R E P U B L I C A D E C H I L ECAMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 335ª, ORDINARIASesión 11ª, en miércoles 18 de junio de 1997(Ordinaria, de 10.48 a 14.13 horas) Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg, y Rocha Manrique, don Jaime. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 6 II. Apertura de la sesión 8 III. Actas 8 IV. Cuenta Archivo de proyectos 8 V. Fácil despacho. Modificación de cuantías del Código de Procedimiento Civil. Primer trámite constitucional 11 VI. Orden del Día. Informe de la Comisión investigadora de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, Dipreca 13 VII. Proyectos de acuerdo. - Resguardo a derechos de comunidades indígenas afectadas por proyecto Ralco 37 - Adquisición de inmuebles de Ferrocarriles del Estado por el Ministerio de Bienes Nacionales 39 - Viabilidad de inclusión de preescolares en seguro escolar 40 VIII. Incidentes. - Anuncio de uso de energía nuclear en la producción de electricidad. Oficios 42 - Fallo de la Corte Suprema sobre prohibición de exhibición de película 43 - Conocimiento privilegiado de antecedentes legislativos 44 - Situación de comunidades indígenas por construcción de centrales hidroeléctricas 45 - Encuentro sobre educación superior 46 - Retiro de subvención educacional para escolares con trastornos del lenguaje. Oficios 48 - Antecedentes sobre otorgamiento de pensiones asistenciales de vejez y de invalidez. Oficios 48 - Construcción de doble calzada en la ruta entre Alto Hospicio e Iquique. Oficio 49 - Réplica a intervención del diputado Rodolfo Seguel 50 - Control de policía internacional en aeropuertos de Arica e Iquique. Oficios 50 - Actuaciones policiales y periodísticos en el caso de ex Colonia Dignidad 51 - Precisiones sobre informe Dipreca 51 - Fomento de la apicultura. Oficio 52 IX. Otros Documentos de la Cuenta. 1. Comunicación:-Del Diputado señor Jürgensen quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 22 de junio en curso. 2. Oficio:-De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano por el cual propone el archivo de los proyectos, iniciados en mociones, que a continuación se indican, por tener dos o más años de antigüedad:a) Evita expansión urbana y favorece su revitalización (boletín Nº 586-14);b) Regula el cobro de los certificados de subsidios habitacionales y la devolución de las boletas de garantía (boletín Nº 773-14);c) Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, con la finalidad de establecer, en las viviendas económicas acogidas a la ley sobre Propiedad Horizontal, espacios públicos para instalar luminarias (boletín Nº 800-14). En este caso se hace presente, además, que en el Senado se encuentra un proyecto que regula la misma materia;d) Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de establecer la obligatoriedad del teléfono público y su categoría de servicio básico (boletín Nº 829-14);e) Facilita la inversión de fondos en loteos irregulares formados por pobladores (boletín Nº 996-14); f) Modifica la ley Nº 6.071, sobre ventas de pisos y departamentos, para facilitar la administración de los grandes conjuntos habitacionales (boletín Nº 1074-14). Se hace presente que existe en el Senado un proyecto que regula la misma materia;g) Dicta normas que facilitan la operación de los sistemas de financiamiento habitacional (boletín Nº 1392-14). Esta materia se encuentra regulada por la ley Nº 19.439, de 31 de enero de 1996, y h) Postulaciones a viviendas destinadas a la atención de situaciones de marginalidad habitacional (boletín Nº 1485-14).Contraloría General de la República-De los Diputados señores René García, Huenchumilla, Jürgensen y Caminondo, convenio suscrito entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Instituto de Promoción Agraria de la Novena Región.-Del Diputado señor José García, investigaciones y juicios de cuentas de funcionarios y ex funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.-Del Diputado señor Rosauro Martínez, gastos incurridos por la Corfo y el Ministerio del Interior durante el conflicto de los trabajadores de Enacar en el año 1996.-Del Diputado señor Valcarce, irregularidades relacionadas con la renovación de permisos de circulación e ingresos al servicio de taxis colectivos en las comunas de Arica y General Lagos. Ministerio del Interior.-De los Diputados señores Ceroni, Juan Pablo Letelier y Ojeda, expulsión del país para personas integrantes de la ex Colonia Dignidad que aparezcan involucradas en hechos de carácter delictivo. Ministerio de Defensa Nacional-De los Diputados señores René García, Kuschel y Taladriz, Tenencia Cunco. Ministerio de Bienes Nacionales-Del Diputado señor Kuschel, situación pista de aterrizaje en Paso El León, Décima Región. Ministerio del Trabajo y Previsión Social-Diputadas señoras Saa y Wörner y Diputados señores Salvador Urrutia, Ortiz y Juan Pablo Letelier, eliminación de referencia al sexo en la ficha de vacantes utilizada por las Oficinas Municipales de Colocación.Ministerio de Vivienda y Urbanismo-Del Diputado señor Ortiz, totalidad de proyectos postulados a 6° Proceso de Selección del Programa de Pavimentación Participativa por la comuna de Chiguayante.-De los Diputados señores Sabag, Vilches, Joaquín Palma y Ortiz, pólizas de seguro vigentes a la fecha.Ministerio Secretaría General de Gobierno-Del Diputado señor Jürgensen, libro “La oportunidad histórica” Eduardo Frei Ruiz-Tagle.Corporación de Fomento de la Producción-Del Diputado señor José García, costo de la memoria de Essar S.A.-Del Diputado señor Soria, informaciones sobre Ferronor S.A.-Del Diputado señor Jürgensen, factibilidad de alcantarillado en poblaciones de la comuna de Frutillar, Décima Región.-Del Diputado señor Kuschel, factibilidad de alcantarillado en poblaciones de la comuna de Frutillar, Décima Región.-Del Diputado señor Navarro, escuelas rurales de Hualqui, Octava Región.Consejo de Defensa del Estado-De los Diputados señores Elizalde, Jürgensen, Valcarce y Diputada señora Matthei, recursos que proporcionaría Digeder a la CUT según convenio suscrito el día 11 de abril de 1991.Universidad Austral de Chile-Del Diputado señor Kuschel, proyecto de investigación en el que se involucre al lago Llanquihue. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (101)Aguiló Melo, SergioAlvarado Andrade, ClaudioAllende Bussi, IsabelÁvila Contreras, NelsonAylwin Azócar, AndrésBalbontín Arteaga, IgnacioBartolucci Johnston, FranciscoBombal Otaegui, CarlosCaminondo Sáez, CarlosCantero Ojeda, CarlosCardemil Herrera, AlbertoCeroni Fuentes, GuillermoColoma Correa, Juan AntonioCornejo González, AldoCorrea De la Cerda, SergioChadwick Piñera, AndrésDe la Maza Maillet, IvánDupré Silva, CarlosElgueta Barrientos, SergioElizalde Hevia, RamónEncina Moriamez, FranciscoErrázuriz Eguiguren, MaximianoEspina Otero, AlbertoEstévez Valencia, JaimeFantuzzi Hernández, ÁngelFuentealba Vildósola, RenánGajardo Chacón, RubénGalilea Vidaurre, José AntonioGarcía García, René ManuelGarcía Ruminot, JoséGarcía-Huidobro Sanfuentes, AlejandroGirardi Lavín, GuidoGutiérrez Román, HomeroHamuy Berr, MarioHernández Saffirio, MiguelHuenchumilla Jaramillo, FranciscoHurtado Ruiz-Tagle, José MaríaJara Wolf, OctavioJeame Barrueto, VíctorJocelyn-Holt Letelier, TomásJürgensen Caesar, HarryKarelovic Vrandecic, VicenteKuschel Silva, Carlos IgnacioLatorre Carmona, Juan CarlosLeay Morán, CristiánLeón Ramírez, RobertoLetelier Norambuena, FelipeLongueira Montes, PabloLuksic Sandoval, ZarkoMakluf Campos, JoséMartínez Labbé, RosauroMartínez Ocamica, GutenbergMasferrer Pellizzari, JuanMelero Abaroa, PatricioMontes Cisternas, CarlosMorales Morales, SergioMoreira Barros, IvánMuñoz Aburto, PedroNaranjo Ortiz, JaimeNavarro Brain, AlejandroOjeda Uribe, SergioOrpis Bouchón, JaimeOrtiz Novoa, José MiguelPalma Irarrázaval, AndrésPalma Irarrázaval, JoaquínPaya Mira, DaríoPérez Lobos, AníbalPérez Opazo, RamónPérez Varela, VíctorPollarolo Villa, FannyProchelle Aguilar, MarinaProkuriça Prokuriça, BaldoRebolledo Leyton, RomyReyes Alvarado, VíctorRibera Neumann, TeodoroRocha Manrique, JaimeRodríguez Cataldo, ClaudioSabag Castillo, HosainSalas De la Fuente, EdmundoSeguel Molina, RodolfoSilva Ortiz, ExequielSolís Cabezas, ValentínSota Barros, VicenteTaladriz García, Juan EnriqueTohá González, IsidoroTuma Zedan, EugenioUlloa Aguillón, JorgeUrrutia Ávila, RaúlUrrutia Cárdenas, SalvadorValcarce Medina, CarlosValenzuela Herrera, FelipeVargas Lyng, AlfonsoVega Vera, OsvaldoVenegas Rubio, SamuelViera-Gallo Quesney, José AntonioVilches Guzmán, CarlosVillegas González, ErickVillouta Concha, EdmundoWalker Prieto, IgnacioWörner Tapia, MartitaZambrano Opazo, Héctor -Con permiso constitucional estuvieron ausentes el Diputado señor Juan Pablo Letelier y la Diputada señorita María Antonieta Saa. -Asistió, además, el Senador señor Jorge Lavandero. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.48 horas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 7ª se declara aprobada. El acta de la sesión 8ª se encuentra a disposición de los honorables diputados y diputadas. IV. CUENTA El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- La Comisión de Vivienda solicita el acuerdo de la Sala para disponer el archivo de los proyectos indicados en la Cuenta. Tiene la palabra el Diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y en otras se ha hecho una revisión de la totalidad de los proyectos pendientes, labor que no se realizaba desde hacía mucho tiempo, a fin de ordenar la agenda de las comisiones. Me parece apropiado que la Comisión de Vivienda también haya cumplido esa función, pero por lo menos tres de los proyectos que propone archivar dicen relación con materias que la Cámara de Diputados está tratando. En especial, me refiero al señalado en la letra b) de la Cuenta, que regula el cobro de los certificados de subsidios habitacionales y la devolución de las boletas de garantía. Hay una Comisión investigadora que está abocada al estudio de este tema, debido a eventuales irregularidades en la entrega de esas boletas o al incumplimiento de su pago. Es el caso de Inversiones Bilbao, de Concepción. Lo mismo ocurre con el proyecto mencionado en la letra d), que establece la obligatoriedad del teléfono público y su categoría de servicio básico. Es una deficiencia permanente en muchos sectores habitacionales, derivada de los programas de viviendas progresiva y básica. Igual situación acontece con el proyecto señalado en la letra a), tendiente a evitar la expansión urbana y favorecer su revitalización, fenómeno respecto del cual se ha visto la necesidad de discutir y elaborar un programa que evite la expansión horizontal de los programas de vivienda. Me gustaría conocer en detalle la explicación que nos pudiera dar algún diputado de la Comisión de Vivienda sobre el archivo de estas iniciativas, ya que sus ideas básicas están plenamente vigentes. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el acuerdo para archivar los proyectos, con excepción de los indicados en las letras a), b) y d), mencionados por el Diputado señor Navarro. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, comparto absolutamente lo señalado por el Diputado señor Navarro. Concurrí a la Comisión, pero lamentablemente llegué después de que se había acordado pedir el archivo de esos proyectos; pero, desde mi punto de vista, todos están vigentes, ya que con cada uno de ellos se pretende superar problemas que han salido con mucha fuerza a la palestra en estos últimos días. Por eso, también me opongo a su archivo y considero que deben ser tratados en la comisión que corresponde. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Vivienda, deseo expresar que la mayoría de esos proyectos están incluidos en otros proyectos ya discutidos e incluso aprobados. La mayoría tiene una data de tramitación mayor de dos años, por lo que la Comisión ha estimado conveniente archivarlas. Reitero, las materias planteadas por el Diputado señor Navarro están incorporadas en otros cuerpos legales, como iniciativas del Ejecutivo o mociones parlamentarias. De manera que su archivo se justifica plenamente. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, esta discusión ya se realizó en la Comisión. Se recomendó a los señores diputados que quieran reactivar la tramitación de algunos proyectos, que lo pidan cuando no haya más iniciativas en discusión. La Comisión de Vivienda dejó pendiente la tramitación de tres proyectos en el día de hoy, por lo que desarchivar algún otro sería mantener más papeles encima de la mesa. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, queda de manifiesto la necesidad de que las Comisiones deben detallar la ley en la cual se inserta el contenido del proyecto que se desea archivar o hacer una referencia más explícita, ya que éstos no son papales, sino ideas matrices muy importantes. Respecto del proyecto sobre regulación del cobro de certificados de subsidios y devolución de boletas de garantías, me gustaría saber cuál es la iniciativa legal que está en el Parlamento o en el Ejecutivo y que, por lo tanto, acredita su archivo. Lo mismo deseo saber respecto de las iniciativas mencionadas en las otras letras, pues no hay referencia. Cuando se solicite el archivo de proyectos, sugiero que se incorpore, si es posible, una breve reseña de los motivos en que se fundamenta la petición, ya que si están incluidos en otros cuerpos legales, como ha señalado el Diputado señor Encina, estaría de acuerdo con la proposición, pero desconozco esos cuerpos legales y no sé si hay alguna variación. Por lo tanto, mientras no los conozca, no daré la unanimidad para archivarlos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, con estas actitudes nunca vamos a llegar a un acuerdo. Si la Comisión, por unanimidad, decidió archivar los proyectos, es porque los problemas están solucionados en otras leyes. Por lo tanto, como el Diputado señor Navarro necesita antecedentes sobre el particular, me comprometo a hacérselos llegar esta mañana para que les tenga en su poder, con el objeto de que sigamos trabajando. Se trata de proyectos cuyo archivo fue aprobado por la unanimidad de la Comisión y que ya tienen cuatro o cinco años. A los autores se les pidió su consentimiento, y ellos dijeron que estaban satisfechos con la explicación de que habían sido incluidos en otras leyes, en estos momentos vigentes en el país. Ésa ha sido la razón para pedir su archivo y no por molestar ni para dejar de trabajar, ya que la Comisión de Vivienda es la que ha dado más satisfacciones al país hasta ahora. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero decir al Diputado señor René Manuel García que pedí, oportunamente, que se revisara la decisión de archivar estos proyectos, pero un señor diputado dijo: “Mire, usted llegó tarde a la Comisión y está acordado”, pero no es efectivo que se haya contado con la unanimidad de la Comisión. Ya planteé mis objeciones al archivo de cada uno de los proyectos, y podría repetir por qué me opongo a que sean archivados. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, sugiero que acordemos dar por última vez la palabra al presidente de la Comisión antes de cerrar el debate sobre el tema. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor René García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, es efectivo lo que dice el Diputado señor Elizalde, pero la Comisión tiene que tomar sus acuerdos con los miembros presentes, ya que no puede estar esperando a los diputados que no llegan a la hora. Por otra parte, el Reglamento es muy claro en el sentido de que una Comisión puede pedir el archivo de proyectos, y no se necesita la unanimidad de la Sala para hacerlo, pues basta con poner la materia en votación para ver qué opina la mayoría. Por algo hay presidentes de comisiones y diputados que las integran. No pensé que una cosa tan sencilla iba a quitarnos casi veinte minutos de la sesión. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación la proposición de archivo de la Comisión de la Vivienda. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Allende (doña Isabel), Aylwin (don Andrés), Caminondo, Cantero, Ceroni, Coloma, Correa, Chadwick, Elgueta, Encina, García (don René Manuel), Hamuy, Huenchumilla, Jara, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Moreira, Muñoz, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Reyes, Ribera, Rocha, Sabag, Salas, Silva, Taladriz, Venegas, Villouta y Zambrano. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Elizalde, Morales y Orpis. -Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Navarro y Wörner (doña Martita). V. FÁCIL DESPACHO.MODIFICACIÓN DE CUANTÍAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil, fijando cuantías que indica en unidades tributarias mensuales. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Elgueta. -Antecedentes: -Moción, boletín Nº 1935-07, sesión 15ª, en 12 de noviembre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4. -Informe de la Comisión de Constitución, sesión 6ª, en 10 de junio de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 9. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar respecto del proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil para fijar cuantías que indica en unidades tributarias mensuales. El proyecto se inició en moción de la Diputada señora Martita Wörner y de los Diputados señores Andrés Aylwin, Rubén Gajardo, Sergio Ojeda y el que habla. La iniciativa contiene tres ideas matrices. En primer lugar, solucionar una contradicción existente entre el artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales y diversas normas del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la admisibilidad del recurso de apelación en los juicios de mínima y menor cuantía. El artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales dispone que los jueces de letras conocerán, en única instancia, de las causas civiles y de comercio cuya cuantía no exceda de diez unidades tributarias mensuales que, al mes de junio, equivalen a 238.610 pesos. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil permite que las sentencias dictadas en los juicios de mínima cuantía, y en algunos de menor cuantía, sean susceptibles de ser recurridas de apelación, no obstante que el primero de los cuerpos legales nombrados dice que estas causas se deben conocer en única instancia. Cuando se habla de única instancia no se admite la apelación, pero -repito- existe contradicción entre el Código Orgánico de Tribunales, que señala que no existe apelación, y el Código de Procedimiento Civil, que dice que sí la hay. En segundo lugar, el proyecto modifica el sistema de cuantías del Código de Procedimiento Civil, proponiendo que se fije en unidades reajustables, esto es, en unidades tributarias. Actualmente, las cuantías del Código de Procedimiento Civil son fijadas todos los años por la Corte Suprema, mediante auto acordado, teniendo como fundamento el decreto ley Nº 1.417, de 1976. El último auto acordado es de 16 de enero de 1997. Aquí se trata de cambiar dos aspectos: uno, fijar dichas cuantías en unidades tributarias, que son reajustables, y otro, suprimir la facultad de la Corte Suprema que le permite fijar las cuantías en el Código de Procedimiento Civil. En tercer lugar, la iniciativa propone aumentar el monto de los bienes inembargables establecidos en los números 8º, 9º y 12 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, y expresarlos en unidades tributarias. Actualmente, en los referidos números 9º y 12 del artículo 445 se establece la cantidad de 632.089 pesos, lo cual reviste mucha importancia -especialmente en lo relativo a los números 8º, 9º y 12-, puesto que el bien raíz que ocupa el deudor con su familia es inembargable hasta esa suma. En el proyecto se propone que esa suma sea de cien unidades tributarias, pero la Comisión redujo esa cifra a la mitad, a 50 unidades tributarias, o sea, a alrededor de 1.200 mil pesos. También se cambian los valores de los otros bienes inembargables, como los libros relativos a la profesión del deudor, los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los artistas, artesanos y obreros de fábrica, y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola, que también quedan sujetos a la cantidad máxima inembargable de 50 unidades tributarias. Como consecuencia de las modificaciones anteriores, se reglamenta todo lo relativo a la supresión de la apelación, en los juicios de mínima cuantía, y al recurso de casación de forma, en los casos de menor cuantía. La modificación respecto de la ampliación de las cuantías de estos juicios traerá como consecuencia que una mayor cantidad de juicios de mayor cuantía -aquellos que se realizan a través de procedimientos de mayor extensión en nuestra legislación procesal civil- se tramitarán mediante procedimientos de mínima o de menor cuantía. Eso significa actuar a través de un procedimiento breve, concentrado, donde incluso el juez puede apreciar la prueba rendida en conciencia y, en el caso del procedimiento de menor cuantía, no existen los escritos de réplica y dúplica, y se reducen sustancialmente los plazos para rendir la prueba y dictar sentencia. De aprobarse el proyecto de ley, estos juicios -que no superan los 2.380 mil pesos- podrán efectuarse a través de procedimientos mucho más ágiles, rápidos, expeditos y eficientes, descargando a los tribunales de juicios de lato conocimiento, como son los ordinarios. De acuerdo con lo que he señalado, la Comisión aprobó el proyecto y, además, solicitó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema, la cual, en un informe de 10 de diciembre de 1996, manifestó que es efectiva la diferencia entre las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil, por lo que deben concordarse ambos cuerpos legales para que una norma clara y precisa corrija la contradicción. La Corte Suprema, asimismo, estimó conveniente fijar un valor variable en el tiempo, de modo que no se requiera su determinación cada año mediante un auto acordado, como ha sucedido desde la dictación del decreto ley Nº 1.417, de 1976. Igualmente, el Tribunal Supremo opinó que los artículos 723, 789 y 749 del Código de Procedimiento Civil deben sustituirse por los propuestos en el proyecto. La Comisión eliminó el artículo final que proponía una norma transitoria, a fin de que los actuales juicios se sigan tramitando de acuerdo con la normativa que se modifica, de tal manera que la supresión de este artículo transitorio implica necesariamente que, tratándose de una ley netamente procesal, sus normas rijan in actum, es decir, de inmediato. Teniendo presentes estas razones, solicito que este proyecto, sancionado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, sea aprobado en igual forma por esta Sala. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No hay quórum nuevamente. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación general y particular el proyecto. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Caminondo, Cantero, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo, De la Maza, Elgueta, Encina, Gajardo, García (don René Manuel), Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Morales, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokuriça, Reyes, Sabag, Salas, Silva, Taladriz, Tohá, Ulloa, Valenzuela, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano. VI. ORDEN DEL DÍAINFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, DIPRECA. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión investigadora de la situación que afecta a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, Dipreca. Diputado informante es el señor Exequiel Silva. Antecedentes: -Informe de la Comisión investigadora, sesión 10ª, en martes 17 de junio de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Silva, hasta por treinta minutos. El señor SILVA.- Señor Presidente, la Comisión investigadora del caso se originó en el acuerdo Nº 465 de la Cámara, adoptado en la sesión 23ª, ordinaria, de 4 de diciembre de 1996, a petición de varios diputados de las bancadas del Partido Socialista, del Partido Por la Democracia y del Partido Demócrata Cristiano. Quedó integrada por trece Diputados: las señoras Evelyn Matthei y Martita Wörner y los señores Claudio Alvarado, Gabriel Ascencio, Francisco Bayo, Francisco Huenchumilla, Harry Jürgensen, Pedro Muñoz, Baldo Prokuriça, Exequiel Silva, Salvador Urrutia, José Antonio Viera-Gallo y Sergio Ojeda. En su primera sesión, eligió Presidente a quien habla. De conformidad con los términos del acuerdo que le dio origen, correspondió a la Comisión conocer y reunir los antecedentes y formular conclusiones sobre las irregularidades cometidas en la Dirección de Previsión de Carabineros, las que afectarían a quien fuera su director, don Carlos Nazar Huésped, y comprometerían recursos de personal jubilado de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el período comprendido entre enero de 1994 y diciembre de 1996. Hago expresa mención de que el plazo para evacuar el informe final era de 90 días, pero, pese a los esfuerzos de la Comisión, a la agilidad con que trabajó y al empeño que pusieron sus miembros, no fue posible reunir todos los antecedentes debido a la falta de colaboración de algunos organismos públicos para hacerlos llegar, a fin de que respaldaran las versiones orales de las personas citadas. La Comisión celebró veinte sesiones, invitó a treinta personas, que entregaron documentación que respalda las conclusiones a que llegamos y que en el transcurso del informe daré a conocer. Paso a hacer un relato de los hechos. La investigación se inicia, principalmente, por el conocimiento de la ciudadanía de dos contratos firmados por la Dirección de Previsión de Carabineros, que hizo públicos la fiscal señora Dora Silva: uno, con la cadena farmacéutica Salco S.A. y otro con la óptica Place Vendôme. Antes de abundar en este sentido, haré mención a un hecho clave, del cual surge la nominación del señor Carlos Nazar Huésped como director de la Dirección de Previsión. En septiembre de 1994, a solicitud del Ministerio de Defensa, la Contraloría emite un dictamen en el cual expresamente consigna que el director de Previsión de Carabineros, a diferencia de como se consideraba hasta esa fecha, es funcionario de exclusiva confianza de su Excelencia el Presidente de la República. Con ese pronunciamiento se deroga gran parte del decreto ley Nº 844, y el Presidente de la República nombra al señor Carlos Nazar Huésped y, por lo tanto, al personal de su exclusiva confianza, entre los cuales se incluye la fiscal señora Dora Silva y otros altos directivos de la Dirección de Previsión de Carabineros y del Hospital de Carabineros. Así, en el desempeño de su cargo, en junio de 1996 se empiezan a realizar los primeros contactos para concretar los contratos en cuestión y que dieron origen a la investigación, contactos que se realizaron con un señor que se autodenomina “gestor de negocios”, pero que aparece como director ejecutivo de las empresas. Los organismos jurídicos de la Dirección de Previsión de Carabineros inician el estudio de dichos contratos a insistencia del señor Carlos Nazar. En ese sentido, la fiscal vislumbra una serie de situaciones que, a su juicio, aparecen como irregulares y, por decir lo menos, extrañas. El 22 de octubre, en audiencia solicitada por la propia fiscal, pone los antecedentes en conocimiento del Subsecretario de Carabineros, don Luciano Fouilliuox. Como se trataba sólo de presunciones, éste solicita que, en 48 horas, le haga llegar un informe por escrito en torno a las irregularidades que ella supone en la firma de los dos contratos. El 31 de octubre, la señora fiscal entrega por escrito al señor Subsecretario un relato de los hechos que considera irregulares -cabe consignar- sin ningún respaldo documental de los antecedentes que asevera. El 8 de noviembre de 1996, es decir, casi una semana después, el Subsecretario, a la luz de dichos documentos, pide una respuesta sobre los hechos denunciados al Director de la Institución, señor Carlos Nazar Huésped, quien contesta el 15 de noviembre, agregando, además, fuertes críticas a la gestión de la señora fiscal. Detalla cada uno de los pasos que ha dado en pos de la modernización de la institución, con lo cual justifica la celebración de los dos contratos. Cuatro días después, el 19 de noviembre, el Ministerio, a la luz de la poca claridad de la respuesta, los pone en conocimiento de la Contraloría General de la República y pide su intervención. Se inicia así el proceso de investigación por este organismo. El 20 de noviembre de 1996, la señora Fiscal pone en manos de los tribunales de justicia los antecedentes y se inicia un proceso que aún se encuentra en trámite. Cabe consignar que todas las declaraciones y documentos indican que las denuncias que la señora fiscal hiciera al Subsecretario son anteriores a que tuviera conocimiento y fuera conocido el hecho, incluso por la opinión pública a través de la prensa, de depósitos de cheques en la cuenta personal del señor Carlos Nazar. Estos hechos provocaron que la Cámara acordara crear una Comisión investigadora y que la Contraloría General de la República iniciara una investigación, que está terminada y cuyo informe fue puesto a disposición nuestra, y del proceso que, como dije, aún está pendiente. Estos acontecimientos no sólo han puesto en tela de juicio a la Dirección de Previsión de Carabineros, sino que, además, han significado un daño patrimonial importante, toda vez que el contrato firmado con la empresa Salco S.A., que suponía una externalización de los servicios de farmacia, significó tasar, de acuerdo con su propio texto, el stock en este rubro, y la negociación por él es baja y significa una pérdida de aproximadamente 140 millones de pesos para la institución. Según los especialistas que concurrieron a la Comisión, el contrato no se justifica ni aporta beneficio alguno para los imponentes. El Director de Dipreca lo atribuye al enorme stock en farmacia, que arrojaba una pérdida constante, cuestión que ha sido desvirtuada. Lo mismo sucede en relación al contrato con Place Vendôme, que consistía fundamentalmente en prestar un servicio a los imponentes de la Dirección de Previsión de Carabineros, contra un descuento por planilla. En la Comisión se comprobó que esto significaba un mayor costo a los imponentes de lo que pagaban sin convenio, por adquirir los servicios en otras empresas. El hecho más delicado -y en la Comisión se llegó a esa convicción- es que el señor Carlos Nazar, con el propósito de favorecer ambos contratos, recibió pagos ilegales de dichas empresas, efectuados a través del denominado “gestor de negocios” y “direc-tor de operaciones”, el señor Carlos Barría, con lo que las empresas en cuestión se desligan de toda responsabilidad. Ante los hechos relatados, la Comisión llegó a una serie de conclusiones. Para una mayor claridad de ellas, se acordó, en virtud de no haberse alcanzado pleno consenso, consignar respecto de cada uno de los puntos, primero, el voto de mayoría, luego, el de minoría.1º Contratos con las empresas Comercial Salco S.A. y Óptica Place Vandôme. a) Los contratos mencionados constituyeron los hechos principales que fundamentaron la investigación de la Comisión, encontrándose comprobada la existencia en ellos de situaciones que ameritan la sustanciación de un procedimiento judicial en contra de los señores Carlos Nazar Huésped, ex Director de Previsión de Carabineros, y Oscar Moreno Vargas, ex subdirector administrativo de la misma Dirección de Previsión -a quien se le encargó realizar las negociaciones, sobre todo, la valorización del stock de farmacia, y a quien también se le habrían hecho pagos ilegales para subevaluarlo y favorecer, por lo tanto, la celebración del contrato con la empresa Comercial Salco S.A.- y Carlos Barría Saravia, “gestor de negocios”, más todas aquellas personas que puedan resultar responsables de la celebración de estos contratos, concebidos con el supuesto objeto de beneficiar a los afiliados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, pero concertados mediante pagos ilegales al señor Nazar por parte de las citadas empresas. El origen de tales pagos habría obedecido al propósito de favorecer la celebración de los contratos mencionados, en los que se encuentran involucradas cifras que alcanzan a la suma de 7.200 millones de pesos -que es lo que se calcula que iban a generar dichos contratos por la duración que se establecía en ellos-. A este respecto, cabe considerar que el contrato con la Comercial Salco S.A. comprendió la enajenación de los stocks de fármacos existentes en las bodegas de la Dirección de Previsión de Carabineros, los que no fueron tasados, sino solamente apreciados sin una mayor revisión, desoyendo las prevenciones de la químico farmacéutica a cargo de esa sección, señora Laura Mora, quien señalaba valores muy superiores. En estas negociaciones, la Comisión concluyó que resultan tan reprobables la conducta del señor Nazar al recibir los pagos ilegales, como la del señor Barría al hacerlos, amparándose este último en su condición de gestor de negocios ajenos y actuando a nombre de las empresas mencionadas. A este mismo respecto, no deja de llamar la atención el hecho de que este gestor comparta oficina con los abogados señores Renato Arellano Garcés, ex fiscal de la Dirección de Previsión de Carabineros, e Isidro Solís, ex Director General de Gendarmería y abogado del señor Barría en el proceso que se sustancia en los tribunales de justicia a raíz de estas irregularidades. No obstante todo lo anterior, la evaluación final de los hechos y la posible naturaleza delictiva de las conductas descritas en este informe corresponderá al juez que sustancia la respectiva causa criminal, cuestión que escapa a la competencia de la Comisión.b) En la comisión de los hechos reseñados, la responsabilidad principal recae en el ex Director de Previsión, señor Carlos Nazar, ya que, en efecto, según se desprende de los antecedentes orales y escritos recogidos por la Comisión, ninguna otra autoridad superior, vale decir, el Ministro de Defensa Nacional, el Subsecretario de Carabineros o el General Director de la institución policial, participó en ellos o tuvo conocimiento de los mismos, ya sea antes, durante o después de ocurridos, sin ponerlos en conocimiento de la Contraloría General de la República o de los tribunales de justicia, según el caso. Asimismo, no estuvieron tampoco en el deber de conocerlos en razón de sus cargos. En consecuencia, no han infringido la ley ni han faltado a sus deberes funcionarios y más aún, no existe siquiera un indicio que pudiera servir de fundamento para una acusación en su contra. Cabe resaltar, asimismo, la naturaleza jurídica de la Dirección de Previsión de Carabineros, la que de conformidad con el artículo 78 de la ley Nº 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, tiene el carácter de un servicio funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Gobierno por medio del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros. Como consecuencia de lo anterior, la Contraloría General de la República, en su dictamen 33137, de 26 de septiembre de 1994, estima derogado el inciso primero del artículo 1º del decreto ley Nº 844, de 1975, que regía a Dipreca con anterioridad a que fuera designado Director de la misma el señor Carlos Nazar Huésped. Sobre la base de lo anterior, cabe concluir que no existe una vinculación de dependencia de la Dirección respecto del Ministerio, sino solamente que este último es el nexo entre ese ente descentralizado y el Gobierno central para los efectos de la aplicación de las políticas globales que la suprema autoridad imparte. Segunda conclusión del voto de mayoría de la Comisión. Durante el transcurso de su trabajo la Comisión tomó conocimiento de otra serie de hechos irregulares que contravienen las disposiciones legales o que significan faltas a la ética pública o que revelan un manejo poco prolijo. Tales hechos, sin embargo, no revisten la misma gravedad de los pagos ilegales o sobornos que dieron origen a esta Comisión. Tampoco existe entre ellos igual jerarquía en cuanto a su connotación jurídica o ética. Estos hechos se relacionan con las boletas de honorarios. En este ámbito el principal hecho lo constituye la existencia de contratos a honorarios de varios funcionarios de la Dirección de Previsión, no sólo en la misma Dirección, sino también en otras reparticiones públicas. En este aspecto, por ejemplo, cabe destacar la situación del señor Carlos Nazar y la de la Fiscal señora Dora Silva, por cuanto además de sus cargos de planta, el primero gozaba de un contrato a honorarios como asesor en materias previsionales en el Ministerio de Defensa Nacional, y la segunda, de un contrato a honorarios en la misma Dirección de Previsión y de otro en el Ministerio de Justicia. Por lo que ha sido posible analizar, esta práctica constituye un medio habitual en la Administración Pública para mejorar los ingresos de sus funcionarios, situación anómala que, a juicio de la Comisión, debiera ser objeto de una evaluación y de un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República. En todo caso, la Comisión estimó que lo lógico sería, a fin de evitar esta práctica distorsionante, efectuar una revisión de las rentas funcionarias y establecer en los contratos a honorarios, con toda claridad, la labor que deberá realizarse y el horario de desempeño, para evitar que ésta se utilice para mejorar rentas sin que el contrato a honorarios signifique una función específica distinta de la que realizan en los servicios públicos donde tienen el contrato original. Estudio previsional realizado por la empresa Inversiones y Consultorías S.A., Incosa. Este tema suscitó el interés en los miembros de la Comisión, debido a que no se pudo establecer la existencia de un contrato entre la empresa consultora mencionada y la Dirección de Previsión, como también por la constancia de la extensión de boletas de honorarios a esa empresa por parte del entonces Director señor Nazar y de la Fiscal señora Silva. Es decir, se trataba de boletas cursadas a la misma empresa consultora, contratada, a su vez, por la Dirección de Previsión. Tal situación fue estimada como constitutiva de una irregularidad que haría recomendable una acuciosa investigación por parte de la Contraloría General de la República, a fin de que se adopten las medidas correspondientes. Además del señor Nazar y de la señora Dora Silva, en la realización de ese estudio participó un conjunto de otros profesionales, entre ellos, los señores Julio Bustamante, Patricio Moya Bernal, Osvaldo Macías y la señora María Antonieta Cáceres. En relación con dicho grupo de profesionales, cabe señalar lo siguiente:a) Tales personas no fueron contratadas por la Dirección de Previsión de Carabineros, sino que prestaron servicios a la empresa consultora Incosa, la que es una persona jurídica distinta de la mencionada Dirección de Previsión.b) Todos los profesionales mencionados realizaron el trabajo que se les encomendó, el que ha sido considerado como del mejor nivel, constituyendo, además, un antecedente importante para futuras decisiones gubernamentales en el ámbito de las instituciones de la Defensa.c) En cuanto a la participación que en este trabajo le correspondió a la señora María Antonieta Cáceres, cónyuge del Subsecretario de Carabineros, señor Luciano Fouillioux, cabe señalar que si bien cumplió correctamente con su cometido, desde el punto de vista profesional, habría sido preferible que se hubiera abstenido de participar, con el fin de evitar malas interpretaciones. Finalmente, la Comisión, a la luz de las situaciones irregulares detectadas durante la investigación, estimó oportuno realizar un conjunto de recomendaciones finales.1º Parece absolutamente necesario aprobar un texto refundido y actualizado que contemple, además, las necesarias modernizaciones para el actuar de la Dirección de Previsión de Carabineros, que clarifique debidamente la naturaleza jurídica de este organismo -tema de permanente discusión en la Comisión y, por lo tanto, de desacuerdos-, su dependencia y jerarquía, especialmente si se tiene en consideración que la normativa que la rige se encuentra diseminada en textos legales distintos, como el decreto ley Nº 844, de 1975, y la ley Nº 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, además de otras disposiciones legales de carácter general que le son aplicables dada su naturaleza de servicio público, como las leyes Nº 18.575, orgánica constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, situación que afecta la identificación correcta de la normativa aplicable, da lugar, por lo mismo, a interpretaciones y motiva el trabajo de la Contraloría General de la República a raíz de variadas consultas que la obligan a la elaboración de continuos dictámenes, entre otros, los solicitados por la Comisión. En todo caso, se estima imprescindible que la nueva normativa contemple, al menos, la obligación del Director de Previsión de llamar a licitación pública o privada para la celebración de contratos que excedan cierto monto -cuestión que no ha ocurrido en los contratos que dieron origen a la investigación de la Comisión-, como también una morigeración de sus facultades en lo que dice relación con la gestión del Fondo del Hospital de la Dirección de Previsión, que el director maneja a su libre antojo, a través del cual se realizaron los pagos a que hice mención y que fueron constitutivos de la investigación de la Comisión.2º Si bien se estimó que los funcionarios que reciben pagos ilegales por preferir a determinadas entidades en la celebración de contratos -con la Dirección de Previsión, en este caso-, merecen el máximo de las sanciones administrativas y judiciales que contempla nuestro ordenamiento jurídico, considera, asimismo, que la legislación penal debería contemplar alguna figura delictiva que permitiera sancionar a aquellos particulares que efectúan tales pagos, toda vez que en la investigación que se ha llevado a cabo se ha podido constatar que esta práctica existe y que, incluso, se perfecciona. En efecto, en el caso en análisis, se ha utilizado, con el fin de no comprometer a las empresas interesadas en contratar con la Dirección de Previsión de Carabineros -la Comercial Salco y la óptica Place Véndome- a un llamado “gestor de negocios”, personaje que, de acuerdo con las informaciones recibidas por esta Comisión, ha intervenido desempeñando el mismo rol en otras contrataciones celebradas también con organismos públicos, circunstancia que induce a pensar que no se trata de una práctica aislada y, por lo mismo, reafirma la necesidad de una norma especial al respecto. La tercera recomendación de esta Comisión se refiere a la necesidad de establecer una normativa clara y transparente, reglamentaria de la contratación de personas naturales o jurídicas para la realización de trabajos en beneficio de organismos públicos, que permita precaver el tráfico de influencias destinado a favorecer a personas vinculadas con los directivos de esos organismos. Asimismo, la Comisión ha podido detectar una serie de otras prácticas que no son ilegales, pero que pueden, al igual que el tráfico de influencias, ser el origen de verdaderos focos de corrupción, como el aumento encubierto de remuneraciones por la vía de los contratos a honorarios ya mencionados. A este efecto, estima la Comisión que podría aprovecharse la oportunidad que ofrece la circunstancia de encontrarse pendientes en el Senado, en segundo trámite constitucional, desde hace largo tiempo, primero una moción parlamentaria que modifica el Código Penal para sancionar casos de corrupción, en la que se tipifican conductas tales como las exacciones ilegales, el cohecho, las negociaciones incompatibles y el tráfico de influencias; y segundo, un mensaje que establece normas sobre probidad administrativa aplicables a los órganos de la Administración del Estado, respecto de los que podría solicitarse al Presidente de la República la calificación de la urgencia, o bien, proponer las indicaciones que fueren pertinentes a fin de instar por su pronto despacho. Igualmente, pareciera necesaria la elaboración de un registro público de las empresas o entidades que prestan asesorías al Estado, en el que pudieran consignarse todos los datos necesarios para conocer los nombres de sus socios, sus objetivos y demás antecedentes para una correcta identificación, como también igual registro respecto de las personas que prestan servicios a honorarios para las entidades fiscales, dividido por servicios o especialidad, de tal manera de facilitar su consulta. Respecto de este último punto, la Comisión valora el anuncio presidencial del 21 de Mayo pasado, referente a auditar a las consultoras externas que asesoran al sector público, a fin de garantizar su transparencia y eficacia, esperando, por tanto, se dé a conocer la forma en que tal auditoría se llevará a cabo y cómo se hará pública esa evaluación. Finalmente, cabe consignar que durante el transcurso de la investigación, la Comisión tomó conocimiento de otra serie de hechos que, unidos a los ya reseñados en estas conclusiones, la llevan a recomendar la entrega de todos los antecedentes analizados a los tribunales de justicia, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, por estimar que pueden ayudar a una mejor investigación de situaciones que ya están en conocimiento de esas reparticiones, o bien, pueden dar lugar a una ampliación de dichas investigaciones a los nuevos antecedentes aquí aportados. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, los diputados de Renovación Nacional que participamos en esta Comisión investigadora hemos definido las irregularidades detectadas y las ilegalidades ocurridas en Dipreca durante 1995 y 1996 como un caso de corrupción institucionalizada, porque tenemos fundadas sospechas de que el modo en que se operó en este servicio se repite en otros organismos públicos que, por alguna razón, no son fiscalizados adecuadamente por sus superiores jerárquicos, como ha sucedido en este caso. La Dirección de Previsión de Carabineros es una especie de AFP, isapre y hospital que atiende a más de 100 mil cotizantes que pertenecen a Carabineros de Chile, Gendarmería e Investigaciones. El decreto ley Nº 844, de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros de Chile, Dipreca, y que no ha sido derogado por disposición alguna, en su artículo 1º, establece la dependencia del Ministerio de Defensa vinculado a él a través de la Subsecretaría de Carabineros. Por lo tanto, el director de Dipreca se debe reportar al Subsecretario de Carabineros, según lo establece la ley, lo que se pretende desconocer, a pesar de los hechos que comprueban esa dependencia. El período de poco menos de un año en que le correspondió desempeñar en la dirección al señor Carlos Nazar -nombrado a proposición del Subsecretario de Carabineros-, constituyó la excepción histórica de Dipreca, en cuanto a que todos los demás años -desde su existencia- la dirección de esta institución estuvo siempre a cargo de Carabineros de Chile, ya sea a través de altos oficiales activos o en retiro. Este corto período se caracterizó por el empeño, tanto del Ministro de Defensa como del Subsecretario de Carabineros, de impulsar un proceso de modernización, por lo que el propio Ministro de Defensa dio las pautas generales y el Subsecretario de Carabineros, en reuniones quincenales con el director Carlos Nazar, era informado del avance de este proceso. Fue entonces cuando se discutieron contratos que elaboraron los funcionarios de la fiscalía, mediante los cuales se pretendía entregar la exclusividad del abastecimiento de los productos oftalmológicos a Place Vendôme, y de los farmacéuticos a las Farmacias Salco, en un claro perjuicio a miles de usuarios de Dipreca, quienes adquirían estos productos a precios superiores. Además, el contrato implicaba la venta a Salco, por parte de Dipreca, de una existencia valorada en casi 300 millones de pesos, por un monto solamente de 150 millones de pesos, que ya había sido aceptada por Dipreca, en claro perjuicio de los intereses de la institución. A raíz de estos contratos se pagaron sobornos al director de Dipreca, a través de un intermediario, lo que provocó la denuncia de la fiscal Dora Silva, tanto en la Subsecretaría de Carabineros como en los tribunales de justicia y en el tribunal de disciplina del Partido Demócrata Cristiano, el que, en conocimiento de estos hechos, expulsó al señor Carlos Nazar como militante, pero dicho partido jamás entregó los antecedentes a la Comisión investigadora, a pesar de los requerimientos realizados. El pago y cobro de sobornos provocó la investigación de esta Corporación, en el transcurso de la cual aparecieron las irregularidades e ilegalidades cometidas a través del pago de honorarios por parte de Dipreca, sin existir una contraprestación de servicios, sólo a algunos altos funcionarios de confianza, para mejorarles la renta, entre los que se encontraban la fiscal señora Dora Silva, con pagos de honorarios de Dipreca y del Ministerio de Justicia, el cual también pagaba honorarios al director señor Carlos Nazar. Además, se detectó una excesiva contratación de consultorías y de servicios, como, por ejemplo, el cableado con fibra óptica por un valor superior a 50 millones de pesos, de un edificio que se pretendía vender. Asimismo, aparecen pagos a la empresa Incosa, que habría realizado un estudio previsional para Dipreca -hay que destacar que el asesor previsional del Ministerio de Defensa era el propio señor Carlos Nazar, de acuerdo con el contrato de honorarios vigente-. Esta empresa, a su vez, habría contratado los servicios profesionales del señor Carlos Nazar, de la fiscal señora Dora Silva y de la señora María Antonieta Cáceres, cónyuge del Subsecretario de Carabineros. Los pagos a Incosa los validaba la propia fiscal sin que existiera ningún contrato que amparara tal desembolso. En estricto rigor, no se encomendó a Incosa la realización de dicho estudio -se trataba de una empresa inactiva, con giro de bienes raíces-, sino que sólo se la utilizó para que facturara a Dipreca y figurara pagando los honorarios al señor Carlos Nazar y a las señoras Dora Silva y María Antonieta Cáceres, en una clara distribución de lo cobrado a Dipreca; es decir, el propio Subsecretario de Carabineros formó dentro de Dipreca el grupo que participó en reuniones de análisis y, al momento de cobrar, utilizó a esa empresa inactiva. En consecuencia, quedó claramente demostrada su contradicción con lo que afirmó en la Comisión de Hacienda, en el sentido de que desconocía que su esposa hubiera realizado algún trabajo a esa empresa, así como el nombre de la misma. El informe de mayoría pretende deslindar de toda responsabilidad al Ministro de Defensa y al Subsecretario de Carabineros, por tratarse de un servicio funcionalmente descentralizado, en circunstancias de que, a nuestro entender, existen clara dependencia y responsabilidades en este caso de corrupción. En efecto, el Subsecretario sostuvo que la Dirección de Previsión, como organismo funcionalmente descentralizado, no estaba bajo su dependencia ni de la del Ministro de Defensa. Incluso más, señaló que en el Ministerio ni siquiera conocían bien las labores de esa repartición, motivo que habría obligado a esa Subsecretaría de Estado a solicitar al director continuas y amplias informaciones sobre el actuar de ese servicio; pero lo concreto es que tuvo actitudes diferentes frente a dos directores. Al anterior, el General Urrutia, le quitó todo tipo de facultades para ejercer la Dirección de Dipreca, de tal forma que debía consultar absolutamente cada detalle al propio Subsecretario, lo que demuestra claramente una dependencia directa del director respecto del Subsecretario de Carabineros. Totalmente diferente fue su actitud respecto del director Carlos Nazar, a quien le entregó amplias facultades para desarrollar este proceso de modernización, por lo cual el propio Subsecretario participaba en reuniones quincenales, de acuerdo con lo expresado por el director. Existe, entonces, una clara y directa responsabilidad política de parte del Subsecretario de Carabineros en los hechos que ocurrieron en Dipreca. Los diputados de Renovación Nacional tenemos absoluta claridad en que cada vez es más necesario detener el avance de la corrupción en nuestro país, pero con estas actitudes blandas, en nuestra opinión, se están entregando señales equivocadas a la Administración Pública. Compartimos las recomendaciones generales, en el sentido de sancionar tanto a los funcionarios que reciben pagos ilegales como a aquellas personas que los efectúan, así como la necesidad de legislar para tipificar como delito el tráfico de influencias. Lamentablemente, cuando tuvimos en la Corporación el proyecto de ley sobre probidad administrativa, se votó en contra de esa disposición. También hay que evitar el aumento encubierto de algunas remuneraciones por la vía del pago a honorarios. Debemos tener presente que, en los últimos siete años, en la Administración Pública han aumentado en más de siete veces, de acuerdo con la ley de Presupuestos, lo que indica claramente que la voluntad política de la Concertación no es resolver el problema de las bajas remuneraciones de los funcionarios públicos, sino sólo a través del sistema de honorarios, dar solución al de algunos, los escogidos, los funcionarios de confianza. Por eso, estamos de acuerdo con reponer la iniciativa presentada por los diputados de Oposición cuando se discutió la Ley de Presupuestos, en el sentido de crear un registro público en la Contraloría General de la República, en el que se establezca clara y detalladamente el pago de honorarios. También es necesario dotarla de la facultad para evaluar el cumplimiento de los objetivos de los contratos de consultorías; de lo contrario, seguirán produciéndose irregularidades, ya que, al existir esos contratos y los documentos que soportan los egresos, la Contraloría los dará por correctos, en circunstancias de que la Comisión ha observado que no existen contraprestaciones de servicios al respecto. Señor Presidente, por lo señalado, estamos en discrepancia con algunos temas del informe de la Comisión de Dipreca. Existe un voto de minoría, por lo que votaremos en contra del de mayoría. Sin embargo, estamos de acuerdo con las recomendaciones finales del informe. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, los diputados de Oposición han emitido un voto de minoría, que analizaré, con el objeto de establecer concretamente la falta de responsabilidad política que se pretende imputar al Subsecretario de Carabineros, don Luciano Fouillioux Fernández, por los hechos ocurridos en la Dirección de Previsión de Carabineros, que dieron origen a la creación de la Comisión investigadora. Debo hacer las siguientes observaciones. En el punto Nº 1 del voto de minoría, se plantea una especie de tesis cerrada en contra del Subsecretario, la cual es desarrollada también en otros aspectos del informe. Al parecer, como desde el inicio de la Comisión ya se tenía definido por los parlamentarios opositores que había que atribuir responsabilidad política a la autoridad, se buscaron los caminos para ello, aun cuando el Subsecretario y el Ministro de Defensa no fueron reprochados por la Contraloría General de la República ni por los tribunales de justicia. Se habla de tesis cerrada, pues se pretende juzgar al Subsecretario por la dependencia de Dipreca del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Carabineros, para concluir en lo administrativo y político. Así, para la minoría queda establecido que hay responsabilidad si existe dependencia e, igualmente, si no la hay. Se trata, entonces, de tozudez, predisposición y conducta inflexible para responsabilizar a estos personeros de Gobierno, no obstante que la normativa vigente y los hechos son porfiadamente contrarios a sus teorías. A la agresividad en la investigación de los hechos se sumó el sensacionalismo de la prensa. Dicha responsabilidad se enmarca en el sentir de la disidencia, pues si existen antecedentes suficientes en la investigación que indican la no dependencia administrativa de Dipreca del Ministerio de Defensa Nacional, conforme no sólo a su propia naturaleza jurídica, sino a lo dicho por la Contraloría General de la República, resulta majadero insistir en este punto, porque ello conlleva, además, al desconocimiento de lo obrado e informado por el órgano contralor. Por el contrario, la circunstancia de que el Subsecretario remitiera oficios reservados Nos 3, 5 y 9 al anterior Director de Dipreca, señor Urrutia, no genera, por analogía alguna, un reconocimiento de dependencia, pues corresponden a los deberes de supervigilancia que la autoridad debe tener con un órgano descentralizado, pero relacionado. Es más, similar actuación se produjo con el señor Nazar y la señora Silva por el Ministro y Subsecretario cuando asumieron sus cargos. En otro punto, se dice que el Subsecretario debió saber de los contratos con Comercial Salco y Óptica Place Vendôme, en especial si estos convenios formaban parte del plan de modernización impulsado en noviembre de 1995 por el Ministro de Defensa Nacional, lo cual implicaba la externalización de los productos de farmacia y el acceso a artículos oftalmológicos por los afiliados. Se agrega que dicho proceso quedó a cargo del Subsecretario, a quien debía dar cuenta de su marcha el Director de Previsión. Sobre estas aseveraciones, cabe señalar que el Ministro de Defensa no especificó el contenido del plan de modernización en la reunión de noviembre de 1995, sino que, como se sabe, entregó los grandes lineamientos al señor Nazar y a la señora Silva sobre el futuro comportamiento en materia de adquisición o licitación, otorgamiento de servicios a los afiliados, mejoramiento de la eficacia y capacitación del personal, etcétera. Interpretar o poner en palabras del Ministro de Defensa Nacional lo relativo a los futuros contratos con Salco y Óptica Place Vendôme, constituye una seria tergiversación de los hechos, como asimismo que el Subsecretario quedara encargado de dicho proceso. En otro punto se indica que el Subsecretario tuvo participación en el nombramiento del señor Nazar y de la señora Silva en sus respectivos cargos, cuestión que habría reconocido al decir que fueron nombrados a proposición suya. Además, se expresa que la propuesta de sanciones de la Contraloría contra los señores Nazar y Moreno fue comunicada a la Subsecretaría para que el Ministerio procediera a concretarla. En este caso, el señor Nazar y la señora Silva fueron incluidos en ternas para sus respectivos cargos, luego de haberse recibido varios curriculum de diversos profesionales, tarea encomendada por el Ministro al Subsecretario y revisada por el primero con la opinión del Subsecretario, quien los había entrevistado. Dicho capítulo es tarea regular y ordinaria para un subalterno cualquiera respecto de un superior, quien selecciona sobre la base de los antecedentes proporcionados y del perfil de los cargos vacantes. Lo anterior escapa total y completamente de la responsabilidad derivada de errores personales que en el desempeño de sus funciones pudieran cometer los seleccionados, pues si en materia legal y penal la responsabilidad es personal, en materia política tampoco se puede llegar al extremo si en los eventuales ilícitos cometidos no le cupo ninguna participación a las autoridades políticas del sector. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, ha terminado su tiempo. El señor OJEDA.- Señor Presidente, ¿por qué dispongo de tan poco tiempo? El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Porque la bancada democratacristiana dispone de 18 minutos y medio, y los ha distribuido otorgándole cinco minutos a su Señoría, cinco al Diputado señor Huenchumilla, tres al Diputado señor Balbontín y tres al Diputado señor Silva. Tiene treinta segundos para terminar su exposición, señor diputado. El señor OJEDA.- Señor Presidente, así resulta muy difícil hacer un análisis del caso de Dipreca, que es amplio y complejo. Tal vez, no vale la pena ahondar más en el tema. Por otra parte, se imputa al Subsecretario haber impedido que se cursara la renuncia que el señor Nazar le pidió a la señora Silva. Dicha circunstancia no es del todo cierta, pero, en el evento de que tenga un grado de veracidad, es una actitud correcta y bien pensada para el éxito final de la investigación. Señor Presidente, quedaré hasta aquí con mi intervención. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, la Comisión investigadora de la situación que afecta a Dipreca logró establecer hechos claros y contundentes respecto de la administración dolosa de este organismo previsional, así como la responsabilidad funcionaria y política de los involucrados en los hechos investigados. Sin embargo, una vez más, finalizada la investigación, las conclusiones de la Concertación sólo llegan hasta establecer cargos a los funcionarios, pero eximen completamente a las autoridades de gobierno involucradas y cierran filas con un criterio político que hace prevalecer la impunidad. De esta forma, hasta aquí llegan los informes, los discursos y los mensajes presidenciales en esta materia, pues se estrellan inevitablemente con la realidad: la solidaridad del partido es más fuerte que todas las palabras y las buenas intenciones. Digo esto, porque la Comisión estudió básicamente tres aspectos:1º Los contratos de Dipreca con Salco y Óptica Place Vendôme, los que se habrían llevado a cabo en forma irregular, por cuanto el director de la entidad pública percibió pagos indebidos por parte de los proveedores.2º El estudio previsional contratado por Dipreca a una consultora privada, denominada Incosa, tendiente a transformarla en una AFP.3º La responsabilidad que cabe en estos hechos al Subsecretario de Carabineros, don Luciano Fouillioux. Analicemos cada uno de ellos.Contratos de Dipreca con las empresas proveedoras. Las principales irregularidades, como ya se ha dicho, radican en que se efectuaron pagos indebidos a los máximos ejecutivos de Dipreca, con el objeto de favorecer la contratación de determinadas personas y empresas. Todo ello se hizo con la intermediación de un señor que cumple el rol de “gestor de negocios”, don Carlos Barría Saravia. El resultado final de esta operación es que los ejecutivos de Dipreca quedaron con varios millones de pesos más en sus cuentas corrientes y la institución con una pérdida de 138 millones de pesos en su patrimonio, según lo establece la investigación de la Contraloría General de la República y lo consigna nuestro informe. El voto de mayoría, que la Concertación impuso en la Comisión sobre este aspecto, discurre sobre el tenor literal de las normas que fundamentan que la Dirección de Previsión de Carabineros es una institución descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por lo tanto, concluye que no existen vínculos formales con el Ministerio de Defensa y, específicamente, con la Subsecretaría de Carabineros y su Subsecretario. En realidad, resulta paradójico que, en el informe, el voto de los diputados de la Concertación destine el mismo espacio a consignar lo referente a los contratos que a dar argumentos formales para desvincular al señor Subsecretario de la Dipreca. No se puede evitar recordar el dicho: “Quien se excusa, se acusa.”Estudio contratado por Dipreca a la consultora Incosa. En verdad, aquí naufragan todos los principios de ética pública, los informes y los discursos a que nos tienen tan acostumbrados las autoridades de Gobierno. Analicemos fríamente los hechos. El director de Dipreca, don Carlos Nazar, encarga a una empresa privada un estudio previsional sobre el futuro de la institución que él dirige, el cual, por supuesto, se financia con fondos públicos provenientes de la misma Dirección de Previsión de Carabineros. El propio señor Nazar participa activamente en la designación de las personas que realizarán el informe solicitado. Designados para trabajar resultan, entre otros, don Carlos Nazar Huésped, director de Dipreca y quien encarga materialmente el servicio pagado con dinero de la institución que él encabeza; doña Dora Silva, a la sazón fiscal de Dipreca, y doña María Antonieta Cáceres, cónyuge del Subsecretario de Carabineros. En su calidad de director de Dipreca, el señor Nazar paga elevados honorarios a la sociedad Incosa, la que, a su vez, paga al mismo señor Nazar, a la señora Silva y a la señora Cáceres por el estudio contratado. Por cierto, el estudio comienza con la exposición de los objetivos que éste debe perseguir -delineados por el Subsecretario de Carabineros a esta “empresa privada”- a un auditorio en que se encuentra el director de Dipreca -él mismo se propuso para el cargo-; la fiscal de dicha institución, con quien se relacionaba tanto por su cargo público como por su militancia política, y también la propia cónyuge del Subsecretario. Los diputados de la Concertación concluyen que esto no es irregular, sino sólo inconveniente, porque al señor Nazar, a la señora Silva y a la cónyuge del Subsecretario les pagó honorarios una empresa particular. ¿Así se combate la corrupción en este país? ¿Así cumple su función fiscalizadora la Cámara de Diputados?Responsabilidad del Subsecretario de Carabineros, señor Luciano Fouillioux. En opinión de la Concertación, no tiene responsabilidad, porque, supuestamente, no ejerce autoridad sobre la Dirección de Previsión de Carabineros, y, por lo tanto, no puede fiscalizar su administración. Se respaldan para ello en las leyes y decretos respectivos, pero como ésta es una investigación de hechos reales y no una clase de teoría jurídica, veamos qué pasó en la realidad: Primero, el Subsecretario propuso para su cargo al señor Nazar; segundo, impartió las instrucciones al señor Nazar y a la señora Silva respecto de lo que se esperaba de ellos en el ejercicio de sus cargos; tercero, envió sendos oficios al general de Carabineros don César Urrutia, cuando éste dirigía Dipreca, en los que le señalaba perentoriamente que no podía hacer contrataciones de personal ni realizar convenios con proveedores, prácticamente de ninguna clase, sin previa autorización y visto bueno de la Subsecretaría de Carabineros; cuarto, cuando se encarga el estudio previsional Incosa, es el Subsecretario de Carabineros el que imparte las orientaciones respecto de lo que se espera con el informe. El Subsecretario da inicio al trabajo y él mismo lo da por concluido con la recepción del estudio y un almuerzo a sus participantes. Ahora pretenden convencernos a nosotros y al país de que la Subsecretaría de Carabineros no ejercía autoridad en la administración de Dipreca, porque así lo señalan un par de decretos. Entonces, ¿podrían respondernos las siguientes preguntas? Si el Subsecretario no tenía atribuciones para fiscalizar la administración, ¿qué sentido tuvo entonces que impartiera las orientaciones al nuevo director, ya que no podía ni siquiera controlar que éste las cumpliera? Si el Subsecretario era tan ajeno a la administración de Dipreca, ¿por qué era él quien señalaba el sentido del estudio previsional encargado a Incosa, y él mismo quien lo recibió una vez concluido? Si el Subsecretario pretendía y ejercía tan amplias atribuciones sobre la administración del general Urrutia, ¿por qué no habría de hacerlo con la administración del señor Nazar? ¿Cuándo infringió la ley el señor Subsecretario: Durante la administración del general Urrutia, cuando se atribuyó potestades de las que carecía o en la administración del señor Nazar, cuando dejó de ejercer el control inherente al mando? ¿Por cuál de las dos infracciones va a responder el señor Subsecretario? En la Comisión, durante el desarrollo de la investigación, siempre fue difícil obtener información y colaboración respecto del estudio previsional referido y a los otros temas recientemente señalados. En consecuencia, todos los datos sobre el particular, se obtuvieron por vías distintas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, termino en medio minuto. Finaliza hoy una nueva investigación. Una vez más hay dos conclusiones: una, de la mayoría de la Concertación, que determina responsabilidades para el director de Dipreca, pero exime a las autoridades gubernamentales, y, otra, de minoría, de la Oposición, que sí señala responsabilidades precisas y claras tanto de la administración como del Subsecretario de Carabineros. Cada uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos. Los hechos establecidos son concluyentes. La participación del señor Fouillioux en Dipreca era directa, permanente y detallada. La participación de funcionarios públicos y de la cónyuge del Subsecretario de Carabineros en un estudio pagado con los mismos recursos públicos que administran los que hacen materialmente el estudio, no sólo es “inconveniente”, como afirma la Concertación, sino que ello contradice abiertamente los principios sobre negociaciones incompatibles, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y falta de transparencia en la administración de los recursos públicos. En otras palabras, esos son signos inequívocos de corrupción. Que la opinión pública y el país en general juzguen. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, en el breve tiempo de que dispongo quiero dar mi opinión personal respecto de los hechos investigados. En primer lugar, estamos ante un caso claro, evidente de corrupción, de soborno, en el que el señor Carlos Barría actúa en nombre de la empresa Salco. Como él mismo señala, hace un tráfico de influencias y obtiene un cierto contrato por el cual le paga lo que vulgarmente se llama una “coima”, un soborno al Director de Dipreca, señor Nazar. Si se lee el informe, hay, además, una falta de concordancia entre las dos personas que participan en este hecho, si no punible, porque nuestra legislación es todavía muy limitada en esta materia, por lo menos, éticamente reprochable. Es decir, no están de acuerdo con el monto de la coima. Éste es el hecho central de la investigación. Y sobre ese punto, estamos todos de acuerdo en la Comisión, no hay nadie que sostenga que no hubo soborno o que el señor Nazar actuó adecuadamente. En segundo lugar, llama mucho la atención que el señor Carlos Barría tenga oficina permanente con los señores Isidro Solís, quien fuera director de Gendarmería y ocupara el cargo de director de la Oficina de Seguridad del gobierno del Presidente Aylwin, y con el señor Renato Arellano, quien, además, fue fiscal de la Dipreca en la época en que estaba dirigida por un uniformado. El propio señor Barría señala en el informe que él hizo gestiones anteriores ante la Dipreca, en la época del general César Urrutia. Aunque dice que no pagó coima en esa oportunidad, no sé si se le podrá creer. O sea, este señor tiene entrada fácil a la Dipreca desde hace muchos años, en la época del general Urrutia y del señor Nazar. Además, tiene una oficina, donde todo hace pensar que se realiza tráfico de influencias, sobornos y obtención de favores, es decir, todo lo que criticamos y queremos combatir. En ese sentido, quiero recalcar que eso es lo condenable y grueso de esta investigación. Es decir, el señor Nazar faltó a su deber, violó la ley y faltó a la ética. Además, hubo empresas privadas involucradas y actuó como intermediario el señor Carlos Barría, quien además contaba con la influencia del ex fiscal de la Dipreca y de la de otras personas. ¿Sabía de esto el señor Ministro de Defensa y el Subsecretario de Carabineros? No hay ningún indicio en la investigación que dé para pensar que el señor Fouillioux o el señor Pérez Yoma fueron informados, tuvieron alguna evidencia, supieron o tenían la sospecha de que el señor Nazar firmaba estos contratos bajo soborno. Si se leen las declaraciones del Ministro Pérez Yoma en el informe, queda absolutamente claro que en cuanto llega la denuncia, el propio Ministro y el Subsecretario piden un informe a la Contraloría, la cual se constituye, suspende al señor Nazar, y de ahí sigue todo lo que conocemos. Creo que nadie puede sostener que hay una falta de ética del Ministro de Defensa o del Subsecretario de Carabineros en el hecho central de esta investigación. Sin duda, el Subsecretario de Carabineros cometió una impericia, imprudencia o como se le quiera llamar, cuando la Dipreca contrata a una empresa en la cual su propia señora recibe un honorario; pero dicho honorario, llamo la atención sobre el particular, es bajo. El señor ALVARADO.- ¡Cómo va a ser bajo, si asciende a 2.100 mil pesos! El señor VIERA-GALLO.- Me parece muy importante señalar que el trabajo efectivamente se hace. Y eso, en nuestra legislación, no constituye un delito ni tanto menos una infracción a la ley. Desde mi punto de vista, no debería contratarse los parientes en los cargos cercanos. Pero, ¿no es eso frecuente en el tan bullado caso del Poder Judicial y en otras reparticiones del Estado? Entonces, no culpemos al Subsecretario de Carabineros de aquello en lo cual no tiene responsabilidad, porque no estuvo involucrado en el soborno, ni lo supo, y tomó las medidas para impedirlo. Critiquémosle sí su conducta poco prudente, desde mi punto de vista, de que en una empresa que contrató la Dipreca, que depende de su ámbito, trabaje su señora por un honorario. Pero eso no es lo mismo, como la Oposición quiere hacer creer, que sostener que el señor Fouillioux estaba involucrado y que tiene responsabilidad en la investigación central que nos ocupa. Son cosas distintas: una es un delito grave; la otra, lo que podemos llamar una falta de criterio del señor Subsecretario. En ese sentido, me parece importante colocar las cosas en su lugar, y, por lo menos, estoy dando mi opinión y mi convicción personal más sincera. En tercer lugar, quien denuncia esta situación, que es la fiscal, también cometió actos que no están totalmente de acuerdo con lo que debería ser el marco general de la probidad administrativa. Pero, ¡por favor!, no consideremos como lo mismo el hecho de que la señora fiscal pedía permiso por enfermedad y se hacía nombrar después como suplente, o cosas por el estilo. Eso no es lo mismo que recibir un soborno. Reconozcámosle a la fiscal al menos el mérito de haber hecho la denuncia que permitió después el conocimiento de estos hechos. Pero el punto central ya no es el señor Nazar, que ya está fuera, sino el señor Barría, que realiza el tráfico de influencias. Él recibe 140 millones de pesos por el solo hecho de... El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Terminó su tiempo, señor diputado. El señor VIERA-GALLO.- ... buscar un contrato entre la empresa Salco y la Dipreca. Y el señor Barría está en libertad, está en su oficina y sigue operando. Porque, ¿cómo se gana la vida hoy el señor Barría? Seguramente, con otro contrato. El señor Barría es el símbolo, por lo menos para mí, de lo que es un traficante de influencias y de una persona que va corrompiendo la Administración Pública. Por eso concuerdo plenamente con el voto de mayoría. Considero que las críticas de la Oposición son infundadas, pues hacen creer que todas estas actuaciones son de la misma gravedad, y me parece que en la vida es muy importante distinguir. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Prokuriça. El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, antes de referirme al fondo de la cuestión, no quiero dejar pasar un hecho que me parece de suma gravedad, como ya lo dijo el Diputado señor Silva, quien presidió la Comisión. Las disposiciones legales y constitucionales que establecen las facultades de la Cámara de Diputados son permanentemente violadas por los funcionarios públicos y quienes no cooperan con una investigación como ésta. Permanentemente la Comisión estuvo plagada de ese tipo de actos. Se le debió dar un plazo extra, porque la Administración Pública y diversos organismos no colaboraron con ella al negarle antecedentes que pudieran despejar las responsabilidades de cada uno de los participantes. Más aún, si no es por la investigación personal de algunos diputados, especialmente los de la Oposición, jamás se habrían conocido algunas irregularidades de fondo, como los contratos con la empresa Incosa y otros, que corresponden, a mi juicio, a irregularidades gruesas y no a asuntos sin mucha importancia, como se han planteado. No coincido con el voto de mayoría según el cual el Subsecretario de Carabineros no incurrió en irregularidad alguna; por el contrario, a mi juicio, cometió más de una. En primer lugar, él pertenece a la Administración Pública y, por lo tanto, está regido por el derecho público, que permite hacer sólo aquello que la ley expresamente autoriza. Hago mención a este tema, porque el Subsecretario declara ante la Comisión que nunca tuvo posibilidades de hacer nada frente a las irregularidades ocurridas en la Dipreca, debido a que esta institución es autónoma, se maneja por sí sola y respecto de ella él no tiene atribución alguna. Sin embargo, a poco andar la investigación, esta Comisión descubre que existen los oficios reservados Nºs. 3 y 5, del 4 de enero de 1995, y 9, del 13 de enero del mismo año, en los que él mismo establece los actos de fiscalización de fondo ante la administración del general señor Urrutia, que impiden la celebración de todo acto o contrato de arrendamiento y de honorarios, así como una serie de elementos que hacen pedir, incluso, al General César Urrutia, ex Director de Dipreca, una explicación por este tema, ya que, a su juicio, es imposible administrar una institución con esa clase de restricciones. Sin embargo, el señor Subsecretario jamás fiscalizó acto alguno durante la administración del señor Nazar, lo que permitió la comisión de una de las irregularidades más serias en esta materia. Se expresa que es funcionario público y que, por lo tanto, está regido por normas de derecho público, lo que significa, entonces, que actuó fuera de la ley en uno de los dos casos: cuando impartió instrucciones y prohibió celebrar actos y contratos al General señor Urrutia, no teniendo esas atribuciones, o bien -si elige la otra opción-, cuando no fiscalizó actos o la celebración de contratos -dice no haberlos conocido nunca- por cifras realmente impresionantes para una institución -diría- de muy escasos recursos. En segundo lugar, no puedo dejar de mencionar lo referente a los contratos celebrados por la Dipreca con la empresa Incosa que, a mi juicio, no es una cosa menor -como planteó el Diputado señor Viera-Gallo hace un momento-. Como consecuencia del interés manifestado por el Ministerio de Defensa al respecto, se encargó al señor Subsecretario de Carabineros un estudio previsional. Él determinó las personas que lo realizarían, entre las cuales figura su cónyuge. Ante ello, ¿qué posibilidades tiene ese funcionario de fiscalizar o de determinar que ése es un buen trabajo? Aquí es claro que hay tráfico de influencias. Si hoy no está sancionado en la ley, es nada más porque el articulado correspondiente del proyecto presentado por Renovación Nacional fue votado en contra en la Sala. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, ha concluido su tiempo. El señor PROKURIÇA.- Redondearé las ideas, señor Presidente. En tercer lugar -y en esto difiero absolutamente del Diputado señor Viera-Gallo-, por los montos no debe determinarse si se trata de irregularidades o de una falta de prudencia. Aquí hay un hecho irregular de fondo que se repite en la Administración Pública. También quiero hacer mención a las irregularidades cometidas por la fiscal señora Dora Silva. Ella, en una acción que por el cargo que desempeñaba es más grave -y ha sido planteada en la Sala como un hecho que se repite permanentemente en la Administración Pública-, cobra boletas de honorarios por servir con el mismo número de horas en su trabajo. La corrupción es un mal que se ha metido muy fuerte en nuestro sociedad, y la única forma de evitar que siga cundiendo y horadando sus bases es sancionándola con el mayor rigor de la ley y dando señales claras en el sentido de que quienes incurran en conductas inadecuadas serán sancionados severamente. Esto servirá para evitar que aquellos funcionarios honestos no cometan acciones reprochables. Finalmente, quiero reiterar que la Administración Pública debe cooperar con la Cámara y no eludir los hechos, como habitualmente ocurrió durante la investigación de la Comisión investigadora. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner. La señora WÖRNER.- Señor Presidente, una de las tareas más delicadas que debemos cumplir, además de legislar, es la de fiscalizar. En ese campo, debemos llevar adelante las investigaciones en las respectivas comisiones que se forman para tal efecto y que la Sala encomienda. Comparto plenamente el voto de mayoría. Había preparado mi intervención de esta mañana en relación con la normativa que rige a la Dipreca, a las normas de derecho público a que debe someterse y a otras cuestiones propias de la larga y acuciosa investigación que realizamos. Pero, no voy a intervenir de acuerdo con esos puntos, porque no puedo dejar pasar la ocasión para rechazar categóricamente algunas expresiones de honorables diputados miembros de la Comisión -que trabajaron acuciosamente y con asiduidad, puesto que asistieron a todas las reuniones que fue necesario convocar tanto aquí en Valparaíso como en Santiago-, por cuanto dejan un manto de duda acerca de quienes no participamos del voto de minoría y mueven a que la opinión pública siga aumentando su falta de credibilidad y de confianza en nuestras actuaciones. Con esas expresiones, a mi juicio irresponsables, seguimos dañando la imagen y el prestigio de la Corporación. Muchas veces el deseo se aleja de los hechos. Aquí, cumpliendo con un mandato de la Corporación, nos hemos constituido en Comisión investigadora, hemos hecho acopio de antecedentes a partir de oficios, de entrevistas, de declaraciones de invitados y de confrontar los hechos y datos que logramos reunir, para llegar a la conclusión que hace algunos minutos dio a conocer el Diputado informante. Sin embargo, ocurrió una situación que me preocupa, y no sé si esto se entenderá como práctica en el futuro. Hay dos investigaciones paralelas. Aque-lla que llevamos a cabo con responsabilidad al interior de la Comisión investigadora y otra que realiza la prensa, lo cual no es malo, porque mientras más publicidad se dé a los hechos que se nos encomienda investigar, más transparencia habrá, y es bueno que la opinión pública esté informada. Pero también es bueno, necesario y estrictamente urgente, corregir algunas prácticas, de suerte que la información que se entregue corresponda verdaderamente a lo que se investiga y no a lo que quisiéramos que ocurriera o a lo que nuestras elucubraciones nos llevan a concluir. Aquí se ha dicho que el voto de mayoría pretende proteger al Subsecretario y a otras autoridades que estuvieron involucradas en los hechos. Eso no lo puedo aceptar, porque he apoyado el voto de mayoría después de llegar a la conclusión de que el informe que hemos realizado ha sido serio y porque no cabe más que dar por establecidos los hechos que contiene. En el mismo voto de minoría hay imprecisiones; no sólo en las intervenciones que algunos estimados colegas han hecho con anterioridad. Por ejemplo, en relación con la participación del Subsecretario de Carabineros, dice lo siguiente: Le cupo: “La organización de la comisión especial para la realización de un estudio previsional respecto de Dipreca, comisión que termina contratando a la empresa Incosa, la que a su vez contrata a los integrantes de la comisión. Este último punto no sólo demuestra la injerencia del Subsecretario en el manejo directo y superior de Dipreca, sino que constituye también una demostración del ambiente -podría decirse- alambicado y tortuoso de este último contrato”. Y se pregunta más adelante: “Si el señor Subsecretario organizó y presidió esta comisión especial, como lo demuestran las actas de la misma, ¿cómo podría no saber a quién se contrató para efectuar este trabajo,...?” Ésa es una imprecisión -por decirlo de manera elegante-, porque aquí tengo las actas con las declaraciones que en su oportunidad hicieron el señor Subsecretario y el señor Nazar en relación con este punto. El Subsecretario fue consultado por uno de los miembros de la Comisión investigadora, perteneciente a la Oposición, acerca de los trabajos que su cónyuge había realizado con la Dipreca. Él fue categórico en señalar: Con Dipreca, ninguno. Nunca mi cónyuge ha recibido remuneraciones de Dipreca. Sólo participó en un equipo de una consultora, que prestó servicios sobre el tema previsional. Por otro lado, el señor Nazar dice que él recibió el encargo del señor Ministro de Defensa, transmitido a través del Subsecretario, de contratar a esa consultora, formar una comisión y encomendarle el trabajo que era delicado y que se trató con alguna reserva. De allí, entonces, surge la explicación que se dio en el sentido de que esto no se hiciera a través de licitación pública, cuestión que podremos compartir en cuanto a que no es bueno para la transparencia de la gestión pública, pero en este caso particular fue así. El señor Nazar reconoce que él recibió el encargo, organizó y determinó la contratación de esa empresa y que la consultora decidió quiénes harían el trabajo propiamente tal, el cual, por lo demás, concluyó con un informe que todo el mundo ha considerado eficiente y útil. De manera que al señor Subsecretario no le cupo más que transmitir al Director de la Dipreca el encargo del señor Ministro. Sin duda, cuando se publica un domingo, en a lo menos dos periódicos y en una revista de circulación nacional, que el señor Subsecretario mintió en la Comisión, eso genera un daño que, aun cuando podamos reproducir los informes y antecedentes y repartirlos a todo el país, no se supera. No podemos, a través del trabajo que hacemos en las comisiones investigadoras, dañar con ligereza la honra de las personas. En el voto de minoría, se dice que la actuación del señor Subsecretario, en todo lo relacionado con la consultoría, estaría probada por un acta que no forma parte del archivo de la Comisión ni de su trabajo, porque se trata de una hoja en blanco que el Diputado señor Alvarado, de la Oposición, presentó el último día, cuando estábamos emitiendo los votos de mayoría y de minoría, diciendo que allí constaba toda la mentira y la actuación del señor Subsecretario en estos hechos. Dicha acta no tenía firma ni membrete, y no pongo en duda el origen que le dio el Diputado señor Alvarado, pero quiero dejar constancia de que decía, simplemente, que un día y a una hora determinados, el señor Subsecretario se reunió con la gente que conformaba el equipo de la empresa Incosa, para decirles que en un plazo definido por el señor Ministro se le encomendaba tal función y punto. Después de un largo trabajo de consultoría -que se reduce al informe que recibimos-, el señor Fouillioux recibió sus conclusiones y la dio por terminada. Reitero que no puedo aceptar que aquí se diga que quienes apoyamos el voto de mayoría nos coludimos para echar tierra a una situación de corrupción o de falta de probidad, como tampoco permito que en estos momentos nos quedemos callados frente a afirmaciones formuladas con ligereza a la prensa, puesto que con todos los anexos del informe y antecedentes que recibimos –con-tenidos en un tremendo archivador- ha quedado probado que no corresponden a la verdad. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Huenchumilla, por cinco minutos. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, quiero abordar tres puntos que tienen su origen en la investigación y discusión de esta mañana en la Sala. La primera reflexión es que muchas veces no tenemos claridad sobre el uso de las facultades de fiscalización que nos otorga la ley. Entonces, se utiliza una terminología que tiene un efecto formal, pero que, en el fondo, no dice nada, porque expresiones como “irregularidades” y “corrupción” dependen de lo que una Comisión investigadora quiera alcanzar frente al país. Al respecto, debo señalar que nuestro propósito no fue una investigación como la que hacen los tribunales de justicia para establecer delitos y responsabilidades penales. Tampoco fue precisar las de tipo administrativo. Nuestra misión, como representantes de la soberanía popular, fue decirle al Gobierno y al país que determinados actos tienen cierta connotación política. En el caso de Dipreca, los delitos fueron establecidos por los tribunales de justicia en forma clara y hay personas encargadas reos. Desde el punto de vista administrativo, la Contraloría General de la República, que tiene muchas más facultades, más pericia y más experiencia que nosotros, ha establecido las responsabilidades en este plano. Para nosotros, como Cámara de Diputados -es una primera afirmación a raíz de los hechos-, lo que ha pasado en Dipreca es inaceptable desde el punto de vista de las normas éticas y políticas. Por lo tanto, podemos decirle al país que la institucionalidad ha funcionado, porque los tribunales de justicia han hecho su tarea y la Contraloría General de la República, por su parte, ha cumplido la suya. ¿Qué falta por hacer? Que nosotros precisemos ciertos tipos penales para castigar a sectores de la empresa privada que fomentan situaciones de esta naturaleza, como lo dijo aquí un señor diputado. Creo necesario legislar en esa dirección. En segundo lugar, lo normal es que una Comisión investigadora quiera establecer qué responsabilidad tienen los que dirigen estas instituciones y sus superiores. En este caso, la Oposición -especialmente, porque está para fiscalizar y jugar su rol-, sin duda, quiere establecer si el señor Subsecretario de Carabineros o el señor Ministro de Defensa tuvieron o no responsabilidades en este ámbito. Pero para emitir un juicio serio al respecto, no valen las acusaciones al voleo, sino que debemos encuadrar esto -que no es teoría jurídica- dentro de las reglas que el Estado le ha dado a la institucionalidad para fijar sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Lo concreto es que Dipreca, por mandato de la ley de Carabineros, de la Contraloría General de la República y de la ley de Bases de la Administración del Estado, es un organismo descentralizado y, por lo tanto, ninguna responsabilidad tienen en su gestión el señor Subsecretario de Carabineros o el señor Ministro de Defensa. Eso puede estar bien o mal; pero, no podemos deducir responsabilidades, por cuanto la propia Ley de Bases de la Administración del Estado dice que no existe ninguna dependencia de un órgano descentralizado respecto del Subsecretario y del Ministro. Y, al revés, en los órganos centralizados se requiere una clara dependencia, puesto que los propios funcionarios ejecutan por sí mismos los actos patrimoniales que pudieran afectar su responsabilidad moral y política; en cambio, en un organismo descentralizado esa gestión la hace el director por mandato de la ley. De manera que no podemos deducir responsabilidades donde no las hay, porque el fundamento legal de esta conclusión es claro. Termino señalando que en el caso de Incosa hay una línea de tratamiento y de análisis un poco más fina, que requiere cierta precisión. El reproche que podemos hacer, como Cámara fiscalizadora, es la inconveniencia de que altos funcionarios del Estado contraten, en forma directa o indirecta, a ciertas personas ligadas por parentesco, ya sea de consanguinidad o de afinidad. No hay delito, ni responsabilidades administrativas ni irregularidades, porque la señora del Subsecretario no es funcionaria de Dipreca, recibió el pago de una tercera persona jurídica y el trabajo fue bien hecho, se realizó y sirve. Por lo tanto, apoyaré el voto de mayoría. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín, por tres minutos. El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, sin perjuicio de compartir los juicios señalados por el Diputado señor Huenchumilla, quiero mencionar algunos aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, esta cuestión no es secundaria, sino que es seria y corresponde al trabajo de fiscalización de la Cámara. Lamento que no se haya marcado el límite antes de emitir juicios sobre el particular, porque, por tradición, las cuestiones que se arrastran bastante tiempo se transforman en malos comportamientos. En definitiva, muchas de las cosas nos penan del pasado y no se han aplicado las disposiciones jurídicas pertinentes. En primer lugar, debe definirse si la dependencia jerárquica era vertical, como existe en las Fuerzas Armadas, de un subalterno respecto de un general, o si, de acuerdo con diferentes leyes, era la que se da en un organismo descentralizado, para determinar si el Subsecretario de Carabineros y el Ministro de Defensa, en este caso, merecen un juicio político por lo que realizó alguien que no depende jerárquicamente de ellos. Sería un error responsabilizar desde este punto de vista a una persona por actos de otra. No cabe duda de que procede el juicio sobre los señores Nazar y Barría, porque el primero desempeñaba un cargo público con capacidad de gestión, y hubo aprovechamiento ilícito, y el segundo es una persona que se autodenomina “gestor de negocios”, con antecedentes en el pasado. Por eso, quiero saber qué se está ocultando, porque, a mi juicio, constituye un acto repudiable que alguien, a propósito de una denuncia -es el caso de la señora Dora Silva-, saque a la luz pública el hecho de que hay una irregularidad. Esto se traduce en el dicho conocido del “ladrón detrás del juez”. Aquí, el denunciante se transforma en la persona a quien se persigue a través de los medios de comunicación, y no me parece que sea una buena señal para la opinión pública. Desgraciadamente, se está dando una mala enseñanza, porque la Oposición no reconoce que muchas de estas cuestiones se arrastran desde hace mucho tiempo y hemos sido incapaces de juzgarlas debido a las limitaciones que nos hemos impuesto. Comparto el voto de mayoría, porque no hay responsabilidad política. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia, a cuya bancada resta un minuto. El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, quiero destacar dos temas que expuse en la Comisión investigadora y que creo conveniente dejar expresados para su historia. El primero, la conveniencia de que el fiscal de un servicio descentralizado no sea nombrado por el jefe o director respectivo, pues, como queda claro en este caso, la desafortunada circunstancia de que ambos fueran nombrados simultáneamente a nivel del Ministerio de Defensa, creó una relación sin la tremenda dependencia que significa ser funcionario de confianza del jefe al que se debe fiscalizar. Por ello, he propuesto que el fiscal de un servicio descentralizado sea nombrado por una autoridad diferente y superior al jefe directo, propuesta que reiteraré a las instancias correspondientes. En segundo lugar, he pedido destacar el importante papel cumplido por la fiscal, señora Dora Silva Letelier, para que la corrupción que había surgido y crecido en Dipreca fuera conocida e investigada por la Cámara. Lo básico es que en este caso hubo un funcionario que se atrevió a denunciar graves situaciones, aunque ello le significara problemas, como habitualmente ocurre cuando se denuncian intereses poderosos. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva, por dos minutos. El señor SILVA.- Señor Presidente, quiero hacer resaltar un hecho que mencionó la Diputada señora Wörner. Lamentablemente, en este caso, se han llevado dos investigaciones: una, al interior de la Comisión, y otra, en los medios de comunicación, donde se ha dicho una cantidad de cosas increíbles. Comenzó cuestionándose la petición de renuncia de la señora Dora Silva, materia que, a corto andar, quedó desechada. Posteriormente, se habló de influencias que la señora Silva habría ejercido para el nombramiento de su marido como notario, cuestión que está desechada por el mecanismo propio que existe. Luego, se involucró a otros parientes. Después, se dijo que Incosa habría sido contratada por el propio Subsecretario; incluso, que éste habría mentido en la Comisión, lo que quedó meridianamente aclarado por la Diputada señora Wörner cuando leyó su declaración. Por lo tanto, al parecer, la máxima de la investigación llevada por los medios de comunicación y algunos de mis colegas es: “Miente, miente, que algo queda”. Y ha sido constante, permanente. Espero que con el informe queden claramente dilucidadas las dudas que han existido y la nula responsabilidad por parte de las autoridades de Gobierno en este caso, sin perjuicio de rescatar lo que señaló el Diputado señor Viera-Gallo, de que ha habido un hecho de corrupción, se ha identificado a los responsables, y las recomendaciones de la Comisión son claras y específicas -ojalá sean recogidas por los organismos correspondientes- para evitar que se vuelva a repetir. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Cerrado el debate. La votación se realizará en dos instancias: en la primera, se excluiría el voto de minoría, que se votaría en la segunda. Tiene la palabra el Diputado señor Prokuriça.El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, si bien dentro del voto de mayoría no compartimos la letra b), votaríamos a favor la a). Por eso, solicito votar en forma separada las letras a) y b), y después el voto de minoría, de manera de representar realmente nuestro planteamiento. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, me parece muy importante lo señalado por el Diputado señor Prokuriça, porque hay una parte sustantiva del informe que compartimos todos los miembros de la Comisión. Entonces, es relevante que ante la opinión pública ese hecho sustancial quede resaltado en el voto que vamos a emitir. Hay una parte en la que discrepamos, pero la considero secundaria respecto de la envergadura del hecho central. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor Prokuriça, le ruego que repita su propuesta. El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, la idea es votar en forma separada las letras a) y b) de las conclusiones del informe de mayoría. Posteriormente, votar el informe de minoría. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, quiero aclarar lo señalado por los Diputados señores Prokuriça y Viera-Gallo. En la página 66 del informe se inician las conclusiones, que están separadas por hechos determinados. En lo que dice relación con el punto 1, contratos con las Empresas Salco S.A. y Óptica Place Vendôme, letra a), hubo consenso en la Comisión. Hubo disenso en la letra b). Posteriormente, en la página 76, donde está el tema de las boletas de honorarios, punto 2 de las conclusiones, también hay acuerdo unánime de la Comisión. Donde nuevamente hay disenso es en lo que aparece como punto 3, en la página 77, que dice: “Estudio previsional realizado por la empresa Inversiones y Consultorías S.A., Incosa”. En las proposiciones de la Comisión también hubo acuerdo unánime. Por lo tanto, sólo hay discrepancias en la letra b) del punto 1 y en el punto 3. El resto, podríamos aprobarlo por unanimidad. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela, por una cuestión de Reglamento. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, quiero recordar que no está en votación el articulado de un proyecto de ley. Aquí lo único que debemos votar es la proposición de mayoría, porque es lo que procede en derecho. Si hubo consenso en alguna parte, debió expresarse tanto en el informe de mayoría como en el de minoría. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Luksic, por una cuestión de Reglamento. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, se ha suscitado la duda de si el Reglamento permite que se voten dos informes; en este caso concreto, el de mayoría y el de minoría. Al parecer, sólo permite votar el de mayoría, lo que me parece lógico. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, mi duda es la siguiente: de acuerdo con el Reglamento, en las comisiones investigadoras es posible tener voto de minoría. Por lo tanto, debemos votar el informe de la Comisión, que contiene los votos de mayoría y de minoría, porque si lo votamos en forma separada, podemos aprobar el voto de mayoría y, eventualmente, rechazar el de minoría; pero ese voto, de todas maneras, está consignado en el informe, de manera que debemos votar el informe de la Comisión, que contiene ambas apreciaciones. Planteo esto como una consulta a la Mesa. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El criterio de la Mesa a ese respecto, al menos, es claro. Vamos a votar el informe de mayoría de la Comisión, y después el de minoría. Lo único que ha estado en discusión en este momento es la posibilidad de dividir la votación del informe de mayoría. El problema es que el Reglamento no contiene una disposición clara sobre los informes de las comisiones investigadoras; por lo tanto, hay que guiarse por las disposiciones generales, que establecen que se pueden dividir las proposiciones. La Mesa parte de la base de ese criterio reglamentario genérico, en orden a admitir la división de la proposición. En votación el informe de mayoría, con exclusión de la letra b) del Nº 1, y el punto 3, página 76 del informe. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad? Aprobado. En votación la letra b) del Nº 1, y el punto 3, página 76 del informe de mayoría. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 1 abstención. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-Aprobados los puntos antes indicados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Elgueta, Encina, Fuentealba, Gajardo, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Bombal, Caminondo, Coloma, Correa, Chadwick, Errázuriz, Espina, Fantuzzi, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rodríguez, Solís, Taladriz, Valcarce, Vargas, Vega y Vilches.-Se abstuvo el Diputado señor Ávila. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el voto de minoría, del que se ha dado cuenta en el informe de la Comisión. -Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Rechazado el voto de minoría del informe. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Bombal, Caminondo, Coloma, Correa, Chadwick, Errázuriz, Espina, Fantuzzi, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hernández, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rodríguez, Solís, Taladriz, Valcarce, Vargas, Vega y Vilches. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Elgueta, Encina, Fuentealba, Gajardo, Gutiérrez, Hamuy, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano. -Se abstuvieron los Diputados señores: Ávila, Morales y Navarro. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, un asunto reglamentario. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, al leer la lista de los asistentes a las diversas sesiones de la Comisión, me ha llamado la atención que no figuro en ella, a pesar de que me tocó reemplazar, por lo menos en tres reuniones, a algunos miembros titulares. Normalmente se deja constancia de la asistencia de los parlamentarios que cumplen esa función y creo que ello debe ser así. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, le pediremos a Secretaría que revise ese aspecto. Despachado el informe de la Comisión investigadora de la situación que afecta a Dipreca. VII. PROYECTOS DE ACUERDO El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo. La señora POLLAROLO.- Señor Presidente, por su intermedio, solicito la unanimidad de la Sala para tratar un proyecto de acuerdo presentado en este momento, que es urgente, por el cual se pide a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que estudie los cambios estructurales que requiere nuestro sistema de justicia. El país está profundamente preocupado por lo que algunos han llamado la “crisis del Poder Judicial”. El firme y claro discurso de la Ministra de Justicia en el pleno de la Corte Suprema ha reafirmado ese criterio. Este proyecto de acuerdo está firmado por diputados de todas las bancadas. Por eso, me atrevo a solicitar la unanimidad de la Sala para que se considere en primer lugar. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición formulada por la Diputada señora Pollarolo. No hay acuerdo.RESGUARDO A DERECHOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS AFECTADAS POR PROYECTO RALCO. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 538, de los señores Villegas, Andrés Palma; Reyes, Hernández, Ascencio, Huenchumilla, Zambrano, Morales, Villouta, Gutiérrez y Letelier, don Felipe. Este proyecto fue discutido y votado en la sesión 8ª, pero no hubo quórum. Hay que repetir la votación, señor Presidente. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En votación. -Durante la votación. El señor JARA.- Señor Presidente, pido repetir el número y la lectura del proyecto de acuerdo para clarificar de qué se trata. El señor ROCHA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura de nuevo al proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 538 que, en su parte pertinente, dice: “La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su Excelencia el Presidente de la República instruir a los organismos del Estado, con el objeto de resguardar los derechos de las comunidades indígenas afectadas, velando por la protección de sus tierras, con pleno respeto a la legislación vigente.” El señor PÉREZ (don Aníbal).- ¿Qué número tiene ese proyecto de acuerdo? El señor ROCHA (Vicepresidente).- Nº 538. Fue discutido en su oportunidad y sólo falta repetir la votación. El señor PROKURIÇA.- Pido la palabra por una cuestión reglamentaria. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, reglamentariamente, corresponde que se vea el proyecto de acuerdo que sigue. Estamos en el Nº 524 y su Señoría ha puesto en votación el Nº 538. Entonces, me extraña que no se respete el orden de precedencia, a menos de que haya unanimidad de la Sala al respecto. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Señor diputado, se me informa que el señor Presidente, reglamentariamente, ordenó que se tratara éste, lo que es procedente. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Quedó pendiente en la sesión pasada por falta de quórum. El señor PÉREZ (don Aníbal).- No está en carpeta ese proyecto, señor Presidente. El señor ROCHA (Vicepresidente).- ¿Hay problema para votar el proyecto de acuerdo? Varios señores diputados.- ¡No! El señor ROCHA (Vicepresidente).- Entonces, en votación. -Durante la votación. El señor PROKURIÇA.- No está en carpeta el proyecto. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Efectivamente, no lo está, pero fue discutido y leído dos veces en la sesión anterior. Tiene la palabra el Diputado señor Morales.El señor MORALES.- El proyecto quedó pendiente en la sesión especial de Ralco, no en la pasada. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor ROCHA (Vicepresidente).- No se ha alcanzado el quórum requerido, que es de 39 votos. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Elgueta, Encina, Fuentealba, Gajardo, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Reyes, Seguel, Tohá, Tuma, Venegas, Viera-Gallo, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Orpis y Vega. -Se abstuvieron los Diputados señores: Coloma, García (don José), Pérez (don Ramón) y Valcarce.ADQUISICIÓN DE INMUEBLES DE FERROCARRILES DEL ESTADO POR EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 528, de los señores Jara, Tuma, Hurtado, Tohá, Sabag, Ceroni, Silva, Pérez, don Aníbal; García, don René; Morales, Naranjo, Martínez, don Rosauro; Pérez, don Ramón; Villouta, Karelovic, Errázuriz, Zambrano, Urrutia, don Salvador; señora Wörner, Caminondo, Hamuy, Taladriz, Balbontín, Ortiz, Huenchumilla, Viera-Gallo, Gutiérrez, Letelier, don Felipe, y Masferrer. -El texto de este proyecto de acuerdo fue leído en la sesión 9ª, celebrada en martes 17 de junio pasado. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Sólo está pendiente la votación de este proyecto de acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ROCHA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fantuzzi, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Leay, León, Letelier (don Felipe), Masferrer, Montes, Morales, Muñoz, Navarro Ojeda, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Rebolledo (doña Romy), Seguel, Silva, Tuma, Urrutia (don Salvador), Vega, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Chadwick, García (don José), García-Huidobro, Melero y Orpis. -Se abstuvieron los Diputados señores: Coloma, Correa, Galilea y Rodríguez.VIABILIDAD DE INCLUSIÓN DE PREESCOLARES EN SEGURO ESCOLAR. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 529, de los señores Errázuriz, Valcarce, Ávila, Álvarez-Salamanca, Balbontín, Bartolucci, Tuma, Alvarado, Sabag, Kuschel, García, don René; Pérez, don Ramón; Villouta, Karelovic, Moreira, Munizaga, Zambrano, Masferrer, Morales, Jürgensen, Urrutia, don Salvador; Hurtado, Caminondo, Hamuy, Taladriz, Ortiz, Huenchumilla, Encina, Solís, García-Huidobro, Correa, Bayo, Gutiérrez, Letelier, don Felipe, y Bombal. “Considerando:1. Que el Estado sólo asegura a los estudiantes desde kinder, quedando excluidos de dicho seguro los niños que están en la Junji Integra y otras entidades pre escolares, que es donde ocurre la mayor cantidad de accidentes;2. Que del actual seguro escolar, en relación con las primas que paga el Estado, se ocupa menos del 50 por ciento porque los niños que hacen uso del seguro por sufrir accidentes son menos de la mitad de los escolares;3. Que cuando se accidenta un niño pre escolar, recibe atención primaria sin dificultad, pero si ese niño requiere tratamiento posterior porque, por ejemplo, sufrió una quebradura, ese tratamiento posterior deben pagarlo los padres, la Cámara de Diputados acuerda:1º Solicitar al Gobierno que se incluya las salas cunas, los jardines infantiles y los centros abiertos en el seguro escolar, del que hoy se encuentran excluidos;2º Enviar este acuerdo a los señores ministros de Hacienda y del Trabajo a objeto de que informen a esta Cámara de Diputados sobre la viabilidad del punto anterior.” El señor ROCHA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. El señor MELERO.- No, señor Presidente. El señor ROCHA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el objeto de este proyecto de acuerdo es regular una situación que hoy afecta a los niños que están en la Junta de Jardines Infantiles, en Integra y en otras entidades preescolares, nivel en el que ocurre la mayor cantidad de accidentes. En este momento, el Estado paga por un seguro escolar respecto de los niños que se encuentran en edad escolar o preescolar; sin embargo, de esa prima, se ocupa menos del 50 por ciento, porque los niños que hacen uso de dicho seguro por sufrir accidentes son menos de la mitad de los escolares. Es efectivo que cuando se accidenta un niño en edad preescolar recibe atención primaria sin dificultad; pero si requiere un tratamiento posterior en el caso, por ejemplo, de una quemadura, lo deben pagar los padres, porque no lo cubre el seguro. Evidentemente, esto tiene un costo. Por eso, no podemos presentarlo como un proyecto de ley, porque sería declarado inconstitucional. Por lo tanto, queremos que los Ministros de Hacienda y del Trabajo estudien la factibilidad de enviar un proyecto de ley para que los niños que están en salas cuna, jardines infantiles o centros abiertos, puedan beneficiarse a través del mismo seguro o de un sistema similar al seguro que hoy paga el Estado por los niños en edad escolar. Ése es el objeto del proyecto de acuerdo. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, quiero formular una consulta. Si se pretende que el Gobierno presente un proyecto de ley sobre esta materia, que se solicite directamente, pero se le está pidiendo que evalúe la iniciativa... El señor ROCHA (Vicepresidente).- Señor diputado, le ofrecí la palabra para hablar a favor del proyecto. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, estoy haciendo una consulta para que su Señoría aclare... El señor ROCHA (Vicepresidente).- Señor diputado, en este momento no corresponde hacer consultas. El señor FUENTEALBA.- Entonces, pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo contiene una contradicción. Si el Gobierno hubiera evaluado positivamente esta cuestión, ya habría presentado un proyecto de ley, pero no lo ha hecho. En consecuencia, me parece absolutamente innecesario pedírselo. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en verdad, al intervenir por un asunto de Reglamento, el Diputado señor Fuentealba habló en contra del proyecto de acuerdo. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Señores diputados, lamentablemente, el señor Fuentealba no se refirió al proyecto de acuerdo como corresponde. Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el texto del proyecto de acuerdo que obra en nuestro poder dice en su epígrafe: “Proyecto de acuerdo que establece el seguro preescolar”. En primer lugar, esto ya es un error, porque por este proyecto de acuerdo no se está estableciendo ningún seguro preescolar. Posiblemente, el Diputado señor Errázuriz -que lo ha presentado- después dirá: “yo presenté un proyecto de acuerdo para establecer el seguro preescolar”, y eso es falso. En consecuencia, si nos pronunciamos favorablemente, estaríamos aprobando algo falso. En segundo lugar, pide que oficiemos al Gobierno -lo que se puede hacer sin necesidad de un proyecto de acuerdo- para que incluya en un seguro preescolar, que no se sabe cuál es, porque se está estableciendo por este mismo proyecto de acuerdo. Hay una contradicción; si se establece, no se puede incluir en algo; no existe este seguro, y lo que se pretende es inventarlo. Es muy buena idea que se invente, pero no podemos establecerlo. En tercer lugar, hay otra contradicción entre los puntos primero y segundo, porque en uno le dice al Gobierno: “hágalo”, y en el otro: “estúdielo, evalúelo y, según eso, respóndanos”. Entonces, ¿qué se está planteando aquí? Es una mala señal a la opinión pública y, en general, a la ciudadanía decir que hacemos algo que no estamos haciendo. En cuarto lugar, solicitamos al Gobierno que haga algo que no estamos seguros qué es o si es bueno hacerlo, porque, además, le estamos pidiendo que lo estudie y que en función de ello, resuelva. Me parece que siendo una muy buena idea la planteada por el Diputado señor Errázuriz -me alegro de que la traiga a la hora de los proyectos de acuerdo-, de que se establezca un seguro escolar para todos los alumnos del país y no sólo para quienes puedan pagarlo, que es lo que existe, el Estado no tiene financiado un seguro para los alumnos del sistema público de educación, preescolares o escolares. En todo caso, eso no es lo que señala el proyecto de acuerdo, sino un conjunto de ideas buenas mal formuladas. En esa perspectiva, le pido al Diputado señor Errázuriz que retire el proyecto de acuerdo, a fin de que la Cámara adopte una buena resolución, porque esto es muy contradictorio e inconducente. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Ávila, Balbontín, Cardemil, Ceroni, Coloma, Correa, Chadwick, Encina, Errázuriz, Espina, Fantuzzi, García (don José), García-Huidobro, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Leay, Makluf, Melero, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Seguel, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Aylwin (don Andrés), Cornejo, Latorre, Luksic, Palma (don Andrés) y Villouta.-Se abstuvo el Diputado señor: Rocha. VIII. INCIDENTESANUNCIO DE USO DE ENERGÍA NUCLEAR EN LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD. Oficios. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Socialista. Tiene la palabra el Diputado señor Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, quiero manifestar mi extrañeza, sorpresa y preocupación por los anuncios hechos por el gerente de Enersis, señor José Yuraszeck, en un artículo publicado por “El Mercurio” del lunes, titulado “Enersis estudia la viabilidad de usar generación nuclear”. En la noticia se destaca que existe un equipo de trabajo que analiza la viabilidad de usar energía nuclear para complementar el parque eléctrico nacional. El señor Yuraszeck basa el uso de la energía nuclear para producir electricidad en la creciente demanda de energía eléctrica, de alrededor de 21 MW al final del año 2010, y plantea que para satisfacerla, son insuficientes las centrales hidroeléctricas y el gas natural. Justifica el uso de energía nuclear para producir electricidad con el argumento de que muchos países desarrollados, como Francia y Estados Unidos ya lo hacen. Estos anuncios son altamente preocupantes, ya que se unen a otras consideraciones sobre el tema de este gran consorcio eléctrico del país. Como se sabe, Enersis no sólo dispone de una integración vertical en el sector eléctrico donde la transmisión, distribución y generación de energía están en la misma mano, sino que nos impone la construcción de Ralco y otras centrales hidroeléctricas, así como una fijación de tarifas. Por último, se sospecha en forma fundada, que esta empresa financia a un sector de la política chilena orientada a la Derecha. Creo que Enersis trata de imponernos el uso de la energía nuclear para obtener electricidad. Si bien es cierto que se utiliza en algunos países, también lo es que otros, por seguridad, la han desechado absolutamente. Así, en los países escandinavos, en Austria y en España han realizado movimientos en contra del uso de la energía nuclear y, hoy, sustentan su generación de energía por otros medios. Quiero tener la seguridad de que en este país no ocurran hechos como los de Chernobil, que a todos nos preocupan, cuyas consecuencias fueron de tal magnitud que ahora se ven en la necesidad de recurrir a una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares para tener tranquilidad respecto de la generación de la energía nuclear. Por último, pido que se oficie a distintas instituciones del país para conocer sus opiniones acerca del tema: a la Conama, a los especialistas de la universidad, a los Ministerios técnicos, como el de Economía, Comisión Nacional de Energía, Secretaría General de la Presidencia. Deseo saber cuál es su posición respecto del anuncio del señor Yurazseck, porque me parece altamente preocupante para el país. Hago votos para que en materias tan trascendentes y preocupantes, como el uso de la energía nuclear, el país sea conducido por las autoridades elegidas democráticamente, y que no sean las empresas, por mucha importancia o vinculaciones políticas que tengan, las que dirijan nuestras vidas, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de los Partidos Socialista, Por la Democracia, Demócrata Cristiano, y del Diputado señor Morales.FALLO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE PROHIBICIÓN DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULA El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, con el fallo de la Excelentísima Corte Suprema sobre la película “La última tentación de Cristo”, que prohíbe su exhibición, hemos quedado culturalmente interdictos en el país, porque al contrario de lo que el Presidente de la República buscaba, poner término a la censura y crear la más amplia libertad de expresión cultural, el más alto tribunal de la República prohíbe la exhibición de una película, que no sólo es dirigida por un gran director, Martin Scorsese, sino que está basada en la novela de uno de los más grandes escritores griegos de la cultura contemporánea; Nikos Kazantzakis. Nadie con una visión integrista de la vida puede sostener que esa película lesiona sentimientos religiosos. Por el contrario, si algo caracteriza en su labor literaria a Nikos Kazantzakis, es una profunda inquietud religiosa. Él es un gran creyente. La película nos llama a reflexionar sobre el misterio de la figura de Jesús, que para quienes tenemos fe, tiene un significado, y para los que no la tienen, otro. Además del problema del integrismo religioso, que se traduce en la jurisprudencia del alto tribunal, hay aquí una mezcla muy perjudicial entre el Estado y lo que ellos consideran que son los llamados intereses de la Iglesia, lo cual, por cierto, pone una hipoteca a la libertad cultural del país. Por eso, es muy importante que, al menos, el fallo no cree jurisprudencia, sino que permanezca en la historia de Chile como profundamente oscurantista desde el punto de vista cultural. No debería ser, en ningún caso, el criterio con que mañana los tribunales defiendan los sentimientos religiosos de las distintas creencias existentes en el país, porque entonces la democracia y el pluralismo se verían completamente amagados. He dicho. CONOCIMIENTO PRIVILEGIADO DE ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, ayer, aproximadamente a las 16 horas, ingresó a la Cámara una indicación sustitutiva al proyecto sobre las AFP. Llegó a la Comisión de Trabajo a las 18 horas; pero su texto, antes de que la conociera algún parlamentario o miembro de la Comisión, fue solicitado por un señor senador. Tengo serias dudas respecto de la actuación del senador que solicitó la indicación, y sería bueno que la Cámara de Diputados aclare cuándo o en qué minuto un proyecto o una indicación es pública: cuando ingresa a la Cámara, cuando se da cuenta en la Sala, o cuando llega a conocimiento de los miembros de la comisión respectiva. No sé si un senador puede pedir una iniciativa o una indicación en la Cámara de Diputados cuando ésta aún no ha tomado conocimiento de ellas. Ignoro la intención del Senador Piñera, pues ni siquiera es miembro de la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Será tener una información privilegiada, será un tráfico de influencia o un abuso de autoridad? Hace pocos días la opinión pública tomó conocimiento -y quedamos muy impactados- de la denuncia contra un funcionario del Senado, sumariado y vejado públicamente, porque, al parecer, vendía información privilegiada. Al señor Piñera nadie le dice nada con respecto a su intención de tener una información privilegiada, al abuso de poder o al tráfico de influencia. ¿O alguien puede pensar que necesita la información para mejorar las leyes y no para sus negocios o intereses propios? La indicación que el Ejecutivo hizo llegar ayer, se refiere al tema económico de las AFP y al pago de comisiones. Es el movimiento económico más grande que se provocará en el país. Todos sabemos que en las AFP hay empozados aproximadamente 32 mil millones de dólares que pertenecen a todos los trabajadores chilenos y que son administrados por un grupo privilegiado de personas. Planteo el tema, porque creo que la Cámara tiene la obligación de clarificar este tipo de situaciones. El señor Sebastián Piñera ayer hizo uso y abuso del poder que tiene como senador. Lo denuncio públicamente, porque creo que la atribución que él se tomó en esta Corporación no se condice con la relación que los diputados tenemos con los senadores. No creo que un senador saque de las actas de las comisiones documentos de los que ni siquiera han tomado conocimiento sus pares. Espero que la Cámara de Diputados asuma una conducta al respecto e informe a los secretarios y secretarias de la Corporación que debe existir un ordenamiento, a fin de que la información, en primer lugar, sea conocida por los señores diputados. He dicho.SITUACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS POR CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Miguel Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, nuestra historia está plagada de desencuentros entre las diferentes etnias y quienes nos calificamos como chilenos. La lucha permanente entre mapuches y huincas, a raíz de esta serie de desencuentros, ha significado una absoluta desconfianza del mundo mapuche en su propio país. La ley indígena promulgada en el gobierno del Presidente Aylwin, en mi opinión, buscaba superar estas desconfianzas y entender que en este país todos nos necesitamos. Lamentablemente, las últimas intervenciones relacionadas con el mundo indígena, en especial con los mapuches y pehuenches, en nada aportan para superar estas desconfianzas. La semana pasada se realizó una sesión especial para tratar el proyecto de la central hidroeléctrica Ralco, en el Alto Biobío, que afecta a un número importante de comunidades mapuches y pehuenches, y ha generado una amplia discusión nacional. Del debate del proyecto, entre otras cosas, se desprende que seguimos creando situaciones que provocan desconfianza. Se discute qué prevalece, si la ley eléctrica o la indígena. Entonces, si a tres años de la promulgación de la ley ya la estamos cuestionando, ¿no estamos dando al mundo indígena una señal suficientemente fuerte para que ellos sientan desconfianza de nosotros? La ley establece con meridiana claridad la protección de las tierras indígenas y la estamos cuestionando, sobre todo, en asuntos de valor histórico y valórico propios de esa cultura. Me pregunto qué pasaría con los actuales propietarios de terrenos en los Parques del Recuerdo instalados a lo largo del país, hoy los cementerios de moda, si en 15, 20 ó 25 años más se les notificara que, como consecuencia del progreso y desarrollo del país, se construirá sobre ellos una carretera de alta velocidad o cualquiera otra obra pública. ¿Qué pensarían los propietarios de esos terrenos donde descansan los restos de sus deudos? Creo que sería inaceptable. Hoy, frente al hecho real de que la construcción de Ralco significa inundar terrenos donde hay cementerios mapuches, cuestionamos el hecho y lo justificamos en aras del progreso y desarrollo del país. En verdad, me parece absurdo. La situación que vive el mundo mapuche-pehuenche, debido a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, está generando mayor desconfianza. Debemos esforzarnos por disiparla, porque los indígenas, mapuches y pehuenches, son la base de nuestra identidad patria, son sangre de nuestra sangre, son hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han dado respuesta cabal a los requerimientos que el país les ha hecho. Por ello, exijo respeto por los pueblos indígenas, sobre todo, mapuches y pehuenches. Hoy se está realizando en Concepción un encuentro entre agrupaciones mapuches y los consejeros de la Conadi para analizar la posición del Estado de Chile en relación con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Por otra parte, ¿con qué nos encontramos? En una entrevista efectuada el domingo, el señor Yuraszeck, presidente de Enersis, frente a preguntas muy categóricas, dice que no tiene ninguna duda de que la construcción de la central Ralco no tendrá dificultades, porque la ley eléctrica primará sobre la otra. ¡Ni siquiera se digna nombrar la ley indígena, sino que la menciona como “la otra”, en forma despectiva! Después, dice que tienen proyectado seguir construyendo centrales hidroeléctricas sobre el Biobío. ¿Cómo se concilia eso con lo que expresaron en la Comisión de Recursos Naturales, el 18 de marzo de este año, el señor Aigneren, gerente general de Pangue, y el señor Bauzá, gerente general de la Endesa? A la pregunta formulada por uno de sus miembros, el señor Aigneren responde que viejos estudios hablaban de siete centrales sobre el Biobío, pero que dadas las necesidades energéticas del país, Endesa tiene en la actualidad sólo dos derechos de aprovechamiento de aguas y, por lo tanto, por el momento sólo se construirán dos centrales. A su vez, el señor Bauzá señaló que el próximo proyecto hidroeléctrico utilizará otro río por no tener más derechos de agua en el Biobío. ¿Cómo se concilian esas declaraciones con las del señor Yurazseck el domingo recién pasado, a un importante diario de nuestro país? Ésas son informaciones y opiniones que crean desconfianza. Creo que los indígenas de nuestro país, principalmente los mapuches y pehuenches, requieren de señales muy claras que permitan superar los desencuentros y desconfianzas que están haciendo mucho daño a nuestra patria. He dicho.ENCUENTRO SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, en estos días el país ha sido testigo de manifestaciones de estudiantes universitarios, tema respecto del cual nos hemos referido en varias oportunidades en las últimas semanas, y sobre el cual quiero señalar algunos conceptos que, según mi parecer, son pertinentes y oportunos. En primer lugar, nuestro país debe efectuar una discusión de fondo en relación con el compromiso que el Estado debe asumir con la educación superior y, en particular, con la universitaria, punto sobre el cual probablemente no existe consenso, por cuanto en los últimos años se ha aplicado una forma de entender este compromiso que, como es obvio, genera exigencias, muchas veces relevantes, a los estudiantes en el financiamiento de su propia educación universitaria. Para una familia de ingresos bajos o medios es realmente difícil contar con recursos para afrontar los gastos de la educación superior de sus hijos. La única forma de solucionar ese aspecto es a través de una discusión a fondo, en la cual nuestro Congreso, en especial la Cámara de Diputados, debe jugar un rol importante. Con motivo del envío al Parlamento de la ley marco sobre universidades estatales, se da la oportunidad para que esta Corporación tenga una discusión de fondo, en la que no sólo podamos conocer la opinión del movimiento estudiantil universitario, de los académicos organizados, de los no académicos y, desde luego, de las autoridades universitarias, sino que, además, posibilitemos el debate sobre esta deuda importante que tenemos respecto de la educación de nuestros hijos. Los jóvenes se han manifestado, en general, en forma pacífica, sin perjuicio de que en cada acto masivo siempre existe la posibilidad de que desemboque en algún tipo de hechos que, inevitablemente, obligan a la intervención de Carabineros. La imagen que generan esas manifestaciones en el país muchas veces no nos hacen advertir el tema de fondo, cual es que en Chile debe existir una modificación real de los conceptos de compromiso entre el Estado y la educación superior. La mayor parte de los países del mundo que incluso han aplicado modelos económicos similares al nuestro, nunca han dejado de percibir que existe un compromiso con la educación general y con la superior, que es ineludible y que no se puede regir por las mismas reglas relativas a una economía de mercado. El juego de la oferta y la demanda no resuelve el tema de la educación superior. Varios colegas de distintos partidos han coincidido con esta opinión. Más aún, lo han hecho extensivo a otras áreas, por ejemplo, a la investigación científica y tecnológica que se realiza en el país, con la cual también resulta ineludible un compromiso del Estado, por cuanto los recursos que aporta el sector privado al desarrollo de esta área siempre serán sobre la base de políticas de corto plazo; sólo las grandes empresas tienen la posibilidad de efectuar aportes para objetivos de mediano y largo plazo. El tema es complejo y no lo podemos abordar en los pocos minutos de que disponemos, pero sí quiero señalar lo siguiente: Primero, en nombre de la Democracia Cristiana, reitero nuestro compromiso de que el Gobierno dé respuesta inmediata a dos reivindicaciones financieras relacionadas con la educación superior estatal. Una, que aflige directamente a los estudiantes de clase media y de los sectores de más bajos ingresos de nuestro país, a fin de que los aportes al fondo solidario sean suficientes para permitir a los estudiantes cumplir con su enseñanza superior. Otra, que nosotros, como parlamentarios, debemos exigir que los reajustes otorgados al sector público no conlleven un desfinanciamiento reiterado de los sueldos del personal académico y no académico. Estas dos reivindicaciones son urgentes. La discusión respecto de cómo vamos a abordar el financiamiento futuro de la educación superior es un tema que, inevitablemente, quedará pendiente. Señor Presidente, por su intermedio, invito a mis colegas para que, a través de las Comisiones de Educación o de Ciencias y Tecnología, acordemos realizar un evento, similar a otros que se han hecho en la Cámara, que nos permita conocer y abordar los temas de fondo planteados respecto de nuestra educación superior, en particular en cuanto a la necesidad de reformular los mecanismos de financiamiento. El Parlamento es la instancia donde se debe asegurar este diálogo de nuestra comunidad nacional. El tema pareciera no terminar. Los estudiantes siguen con movilizaciones en todas las regiones del país. Ellos reivindican el hecho de que las universidades regionales deberían tener un rol más completo y efectivo en acompañar, fomentar y fortalecer el desarrollo de las regiones, y ven que ellas, a veces, se debaten en dificultades económicas que no permiten que ese papel se cumpla con efectividad. Las grandes universidades tradicionales, las de carácter nacional, aquellas que hemos conocido en la historia de nuestro país, tienen problemas reales que el Gobierno, el Parlamento y el sector privado, es decir, todos quienes entendemos la importancia de la educación superior para el desarrollo de Chile, no pueden dejar de abordar. Solicito expresamente que la Mesa de la Cámara de Diputados pida a las Comisiones de Educación y de Ciencias y Tecnología que, en forma conjunta, organicen un evento en esta Corporación, con asistencia de todos aquellos que representan el sentir de las distintas comunidades universitarias, incluyendo desde luego a sus autoridades, en el que cada sector político tenga la oportunidad de explayarse respecto del tema. Por último, quiero señalar que en este tema a veces se confunden las reivindicaciones con el doble estándar que existe cuando llega el momento de aprobar proyectos en la Cámara o en el Senado. La única forma de que los sectores políticos muestren lo que piensan respecto de estos puntos, es que garanticemos esta discusión en la Cámara de Diputados, que es urgente y que el país espera de sus parlamentarios. He dicho.RETIRO DE SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PARA ESCOLARES CON TRASTORNOS DE LENGUAJE. Oficio. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el turno de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, existe una seria preocupación entre los padres y apoderados de los niños con trastornos en el lenguaje y la comunicación, inquietud compartida por los directores, profesores, profesionales afines y funcionarios, en general, de las escuelas especiales, por la decisión del Ministerio de Educación de quitar la subvención educacional para los casos de los trastornos considerados leves y moderados, y mantenerla sólo para los niños con diagnóstico severo, lo cual significa que los otros serán integrados a las escuelas comunes. Sobre este tema tan sensible, es útil recordar y hacer presente en esta Sala que en la última revista de la Corporación Nacional de la Discapacidad, Conadis, se publicó un extenso artículo donde se manifiesta la preocupación de ese organismo público en relación con la actitud del Ministerio de Educación respecto de esos niños. Frente a esta nueva política de ese Ministerio, existe el legítimo temor de que los niños que presentan trastornos leves y moderados, quienes serían atendidos en escuelas comunes, también abandonando sus estudios por no recibir la atención especializada que requieren. Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro de Educación, con el objeto de que explique los fundamentos de esta medida y, al mismo tiempo, se abstenga de aplicarla hasta que el Congreso Nacional no tome debido conocimiento y resolución sobre una política que, con la buena justificación de la integración, puede atentar gravemente contra ese objetivo. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la señora Prochelle y de los señores Pérez, don Ramón; Vega, Jürgensen, Valcarce, Galilea, Alvarado y Jara.ANTECEDENTES SOBRE OTORGAMIENTO DE PENSIONES ASISTENCIALES DE VEJEZ Y DE INVALIDEZ. Oficios. El señor GARCÍA (don José).- Por otra parte, junto con la Diputada señora Prochelle, hace aproximadamente un mes, solicitamos, a través del Ministro del Interior, que las intendencias regionales nos informaran sobre el número de personas que tienen pendientes solicitudes de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975, es decir, de vejez y de invalidez, pues deseamos conocer el número de personas que no las están recibiendo, a pesar de estar bajo la línea de 550 puntos, que define los niveles de indigencia y de pobreza, y de cumplir con los requisitos para acceder al beneficio. Ayer recibimos la información del Ministro del Interior. Al analizarla con la señora Prochelle, nos hemos enterado de que existen aproximadamente 4 mil personas que, a pesar de cumplir con todos los requisitos para acceder a las pensiones y estar bajo la línea de 550 puntos, no las están percibiendo. Podría dar los detalles región por región. Sin embargo, en homenaje al tiempo, prefiero concluir solicitando que se oficie a los Ministros del Interior y de Hacienda, con el fin de que se destinen a la brevedad los recursos necesarios para que esas personas reciban este beneficio del Estado, al que legítimamente tienen derecho. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la señora Prochelle y de los señores Pérez, don Ramón; Vega, Jürgensen, Valcarce, Galilea, Alvarado y Jara.CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN LA RUTA ENTRE ALTO HOSPICIO E IQUIQUE. Oficio. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ramón Pérez. El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, quiero hacer presente y reiterar al Supremo Gobierno, y en especial al Ministro de Obras Públicas, un grave problema que ha hecho crisis y afecta, en general, el normal desarrollo de la comuna de Iquique. El Ministro lo conoce perfectamente. El avance experimentado por la capital de la Primera Región como consecuencia de la instalación de la zona franca, el auge de las empresas pesqueras y la reciente apertura de importantes empresas mineras, ha hecho que Iquique haya aumentado su población en forma considerable. Tanto es así, que surgió una ciudad satélite llamada Alto Hospicio, ubicada tras los cerros de la cordillera de la Costa, que cuenta con una población aproximada a los 30 mil habitantes. Está unida a Iquique por una sola vía, de gran pendiente, por la que circulan más de 7 mil vehículos diarios, según estudios del propio Ministerio. Desde 1996, vengo solicitando la construcción de una doble calzada para ese camino, por cuanto la gran cantidad de camiones que deben bajar enganchados produce enormes atochamientos, con los consiguientes atrasos de los trabajadores y estudiantes. Además, y lo que es peor, la imprudencia e impaciencia de algunos conductores causan accidentes con resultados fatales que, muchas veces, interrumpen el tránsito por días completos. Ante mis planteamientos, el Ministro de Obras Públicas manifestó, por oficio Nº 4650, de 27 de diciembre de 1996, que esa obra tenía prioridad y que se estudiaba su financiamiento. Por oficio N° 9709, de 18 de marzo del presente año, el mismo Secretario de Estado precisó que se encontraba en ejecución el estudio de ingeniería y que, una vez finalizado, se licitarían las obras, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Por estimar que la expresión “dispo-nibilidad presupuestaria” es muy vaga, que la solución de la situación expuesta no puede seguir retrasándose por falta de recursos, que los estudios que tenían un plazo de 300 días deberían estar concluidos, que al citado proyecto se le otorgó prioridad y que están en juego muchas vidas, solicito oficiar al Ministro de Obras Públicas para que estudie la forma de asignar los fondos necesarios en el presupuesto de 1998, que, suponemos, está en elaboración, a fin de que, con recursos sectoriales, se ejecuten a la brevedad las obras de la doble calzada en la ruta A-16, entre Alto Hospicio e Iquique. Asimismo, pido que se acompañe el texto de mi intervención. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, acompañando el texto de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Vega, Jürgensen, Valcarce y Alvarado.RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO SEGUEL. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Valcarce. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, lamento muy profundamente que en este hemiciclo se haya intentado enlodar la honorabilidad de un senador de la República, en especial de uno de Renovación Nacional, como es don Sebastián Piñera. Cualquier acusación que se quiera realizar debe hacerse formalmente. No me parece que éste sea el modo más adecuado de ventilar antecedentes o asuntos relacionados con el proceso legislativo, durante el cual, normalmente, todos los parlamentarios estamos solicitando información de una u otra Cámara.CONTROL DE POLICÍA INTERNACIONAL EN AEROPUERTOS DE ARICA E IQUIQUE. Oficios. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, dentro del sistema de vuelos nacionales e internacionales que existe en el país, algunos se originan en ciudades del extranjero, hacen escala en Arica o Iquique y finalizan en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, de Santiago. Allí recién se chequea a los pasajeros, algunos de los cuales deben pasar por la Policía Internacional. Ello produce atochamiento y, además, malestar en todos los pasajeros nacionales, porque en una fila están los internacionales, que deben presentarse a la Policía Internacional, a la Aduana o al SAG; otros deben exhibir sus “tickets” y señalar dónde se embarcaron para demostrar que son chilenos y que vienen de Arica o de Iquique. Luego, cuando los pasajeros ingresan al aeropuerto, se encuentran de inmediato con un grupo de cinco o seis policías de Investigaciones que miran las caras de los pasajeros, como si todos fueran delincuentes. Asimismo, se encuentran con algunos funcionarios del SAG, quienes, a diferencia de los del norte -acostumbrados a atender a los pasajeros internacionales en la zona franca, en la Aduana de Chacalluta, de Arica, o en otros pasos fronterizos-, atienden con prepotencia y en forma poco gentil a los visitantes extranjeros y a los chilenos que venimos de sectores del norte del país. Posteriormente, se pasa por la aduana, donde algunos deben confirmar que proceden del extranjero y son revisados, y otros, los nacionales, demostrar que ya lo fuimos en las ciudades de Arica o de Iquique. Entonces, se crea realmente un caos. Es necesario que los Ministerios de Hacienda, a través de Aduanas; de Defensa, por medio de Investigaciones de Chile; de Agricultura, mediante el Servicio Agrícola y Ganadero, más los del Interior y de Transportes, coordinen y dispongan, de una vez por todas, que los pasajeros que arriban a Arica y a Iquique sean controlados por la Policía Internacional de esas ciudades y no de Santiago, con su centralismo tan loco que siempre criticamos. Por lo anterior, pido oficiar al Ministerio del Interior para que coordine esta situación y, en forma definitiva, nos saque de encima este problema que aflige a todos los viajeros que desde el norte debemos concurrir a Santiago. Solicito, además, que se envíe el texto de mi intervención al Servicio Agrícola y Ganadero, con el objeto de que efectúe cursos de capacitación para la atención de las personas, porque es la cara de Chile la que se muestra a los pasajeros extranjeros que nos visitan, los cuales, seguramente, alguna vez han podido darse cuenta de cuál es la atención que ofrece en la actualidad el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, de Santiago. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Ramón Pérez. Se acompañará el texto de su intervención.ACTUACIONES POLICIALES Y PERIODÍSTICOS EN EL CASO DE EX COLONIA DIGNIDAD. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Osvaldo Vega. El señor VEGA.- Señor Presidente, me referiré al caso tan bullado de la ex Colonia Dignidad. Está ubicada en mi zona, la conozco desde que se inició, en 1962, y sé que sus problemas empezaron en 1964, a pesar de que nunca intervine en ellos. Leí el otro día las expresiones del ex Presidente, señor Aylwin, cuando era senador y yo era diputado. En ese entonces era intendente de Linares el señor Taricco, y gobernador de Parral el señor Fuentes. Se le olvidó decir que el problema de la ex Colonia Dignidad se produjo a raíz de una situación que se creó cuando se licitó el chancado del ripio del río Loncomilla, en que los postulantes fueron un agente de Valparaíso, de apellido Traverso Taricco, y la ex Colonia Dignidad, que finalmente ganó. Ahí empezó la famosa historia. Cuando la ex Colonia Dignidad compró el Fundo San Manuel, propiedad de la colonia italiana, en él no había absolutamente nada; era sólo una montaña. La visité en 1964. En esa época, su hospital era una pieza donde había veinte niños desnutridos. Conozco su historia, pero con ello no quiero decir que la defienda, porque ignoro su problema y no me meto en lo jurídico. Estoy totalmente de acuerdo en que en esta materia debe actuar la justicia, pero sí debo reconocer lo que hizo con la gente del sector durante todos estos años. Con la ayuda y facilidades que recibió del gobierno del ex Presidente Alessandri para internar maquinarias sin pagar impuestos, más el trabajo de trescientas personas durante treinta años, a las cuales no se les pagó, transformó sus terrenos en un vergel. Asimismo, con la gran capacidad de conducción y otra mentalidad de sus miembros, enseñó a la gente del sector a hacer bien las cosas, la educó en todo sentido y las hizo sentirse personas. Diría que civilizó a mucha gente de las Regiones Séptima y Octava. Creo que el espectáculo que se ha dado en el último tiempo ha sido exagerado, porque así como el Gobierno da instrucciones a los amigos Carabineros y a Investigaciones y les paga viáticos para que cien o doscientos de sus efectivos vayan detrás de una persona, sería muy interesante que tuvieran la misma dedicación para buscar a quienes se arrancan de la cárcel, a los asesinos, etcétera. Es importante que el periodismo actúe y que la gente sepa qué ha pasado realmente en este último tiempo. No favorezco a nadie, no le debo nada a la gente de la ex Colonia Dignidad, jamás le he pedido nada, no son electores que voten por mí ni me preocupan; pero sí, como habitante de la zona, lamento que esto sea un show permanente que tiene a todo el mundo consternado y preocupado por el tema. He dicho.PRECISIONES SOBRE INFORME DIPRECA. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, quiero referirme a algunas apreciaciones vertidas durante la discusión del informe de la Dipreca y que, por falta de tiempo de la bancada, no se pudieron aclarar o precisar. En primer lugar, respecto de lo señalado por algunos distinguidos colegas, en la Comisión jamás se le preguntó al señor Subsecretario por su cónyuge como funcionaria de la Dipreca, sino como profesional contratada por una empresa asesora que le prestó servicios a dicha Dirección. En segundo lugar, en reiteradas ocasiones se solicitó información sobre este tema y siempre las respuestas fueron evasivas. Sostengo, categóricamente, que cuando el Subsecretario asistió a la Comisión y se le preguntó por la empresa externa, él, de acuerdo con la reciente información que aparece en la prensa, sabía perfectamente a qué empresa y por quién fue encargado el estudio previsional. Él, en el punto dos de una carta, dice: “No presenté entre sí a los miembros del grupo de trabajo seleccionado por el señor Nazar, ya que incluso a algunos de ellos ni siquiera los conocía personalmente”. Pregunto, ¿acaso no conocía al señor Nazar? ¿No conocía, a la señora Dora Silva? ¿No conocía a su propia cónyuge, la señora María Antonieta Cáceres? ¿No conocía al señor Patricio Moya, asesor jurídico de la Dirección General de Carabineros? Entonces, indudablemente, en la Comisión no se nos dijo toda la verdad respecto del tema. En esa perspectiva, aquí se termina con algunas máximas que tienden a desacreditar a quienes hemos tenido que hacer esfuerzos por obtener información, porque si no hubiera sido por la perspicacia y la perseverancia de los colegas de la Oposición que integramos la Comisión, jamás hubiéramos tenido antecedentes respecto de Incosa. Curiosamente, cuando le consultamos sobre ello al señor Subsecretario, respondió que no la conocía. El señor Nazar, curiosamente, tampoco la recordaba, pero después, al dar el nombre y preguntarle de nuevo, si efectivamente correspondía a Incosa, señaló que sí. ¿Por qué la contrataron? Contestó que porque las personas que la integraban le merecían confianza. Inquirimos sobre quiénes eran y, curiosamente, tampoco las recordaba. Entonces, digamos las cosas como son. Aquí, permanentemente, se ha tratado de ocultar datos, de no entregar la información en su totalidad, con el único propósito de proteger a alguien. ¿A quién? Indudablemente, a la señora del Subsecretario que percibió, por vía indirecta, altos honorarios por su desempeño. Sin duda, una situación de esa naturaleza va a costar mucho que se reconozca públicamente. De modo que, como en esta Sala terminaron citando algunas máximas, podríamos aplicar otra: “Roba, roba, porque en los bolsillos algo queda.” He dicho.FOMENTO DE LA APICULTURA. Oficio. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara. El señor JARA.- Señor Presidente, la apicultura debiera ser una actividad económica importante en nuestro país, por cuanto es rentable y posible de desarrollar por grandes, pequeños y medianos agricultores. Además, es recomendable desde el punto de vista ambiental. Existen más de 41 mil apicultores, casi 526 mil colmenas y se producen cerca de 4.500 toneladas de miel al año. En la Región del Biobío se concentra un tercio de los apicultores y colmenas del país y allí se elabora más del 50 por ciento de la producción nacional. Se estima que nuestro potencial apícola podría alcanzar a 3 millones de colmenas y a más de 30 mil toneladas de miel al año. Esta actividad es rentable, dado que la demanda nacional e internacional va en aumento y los precios son adecuados. Sin embargo, es vista como una actividad marginal y secundaria, respecto de la cual no existe mayor preocupación ni antecedentes, y se carece de políticas públicas, de instrumentos de protección y de fomento. La apicultura es una actividad conservacionista; su sustento son los recursos florísticos y la vegetación nativa, que contribuyen a la biodiversidad y, por ende, a los necesarios equilibrios ecológicos. El desarrollo forestal mediante el cultivo de especies exóticas, especialmente pino y eucaliptos, en suelos ricos en vegetación nativa, daña irreversiblemente nuestro patrimonio florístico natural y con ello también el desarrollo de la apicultura, que tiene gran potencial económico y una importante dimensión social, en tanto genera trabajo e ingresos a las familias campesinas de escasos recursos, pues es una actividad que no requiere de grandes inversiones iniciales y sus costos de operación son bajos. Por eso, no resulta comprensible que una actividad rentable en lo económico, con una demanda nacional e internacional creciente y que, además, representa una importante dimensión social, no tenga apoyo en una política pública y en instrumentos legales que la protejan, fomenten y regulen. La apicultura debiera estar considerada en los procesos de reconversión agrícola productiva, como asimismo en los planes para superar la pobreza rural. En este sentido, parece indispensable que el Ministerio de Agricultura considere a la apicultura dentro de sus principales preocupaciones; dicte una ley apícola que proteja los recursos florísticos naturales e incluya incentivos económicos para los pequeños y medianos productores; incorpore medidas de sanidad apícola, promueva la investigación en el área y, en general, tienda a proteger, fomentar y regular esta importante actividad. En consideración a lo expuesto, solicito que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Agricultura, con copia de mi intervención, para los efectos de que se estudien y se evalúen las propuestas expuestas y se informe al respecto. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio pedido por su Señoría, incluyendo el texto de su intervención. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.13 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.