No obstante, anuncio mi abstención, porque ésta es la cuarta vez que discutimos proyectos de esta naturaleza sin conocer suficientemente en qué consisten, sin tener la posibilidad de contar con una eficiente y necesaria información y difusión de sus fundamentos y de las razones del porqué, en este caso, por ejemplo, esto es una parte de lo que vendrá a futuro. Me parece que es estrictamente indispensable que ésta sea la última vez en que esta materia se debata a altas horas de la noche. Siempre hay urgencia, siempre hay poco tiempo para documentarnos y siempre se posterga esa tan necesaria discusión acerca de la globalidad de un proyecto como éste y de las metas que el Gobierno se propone para el año siguiente. Por lo tanto -reitero-, anuncio mi abstención. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt. El señor JOCELYN-HOLT .- Señor Presidente , en el tiempo que tengo quiero hacer, simplemente, dos o tres reflexiones sobre lo que he escuchado y plantear, además, algunas inquietudes. El proyecto representa un cambio radical en la política salarial del Gobierno hasta la fecha, porque, en la práctica -voy a recoger lo que dijo el Diputado señor Andrés Palma- no estamos hablando de un reajuste de 6 por ciento, sino que de los promedios consolidados entre el 10 y el 12 por ciento. Concedamos ese punto porque es importante discutir sobre una base común. Si ese promedio consolidado es de 10 ó 12 por ciento, aquí -dicho por el propio Ministro de Hacienda- en el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones al sector público se mantiene central el incremento por inflación y se descentralizan, en el largo plazo, por sectores, todos los incrementos reales de remuneraciones de cada uno de dichos sectores. Ahora, eso tiene varios aspectos positivos. Mejora los sectores más rezagados; permite introducir criterios de desempeño para incrementar productividad; posibilita negociaciones multianuales -hay que reconocerlo, porque eventualmente sería mucho más difícil asumir compromisos de varios años para todo el sector público-; incluso facilita la separación del reajuste real de algunas unidades que, a la larga, presionan la baja de los incrementos salariales, por ejemplo, la USE, unidad de subvención educacional. La eliminación de ese elemento permite que uno pueda pensar en incrementos reales, sin que ello signifique otros eventuales incrementos y, por ende, uno se vea más dispuesto a concederlos. El modelo propuesto tiene tres grandes defectos. Primero, genera incertidumbre en la política salarial del Gobierno; segundo, da una mala señal a los privados, y, tercero, socava la base de confianza que ha costado tanto construir en el sector laboral -genera dudas sobre lo que esperaba la CUT en este caso-. En primer lugar, genera incertidumbre en la política salarial del Gobierno porque, hasta ahora, las negociaciones han sido simples. Los trabajadores han aceptado la inflación futura como un criterio de reajuste. Cada negociación ha sido previsible en los últimos siete años. Se ha hecho en un marco de acuerdo, en un clima de bastante tranquilidad sindical y social, con incrementos reales y sustanciales por sobre el IPC, claramente redistributivos, que no han generado efectos macroeconómicos negativos a la economía. Ahora será al revés, porque por regla general se hará una evaluación por sector y cada cierto tiempo todo estará abierto a la discusión. Será igual que un calendario de restricción vehicular -no quiero exagerar, sino que lo digo lealmente, con el ánimo de acatar cualquier cosa que se pueda malinterpretar-. Cada año sabremos qué sectores podrán salir a la calle para negociar. Dará lo mismo en una empresa chica con trabajadores sometidos a un contrato de trabajo, pero, ¿qué pasará cuando las remuneraciones son fijadas por ley en una negociación acá, en un círculo político determinado? ¿Qué pasará si el próximo año salen a la calle 60 mil profesores a negociar sus condiciones laborales? ¿Y si hay una huelga municipal o de consultorio, de jueces o de profesores universitarios? ¿O con la imagen patética de embajadores que reclaman públicamente por el nivel de sus remuneraciones? El país ha conocido acuartelamientos militares para pedir incrementos de sus remuneraciones, y no sé quién ha disfrutado con esa experiencia. Yo no, al menos, y creo que tampoco ninguno de los que está acá. Alguien dirá que regularmente se está negociando por sectores; pero eso es sólo un aspecto secundario, no la regla general. Lo medular ha sido la ley de reajustes del sector público, y lo demás, accesorio. Se invertirán las relaciones y se fijará por años un ciclo completamente distinto de lo que estamos acostumbrados. Tendremos una política salarial más imprevisible, más sofisticada y difícil de monitorear. Además, se dejará un enorme campo a la presión, porque no sólo incidirán los criterios de desempeño o de justicia real, sino el tamaño relativo y la capacidad de negociación y presión de cada organización sindical. Las diferencias pueden resultar extraordinariamente odiosas y significarán más trabajo para el Ministerio de Hacienda y los gremios, y un cuadro que nadie puede garantizar que no terminará presionando al alza las remuneraciones más allá de lo que nuestra economía es capaz de soportar. También se generará una relación muy perversa con el Congreso Nacional. Por ejemplo, el incremento a la Anef; la mitad está en el proyecto de reajuste al sector público -en debate- y la otra, en uno separado, ingresados ambos ayer a trámite legislativo, pero con distintas urgencias. Uno, con “discusión inmediata”, y el otro, con “suma”. Es decir, en enero, los trabajadores de la Anef tendrán un incremento de entre el 11, 10 o menos por ciento, según el tiempo que demoremos en despachar el segundo proyecto. Ésa es la relación perversa que se generará con nosotros. ¿Quién será eventualmente el responsable de los puntos que se den? En mi opinión, a la larga se hará justicia respecto de la política de incremento de remuneraciones de los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei , pues ha permitido crear un clima con un nivel de simplicidad, de mejoría real y de tranquilidad. No digo que haya que dar un reajuste parejo de 10 ó 12 por ciento a todo el mundo, porque las productividades son distintas. Pero, ¿alguien se atrevería a decir que el 6 por ciento es el único piso mínimo que puede ofrecer una economía con un nivel de crecimiento como la nuestra? A mi juicio, debieron plantearse proyectos especiales de incremento que tuvieran como base el reajuste del sector público. Eso se hizo con la Anef, pero no con el Poder Judicial. ¿Qué se le pidió al Poder Judicial ? En el fondo, que fijaran el incremento casi como si estuvieran calculando la tasa de interés de una operación de futuro, haciendo una especulación de lo que ocurriría en una negociación con el sector público. La Anef, por lo menos, fue unos puntos encima de lo que resolverá esta iniciativa. El incremento por IPC se da en el reajuste general, y el incremento real, en la negociación sector por sector. A mi juicio, esa diferencia hace que en esta última se juegue el todo por el todo y, en la práctica, se genere un incentivo perverso y esas negociaciones sean extraordinariamente difíciles de llevar. En segundo lugar, es una mala señal al sector privado. ¿Por qué? Porque sus remuneraciones crecen por debajo. Es lo que ha ocurrido con el sector público. Es una ilusión pensar, por mucho que hablemos, que el sector privado aplicará un promedio consolidado del 10 ó 12 por ciento. Basta con que a algunos funcionarios del sector público se les aplique un guarismo inferior a ese 10 ó 12 por ciento, como el 6 por ciento, para que el sector privado lo considere una señal y un modelo digno de imitar. En su exposición sobre la hacienda pública, el Ministro se refirió a la inercia de los salarios reales y hasta qué punto el país puede sentirse orgulloso del esfuerzo hecho en el sector público, y también, visto como un todo, la evolución de los salarios en relación con la productividad. Sinceramente, ¿qué se quiere con este nuevo modelo? ¿Alguien quiere detener la curva que experimentan las remuneraciones? ¡Que lo digan! Hasta ahora, se nos ha dicho que la inercia de las remuneraciones no sólo es compatible con nuestra economía, sino que es la justa para el nivel de desempeño. Entonces, no entiendo el objetivo. Está por verse el efecto que este modelo producirá en los salarios privados y públicos, porque puede ser completamente distinto. En el sector público puede significar incremento y en el privado disminución. De alguna manera, quiero que alguien me diga que eso no es cierto. Por último, surge la duda. La CUT ha hecho un planteamiento al decir: “Sabe qué más, no tenemos ningún inconveniente en negociar por sectores, pero dígannos qué incremento es por productividad, para diferenciarlo de estímulo al desempeño, mejoramientos netos, recuperaciones de pérdidas acumuladas.” Tal vez, alguien manifieste que nadie se habría podido imaginar jamás que el incremento de la Anef no iba a generar un efecto sobre este proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector público. Pero, ¡por favor! Cuando vinieron los profesores, el personal de la salud y los empleados municipales no se les dijo eso. Ésa es la verdad. Nadie puede saber qué va a ocurrir en el futuro. Creo que el Gobierno está haciendo un cambio mayor en la política de salarios conocida hasta ahora. Por eso, merece una discusión. En general, sus efectos a mediano y largo plazo no serán tan simples y amerita, de alguna manera en este caso concreto, que nos detengamos un minuto. Habría preferido más discusión. Lo digo sinceramente, porque creo que esto puede afectar el clima de confianza laboral y sindical, que nos ha costado tanto construir en los últimos años. Es el eje central de la estabilidad política, social y económica. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra la Diputada señora Romy Rebolledo. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente , en primer lugar, comparto la inquietud planteada respecto de la equidad, de los bajos salarios del sector público, de la redistribución del ingreso y -la más reciente, del Diputado señor Jocelyn-Holt - de la futura estabilidad del país, que todos queremos mantener. Sin embargo, quiero agregar una parte fundamental: todo mejoramiento de remuneraciones y redistribución del ingreso tiene un costo, que suma cientos de millones de dólares. ¿Quién lo paga? Y les pregunto a los diputados de la Derecha, que me han impresionado por su demagogia. Todos los días dicen en la prensa y en todos lados que hay que disminuir los impuestos. Entonces, ¿quién pagará los beneficios con que se quiere hacer justicia a los trabajadores? Si se trata de mantener el derecho de negociar colectivamente que la Concertación y la democracia les han otorgado, estoy dispuesta a que se amplíe el tiempo de discusión y a solicitar al Gobierno que retire la urgencia del proyecto, pero con una condición: que discutamos también los mecanismos de financiamiento. -Hablan varios señores diputados a la vez. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente , no he concedido ninguna interrupción y exijo que se respete mi derecho. También me sorprende el cuestionamiento sobre las metas de inflación que han hecho los parlamentarios de Derecha. Desde que la Concertación asumió el gobierno esas metas siempre han ido disminuyendo y se han cumplido cada año, por lo que tienen una enorme credibilidad. Para mantener la estabilidad, jamás debemos olvidar nuestra política de actuar con responsabilidad. Todos estamos obligados con el país, en especial con los más pobres. ¿Quién daría explicaciones a los trabajadores si la Oposición tuviera razón y nos pusiéramos a gastar lo que no tenemos, aumentara la inflación y se dispararan los dividendos habitacionales y las deudas de consumo, que son muy altas? ¿Quién pondría la cara ante los más pobres si esto llegara a suceder? Por eso, es importante mantener los llamados equilibrios macroeconómicos y cumplir y cuidar el 4.5 por ciento de inflación que todos queremos para el próximo año, porque, en caso contrario, las consecuencias serían graves para los que hoy estamos defendiendo. Asimismo, nos interesa mucho mejorar las remuneraciones de los trabajadores, sobre todo de los más pobres, pero en el caso del sector público también interesa algo fundamental para el resto de la ciudadanía: que las personas de menores ingresos que acuden a los consultorios y a los servicios de asistencia judicial y los niños que asisten a los colegios, tengan servicios eficientes y sean atendidos como corresponde. Ligar remuneraciones a desempeño es un avance que será bien recibido, y en ello debemos persistir. Es obvio que se necesita mayor equidad y eficiencia, pero los programas en este sentido están atados a la reforma tributaria que otorgará los recursos para que el Estado los lleve a cabo, sin dañar lo que tanto ha costado. Es fundamental valorar los acuerdos logrados entre el sector público y el Gobierno. Ellos establecen claramente el derecho de negociación colectiva para los trabajadores del sector, lo cual me parece una ventaja enorme obtenida con el apoyo y beneplácito de la Concertación. Por eso, si se ganó ese derecho, debe mantenerse, perfeccionarse y regularse, para evitar efectos dañinos para los propios trabajadores. Por estas razones, si se trata de postergar la tramitación del proyecto para discutir la forma de allegar recursos, antes de votar, pregunto al señor Presidente : ¿qué sucedería si se rechaza el reajuste? Tengo entendido que no puede presentarse otra iniciativa en el plazo de un año. Aun más, en el entendido de que este año el aumento promedio del 11.5 por ciento es superior al del año pasado, confiamos en que el Gobierno hará justicia a todos los sectores, incluso, por ejemplo, a los funcionarios del Congreso, uno de los pocos sectores no incorporados en las negociaciones específicas. Hemos tenido gobiernos justos y no dudo de que así será en el futuro. Por lo tanto, estoy por aprobar este proyecto. Además, como Concertación, daremos la pelea necesaria, a fin de lograr que la clase política y la ciudadanía tengan proyectos de ley que permitan conseguir los recursos necesarios para el año que viene y realiza la enorme tarea de justicia social que está pendiente. Por eso, vamos a luchar ahora porque la Concertación quiere ganar las elecciones de diciembre próximo para sacar adelante la reforma tributaria y tener más recursos, con el objeto de que el Gobierno pueda llevar adelante la justicia que el país merece. Espero que, como Concertación, sepamos ser responsables, fuertes y valientes, de manera que el país siga avanzando en un proceso de estabilidad, para que mañana no tengamos que soportar nuevamente gobiernos militaristas, populistas, de Derecha, que llevarán al país por un camino mucho peor de lo que cualquiera pudiera imaginar. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Respecto de la consulta formulada por la diputada , el artículo 65 de la Constitución Política señala: “El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República , en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.” El Comité de la Democracia Cristiana me solicita que suspenda la sesión. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente , adherimos a esa petición. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Continúa la sesión. El Comité de Renovación Nacional ha cedido su tiempo a la bancada de la UDI, por lo que ésta dispone de veinte minutos. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , ¿qué otros diputados han pedido la palabra? Hago la consulta porque tengo la impresión de que su Señoría cambió el orden de las intervenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Antes que su Señoría, estaban inscritos el Diputado señor Seguel , quien no se encuentra en la Sala; luego, la Diputada señora Mariana Aylwin y los Diputados señores Jorge Schaulsohn y Jorge Ulloa , sin perjuicio de que se inscriban otros parlamentarios. Tiene la palabra el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , intervendré más adelante, por cuanto me informan que llegó el Diputado señor Seguel . El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Señor diputado , la Mesa preside y debo seguir un determinado orden, de acuerdo con la lista de inscritos. Como el Diputado señor Seguel no se encontraba en la Sala cuando le correspondía intervenir, le ofrecí la palabra a su Señoría. Ahora, usted está en su derecho de hacer uso de la palabra o no. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , como no conozco el acuerdo respecto del tiempo que tenemos, solicito a su Señoría que me avise luego de transcurridos diez minutos, a fin de ocupar el tiempo restante una vez que hayan intervenido los ministros y parlamentarios de la Concertación, para poder responderles. En primer lugar, quiero señalar que en las intervenciones posteriores no he escuchado ninguna respuesta a todo lo planteado. El tema de fondo no es cuántos impuestos más se requieren, pero se usa como argumento recurrente. Tengo entendido que ésa es la estrategia que la Concertación seguirá ahora. Espero que acepten nuestra proposición de postergar la discusión del proyecto -como lo planteó la Diputada señora Rebolledo , después de hablar con el Ministro -, a fin de contar con mayor plazo para debatir como corresponde al Congreso, un proyecto de esta naturaleza. De parte nuestra existe la mejor voluntad en ese sentido. En nombre de Renovación Nacional y de la UDI, quiero señalar que estamos dispuestos a ello, y espero que haya una respuesta. Aquí no hay un problema de más o menos impuestos, porque tengo entendido que el Gobierno logró alinear a todos los parlamentarios de la Concertación para que voten a favor el proyecto, con el compromiso de presentar otro de reforma tributaria que está más que anunciado. El tema es que aquí se ha engañado a los empleados del sector público, porque todos negociaron sectorialmente en distintos proyectos que se han tramitado a costa de esta iniciativa. Para eso no hay respuesta y no se requiere reforma tributaria. ¿Qué respuesta tenemos en cuanto a que todos los beneficios derivados de acuerdos sectoriales no son imponibles? ¿Se nos dijo en las discusiones de esos proyectos -entre los cuales está el relativo a la Anef, que votaremos en los próximos días- que la asignación de esa asociación gremial, de los funcionarios municipales, o los incrementos de remuneraciones de los profesores eran a costa del reajuste del sector público y que no había imposiciones para la mitad del reajuste? ¿Cuántas veces hemos sostenido aquí que los salarios de los sectores público y privado deben ser imponibles en un ciento por ciento, para que cuando llegue la hora de jubilar la gente pueda hacerlo? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿O el Gobierno ya alineó a los parlamentarios que lo apoyen? Si están alineados, perfecto; pero no hay respuesta, y eso es lo que discutimos en el proyecto. Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor LONGUEIRA .- Ahora sacaron la voz -eso me gustó- porque no hay respuesta. En todas las iniciativas nos engañaron, porque nunca -y digamos las cosas de frente- se advirtió a los miembros de la Comisión que todos los incrementos que se señalaban como reales -entre ellos, la equidad con el sector público-, eran a costa del proyecto que ahora se debate. Entonces, siento indignación. Deseo responder al Ministro señor Arrate , porque, como no tuvo respuesta a lo que planteé en mi intervención, sacó a colación las leyes laborales. Hablemos de ellas. Resulta que ahora el Gobierno está legitimando que no negociará con el sector público, porque quiere atomizarlo. Es decir, lo que pretenden es exactamente lo contrario de lo que proponen en las leyes laborales: que se negocie por área, fuera de la empresa. ¿Qué hace el Gobierno? ¿Qué señal da al país y a los empresarios? Dice: “Señores, atomicemos. Quiero negociar ahora, pero no con todos juntos. Dividamos. Pasen de a uno, señores”. ¿Qué respuesta tenemos frente a eso? El señor GAJARDO .- Negociamos por área. El señor LONGUEIRA .- ¡Por área! Entonces, señores, voten a favor el proyecto, porque ya los alinearon. Aquí no se negocia más juntos. Pase el área de salud primero. ¿O no? Así es, pues. Atomicemos; negociemos uno por uno. Respecto de las leyes laborales que la Derecha no quiere, ¿qué hace el Estado? ¿Cómo legitima ahora la negociación por sectores? Los médicos, los profesores, la Anef y los funcionarios municipales negocian separados. Ésta es la primera y será la última vez, porque, en el fondo, como los engañaron, tengan claro que de aquí para adelante, todos volverán a negociar juntos. Pero traten de ser consecuentes, porque las leyes laborales por las que ustedes tanto cacarean, en las cuales piden a los trabajadores que negocien por área, resulta que en la fiscal el Gobierno divide, atomiza, descentraliza. Entonces, hace exactamente lo contrario de lo que predica en los proyectos de ley laborales. Eso es lo que hoy estamos legitimando. A lo mejor, tendremos que discutirlo; no tengo problemas. Aceptamos el desafío de postergar la discusión de este proyecto para que discutamos, si hay que negociar así. ¿Cuál es la respuesta cuando la Concertación nos dice que aceptemos más plazo y discutamos? Accedemos. Pero parece que no habrá más plazo, porque el Gobierno los alineó y les dijo que votaran a favor de la iniciativa. El señor NARANJO .- No. El señor LONGUEIRA .- ¿No? Entonces, habrá más plazo. Me alegro. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra el Ministro señor Arrate. El señor ARRATE ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente , no puedo dejar de decir que es lamentable que un parlamentario con un rol tan destacado en la Cámara y en su organización política, después de tres años de presentado un proyecto por el Gobierno, como es el de negociación colectiva, no conozca su contenido. Lo que ha dicho es una manifestación de la más absoluta desinformación o un acto de demagogia. No hay otra alternativa. En los proyectos de reforma laboral, el Gobierno no ha planteado una negociación por área en el sector privado, y es una de las grandes discusiones que hemos tenido con la Central Unitaria de Trabajadores. A lo único que aspira el Gobierno -y el Diputado señor Longueira y su partido no han estado dispuestos a votar a favor- es a que los trabajadores, hasta de la más pequeña empresa, puedan negociar colectivamente en su interior. La burla y la vergüenza que hay en el país es que sólo un tercio de los trabajadores del sector privado pueden negociar en forma colectiva y dos tercios están privados de sus derechos laborales; además, que se desinforme, de manera intencionada, como se está haciendo en la Cámara, sobre los proyectos laborales del Gobierno. Me sorprende que parlamentarios que se oponen tanto a que un peluquero se junte con otro de la peluquería de más allá, pretendan aquí que se debe negociar centralmente con los trabajadores públicos. Seguiremos negociando centralmente con ellos, como lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo, respecto del reajuste general de remuneraciones; pero la productividad debe negociarse en cada segmento y en cada sector. No sé si el criterio que ha manifestado hoy el Diputado señor Longueira lo hará extensivo a la discusión de los proyectos laborales. Si es así, está predicando la negociación por rama en la economía chilena. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra, por dos minutos, el Diputado señor Jorge Schaulsohn . -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, es muy difícil intervenir en ese lapso. Rogaría a los diputados de la Derecha, que están en un manifiesto estado de exaltación, que realicemos un debate que esté a la altura del tema que estamos discutiendo, sin aspavientos, ni gritos, ni descalificaciones. Creo que se lo debemos al país. Desde mi punto de vista, en la mente de los trabajadores chilenos -aun cuando muchos puedan sentir frustración e insatisfacción por su actual situación económica que, evidentemente, es muy desmedrada-, no cabe ninguna duda respecto del sistemático e histórico maltrato que han recibido de los sectores de Derecha. No lo digo para justificar lo que nosotros, como Concertación, no hemos podido o, tal vez, no hemos sabido hacer. Tampoco dudo de que, los trabajadores que aplauden algunas de sus intervenciones en la Sala -porque pueden sentirse representados por las cosas que hoy están diciendo- saben perfectamente que son ellos los que tienen una responsabilidad fundamental por el retroceso histórico que experimentaron sus derechos. No podemos empezar a fojas cero cada vez que discutimos la ley de Presupuestos, porque éste es un año electoral o la demagogia es muy fácil de hacer, como si el señor Longueira hubiera nacido ayer, y olvidar la expoliación de que fueron víctimas los trabajadores durante el gobierno militar. Y no lo digo para justificar lo que no hemos sabido o no hemos podido hacer. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCHAULSOHN .- Les ruego a los señores de Derecha que aprendan a escuchar, aunque no les guste lo que se está diciendo, porque nosotros escuchamos lo que ellos dicen, y a veces tienen razón, y otras no. ¿Cuál es el resultado de los años de gobierno de la Concertación en relación con las remuneraciones? Lo dijo el Ministro señor Aninat y nadie lo ha desmentido. ¿Qué ha ocurrido en Chile y qué no ha sucedido en Argentina, Perú, Bolivia, ni en Estados Unidos en los últimos 5 ó 6 años y que, ciertamente, no acaeció durante los 17 años del gobierno de la Derecha, llamémosle así? Un aumento real de las remuneraciones de 57 por ciento. Ahora, se presenta un proyecto de reajuste, y la Derecha pone el grito en el cielo. Algunos diputados de la Concertación estiman que el Gobierno podría hacer más, pero en los pasillos dicen: ¡Afortunadamente, tenemos un Ministro de Hacienda responsable! Hay quienes, entonces, estiman que se podría hacer más; pero hay algo que es completamente inaceptable, de una demagogia que produce irritación: pretender que un gobierno que se la ha jugado con responsabilidad por los trabajadores -aunque no siempre ha hecho las cosas de manera perfecta-, a la hora de sacar cuentas no tenga derecho a sumar todos los beneficios que ha concedido en el curso de un mismo año. Si estamos en democracia, es normal que los profesores se movilicen, y si ellos, fruto de su movilización, obtienen beneficios pecuniarios, a la hora de computar si en 1997 o en 1998 les ha ido mejor o peor que en años anteriores, deben sumar todos los beneficios que se les han otorgado. Por supuesto que sí. Y cuando sumamos, estamos hablando de un seis por ciento más otros beneficios. En el tema de la imponibilidad, el reajuste del seis por ciento es completamente imponible. Los otros beneficios, en el famoso proyecto de la Anef que se ha mencionado tantas veces, pueden o no ser imponibles, pero es un tema que se negoció con la directiva de esa Asociación y que debatiremos en el Parlamento cuando se discuta ese proyecto. Pretender que no se sumen los beneficios que en un mismo período un gobierno ha ido otorgando a los trabajadores, me parece que es simplemente un sofisma que no resiste el menor análisis. Los diputados de la Concertación respaldaremos el proyecto, no porque estemos alineados, como dice el Diputado señor Longueira con tanta gracia, sino porque estamos convencidos de que este Gobierno, en forma responsable y seria, está haciendo un esfuerzo real, pese a la oposición de la Derecha demagógica, por mejorar las condiciones de los trabajadores de este país. Por eso, en las elecciones de diciembre no tengo dudas de que la Concertación obtendrá un resonante triunfo por lo que ha hecho y no por lo que la Derecha dice que ha dejado de hacer. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ha concluido el tiempo del Partido por la Democracia, que usó tres minutos de la Democracia Cristiana, bancada a la que restan cuatro minutos tres cuartos. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en muchas oportunidades hemos asistido a debates desarrollados con gran altura de miras; pero hoy hemos presenciado a un Ministro del Trabajo que se sale de sus casillas. Considero que no corresponde ese trato en esta Sala. Pero hay algo que debo decir: ellos han señalado que la Derecha se opone a la revisión de los tributos, en circunstancias de que la opinión pública sabe que no hay acuerdo entre los ministros para hacerlo. ¿Por qué luchamos por un mejor reajuste para los trabajadores del sector público? Porque son los que pagan, como todos los chilenos con sueldos modestos, el impuesto más caro que hay en este país: el IVA. Están pagando dos sueldos al año en impuestos, pero eso no se dice. Renovación Nacional apoyó un proyecto que bajaba dos puntos el IVA, porque ello significaba mejorar las remuneraciones y posibilitar que los más pobres obtuvieran un mayor poder adquisitivo. Ellos dicen sólo lo que les conviene, y vienen a hacer demagogia en la Sala. El Diputado señor Schaulsohn acusa a la Derecha de demagógica, cuando lo único que hacemos es decir las cosas por su nombre, porque queremos representar el interés de los trabajadores públicos. ¡El 6 por ciento es un reajuste miserable, y deben atreverse a decirlo! Por eso, es necesario debatir el proyecto con más tiempo. Hemos solicitado que el Ejecutivo presente una indicación para mejorar el reajuste, porque, como hemos dicho en forma reiterada, el 6 por ciento no servirá para nada. Señor Presidente , por su intermedio solicito que los ministros, que tienen la facultad de hacerlo, gestionen con el Presidente de la República el envío de la indicación para aumentar ese porcentaje. Apoyaremos con todos nuestros votos un reajuste que realmente mejore la calidad de vida de los funcionarios públicos. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Seguel, por dos minutos. El señor SEGUEL .- Señor Presidente , me ha costado mucho resolver con tranquilidad el problema de los trabajadores del sector público, que desde hace bastantes años discutimos en la Cámara. Hemos escuchado en forma permanente a sus dirigentes sindicales y a todos los trabajadores opinar sobre la materia, y por la información que nos han entregado hemos conocido cómo se ha efectuado el cambio paulatino en cada uno de los lugares donde trabajan. Hoy nos encontramos en un debate en el que se han planteado las cosas con mucha fuerza, incluso, con violencia verbal. Al ver en las tribunas a algunos dirigentes amigos, como Milenko Mihovilovic , que ha sido un gran luchador y que, felizmente, todavía tiene mucha fuerza para seguir trabajando por quienes representa, recuerdo con nostalgia y dolor a Tucapel Jiménez . Con toda seguridad, le habría gustado estar en las tribunas pidiendo un mayor reajuste para los trabajadores. Lamentablemente, lo mató la misma gente que las bancadas de la Oposición respaldaron, y Tucapel Jiménez no puede estar aquí para defender a los trabajadores de la Anef. Los actuales dirigentes lo han hecho -y lo seguirán haciendo- muy bien. Por esa razón, no puedo aceptar el vocabulario insolente y casi ensangrentado de algunos. Ante las peticiones que nos han formulado, con la seriedad y la tranquilidad que hoy me asisten, puedo decir a los trabajadores del sector público que las bancadas de la Concertación nos reunimos con los ministros del área para ver la posibilidad de seguir estudiando el proyecto de modernización de la Anef, radicado en la Comisión de Trabajo, que presido. No me cabe la menor duda de que los ministros en algún momento pedirán que el Congreso y los parlamentarios de la Concertación sigamos asumiendo el rol que hemos tenido durante estos siete años: ser los verdaderos representantes de los trabajadores chilenos, que lucharon junto a nosotros cuando mataron a Tucapel Jiménez y a cientos de trabajadores de este país. ¡Ellos nos creyeron ayer y nos creerán hoy, porque estamos trabajando en forma responsable por Chile, por ellos, y por un país mejor para todos los chilenos! He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- El Comité Demócrata Cristiano me indica que cede los dos minutos que le restan al Diputado señor Camilo Escalona. Tiene la palabra su Señoría. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, con entera responsabilidad quiero hacerme parte de la propuesta del Gobierno, pues considero que es nuestra responsabilidad política. Me alegra que el Ministro del Trabajo se haya salido de sus casillas, lo que molestó a los diputados de la Oposición, porque nos quieren reducir a los límites de un debate marcado por lo que les gusta a ellos y reaccionan con extrema intolerancia cuando se dicen cosas que les disgustan, lo que no es justo ni válido. La libertad de expresión en nuestro país no puede estar limitada a los intereses de la Derecha o al gusto de Pinochet, como ocurrió hace algunas semanas. Se podrá discutir mucho sobre el reajuste, el que posiblemente podría ser mayor, pero la Derecha no tiene autoridad moral alguna para reclamar, toda vez que hasta la semana pasada intentó impedir que se llevara a cabo la investigación sobre el “negociado del siglo”. En estos días más de 5 millones de trabajadores afiliados a las AFP han visto reducidas sus pensiones en más de 500 millones de dólares, por el negociado más grande que se ha hecho en este siglo en la historia del país, por una persona sindicada -lo que no ha tenido respuesta en la Sala- como uno de los principales financistas de la UDI: el señor José Yuraszeck . La UDI intentó en esta Sala evitar que se investigara ese escándalo, y continuó haciéndolo en la Comisión investigadora. De modo que el señor Longueira no tiene autoridad moral para juzgar al Gobierno ahora, porque a través de diferentes mecanismos los parlamentarios de Oposición han intentado, sistemáticamente, impedir que el país tenga una institucionalidad que permita defender los intereses de los trabajadores. Entre otras cosas, esa institucionalidad debe hacerse cargo de una reforma tributaria que está pendiente, para que el Estado cuente con los recursos necesarios y así financiar en la debida forma a los trabajadores de los sectores público y privado. Hay que tener en cuenta que el Estado tiene un gasto corriente de 21 por ciento, y que en toda sociedad moderna y democrática ese gasto llega a más del 40 por ciento respecto del producto nacional. Ése es el gran tema pendiente para poder dar a los trabajadores del sector público los salarios que requieren. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira , en el tiempo cedido por Renovación Nacional. Restan 11 minutos y medio. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , es patético observar cómo se recurre a temas que no están en discusión cuando se carece de argumentos. Lo único que he dicho es que en este proyecto se consuma un engaño. Nada más, y no ha existido respuesta alguna sobre el particular. El Diputado Escalona quiere que veamos la conducta de Copeva, de Esval, de Codelco, de Dipreca, de la RPC, etcétera; parece una guía telefónica. Cuando se dice que abordemos con seriedad el tema, lo único que quiero señalar es que a los parlamentarios de la Concertación los alinearon y aprobarán el proyecto, aunque no los satisface. Ése es el problema de fondo. Basta verles las caras: cada vez están más hundidos en la silla, porque en el fondo no votarían a favor del proyecto. Ésa es la verdad. El problema de la Cámara es que los ministros sistemáticamente silencian a los parlamentarios. Entonces, cuando hay un tema, discutamos, conversemos. En cuanto a la censura a que se refería el Diputado Escalona , los desafiamos a postergar una semana la discusión del proyecto. ¿Cuál fue la respuesta? Se siguen hundiendo en la silla. Llevo siete años en la Comisión de Hacienda y siempre hemos discutido con la mayor seriedad -se lo recuerdo al Diputado señor Schaulsohn - los proyectos de reajuste del sector público, de la inflación esperada, de la productividad, de los porcentajes de equidad. ¿Alguien puede negar que lo hicimos con seriedad? No reconocer que ahora hay un cambio medular, relevante, importante, que requiere mayor discusión, es cegarse a la realidad. Eso es lo que quieren hacer. Se les cae el discurso completo, la catedral entera. Nadie podrá decir que esto es demagogia, porque yo he hablado con público o sin él y siempre he dicho lo que pienso. Quienes hemos participado en la Comisión de Hacienda nos sentimos violentados, porque cuando discutimos los proyectos que otorgaban este tipo de beneficios a algunos de los grupos de trabajadores que conforman el sector público, nunca se nos advirtió, y que alguien diga lo contrario, que se eliminarían ciertos factores que siempre discutíamos. ¿Cuando se advirtió a los trabajadores de la Anef que el 5,5 por ciento que se les otorgó era a costa de eliminar el factor productividad en el reajuste del sector público, a pesar de que se nos dice que ellos firmaron que no era imponible? Nunca se dijo a los empleados públicos de las distintas reparticiones que han negociado que habría un cambio en la ley de Presupuestos, y que, a partir de este año, no contemplaría los dos factores que siempre discutimos: productividad y equidad. ¿Cuál es la respuesta a esto? No hubo respuesta en la toda la discusión. Aquí vuelven nuevamente a plantear problemas relacionados con el gobierno militar, que es lo único que los une. ¡Pero si estamos discutiendo esta materia! ¿No quieren continuar discutiendo este proyecto? ¿Saben qué nos dijeron ayer los dirigentes de la CUT? Que el Ejecutivo les había manifestado que tenía que presentar el proyecto con urgencia, porque los parlamentarios no estábamos dispuestos a discutir por más tiempo, debido a que nos hallábamos en campaña. Yo les puedo decir aquí que todos los parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI, estamos dispuestos a continuar toda la próxima semana discutiendo este proyecto. Varios señores DIPUTADOS.- ¿Dónde están ahora? -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LONGUEIRA .- ¿No hay ninguno? Están en el mismo lugar donde ustedes estuvieron el día de la reforma constitucional. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Orden en la Sala. Ruego al señor diputado dirigirse a la Mesa. El señor LONGUEIRA.- Cuando los señores diputados dicen que no discutimos.... El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Señor diputado , le ruego dirigirse a la Mesa. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, el grado de nerviosismo que ustedes exhiben cuando uno les dice... El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Señor diputado , le ruego dirigirse a la Mesa. El señor LONGUEIRA .- Siempre por su intermedio, señor Presidente . El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Señor diputado , el Reglamento lo obliga a dirigirse a la Mesa. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , no existe respuesta cuando preguntamos por qué se nos impone aprobar en determinada forma un proyecto de esta naturaleza, que introduce cambios importantes, producto de una negociación en que los trabajadores no estuvieron ni 48 horas con el Gobierno. Hubiésemos tenido una actitud muy distinta si se nos hubiese informado oportunamente. ¿Qué les vamos a decir, por ejemplo, a todos los funcionarios de la Contraloría General de la República, que van a recibir el 6 por ciento y deben esperar la tramitación de un proyecto posterior? ¿Qué les vamos a decir a los suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, quienes no están incluidos en el DFL N° 1 ni en el DFL N° 2, que sólo recibirán el 6 por ciento? ¿Qué les vamos a decir a los funcionarios del Congreso Nacional? Todos van a recibir solamente el 6 por ciento, porque no han negociado sectorialmente ¿Sabían eso? ¿Tenemos que tramitar el proyecto con esta urgencia? Entonces, nos dirán: “No, esperemos; se van a tramitar también esos proyectos sectoriales”. Contraloría está perdiendo por lo menos un año. ¿Cuánto tiempo lleva en el Congreso el proyecto de Gendarmería, que veremos ahora? ¿Un año? El señor ORTIZ.- Ingresó en enero. El señor LONGUEIRA .- ¡Casi un año! ¡Fíjense que es importante! La tramitación de un proyecto de Gendarmería se demora diez meses; pero después los diputados y los senadores aparecemos como responsables, frente a todos los funcionarios, de no legislar, en circunstancias de que debemos despachar este proyecto de reajuste en tres días, y el de Gendarmería, en diez meses. Ésa es la forma de dilatar el despacho de un proyecto de reajuste para un sector. Todos los otros que no han realizado aún negociaciones sectoriales tendrán que esperar y postergar su reajuste por mucho tiempo. Agrego más: el reajuste siempre se da el 1º de diciembre, ¿o no? ¿Cuándo se otorga el de la Anef? El 1º de enero, es decir, un mes después. Así se ahorra plata. Históricamente, los funcionarios de la Anef recibieron su reajuste a partir del 1º de diciembre. Entonces, ahora tendrán la mitad a partir del 1º de diciembre, y la otra, el 5,5 por ciento, a partir del 1º de enero, o sea, un mes después. Eso equivale a un doceavo menos de lo que señalan las tablas que se nos exhiben. Nada de esto podemos discutir, porque ahora debemos debatir el proyecto en dos horas, mientras que la Comisión de Hacienda comenzó a hacerlo ayer en sesión que se prolongó hasta la una y media de hoy. No hay respuesta, pero la actitud nuestra es muy distinta de la que tuvimos en todas las otras discusiones; porque debemos reconocer que en el proyecto se introduce un cambio sustancial, que nunca fue informado o advertido, ya que de saberlo, no habríamos apoyado el hecho de que las asignaciones de desempeño no fuesen imponibles, porque nunca supimos que esas asignaciones, que se aprobaron a las distintas reparticiones públicas, eran a costa de este reajuste, que siempre ha sido imponible ciento por ciento. Entonces, ¡cómo podemos sostener que no están cambiando las reglas del juego! ¡Cómo vamos a legitimar todo esto! ¡Cómo no nos vamos a indignar quienes trabajamos en la Comisión de Hacienda, como lo hemos hecho siempre, en forma muy seria, por el cambio de las reglas del juego de la noche a la mañana! No sólo los trabajadores están indignados; nosotros también, porque siempre hemos confiado en la información que el Ejecutivo nos entrega en la Comisión de Hacienda. Nunca se advirtió a los trabajadores de los distintos sectores, como lo manifestaron ayer, ni a los miembros de la Comisión, que todos esos proyectos sectoriales del Gobierno conllevaban un cambio muy importante en materia de reajuste. Ni siquiera hemos tenido tiempo para discutir si la fórmula es la adecuada o no. ¡Si no hay tiempo! Ésta es la única manera que tenemos de manifestar nuestra molestia por la forma como se legisla. No tengo ninguna duda de que si ustedes estuvieran en libertad de acción o si hubiera la voluntad de enfrentar al Ejecutivo , habríamos aplazado la tramitación del proyecto; pero como en la Cámara no existe esa voluntad, debemos tramitarlo en 24 horas, en circunstancias de que es uno de los más importantes que afectan al sector público, porque introduce modificaciones relevantes, que lo diferencian de las siete discusiones que sobre esta materia hemos tenido siempre; porque nadie nos puede decir aquí que cada vez que hemos discutido este tipo de proyectos no lo hemos hecho con la máxima seriedad. Discutamos lo que está hoy en debate. No inventemos cuentos sobre las leyes laborales de los trabajadores, ¡No! Estamos discutiendo un cambio medular en una de las leyes más importantes que aprueba el Congreso, y lo hacemos con todos los diputados de la Concertación amordazados. Me hubiese encantado haber escuchado lo que dicen, piensan y sienten. Lamentablemente, no han podido hacerlo. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra el Ministro de Hacienda , señor Aninat. El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , el Ministro Arrate y quien habla explicamos en detalle los antecedentes, fundamentos, precedentes y diálogos que se habían sostenido. No quiero reiterar los conceptos que hemos vertido. Sólo deseo reafirmar lo que ya está en actas, y que fue leído: que la preparación y discusión de estos criterios comenzaron el 13 de noviembre de 1995 con las organizaciones de trabajadores, y fueron reiterados desde 1996 en adelante. La Oposición no ha podido desmentir, de manera alguna, el fondo del asunto, y se ha cobijado en asuntos de forma o de estilo, siempre discutibles y subjetivos. El fondo del asunto es el cuadro que se discutió hasta la saciedad en la Comisión de Hacienda, con la presencia y participación activa del Diputado señor Longueira, entre otros. El crecimiento real de las remuneraciones de los funcionarios públicos, en el período 90-96, ha sido de 57,6 por ciento. Ése es el hecho de fondo: la recuperación en el tiempo de un sector ampliamente postergado, como lo sabe el país. Lo demás son descalificaciones, interpretaciones, argumentos de un lado y del otro; pero creemos que los números que se han considerado, el efecto en el poder adquisitivo de estos trabajadores y la manera de avanzar de un sector que ha tenido sustantivos incrementos sobre el IPC, es un hecho francamente indesmentible. Sin embargo, no quiero dejar pasar dos aseveraciones formuladas en esta Sala. En primer lugar, que el Gobierno ahorra a costa de los trabajadores. Pido al señor Longueira y a los diputados de su bancada que reexaminen el informe financiero entregado para el proyecto que otorga un 6 por ciento de base general, ya que allí encontrará que su financiamiento, mirado en forma aislada, sin sumarlo a recursos que serán necesarios para aprobar el de la Anef y todos los proyectos sectoriales que se han mencionado, representa más de 415 millones de dólares para 1998. No sé si eso se llama ahorro. En el juego de fechas se podría discutir mucho; pero se está confundiendo un reajuste de base y cobertura general a 400 mil funcionarios estatales -que, como el diputado dice correctamente, siempre se paga en los primeros días de diciembre, lo que ocurrirá nuevamente si se aprueba este proyecto de ley-, con uno sectorial, especial y adicional, concordado con las organizaciones de la Anef, que se paga a partir del 1º de enero en adelante. Si no fuera ése el razonamiento, habría que entrar a recomputar todas las fechas de manera muy arbitraria y antojadiza. Siempre las cosas se pueden presentar de una manera u otra, pero el Gobierno está tranquilo con los reajustes que está presentando, con los que se establecen en los acuerdos sectoriales en curso y con el resto de las prestaciones sociales que contempla el proyecto en discusión. A este último respecto, anuncio que el Gobierno, reunido con las bancadas de la Concertación y, en particular, atendiendo el énfasis puesto en el tema redistributivo, de mejorar la distribución del ingreso, pero con una base universal y amplia, es decir, con una cobertura sustantiva, está dispuesto a concurrir con indicaciones para mejorar las propuestas de aguinaldo de Navidad, para mejorarlo en 6 por ciento, en el caso de las rentas altas, y en 12,3 por ciento para las rentas bajas. En cuanto a la propuesta de aguinaldo de fiestas patrias, se pretende aumentarlo en 6 y 8 por ciento, respectivamente, lo que beneficiará a aproximadamente 500 mil personas, a través de este proyecto. Finalmente, tanto el Diputado señor Longueira como los que nos escucharon en horas de la madrugada, saben perfectamente que el Gobierno está en negociaciones muy avanzadas y concretas con la Contraloría General para elaborar un proyecto especial para su sector. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Cerrado el debate. Queda pendiente la votación. -Posteriormente, la Sala votó este proyecto en los siguientes términos: El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios de carácter pecuniario. El señor COLOMA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra su Señoría. El señor COLOMA.- Señor Presidente , se anunció en un momento determinado que había una indicación del Ejecutivo, de la cual no se dio cuenta oportunamente. De ser así, me gustaría conocerla y el informe financiero respectivo. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Así es, señor diputado , pero como se trata de una indicación, hay que discutirla en su oportunidad. Es una indicación del Ejecutivo, conocida por la Comisión de Hacienda, respecto de la cual se informará cuando corresponda, es decir, durante la discusión particular. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 8 abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Aprobado en general el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cornejo, De la Maza, Escalona, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Latorre, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Soria, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Villouta, Walker y Zambrano. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Cantero, Cardemil, Coloma, Espina, Leay, Longton, Longueira, Orpis, Pérez (don Víctor), Prokurica, Rodríguez, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Valcarce, Vega y Vilches. -Se abstuvieron los Diputados señores: Aguiló,Alvarado, Galilea, Kuschel, Montes, Pollarolo (doña Fanny), Solís y Wörner (doña Martita). El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, solicito copia de la votación. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Así se hará, señor diputado . En consecuencia, quedan aprobados todos los artículos, con excepción del 3º y 10, respecto de los cuales el Ejecutivo ha hecho llegar una indicación. Hay un informe de la Comisión de Hacienda, que será entregado por la Diputada señora Romy Rebolledo. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente , la Comisión de Hacienda se reunió para analizar la indicación, cuyo costo fiscal es de 677 millones de pesos. Ella fija los aguinaldos definitivos de Navidad, en 21.000 pesos, para las rentas más bajas, y en 11.700, para las más altas; de Fiestas Patrias, en 27.550 pesos, para las rentas más bajas, y en 20.150 pesos, para las más altas. Estuvieron presentes los Diputados señores Montes, Ortiz, Andrés Palma, Longueira y quien habla, y la indicación fue aprobada por unanimidad. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa, por un asunto de Reglamento. El señor ULLOA .- Señor Presidente , estamos escuchando un informe técnico financiero y, por lo tanto, corresponde hacer preguntas. Quiero saber si efectivamente el diferencial anunciado es de 50 pesos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra el Diputado señor Espina , por una cuestión de Reglamento. El señor ESPINA .- Señor Presidente , cuando se rinde un informe y hay dudas, debemos conocer sus detalles. Hace una hora, se rindió el informe de una Comisión y debe explicarse cuál es el aumento concreto por trabajador. Es una información fundamental para votar la indicación a favor o en contra. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- De conformidad con los acuerdos, corresponde votar; sin embargo, no hay problema en pedirle a la Diputada señora Rebolledo que complemente su informe. Tiene la palabra la Diputada señora Rebolledo. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente , el último proyecto de reajuste de remuneraciones fijó el aguinaldo de Navidad en 18.700 pesos, para las rentas bajas; este proyecto lo subió a 19.700 pesos, y con la indicación, queda en 21.000 pesos. El aumento en un año es de 12,3 por ciento. Luego, para las rentas altas, el último proyecto lo fijó en 11.000; según el presente proyecto, es de 11.600 pesos, y con la indicación queda en 11.700 pesos, para lograr un aumento real de 6 por ciento. En seguida, respecto del aguinaldo de Fiestas Patrias, el último para las rentas altas fue de 19.000 pesos; el proyecto lo estableció en 20.000 pesos, y con la indicación queda en 20.150 pesos, lo que significa 8 por ciento de reajuste. Para las rentas bajas, el último aguinaldo fue de 25.500 pesos; con este proyecto quedó en 26.900, y en 27.550 pesos, según la indicación, lo que significa 8 por ciento de reajuste. Eso es todo. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- En votación la indicación. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Señores diputados, no corresponde dar la palabra, ni siquiera a los ministros, cuando los proyectos están en votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Alvarado, Allende (doña Isabel), Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cantero, Cardemil, Coloma, Cornejo, De la Maza, Espina, Gajardo, Galilea, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Kuschel, Latorre, Leay, Longton, Longueira, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Solís, Soria, Tohá, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vega, Vilches, Villuota, Walker y Zambrano. -Se abstuvo la Diputada señora Wörner (doña Martita). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Galilea, por un asunto de Reglamento. El señor GALILEA .- Señor Presidente , quiero dejar constancia de mi molestia por la forma en que se nos citó a la Comisión de Hacienda para discutir esta indicación, toda vez que algunos parlamentarios estábamos participando simultáneamente en comisiones mixtas de Presupuestos. Esta forma de legislar es imposible de llevar adelante, porque nos impide cumplir con nuestras responsabilidades. Por eso, protesto de la manera más enérgica, porque no me parece serio dividirnos en tres para trabajar simultáneamente en distintos proyectos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Corresponde votar el resto de los artículos 3º y 10. El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Tiene la palabra su Señoría. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , entiendo que su Señoría sometió a votación una indicación del Ejecutivo al artículo 3º para corregir una cifra. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Señor diputado , la indicación del Ejecutivo se votó y se aprobó. Lo que estoy sometiendo a votación ahora es el resto de los artículos 3º y 10. Tiene la palabra el Diputado señor Latorre, sobre una cuestión de Reglamento. El señor LATORRE.- Señor Presidente , sólo quiero dejar constancia de que las bancadas se hacen representar en las comisiones por sus miembros permanentes o por quienes los puedan reemplazar, pero no es responsabilidad de la Cámara que la UDI y Renovación Nacional tengan hoy tan poca asistencia. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira, sobre un punto de Reglamento. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , pido que se retiren del acta las expresiones del Diputado señor Latorre , porque todos hemos colaborado en constituir la Comisión de Hacienda, y me parece inaceptable que quede en acta una intervención que, obviamente, es antirreglamentaria y no corresponde a la verdad. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- En votación el resto de los artículos 3º y 10 originales. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Aprobado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Alvarado, Allende (doña Isabel), Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cantero, Cardemil, Coloma, Cornejo, De la Maza, Escalona, Espina, Gajardo, Galilea, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Kuschel, Latorre, Leay, Longton, Longueira, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Solís, Soria, Tohá, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vega, Vilches, Villouta, Walker y Zambrano. -Se abstuvo la Diputado señora Wörner (doña Martita).