-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds18
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds15
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds13
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds9
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds14
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds12
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds27
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds8
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds17
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds16
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1-ds6-ds7
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- dc:title = "CÓDIGO DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS. (Continuación)."^^xsd:string
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/codigo-de-conductas-parlamentarias
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- rdfs:label = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneResultadoDebate = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/congreso-nacional
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240/seccion/akn668240-po1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/668240
- rdf:value = " CÓDIGO DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS. (Continuación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
A continuación, corresponde seguir ocupándose del informe de la Comisión Especial Redactora de un Código de Conductas Parlamentarias.
Tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner.
La señora WÖRNER.-
Señor Presidente , la iniciativa que hoy discutimos, tendiente a aprobar en general el informe de la Comisión Especial encargada de redactar un Código de conductas parlamentarias, se inscribe dentro de la constante preocupación de los integrantes de esta Corporación en torno a buscar una forma expedita y completa de velar por el buen desempeño de la función pública que a los parlamentarios les corresponde y de establecer también, a priori, un estatuto por el cual pueda sancionarse, si correspondiera, la desviación en el actuar público de alguno de sus integrantes.
Así, el informe contiene la relación de una serie de mociones e iniciativas despachadas por esta Corporación, que se encuentran en distintos trámites en el Senado, las que, una vez aprobadas y convertidas en ley, regirán esos distintos aspectos.
También es importante tener presente que esta normativa que se busca aprobar, necesariamente debe ser compatible con las limitaciones que establece la propia Carta Fundamental en el quehacer parlamentario, y también ser coherente con las disposiciones que en este momento se encuentran en distintas fases de discusión.
En lo fundamental, buscamos aprobar un Código de conductas parlamentarias que, sumado al Reglamento de la Corporación y a la normativa vigente, dentro del marco de la Constitución Política, que establece nuestras funciones prioritarias, nos permita regirnos en mejor forma y cautelar el buen desempeño de nuestras funciones.
Me parece que la propuesta del informe, que corresponde a un trabajo serio y responsable, llevado adelante durante varios meses por algunos miembros de la Corporación, es un paso importante y constituye una base seria sobre la cual debemos continuar trabajando.
Quiero formular algunas observaciones en esta discusión en general.
Creo que, tal como lo señala el informe en su página 15, lo que no puede dejar de abordar un código de esta naturaleza es lo relativo al cumplimiento de las funciones inherentes a la labor parlamentaria -acápite que comprende la asistencia a sesiones, la participación en las votaciones, el aporte para el perfeccionamiento y mejoramiento de cada uno de los proyectos, sea en la discusión en la Sala o en el trabajo en comisiones- y, por cierto, las conductas personales propiamente tales en el ámbito público y privado, que inhibe a los parlamentarios de determinadas actuaciones.
Este aspecto, que es bastante particular y fundamental, no lo veo recogido en el articulado que se nos propone. Esto dice directa relación con un tema que también ha estado en discusión y que en forma reiterada algunos colegas lo ponen en el tapete de la noticia: la asistencia de los parlamentarios, como una obligación primaria, en el trabajo que se realiza en la Cámara de Diputados. En algunas ocasiones, en un discurso ligero, se pretende establecer como única responsabilidad la de asistir a las sesiones de Sala y de comisiones y a otras tareas que se cumplen en la Corporación. Pero los parlamentarios, en la complejidad de nuestra actuación, también debemos cumplir roles en otros lugares, fuera de la Corporación, que a veces nos impiden estar presentes acá.
Es bueno tener en cuenta que no siempre la cantidad es sinónimo de calidad.
También es importante subrayar que ha sido un permanente obstáculo para el buen desempeño de nuestras funciones la separación física del Ejecutivo y el Legislativo, dos Poderes tan interrelacionados, con mayor razón por estar en un sistema eminentemente presidencialista, con las limitaciones que eso impone al Parlamento en el ámbito legislativo.
En el título I, que establece las normas generales de este Código de conductas parlamentarias, lo medular está contenido en el artículo 6º, que expresa: “La actividad de los Diputados debe inspirar la confianza de los ciudadanos, con el preciso objeto de fortalecer la credibilidad del Congreso Nacional y del Estado.”
Aquí me detengo para hacer presente que, al aprobar un Código de conductas parlamentarias, no debemos pretender adoptar uno que, con mucha retórica y adorno, emplee un lenguaje perfecto para describir una conducta ideal, en un ámbito ideal de seres humanos, sino una normativa aplicable, entendible, que precise y describa situaciones y que, por tanto, sea un elemento de conocimiento nacional, de manera que no sólo los integrantes de esta Corporación, por entenderlo y conocer el espíritu que lo inspira, más allá de su letra, lo podamos aplicar. Debe ser un código que permita a la ciudadanía juzgarnos y ser parte de la promoción del quehacer de la Corporación que las Mesas futuras sigan emprendiendo en distintas actividades, de manera que su cercanía con esta Cámara permita un futuro control ciudadano, que pueda realizarse a través del conocimiento de actuaciones que apartan al parlamentario de los principios valóricos que inspiran este código de conductas parlamentarias. Lo que deseamos aprobar está dentro de un marco general que fija primero la Constitución Política al establecer nuestra competencia, y después toda la normativa que nos será aplicable, sea porque se encuentra en estatutos que rigen a otros funcionarios públicos, en leyes especiales, como la relativa a la probidad pública, en el Código Penal, etcétera; es decir, materias de discusión en otras instancias legislativas.
A mi juicio, este código es demasiado ambiguo y amplio, por lo que, de aprobarse así, no servirá como instrumento de medición de fácil aplicación y observación por parte de los electores, quienes son, precisamente, los que deben velar por nuestra buena conducta.
Además, no sacamos nada con seguir legislando sobre esta materia si no tenemos una conducta acorde con las exigencias que nos estamos imponiendo en la letra de la ley. Por ejemplo, no puedo dejar de lamentar lo que ocurrió ayer, luego que los Comités acordaron no discutir el proyecto que estaba en el primer lugar de la tabla, porque había atraso en el informe de la Comisión de Hacienda. Aprovecharse de una situación así, en forma demagógica, para obtener aplausos fáciles de quienes ocupaban las tribunas, me parece una falta de ética y un oportunismo que lesiona la credibilidad de la Cámara y la buena convivencia entre sus integrantes. Además, por cierto, daña la probidad y la honradez que cada uno de nosotros debe tener tanto con los integrantes de la Corporación como con el público.
Ha sido una buena decisión de la Corporación la transmisión televisiva de sus sesiones a lo largo de todo el país para que el electorado se acerque al trabajo de la Cámara, pero debe haber una autorregulación al respecto, porque si va a servir para mostrar actitudes demagógicas, nos estaremos causando un profundo daño.
Por último, quiero manifestar mi discrepancia respecto del contenido del título IV del proyecto que se nos presenta, que establece la Comisión de Conducta.
Debemos mantener coherencia con los principios de igualdad ante la ley -por lo tanto, ante la reglamentación- y del debido proceso, que impide que alguien pueda ser juzgado por tribunales no existentes al momento de cometerse los hechos.
La lectura de los artículos 9º, 10 y 11 me permiten concluir que cada año, al inicio de las sesiones ordinarias, se sorteará a los integrantes de la comisión que tendrá, por un período determinado, el control de la ética parlamentaria sobre la base de este código, la cual conocerá de cada caso que se denuncie.
El artículo 9º señala que dicha comisión, en su primera sesión, designará a su presidente , lo que me parece bien. No estoy de acuerdo cuando dispone que ella elaborará un reglamento que, aprobado por la Sala, determinará la forma de conocer los cargos, escuchar los descargos y, en definitiva, proponer una sanción, porque esta redacción permitirá que cada vez que cambien los integrantes de la comisión, ésta podrá establecer una nueva reglamentación.
A mi juicio, el texto de ese reglamento debiera quedar establecido en forma definitiva junto con el despacho en particular del código. Por lo tanto, debiera haber una instancia que lo estudiara para luego ser aprobado por la Sala en un plazo determinado. En consecuencia, deberíamos modificar la redacción del artículo, para lo cual presentaré las indicaciones que, a mi juicio, correspondan, de manera que todos los parlamentarios, una vez electos y al momento de jurar, a fin de asumir el cargo, declaren que conocen este código; toda la normativa que rige el quehacer parlamentario, las instancias que velarán por su cumplimiento y la forma cómo se ejercerá la potestad que se entrega a esta comisión. De ese modo, estarían -si se me permite decirlo- en conocimiento de todas las cartas del juego.
Me parece también que este título tiene algunos vacíos. Por ejemplo, ¿cómo se reemplazará a los titulares de esa comisión en caso de que uno de ellos ocupara algún cargo de la Mesa, cuyos integrantes estarán inhabilitados para formar parte de esa comisión? Además, ¿cómo se procederá si uno de los integrantes de esa comisión -espero que nunca ocurra- es objeto de un sumario o de una investigación que amerite una sanción?
Fuera de estas observaciones, que podrán ser debatidas y analizadas en la discusión particular en la Comisión, donde formalizaré las indicaciones pertinentes, creo que estamos dando un paso muy importante, el cual se inscribe dentro de una preocupación que para nosotros ha sido permanente.
El trabajo de la Comisión Especial ha sido muy acucioso y serio. Por lo tanto, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, anuncio el apoyo a esta iniciativa.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , en cada una de las oportunidades en que hemos debido pronunciarnos respecto de la necesidad de tener una comisión o un código de ética parlamentaria, he manifestado mi posición contraria a dichas iniciativas. No obstante, creo que es bueno que tengamos uno.
Las conductas son diferentes a la ética. Por lo tanto, el código debe ser muy concreto, ya que debe establecer lo que puede o no hacer un diputado en el desempeño de su cargo.
Los únicos autorizados para pronunciarse sobre lo ético o no ético que puede hacer un diputado son los ciudadanos que lo eligen. Los verdaderos evaluadores son nuestros representados. Si ellos nos eligen con nuestros méritos y defectos, se debe a que se sienten interpretados por nuestra capacidad de representarlos. En caso contrario, no contaremos con su votación.
Desde esa perspectiva, me parece imprudente que nos evaluemos entre pares, pues existe una instancia en la Corporación para ello: la Comisión de Régimen Interno, encabezada por la Mesa de la Cámara. Sin embargo, una comisión como la que se señala en los artículos 9º y 10 del Código de conductas parlamentarias, que sería virtualmente un tribunal de la Corporación, es algo que incluso me parece inconstitucional.
Reitero, ninguna comisión de la Cámara tiene autoridad para juzgar a otros miembros de la Corporación, excepto su comisión política, que es la de Régimen Interno. Aquí no puede haber un poder judicial paralelo al funcionamiento de la Corporación, menos aún como se define en el artículo 9º del código que se propone, el cual señala: “...la Sala de la Corporación elegirá entre sus miembros, en votación directa y secreta,” -no se define cómo se votará, si cada uno lo hará por cinco o por uno- “sin relación alguna con la representación de los Partidos Políticos, a cinco Diputados.” ¡Pero si ésta es una Cámara política! ¿Nos podremos abstener de ello? ¿Será factible sostener: “Ésta es una votación personal, en base a simpatías o a méritos, sin relación alguna con los partidos políticos, para elegir a los integrantes de la Comisión de conducta de la Corporación”?
¡Ésta es una Cámara política! ¡Todos los juicios que se emiten en esta Sala y en la Corporación son políticos! Por lo tanto, no se puede decir que, respecto de estas decisiones, nos podremos abstener de la representación que tenemos o que somos seres humanos y no políticos. ¡Como si ser político fuera un descalificativo! Yo soy político desde que despierto hasta que me duermo. ¡A lo mejor, lo soy hasta en mis sueños! Mi actuación es política. Tengo el orgullo de pertenecer a un partido político, y con esa cara me presento ante mis electores que en mi distrito me han elegido dos veces con la primera votación -espero que también haya una tercera vez-, y no por ello dejo de ser político en el momento de tomar decisiones en la Cámara. No aceptaré dejar de serlo.
Cuando un medio de comunicación nos encuestó el año pasado para calificarnos, hubo bancadas que se reunieron y dijeron: “Votemos por éste, porque esto tiene un objetivo político”, lo que a mí me parece sensato. Hubo algunos que en esa oportunidad actuamos ingenuamente en política y no nos pusimos de acuerdo, pero los que se pusieron de acuerdo actuaron bien; adoptaron una decisión política. No porque tengamos que evaluarnos nosotros vamos a dejar de actuar políticamente. Entonces, me parece absurdo renunciar a lo que es de la esencia de nuestra Corporación y de nuestro trabajo.
Si alguien en la Corporación ha de calificar la conducta de un parlamentario, debe ser en función de su comportamiento político o de normas muy expresas que digan relación con el comportamiento político que debiéramos establecer en un código de conducta y cuya ausencia observo en la proposición que se nos hace.
Coincido con la Diputada señora Wörner en el sentido de que los artículos 1º al 6º son casi incuestionables. Son una declaración de principios magnífica, pero carecen de concreción práctica, salvo en dos hechos muy graves.
En primer lugar, el inciso tercero del artículo 1º propone que “El Diputado , al asumir y jurar constitucionalmente su cargo, deberá aceptar, conocer y declarar su voluntad de dar cumplimiento fiel a este Código.” Es decir, estamos afirmando que un acuerdo de la Cámara de Diputados tendrá rango constitucional porque el diputado jura la Constitución y no el Reglamento de la Cámara; porque un diputado , electo por la ciudadanía, puede estar en total desacuerdo con el Reglamento de la Cámara, y va a tener el mismo derecho que sus pares. Ahora, en cuanto a su comportamiento en la Corporación, deberá atenerse al Reglamento; pero no tiene por qué jurar dicho Reglamento ni jurar otro aprobado sólo por los miembros de la Sala en su momento, de acuerdo con sus criterios. Un diputado -insisto- se debe a sus electores y jura la Constitución para asumir como tal. Declarar la voluntad de dar cumplimiento fiel al código significa conferirle rango constitucional a esta disposición, que de suyo no puede tener, porque es sólo una materia reglamentaria que, inclusive, de acuerdo con nuestro procedimiento reglamentario, por unanimidad, podemos declarar sin efecto por cualquier motivo. Lo hacemos cotidianamente con el objeto de facilitar nuestro trabajo. Entonces, esta disposición del articulado es imposible de ser aceptada.
En segundo término, en el artículo 4º hay algo menor. Su inciso primero dice que “El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del ordenamiento jurídico, una gestión eficiente y eficaz.”; pero su inciso segundo señala que “Se expresa... en la integridad ética y profesional de los Diputados;”. Uno puede manifestar al respecto que cada cual tiene su propia ética; no existe una ética universal compartida. La Declaración Universal de Derechos Humanos es a lo mejor el cuerpo ético más universalmente compartido. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial se aprobó dicha Declaración, se suscitó una gran discusión a nivel mundial, porque había quienes no estaban dispuestos a suscribir todos sus elementos, en particular, los países dominados en ese entonces por el stalinismo; pero, finalmente, cedieron. También hemos pasado por etapas similares en nuestra historia. Recientemente, esa misma Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido considerada como algo de dudoso origen, ni más ni menos por las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas de nuestro país, algunas de las cuales todavía continúan ejerciendo el cargo.
Ése es el mayor código de ética que ha logrado generar la humanidad. Allí puede haber a lo mejor una declaración de integridad ética y profesional compartida por los diputados, quienes sólo somos ciudadanos y estamos aquí como representantes de la ciudadanía. No tenemos ninguna exigencia profesional en el desempeño de nuestros cargos y a lo mejor la ciudadanía nos pide que no seamos profesionales. Ésa es la voluntad que la ciudadanía expresa cada cuatro años y no tenemos por qué alterarla.
Pero donde esta proposición se aproxima a un código de conducta es en el artículo 7º; pero creo que el avance, aunque muy interesante y rico en su contenido, es insuficiente. En algunos casos, como en la letra b), se señala algo que nos dificulta enormemente nuestro accionar en la Sala. Dice: “Actuar con fraternidad frente a sus colegas.”, proposición muy positiva; pero no es ésa la dificultad. Agrega: “Se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas...”. Estoy totalmente de acuerdo. A veces uno es más malévolo de lo que cree; usa la ironía, que se confunde con la maledicencia. Está bien que tengamos el cuidado de no usar expresiones malévolas o injuriosas, pero añade: “...y de aludir a antecedentes personales, ideológicos o de otra naturaleza de ellos.” O sea, ¿aquí no podemos tener un debate ideológico? ¿No podemos decirle a alguien: “Tú estás asumiendo una posición que en mi concepto es condenable? Si alguien, en esta Corporación, viene a defender el nazismo -para poner un ejemplo respecto del cual todos coincidiremos en que es reprobable-, no podremos decirle: “Pero tú eres un nazi”. ¿Nos tendremos que abstener? Es absurdo consignar que no podemos aludir en los debates a antecedentes ideológicos de nuestros colegas. Eso es restringirnos nuestra propia capacidad de debatir. Supongo que el diálogo es lo que hace progresar a los seres humanos. Me parece bien la frase “antecedentes personales... o de otra naturaleza de ellos.”, pero el hecho de no incluir antecedentes ideológicos es autocensurarnos.
En verdad, creo que el código propuesto es un poco censor, y cuando estamos debatiendo, como país, como Parlamento, terminar con la censura, me parece que todo lo que significa censura en este código no nos lo podemos imponer nosotros mismos.
Hay otros elementos más que me parecen avances, pero quisiera que fueran más precisos. Por ejemplo, la letra i) del artículo 7º dice: “Abstenerse de participar en cualquier proceso decisorio, incluso en su fase previa de consultas e informes que, por su vinculación con actividades externas, de alguna forma puedan ser afectados por una decisión oficial o puedan comprometer su criterio o dar ocasión a dudas sobre su imparcialidad,...”. Hoy existe un debate iniciado en parte en esta Corporación sobre lo que se denominó en su momento el “negocio del siglo” y cuya configuración algunos cuestionamos. En dicho debate están participando también algunos miembros del Parlamento que no sólo lo hacen como parlamentarios, sino también como inversionistas de las sociedades afectadas. Ellos podrían plantear: “Podemos discutir o no este asunto” o “Es bueno o no que entremos en este debate.”; pero si ellos son personas que tienen inversiones en las sociedades directamente afectadas en esta operación, ¿pueden participar realmente en el debate como parlamentarios? Creo que el Senador Piñera, a raíz de una declaración pública que hicimos con el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt sobre la actitud de algunos senadores cuyo trabajo parlamentario está vinculado con sus negocios, expresó en el Senado lo siguiente: “He presentado al Senado un proyecto de reforma constitucional -o legal, no recuerdo- por el cual cada integrante del Parlamento tendrá que declarar previamente sus intereses en el momento de asumir”. Aún espero que el Senador Piñera, actuando en coherencia con su propia iniciativa parlamentaria, declare cuáles son sus intereses. Sería muy positivo.
Creo que de los Senadores aludidos -señores Piñera , Urenda , Errázuriz y Lagos -, el único que reaccionó, en mi opinión positivamente, proponiendo un camino de solución -con lo cual subió el nivel del debate-, fue el Senador señor Piñera , porque otros usaron calificativos muy simpáticos de escuchar, pero sólo se autoinculparon.
Está bien. Impongamos ese deber estableciendo en la letra k) del artículo 7º, la presentación, por parte de los parlamentarios, de una declaración jurada de sus intereses económicos; pero precisémoslos. Presenté indicación a dicha letra k) en el sentido de que si un parlamentario tiene inversiones o activos en un área productiva superiores a 3 mil unidades tributarias mensuales -aproximadamente, 70 millones de pesos-, debe declarar esos intereses y abstenerse de participar en proyectos que en forma directa o indirecta incidan en esa área. Si posee una casa o una parcela de agrado no habría conflicto de intereses; pero -reitero- si tiene una inversión superior a 70 millones de pesos en un área específica, debe declarar que tiene intereses. Que se sepa si posee acciones, una empresa o una actividad productiva en el momento en que se incorpora al Parlamento o realiza una inversión por un monto superior a esa cifra. Eso me parece concreto, preciso. He tratado de corregir la letra k), que es una buena idea, pero, en mi opinión, insuficiente.
También en la letra l) del artículo 7º hay algo que me parece discutible. Dice: “Denunciar ante la justicia o autoridades de la Corporación a todo aquel que, dentro del ámbito de las funciones parlamentarias, haya incurrido en un acto ilegítimo o contrario al Reglamento o a este Código”.
¿Qué quiere decir esta norma? Tengo dudas al respecto. ¿Es un desafuero que vamos a proponer entre nosotros mismos o denunciaremos ante los tribunales tales actos? Creo que, a lo mejor, antes de realizar una investigación de este tipo, los tribunales tendrían que desaforar a los parlamentarios afectados. ¿Haremos de soplones dentro del trabajo político? Lo pregunto porque la letra l) agrega: “De igual modo, denunciarán, tan pronto tengan conocimiento de él, todo acto irregular, aunque no posean noticias acerca de la identidad de sus responsables.”
A mi juicio, la expresión “tan pronto” hace absolutamente inaplicable la disposición, porque si tengo noticias de un acto irregular, lo primero que debo hacer es investigar antes de formular una denuncia pública. Así lo hemos hecho, y ponemos los antecedentes en poder de la Contraloría, de los tribunales o de las instancias de la Corporación que correspondan, una vez que tenemos alguna certeza sobre ellos.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Señor diputado , le queda un minuto y medio de su segundo discurso.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Muchas gracias.
Esto, adem��s, se contrapone con una norma que nosotros mismos incluimos en el Reglamento de la Corporación después de un largo debate de la Comisión que estudió el funcionamiento de los servicios de inteligencia. A raíz de que el Diputado señor Chadwick recibió en privado una información constitutiva de elementos que lindan en lo delictual que tenía la obligación de poner en conocimiento de los tribunales de justicia e impedía cualquier investigación que se pudiera desarrollar al respecto, convinimos en que los parlamentarios pueden guardar reserva acerca de la información que obtienen. Eso lo modificamos en el Reglamento de la Cámara. Entonces, creo que en esto hay algo confuso.
Por último, las prohibiciones del artículo 8º deben precisarse con exactitud: ¿qué es un regalo? Si me invitan a almorzar, ¿es un regalo?
A lo mejor, deberían consultarse los códigos de conducta del Parlamento de los Estados Unidos, donde existen ciertas valoraciones sobre lo que se puede o no hacer.
Cuando una comisión de esta Corporación es invitada por la Armada Nacional a la Base Naval de Puerto Williams, ¿es un regalo? ¿Los servicios públicos pueden invitar a los parlamentarios? ¿Las empresas no? Hay un ámbito que debemos precisar.
No me extenderé, porque se está acabando el tiempo de mi segundo discurso.
En definitiva, hay que avanzar más en este código de conductas. Debemos ser mucho más precisos y menos generales. Si somos precisos, avanzaremos en nuestro desempeño parlamentario, pero si nos quedamos en la generalidad de la proposición, nos inmovilizaremos. Inclusive, algunas de sus disposiciones, como lo he señalado, contravienen expresamente las normas constitucionales.
He dicho.
La señora PROCHELLE (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA .-
Señora Presidenta , felicito a los colegas por su preocupación por lograr un mejor desempeño de los diputados. Sin embargo, me sumo a las dudas expresadas por la Diputada señora Martita Wörner y por el Diputado señor Andrés Palma .
Los deberes enumerados en el artículo 7º son demasiado generales: obrar con honradez y buena fe, actuar con fraternidad frente a sus colegas, abstenerse cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales ideológicos, guardar discreción en relación con hechos e informaciones, ejercer el cargo sin discriminar, en cuanto a la forma y condiciones de la función parlamentaria; ser justos, cuidadosos, respetuosos y corteses en el trato con los ciudadanos y los demás diputados.
Creo que el código de ética y conducta debe ser muy preciso, relacionado con hechos claros, nítidos y objetivos. Debe estar integrado al Reglamento. No puede haber una especie de tribunal entre pares. Le tengo susto a la censura, a la inquisición, a una especie de control moralista sobre acciones no determinadas claramente. Podría resultar peor el remedio que la enfermedad.
Se prohíbe aceptar pagos u honorarios por un curso, conferencia o actividad similar. Perfecto, pero, ¿cómo se controla eso? Es una norma de conducta personal. En caso de denuncia, ¿cómo se hace?, ¿quién la acoge?
Debemos tener un código de conductas muy claro y objetivo, para que no dé pábulo ni a la censura política ni de otra naturaleza, porque existen distintas miradas sobre las cosas. Por ejemplo, parte del artículo 5º establece -y sé que la discusión no es en particular, pero quiero citarla-: “Para ello, se propenderá a los valores de la seguridad jurídica, la justicia, la solidaridad, la paz, la libertad y la democracia,...”. ¿Está claramente definido esto?
La institución de este código debe constituir un aporte y no una especie -reitero- de inquisición o de censura.
Sé que algunos colegas -y lo respeto- tienen una concepción de la democracia absolutamente distinta de la mía.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Cuáles.
La señora SAA .-
Muchos colegas, señor diputado .
¿Cómo se va a juzgar sus conductas?
¿Se dará publicidad a los incumplimientos y sanciones, para que sirvan de algo, y los electores no reelijan al diputado o diputada que haya contravenido las disposiciones?
La ciudadanía, la Cámara y la democracia merecen un trabajo muy profundo y claro, acorde con el Reglamento interno y también con sanciones que no signifiquen desconocer la soberanía popular, de la cual emana nuestro mandato y que nos ha de juzgar. Es de nuestra responsabilidad y un desafío de todos hacerlo en ese contexto.
He dicho.
La señora PROCHELLE (Vicepresidenta).-
Recuerdo a los señores parlamentarios que estamos en la discusión general del proyecto, el cual volverá a la Comisión. Hay plazo hasta el fin de mes para formular indicaciones. Por lo tanto, dentro de lo posible, es importante circunscribirse a las ideas generales.
Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada.
El señor FERRADA .-
Señora Presidenta , sólo para hacer una observación en esa línea.
Con mucho respeto y consideración por los colegas, aun cuando reconozco que es riquísimo el debate al que estamos asistiendo, les pido que recuerden que estamos precisamente en la discusión general y no en el análisis particular del articulado. En consecuencia, sería interesante oírlos respecto de las diez ideas matrices que dan vida al proyecto.
He dicho.
La señora PROCHELLE (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señora Presidenta , para los efectos de usar de la palabra, ¿cuál es el acuerdo sobre la tramitación del proyecto? ¿Continuará en la próxima sesión o se vota hoy?
La señora PROCHELLE (Vicepresidenta).-
Volverá a Comisión, señor diputado .
El señor LONGUEIRA .-
¿Se vota hoy?
La señora PROCHELLE (Vicepresidenta).-
Hoy se vota la idea de legislar.
El señor LONGUEIRA .-
Perfecto.
La señora PROCHELLE (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señora Presidenta , trato de imaginar qué tipo de institución sería regida por el proyecto en discusión. ¿Qué ambiente primaría en ella? Debo confesar que me resulta imposible imaginar una cámara de diputados de cualquier país. Más bien, me imagino un club de señores, que se pasean por salones alfombrados, con pelucas blancas, y se hacen reverencias unos a otros al cruzarse en los pasillos; un club, no una cámara política.
Desde mi punto de vista, hay dos tipos de materias a las que uno puede atribuir alcances éticos, de dignidad, de imagen, en fin. Por una parte, cosas que realmente importan, que vale la pena fiscalizar y regular a través de normas. Su transgresión debe ser sancionada. Esto requiere una ley. Luego, todo un conjunto de aspectos que pueden sonar muy bien, ser muy valiosos, pero de menor importancia, de alcance diferente y que no vale la pena entregarlo a otra instancia. Por ejemplo, respecto de la transparencia en materia financiera, me parece muy razonable que cada diputado declare sus bienes y de dónde provienen sus ingresos; pero eso debe establecerse por ley.
Estoy dispuesto a someterme a ese verdadero escrutinio en la medida en que lo realice un tribunal de la República y no uno político, en la medida en que las normas, los criterios y las sanciones estén establecidos en una ley y no sujetos al juego de las mayorías.
En verdad, todo club sirve para cosas sociales, pero como juzgado es una pésima instancia.
En la propia Cámara -no quiero recordar momentos de divisiones muy profundas-, cuando ha sido cuestionada la honorabilidad de personas, lejos de haber un ánimo de investigar, de esclarecer, se ha constatado que ha prevalecido el de enterrar, de echar tierra, de tapar, y las consideraciones políticas han sido demasiado evidentes. Es cuestión de ver el resultado de intentos de investigación.
La cosa es bien simple. La entrega del cuestionamiento y del enjuiciamiento de la ética a las mayorías políticas involucradas en una contienda política, resultaría absolutamente imprudente, sobre todo -aunque se nos ha pedido que nos refiramos al proyecto en general- cuando el sistema de sanciones está absolutamente en el aire.
Una vez sorteada la comisión de conductas, sus integrantes tendrán que dictar el reglamento interno de funcionamiento.
Me dicen que será en la Sala. De todos modos, en particular, habría que corregir mucho.
Pero el cuestionamiento de fondo -insisto- es que las cosas que valen la pena debieran ser reguladas por ley y en ningún caso sometidas al juicio de las mayorías políticas.
Con toda franqueza, si mi honorabilidad, ética e imagen pública estuvieran sometidas al juicio de mayorías políticas, no asumiría el cargo, y punto.
Considero una tremenda irresponsabilidad suscribir un documento que contiene normas de moralidad, de ética, de decoro, pero que no resiste la dinámica del debate político.
¿Qué cosas vale la pena regular, si a alguien le preocupa esto? Por ejemplo, el Diputado señor Andrés Palma aludió a la regulación ética de la actividad de los parlamentarios en Estados Unidos. ¿A qué le dan capital importancia los parlamentarios de ese país? A evitar que los recursos que el Estado y la Cámara ponen a su disposición para que realicen sus labores de representación e información a la gente sean utilizados con fines electorales.
En materia de impresos o informativos que un parlamentario distribuye entre sus electores, para los cuales se utilizan recursos públicos -estampillas, papeles, prestación de servicios de funcionarios pagados por la Cámara para redactar esos impresos, etcétera-, el código de ética que rige para esas personas regula la cantidad de veces que aparece el nombre del parlamentario en el documento, el tamaño de las letras con que se ha escrito su nombre -a fin de resguardar que efectivamente sea un impreso informativo y no un panfleto de campaña- y el número de fotos que contiene el documento con el rostro del parlamentario. Allí hay una preocupación real por asegurar que los recursos entregados a los parlamentarios para que informen a sus electores no sean usados con fines electorales.
Sin embargo, aquí vivimos otra realidad y hemos escuchado propuestas muy francas tendientes a aumentar los recursos, a fin de utilizarlos para pagar secretarios, teléfonos y otra serie de gastos; en otras palabras, para que los diputados cuenten con más recursos para financiar sus campañas.
Entonces, la realidad en que nos desenvolvemos requiere serias revisiones y controles, que deben ser muy específicos, objetivos y meticulosos, de manera que realicemos efectivamente el trabajo por el que se nos paga y los recursos que se nos entregan se utilicen en forma correcta y no para fabricar una imagen artificial de decoro o de club que no se compadece con la realidad. Por lo demás, se trata de una imagen con la cual -lo digo francamente- no me sentiría cómodo.
En resumen, es indudable que en esta materia necesitamos avanzar mucho, y la pregunta es cómo lo vamos a hacer. A mi juicio, se ha elegido un camino equivocado. Existen conductas y criterios que vale la pena establecer como normas, cuya transgresión debe ser sancionada. Sin embargo, todo ello quisiera verlo en una ley y no entregado a mayorías políticas ocasionales que, lamentablemente -lo hemos visto en el pasado-, no siempre están dispuestas a actuar en justicia, sino más bien atendiendo a cálculos políticos del momento e interesados.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI .-
Señora Presidenta , al leer las ideas contenidas en este código de ética o de conducta parlamentaria queda claro que, en el fondo, son producto de los ataques reiterados que hemos recibido los miembros de la Cámara de Diputados y, en general, los integrantes del Congreso Nacional. Es decir, aquí existe el anhelo de elevar el prestigio de este Poder del Estado y, por ende, el de nuestra Corporación.
Desde ese punto de vista, es comprensible; pero debemos tener cuidado de no caer en exageraciones y considerar que, la mayoría de las veces, dichos ataques son poco objetivos y que detrás de ellos se esconde algún tipo de interés. A mi juicio, esos ataques recibidos desde el exterior, luego de tres años y medio de ejercicio parlamentario, son muy poco fundados; sin embargo, creo que, lamentablemente, algunos de nosotros hemos contribuido a que se produzcan.
Entonces, veo aquí que el interés fundamental radica en elevar el prestigio del Congreso Nacional y, en particular, de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la forma de regular de manera más eficiente nuestras conductas está establecida en nuestras leyes y en nuestra Constitución Política. Somos el órgano del Estado que está más expuesto a exámenes y a una prueba intensiva: cada cuatro años debemos someternos a una elección. ¿Y qué es lo importante? Que nuestros electores nos juzguen. Eso es lo esencial.
Pienso que, normalmente, la gente no se equivoca cuando elige a un parlamentario, porque cuando lo hace no sólo califica su accionar como tal, sino que toda su vida, incluso, sus conductas privadas. Nosotros somos objeto de un examen más exhaustivo que cualquier otro órgano del Estado, porque -repito- permanentemente estamos sometidos al juicio de nuestros electores. Desde ese punto de vista, se debe tener cuidado y no exagerar en la dictación de un código de conductas que contenga detalles que no son esenciales. Lo primordial -nos permitiría decir que actuamos correctamente- es que en toda nuestra acción representemos los intereses de la gente y jamás los personales o de determinados grupos.
Ahora, la cuestión es cómo lograr que la gente capte bien que estamos representando sus intereses. Ahí tenemos una tarea distinta: la información sobre nuestras acciones durante todo el período legislativo. ¿Información a quién? A nuestros electores; pero una información que incluya no sólo la actuación de cada uno de nosotros como diputados, sino también una información cívica sobre lo que debemos hacer, cuál es el sentido de nuestro cargo, con el objeto de que nuestros electores vayan juzgándonos cada vez en forma más objetiva.
Así, estaremos sometidos, cada cuatro años, a un examen mucho más objetivo y riguroso. Se nos juzgará por lo que debemos ser como legisladores y, en la medida en que la Cámara otorgue todo tipo de información sobre qué hacemos, sobre qué proyectos presentamos, sobre nuestra asistencia, sobre las remuneraciones que recibimos -un aspecto muy importante- y el sentido que tienen las asignaciones adicionales para pagar a los secretarios, nuestro electorado estará plenamente informado de nuestra actividad, el juicio que recibiremos será mucho más certero y, en definitiva, nuestra conducta será mucho más rigurosa y analizada de acuerdo con lo que debemos ser. Desde ese punto de vista, considero que entrar en detalles exhaustivos sobre lo que se debe y no se debe hacer no es lo esencial en un código como éste, puesto que ello no mejorará el prestigio del Parlamento.
Por lo tanto, ésta es una muy buena intención, pero -reitero- lo fundamental es que debemos ajustarnos a lo que tenemos que ser, a representar los intereses de la gente, y lo importante es informar a la gente en forma adecuada sobre ello, a fin de que nos juzgue cada cuatro años como corresponda.
Si bien es cierto que podemos aceptar este código de conductas porque, en el fondo, apunta a elevar el prestigio de la Cámara, debemos tener mucho cuidado en no hacerlo muy particular. Debe ser -diría que está descrito así- lo más general posible, porque lo fundamental es el juicio de la gente y que, en definitiva, actuemos conforme a sus intereses y nunca en función de intereses particulares.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Dupré.
El señor DUPRÉ .-
Señora Presidenta , concuerdo con muchas de las críticas que se han entregado respecto de esta buena intención
Creo que estamos frente a una situación que será inconducente, puesto que el actual Reglamento de la Cámara contiene algunas normas de conducta que pueden ser sancionadas por la Corporación respecto del trato, situaciones que pueden ser conflictivas entre los parlamentarios y acciones o actitudes reñidas con las normas jurídicas que pudieran afectar a algún diputado. En general, dichas normas no se aplican en la práctica.
Así, hemos podido constatar que algunos diputados que son partidarios de este tipo de proyectos, se refieren a otros colegas en términos descomedidos, atacándolos cuando no están presentes. De manera que no se trata de dictar normas, porque ellas están vigentes, sino de conductas, a veces de ética, de comportamiento, de acción, de relación, que debemos tener entre nosotros por voluntad propia.
Además, algunas disposiciones del proyecto son inconvenientes, presentan una serie de contradicciones, y quiero referirme a algunas de ellas. Desde luego, soy contrario a la idea de legislar sobre esta materia. Lo lógico sería ampliar lo establecido en el Reglamento; sobre todo, que existiera la voluntad efectiva y real de cumplir con estas normas de conducta, de incompatibilidades que pudiéramos establecer, como aquí se ha señalado, por ejemplo, respecto de intereses económicos o de otro tipo.
En ese sentido, si hubiese voluntad de legislar, la Cámara debería defender su prestigio sobre la base de que los parlamentarios no actúen en contra de la institución como tal -como muchas veces lo hemos podido apreciar- o que tengan conductas tendientes a salvar sus intereses económicos o a lograr un enriquecimiento ilícito, a beneficiar a sus parientes más directos, a recibir beneficios en contratos o a utilizar en mala forma los recursos públicos. Me parece lógico y es lo que, en gran medida, ha llevado a plantear esta iniciativa. Pero, como dije, es posible ampliar algunas de las situaciones indicadas en el actual Reglamento.
En lo particular, hay cosas que, como indiqué, me parecen inconvenientes. Por ejemplo, respecto del artículo 8º, ¿cómo se impedirá la aceptación de pago de honorarios por un curso, conferencia o una actividad similar? Un parlamentario -a mí me ha ocurrido- puede ser invitado, en calidad de tal a dictar una charla o dar una clase en una universidad, por ejemplo, norteamericana o europea, que, habitualmente, usan el sistema de pagar los honorarios correspondientes. La letra i) prohíbe solicitar, de gobiernos extranjeros o de empresas privadas, colaboraciones especiales para viajes, becas, hospitalidades, aportes en dinero, etcétera. El Departamento de Estado norteamericano paga viáticos en forma directa a todos los parlamentarios que invita. Como nuestra norma es que, si hay invitación, no se entregan los honorarios correspondientes a través de la Cámara, los parlamentarios no podríamos aceptar una invitación de esa naturaleza, en circunstancias de que es algo usual y no sólo lícito, sino importante para el Parlamento.
¿Cómo va a viajar un parlamentario, si el día de mañana debe ir a una comisión oficial en el Parlamento europeo y éste le ofrece pagarle el hotel? Un parlamentario no podría aceptar eso, de acuerdo con lo que aquí se pretende. ¿Qué pasa si un parlamentario es invitado a una de las recepciones oficiales por el Presidente de la República y, por esa vía, se le entregan los honorarios correspondientes para sus viáticos? Son cosas que, en realidad, creo que no se han pensado adecuadamente. Lo de “aceptar regalos directamente por medio de terceros”. Por ejemplo, aquí ya se ha dicho que una bandeja que se regale a un parlamentario va a ser presumida como un beneficio que se da en razón del cargo desempeñado, y es obvio que es así: por eso se le entrega la bandeja, por el hecho de que hay un reconocimiento de personas, de un organismo o institución, por su buen desempeño o alguna acción que haya realizado.
“Utilizar recursos públicos para la compra de obsequios”. ¿Qué significa eso?
Resulta que recibimos una remuneración, que es de recursos públicos. Y cuando, por ejemplo, compramos una pelota de fútbol para entregársela a un club deportivo, ¿con cargo a qué lo hacemos? Con cargo al dinero que recibimos, que son recursos públicos. Es una cuestión absolutamente absurda. O sea, se llega a un límite en que no puede llevarse a cabo el cumplimiento de normas como las que aquí se están planteando.
Finalmente, quiero indicar -estando en desacuerdo con la idea de legislar sobre esta materia- que si se llegara a aprobar esto la Sala no debería elegir entre sus miembros en votación directa y secreta una representación de cinco diputados, porque queda en el aire, sin relación alguna, con la representación de los partidos políticos, porque será un grupo absolutamente politizado que, en un momento determinado, puede iniciar la persecución a determinados parlamentarios por efectos de mayorías o minorías.
Si se llegara a aprobar, se debe establecer un sistema distinto de sorteo en un número mayor de 15 para luego elegir en votación secreta, como aquí se señala. Pero, a mi juicio, establecer una comisión que va a indicar cuál es la conducta reñida o no, ética o no, de un parlamentario en función de las cosas que aquí se han señalado -muchas de las cuales me parecen absurdas- puede llegar a politizar esta situación al punto de crear conflictos absolutamente inevitables.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señora Presidenta , quiero partir por reconocer los buenos propósitos y el espíritu que ha animado a quienes han gastado esfuerzo y aportado ciertas proposiciones para buscar normas que, de alguna manera, expresen lo que se entiende debe ser la conducta de un buen parlamentario.
Comparto mucho de lo que aquí se ha dicho, pero veamos primero cuál es el propósito de esta normativa.
Todo indica que recoge el esfuerzo que hemos estado haciendo como Corporación -diría desde poco andar de la reconstrucción del proceso de la democracia del país- tendiente a restituir una imagen deteriorada del Parlamento, que todo el mundo percibe, y de la función que llevamos a cabo quienes lo componemos, problema que no es exclusivo de nuestro país, donde no cabe duda de que los parlamentarios algo tenemos que ver, pero no sabemos si éste es el mejor camino, como lo ha dicho el Diputado señor Ceroni .
Entiendo que detrás de esta evaluación del quehacer político en general, y de la labor parlamentaria en particular, se encierra un conjunto de problemas, fenómenos y hechos que, tal vez, habría que desentrañar.
Algo hicimos en el encuentro de Algarrobo. Allí tuve la oportunidad de escuchar la opinión de gente muy distinta, con tareas de alta responsabilidad social, como editores de medios de comunicación, comunicadores y otros, luego de lo cual quedó de relieve que existe una problemática que deberíamos desentrañar o hacer un esfuerzo mayor por sistematizar y, tal vez, buscar o precisar su verdadera causa. Pero entiendo que lo que busca la normativa es despejar el problema asociado a la conducta de los parlamentarios, pero no sé si está allí la motivación de la pérdida de prestigio y de la falta de reconocimiento social de la labor que llevamos a cabo.
Por lo tanto, si se quiere seguir ahondando en esta materia, creo que más que un código de conducta, se requiere de otras medidas, que ya hemos emprendido, como lo hicimos en el encuentro de Algarrobo: dar publicidad y transparencia a la labor parlamentaria. En la Mesa en que tuve el honor de formar parte adoptamos algunas de dichas iniciativas.
No obstante, si se quiere avanzar en el objetivo fundamental de restituir el prestigio de la labor parlamentaria, muy asociado con el problema de la falta de reconocimiento social del quehacer político, debemos hacer un esfuerzo más sostenido, profundo y sistematizado.
Por lo tanto, no creo que esta normativa responda al objetivo al cual apunta, que encierra factores y causales de diversa naturaleza, las que -reitero- deberíamos seguir sistematizando en la misma comisión si queremos tipificar un conjunto de causales, algunas de las cuales dependen de nosotros y otras están fuera de nuestro control.
Conozco el quehacer de todos los diputados y diputadas -podría decir lo mismo respecto de los senadores, pero no tengo una percepción tan íntima de ellos-, y observo que todos trabajamos y nos esforzamos, a veces, en un quehacer frenético y esquizofrénico. Pero frente a lo que hacemos en la Cámara, mientras más alejado está el distrito o hay menor acceso a los medios de comunicación, aparecen dos realidades muy divorciadas: lo que el diputado hace en la Cámara y lo que hace en su distrito. A muchos no les importa, no les interesa o no están en condiciones de informarse de lo que hacemos aquí; a su vez, el trabajo que hacemos en el distrito, aquí no se recoge sino a través del enriquecimiento que el parlamentario recibe a través de su información. Pero cuando una actividad tan intensa del hombre o mujer que la despliega, que no conoce descanso -debe haber excepciones, no las conozco, pero no niego que como en toda comunidad humana haya quienes no cumplan su función en los mismos términos que la mayoría de quienes conforman esta Corporación-, no es percibida por la comunidad es porque tenemos problemas en cuanto a cómo damos a conocer este quehacer, en cuanto a cómo la gente puede percibir que hacemos una labor importante, esforzada y que se realiza sin desmayo ni concesiones, como cada uno cree que debe abordarla.
Creo que ahí tenemos un serio problema porque, repito, si desempeñamos esta actividad tan absorbente y sacrificada y no se percibe por la comunidad es porque en algo estamos fallando.
¿Cuál es el espíritu que anima esto? Comparto el buen propósito de la Comisión, pero cuando se reúnen los antecedentes que ella nos entrega se observa que hay distintas formas de abordar la problemática.
En mi caso, parto de una noción tal vez un poco distinta, muy personal, en el sentido de que más que imponer normas de buena conducta en una sociedad organizada sobre la libertad de los seres humanos, lo que se debe sancionar son los excesos a los límites de la libertad. Cada persona, hombre o mujer, sabe cómo abordar su actividad y su quehacer en la vida personal, familiar y en su función pública. No sé si podrá tener vigencia efectiva un código que pretenda normar o -como aquí se ha dicho- encorsetar ese quehacer en un conjunto de principios -que comparto, porque son válidos-, de buen comportamiento, de sentido común, de elemental cortesía y de convivencia civilizada entre seres humanos. Al contrario, creo que se deben poner límites a quienes ejercemos en las dimensiones de nuestra vida una función o actividad donde tenemos la posibilidad de actuar de acuerdo con nuestra visión del mundo y de nuestros valores. Entonces, soy más partidario de que en vez de imponer normas de buena conducta, se sancionen los hechos infractores o se coloquen límites a esa libertad de actuar de cada uno.
Creo que algunas de estas disposiciones son buenas y, tal vez, caerían dentro de un conjunto de normas de comportamiento general, necesarias, deseables, pero no darían lugar a un imperio jurídico. Otras son de gran importancia, pero no sé si corresponde incluirlas en este Código y no en otra normativa. Por ejemplo, las relativas a conflicto de intereses, aprovechamiento de información privilegiada y uso de la función parlamentaria para promover negocios personales deberían estar tipificadas en la legislación común o en el Reglamento. Si sólo quedan establecidos en este código de conducta, se corre el riesgo de que sea demasiado poco para la gravedad de los hechos que se revelan en el mismo informe. Creo que ello requiere una sanción más drástica, clara y perentoria, lo que se puede lograr como resultado de esta Comisión: que se propongan modificaciones, sea en materia de probidad pública o de legislación, en la cual hay algunos proyectos y que vayan allí; y otras, al Reglamento de la Corporación, pero no necesariamente a un código de conducta, frente al cual este tipo de hechos como los propuestos, me parecen demasiado graves y deben ser sancionados.
Por ejemplo, recibir dádivas para provecho personal. No se explicita -tal vez está ímplícito- pero, ¿es legítimo recibir dádivas de empresas -supongo que no de gobiernos extranjeros- para financiar campañas electorales? Es un tema delicado. No sé si está implícito en la propuesta que se nos hace, pero creo que habría que explicitarlo. Si así fuere, y con los parámetros de legislaciones como la norteamericana en esta materia, también tendríamos que prever alguna normativa para el financiamiento público de la actividad política o de las campañas electorales. Porque -digámoslo francamente- ¿quién financiará las campañas? ¿De dónde saldrán los recursos? Es un tema de extraordinaria gravedad y seriedad, y no quiero ahondar en él, pero existe una gran interrogante respecto de cómo enfrentamos el financiamiento público de las campañas.
Sé que la materia es de poca acogida pública, pero la dejo planteada para el futuro.
Señora Presidenta , con su venia concedo una interrupción al Diputado señor Aníbal Pérez .
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señora Presidenta , reconozco que hay un esfuerzo y una moral cívica de parte de la Corporación al haber abordado el tema de la conducta ética parlamentaria, pero deseo saber si este código de ética se referirá sólo a conductas propias de los parlamentarios en su trabajo interno o a temas externos. Por ejemplo, el tema planteado por el Diputado señor Arancibia .
Hoy asistimos en el país a un intento de corrupción generalizada de nosotros y de todos los candidatos a parlamentarios. Digámoslo francamente, ¿quién está financiando las campañas de los candidatos a parlamentarios? Algunos lo hacen con recursos propios, pero el 90 por ciento recurre a algunos sectores empresariales. ¿Eso es ético o no lo es? ¿Cae dentro del tema en discusión? ¿Quién sancionará esas conductas poco éticas?
Ése es el punto de reflexión que quería hacer presente. No es un tema menor para el futuro de la actividad parlamentaria y creo que estamos frente a un hecho importante: ¿Cómo abordar el financiamiento de las campañas? ¿Seguiremos en el estado en que estamos hoy, pasando el platillo a algunos empresarios o nos preocuparemos para que haya transparencia en la actividad política y parlamentaria?
Gracias.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Recupera la palabra el Diputado señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señora Presidenta , el código propuesto también me ha llevado a reflexiones sobre cómo abordar ciertos hechos ocurridos en la Corporación.
¿Cómo asumir, por ejemplo, la denuncia que hizo el Diputado señor Longueira -me alegro de que se encuentre presente- a la justicia respecto del consumo de drogas en la Corporación? Él recurrió a la justicia, ejerciendo no sólo un derecho, sino un deber. Hasta ahora, después de más de un año, no se ha logrado establecer que algún parlamentario esté involucrado en el consumo o tráfico de drogas. Por supuesto, se descubrió un hecho grave: aquí había gente que consumía y traficaba en drogas.
Ahí empieza a ponerse el límite. ¿Lo vamos a sancionar porque ejerció un derecho o porque se excedió en ese derecho al insistir en su denuncia y persistir en sus acusaciones más allá de lo que la justicia criminal ha logrado arribar? Es un tema delicado que no resolveremos ahora, pero que lo veo recogido de una manera muy genérica en la propuesta en debate. No quiero decir que se le sancione, sino que se nos plantea un tema ético-jurídico de la mayor importancia. Aprovecharía de pedir al juez del crimen que lleva la investigación que, de una vez por todas, la cierre.
Hace dos o tres meses leí una entrevista a un jugador muy joven de un club deportivo -no voy a decir el apellido- que fue sorprendido consumiendo droga. ¿Cuál fue su justificación? “Pero si la droga se consume en todas partes, de partida en el Congreso”. Entonces, estamos frente a un tema de la mayor gravedad que no sé si podamos resolver por la vía de este código o de una reglamentación interna más clara y precisa.
Comparto sus enunciados en algunos casos, pero, en otros, son criticables. Aquí me adhiero a lo que decía el Diputado señor Andrés Palma .
Creo que debemos seguir reflexionando, primero, sobre la conveniencia de este código. A mi juicio, no es necesario, pero sí normas que sancionen conductas indebidas o de exceso de libertad, incorporadas en la legislación común o en el Reglamento interno.
Respecto de la instancia que juzgará estos hechos, es muy delicado dejar a una Cámara que ha sido y seguirá siendo política -espero que así sea-, e incluso a la Sala, la facultad de decidir sobre las conductas de sus componentes.
Habría que buscar -ésa es la ventaja de la legislación común- la forma de llevar a rango legal normas reglamentarias muy explícitas y que exista la instancia externa a la Corporación que juzgue hechos como el tráfico de influencias, uso de información privilegiada, etcétera, que están contenidos en esta proposición, pero que son muy graves para quedar en un código de buena conducta.
Por lo menos, reconozco el esfuerzo de la Comisión. Creo que hay buen ánimo y proposiciones, pero no sé si deben traducirse en un código de conducta o en modificaciones de otras normativas que exceden dicha propuesta.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señora Presidenta , tal vez una de las cosas más complejas es velar por el prestigio de instituciones colegiadas, como la Corporación a la que pertenecemos.
Es imposible estructurar un conjunto de normas que velen por su prestigio, porque la forma de actuar, la actitud testimonial que cada uno de sus miembros trasmite a la ciudadanía es lo que finalmente da una imagen corporativa.
Los que llevamos dos períodos hemos sido testigos de varios hechos en que cada uno actúa en forma distinta para enfrentar las situaciones de desprestigio o de falta a las conductas parlamentarias.
He tenido dos experiencias personales en esta Corporación. La primera, por la denuncia de Francisco Javier Cuadra acerca de consumo de drogas entre los parlamentarios, frente a lo cual sentí la misma indignación que el resto de los diputados. Al respecto, hay que tener presente que para quienes hemos asumido la política con mucho sacrificio, es cansador y agotador el permanente y generalizado desprestigio de los parlamentarios.
En esa oportunidad, al igual como lo hicieron todos en los primeros momentos de conocerse la denuncia, me sumé a los requerimientos; pero, al darme cuenta de que la opinión pública le había creído, ingenuamente redacté un proyecto de acuerdo que, esperaba, fuera un acto de transparencia de la Cámara, en el que sugería firmar ante notario, renunciar a los privilegios del fuero parlamentario; en fin, todos conocen la historia. De alguna forma, quería que la Corporación a la cual pertenezco me diera la oportunidad de decir que nunca he sido consumidor de drogas. Estimé que la prestigiaría si todos compartíamos un proyecto de esa naturaleza, que habríamos salido fortalecidos, pero una mayoría estimó lo contrario y no quiso aprobarlo.
Es muy difícil que todos tengamos puntos de vista común acerca de cómo enfrentar las conductas parlamentarias. Por de pronto, no estoy dispuesto a jurar, como lo establece un artículo del Código que se nos propone, ante la Comisión que me evaluará éticamente. Que quede claro que jamás estaré dispuesto a someterme a una comisión de ética, aunque la mayoría de los miembros de la Cámara imponga esa obligación. No lo haré, precisamente, porque ejercemos un cargo público y cada cuatro años nos sometemos a la voluntad de la soberanía popular, lo que me parece más que suficiente. Cada uno debe responder por sus conductas y actuaciones. Todos estamos en campaña electoral y experimentamos lo que significa estar en un cargo público de esta naturaleza y ser objeto de la evaluación popular cada cuatro años. Por lo tanto, jamás aceptaré una instancia como la propuesta.
Por ejemplo, en mis ocho años de parlamentario nunca he aceptado una invitación para viajar. Me he impuesto una conducta que no tengo por qué imponérsela al resto. No quiero viajar con recursos del Estado, porque estimo que no es útil hacerlo. Pero, no tengo por qué exigir lo mismo al resto de los diputados o hacer de ello una norma aplicable a todos. Creo que esos viajes han causado mucho desprestigio, pero realizarlos es decisión de cada uno.
Éste es un tema complejo. Le tengo pánico a una instancia de esta naturaleza, porque nos estaremos amenazando permanentemente con la comisión de ética. En definitiva, se dará la impresión de que todo se transa y se llega a acuerdos. Me parece que eso nos desprestigia más.
Las expresiones del Diputado señor Andrés Palma me interpretaron fielmente. En general, es muy difícil que todos tengamos puntos de vista comunes acerca de los deberes y las conductas de los parlamentarios, y muchas veces nos ponemos celosos. Si se lee el conjunto de normas, me atrevería a decir que todos caemos en algunas de sus letras con bastante frecuencia. Por ejemplo, de repente nos llegan regalos, como libros de empresas o de instituciones. ¿Eso va a ser sancionado o no?
Por otra parte, la forma de integrar la comisión es de una ingenuidad infinita. Ésta es una Cámara política. Entonces, no se puede sostener que habrá una votación secreta, desligada la estructuración partidista de la Corporación.
¿Qué pasa si la mayoría elige a los cinco miembros de la Comisión y éstos hacen uso y abuso de sus atribuciones? A mi juicio, instancias de esta naturaleza contribuirán aún más al desprestigio de la Cámara, porque permanentemente estaremos enviando parlamentarios a ellas.
Es muy importante avanzar en un proyecto de esta naturaleza, que fije una serie de deberes y conductas, pero no soy partidario de que exista una instancia en que mis pares tengan atribuciones para evaluar éticamente mi conducta. Me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los parlamentarios no está dispuesto a someterse nunca a esa evaluación. En el fondo, esto contribuirá a desprestigiar y empañar aún más la imagen de la Corporación.
Me indigna ver a parlamentarios en entrevistas diciendo que podemos conducir a 180 kilómetros por hora, porque tenemos no sé qué. Ello, independiente de que, tal vez, todos sobrepasamos el límite permitido, y debemos reconocerlo; pero, por lo menos, yo hago un esfuerzo por evitarlo.
No estoy dispuesto a decir que tenemos privilegios que el resto de los chilenos no tiene, y me gustaría no tenerlos, sino ser un ciudadano común y corriente que ejerce el cargo de parlamentario.
Hay quienes sienten que los cargos tienen una dignidad, lo que es distinto de preocuparse de la dignidad del cargo, pues todos conocemos nuestra responsabilidad pública, pero tenemos aproximaciones muy distintas respecto de cómo ejercerlo. Para eso se nos evalúa cada cuatro años.
Creo que no vamos a llegar nunca a un acuerdo común en las conductas parlamentarias. ¡Jamás!
Reconozco muy complicado y complejo elaborar un plan para ver cómo se prestigia una Corporación integrada por 120 parlamentarios con posiciones políticas distintas. Este solo hecho implica una dificultad, porque muchas veces la discusión, la polémica, la agresividad en nuestras expresiones tampoco contribuyen al prestigio de la Corporación.
He llegado a la íntima convicción de que es muy difícil mejorar la imagen colectiva autoimponiendo estos códigos e instancias. Pienso que será mucho peor y le causará daño a la Corporación.
No estoy dispuesto, de ninguna manera, a apoyar con mi voto un proyecto que crea una comisión que tendrá una tutela ética sobre mi conducta. Considero un error hacerlo.
Tal como lo señaló el Diputado señor Paya , si queremos llevar a rango legal ciertas conductas, serán los tribunales los que determinen si uno incurrió en un delito o falta, conforme a las normas que aprobemos.
El hecho de poder someternos a una instancia como la comisión de ética, significará una amenaza permanente a los parlamentarios. Por ejemplo, la Diputada señora Wörner estimó que la intervención del Diputado señor Ortiz en el día de ayer fue una falta a la ética. Bueno, cada uno tendrá opiniones distintas sobre las actuaciones de los demás. Es imposible lograr un criterio común. Somos parte de una institución y nos aproximamos en forma distinta a prestigiarla. A mi juicio, la única forma de hacerlo es que la conducta individual de los parlamentarios sea lo más correcta y que todos nos autoimpongamos disciplina y accionar coherentes con el cargo público que desempeñamos. Me imagino que todos nos inspiramos en eso.
Hay gente, de distintas bancadas, respecto de la cual tengo la mejor opinión. Me he formado una opinión personal de muchos parlamentarios, y generalmente tengo afinidad con ellos, precisamente por sus conductas personales. Es mucho más atractivo sentir esa proximidad con las personas por lo humano y por sus actuaciones. Es muy importante la palabra de un colega. Conozco a los parlamentarios con los que puedo llegar a un acuerdo de palabra, porque sé que será cumplida, como también tengo claro que con otros no lo puedo hacer. Cada uno tiene su opinión y su forma de actuar.
Finalmente, cada cuatro años nos sometemos a algo mucho más riguroso que una comisión de ética, con carácter y formación política, ya que lo único que ésta generará serán polémicas atroces y descalificaciones interminables, en las que se sacarán todos los trapitos al sol, porque nadie estará dispuesto a someterse a una instancia de esa naturaleza, pues habrá intereses políticos involucrados en las sanciones o evaluaciones que se hagan de un parlamentario.
Es un error monumental que la Corporación se embarque en la creación de una comisión de esta naturaleza, sin perjuicio de que se establezcan conductas, deberes y prohibiciones que todos compartamos y que, de alguna forma, estimemos que contribuyen al prestigio de la Corporación.
Ya lo señaló el Diputado señor Arancibia . Cuando tuve conocimiento del tráfico de drogas en el Congreso, estimé que debía llevar el caso a tribunales, y eso, aunque tengo la impresión de que ni los tribunales funcionan bien en el país y todos los hemos criticado por la forma en que actúan; entonces, ¿cómo podría proceder una comisión de ética constituida por motivaciones políticas?
¿Qué garantía de seriedad y de justicia puede dar? Perdónenme, ninguna. Será una fuente permanente de desprestigio a la Corporación.
Lo que deberíamos hacer siempre es una autocrítica, para preocuparnos de la forma de prestigiar a una institución como ésta.
Muchas veces se dice que los parlamentarios no trabajan, que no sacamos las leyes a tiempo; pero el responsable por la no tramitación oportuna de los proyectos es el Gobierno, ya que él está facultado para fijar las urgencias y son las autoridades de Gobierno las que han dicho que la demora es culpa del Congreso, como ocurrió ayer con el proyecto de Gendarmería, en que nosotros resultamos responsables ante la gente de que un proyecto demore ocho meses en ser tramitado.
A lo mejor, deberíamos desarrollar un trabajo de difusión para aclarar toda esta fuente de desprestigio, lo que finalmente contribuiría a mejorar la imagen de la Corporación; pero, estimo un error autoimponerse y autocensurarse en las conductas individuales, por creer que la sumatoria de ellas prestigiará a la Corporación. No es fácil mejorar la imagen corporativa, mientras existan 120 parlamentarios con diversas formas de aproximarse a los distintos temas y cada uno sienta que su prestigio o conducta son correctos.
Ya señalé que tuve una vivencia personal atroz cuando presenté ese proyecto de acuerdo: fui amenazado de que quería destruir el Congreso y las declaraciones que se hicieron por las motivaciones que me llevaron a presentar la iniciativa fueron increíbles. Sin embargo, para mí era algo natural, pues quería que la Corporación a la que pertenezco me diera la oportunidad de decir a mis electores, a mis familiares y a todo el mundo: “No temamos. Actuemos con transparencia.” Cuando las corporaciones actúan con transparencia frente a la comunidad, siempre se prestigian, siempre. En eso hemos fallado.
Señor Presidente , permítame insistir en que este proyecto desprestigiará aún más esta Corporación, porque no creo en una instancia de esa naturaleza, debido a que las diferencias políticas, muchas veces, nos llevan al apasionamiento, lo que nos conducirá reiteradamente a que algunos parlamentarios piensen que uno está incurriendo en alguna de las faltas señaladas en el código, por lo que la comisión se abocará en forma permanente al desprestigio de la Corporación.
Por lo tanto, es muy importante que en el segundo trámite se revisen las normas del proyecto, porque mientras el texto establezca una comisión de ética como la planteada, votaré en contra de esa idea matriz, porque es muy importante y no lo comparto, sin perjuicio de que concuerdo con otras de sus disposiciones.
Reitero, es de la esencia de este proyecto la Comisión establecida en su artículo 9º, con la que no estoy de acuerdo, por lo que voy a rechazar la idea de legislar.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señores diputados, me permito hacer la siguiente clarificación en nombre de la Mesa:
Cuando conversamos con el presidente de la Comisión y diputado informante , vimos que el proyecto, en lo grueso, contiene dos ideas matrices: primero, la que establece un código de conductas parlamentarias o de ética, como se ha dicho en términos más simples, y segundo, la que crea una comisión de ética. En el análisis de la Comisión se vio que eran dos ideas, dos principios distintos, que algunos los entendían como copulativos, en cuanto a que tiene que haber un código y una Comisión, y otros que consideran que no es necesariamente así.
Por lo tanto, cuando corresponda, voy a proponer que votemos las dos ideas en forma separada, con el objeto de que el texto que vuelva a la Comisión sea un cierto mandato orientador de cómo acoge las indicaciones que ya se han presentado, en el caso de que haya aprobación en general, y las que se puedan formular en el plazo que se había dado.
Recuerdo a los colegas que lo que acordamos es que, en el caso de ser aprobado en general lo que corresponda, habría un plazo hasta fin de mes para que los diputados puedan presentar indicaciones, sin perjuicio del derecho de los miembros de la Comisión para plantearlas en el debate de la misma, en la idea de darnos todos los espacios prudentes al respecto.
Están inscritos los Diputados señores Valenzuela, Espina, Ulloa, quien habla, Moreira, Jocelyn-Holt, Urrutia (don Salvador), y Ferrada.
Como está terminando el tiempo del Orden del Día, sugiero que prorroguemos la sesión o suprimamos la hora de Incidentes, con el fin de dar a todos los diputados inscritos un máximo de cinco minutos para que hagan sus exposiciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Dupré para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor DUPRÉ .-
Señor Presidente , es muy importante ponerse de acuerdo previamente en el procedimiento, por lo que su Señoría ha planteado. Es absolutamente improcedente, desde el punto de vista reglamentario, votar dos ideas de legislar sobre un mismo proyecto.
Además, hay que considerar que la parte resolutiva del proyecto de acuerdo señala: “Constituir una Comisión Especial Redactora de un Código de Conductas Parlamentarias...”, etcétera. O sea, está absolutamente claro el objeto central del proyecto, la idea matriz.
Reitero, no procede que en un proyecto se voten dos ideas de legislar, porque eso requeriría dividir la iniciativa, lo que implicaría entregar a consideración de la Sala dos proyectos distintos. No podemos aprobar dos ideas de legislar sobre un mismo proyecto.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Primero, debemos decidir si extendemos el tiempo para tratar el tema.
Tiene la palabra el Diputado señor Espina, para formular una cuestión de Reglamento.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, deseo expresar dos cosas.
En primer lugar, la división de la idea de legislar echa por la borda la posibilidad de que quienes pueden ser partidarios de establecer una comisión de ética, no estén de acuerdo en la forma como se está generando dicha comisión. Creo que parte de la discusión en particular va a centrarse, precisamente, en el artículo que contiene este conjunto de normas, el que podría rechazarse en tal instancia. Ése es el momento en que la Cámara se va a pronunciar si quiere o no la comisión de ética, pero transformarlo en una idea matriz del proyecto, me parece absolutamente improcedente. En su oportunidad se verá si se aprueba o rechaza el artículo que propone la comisión de ética y su composición; pero no es parte de una idea matriz.
En segundo lugar, le ruego, señor Presidente , que en la eventualidad de que no se prorrogue el Orden del Día y en consideración a que se trata de un tema de esta importancia, no se vote el proyecto en la presente sesión, para continuar su discusión, porque, a mi juicio, estamos resolviendo una cuestión fundamental respecto de la manera en que debe abordarse el tema legislativo en este período y en el próximo. El hecho de que algunos parlamentarios no podamos hacer uso de la palabra para aclarar algunos puntos sobre situaciones ocurridas en el pasado, la forma como se han encarado y ciertas cosas que debemos poner arriba de la mesa, francamente impide que se produzca debate sobre un tema que -insisto- es fundamental para la Cámara de Diputados, sobre todo porque estamos hablando de la transparencia con que ejercemos nuestras funciones.
Por lo tanto, solicito que, en caso de que no se prorrogue el Orden del Día, no se vote el proyecto -por lo demás, así ha ocurrido con otras iniciativas-, y se incluya en la tabla de la próxima sesión.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , no tengo ningún problema en que se postergue el tratamiento del proyecto. Sí me interesa que fijemos una hora de votación, porque luego debemos tratar los proyectos de acuerdo. Además, a las 12.30 horas debemos integrarnos a la subcomisión Nº 1 de presupuestos.
Comparto el criterio de la Presidencia en cuanto a que en el proyecto subyacen dos ideas matrices o esenciales: el código de conductas parlamentarias, que se encuentra en los títulos señalados, y el artículo 9º, relativo a la constitución de la comisión de ética. Considero muy importante que la Comisión técnica reciba una señal de la Sala en cuanto a si existe o no la voluntad de constituirla. Para muchos, no es indiferente votar en general un proyecto que contemple esta comisión, por cuanto la idea matriz de la iniciativa pasa por la constitución de la misma, la cual debe velar por el cumplimiento del conjunto de normas establecidas en los títulos del proyecto. De manera que si existe una idea relevante del proyecto, ella, insisto, corresponde a la constitución de la comisión.
Por lo tanto, comparto el criterio de la Mesa, pero es importante fijar un criterio en esta materia. Cuando llegue el momento de votar la idea de legislar, cada uno seguirá su parecer, pero, reitero, lo esencial es la constitución de la comisión.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señores diputados, ha finalizado el Orden del Día.
Me parece que un procedimiento adecuado es continuar el tratamiento del proyecto el próximo miércoles y discutir en la reunión de los Comités que se efectuará el martes en la mañana el procedimiento de votación.
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , quiero recordarle que ayer, cuando nos disponíamos a votar, su Señoría solicitó la unanimidad de la Sala para continuar el tratamiento del proyecto en esta sesión, de modo que pudieran hacer uso de la palabra otros señores diputados y, luego, proceder a votar. Yo también quiero intervenir, pero entiendo que por la circunstancia de haberme inscrito en forma tardía, no podré hacerlo. Por lo tanto, en consideración a que el Orden del Día ha llegado a su fin, pido a su Señoría que se cumpla el acuerdo de votar ahora.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Existen varias peticiones, entre ellas la del Diputado señor Espina, quien ha planteado continuar la discusión general. Por lo tanto, procede que la Sala se pronuncie sobre el particular.
Tiene la palabra el Diputado señor Espina.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente , entiendo que para dar por finalizado el debate, el Reglamento estipula que debe haber diputados que hablen en contra del proyecto. No sé si ayer se tomó el acuerdo de votarlo hoy. Hablamos de transparencia en la discusión, de que haya un debate amplio en que se puedan expresar ideas. Sin embargo, nosotros mismos nos inhibimos para hablar a favor o en contra de algunos aspectos con el objeto de aclararlos. Considero que ello constituye una contradicción, por cuanto la transparencia implica señalar con claridad los hechos que puedan haber ocurrido en la Cámara de Diputados y que han motivado debatir este tema. Me parece que lo correcto y lo lógico es que en una discusión general de esta naturaleza, donde no hay plazos, urgencias, ni nada, se permita que el debate continúe la próxima semana. No veo cuál es el problema, el apuro, el temor, ni sé quiénes están pidiendo urgencia para su despacho, porque una vez que pase a la Comisión, se tratará en particular y ahí habrá una discusión de otra naturaleza y no sobre las ideas matrices del proyecto.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señores diputados, desde el punto de vista reglamentario hubo un acuerdo para que el proyecto se votara y despachara hoy, al término del Orden del Día, pero ello no obsta para cumplir con la disposición reglamentaria que indica que tienen derecho a hablar todos los comités. Por lo tanto, después que el Comité del Partido Renovación Nacional haga uso de la palabra, votaremos. Eso procede reglamentariamente.
El señor VALENZUELA .-
Propongo que un señor diputado sostenga la posición contraria al proyecto. Yo la defenderé.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En la discusión general, eso no corresponde.
Tiene la palabra el Diputado señor Espina.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente , ¿por qué no somete primero a la voluntad de la Sala el hecho de que el debate pueda continuar la próxima sesión? Si se rechaza esa posición, entonces corresponderá que haga uso de la palabra el Comité que quiera.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
De acuerdo con el Reglamento, la Sala debe resolver sin debate la petición de continuar la discusión en la próxima sesión.
Tiene la palabra el Diputado señor Paya a fin de plantear un punto de Reglamento.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , hay un acuerdo unánime de los comités para no aplicar el Reglamento en cuanto a cómo y cuándo termina la discusión de este proyecto y se procede a votarlo. Si no existiera semejante acuerdo, entendería y compartiría el criterio expresado por el señor Secretario a través de su Señoría, pero -insisto- sobre este punto específico ayer tomamos un acuerdo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Entiendo que hay un acuerdo de Comités. Estamos buscando la minuta respectiva.
Ahora, si no hay voluntad unánime para los efectos de dejar pendiente la discusión, sólo nos queda averiguar si dicho acuerdo es el que entiende la Mesa que se produjo. En ese caso, simplemente se procedería a llamar a votar.
Mientras tanto, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero felicitar a los parlamentarios autores de la iniciativa -entiendo que ella fue promovida por el señor Luis Valentín Ferrada junto a diputados de distintos partidos políticos-, porque estoy absolutamente convencido de que, a raíz de este debate, la Cámara de Diputados tendrá la obligación de empezar a marcar con claridad el deslinde del ejercicio de los derechos entre el cargo parlamentario y el cumplimiento responsable de los deberes que implica.
No dejan de sorprenderme quienes se oponen a que exista una Comisión de Ética si consideramos, por ejemplo, que el anhelo del presidente del Colegio de Abogados , señor Sergio Urrejola , y de todos los colegios profesionales en el último tiempo, ha sido recuperar el control ético del ejercicio del cargo de quienes ejercen su profesión.
Pongo el caso del Colegio de Abogados porque, curiosamente, quienes están más cerca de que sean los propios tribunales los que juzguen a los abogados, son quienes están auxiliando en la administración de justicia.
Cuántas veces el Colegio Médico ha pedido que los propios pares -porque a veces son los más rigurosos- recuperen la posibilidad de enjuiciar, juzgar y emitir una opinión sobre la conducta moral y ética de quienes pertenecen a una institución, en ese caso gremial. En el nuestro se trata de una corporación política.
Para rechazar la Comisión de Ética, se ha argumentado que la voluntad popular nos juzga cada cuatro años. Sí, es así y nadie escabulle esa realidad. Por ejemplo, los abogados, cuando ejercen su profesión después de recibirse, luego de haber efectuado estudios universitarios con profesores capacitados que les enseñan ética, supuestamente no necesitarían nunca una comisión de ética, porque ya la tuvieron al recibir su título profesional. Por otra parte, juzgarán su conducta ética los fallos de los tribunales de justicia y, en último término, sus propios clientes, que los contratarán o no, dependiendo ello de la credibilidad que tengan en la defensa de una causa. Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogados reclama a gritos -en el buen sentido de la palabra; no es que grite físicamente- porque en la Comisión de Constitución tenemos paralizada, desde hace cuatro años, una iniciativa que crea una comisión de ética.
Se señala que la comisión de ética se va a politizar. Quiero decir al respecto que esta Corporación, en Incidentes como en la votación de proyectos de acuerdo, puede tomar dos tipos de acuerdos sin límites: uno de fiscalización y otro sobre temas de interés nacional. Puede juzgar perfectamente la actuación de algún parlamentario sin necesidad de contar con ninguna comisión de ética y sin siquiera darle derecho a defensa. De manera que el temor de que una decisión se politice o no es irrelevante, porque la mayoría política podría elaborar todas las semanas un proyecto de acuerdo o emitir alguna declaración en contra de algún parlamentario. Entiendo que eso no ha ocurrido en ocho años, o si ha sucedido, ha sido en forma excepcional.
El valor que le doy a la existencia de un código de ética es que entramos en un marco orientador en un campo en que resulta muy difícil el deslinde de lo que es correcto o incorrecto en el ejercicio del cargo de parlamentario.
¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como diputados? Cuando cometemos un delito, somos juzgados por los tribunales de justicia, que establecen nuestras responsabilidades civiles o penales.
Aprovecho de terminar con el invento de algunos señores parlamentarios, en el sentido de que el fuero parlamentario constituye un privilegio. Eso es falso y una ignorancia absoluta, puesto que dicho fuero no constituye ningún privilegio. Cualquier alumno que haya cursado el primer día de clases de derecho lo sabe. Consiste, única y exclusivamente, en que una corte y no un juez se pronuncia sobre si somete o no a proceso a un parlamentario. Repito que eso nunca ha sido un privilegio, sino, simplemente, establecer lo que en derecho procesal se denomina “distintos niveles” desde los cuales las personas son sometidas a juicio. En un accidente del tránsito, es un juzgado de policía local; cuando se trata de una persona investida de autoridad -se estima que desde el Presidente de la República , los generales, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera- es la Corte de Apelaciones, en conjunto, la que se pronuncia. Pero los parlamentarios no tienen ninguna prerrogativa especial y están obligados a declarar ante los tribunales de justicia. El juez fija el domicilio y deben concurrir.
Asimismo, es falso que el diputado tenga una especie de situación distinta de la de cualquier ciudadano cuando es denunciado por la comisión de cualquier delito. El problema es que tenemos un derecho que no está sujeto a ningún control jurisdiccional, cual es el de la inviolabilidad de emitir opiniones en la Sala, que es una materia distinta. Ahí es posible que se produzcan graves excesos, porque un parlamentario puede decir cuanta barbaridad se le ocurra que ofenda y afecte el honor u honra de las personas, y las víctimas quedan en la más absoluta indefensión. Ése sí que es un privilegio. Por lo tanto, me parece que lo correcto y adecuado es que, en la medida en que haya un código de ética y exista un organismo que pueda dar una opinión respecto de si ha existido abuso en la inviolabilidad, nos estaremos acercando y orientando adecuadamente a lo que es el ejercicio responsable de la función parlamentaria.
Ahora, ¿qué hechos me parecen positivos?
En primer lugar -espero que se efectúe el próximo período-, los parlamentarios deben hacer una declaración de sus bienes e intereses para actuar con absoluta transparencia en el ejercicio de sus cargos, que son públicos. ¡Poner sobre la mesa los recibos de los impuestos pagados y la declaración de bienes que figura en Impuestos Internos! Mucha gente habla y rasga investiduras en torno de la moral, pero a la hora de los “quiubos” me gustaría que pusieran sobre la mesa la declaración de sus bienes y los recibos de los impuestos que pagan al año, porque a quienes así procedemos todos los años y pagamos nuestra platita, nos gustaría que todos actuaran de la misma forma. Yo no tengo ningún problema; lo hago todos los años públicamente. Sé que muchos parlamentarios proceden de esa manera, pero hay otros que dicen: “Quiero que se haga el examen de la billetera, de esto y de lo otro.” ¡Hagámoslo, no de ahora en adelante, sino desde que salimos de la universidad, para que exista transparencia que se sepa de qué hemos vivido en los últimos 15 ó 20 años. Si la gente quiere realmente que haya austeridad, ¡hagámoslo!
Entonces, a mi juicio, es fundamental que aquí se inicie un debate sobre la transparencia del ejercicio de los cargos, respecto de quiénes financian a los candidatos y de dónde salen los recursos para las campañas, a fin de que empecemos a actuar frente al país con plena y total claridad en el ejercicio de nuestras funciones. Reitero: que la opinión pública y los medios de comunicación indaguen para que sepan cómo se financian las campañas y se realiza la labor parlamentaria.
No tengo conocimiento de ningún caso de corrupción de algún parlamentario en esta Cámara.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , le queda un minuto de su tiempo.
El señor ESPINA.-
Creo que aquí se está dando un paso enormemente importante en materia de transparencia.
Además, soy partidario de que exista la comisión de ética -en esto recojo algunas inquietudes-, pero no me parece que su constitución sea la más perfecta.
Como ha dicho el Diputado señor Ferrada , es absolutamente razonable que durante el debate se busque una forma distinta. Por lo demás, el informe de esa comisión será nada más que para la opinión pública, porque su fuerza obligatoria nace del ejercicio de las facultades de éticas de los colegios profesionales. De forma tal que no habrá ninguna diferencia entre lo que objetivamente puede hacer hoy la Cámara en un proyecto de acuerdo y lo que podría lograr objetivamente una comisión de ética.
Me parece un paso importantísimo hacia el futuro que este proyecto se perfeccione y existan un código de ética clarísimo y una comisión que pueda evaluar o analizar alguna duda o consulta de algún parlamentario y, eventualmente, hacer una recomendación sobre una conducta reñida o no con la ética parlamentaria. Habrá que buscar un mecanismo que garantice imparcialidad en ese sentido.
Por esas razones, felicito a los autores de la iniciativa. Me parece que es muy positiva y, por supuesto, perfeccionable; pero -insisto- es un paso muy importante en cuanto a la transparencia en el ejercicio del cargo parlamentario.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señores diputados, la versión oficial respecto del acuerdo de Comités expresa en la parte pertinente, “3. Escuchar el informe y discutir en general el Código de conductas parlamentarias, destinando un tiempo de 45 minutos. Se abrirá un plazo hasta fin de este mes para la presentación de indicaciones.”
Después, dice: “Solicito el acuerdo de la Sala para que dejemos la discusión del proyecto en el primer punto de la Tabla de mañana”.
En seguida, se consignan los acuerdos.
En la versión oficial de la sesión de ayer en la tarde se señala: “Señores diputados, aprovecho de dar cuenta a la Sala que la tabla del día de mañana, por acuerdo de Comités, queda estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, el informe de la Comisión de Conductas Parlamentarias”, luego los puntos segundo y tercero.
Por lo tanto, no hay acuerdo de despacharlo hoy.
El señor PAYA.-
Pido la palabra, sobre un punto de Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Por último, para referirse a cuestiones de Reglamento, tienen la palabra los Diputados señores Paya y Jocelyn-Holt.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , sin perjuicio del respeto que debemos tener por la versión oficial de la Corporación, el hecho me resulta absolutamente insólito, porque recuerdo que usted y yo estuvimos presentes en la reunión de Comités en que se resolvió lo que se iba a hacer hoy. Ambos entendimos lo mismo -lo dijo hace algunos momentos-, en el sentido de que había un acuerdo sobre la materia. Además, varios otros señores diputados no han objetado lo que sostengo ni recuerdan algo distinto.
Por lo tanto, me temo que en el futuro deberemos salir de las reuniones de Comités con una versión escrita, porque, en circunstancia de que todos recordamos lo mismo, en el momento de resolver, nos enteramos de que no es lo que se había acordado.
En consecuencia, en esta materia quedamos en el éter de la indefinición, lo cual no contribuye en absoluto al funcionamiento de la Cámara.
Si lo que usted acaba de informar constituye prueba, entonces no hay nada más que hacer. Sólo deseo manifestar mi perplejidad, malestar y desazón por esta situación, que contradice lo que recuerdo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , tal vez, ambos ligamos esta materia con el acuerdo anterior de los Comités de que hasta diciembre en las sesiones ordinarias las votaciones se efectuarán al término del Orden del Día. En todo caso, debemos atenernos a la versión oficial.
Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente , más allá de la perplejidad del Diputado señor Paya , entiendo que conviene discutir el proyecto de código de conductas parlamentarias de la forma más exhaustiva posible.
Asimismo, entiendo que la lista de inscritos se mantiene vigente para la sesión del próximo miércoles, en la cual usted sugirió que se continuara su tratamiento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Efectivamente, señor diputado . En todo caso, la tabla se define y perfecciona los días martes, en reunión de Comités.
Ha terminado el Orden del Día.
"