R E P U B L I C A  D E  C H I L ECAMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 334ª, EXTRAORDINARIASesión 26ª, en miércoles 11 de diciembre de 1996(Ordinaria, de 10.49 a 14.21 horas)			Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg,			y Chadwick Piñera, don Andrés.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERAL			Pág.	I. 	Asistencia		6	II. 	Apertura de la sesión		8	III. 	Actas		8	IV. 	Cuenta		8	V.	Orden del Día.	-	Enmiendas a la normativa sobre concesión de telecomunicaciones. Primer trámite constitucional		8	-	Modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Primer trámite constitucional. (Continuación) 		16	VI.	Proyectos de acuerdo.		Correspondencia de obligaciones en contratos entre empresas de servicios domiciliarios y usuarios		37	VII.	Incidentes.	-	Eventual cierre de escuelas de educación básica e implementación de plan piloto en comuna de Lota. Oficios.		39	-	Regulación legal en paralizaciones de actividades del sector salud. Oficio		41	-	Objetivos de la Concertación de Partidos por la Democracia		41	-	Esclarecimiento de situación procesal que afecta a ciudadano de Temuco. Oficios		43	-	Construcción de nuevo aeropuerto de Chiloé. Oficios		44	-	Ejecución de obras viales en Cuarta Región. Oficio		46	-	Investigación sobre costo de obras ejecutadas por Gendarmería de Chile. Oficios		47	-	Información sobre la industria lechera nacional. Oficio		48	-	Modificación de grupos de ingresos de afiliados del Fondo Nacional de Salud. Oficio		50	-	Investigación por Contraloría de empresa Transmarchilay. Oficio		51	-	Resultado de sumario administrativo en Municipalidad de Recoleta. Oficio		52	-	Inquietudes de comunidad de Río Blanco-Sajonia de la Décima Región. Oficio		52			Pág.	VIII.	Documentos de la Cuenta.	1.	Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual inicia la tramitación de un proyecto que lo faculta para dictar un Estatuto del  Personal de las Fuerzas Armadas; modificar las leyes de plantas de estas instituciones y efectuar encasillamientos de personal (boletín Nº 1955-02).		54	IX.	Otros Documentos de la Cuenta.	1.	Comunicación:- De la Bancada de Diputados del Partido Socialista por la cual informan del reemplazo, en la Comisión de Hacienda, del Diputado señor Arancibia quien será subrogado por el Diputado señor Estévez.	2.	Oficios:Contraloría General de la República- Diputados señores Correa, Andrés Aylwin, Fuentealba, Ascencio, Diputada señora Mariana Aylwin y los Comités Parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Socialista, investigación respecto de licitación pública N° 12 efectuada por el Serviu de la Región del Maule.- Diputado señor Munizaga, investigación sobre la demolición de obras en ejecución  en la Ruta 5 Norte, sector Coquimbo-La Serena.Ministerior del Interior- Diputado señor Galilea, conclusión de Escuela G-612 de Melipeuco.Ministerio de Educación- Diputado señor Caminondo, Escuela N° 104 “Ponhuipa” de la comuna de Río Bueno.Ministerio de Obras Públicas- Diputados señores Kuschel y Solís, proyecto Alumysa, Puerto Aisén.- Diputado señor Valcarce, proyecto ampliación aeropuerto Chacalluta de Arica.- Diputado señor Kuschel, situación actual de transbordador Caupolicán, Décima Región.Ministerio Secretaría General de Gobierno- Diputado señor Villouta, cobertura internacional de Televisión Nacional de Chile.Ministerio Secretaría General de la Presidencia- Diputado señor Errázuriz, inclusión en la legislatura extraordinaria de proyecto que deroga inciso 2° del artículo 58 de la Constitución.Corporación de Fomento de la Producción- Diputado señor Kuschel, evolución de pérdidas de agua potable entre 1990 y 1996 en varias localidades abastecidas por Essal S.A. - Diputado señor Salvador Urrutia, inversión en el Parque Industrial de Chacalluta, en la ciudad de Arica;  obras aguas potable de Arica. Comisión Nacional de Energía- Diputado señor Jara, concentración de industria eléctrica nacional.Consejo de Defensa del Estado- Diputados señores Alvarado, Kuschel, Víctor Pérez, Leay, Longton, Pizarro y Masferrer, usurpación de terrenos fiscales en la provincia de Palena.
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)Acuña Cisternas, MarioAguiló Melo, SergioAlvarado Andrade, ClaudioÁlvarez-Salamanca Büchi, PedroAllamand Zavala, AndrésAllende Bussi, IsabelArancibia Calderón, ArmandoAscencio Mansilla, GabrielÁvila Contreras, NelsonAylwin Azócar, AndrésAylwin Oyarzún, MarianaBalbontín Arteaga, IgnacioBartolucci Johnston, FranciscoBayo Veloso, FranciscoBombal Otaegui, CarlosCaminondo Sáez, CarlosCantero Ojeda, CarlosCardemil Herrera, AlbertoCeroni Fuentes, GuillermoCornejo González, AldoCorrea De la Cerda, SergioCristi Marfil, María AngélicaChadwick Piñera, AndrésDe la Maza Maillet, IvánDupré Silva, CarlosElgueta Barrientos, SergioElizalde Hevia, RamónEncina Moriamez, FranciscoErrázuriz Eguiguren, MaximianoEscalona Medina, CamiloEspina Otero, AlbertoEstévez Valencia, JaimeFerrada Valenzuela, Luis ValentínFuentealba Vildósola, RenánGajardo Chacón, RubénGalilea Vidaurre, José AntonioGarcía García, René ManuelGarcía Ruminot, JoséGarcía-Huidobro Sanfuentes, AlejandroGirardi Lavín, GuidoGutiérrez Román, HomeroHamuy Berr, MarioHernández Saffirio, MiguelHuenchumilla Jaramillo, FranciscoHurtado Ruiz-Tagle, José MaríaJara Wolf, OctavioJeame Barrueto, VíctorJocelyn-Holt Letelier, TomásJürgensen Caesar, HarryKarelovic Vrandecic, VicenteKuschel Silva, Carlos IgnacioLatorre Carmona, Juan CarlosLeay Morán, CristiánLeón Ramírez, RobertoLetelier Morel, Juan PabloLetelier Norambuena, FelipeLongton Guerrero, ArturoLongueira Montes, PabloLuksic Sandoval, ZarkoMakluf Campos, JoséMartínez Ocamica, GutenbergMasferrer Pellizzari, JuanMelero Abaroa, PatricioMontes Cisternas, CarlosMorales Morales, SergioMoreira Barros, IvánMunizaga Rodríguez, EugenioMuñoz Aburto, PedroNaranjo Ortiz, JaimeOjeda Uribe, SergioOrpis Bouchón, JaimeOrtiz Novoa, José MiguelPalma Irarrázaval, AndrésPalma Irarrázaval, JoaquínPaya Mira, DaríoPérez Lobos, AníbalPérez Opazo, RamónPérez Varela, VíctorPizarro Soto, JorgePollarolo Villa, FannyProchelle Aguilar, MarinaProkuriça Prokuriça, BaldoRebolledo Leyton, RomyReyes Alvarado, VíctorRibera Neumann, TeodoroRocha Manrique, JaimeRodríguez Cataldo, ClaudioSabag Castillo, HosainSalas De la Fuente, EdmundoSilva Ortiz, ExequielSota Barros, VicenteTaladriz García, Juan EnriqueTohá González, IsidoroTuma Zedan, EugenioUlloa Aguillón, JorgeUrrutia Ávila, RaúlUrrutia Cárdenas, SalvadorValcarce Medina, CarlosValenzuela Herrera, FelipeVega Vera, OsvaldoVenegas Rubio, SamuelViera-Gallo Quesney, José AntonioVilches Guzmán, CarlosVillegas González, ErickVillouta Concha, EdmundoWalker Prieto, IgnacioWörner Tapia, MartitaZambrano Opazo, Héctor	-Asistieron, además, los Ministros del Interior, señor Carlos Figueroa y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Claudio Hohmann. Concurrió, también, el Senador señor Roberto Muñoz Barra.
    
    II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.49 horas.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
    
    
    III. ACTAS	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 22ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 23ª se encuentra a disposición de los señores diputados.
    
    
    IV. CUENTA	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.	-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
    
    
    V. ORDEN DEL DÍAENMIENDAS A LA NORMATIVA SOBRE CONCESIÓN DE TELECOMUNICACIONES. Primer trámite constitucional.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto que introduce modificaciones a las leye Nos 18.168 y 19.277, sobre telecomunicaciones.	Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Tohá.	Antecedentes:	-Mensaje, boletín Nº 1933-15, sesión 11ª, en 31 de octubre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 1.	-Informe de Obras Públicas, sesión 25ª, en 10 de diciembre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.	El señor TOHÁ.- Señor Presidente, el proyecto, en primer trámite constitucional y reglamentario, modifica las leyes Nºs 18.168, general de telecomunicaciones, y 19.277, sobre telecomunicaciones, y fue iniciado en mensaje del Presidente de la República.	La ley Nº 18.168, general de telecomunicaciones, y sus modificaciones, es el cuerpo legal que regula el sector de las telecomunicaciones en general, comprendiendo en él los servicios de libre recepción y radiodifusión, los servicios públicos y limitados de telecomunicaciones, los servicios de radioaficionados a las comunicaciones y los servicios intermedios de telecomunicaciones.	Según lo dispuesto en su articulado, corresponde al Ministerio de Transportes, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la aplicación y control de dicha ley y sus reglamentos.	En oportunidades anteriores, esta Corporación ya estudió importantes proyectos que la modificaban. Al respecto, cabe destacar, entre otros, el que tenía por objeto fundamental implementar un sistema multiportador de discado, que permitiera al suscriptor o usuario del servicio público telefónico seleccionar directamente los servicios de larga distancia, del concesionario o de servicios intermedios de su preferencia. Asimismo, tratamos el polémico proyecto que creaba la radio de mínima cobertura.	La iniciativa que nos ocupa tiene por objeto subsanar tres distorsiones que pueden afectar gravemente el funcionamiento de ciertos servicios de telecomunicaciones. Entre ellos, el servicio de radiodifusión, cuya importancia, como medio informativo y de entretención, nadie puede desconocer en la actualidad.	Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Gregorio San Martín Ricci, y del jefe del Gabinete del Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Mario Bastías Segura. También se hicieron presentes, por la Asociación de Radiodifusores de Chile, el señor Ernesto Corona Bozzo, Presidente, y el señor Jaime Herrera Ramírez, Secretario General.	La primera modificación que contempla el proyecto, de artículo único, recae en el artículo 13 A de la ley Nº 18.168, cuyo inciso quinto establece que el peticionario de concesión de radiodifusión dispone de un único día, ya sea el 1 ó 15 del mes, para efectuar la publicación del extracto que le asigna la concesión, por cuanto debe materializarla dentro del plazo de diez días hábiles a contar de la notificación del extracto.	Además, se modifica el inciso tercero del artículo 15 de la ley, que consagra la obligación de coordinar la simultaneidad de la publicación en el Diario Oficial con la de un diario de la capital de la provincia o, a falta de éste, de la capital de la región en la cual se ubicarán las instalaciones y equipos técnicos de la emisora. Esta exigencia de simultaneidad rige tanto para la publicación de concesiones o modificaciones de concesiones de servicios públicos o intermedios de telecomunicaciones, como para las concesiones de servicios de radiodifusión, por expresa referencia del artículo 14, inciso cuarto, de la ley.	Al respecto, cabe hacer presente que la ley define a los servicios públicos de telecomunicaciones como aquellos destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general. Y a los servicios intermedios de telecomunicaciones, como aquellos constituidos por los servicios prestados por terceros, a través de instalaciones y redes, destinados a satisfacer las necesidades de transmisión y conmutación de los concesionarios de telecomunicaciones en general, y prestar servicio telefónico de larga distancia a la comunidad en general.	El presente proyecto, en el Nº 1 de su artículo único, suprime la exigencia de simultaneidad en la publicación de extractos de resoluciones que asignan concesiones de radiodifusión. También suprime la obligatoriedad de que tales publicaciones sean efectuadas sólo los días 1 ó 15 de cada mes. Asimismo, se suprime el requisito de simultaneidad respecto de la publicación de extractos de solicitudes de concesiones o modificaciones de servicios públicos e intermedios de comunicaciones, previstas en el inciso tercero del artículo 15 de la ley.	En la actualidad, la ley no obliga a hacer la publicación los días 1 ó 15, por lo que el proyecto no tiene variaciones al respecto.	Al eliminarse la simultaneidad y la exigencia de que las publicaciones se efectúen los días 1 ó 15, esto último, en el caso de las concesiones de radiodifusión, los peticionarios dispondrán en forma efectiva de los 10 días hábiles que les concede la ley para efectuar las publicaciones.	La segunda modificación, contemplada en el Nº 2 del artículo único del proyecto, modifica el artículo 23, Nº 4, de la ley. Este artículo establece las causales de extinción de las concesiones y de los permisos, señalando en el Nº 4 la extinción de ellas por la no publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que otorga o modifica la concesión dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación al interesado del decreto.	Extinguir la concesión por este motivo, constituye una sanción demasiado grave para las empresas que se encuentran operando, máxime si se tiene presente que en forma permanente están modificando sus concesiones para extender la cobertura del servicio o para incorporar nuevas tecnologías.	Por ello, en el proyecto se propone suprimir la expresión “o modifica”, contemplada en el artículo 23, Nº 4, y agregar un inciso final que establece que la no publicación del decreto que modifica la concesión, produce la extinción de dicho acto administrativo, por el solo ministerio de la ley. De este modo, se deja inalterable la concesión y se mantiene como causal de extinción de la concesión la falta de publicación del decreto que la otorga.	Por último, en el Nº 3, se sustituye el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.277 por el que se señala en el proyecto.	El artículo vigente establece: “Las concesiones de radiodifusión otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley Nº 18.168 y que tengan vencimiento con posterioridad a la publicación de la presente ley, se entenderán automáticamente renovadas a partir de su vencimiento por el lapso que falte para completar diez años contados desde la fecha de publicación de la presente ley.”	La actual normativa resulta discriminatoria respecto de los concesionarios de radiodifusión que obtuvieron su concesión a través de la ley Nº 18.168, concesiones que comenzarán a extinguirse por la llegada del plazo a partir de mayo de 1998.	De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley Nº 18.168, se deberá llamar a concurso por estas concesiones con no menos de 180 días de anterioridad al vencimiento del plazo de vigencia, lo que deberá ocurrir en los meses de enero, mayo o septiembre del año entrante.	Los artículos 1º y 4º transitorios de la ley Nº 19.277 disponen que las concesiones otorgadas el amparo del decreto con fuerza de ley Nº 4 de 1959 se renovarán por el solo ministerio de la ley, hasta el año 2004. Este beneficio no se hizo extensivo a quienes obtuvieran concesiones en virtud de la ley Nº 18.168.	Por estas razones, el proyecto hace extensiva la renovación automática a aquellas concesiones de radiodifusión vigentes al 20 de enero de 1994, “por el lapso que les falte para completar diez años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley.”	Este proyecto no contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda ni normas que deban ser aprobadas con quórum especial.	La iniciativa contó con la aprobación unánime de los miembros de la Comisión. No se le formularon indicaciones y se consideró que, por su contenido y por lo concreto y limitado de su alcance, merecía una rápida aprobación por esta Cámara.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.	El señor ORPIS.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero preguntar al diputado informante sobre las razones que fundamentan la prórroga de las concesiones estipuladas en el artículo 4º transitorio.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Gregorio San Martín.	Acordado.	Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.	El señor TOHÁ.- Señor Presidente, el número 3 sustituye el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.277.	El artículo actualmente vigente establece que las “concesiones de radiodifusión otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley Nº 18.168 y que tengan vencimiento con posterioridad a la publicación de la presente ley, se entenderán automáticamente renovadas a partir de su vencimiento por el lapso que falte para completar diez años contados desde la fecha de publicación de la presente ley.”	Con la modificación propuesta se trata de dar un trato igualitario y uniforme a aquellas empresas que hayan obtenido concesiones, sin distinguir si fueron otorgadas por intermedio de la ley Nº 18.168 o de la actual Nº 19.277.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.	El señor SABAG.- Señor Presidente, este proyecto pretende modificar tres distorsiones de la ley de telecomunicaciones, a fin de hacer más operativa la legislación, las que fueron señaladas por el señor diputado informante.	La primera modificación se refiere al inciso quinto del artículo 13 A de la ley  Nº 18.168, que suprime la exigencia de publicar los días 1 ó 15 del mes, las concesiones de radiodifusión que se otorgan. La disposición vigente da un plazo de diez días para hacer la publicación del extracto de la resolución que asigna la concesión, y, dentro de ellos, se puede efectuar sólo el 1 ó el 15. Por lo tanto, la persona que obtiene una concesión de radiodifusión, en la práctica dispondrá sólo de un día para ello; además, su publicación en el Diario Oficial y en un diario de la capital de la provincia o de la capital de la región debe ser simultánea, lo que hace prácticamente imposible cumplir con este requisito.	Por esta razón, la modificación de la disposición elimina que la publicación del extracto se realice sólo el 1 ó 15 del mes, manteniéndose la obligación de hacerlo dentro de los diez días. También, se suprime la obligación de la simultaneidad. Sin embargo, ya sea en el Diario Oficial o en el de la región, desde la última publicación comenzará el plazo de que disponen las personas afectadas para reclamar, en caso de estar disconformes con la resolución.	La segunda modificación tiende a corregir una excesiva drastricidad cuando algún concesionario de radiodifusión solicita sólo una modificación. A veces, por cambio de domicilio u otra circunstancia, se plantea una modificación, y si ella no es publicada dentro de los parámetros indicados, caduca la concesión, lo que realmente es una barbaridad, una medida muy dura para aplicar en este aspecto. En cambio, la no publicación dentro del plazo establecido produce la extinción del acto administrativo que autorizaba esa modificación, pero no de la concesión.	La tercera modificación fundamentalmente tiende a salvar una omisión e igualar en condiciones a las radiodifusoras y pasa, en forma gradual, del sistema de concesiones a las concesiones por concurso público.	Se trata de ampliar el plazo en forma automática, lo que ha quedado reflejado en el nuevo artículo 4º transitorio, que señala: “Las concesiones de radiodifusión sonora vigentes al 20 de enero de 1994 se renovarán automáticamente, por el solo ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna, a partir de su vencimiento, por el lapso que les falte para completar diez años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley.”	En definitiva, son modificaciones menores cuyo objetivo es corregir distorsiones que se han producido en la aplicación de la ley, respecto de las cuales han estado absolutamente de acuerdo, tanto los diversos organismos operadores de este sistema, como la Archi, y los técnicos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.	Por esta razón, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones las ha aprobado por unanimidad y solicita a los señores diputados que se proceda en la misma forma en esta Sala	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, este proyecto sólo tiene treinta minutos para su tramitación, de los cuales ya se han ocupado quince. Están inscritos los Diputados señores Rocha, Taladriz, Orpis, Letelier, don Felipe y Urrutia, don Salvador.	Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para otorgar cinco minutos a cada uno de ellos, extendiendo el Orden del Día, para luego votar.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.	El señor ROCHA.- Señor Presidente, entiendo el objetivo del proyecto, tal como ha sido expuesto por los señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Sin embargo, quiero formular una reserva respecto de un artículo que me produce alguna preocupación.	Cuando la ley establece el requisito de hacer publicaciones en el Diario Oficial y en un diario de la capital de la provincia o de la capital de la región donde se solicita la concesión, su objetivo es, como señala el informe, que quien se vea afectado por el otorgamiento de la concesión tenga la posibilidad de tomar conocimiento de ese acto y de oponerse.	Pero en el proyecto se ha buscado un camino inadecuado, porque al establecer la posibilidad de que las publicaciones se hagan cualquier día del mes, se obliga a los interesados en esta materia a adquirir el Diario Oficial todos los días del mes, en circunstancias de que hay muchos lugares en este país donde sencillamente ni siquiera llega. 	Por lo tanto, considero que aquí se establece una exigencia que, en mi opinión, es absolutamente impracticable y a la vez, daña la transparencia de este proceso.	En consecuencia, el camino no es el más adecuado, pues debió haberse ampliado el plazo para hacer la publicación. Estoy de acuerdo en eliminar la simultaneidad, pero no en obligar al que esté interesado en esta materia a comprar diariamente el Diario Oficial para imponerse de las posibles solicitudes respecto de la cuestión que hoy nos preocupa.	El proceso de las concesiones es controvertido, ya que afloran muchas pasiones. En las zonas que representamos hemos visto que están llenos de sospechas y de descalificaciones. Obviamente, esto exige una mayor transparencia. Pero, lamentablemente, de esta forma no se soluciona el problema, sino más bien se agrava.	Por eso, anuncio mi voto en contra en esta materia.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro señor Claudio Hohmann.	El señor HOHMANN (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, en relación con la observación que recientemente hizo el señor diputado, no sólo está la obligación expresada en la Ley General de Telecomunicaciones de publicar en el Diario Oficial, sino copulativamente; es decir, la doble exigencia de publicarla en el diario regional correspondiente donde normalmente sus habitantes se informan de estos procedimientos. De esa manera se salva el problema que podría surgir en aquellas zonas apartadas o en los lugares donde no existe la tradición, la costumbre o la posibilidad de leer el Diario Oficial.	Muchas gracias.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.	El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, cuando analizamos este proyecto en la Comisión quedó claro el amplio consenso que concitaba. 	Participaron los representantes de la mayoría de los medios, concretamente de las radiodifusoras, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y los parlamentarios. 	En segundo lugar, este proyecto en ningún momento perjudica al usuario, sino por el contrario. Lo que se quiere es facilitar la tramitación de su petición de concesión y ahorrarle procesos burocráticos y, muchas veces, engorrosos. Al respecto, Archi dio el ejemplo de un usuario de Punta Arenas que debió hacer el trámite en Santiago. Felizmente, hoy, con la descentralización no es necesario que viaje hasta la Región Metropolitana.	Por eso, en la Comisión aprobamos la modificación por unanimidad, y en la Sala mi bancada va a proceder de la misma manera.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.	El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, el proyecto sólo facilita las cosas, ya que no cambia en lo fundamental. Muchas veces, se dictan leyes muy rígidas, en este caso, las fechas de publicación del extracto y de su simultaneidad, cosas muy fáciles de entender. Esto está concordado entre las autoridades de telecomunicaciones y la Asociación de Radiodifusores.	Evidentemente, toda iniciativa que mejore, ayude y flexibilice sus procedimientos en favor de los usuarios es buena.	Estamos de acuerdo con el proyecto y, por lo tanto, lo vamos a votar favorablemente.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.	El señor ORPIS.- Señor Presidente, me llama la atención el artículo 4º transitorio. Cuando se modificó la ley Nº 18.168 y se cuestionaron los plazos -entiendo que dos cuerpos legales fijan períodos distintos-, se estableció un sistema de concurso público para las concesiones que estaban por vencer. En este proyecto se modifican los plazos de esas concesiones a través de una renovación automática y, por lo tanto, no quedan sometidas a concurso público.	En verdad, no me molesta que haya plazos distintos, porque los actuales concesionarios conocían de antemano las fechas de vencimiento de las concesiones; pero no me parece conveniente que, a través de este mecanismo se esté eliminado el concurso público y alterando la fecha de las concesiones establecidas en una ley tan importante como la que modificó el año pasado la Nº 18.168. 	Por lo tanto, salvo aclaración del Ministro o del Subsecretario, me parece que éste no es un tema menor ni un problema de armonía, puesto que se está eliminando el concurso público y ampliando el plazo de las concesiones, y creo que alterar reglas del juego de esta naturaleza amerita una discusión un poco más amplia.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente). Tiene la palabra el señor Ministro.	El señor HOHMANN (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, respecto de lo señalado por el Diputado señor Orpis, quiero manifestar que en los artículos 1º y 4º transitorios de la ley Nº 19.277 se dieron facilidades para que las concesiones otorgadas al amparo del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1959, se renovaran por el solo ministerio de la ley hasta el 20 de enero del 2004. Sin embargo, por algún error que no se advirtió en ese momento, el beneficio no se hizo extensivo a las concesiones obtenidas en virtud de la ley   Nº 18.168, lo que creó una situación discriminatoria que no se tuvo en vista en el momento de otorgar el beneficio.	El proyecto no hace sino prorrogar hasta el 20 de enero del 2004 el plazo de vigencia de todas las concesiones vigentes al 20 de enero de 1994, cuyos vencimientos sean anteriores a esa fecha. De manera que aquí sólo se está eliminando una situación discriminatoria que no estuvo, por cierto, en el espíritu del legislador al aprobar la ley Nº 19.277.	Gracias, señor Presidente.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.	El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, quiero expresar algunos conceptos que justifican una indicación al artículo 4º transitorio que deseo formular.	Todos sabemos que las grandes radioemisoras existentes en Chile -incluso aprobamos un proyecto de acuerdo al respecto- están aplicando, mediante conexiones satelitales, un nuevo sistema de producción de información que involucra el cierre de sus filiales regionales. Pues bien, todas ellas tienen concesiones a 25 años y, en algunos casos a perpetuidad, lo cual, naturalmente, les da una enorme ventaja sobre las radioemisoras regionales que en su gran mayoría tienen concesiones a 15 años.	Por lo tanto, además de establecer un criterio de equidad para todas las radioemisoras, el proyecto también debe contener la idea de desarrollar las regionales. Como la mayoría tiene concesiones a 15 años -muchas de ellas obtenidas desde l985 hacia adelante- que vencen en el 2000, en realidad, mediante este artículo 4º transitorio les estamos otorgando sólo cuatro años de prórroga, manteniendo una discriminación en relación con las grandes radioemisoras centrales del país.	Por ello, voy a presentar una indicación para que la prórroga de concesión a estas radios sea por diez años, a contar de la fecha de promulgación de la ley. Ello les permitirá crear planes de inversión que las hagan más competitivas con las grandes radioemisoras centrales del país, que llegan al extremo de gozar de concesiones a perpetuidad y que ya están llevando a cabo una política de cierre de sus filiales concentrando toda su actividad en la capital.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- De conformidad con lo acordado, corresponde cerrar el debate y proceder a votar.	Si algún señor diputado quiere hacer alguna consulta reglamentaria, le solicito que me indique el artículo respectivo.	Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.	El señor RIBERA.- Señor Presidente, en virtud del artículo 242 del Reglamento, quiero hacer una pregunta al diputado informante.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No procede, señor diputado.	El señor RIBERA.- Señor Presidente, sólo deseo hacer una consulta en relación con un tema que la Cámara aprobó por unanimidad hace pocos días.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Diputado señor Orpis, ¿su Señoría también quiere hacer una consulta?El señor ORPIS.- Sí, señor Presidente.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para que los Diputados señores Ribera y Orpis formulen consultas y después cerrar el debate?	No hay acuerdo.	Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Orpis.	El señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo saber si hay indicaciones a este proyecto? 	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No, señor diputado. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión.	El señor ORPIS.- Entonces, pido división de la votación respecto del artículo 4º transitorio.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Muy bien.	El señor URRUTIA (don Salvador).- ¿Me permite, señor Presidente?	He presentado una indicación al artículo 4º transitorio. ¿Es procedente darle curso?	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Desgraciadamente, no. Se requeriría la unanimidad de la Sala para ello.	¿Habría acuerdo unánime para acoger la indicación del Diputado señor Salvador Urrutia?	No hay acuerdo.	En votación general el proyecto.	¿Habría acuerdo unánime para aprobarlo en general?	Aprobado.	Como el Diputado señor Rocha anunció que iba a votar en contra, quiero saber qué artículos podríamos aprobar en conjunto, dado que el proyecto fue aprobado en forma unánime por la Comisión.	Por lo tanto, le pido que especifique el número para votarlo en forma separada.	Como son tres numerales, procederemos a votarlos separadamente.	Corresponde votar el número 1.	El señor ROCHA.- Señor Presidente, ¿es el numeral 1 a)?	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El numeral 1 completo, señor diputado.	El señor ROCHA.- Yo me opongo al 1 a), señor Presidente.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Muy bien.	En votación el numeral 1 a).	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Bombal, Ceroni, Cornejo, Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jürgensen, Karelovic, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Martínez (don Gutenberg), Melero, Moreira, Munizaga, Naranjo, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Prokuriça, Reyes, Rodríguez, Sabag, Salas, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Morales y Rocha.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Caminondo y Ribera.	-Puestos sucesivamente en votación los numerales 1 b), 2 a) y 2 b), fueron aprobados en forma tácita por unanimidad.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar el número 3, que reemplaza el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.277.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¿Me permite, señor Presidente?	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, pido que se vote porque algunos parlamentarios de Renovación Nacional han anunciado que se abstendrán.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Muy bien, señor diputado.	En votación el número 3.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 9 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado.	Despachado en general y en particular el proyecto.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Ceroni, Cornejo, Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, León, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez (don Gutenberg), Melero, Moreira, Munizaga, Naranjo, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Reyes, Sabag, Salas, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Venegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.	-Votaron por la abstención los Diputados señores:	Bombal, Caminondo, Ferrada, Jürgensen, Leay, Morales, Orpis, Ulloa y Viera-Gallo.MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. Primer trámite constitucional. (Conti-nuación).	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- A continuación, corresponde seguir ocupándose del proyecto que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.	Como los colegas recordarán, estaba en discusión el número 24.	Ofrezco la palabra.	El señor ELIZALDE.- Pido la palabra.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, desde el inicio de la discusión de este proyecto he planteado que, no obstante concordar con las modificaciones que dicen relación con mejorar la gestión municipal, con darle al municipio la flexibilidad necesaria, con profesionalizar las diferentes jefaturas, también estoy de acuerdo en que el proyecto apunta en el sentido correcto al hacer concursables los diferentes cargos de jefaturas al interior de los municipios.	Sin embargo, también compartí los planteamientos de la Asociación de Empleados Municipales en cuanto a que lo que obtuvieron durante el gobierno del Presidente Aylwin -a diferencia de lo que ocurrió durante los 17 años del gobierno del general Pinochet- fue estabilidad y carrera funcionaria. Por lo tanto, era necesario precaverse y votar simultáneamente el artículo 40 y el 2º transitorio, a fin de no despojar de un derecho adquirido a estos funcionarios, y ello se logra incorporando en el artículo 2º transitorio alternativas diferentes de las planteadas por el Ejecutivo.	Desde mi punto de vista, si hoy gran parte de los funcionarios no reúnen los requisitos que se requieren para cada uno de los cargos y por a, b o c motivos no alcanzan a ganar el concurso, no deberían salir en condiciones de menoscabo, lo cual implica dos alternativas posibles.	En primer lugar, eliminar el tope de once meses que se propone en el artículo 2º transitorio, o, en su defecto, dejar estos cargos en extinción, a fin de que libremente quienes los sirven puedan optar entre mantenerse en ellos o recibir la indemnización correspondiente, proposición que fue planteada desde el primer día en el debate. Reitero que es lo único justo, ya que hay un grado de inconstitucionalidad en la medida en que se afecta el derecho adquirido a un cargo y a una jefatura ganada a través del ascenso, a la cual normalmente accedían estas personas.	Daba por sentado -así lo espero- que se llegaría a obtener una solución de esta naturaleza al interior de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Ejecutivo se mantuvo en la tesis de otorgar un máximo de once meses de desahucio y de que eventualmente los cargos sean concursados.	En el entendido de que existía un acuerdo político en este sentido, voté favorablemente el proyecto en general, pero siempre insistí en que hay inconstitucionalidad en esta disposición, que es necesario superar.	Por otra parte, no me parece que hoy, cuando estamos buscando grados de acuerdo, los colegas de la Oposición defiendan con tanta fuerza la estabilidad en el empleo, en circunstancias de que en el caso concreto de los municipios de 1980 muchos de sus correligionarios eran alcaldes, quienes destituyeron a cientos de funcionarios y no preservaron lo que hoy dicen defender: la estabilidad en el empleo.	Nadie puede desconocer que los seis funcionarios municipales exonerados que mantienen juicios contra los municipios no han sido reincorporados; tampoco se les pagó el desahucio ni se les garantizó ningún tipo de estabilidad en el empleo. Creo que aquí debe existir coherencia, como asimismo al interior del Gobierno. Si la Concertación, en el gobierno del Presidente Aylwin, garantizó la estabilidad funcionaria y el respeto de los ascensos adquiridos para evitar vicios del pasado, en el sentido de no respetar a los funcionarios municipales ni sus carreras funcionarias, hoy no puede borrar con el codo lo que votamos hace cuatro años. Por eso, hay que buscar una fórmula coherente y adecuada con lo que hemos efectuado en otros servicios del Estado. Por ejemplo, en el Estatuto Docente se contempla la salida de directores de colegios, pero se compensa en forma justa la de quienes no reunían los requisitos exigidos.	Insisto en que el artículo 40 debe ser votado junto con el 2º transitorio, eliminando la inconstitucionalidad y el tope de once meses en la indemnización para permitir que las personas puedan optar entre retirarse del servicio o quedarse en una planta en extinción. En consecuencia, me parece justo y legítimo proceder de esa manera si efectivamente no queremos acrecentar un conflicto “ad portas”, que ha sido anunciado por los funcionarios municipales.	El Diputado señor Ferrada me ha solicitado una interrupción y se la concedo con la venia de su Señoría.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada.	El señor FERRADA.- Señor Presidente, me alegro mucho de haber oído al Diputado señor Elizalde expresarse en los términos en que lo ha hecho, lo cual coincide con el planteamiento que hicimos ayer sobre la misma materia.	No tengo temor en decir, a título personal, que si en el pasado, en gobiernos anteriores, se cometieron errores, la coherencia no consiste en continuar siempre en el error, porque, entonces, la enmienda nunca sería posible. Reitero que si en el pasado hubo errores, que deploramos y lamentamos, no los cometamos ahora, y la forma de superarlos es aprobar la indicación que está en la Mesa, por la cual se modifica el artículo 2º transitorio para hacer compatible una norma que puede regir hacia el futuro, pero que no se aplicaría a los actuales funcionarios.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El Diputado señor Elizalde recupera el uso de la palabra.	El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, a la intervención del Diputado Ferrada quiero agregar que el tema central del debate sobre la modificación de esta ley orgánica dice relación con la eficiencia que deseamos dar a los municipios. El hecho de intentar profesionalizarlos y de que se asuman responsabilidades en los diferentes cargos, implica una buena gestión municipal.	Muchos funcionarios en actual servicio han ascendido no tanto por su capacidad, sino, más bien, por su permanencia en el servicio -más o menos, es el mismo tema que hoy se discute en el sector salud-, pero, ¿qué se premia? ¿La eficiencia, capacidad, mayor entrega o los años de servicio? Esa es la tesis que se plantea. Si queremos mayor eficiencia, es natural que quienes carecen de los requisitos solicitados no deben seguir en funciones por el solo hecho de haber ejercido el cargo, ya que se pretende transformar al municipio en una institución eficiente. Se debe garantizar a las personas, eso sí, que ninguno de sus derechos serán menoscabados y que se irán con los ingresos correspondientes.	Sería un error que aquellos departamentos municipales que serán concursables los asuman personas ineficientes y que se las mantenga en sus cargos hasta los 65 años. Por el contrario, se trata de que opten entre quedarse en un cargo de extinción, que implicará un costo adicional para el municipio, en cuyo caso el Ejecutivo tendría que proveer los recursos necesarios o, en su defecto, eliminar el tope respecto de las indemnizaciones.	Si una persona lleva 25 años al interior de un municipio, es irracional que se vaya con un máximo de 11 meses de desahucio y no con el total. Por eso, la indicación, en los términos en que se presentó, tampoco responde a los requerimientos de lo que se pretende. Lo que hace es garantizar que una persona no permanezca en su cargo por el hecho de estar en el municipio, aun cuando sea ineficiente, porque se daría una situación contradictoria con el espíritu de la modificación que hoy presentamos.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma por una cuestión de Reglamento.	El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, tengo dudas sobre el procedimiento que seguiremos en la continuación del debate. Ayer tuvimos uno especial, pero no sé si habrá un horario de votación y en qué momento votaremos los artículos que anteceden al 40 y que quedaron pendientes el día de ayer.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, el procedimiento que rige hasta el momento es el mismo que se acordó ayer; pero la Mesa citará a una reunión de Comités para establecer la hora, cierre del debate, día de votación, etcétera.	Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz.	El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el artículo 40 es uno de los que motivó mayor discusión durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Gobierno Interior.	Se trata de un precepto que nos preocupa y que ha preocupado mucho a la Asociación Nacional de Municipalidades y a los funcionarios municipales, porque está en juego su estabilidad en el empleo.	Fundamentalmente, me preocupan dos cosas:	En primer lugar, voy a solicitar que se vote primero el artículo 2º transitorio, que se refiere a lo que sucederá con los actuales funcionarios, y dependiendo de lo que ocurra con esa votación adoptaremos una actitud en relación con el artículo 40.	En segundo lugar, hay un punto en el cual he insistido, relativo al inciso tercero del artículo 40, que en su segundo párrafo dice: “Para estos efectos, se conformará una comisión calificadora de concursos, la que estará integrada preferentemente por los tres funcionarios directivos de mayor antigüedad en la respectiva municipalidad pudiendo considerarse, para completar su composición, jefaturas o profesionales”.	En la Comisión presenté una indicación para eliminar la palabra “preferentemente”, porque eso permite arbitrariedad, ya que en un momento dado el alcalde puede decir: “El inciso tercero me faculta para integrar esta comisión preferentemente con estos funcionarios, pero eso no significa que sea exclusivamente con ellos y, por lo tanto, escogeré a quienes integrarán la comisión calificadora de concursos”.	Ayer conversé el tema con el señor Marcelo Schilling, Subsecretario de Desarrollo Regional, y con el patrocinio de dos Comités presenté la indicación antes mencionada, dando cumplimiento a lo que establece el Reglamento de Cámara, en el sentido de que se puede insistir en la Sala respecto de indicaciones que hayan sido rechazadas en la Comisión. 	Desde luego, cuando se menciona “jefaturas o profesionales” -esto para la historia de la ley-, la conjunción “o” es disyuntiva, no copulativa; por lo tanto, se integra con funcionarios de jefaturas o con profesionales. En mi concepto, la comisión calificadora de concursos no podría conformarse en parte con funcionarios que ocupen cargos de jefatura y en parte con funcionarios que ejerzan cargos profesionales. Es lo uno o lo otro.	Por eso, aunque comparto plenamente lo señalado por mis colegas Luis Valentín Ferrada y Ramón Elizalde en cuanto a la inconstitucionalidad que pudiera tener este artículo y me reservo el derecho de recurrir en su oportunidad al Tribunal Constitucional, sin perjuicio de ello hago tres peticiones: votar en primer lugar el artículo transitorio; segundo, insistir en la eliminación de la palabra “preferentemente” y, tercero, dejar constancia de que la comisión calificadora se integra con jefaturas o bien con profesionales, pero no con ambos simultáneamente. 	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.	El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, quiero formular algunas opiniones y precisiones respecto del artículo 40. 	En verdad, lo considero absolutamente inconveniente, porque no ayuda a la modernización ni mucho menos a conseguir la eficiencia tan anunciada.	Hablemos las cosas como son. Detrás de esa especie de manto respecto de la modernidad y de la eficiencia, lo cierto es que se aprecia, más bien, interés por manejar política y partidistamente cada una de las municipalidades. 	De ahí, entonces, surge la posibilidad de que haya un número creciente de cargos directivos de exclusiva confianza del alcalde de turno y, qué duda cabe, en el fondo, en gran parte de esos municipios, quienes van a resolver qué personas ocuparán los cargos de directores serán los partidos políticos, a través de la influencia que puedan ejercer sobre los alcaldes. Esto es, precisamente, lo que perciben la comunidad y los funcionarios municipales.	Si a lo anterior se agrega el poco interés que muestra un número significativo de profesionales para postular a cargos municipales, sin duda, las más afectadas serán las municipalidades medianas y pequeñas, que ya tienen dificultades para proveer cargos vacantes. De manera que en este aspecto también considero inconveniente el artículo, pues el rompimiento que se está generando afectará la continuidad de la administración de las municipalidades.	Existe un antiguo adagio que dice: “El que nada hace, nada teme.” Si se considera que existe una cantidad importante de cargos que son de exclusiva confianza de los alcaldes y que, a futuro, muchos de ellos evaluarán a los funcionarios, se generará una tendencia inexorable a la inacción y, por lo tanto, a la ineficiencia.	Como esta norma hay que relacionarla con el artículo 2º transitorio, estimo que es de dudosa constitucionalidad. Si existen funcionarios que han asumido determinados cargos es porque han demostrado fehacientemente que son capaces de ocuparlos. Si ello no fuera así, entonces debe mejorarse el sistema de medición del desempeño funcionario, y no actuar como don Otto, que para evitar el engaño de su mujer, vendió el sofá. En este aspecto, deben abordarse los temas reales y de fondo, no los superficiales.	Por lo anterior, anuncio que votaré en contra del artículo 40.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis.	El señor ORPIS.- Señor Presidente, me cuesta entender el debate que se está realizando sobre el artículo 40. Al respecto, llego a una sola conclusión: la modernización del Estado es inviable. Estamos hablando de cuatro cargos municipales a los que se les pretende dar alguna flexibilidad y, en general, lo único que han hecho las diferentes bancadas es oponerse.	¿Cual es la realidad actual? Propiedad en el cargo e inamovilidad completa, por lo que no existe ninguna posibilidad de que las actuales gestiones incorporen mayor eficiencia a través de concursos públicos. Ni siquiera se habla de toda la planta de funcionarios, sino, simplemente, de cuatro cargos municipales. Por ello, la modernización aparece como inviable. Por eso, desde ya anuncio que votaré favorablemente el artículo 40.	Tal como se consigna en el proyecto, hay personas que tienen prácticamente asegurado su cargo por siete años, es decir, deben pasar prácticamente dos períodos municipales para que puedan renovarse.	Estimo que estamos enfocando mal el problema, se está viendo fantasmas, en el sentido de que el tema se va a politizar y se van a escoger personas de determinada tendencia. De una vez por todas debe actuarse con madurez, porque si no somos capaces de avanzar respecto de cuatro cargos municipales, menos podremos hacerlo en cuanto a la incorporación de mayores grados de flexibilidad en el Estatuto Administrativo. No podemos continuar funcionando con el esquema de que las personas mejoren sus remuneraciones sobre la base de la antigüedad, que es lo que ocurre en la actualidad, porque eso se traduce en ineficiencia. Debemos dar oportunidades a las actuales gestiones municipales para que actúen con mayor eficiencia e incorporen personas a través de concurso público, el cual asegura por siete años el cargo a cuatro personas al interior del municipio.	Si no somos capaces de dar este paso respecto de cuatro cargos, la modernización del sistema público es absolutamente inviable.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado don Salvador Urrutia.	El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, la inquietud por la injusticia o acción inadecuada que se puede tomar contra los funcionarios que, cumpliendo una carrera de muchos años, han llegado a ser directivos y pudieran perder sus cargos en un concurso, nos obliga a reflexionar sobre el tema y velar por que, en el caso de que los concursos representen su salida del cargo, puedan soportar el cambio laboral.	La indemnización de 11 meses establecida en el artículo 2º transitorio me parece absolutamente pequeña, inadecuada socialmente, perjudicial y dañina, porque se trata de personas de 45, 50, 55 años, o menos en algunos casos, quienes, debido a que han dedicado toda una vida a trabajos específicos, tendrán poco espacio en el actual campo laboral. Por lo tanto, si mantenemos el artículo 2º transitorio tal como está, la justicia laboral que todos perseguimos se verá afectada. En consecuencia, creo que debemos modificar el artículo 40 o el 2º transitorio para hacerlos compatibles -repito- con una justicia laboral adecuada.	Si mantenemos el sistema de concursos como está, la única vía aceptable es que los directivos que pierdan sus cargos con motivo del concurso, puedan continuar adscritos a la planta municipal, en cargos de grado semejante en otras áreas de trabajo, sin jefatura, que les permita mantener su nivel de vida y, al mismo tiempo, aprovechar su experiencia en la municipalidad.	Respecto de la concursabilidad, me parece importante garantizar absoluta transparencia y equidad en las actuaciones de las comisiones de concurso.	Finalmente, solicito a la Sala que acoja la indicación que presenté ayer, en el sentido de que los cuatro funcionarios de exclusiva confianza citados en el artículo 40, más el administrador municipal, puedan ser removidos de sus cargos si dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo así lo deciden. Los fundamentos de mi proposición los di ayer y apuntan a evitar una politización de estos funcionarios y, al mismo tiempo, a crear una mayor integración con los concejales, que así tendrían una herramienta de acercamiento, de presión indirecta con los funcionarios de exclusiva confianza, lo que ayudará a crear una mejor democracia interna en la municipalidad, evitando que respondan ante una sola autoridad, lo que ocurriría en el caso de que la indicación no se aceptara.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, a fin de evitar una reunión de Comités, solicito el acuerdo de la Sala para que el proyecto se siga discutiendo hoy, se cierre el debate y, sin discusión, el próximo martes se voten cada uno de los artículos, en los términos acordados en la sesión de ayer. 	Acordado.	Para lo mismo, solicito que la sesión del martes sea citada en términos que aseguren el total despacho de lo ya acordado y del proyecto de jornada escolar.	Varios señores diputados.- No, señor Presidente.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No hay acuerdo. 	Trataremos el tema en Comités.	Tiene la palabra el Diputado señor Leay.	El señor LEAY.- Señor Presidente, se ha entregado una serie de argumentaciones en la Sala que no repetiré, pero haré algunos aportes al debate.	En primer lugar, aquí se ha hablado de carrera funcionaria y la verdad es que no se está afectando ni la del personal directivo ni administrativo del municipio. Como muy bien dijo el Diputado señor Orpis, sólo estamos dando flexibilidad para que ciertas jefaturas, que son cuatro, sean concursables por períodos de siete años, situación que no tiene relación con terminar con la carrera funcionaria al interior de los municipios.	En segundo término, no se ha dicho acá que esta normativa tiene un punto bastante interesante -debatido por la Asemuch y distintas entidades-, el cual compartimos plenamente: se están mejorando las rentas de estas jefaturas en un 20 por ciento -ojalá fuera, y pronto, para todo el personal municipal-, situación que también me parece importante, dada la realidad que hoy enfrenta el personal del municipio.	En tercer lugar, me parece válida y estudiable la posición de algunos señores diputados con respecto a la indemnización. Obviamente, es una materia que puede ser discutida y respecto de la cual se puede solicitar al Ejecutivo un mayor esfuerzo, a fin de hacer justicia a estos funcionarios, que el día de mañana pueden dejar sus cargos, para que tengan un tratamiento similar al de otros empleados de la Administración Pública en legislaciones pasadas.	Es un tema que apoyamos y que sería interesante estudiar. En la Comisión de Gobierno Interior avanzamos en esta materia con este tope; incluso, logramos que se creara una planta adscrita para el personal que cumpla ciertos años y se encuentre pronto a acogerse a jubilación.	Creo que puede haber concordancia en la Cámara para solicitar al Ejecutivo un mayor esfuerzo para eso, el que debe ser hecho por el Ejecutivo, para no cargarle esas indemnizaciones al ya reducido y escuálido presupuesto municipal. Es muy fácil legislar imponiendo una fuerte carga a los municipios.	Esto es un avance en términos de flexibilidad. Hay que seguir en esa dirección. De hecho, se está estudiando una modificación al artículo 110 de la Constitución, que espero que prontamente sea consensuada con las organizaciones que representan a los trabajadores municipales para que, de común acuerdo, demos una modernización efectiva para lograr mayor eficiencia, transparencia y buen manejo de recursos tan importantes, como los municipales, que están orientados directamente al servicio de la comunidad.	Por eso, votaremos a favor del artículo 40, pero, como dije, ojalá el Ejecutivo accediera a mejorar en algo las indemnizaciones establecidas en el artículo transitorio.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor Montes.	El señor MONTES.- Señor Presidente, antes de dar una opinión sobre la materia, quiero hacer una reflexión respecto de lo que está ocurriendo con esta reforma. 	Por un lado, estamos modificando la ley orgánica de Municipalidades con el propósito de mejorar la gestión y la participación, y por otro, se está tramitando una reforma al artículo 110 de la Constitución Política. Lo que ocurrirá es que desde la Cámara saldrá este proyecto hacia el Senado y desde allá vendrá la reforma constitucional. En verdad, en algún momento deberían encontrarse ambas iniciativas, porque hay una serie de temas de gestión relacionados con la reforma constitucional. Por ejemplo, elevar la eficacia de los municipios tiene directa relación con su flexibilidad para la constitución de entes jurídicos, con variados objetivos, sin que se requiera la intervención de la autoridad pública.	Quiero hacer ver a los señores Ministro y Subsecretario del Interior que necesitamos ponernos de acuerdo en qué momento se encontrarán ambos proyectos, pues puede darse el absurdo de que, tramitada esta modificación a la ley orgánica de municipalidades, inmediatamente se inicie el estudio de la reforma constitucional que aborda el tema medular y sustantivo de la gestión. Incluso, hay materias que deberíamos incorporar en ella.	Aprovecho la ocasión para decir que, por lo menos, deberíamos reflexionar sobre el sistema de generación de la autoridad y de elección de alcaldes y concejales. A lo mejor, la elección separada de estas autoridades se hace obvia, evidente y necesaria y habría que definirla con suficiente anticipación al período electoral, ya que en tal oportunidad se consideran más los cálculos que lo que es mejor para la gestión.	En relación con el punto específico en discusión, creo difícil argumentar por la mantención del actual sistema, con directores de departamento de por vida, lo cual resulta inconveniente para cualquier sistema de organización. Aquí se establece que después de unos años tengan que reconcursar: Los mejores ganarán el concurso y se mantendrán en sus cargos. Aquellos que han perdido impulso -a pesar de ser muy buenos al comienzo, pueden perder dinamismo-, y ganas de hacer las cosas, probablemente serán superados por otros. Pienso que esto ayuda bastante a asegurar el dinamismo de los departamentos municipales, su capacidad de iniciativa, de que siempre estarán buscando nuevas formas de vincularse a la comunidad, y que serán efectivos en la gestión de los distintos servicios.	Como ha dicho el Diputado señor Leay, la carrera municipal no se ve afectada por esto, porque el proceso llega hasta el escalón inmediatamente anterior. En este nivel, se trata de que las autoridades sean suficientemente calificadas para cumplir su función y que los funcionarios de carrera pueden concursar. Seguramente, los que están capacitados ganarán.	No resulta consistente la opinión de algunos parlamentarios de Derecha que, por un lado, sostienen que las relaciones laborales en el sector público deben quedar sujetas al Código del Trabajo, pero, por otro, cuando discutimos la necesidad de que haya flexibilidad, concurso cada siete años -un período suficientemente largo-, dicen que con ello se afecta la carrera funcionaria. Entonces, les pedimos que se definan, porque necesitamos modernizar el sector público, los municipios, y para ello se requiere flexibilidad y que cada cierto tiempo exista el sistema de reconcurso.	Asumo que el planteamiento del Gobierno, que apoyamos, tiene debilidades, porque no todo es perfecto. A mi juicio, la mayor debilidad radica en que el sistema de concurso no está suficientemente validado. Debemos mejorarlo, porque existe desconfianza al respecto, pues más que calificación por mérito aparecen como una selección de personas por afinidad política o de cuoteo entre sectores. Es necesario modernizar el sistema de selección no sólo para los directores, sino para todos los concursos en el sector municipal. Deben terminarse los concursos hechos a la medida, donde primero se piensa en los rasgos de quien concursará y después se definen las características del cargo. Creemos que en esto hay un planteamiento incompleto, y lo que más inseguridad provoca es que no modernizamos el sistema de concurso en este proyecto. Es cierto que el tema puede venir en otro, pero aquí establecemos que habrá concurso y se da un plazo de gracia de tres años, como señala el artículo 2º transitorio, para reformar esta materia. Pero, hay un tema pendiente.	Hemos dicho muchas veces que habrá que establecer -al menos para los cargos de directores- un mecanismo de precalificación al margen del sistema municipal, porque a veces hay directores de obras que no conocen la ley de Urbanismo y Construcciones que deben aplicar, lo que resulta inconsistente.	También hay que revisar el tema de la indemnización, porque hay directivos antiguos, para quienes la ley establece un mes por año de servicio, porque ingresaron con anterioridad a agosto de 1981, o sea, antes de las reformas laborales.	Aquí se han dado varias ideas para elevar la indemnización y no hacer de esto un tema de conflicto, sino una medida que permita fortalecer los municipios. Creo que la alternativa de que se mantengan en el empleo aquellos que son antiguos y que tienen trayectoria es muy atendible de considerar.	Estamos por apoyar el artículo 40 propuesto por la Comisión de Gobierno Interior. Estimamos muy importante la flexibilidad y el sistema de concurso, para el fortalecimiento de los municipios.	Insistimos en que es necesario mejorar los concursos y en que la reforma constitucional debe incorporar otros elementos que mejoren efectivamente la gestión municipal. No hay municipio eficiente si, por ejemplo, debe manejar el agua potable de su comuna, con la planta municipal, como ocurre en Maipú, o administrar el cementerio sin regulación jurídica que le permita cumplir los objetivos de esas instancias en forma apropiada, como sucede en Recoleta. Debemos tener capacidad de generar distintas formas de gestión apropiadas a las tareas municipales y dejar, en especial en el sistema de carrera, todo aquello que requiera la autoridad pública.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.	El señor CANTERO.- Señor Presidente, parece que el artículo 40 -sin duda, el más importante en lo que dice relación con las materias de personal que se consagran en la ley orgánica de municipalidades- ha generado cierta confusión en distintos sectores. Por eso, intentaré precisar el planteamiento de Renovación Nacional sobre el tema.	En nuestro sector nadie está en contra del proceso de modernización de las municipalidades ni tampoco en lo relacionado con las materias del personal. No hay oposición a la concursabilidad de cargos, pues aparece como algo sano y deseable. El punto está en que la concursabilidad rige a partir del momento en que se dicta el decreto, o sea, es una norma que regla a los que ingresan al esquema. Sin embargo, ocurre que los directores de obras fueron contratados con reglas distintas. En consecuencia, como sostuvo ayer el Diputado señor Ferrada, constituye un acto de expropiación de sus derechos laborales someterlos a un régimen diferente.	Nadie está en contra de eso si así lo determina la voluntad del legislador; pero, en ese evento, habrá que pagarle la indemnización correspondiente, de acuerdo con la ley. Eso es lo que sostiene Renovación Nacional.	En definitiva, se busca que el funcionario sometido a esta circunstancia pueda optar entre tres posibilidades:	La primera, irse a una lista de complemento -también se le llama adscrita o planta en extinción-, figura que ya está consagrada y que hemos usado muchas veces.	La segunda, que reciba el pago de la indemnización correspondiente por sus años de servicios, sin el tope de 11 meses que se establece hoy. Ése es el punto. De lo contrario, cuando se aplique esta ley, un funcionario con 20 ó 25 años de servicio, perfectamente podrá reclamar que tiene derecho a 25 meses, no a 11, como lo establece la ley, e iniciar un proceso para reclamar la diferencia. Estará en todo su derecho.	La tercera, abrir la opción no sólo a los funcionarios que tengan posibilidades de concursar, sino que, incluso, a todos los cargos directivos para acogerse a retiros voluntarios, caso en que podrán regir los 11 meses, si lo desean.	Ésas son las tres alternativas.	Según he podido observar, ha habido un malentendido o no se ha explicado bien la idea, pero, como partido, no estamos en contra de la concursabilidad. Muy por el contrario -ya argumentaré al respecto-, se trata de que el ciudadano que trabaja en un municipio tiene derechos consagrados, respecto de los cuales no tenemos autoridad ni derecho para expropiárselos sin compensarlo adecuadamente.	Aclarado el punto, ahora entraré al desarrollo de las ideas sobre este artículo que, repito, es el más importante en materia de personal.	Somos partidarios de que exista cierta continuidad en la gestión municipal. Eso implica el plazo de siete años. Por ejemplo, para el cargo de director de obras se puede establecer dicho plazo, en concordancia con lo establecido en el plan de desarrollo comunal y en el plano regulador comunal, pues en ese lapso puede efectuar una gestión o un proceso que permita su evaluación en forma objetiva. Además, un período de siete años permite ir quemando etapas. Si lo hace bien, si la comunidad está satisfecha con el desarrollo urbanístico, con las estructuras constructivas, etcétera, podrá continuar en su cargo. Si hay insatisfacción, la comunidad, en este caso representada por el concejo y el alcalde, podrá dar otro destino al concurso y la junta calificadora podrá optar por una persona más calificada que la que está ejerciendo esa función.	Esto tiene particular importancia con algo que hemos venido sosteniendo, en cuanto a tecnificar y profesionalizar la gestión municipal. Hemos establecido tres herramientas fundamentales: el plan de desarrollo, el plano regulador comunal y el presupuesto. En consecuencia, queremos que los profesionales sean concordantes, consecuentes, que estén sintonizados con lo que allí está establecido.	Un segundo elemento dice relación con la carrera funcionaria, la cual, en nuestra opinión, debe tener un adecuado equilibrio con otro bien jurídico superior: la eficiencia de la gestión.	Para que exista una carrera funcionaria con eficiencia en la gestión, se deben establecer estímulos a la eficiencia. De manera que distinguimos dos estructuras en la carrera funcionaria municipal. Una, el nivel de directivos y de jefes de unidades. En este ámbito, encontramos tres tipos de funcionarios: en primer lugar, el jefe de control, que es independiente, que no es evaluado por ninguna de estas instancias y que tiene relación directa, más bien técnica, con la Contraloría General de la República. No está sometido a ningún proceso particular. En segundo lugar, los funcionarios de la exclusiva confianza, los que, como se dijo, entran y salen con el alcalde. En tercer lugar, los cargos concursables.	En los cargos de confianza del alcalde están el secretario de planificación comunal, el asesor jurídico de la municipalidad, el jefe del departamento de salud y educación, los incorporados en esta gestión, y el jefe del departamento de desarrollo comunicativo.	En el ámbito de los cargos concursables cada siete años, se encuentran el secretario municipal, los jefes de los departamentos de obras municipales, de administración y finanzas, de aseo y ornato, de tránsito y transporte público.	Creemos que es sana y buena dicha distinción. El resto de la planta municipal tiene carrera funcionaria y debe someterse a los procesos de evaluación. No hay ninguna dificultad en esto. A su vez, los funcionarios que figuran en la otra excepción, quedan sujetos a lo que entendemos es un bien jurídico superior para el interés de la nación, cual es el estímulo a la eficiencia en la gestión, particularmente en el ámbito municipal. Esos son los elementos: eficiencia y eficacia en la gestión, evaluada cada siete años. 	Por su parte el Gobierno -debo reconocerlo- ha tenido un gesto consecuente y generoso porque ha dicho que, así como se exige concursar los cargos de los funcionarios cada siete años, también está dispuesto a solicitar -no sé con qué artilugio, pero finalmente lo logró- al Ministro de Hacienda que saque los billetes necesarios del maletín para otorgar una mejoría del 20 por ciento del sueldo base y de la asignación municipal. 	Esta señal nos parece sumamente importante para el país: hay estímulo a la eficiencia, se les exige más a los funcionarios y se hacen concursables sus cargos, pero también se eleva el nivel de sus remuneraciones, aspecto que constituye el verdadero drama y la inconsecuencia que afecta al Estado chileno: quiere eficiencia, nivel profesional y eficacia en la gestión, pero no paga como lo hace el mercado, lo cual se puede comprobar en el caso de los ingenieros comerciales que trabajan en el sector público, cuyas remuneraciones están por debajo de las que asigna el mercado. Valoro esta señal y la aplaudo, por cuanto me parece el camino indicado: exigir eficiencia, pero pagar mayores remuneraciones a nuestros funcionarios.	Estamos muy contentos de haber participado como Partido en esta gestión. No debe existir confusión: Renovación Nacional no está en contra de la concursabilidad; muy por el contrario, aplaude este sistema de gestión que estimula la eficiencia y el otorgamiento de mayores recursos para aumentar las remuneraciones y beneficios de los trabajadores. En lo que no estamos de acuerdo es en que se quiera privar a los funcionarios de sus derechos laborales adquiridos con este estipendio compensatorio.	Ése es el objetivo, la idea y la intención que tenemos respecto del artículo 40, tan relevante para las municipalidades.	Coincido con lo planteado por el Diputado señor Montes. Lo deseable habría sido que existiera cierta complementariedad en el proceso, tanto de la reforma constitucional como de la norma orgánica, pero creo que en esta etapa nos vamos a cruzar prácticamente y será posible realizar la complementariedad deseable.	En definitiva, este es el camino: exigir eficiencia en la gestión de los funcionarios municipales, pero pagar más por ese trabajo.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.	El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, quiero ratificar, una vez más, mi impresión de que la discusión sobre el artículo 40 es distinta de la relativa al artículo 2º transitorio. Son diferentes, y si las mezclamos, probablemente, vamos a tomar una decisión equivocada.	El Diputado señor Cantero acaba de ratificar el acuerdo de Renovación Nacional, o tal vez de la mayoría de ese partido, sobre el contenido del artículo 40. Él señala su discrepancia con el artículo 2º transitorio, pero si queremos mezclar ambas materias o, como planteaba el Diputado señor Errázuriz, votáramos primero el 2º transitorio y después el 40, vamos a terminar en que por una situación transitoria, no modificaremos lo importante y permanente, que regirá de aquí para adelante.	También necesitamos lograr un acuerdo respecto del artículo 2º transitorio, porque, si éste no se alcanza, será rechazado y tendrá que buscarse otra fórmula para generar la transición, ya que los nuevos concursos e ingresos tendrán que regirse por el artículo 40. Los actuales funcionarios no pierden la propiedad de sus cargos con la dictación de esa norma, sino por el artículo 2º transitorio. Si las compensaciones establecidas en él son suficientes o insuficientes, es una materia que debemos discutir. En eso, todos estamos de acuerdo.	Quiero insistir en que el artículo 40 tiene un mérito propio, que es establecer, de aquí para adelante, un sistema nuevo de acceso a determinados cargos del servicio municipal. Como han dicho los Diputados señores Orpis, Cantero, Montes y Salvador Urrutia, es muy importante que establezcamos un sistema de concursabilidad para los cargos que hoy lo son sólo una vez, hasta que la persona se jubila. En realidad, eso impone una condición diferente que permite evaluar, hacer que nadie se sienta insatisfecho con lo que está haciendo y, por lo tanto, mejorar la productividad.	Deseo referirme a una afirmación del Diputado señor Cantero. Discrepo de la observación que hizo al comienzo de su intervención, en el sentido de que si había disconformidad, por ejemplo, con lo que ocurría en materia de infraestructura en una comuna, esto iba a incidir decididamente en el resultado del concurso. Eso no es así, porque tal como redactamos la norma, el concurso se hará en forma independiente de las autoridades políticas. 	El Diputado señor Cantero me aclara que no quiso decir eso, pero dio a entender que si el concejo y el alcalde estaban disconformes con un director de obras por el desarrollo de la infraestructura de una comuna, entonces iban a decidir su destino en el concurso. Eso no ocurrirá, porque el sistema de concurso está fijado de manera no partidista. Todo lo que ocurre en el municipio es político, porque incide en el gobierno de la gente y en su vida cotidiana; pero el sistema de concurso que se establece en el artículo 40 es independiente de las autoridades políticas, porque son los funcionarios más antiguos del municipio, directivos o profesionales del municipio, quienes deben resolverlo, y el alcalde debe seleccionar al que obtenga el primer lugar.	Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Cantero.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Con cargo a su tiempo, tiene la palabra el Diputado señor Cantero.	El señor CANTERO.- Señor Presidente, seré muy breve. 	Tiene toda la razón el Diputado señor Andrés Palma: o me expresé mal o él me entendió mal. 	El concurso está normado con precisión y no sólo es de oposición de antecedentes, sino que, además, se considera la aprobación de un examen de idoneidad. Incluso, se establece quiénes conformarán la junta calificadora del concurso. Eso está perfectamente diseñado.	Yo señalaba que, en la medida en que la comunidad evalúe mal, obviamente eso incidirá en el concurso, porque tendrá que haber cierta coherencia entre lo que piensa la comunidad y lo que evalúen los miembros de esa junta calificadora. De manera que él tiene toda la razón. El concurso está claramente normado, es completamente objetivo y ajeno a la voluntad política de la autoridad de turno. Es más, dispone que los funcionarios de confianza del alcalde no podrán integrarse como miembros de la comisión calificadora. De manera que eso está completamente zanjado. 	Repito, hubo un malentendido o me expliqué mal.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Recupera la palabra el Diputado señor Palma.	El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, por último, quiero recordar a la Sala que el Ejecutivo presentó una indicación en la Comisión de Hacienda respecto del artículo 2º transitorio, destinada a ampliar los beneficios a un importante número de funcionarios. De aprobarse esta norma, como espero, perderán la titularidad del cargo y deberán concursar. 	Un importante número de personas, a quienes no les resta más de cinco años para jubilar, pueden optar entre la indemnización y ascender a un cargo de planta de igual grado y remuneración del que estuvieran sirviendo, hasta cumplir el período de jubilación.	Sin duda, el Ejecutivo ha recogido muchos de los elementos sobre los cuales hemos estado debatiendo, pero esas son materias que evaluaremos en el momento de discutir y decidir si el mérito del artículo 2º transitorio es suficiente o no. Sin embargo, no me parece coherente que, porque no nos guste el artículo 40, lo votemos en contra, aun cuando es una norma permanente y parece ser satisfactoria para la mayoría de la Corporación.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.	El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, me alegro del curso que ha seguido la discusión del artículo 40 del proyecto entre las distintas bancadas. Hay quienes están en favor del cambio y de la flexibilidad, y otros que son partidarios de mantener la propiedad en determinado tipo de cargo. No hay que introducir la emoción ni la pasión en el debate; debemos mantener la racionalidad. 	Nos hemos pronunciado, tanto en la Comisión como en la Sala, a favor de un cambio que parece ser indispensable dentro del esquema planteado, cual es la modernización de la Administración Pública y, en este caso, de los municipios. 	¿De qué se trata? De que -y en eso comparto lo señalado por los Diputados señores Cantero, Palma y varios más- tomemos a los municipios no sólo en su condición de entes políticos, carácter que, por supuesto, tienen, sino como empresas que prestan servicios y que, por lo tanto, requieren de una estructura y de una forma de organización en las cuales haya diferenciación respecto de la finalidad que tienen determinados cargos. 	Por eso, me parece importante diferenciar entre los cargos de exclusiva confianza del alcalde, que le permiten armar un equipo, y son los que explícitamente señala la iniciativa de ley: administrador municipal, secretario comunal de planificación y aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud, de educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario. Estos cargos pueden variar, de acuerdo con la orientación que tenga cada municipio. 	Esto absorbe el principio de cualquier empresa moderna que, en definitiva, requiere de un equipo de trabajo para operar de la manera más eficiente posible.	En segundo lugar, los cargos concursables están referidos a las unidades de control, de obras municipales, de administración de personal y finanzas, de aseo y ornato, de tránsito y transporte público y de secretario municipal. El concurso interno quedará limitado a los funcionarios de la municipalidad que cumplan con los requisitos correspondientes.	Quiero hacer presente que, en este caso, el artículo 40 es explícito al señalar que los concursos no podrán ser resueltos por los funcionarios de exclusiva confianza del alcalde; por lo tanto, se despolitiza esa función. Quienes formarán parte de la comisión de concurso serán los funcionarios con mayor experiencia en la municipalidad y más asepsia de criterio.	Comparto lo expresado en el sentido de que probablemente debamos aumentar aún más las condiciones de los concursos, de modo de establecer mayores precisiones que las mencionadas en el referido artículo: “oposición y antecedentes, concursos que, además de los requisitos inherentes al cargo, deberán considerar la aprobación de un examen de idoneidad para el desempeño del mismo.” A lo mejor, en el futuro podremos precisarlo de manera más explícita aún, porque es un muy distinto realizar una tarea en un municipio pequeño que en uno grande, en uno que tiene recursos y en otro que no los tiene. Asimismo, deberemos determinar las condiciones de idoneidad, materia que puede ser muy ambigua. En el fondo, se trata de mejorar la eficiencia municipal.	Quiero señalar especialmente que el resto de los cargos no son concursables y corresponden a la carrera funcionaria. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los funcionarios de la municipalidad sólo quedarán sujetos al mecanismo del estatuto correspondiente.	Desde ese punto de vista, se está buscando progresivamente que los cargos de mayor o de menor injerencia en la orientación tengan una flexibilidad relativa que permita aumentar la capacidad de gestión de los municipios, de liderazgo y la posibilidad de contar con más equipos.	Entonces, me parece bueno el alcance hecho por varios señores diputados, en el sentido de no confundir las disposiciones del artículo 2º transitorio con las del artículo 40. Creo conveniente que primero nos pronunciemos sobre el artículo 40, para ver quiénes estamos dispuestos efectivamente a mejorar la gestión de carácter municipal y obtener mayor flexibilidad, y luego discutamos el artículo 2º transitorio, por si acaso podemos llegar a mayores precisiones que den más garantía o mejores posibilidades a aquellos funcionarios que actualmente ocupan esos cargos, de modo de que sus derechos no sean conculcados.	Insisto en que aquí hay un problema de malentendidos, algunos de los cuales, a mi juicio, derivan de visiones prejuiciosas. No comparto para nada lo señalado por el Diputado señor Rodríguez, en el sentido de que se está buscando, única y exclusivamente, politizar los cargos de los municipios.	En verdad, como podemos apreciar en la Sala, los criterios de las distintas bancadas son muy diferentes. Hay quienes están por los cambios; y otros desean estabilidad y permanencia. En todo caso, aquello que puede estar íntimamente ligado con fenómenos de corrupción y de ineficiencia, ninguno de nosotros querría que, de alguna manera, permaneciera al interior de las estructuras administrativas locales o de carácter nacional.	Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Rodríguez, con cargo a mi tiempo.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.	El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, quiero hacer una aclaración. 	En primer lugar, aquí -como se ha señalado- nadie está en contra del ingreso a las municipalidades a través de concursos. El punto es el umbral de siete años que se pretende fijar, porque, pregunto: ¿qué profesionales desearán ingresar, a sabiendas de que tienen un horizonte de siete años? Lo harán aquellos que no tengan fácil cabida en el mercado o los que estén iniciando sus actividades y desean utilizar el municipio como trampolín para saltar a cargos del sector privado o de otras reparticiones públicas. Por lo tanto, con esto no estamos garantizando en absoluto mayor eficiencia o eficacia en la administración municipal.	También es conveniente destacar que aquí nadie ha hecho una defensa -yo tampoco- en cuanto a establecer la inamovilidad en los cargos; ni siquiera lo han sostenido las asociaciones de funcionarios municipales. Fijar algunas condiciones mínimas de estabilidad no es lo mismo que la inamovilidad.	Finalmente, quiero señalar que quienes desempeñen los cargos de exclusiva confianza del alcalde -si estoy equivocado, ruego que alguien me aclare la situación-, serán los que participarán en el sistema de evaluación anual de los funcionarios. Por lo tanto, ¿qué criterios imperarán en la evaluación? ¿Los de eficiencia o los políticos? Los profesionales que ingresen a cargos de confianza, ¡qué duda cabe!, serán influidos políticamente, de acuerdo con la opinión política del alcalde. Ése es el problema.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Balbontín.	El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, ése es el dilema, pero tiende a ser visto de distinta forma por unos y por otros.	Acojo la idea de la inmensa mayoría de esta Cámara, de someternos a los principios de una sociedad moderna, como ocurre en muchos países europeos desarrollados, en Estados Unidos y en otros, en los cuales las personas adquieren una profesión, por ejemplo, de la condición de gerente o de administrador municipal, y un día desempeñan el cargo en una municipalidad y al siguiente en otra distinta. De acuerdo con las mismas características y la eficiencia, adquieren un determinado prestigio en el desempeño de esa función o de otras. Por lo tanto, el mercado, de alguna manera, resuelve estos problemas y dentro de este juego, se obtiene una profesión y mayor capacidad.	En segundo lugar, no estamos pretendiendo que eso se establezca desde la aplicación de la ley, sino en el plazo de tres años, de modo que las personas que actualmente desempeñan esos cargos puedan optar -como se ha señalado- a formar parte de los nuevos cuadros municipales, adaptando sus condiciones, haciendo los estudios pertinentes y capacitándose para ese objetivo. Se quiere que haya capacitación para prestar servicios a la comunidad de mejor calidad. 	No veo aquí el problema de la politización si acaso se establecen mecanismos a fin de que la concursabilidad se aplique con los criterios de medición pertinentes y se realice de la mejor manera posible.	Finalmente, se corre un riesgo en la concursabilidad de los cargos, pero, al mismo tiempo, se premia a quienes adquieren mayores capacidades entregándoles el 20 por ciento de incentivo, que no es poco, en el desempeño de esos cargos. Por lo tanto, se trata de incrementar la capacidad, asumiendo un riesgo, pero mejorando las condiciones para que las personas desempeñen dicha tarea.	Entonces, conviene distinguir lo general de lo particular. Veamos primero el problema de principios que contiene el artículo 40 y luego enfrentemos el artículo 2º transitorio que se refiere a las condiciones bajo las cuales, resuelto el problema de la concursabilidad de los cargos, quedarán aquellos funcionarios que se desempeñaban previamente en ellos y que no tengan posibilidad de asumirlos en definitiva, para no afectar derechos sustantivos.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Iván Moreira.	El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quiero ir al grano de este proyecto, en el cual, sin lugar a dudas, la finalidad es llegar, de una u otra manera, a la modernización de los gobiernos comunales. Siempre me he preguntado, cuando se aborda el tema de la modernización y de una reestructuración, ¿por qué empezamos por las municipalidades? Pareciera que éstas constituyen el hilo más delgado, por la serie de problemas a que están enfrentadas desde hace muchos años. Uno de los señores diputados sostenía que estamos por los cambios, pero por los cambios bien hechos, con una ley que garantice seguridad, tranquilidad, modernización, eficiencia y transparencia en la gestión municipal.	Debemos sacarnos la venda de los ojos, porque una cosa que nunca se va a terminar es la politización en los municipios. Son politizados, pero también técnicos, y hay que buscar el justo equilibrio, porque si vamos por el camino de despolitizarlos totalmente, estamos evadiendo la realidad.	Aquí se ha dicho que la disposición del artículo 40 es muy importante, pero no es la esencia de la modernización ni del proyecto. Al respecto, incluso se ha hablado de fortalecer los concursos, de modo que tengan una dinámica seria que dé seguridad a quienes participan en ellos. También se habla de mejorar las rentas. Las que se establecen para los cargos en cuestión no son reales. Jamás las municipalidades van a tener profesionales de la calidad que necesitan si los tratamos de estimular con este 20 ó 30 por ciento de aumento en sus remuneraciones. El punto es otro: queremos generar independencia, concursos públicos serios e interés, y no que estos cargos constituyan pagos políticos. Los señores diputados bien saben que, en muchos municipios, a partir del 6 de diciembre, han asumido alcaldes de todos los sectores, quienes han despedido a los funcionarios de la administración anterior y, en muchos casos, han comenzado a llenar cargos con funcionarios a contrata sin ningún título e idoneidad que, según ellos, comienzan a llenar una necesidad en los municipios que encabezan nuestras gestiones. Así no se solucionará nunca el problema municipal del país.	No podemos cegarnos ante la realidad y debemos entender que la iniciativa que estamos discutiendo, y que próximamente vamos a aprobar, no sólo merece un mayor análisis, sino que también la consideración de una serie de situaciones que permitan corregir, por vía de la indicación, algunos problemas.	Creo que la carrera funcionaria es importante, pero en donde existe mediocridad, ésta no puede ser una forma de apernarse -como se dice vulgarmente- en los distintos cargos.	El artículo 40 nos da a conocer los cargos de confianza y los estímulos que pretenden darse, pero no sabemos cuáles serán los resultados finales. Cuando en esta Sala se demuestren la seriedad, la responsabilidad y la metodología de los concursos, ahí recién comenzaremos a creer en que pueden ser transparentes y accederán a los cargos las mejores personas que deseen trabajar en forma seria y responsable.	Como lo hemos dicho muchas veces, en esta cruzada de modernización solamente ha habido elocuentes discursos, buenas intenciones, pero, en la práctica, no ha habido hechos. Éste puede ser un paso, en especial si se resuelven algunas cuestiones antes de votar el artículo 40.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el señor Subsecretario.	El señor SCHILLING (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).- Señor Presidente, el proyecto que se debate apunta, fundamentalmente, a crear las condiciones institucionales que permitan la modernización de la gestión municipal. Por lo mismo, aborda la problemática de los municipios en su integridad.	Por ejemplo, se proponen nuevas normas de participación ciudadana en la actividad municipal, orientadas a que el control público de las decisiones municipales contribuya a una más eficiente labor de estas instituciones; se perfeccionan normas de fiscalización y control respecto del quehacer municipal y se añade un conjunto de medidas que tienden a fortalecer el trabajo de los municipios más débiles, a través de la asociatividad municipal. Se les permite contratar a un funcionario para el ejercicio de idéntico cargo directivo o contar con la misma unidad para el desempeño de determinada función.	El artículo 40 apunta a mejorar la gerencia municipal. Los cargos directivos se proponen como concursables, no las jefaturas de unidad. Si fuera preciso mayor claridad al respecto, en el Senado podría especificarse que se trata de seis cargos directivos y no de jefaturas de unidad.	Quiero recordar que del sistema que se propone para hacer concursables los seis cargos directivos, en el artículo 40, se colige que no se trata de nuevos cargos de confianza del alcalde, desde que son concursables. Los concursos son de oposición, es decir, quienes postulen a ellos deben rendir un examen, y de antecedentes, por lo cual agregarán el curriculum y el título respectivo.	Además, el alcalde está obligado a nombrar al concursante que obtenga el primer lugar, según la comisión de concursos, la cual, para evitar cualquier manipulación política de su parte, estará integrada en cada municipalidad aleatoriamente por los tres cargos directivos más antiguos. Si ellos no existieren, será integrada por jefaturas o profesionales.	De modo que no tienen lugar los temores de que en la selección de este personal puedan introducirse criterios de politización y discriminación.	Para el evento de que funcionarios que actualmente ocupan estos cargos no tengan los requisitos para concursar o habiendo concursado no hubiesen obtenido el primer lugar, en las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda se acogió una serie de normas, que fueron propuestas por ellos y aceptadas por el Ejecutivo, que tienden a protegerlos. Primero, por la vía de la indemnización, con el tope de once meses, general para el sector público, y de la existencia de una planta paralela para aquellos que les faltaren 5 años para jubilar, los cuales podrán permanecer en el cargo hasta que reúnan el requisito para acogerse a jubilación.	A este respecto, aprovecho de informar a la Sala que, según datos del Instituto de Normalización Previsional, de 29 mil funcionarios municipales de planta, 2.600 ya están en condiciones de jubilar. Si agregamos a quienes les faltan cinco años, es probable que esa cifra sea bastante más alta.	La manera correcta de abordar este punto, en particular, es poner por delante el objetivo de la modernización del sistema municipal. No debe suponerse que se buscan propósitos aviesos u oblicuos, como sería la remoción de funcionarios sólo por consideraciones políticas.	En cuanto al porqué de la modernización del sistema municipal y no de otros, quiero decir, primero, que el Gobierno del Presidente Frei está empeñado en la modernización general de los servicios públicos y del Estado, y no sólo del sistema municipal. Urge su modernización por la importancia cotidiana en la calidad de vida de los chilenos, y la cantidad de funciones, atribuciones, recursos y tareas de los municipios.	Gracias.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Valcarce.	El señor VALCARCE.- Señor Presidente, el artículo 40 ha sido discutido intensa y extensamente, pero, a lo mejor, es hora de precisar algunos puntos o términos que contiene, tanto para la historia de la ley como para evitar algunas injusticias que se pudieran cometer en el futuro.	En primer lugar, tal como dijo el Diputado señor Cantero, nadie está en contra de los concursos; todo lo contrario. El problema es el que mencionó el Diputado señor Montes: en Chile, los concursos muchas veces no reflejan transparencia. Por lo menos, la comisión constituida por las tres personas más antiguas de los municipios podrá reflejar la que asegure a quienes postulen a los cargos que existe una visión no política en cuanto a los requisitos para acceder a ellos.	Por otro lado, sería importante precisar en el inciso primero del artículo 40 la expresión “y demás incorporados a su gestión”, porque no vaya a ser cosa que mañana se agreguen otros cargos de confianza del alcalde, como son los que están al final de la carrera funcionaria.	En los cargos concursables deben participar todos los funcionarios que deseen ocuparlos dentro de los próximos tres años. Es lamentable que cambiemos las reglas del juego a los actuales funcionarios, que tendrán que abandonar sus cargos o postular a ellos en los próximos tres años, porque entraron a las municipalidades para, al final de su carrera, ejercer un cargo directivo. Sin embargo, hoy les decimos que tienen tres años más para prepararse y estudiar, en el caso de un título universitario.	Por eso, en el artículo 2º transitorio debemos dejar claramente establecido que los cargos serán concursables para las vacantes; es decir, no en los próximos tres años, sino a medida en que el cargo se desocupa, pero manteniendo el derecho de los actuales funcionarios.	Por otra parte, el porcentaje de la asignación de responsabilidad directiva lo decidirá el alcalde con los concejales, y podría subir o bajar, según cambien los concejales. Por eso, es necesario estipularlo.	Si se está por modernizar las municipalidades, debe atraerse a los mejores profesionales del mercado; pero con el 20 por ciento, que es la tímida asignación al cargo, realmente éstos no se interesarán en trabajar en las corporaciones que tendrán la responsabilidad del desarrollo comunal.	¿Quién y en razón de qué determina ese 20 por ciento? Debe quedar explícitamente consagrado en la ley. Ahora, si es posible conseguir que el Supremo Gobierno aumente el porcentaje para obtener ingenieros, arquitectos y abogados de prestigio y renombre en el mercado, se conseguiría que las municipalidades salgan adelante.	Además de las precisiones y alcances sobre el artículo 40, debemos ser claros en el artículo 2º transitorio, para resguardar los derechos de los trabajadores. 	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo.	El señor GAJARDO.- Señor Presidente, en verdad el artículo 40 merece varias consideraciones críticas. 	Si bien es cierto que se ha expresado una voluntad mayoritaria de consignar un mecanismo de concursabilidad periódica para los cargos que se expresan en el inciso segundo, sin embargo, por una parte, me parece que eso no es adecuado en el caso del secretario municipal, por las especiales características del cargo de este funcionario, que es ministro de fe. En mi opinión, es un cargo para el cual las condiciones que hoy están establecidas para su ejercicio son más convenientes que la concursabilidad. 	Me llama fuertemente la atención el mecanismo establecido en el inciso tercero, referente a la comisión calificadora de concursos. A mi juicio, aquí hay varios puntos que ameritan una crítica. 	En primer lugar, el colega Errázuriz señaló hace algunos momentos su opción de que la comisión calificadora de concursos no esté integrada “preferentemente” por los tres funcionarios directivos, sino que derechamente por los tres funcionarios directivos, pues la expresión “preferentemente” deja bastante débil el carácter perentorio de la norma. Porque, ¿cuándo se pierde la preferencia? Encuentro razonable que en este punto se sea más explícito.	Además, trato de imaginarme el funcionamiento de la comisión calificadora integrada por los tres funcionarios directivos de mayor antigüedad, y lo más probable es que sean aquellos cuyo concurso se esté llamando para un próximo período. Porque, ¿quiénes van a ser esos tres funcionarios directivos de mayor antigüedad, sobre todo si excluimos, como corresponde de acuerdo con la forma planteada, a quienes son de la exclusiva confianza del alcalde? Normalmente, serán el secretario, el jefe de ornato, en fin, algunos o casi todos los que menciona el inciso segundo del artículo 40.	Entonces, sería una situación insostenible establecer que integrarán la comisión calificadora de concursos personas que también participarán en él. De manera que, por lo menos, habría que aclarar que esto no ocurriera. 	Pero me pongo en otra situación, que tampoco es muy clara, en cuanto a la eficiencia de la norma, porque se busca una municipalidad más eficiente. En la medida en que no se pueda cumplir la disposición de los tres funcionarios directivos de mayor antigüedad, la comisión deberá completarse con jefaturas o profesionales. Entonces, se dará otro caso curioso: un funcionario profesional de alguno de estos departamentos, cuya jefatura debe ser ocupada por quien gane el concurso respectivo, va a calificarlo; es decir, el subalterno de un determinado departamento, porque es profesional e integra la comisión, calificará el concurso de quien desempeñará la jefatura titular.	En el caso de jefaturas que repostulan -si el período de una persona expira, ésta puede repostular para uno siguiente-, un subalterno puede integrar la comisión que calificará a quien fue su jefe, lo que tampoco me parece adecuado. En definitiva, no veo cómo puede funcionar eficientemente un esquema de comisión calificadora formada en esos términos. De tal manera que represento mis aprensiones en este tema.	Como aquí se ha dicho que esta materia se encuentra separada del artículo 2º transitorio, pero que naturalmente existe una vinculación, hago presente que no soy partidario de que una norma de esta naturaleza se aplique a quienes se encuentran ejerciendo el cargo en la actualidad. En todo caso, sobre esta materia no comparto las aprensiones de inconstitucionalidad, pero sí de que no es justo que si una persona ha sido nombrada bajo ciertas condiciones en una determinada categoría, ellas se cambien por una decisión legislativa.	Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Hago presente a su Señoría que resta un minuto para que finalice el Orden del Día.	Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.	El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en primer lugar, comparto la opinión del diputado señor Gajardo en el sentido de que los secretarios municipales deben quedar excluidos, por cuanto ellos no fijan la política municipal.	En segundo lugar, respecto de la comisión calificadora de concursos, tampoco se señala quién decidirá cuáles son los funcionarios directivos más antiguos o los jefes o profesionales que compondrán la comisión. Estimo que en esta materia existe una atribución alcaldicia que debe consignarse expresamente en la ley, pues, de lo contrario, no queda claro cómo se reclamará el derecho a participar o a formar parte de esa comisión y quién determina las preferencias respectivas. En este sentido, nos encontramos en presencia de una norma absolutamente incompleta.	Por último, deseo expresar que esta norma no es contraria a la Constitución; sin embargo, se opone a la ley de Bases de la Administración del Estado, en el sentido de que los funcionarios dependientes de sus órganos gozan de estabilidad.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Señores diputados, hago presente que ha finalizado el Orden del Día.	Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.	El señor GAJARDO.- Señor Presidente, como la discusión del proyecto ha terminado, quiero solicitar que se voten separadamente las expresiones “secretario municipal”, que aparece en el inciso segundo, y “preferentemente”, que forma parte del inciso tercero.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba.	El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, tengo entendido que en el curso de la mañana, la Sala acordó prorrogar el debate del proyecto hasta su total conclusión, la que no necesariamente debía coincidir con el término del Orden del Día. Ése fue el acuerdo que planteó el Presidente de la Corporación, que además contemplaba votar el proyecto el próximo martes.	Como no sé si estoy equivocado -por eso efectúo la consulta-, solicito que se confirme si se acordó extender el debate del proyecto hasta el término del Orden del Día o si, como lo entendió el diputado que habla, continuaba hasta agotarlo.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Señor diputado, el señor Secretario me informa que el acuerdo de la Sala consistió en prorrogar por media hora el Orden del Día a fin de concluir el debate. Dicho plazo ya transcurrió, puesto que el Orden del Día finalizaba a las 12.30 horas y se prorrogó hasta las 13. De manera que el acuerdo de la Sala -repito- fue finalizar el debate cuando el Orden del Día concluyera y someter a votación todos los artículos el próximo martes.	Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.	La señora CRISTI.- Señor Presidente, solicito que su Señoría recabe el acuerdo de la Sala para extender por un minuto el Orden del Día, a fin de referirme a dos modificaciones planteadas en el proyecto, que se relacionan con la Ley de Alcoholes. Con antelación, había pedido intervenir en el debate del proyecto, pero por problemas de tiempo no pude hacerlo.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- ¿Habría acuerdo de la Sala para proceder en esa forma?	Acordado.	Tiene la palabra por un minuto la Diputada señora Cristi.	La señora CRISTI.- Señor Presidente, sólo quiero hacer referencia a una modificación que introduce el proyecto al artículo 56, la cual señala que el alcalde debe consultar a la junta de vecinos para otorgar patentes de bebidas alcohólicas. De hecho, esto ya está en la ley sobre juntas de vecinos, pero nunca se ha aplicado, porque el alcalde consulta a los vecinos, éstos dicen que no, pero igual autoriza la patente. Esto significa más bien un problema que un favor a la junta de vecinos. 	La disposición sólo tendría sentido si la respuesta de los vecinos tuviera algún peso. Además, ello se encuentra establecido en la legislación respectiva.	Hago esta observación para cuando votemos el artículo.	Respecto del artículo 58, el alcalde debe pedir el acuerdo del concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar las patentes de alcoholes. Ello atenta contra lo establecido en la actual Ley de Alcoholes y también contra la iniciativa que se tramita en el Congreso, la que, además, dispone que se otorgarán y renovarán las patentes si se cumple una serie de requisitos, y su caducación tiene que ver con el incumplimiento de determinados requisitos.	Por lo tanto, este artículo también atenta contra lo propuesto.	Habría sido importante que el proyecto estableciera que, a principios de año, dentro de los planes de desarrollo y de acción, el alcalde presentara, junto con los de salud y de educación, los de prevención y rehabilitación de los alcohólicos y drogadictos en la comuna. De hecho, eso está consagrado tanto en la Ley de Alcoholes como en la ley sobre drogas.	Me he referido a esos dos artículos para que se entienda cuando los votemos en contra.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- De conformidad con el acuerdo de la Sala, ha concluido el debate del proyecto. El próximo martes se votarán todos sus artículos.	El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, cuestión de Reglamento.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, si bien hemos avanzado en el debate, toda la mañana nos hemos centrado en lo que abordan los artículos 40 y 2º transitorio, pero el resto del proyecto aún no ha sido discutido. Mientras no se termine la discusión, me parece absurdo votar, porque si no confrontamos las diferencias en los distintos temas quizás no obtengamos un buen proyecto.	En consecuencia, pido que el debate continúe, para analizar las diferentes materias que no se han discutido.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.	El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, ¿qué va a pasar con las indicaciones que, fruto del análisis hecho en la Sala, se han presentado y requieren aprobación unánime para ser votadas?	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En la sesión del próximo martes, se someterán las indicaciones renovadas a votación. Las que se presenten por primera vez, requerirán de la unanimidad de la Sala en forma previa para decidir si se votan o no.	Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a lo solicitado por el Diputado señor Elizalde.	¿Habría acuerdo?	-Varios señores diputados.- No, señor Presidente.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- No hay acuerdo.VI. PROYECTOS DE ACUERDOCORRESPONDENCIA DE OBLIGACIONES EN CONTRATOS ENTRE EMPRESAS DE SERVICIOS DOMICILIARIOS Y USUARIOS.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.	El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 469, de los Diputados señores Munizaga, Prokuriça, Longton, Vilches, Solís, Álvarez-Salamanca, Vega, Pérez, don Ramón; Jürgensen, Ribera, Tuma, Elizalde, Letelier, don Felipe; Martínez, don Rosauro; Kuschel, Hurtado, Karelovic, Bayo, Villouta, Ojeda, Urrutia, don Salvador; Arancibia y Hamuy, que ha sido objeto de una modificación en el considerando Nº 1, el cual queda redactado como sigue:“1.	Que las empresas que otorgan servicios eléctricos, de agua potable y telefónicos celebran verdaderos contratos de adhesión con los usuarios.2.	Que, por su parte, los usuarios de dichos servicios encuentran reglamentadas en la legislación y en los contratos particulares que ellos suscriben con dichas empresas, todas sus obligaciones, de manera tal que el más mínimo incumplimiento por parte de ellos trae como consecuencia la aplicación de multas e incluso el corte de suministro del respectivo servicio.3.	Que no se observa, en consecuencia, una correspondencia en el tratamiento legal y contractual de las obligaciones que empresas administradoras de los respectivos servicios y usuarios de éstos tienen en la actualidad.4.	Que por lo anterior, se hace necesario darles la posibilidad a los usuarios de exigir el cumplimiento de los contratos de suministro de los servicios de electricidad, agua potable y teléfonos, y en caso de incumplimiento por parte de las empresas que los entregan, proporcionarles las herramientas legales a los usuarios para hacer efectiva la responsabilidad que emana del incumplimiento.	En virtud de lo anterior, venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:	Solicitar a S.E. el Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que contengan las disposiciones necesarias que obliguen a las empresas que suministran servicios telefónicos, de electricidad y de agua potable y alcantarillado, a cumplir todas sus obligaciones con los usuarios de dichos servicios, y que en caso de incumplimiento contemple un procedimiento expedito que permita hacer efectiva la responsabilidad de las empresas.”	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.	El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, las compañías que otorgan servicios de agua, electricidad o telefónicos celebran con los usuarios verdaderos contratos de adhesión que obligan a éstos a cumplir sus compromisos, pero los dejan indefensos cuando el servicio es malo.	Son numerosos los reclamos que he recibido en relación con el estricto cumplimiento de obligaciones que las compañías exigen a los usuarios. Éstos deben pagar religiosamente sus cuentas; de lo contrario, se les suspende el suministro y, en caso de reposiciones, hay intereses penales y una serie de disposiciones que los obligan a cumplir estrictamente sus compromisos, lo que me parece correcto. Pero no lo es que las empresas cuando no entregan un servicio adecuado, no existan disposiciones que las obliguen a cumplir con su responsabilidad. Si el servicio no se entrega satisfactoriamente, resulta extremadamente difícil y engorroso para el usuario hacer efectiva la responsabilidad de la empresa.	Hay muchos ejemplos. Recientemente, en la región de Coquimbo, la comuna de Paihuano quedó sin servicio telefónico durante tres días, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Sin embargo, los usuarios no tienen cómo plantear esta inquietud de modo que se produzca una rápida solución a su problema. Más aún, es muy probable que en las cuentas de fin de mes se les cobren estos tres días en que no se les otorgó el servicio.	En cuanto al servicio del agua potable, está a la vista la situación que han vivido los usuarios de la empresa Lo Castillo; por lo tanto, no me referiré a ella. En lo que dice relación a los servicios de electricidad, hay muchas compañías que han aumentado las ventas de energía sin incrementar ni reforzar la potencialidad de sus instalaciones. En consecuencia, se entrega un mal servicio, muchas veces, de bajo voltaje, que produce daño en los equipos de las empresas, y cuando los usuarios van a reclamar se les señala que son problemas de fuerza mayor.	Por lo tanto, estamos frente a una situación reiterativa: no se entregan buenos servicios a los usuarios de electricidad, de agua potable, de teléfonos y de telefonía celular.	Por ello, estimamos indispensable que esta materia se corrija por la vía legal, por lo cual solicitamos que la Cámara acuerde oficiar a su Excelencia el Presidente de la República para que presente un proyecto que contenga disposiciones que obliguen a las empresas que suministran servicios telefónicos, de electricidad y de agua potable y alcantarillado a cumplir completamente con sus usuarios y, en caso de incumplimiento, se contemple un procedimiento expedito que permita hacer efectiva la responsabilidad de la empresa.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Encina.	El señor ENCINA.- Señor Presidente, junto con participar de la posición del Diputado señor Munizaga, invito a los partidos de la Oposición a aprobar los marcos regulatorios de los monopolios naturales. Creo que dentro de los que están en discusión hoy, por ejemplo sobre las empresas sanitarias, se contemplan estas medidas, y, por eso, creo más importante que dictar una ley especial, aprobar esos marcos a fin de que, de una vez por todas, fijen las normas y regulen esos monopolios naturales.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Para argumentar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Dupré.	El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, quiero decir algo un poco en la línea del Diputado señor Encina.	Todos estamos de acuerdo con lo que aquí se plantea, pero no es posible -quiero hacer un llamado en tal sentido- presentar proyectos de acuerdo de esta naturaleza, precisamente cuando en comisiones se tramitan iniciativas que dicen relación con la misma materia. Estamos haciendo el ridículo con esto. Las Comisiones Unidas de Economía y de Obras Públicas están tratando el proyecto sobre empresas sanitarias, y -tal como dijo el Diputado señor Encina- muchas de sus disposiciones tienen que ver con las materias que aquí se plantean.	Por otra parte, en la Comisión de Economía hemos refundido varias mociones que el Presidente de la República incluyó en la legislatura extraordinaria a petición de esta Sala, para que puedan continuar su tratamiento en dicha Comisión. Tales mociones dicen relación con teléfonos, agua potable y electricidad; de modo que también contienen materias similares a las que aquí se están planteando. Creo lógico que si el Gobierno recibe una solicitud de la Cámara, responda diciendo que hay dos iniciativas legales incluidas en la legislatura extraordinaria que dicen relación con la materia.	Estoy de acuerdo con el fondo, pero me parece muy malo el procedimiento de presentar proyectos de acuerdo relativos a temas que la Cámara está tratando. No tiene ningún sentido y -reitero- estamos haciendo el ridículo.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Ofrezco la palabra a otro señor diputado que desee hablar en contra del proyecto.	Ofrezco la palabra.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 1 abstención.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- No hay quórum. Se va a repetir la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 2 abstenciones.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Aprobado el proyecto de acuerdo.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Bayo, Cantero, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Galilea, García-Huidobro, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, León, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Makluf, Munizaga, Ojeda, Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rodríguez, Sabag, Silva, Tuma, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valcarce, Venegas, Vilches y Villegas.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Correa, Dupré, Gutiérrez, Hernández, Morales, Orpis, Pérez (don Víctor), Ulloa, Viera-Gallo, Villouta y Wörner (doña Martita).	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Huenchumilla y Reyes.
    
    
    VII. INCIDENTESEVENTUAL CIERRE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN PILOTO EN COMUNA DE LOTA. Oficios.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Por la Democracia.	Tiene la palabra la Diputada señora Wörner.	La señora WÖRNER.- Señor Presidente, el departamento de educación de la Municipalidad de Lota ha anunciado recientemente el cierre de dos escuelas básicas: la de caleta El Blanco y la escuela “Cuba”.	La primera es una escuela levantada hace más de treinta años y mantenida gracias al esfuerzo de pescadores artesanales, chinchorreros y recolectores poceros de carbón, quienes han logrado mantener cerca de sus hogares la escuela donde se han educado todos sus hijos, motivo de satisfacción para ese populoso sector.	La segunda, que en su oportunidad fue favorecida con aportes del gobierno cubano, se encuentra ubicada en el sector céntrico de la comuna de Lota.	Las razones esgrimidas para tomar esa medida son de carácter económico. Debido a su infraestructura y al número de familias que envía allí a sus hijos, la escuela El Blanco tiene un promedio de catorce alumnos por curso, y la escuela “Cuba” está por debajo del promedio exigido para obtener subvención municipal.	La comunidad de Lota, principalmente apoderados y docentes de las dos escuelas, está inquieta por esa decisión. Hace una semana los visité, y pude ver que su inquietud también ha llegado a los alumnos, que ven que seguramente el próximo año -de no revertirse la medida- serán disgregados en diversas escuelas de otros barrios y sectores.	A mi juicio, cerrar una escuela implica algo más que una mera operación matemática, puesto que tiene efectos sociales, culturales y académicos. Hay alumnos de cuarto y quinto año básico que saben que, de materializarse la medida, quedarán dispersos en distintos establecimientos, rompiendo la unidad grupal y los lazos afectivos y académicos generados con sus compañeros de curso y profesores y con el hábitat que los ha cobijado.	A pesar de que según la información recibida esa decisión estaba superada y no se concretaría, acabo de comunicarme con el secretario municipal y me ha dicho que el peligro todavía existe. Todo ello obedece, como lo he señalado, al déficit financiero que sufre el sistema de educación municipal en esa comuna.	Señor Presidente, junto con expresar mi preocupación por esta medida -por cierto, recoge las inquietudes de profesores, de alumnos y familias que se verán afectadas-, pido, por su intermedio, que se oficie al alcalde de la Municipalidad de Lota, a fin de que haga llegar a esta honorable Cámara los antecedentes sobre la situación que vive el sistema educacional de esa comuna.	Debo recordar que Lota está considerada dentro de las comunas incluidas en el programa especial de pobreza, y deseo conocer esos antecedentes para ver de qué forma se puede colaborar para revertir la situación.	Asimismo, pido que se oficie al Ministro de Educación, con el objeto de que se estudie la factibilidad de implementar un plan piloto, principalmente en la escuela de caleta El Blanco, que paradójicamente, en 1995, logró el tercer lugar nacional en el programa Mece debido a la excelente educación que allí existe.	Dicho plan piloto podría ser financiado con la subvención normal más recursos extraordinarios y permitiría medir resultados en escuelas con bajo número de alumnos, hecho que facilita una educación personalizada. Aun cuando algunas escuelas están ubicadas en sectores populosos y de bajos recursos, les es posible alcanzar la excelencia en la educación que se consigue en otros colegios, en los cuales el reducido número de alumnos permite una atención personal. Mediante dicho plan se puede estudiar la forma de que estos éxitos de la educación también se pueden llevar a sectores como los de caleta El Blanco.	Ahora, de no ser eso posible, pido que, en subsidio, el Ministerio de Educación desarrolle allí un programa especial extraordinario que permita a esa escuela seguir impulsando algún proyecto que impida su cierre definitivo.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.REGULACIÓN LEGAL EN PARALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD. Oficio.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.	El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, creo que una gran virtud de los legisladores y del Gobierno debe ser la capacidad de aceptar las realidades.	Es innegable que el paro de la salud que afecta al país nos demuestra que el precepto legal que declara ilegales las huelgas y paralizaciones de este sector es letra muerta porque, de hecho, se producen. Ahora bien, la falta de una normativa legal al respecto impide consensuar entre el empleador y los empleados -en este caso los trabajadores de la salud- una solución que no ponga en riesgo excesivo la salud y la vida de la población.	La forma anárquica en que se ha manejado el paro de la salud, sin normas precisas de relación y respeto entre las partes, hace que los efectos sobre la salud de la población sean más perjudiciales de lo que deberían.	Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Salud, a fin de que, en el más breve plazo, se estudie una normativa que reglamente y regule la forma en que deben llevarse a cabo este tipo de paralizaciones.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.OBJETIVOS DE LA CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.	El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, creo que también es útil aprovechar la hora de Incidentes para plantear temas que a veces no son del distrito, sino de reflexión un poco más general.	En verdad, a veces, cuando estamos embarcados en complejos procesos políticos, se suele perder el sentido de la acción que se realiza o en la que se está inmerso. Pero algunas reflexiones ayudan a encontrar el primer sentido de la política en la que estamos comprometidos.	Sin duda, al leer las reflexiones de don Jaime Castillo, publicadas en el último número de la revista “Mensaje”, nos damos cuenta de que es uno de esos documentos que sirven a quienes estamos en la Concertación para tratar de hacer una reflexión más profunda sobre lo que significa ese conglomerado político y cuál es su sentido más amplio y trascendente.	En primer lugar, es importante entender que los partidos que conforman la Concertación no sólo están unidos por un pacto de gobierno y comprometidos en respaldar una acción gubernamental, sino que, además, comparten valores que tienen que ver con la teoría democrática, con los derechos humanos, con un cierto sentido del mercado, del progreso económico y de la justicia social. O sea, el hecho de que la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia y el Partido Radical hoy conformen la Concertación de Partidos por la Democracia, no es algo coyuntural, sino que tiene que ver con algo más profundo.	En segundo lugar, Jaime Castillo sostiene que ello ocurre después de un proceso muy largo de disputa entre esos partidos, que sólo en muy contadas ocasiones los llevó a colaborar; pero que la lucha por la libertad en Chile y contra la dictadura, hizo emerger una nueva realidad política que sería y que es, a mi juicio -en eso comparto lo que él señala- la Concertación de Partidos por la Democracia.	En ese sentido, la Concertación nació como un proceso social de movilización de los ciudadanos para luchar por la recuperación de sus libertades públicas y para poder después dar origen a un gobierno que fuera capaz de iniciar la transición a la democracia y de concluirla con éxito, logrando además -ojalá-, una sociedad más justa, más humana, con igualdad de oportunidades.	Esos son los grandes temas o los grandes ideales que animan y animaron a la Concertación de Partidos por la Democracia.	El electorado así lo ha comprendido, porque ha votado reiteradamente en las últimas cinco o seis elecciones en forma mayoritaria por la Concertación, que ha obtenido siempre más del 50 por ciento de los votos en elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.	En cambio, las fuerzas políticas que respaldaron el régimen del general Pinochet, con sus diferencias, han obtenido siempre una cantidad de votos que tiene un techo más o menos claro y definido. No se ha producido en las fuerzas de la Derecha, como sí ha ocurrido en la derecha española, un distanciamiento respecto del período de la dictadura militar, sino que, muy por el contrario, se siguen reivindicando esos años como de progreso o de recuperación de Chile. Es decir, nos guste o no nos guste, el país sigue dividido en dos: quienes respaldaron el régimen militar y reivindican su obra, aun críticamente, y quienes luchamos contra ese régimen y respaldamos la recuperación de la democracia.	Ése es el dato político básico que hay en el país y Jaime Castillo lo recuerda muy bien en su artículo.	Ahora, ¿cuál es el problema? Que los partidos que integran la Concertación, que tienen un origen histórico diverso, enfrentados a esta nueva realidad tienen que ir haciendo las cuentas con la realidad social y política que es la Concertación y entender, cada uno de ellos, digo el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, que sólo tienen sentido y futuro en cuanto expresen una parte de ese movimiento social y político que es la Concertación.	No es en ese sentido la Concertación un pacto electoral, ni siquiera un pacto de gobierno, sino la expresión política de una realidad social más profunda en el país. Con mucho acierto lo dijo en ese artículo Jaime Castillo. Por eso me ha parecido importante resaltarlo esta mañana. 	Por otro lado, el desafío mayor de la Concertación no es permanecer estática, sino enfrentar el proceso complejo de transformación y modernización en la cual está embarcado el Gobierno del Presidente Frei. Por eso, para cualquier conglomerado progresista que no entrega la modernización al simple manejo del mercado, implica en la economía globalizada de hoy, en el mundo de hoy con comunicaciones universales, sin guerra fría, realizar cambios muy profundos en la forma de pensar, de entender los problemas, de plantearse las soluciones. Por eso, la Concertación está enfrentada, como cualquier conglomerado o fuerza progresista mayoritaria en el mundo, a profundos procesos de renovación.	Son esos temas de futuro, de programa, de renovación y de cambio, los que debieran llamar la atención de nuestras tareas y preocupaciones, más que cuánto tiene un partido, cuánto el otro, qué cupo tendrá en tal lugar o en otro. Lo que importa es cómo, en conjunto, sabemos expresar esa mayoría que nos da respaldo, que apoya al Gobierno del Presidente Frei, pero que también quiere una perspectiva de futuro, a la cual debemos responder.	Concluyo señalando que todos debiéramos meditar muy profundamente las palabras de don Jaime Castillo, publicadas en la revista “Mensaje”.	He dicho.ESCLARECIMIENTO DE SITUACIÓN PROCESAL QUE AFECTA A CIUDADANO DE TEMUCO. Oficios.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Francisco Huenchumilla.	El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación bastante insólita que afecta a un ciudadano que ha vivido siempre en Temuco, ciudad que forma parte del distrito que represento en el Parlamento. Se trata de don José Edgardo Cárcamo Mancilla, de 45 años, modesto funcionario municipal que se desempeña en el cementerio local.	Don José Edgardo Cárcamo me ha escrito una carta, señalándome que vive una situación tragicómica, extraña, pero muy compleja para él, que es una persona modesta, porque se le acusa de ser autor de un crimen en la ciudad de Roma, Italia, el cual, naturalmente, mal pudo cometer toda vez que jamás ha salido del país. Sólo ha viajado accediendo a las invitaciones que, a veces, como Diputado, le he hecho, pero en ningún caso para ir a Roma, Italia.	Ha recibido numerosos requerimientos escritos desde ese país. Uno de los documentos que recibió últimamente señala textualmente: “Le rogamos declarar o elegir un domicilio en el territorio del Estado italiano”, advirtiéndole que si dentro de los treinta días de la recepción de esta carta certificada no efectúa tal declaración, las notificaciones le serán inmediatamente ejecutadas.	A pesar de que no tiene los recursos, una de las probabilidades es que, efectivamente, pueda hacer este viaje, pero corre el riesgo de quedar definitivamente allá. 	Hace un tiempo perdió su documentación, de manera que la hipótesis más probable que ha generado esta situación es que ésta haya sido vendida a un delincuente internacional, el que la utilizó para salir del país, aprovechando que, además de la cédula de identidad, había un certificado de antecedentes completamente limpio.	El drama es que esta persona lleva algunos años haciendo las gestiones pertinentes en los organismos del Estado chileno y no ha tenido una respuesta. Tras este drama personal y familiar que vive este modesto trabajador, está la burocracia del Estado, que no es capaz de dar una respuesta adecuada y pertinente a este funcionario de la Municipalidad de Temuco, que, por su condición modesta, jamás estaría en condiciones de viajar al extranjero.	Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que haga las averiguaciones pertinentes en la cancillería o embajada italiana para dar una pronta respuesta a la situación que afecta a don José Edgardo Cárcamo Mancilla, Rut 6.303.417-7, domiciliado en Basilio Urrutia Nº 0620, de la ciudad de Temuco y, asimismo, al Ministerio de Defensa o del Interior -según corresponda- para los efectos de que la Policía de Investigaciones, por la vía del Departamento de Extranjería, también pueda dar una respuesta concreta respecto a la situación que hoy vive el señor Cárcamo, certificando -como dice un diputado- que nunca ha hecho abandono del país. 	De esa manera, mediante la intervención de ambos ministerios, responder a la situación personal que vive este compatriota nuestro.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se oficiará a los Ministros de Relaciones Exteriores y del Interior, del cual depende el Departamento de Extranjería, con la adhesión de todos los señores diputados presentes en la Sala.-o-	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En nombre de la Cámara de Diputados, quiero dar la bienvenida a una delegación de jóvenes del internado de San Francisco, de la ciudad de Castro, que se encuentra presente en las tribunas, integrada, además, con alumnos del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y del Instituto Politécnico de Castro, acompañados de su director.	-Aplausos.-o-CONSTRUCCIÓN DE NUEVO AEROPUERTO EN CHILOÉ Oficios.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Ascencio.	El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, dos son las condiciones que marcan profundamente las características de Chiloé y de su gente. La primera, su condición insular, que la hace vivir un aislamiento enriquecedor y empobrecedor a la vez. Se podría pensar que sin ese aislamiento jamás podría haber desarrollado una riqueza cultural que hoy se expresa en forma tan fuerte, con un claro reconocimiento de esta identidad en todo el país. Y la segunda, su rigurosidad climática, que le añade una nueva dificultad a su integración, tanto interna como con el resto del país. Los esfuerzos por superar este doble aislamiento, interno y externo, han sido múltiples. 	La pavimentación de un camino que atraviese de norte a sur a Chiloé es algo relativamente nuevo. Además, sólo ahora se han iniciado obras para pavimentar transversalmente otros caminos que permitan a las diez comunas que conforman esta provincia del archipiélago estar cada vez más interconectadas.	Contamos con un servicio naviero aceptable que permite el uso de transbordadores en los principales y más transitados canales de la zona, siendo, obviamente, el más destacado el que une a las localidades de Pargua y Chacao, a través del canal del mismo nombre. Esta unión no es otra que la del continente con Chiloé. De allí su importancia extrema.	De estas naves depende el abastecimiento de la provincia y su conexión con servicios claves, como la salud de mayor complejidad que la ofrecida al interior de la isla. Estas obras que mencionamos son el resultado de un gran esfuerzo desarrollado especialmente por el Estado chileno. 	Es el sector público, con su gran convicción, el que ha impulsado obras de infraestructura. En los últimos seis años hemos conocido de pavimentaciones, obras portuarias, reparación y mantenimiento de rutas, en fin, diversas inversiones con un mismo fin: contribuir a superar esta condición natural de aislamiento que existe en esta provincia de la Décima Región. 	Sin embargo, en otro campo hay aún una tarea pendiente, que ni siquiera consiste en llevar hasta Chiloé las posibilidades que ya existen en el resto del país. Nada de eso. En rigor, significa volver a una situación que ya se conocía a mediados de los años 50. Me refiero a la construcción de un aeropuerto en Chiloé, que funcionará cerca de la ciudad de Castro, centro geográfico y social de la actividad chilota y actual capital de la provincia.	La materialización de dicha obra es, a todas luces, coherente con las políticas impulsadas en el sector por los dos gobiernos de la Concertación, en el sentido de aunar los esfuerzos privados y públicos a fin de contar con infraestructuras acordes con los requerimientos actuales.	La iniciativa de una empresa privada, Cisa Limitada, permite volver a creer en que es posible contar con un aeropuerto para Chiloé, y la ley sobre concesiones, dictada bajo los gobiernos de la Concertación, establece el marco jurídico que permite materializar esta obra a través de esfuerzos mixtos.	Para la gente de Chiloé, el aeropuerto es de primera necesidad, no sólo por las ventajas evidentes que representa el transporte aéreo frente al marítimo y al terrestre, que son las otras conexiones con la isla, sino por las posibilidades que se abren al contar con un terminal aéreo propio de los umbrales del siglo XXI. La mayor demanda turística, las evacuaciones rápidas frente a situaciones de emergencia de salud u otras, la presencia de una nueva actividad para la provincia, el apoyo a la actividad comercial, especialmente acuícola, son expectativas que hoy quedarán satisfechas. Con ello contribuiremos a enmendar una lamentable injusticia: el serio retroceso que la navegación comercial ha sufrido en Chiloé.	Contar con un aeropuerto -ya está dicho- no constituye una novedad para la provincia-archipiélago. A mediados de los años 50, el terminal aéreo de Castro estaba habituado a los aterrizajes y despegues de los inolvidables Douglas DC-3. En esas poderosas alas, cientos de pasajeros realizaban, tres veces por semana, la ruta Castro, Puerto Montt, Santiago. Aún más, los vuelos entre Santiago, Puerto Montt y Coihaique tenían escalas en Castro, una de ida y otra de regreso.	A pesar de los daños provocados por el terremoto de 1960, las pistas de aterrizaje continuaron en actividad y sólo a mediados de los años 60 se suspendieron los vuelos. Es cierto que durante 1961 escasamente llegaba un avión hasta el deteriorado aeródromo de Gamboa, en Castro, pero en 1962 se reanudó el itinerario e, incluso, aumentaron las frecuencias, debido al incremento de la demanda que se produjo a partir de ese año. Estamos hablando de seis frecuencias semanales que cumplían las máquinas voladoras de la Línea Aérea Nacional desde y hacia Chiloé. Casi un vuelo diario, una oferta nada despreciable, y que, de más está decirlo, no existe en estos momentos.	Hoy, están dadas las condiciones para que Chiloé tenga un aeropuerto digno de una isla ya castigada por su clima, que signifique que en todos los rincones de la patria sea posible disfrutar del progreso social y económico que nuestro país ha ido alcanzando.	Existen la voluntad privada y la libertad pública, gracias a la ley de concesiones, y estamos en la etapa de la propuesta, centrada en el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y, de conformidad con la ley, se ha pedido la opinión de otras autoridades relacionadas con el tema, como los Ministerios de Hacienda, Transportes y Telecomunicaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección Nacional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas y la Comisión de Planificación de Inversiones e Infraestructura del Transporte.	Necesitamos de esas voluntades. Por lo tanto, solicito que se oficie a todas las instituciones señaladas y al Departamento de Concesiones de Obras Públicas, con copia de mi intervención, a fin de que tomen conocimiento de mi opinión favorable al proyecto. Además, que hagan llegar pronto sus observaciones a las propuestas y remitan a esta Corporación los antecedentes que tengan al respecto.	De esta forma, la aprobación del hasta ahora proyecto del aeropuerto de Chiloé será posible en el más breve plazo. Así contribuiremos a que una zona naturalmente aislada se integre cada día más al resto de la nación, con el consiguiente beneficio para todos.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados presentes en la Sala.EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES EN CUARTA REGIÓN. Oficio.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.	El señor PIZARRO.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero plantear mi preocupación al Ministro de Obras Públicas por la pavimentación del acceso sur de la localidad de Tongoy, en el kilómetro 413 de la carretera Panamericana Norte.	Hace alrededor de cuatro meses solicité, a través de esta Corporación, el envío de un oficio para aclarar la fecha de inicio, la duración y el costo de esas obras, porque existe el compromiso público del Ministro del ramo de concretar este proyecto antes de que termine 1996, es decir, antes del 31 de diciembre.	Quiero manifestar mi sorpresa ante la respuesta del Ministro de Obras Públicas. 	La información entregada, muy escueta y sucinta, señala que el proyecto de pavimentación se licitará recién el primer semestre del próximo año. No indica la fecha, el monto, ni responde por el compromiso público que asumió de desarrollar el proyecto antes de que termine este año; no se dice cuándo se iniciarán ni cuando terminarán las obras. 	Cuando envié el oficio, la preocupación de la comunidad y la mía era que el proyecto se terminara antes del inicio de la temporada turística de este verano. Sin embargo, me he llevado la sorpresa de que están pensando terminarlo ojalá antes del verano de 1998, lo que me parece muy grave, porque, en primer lugar, no se entrega en el oficio la información que solicité a través de la Cámara. En segundo lugar, no se da explicación alguna en cuanto al atraso en la implementación del proyecto ni por qué no se cumple un compromiso público asumido por el Ministro de Obras Públicas. 	A la larga, esto generará un problema de credibilidad respecto de estos anuncios.	Por lo demás, esta situación se arrastra desde hace bastantes años y se suponía que iba a quedar definitivamente solucionada antes de que terminara el presente año.	De más está destacar la importancia del acceso sur de la localidad de Tongoy, para el desarrollo turístico de toda la Cuarta Región.	Por lo anterior, quiero reiterar mi petición de oficio al Ministerio de Obras Públicas respecto del proyecto de pavimentación del acceso sur a Tongoy. Ojalá ahora se entreguen todos los antecedentes que he solicitado.	En los mismos términos, quiero que se nos informe respecto de la pavimentación del tramo de Trapiche a Quebrada Seca, en la comuna de Ovalle. También hay un compromiso público del Ministro de Obras Públicas, en el sentido de que las obras se iniciarían antes del 31 de diciembre. En verdad, hasta el momento, no se ha cumplido.	Quiero preguntar derechamente a qué obedecen los atrasos en la implementación de estos proyectos, de quién es la responsabilidad, si hay un problema técnico, si el proyecto es muy difícil de concretar, si existen problemas de recursos; si es falta de voluntad política o, lisa y llanamente, de ineficiencia o si se anuncia mucho y después se hace poco.	Sobre estas dos materias, insisto en que los oficios que se envíen al Ministro de Obras Públicas sean claros y categóricos, a fin de lograr una información completa respecto de los proyectos, sus montos, financiamiento, cuándo se inician las obras, cuándo se terminan, del estado de avance, si se encuentran en algún estado, porque la respuesta que recibí a los oficios enviados por esta honorable Cámara es total y absolutamente insuficiente. Más aún, nada dice respecto de cuándo se concretarán estas obras.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención.	Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.INVESTIGACIÓN SOBRE COSTO DE OBRAS EJECUTADAS POR GENDARMERÍA DE CHILE. Oficios.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia.	El señor URRUTIA (don Raúl).- Señor Presidente, el país se ha preocupado por los antecedentes que se han conocido en el denominado “caso Dipreca”, lo que ha motivado la formación de una comisión investigadora en esta Cámara.	Este nuevo hecho, que es muy probable que también constituya un caso de corrupción, va acompañado de otra situación, quizás tan grave como la de Dipreca o de mayor envergadura.	He tenido conocimiento de que en Gendarmería de Chile, institución a la cual se le ha elevado considerablemente el presupuesto para ejecutar obras, éstas se contratan a través del sistema de propuesta privada, argumentando que se trata de emergencias que deben solucionarse a la brevedad y así evitar el llamado a propuesta pública.	Al respecto, puedo informar que sin llamar a propuesta pública se han realizado una serie de obras que tienen como característica común el elevadísimo precio de construcción, muy superior a la construcción de lujo que se realiza en el sector oriente de la capital. Esta fluctúa entre 350 y 400 mil pesos el metro cuadrado y la que encarga Gendarmería entre los 500 mil y el millón de pesos el metro cuadrado.	Lo que parece más extraño es que en la mayoría de las construcciones que se están realizando o se han realizado no se ha llamado a propuesta pública, invocándose la causal de emergencia para no cumplir con este requisito.	Para determinar si han existido irregularidades en la contratación de obras por parte de Gendarmería de Chile, vengo en solicitar se oficie al Contralor General de la República a fin de que investigue e informe detalladamente lo siguiente:1º	¿Por qué algunas empresas contratistas inician las obras antes de suscribir el contrato respectivo, y a los pocos días de celebrado reciben el primer estado de pago? Un ejemplo: en el hospital penitenciario se comenzó la obra el 7 de julio de 1996 y el contrato se firmó el 7 de septiembre de este mismo año. El primer estado de pago se efectuó ese mismo día, por 85 millones de pesos y la obra costaba 124 millones. En este caso, se determinó que se trataba de una emergencia, razón por la cual no se llamó a propuesta pública.2º	En los patios 7 y 9 de la Penitenciaria se ejecutó una obra por un valor de 120 millones de pesos, que debería haber costado, según los técnicos que he consultado, no más de 60 millones de pesos. También se argumentó emergencia para evitar el llamado a propuesta pública.3º	Que se investigue el valor del metro cuadrado del recinto penitenciario denominado Punta de Peuco, el cual, al parecer, tuvo un costo de un millón de pesos el metro cuadrado, y si efectivamente lo construido y la calidad de la obra realizada se ajusta al valor cobrado. Aquí tampoco se llamó a propuesta pública, con el argumento de que existía una emergencia, lo que en este caso es probable, pero se trata de una obra cercana a los 2 mil millones de pesos.4º	En la nueva cárcel de Valparaíso, cuya construcción está iniciándose, se cerró el sitio con malla y ladrillo por un costo de 130 millones de pesos. Este trabajo, según los entendidos, no debería tener un valor más allá de los 60 millones de pesos. Aun cuando se hizo a través de propuesta pública, solicito a la Contraloría General que investigue, de conformidad con las facultades que el artículo 7º de su ley orgánica le concede al señor Contralor, si el valor corresponde a lo efectivamente construido. 	Se llamó a propuesta pública respecto del mismo complejo penitenciario de Valparaíso. Los antecedentes se remitieron a la Contraloría, pero ésta los rechazó por encontrar irregularidades en dos oportunidades.	Posteriormente, Gendarmería de Chile determinó que era necesario hacer esta obra con extremada urgencia, construyéndose por trato directo con un empresa constructora, por un valor de 8.500 millones de pesos. La Contraloría debe informar si esto es efectivo y por qué no se llamó a una tercera propuesta pública, teniendo en consideración que no existía, a nuestro juicio, emergencia alguna para hacerlo por trato directo, sin haber llamado a propuesta pública.5º	Se construyeron dos torres de cuatro pisos cada una en la Penitenciaría de Santiago, lo que también se hizo por trato directo y con el sistema de cubo ajustable en cada partida. Se gastarán aproximadamente 2.500 millones de pesos, que es el presupuesto asignado para esta obra. Sin embargo, según los antecedentes que hemos obtenido, cada torre no debería tener un costo superior a los 200 millones de pesos. Que informe la Contraloría por qué se realizó una obra de tal magnitud sin llamar nuevamente a propuesta pública, en la cual también se aplicó el sistema de las emergencias.6º	Es necesario investigar todas las construcciones que hace Gendarmería con el sistema denominado “C.D.P.”, por cuanto hay obras que tienen un valor real, a precio de mercado, como la que actualmente se realiza en Antofagasta, edificio A, dependencias internas y para gendarmes, y otras cuyos presupuestos son total y absolutamente distintos por las mismas obras. Que la Contraloría investigue si estas obras que se están realizando en todo el país se ajustan o no a los valores reales.7º	Es necesario que la Contraloría investigue si efectivamente se colocaron 51 puertas en la remodelación del hospital penitenciario, las que fueron pagadas, ya que, según antecedentes recogidos, solamente se colocaron diez o doce nuevas, mientras que las restantes sólo fueron reparadas.	Además, debería determinar si es efectivo que en la ampliación del hospital se contrató una construcción sólida en el ciento por ciento, pero sólo se hizo con estas características el perímetro exterior de la ampliación, mientras que el interior se realizó con tabiquería para abaratar costos, no obstante se pagó como si fuera sólida.8º	Es conveniente que la Contraloría General de la República se constituya en cada uno de los lugares en donde se han construido edificios desde 1993 en adelante, a fin de saber, en conformidad con la norma legal que he citado, si los valores cobrados y pagados corresponden efectivamente a lo construido y a la calidad que deben tener estas obras.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo están indicando.INFORMACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL. Oficio.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.	El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, diversas razones han provocado en la agricultura tradicional -que fundamentalmente se desarrolla en las regiones del sur, donde todavía constituye la actividad más relevante y contribuye con el mayor aporte al producto regional- una permanente caída de los precios de sus productos, especialmente de la ganadería, ya sea por la continua baja del tipo de cambio o por la distorsión que ha causado en el mercado nacional la importación de carnes que no cumplen con la ley de la tipificación de los cortes, o por otras razones políticas o económicas generales. 	Lo cierto es que hemos vivido una revolución en la industria lechera, ya que en menos de diez años se ha duplicado su producción, y la tendencia continúa. Se puede observar en este último tiempo que los agricultores grandes, medianos y pequeños están analizando la posibilidad de sustentación económica sólo en la producción lechera y, por lo tanto, se han concentrado peligrosamente en esta actividad, con lo que están perdiendo la ventaja de la diversificación e incurriendo, en consecuencia, en el riesgo económico de la monoproducción.	En mi opinión, estos agricultores no cuentan con toda la información nacional ni con los antecedentes internacionales que justifiquen una decisión de esa naturaleza. Es necesario conocer el comportamiento del mercado actual, sus estimaciones y sus expectativas futuras, porque ya se observa una caída de los precios en el mercado nacional.	Aparte de la caída de los precios de los demás productos agrícolas, el otro factor que viene a incidir en esa decisión tan trascendental de los agricultores es el hecho de que en las discusiones del Mercosur se dio como señal clara y fuerte de que existen posibilidades de competir con los países vecinos en la producción de leche, en la medida en que podamos introducir una mayor tecnificación al proceso productivo.	Igualmente, se argumentó sobre la conveniencia de no dejar a los productos lácteos dentro de la lista de los sensibles, por existir reales posibilidades para que Chile exporte sus excedentes a Brasil, razón por la que, incluso, se aceptó la desgravación del 40 por ciento. Pero mientras los países miembros del Mercosur, léase Argentina, Uruguay y Paraguay, no pagan cargos arancelarios en la importación de productos lácteos a Brasil, Chile recién obtendrá este beneficio después del quinto año. Es decir, le hemos dado el tiempo suficiente a los países del Mercosur para que se posesionen debidamente del mercado brasileño, mientras Chile está impedido de acceder a él, porque las tasas de aranceles son superiores al 12 por ciento.	Por esa razón, es necesario que este subsector cuente con mayores antecedentes.	Por las razones expuestas, solicito que, en mi nombre, se oficie al Ministro de Agricultura, a fin de que instruya al Director de Odepa para que nos proporcione todos los antecedentes sobre producción, procesamiento y comercialización de la leche y de los productos lácteos, y si es posible exportarlos en el futuro. En caso de no existir estos estudios, que se hagan cuanto antes para abordar, al menos, las siguientes materias:1.	Expectativa de crecimiento de la producción de leche nacional para los próximos diez años, comparándola con el crecimiento de la capacidad industrial de procesamiento que tenemos en Chile.2.	Estimación de la evolución productiva nacional per cápita, comparada con el posible consumo per cápita y la determinación de los excedentes exportables, estimando también la posibilidad y los estudios que existen en Argentina y Uruguay para los próximos diez años.3.	Un detalle de los productos lácteos, volúmenes y posibilidades actuales de realizar exportaciones a los países del Mercosur en las condiciones de costo y de precios existentes actualmente, determinando la competitividad actual y futura de la producción exportable.4.	Cuadro de los diez países mayores productores, consumidores, importadores y exportadores de productos lácteos, detallando en forma separada el producto queso.5.	Participación esperada de Chile para los próximos diez años como exportador de productos lácteos, tanto al Mercosur, como a México, Medio Oriente y otros países.6.	Evaluación de la importancia social que la producción de leche tiene en Chile, separada por regiones.	Todos estos antecedentes son necesarios y deberían entregarse con oportunidad al subsector lácteo, a fin de que sus decisiones sean correctas y apunten a lograr objetivos positivos en esa área económica.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Bayo, Galilea, García-Huidobro, Alvarado, Leay y Paya.MODIFICACIÓN DE GRUPOS DE INGRESOS DE AFILIADOS DEL FONDO NACIONAL DE SALUD. Oficio.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea. 	El señor GALILEA.- Señor Presidente, tengo en mis manos copia de una nota interna del Fondo Nacional de Salud, fechada el 16 de agosto de 1996, mediante la cual el jefe de departamento de operaciones se dirige a los agentes regionales, la cual señala: 	“Como es de su conocimiento, el día 31 de julio recién pasado fue publicada la Resolución que reajustó los Grupos de Ingresos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 18.469, en su artículo 29, quedando éstos en: 	“Grupo B: Afiliados cuyo ingreso mensual no exceda de $63.508. 	“Grupo C: Afiliados cuyo ingreso mensual sea superior a $63.508 y no sobrepase los $99.229. 	“Grupo D: Afiliados cuyo ingreso mensual exceda de $99.229. 	“Cabe señalar que la fórmula para aplicar el reajuste señala que debe ser un porcentaje no superior a la variación del IPC, en el período comprendido entre el mes anterior a aquél en que se estableció el último reajuste y el mes anterior a aquél en que entrará en vigencia el nuevo reajuste. En la práctica, esto ha significado que los trabajadores que ganan el sueldo mínimo ($65.500.-) quedaron clasificados en Grupo C, lo que significa que en la Modalidad Institucional deberán contribuir al financiamiento de las prestaciones, en un 10% de su valor.	“Ante esta situación, desde los Consultorios y Hospitales del sistema, están derivando a estos beneficiarios a nuestras Tesorerías para que se les solucione este problema, materia sobre la cual Fonasa no puede hacer nada. Por consiguiente se instruye a los Agentes Regionales que se informe claramente al personal de las Tesorerías en relación a esta materia, y que frente a las consultas que pueden presentar los beneficiarios de la Modalidad Institucional, se les indique que la única posibilidad de solución radica en la facultad del Director del Servicio de Salud quien podrá, en casos excepcionales y por motivos fundados, condonar, total o parcialmente, la diferencia de cargo del afiliado, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 18.469.” 	Señor Presidente, lo preocupante de lo que se señala en este documento es que a los trabajadores afiliados a Fonasa y que ganan el sueldo mínimo, en la práctica, por el corte que se ha establecido en la clasificación de estos grupos, se les está cobrando un porcentaje que, según esta nota es el 10 por ciento -el Diputado señor Bayo me decía que incluso puede llegar al 25 por ciento en un caso-, lo que significa un pago importante sobre las prestaciones de salud a que ellos acceden. 	Por lo tanto, solicito que se oficie, en mi nombre, al Ministro de Salud, para que explique si las cifras contenidas en la nota -por eso le he dado lectura- se atienen a las normas en vigencia y, de ser así, pido que se estudie la posibilidad de que este corte se establezca, a lo menos, en el monto del sueldo mínimo, porque parece absurdo que personas que ganan menos del sueldo mínimo, es decir, 63.508 pesos, tengan que hacer un aporte al servicio cuando recurren a los hospitales públicos a través del sistema de Fonasa. 	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Jürgensen, Alvarado, García-Huidobro y Bayo.INVESTIGACIÓN POR CONTRALORÍA DE EMPRESA TRANSMARCHILAY. Oficio.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Claudio Alvarado. 	El señor ALVARADO.- Señor Presidente, en esta oportunidad deseo referirme a determinadas situaciones que se han presentado en Transmarchilay S.A., empresa filial Corfo, y que preocupan a sus trabajadores y a la comunidad de Chiloé y Palena. 	Transmarchilay S.A. nació en 1971 para vincular a Chiloé con el continente mediante transbordadores. Años más tarde extendió sus operaciones a otras zonas más aisladas y alejadas de la Décima y de la Undécima Regiones, tales como Chaitén y Puerto Chacabuco y, por supuesto, con recaladas en diversos puntos intermedios. 	Asimismo, a partir de 1985, también inició el servicio en el estuario de Reloncaví y en la provincia de Palena, dándole continuidad a la carretera austral.	De lo anterior se puede concluir, sin lugar a dudas, la importancia de esta empresa para la integración territorial de la zona sur austral del país, por lo que la gestión administrativa y la calidad del servicio en el transporte de pasajeros y de carga en esta importante zona del país es un factor de preocupación permanente de sus trabajadores y de la comunidad. 	En mérito de lo anterior y ante los perjuicios que se pueden ocasionar a la comunidad y a los trabajadores de la empresa por decisiones que muchas veces significan disminuir la capacidad generadora de ingresos de la misma, aumentar sus gastos operacionales, descuidar las políticas de adquisición de equipamientos y repuestos para las naves, enajenar permanentemente activos y reducir las utilidades, aspectos que finalmente pueden amenazar la fuente laboral de numerosas personas que laboran en Transmarchilay, solicito que se oficie -de manera complementaria a la petición formulada ayer al señor Ministro Vicepresidente de Corfo-, al señor Contralor General de la República, para que, de acuerdo con sus facultades, disponga investigaciones internas, auditorías contables y de procedimiento administrativo, a fin de aclarar las situaciones que a continuación se exponen, las cuales son de preocupación de los trabajadores de la empresa, según lo exponen en una carta que me hicieron llegar y que también solicito se acompañe a la petición de investigar.	Las materias sobre las cuales se requiere precisión, información y clarificación de procedimientos son las siguientes:1.	Gastos de ejecutivos: aclarar beneficios adicionales al contrato de trabajo como, por ejemplo, asignación de celulares y teléfonos particulares; asignación exclusiva de vehículos que no utilizan el logo de la empresa; asignación de gastos de combustible y de tarjetas de crédito de libre disponibilidad y con cargo a la empresa.2.	Procedimientos e inversión involucrada en adquisición de motores para el transbordador “Colono” y la barcaza “Pincoya”; razones por la cuales se compraron motores reacondicionados y no nuevos; conocer las razones técnicas de las fallas de dicho equipamiento, que motivaron cuantiosos gastos en reparaciones; averiguar acerca de la responsabilidad administrativa de esas decisiones, las cuales no consideraron garantías por inversiones y que, sumadas, superaron el millón de dólares; establecer la responsabilidad por el lucro cesante que significó la paralización de ambas naves por reparación de motores, como consecuencia de una decisión poco clara en su adquisición.3.	Política de enajenación constante de activos, la que, como contrapartida, ha significado aumentar gastos por concepto de arriendos y traslado de funcionarios.4.	Políticas de administración de su personal, que en algunos casos ha significado duplicidad de cargos o funciones, y, en otros, disminución de personal, lo que, contrariamente a lo esperado, no ha representado reducción de costos, sino aumento del valor de la planilla. Por lo tanto, se requiere conocer con certeza los antecedentes de las políticas de racionalización y sus efectos reales en la operación de la empresa.5.	Finalmente, solicito recabar antecedentes sobre el rol regulador tarifario de la empresa en la zona, aspecto que parece no darse, en atención a que los aumentos de tarifas se efectúan en montos similares y en las mismas oportunidades que el sector privado, siendo incluso las de Transmarchilay S.A., a veces, más caras que las de sus competidores, situación que no reflejaría eficiencia en su operación comercial.	En consecuencia -reitero-, solicito que se oficie al señor Contralor General de la República para que investigue los aspectos que acabo de señalar, y una vez concluida, remita a esta Corporación sus resultados.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Jürgensen.	Le ruego que haga llegar a la Secretaría el texto de su intervención, a fin de incorporarlo en el oficio.RESULTADO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO EN MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Oficio.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Cristián Leay.	El señor LEAY.- Señor Presidente, sólo quiero pedir, por su intermedio, que se envíe un oficio al señor Contralor General de la República, a fin de que informe sobre el resultado del sumario que realizó en la Municipalidad de Recoleta, referente a un convenio de hecho entre ese municipio y el Banco de Santiago.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.INQUIETUDES DE COMUNIDAD DE RÍO BLANCO-SAJONIA DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Jürgensen.	El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, la comunidad de Río Blanco-Sajonia, co-una de Río Negro, Décima Región, está en conocimiento de que la Dirección de Vialidad realizaría próximamente un recargue de camino con 2.500 metros cúbicos de ripio, que cubrirían alrededor de 6.250 metros de vía. Sin embargo, a esa comunidad le preocupa que dicho recargue se efectúe antes de otras obras de saneamiento necesarias, como diez alcantarillas en el mismo sector y la construcción de dos puentes de más o menos diez metros de largo, para dejar el camino transitable en invierno.	Además, le preocupa que sólo se destinen 2.500 metros cúbicos de material árido, en circunstancias de que estima que deberían ser entre 4 mil y 4.500 metros cúbicos.	Por lo anterior, solicito que, en mi nombre, se oficie al Ministro de Obras Públicas, a fin de participarle estas inquietudes de la comunidad de Río Blanco-Sajonia y pedirle información respecto de las obras que se ejecutarían en el citado camino.	He dicho.	El señor CHADWICK (Vicepresiden-te).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.	Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.	-Se levantó la sesión a las 14.21 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.
    VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.1.	Mensaje de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En el Estado chileno las Fuerzas Armadas son instituciones esenciales y permanentes. En plena coherencia con lo anterior, y desde los orígenes de nuestra vida republicana, el derecho positivo nacional se ha preocupado de reconocer y reglamentar la función y organización de las Fuerzas de Defensa.	En la actualidad es la propia Constitución Política la que fija los fundamentos normativos principales sobre los que se estructuran las Fuerzas Armadas. De esa manera, el Capítulo X de la Carta Fundamental define la función y naturaleza de las Instituciones de la Defensa Nacional. Por otra parte, y en virtud de la reforma constitucional del año 1989, las normas básicas relativas a nombramientos, ascensos, retiros, carrera profesional, incorporación a las plantas, previsión, antigüedad, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas son todas materias propias de una ley orgánica constitucional.	En febrero de 1990, y en cumplimiento de la modificación constitucional descrita, entró en vigencia la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, y como se desprende del texto del artículo 94 de la Constitución Política, la ley orgánica constitucional sólo puede incluir los aspectos básicos referentes a las materias que allí se indican. En consecuencia, todos los demás aspectos que conciernan a los institutos castrenses son susceptibles de regulación a través de ley común o potestad reglamentaria presidencial, según corresponda.	La regulación del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas es una de las materias que le corresponde definir al legislador. Así se explica, por lo demás, la vigencia ininterrumpida hasta hoy -pese a numerosas modificaciones- del D.F.L. Nº 1, de 1968.	Aun cuando plenamente vigente, sin embargo, el referido D.F.L. Nº 1 requiere de ser actualizado y concordado. Así lo entendió, en efecto, la propia ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que, en su artículo 1º transitorio facultó al Presidente de la República para en el plazo de treinta días, contado desde la publicación de esa ley, esto es, a partir del 27 de febrero de 1990, efectuara en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas las adecuaciones derivadas de la entrada en vigor de esa Ley Orgánica Constitucional, pudiendo fijar su texto refundido, coordinado y sistematizado.	Cumpliendo esa disposición, el Presidente de la República de la época, dictó el D.S. (G) Nº 24, de 4 de marzo de 1990, el que enviado al trámite de toma de razón a la Contraloría General de la República, fue devuelto sin tramitar por parte del Organismo Contralor mediante Oficio Nº 30.484, de 31 de octubre de 1990, objetando distintos artículos del texto enviado, por estimarse que en su formulación se excedía de las facultades otorgadas por el artículo primero transitorio de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, al no contemplar dicha disposición la posibilidad de cambiar la redacción de las normas del D.F.L. Nº 1, de 1968, a objeto de adecuarlas a la misma Ley Orgánica.	Efectuado el estudio pertinente, el citado D.S. Nº 24, de marzo de 1990, fue reingresado al Organismo Contralor, el cual se abstuvo nuevamente de tomar razón de él por considerar que las observaciones primitivamente efectuadas no habían sido debidamente subsanadas.	A mayor abundamiento, el plazo que fijaba el artículo primero transitorio para que el Presidente de la República hiciera uso de la facultad a que se ha hecho referencia, se encuentra largamente vencido.	Por otra parte, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y de la experiencia de su aplicación acumulada a la fecha, aparece como imperiosa la necesidad de dictar un nuevo estatuto para el personal de las Fuerzas Armadas que guarde debida correspondencia con esa ley, respetando estrictamente su sentido y alcance, de modo tal que sus normas, además de complementar y hacer operante la ley Nº 18.948, permitirían que exista un cuerpo único y armónico entre sus distintas disposiciones y entre ellas y las de la Ley Orgánica a la cual debe ceñirse.	En mérito de lo expuesto, el proyecto de ley que se adjunta tiene por objeto conferir facultades al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley que establezca el Estatuto para el personal que presta sus servicios en las Fuerzas Armadas, destinado a reemplazar el contenido en el D.F.L. (G) Nº 1, de 1968, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 61 de la Constitución Política de la República.	La citada facultad deberá comprender la de dictar aquellas disposiciones complementarias de las normas básicas contenidas en la ley Nº 18.948, y la de regular todas aquellas materias que deban estar contenidas en un estatuto administrativo, de modo tal que pueda contarse con un cuerpo normativo moderno de las Fuerzas Armadas, que permita una eficiente administración de su personal. Asimismo se establece que en lo que fuere procedente, las disposiciones de este estatuto regirán a partir del 1 de enero de 1997.	Acorde con lo establecido en el inciso segundo del precitado artículo 61, la delegación de facultades que se confiere al Presidente de la República no puede extenderse a materias que correspondan a garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. Derivado de lo anterior, no es posible comprender en la delegación normas de carácter previsional.	Sin embargo, habida consideración de que en el texto del D.F.L. (G) Nº 1, de 1968, existen una serie de disposiciones previsionales complementarias de la ley Nº 18.948, que se encuentran plenamente vigentes y debido a la necesidad de contar con un texto armónico que guarde la debida correspondencia con la citada ley, se propone que sea la misma ley la que disponga que esas disposiciones sean incorporadas en el cuerpo del Estatuto que se dicte.	Además, se estima necesario facultar al Presidente de la República para que, mediante otro decreto con fuerza de ley, efectúe las reestructuraciones de las plantas y dotaciones de personal, de acuerdo con las necesidades de las Instituciones Armadas, efectuando los encasillamientos de Oficiales que se requieran. La facultad de efectuar encasillamientos respecto del personal del cuadro permanente, de gente de mar y de los empleados civiles se confieren a los Comandantes en Jefe respectivos.	Estoy convencido de que, de todas las alternativas a nuestro alcance, la delegación de facultades legislativas que solicito a través de este Mensaje es la mejor manera de abordar la tarea de elaborar un Estatuto de Personal para las Fuerzas Armadas. Por esta vía, dentro de los claros y precisos márgenes normativos contemplados en la propia ley delegatoria, y sobre la base de la contribución insustituible de las propias instituciones interesadas, podemos disponer en breve tiempo de la regulación estatutaria que demanda el alto nivel de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Recurrir a la delegación de facultades legislativas, junto con recoger la experiencia histórica en esta materia, constituye la fórmula más idónea para conciliar las irrenunciables prerrogativas del Congreso Nacional en materias de esta importancia y las particularidades y especificidades inherentes a la regulación de las Plantas de las Instituciones de la Defensa Nacional.	En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente:PROYECTO DE LEY:	“Artículo 1º.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro del plazo de 180 días contados desde la vigencia de esta ley, un decreto con fuerza de ley que establezca el Estatuto para el personal que preste sus servicios en las Fuerzas Armadas, destinado a reemplazar el contenido en el D.F.L. (G) Nº 1, de 1968, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. (G) Nº 148, de 1986.	La facultad que se otorga en virtud de la presente ley comprenderá la de dictar aquellas disposiciones necesarias para complementar las normas básicas contenidas en la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, pudiendo, además, regular todas las materias que deban estar contempladas en un estatuto administrativo de personal, con excepción de aquellas comprendidas en las garantías constitucionales o que por su naturaleza deban ser reguladas en leyes de rango orgánico constitucional o ser aprobadas por leyes de quórum calificado.	Artículo 2º.- Los artículos 163, 164, 177, 178, 190, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, incisos 2º y 3º, 213, 215, 216, 218, 229, 238 y 239 del D.F.L. (G) Nº 1, de 1968, deberán ser incluidos en el Estatuto que establezca el decreto con fuerza de ley señalado en artículo anterior.	El Presidente de la República podrá introducir cambios formales en la redacción, titulación, numeración y ubicación de tales preceptos, pero sólo en la medida que sean indispensables para sistematizar las respectivas normas e incorporarlas al Estatuto que se dicte, sin que ello pueda importar la alteración del verdadero sentido y alcance de dichas disposiciones previsionales.	Artículo 3º.- En los casos que fuere procedente, los efectos del decreto con fuerza de ley a que se refieren los artículos anteriores, empezarán a regir el 1º de enero de 1997.	Artículo 4º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, dicte un decreto con fuerza de ley que modifique las plantas de oficiales y empleados civiles de las Fuerzas Armadas contenidas en el D.S. (G) Nº 501, de 1977 y en el D.S. (M) Nº 220, de 1979, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, pudiendo con tal objeto crear, modificar o suprimir los escalafones o grados que sean necesarios para la debida aplicación de las normas del Estatuto a que se refiere el artículo 1º de esta ley, como también redistribuir plazas entre los diferentes escalafones, de acuerdo con los requerimientos de cada Institución, sin que ello pueda significar aumento de ellas.	Para los efectos de la dictación del decreto con fuerza de ley señalado en el inciso anterior, el Comandante en Jefe de cada rama propondrá las modificaciones pertinentes a la estructura de planta de su respectiva institución.	El Presidente de la República, mediante uno o más decretos expedidos a través del Ministerio de Defensa Nacional y a proposición del respectivo Comandante en Jefe, encasillará a los oficiales de la planta, en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de este decreto con fuerza de ley en los nuevos escalafones. Este encasillamiento se hará respetando el orden de antigüedad que actualmente corresponda a dicho personal.	En el ejercicio de la facultad que se confiere por el presente artículo, el oficial no podrá ser encasillado en un grado jerárquico inferior al que detentare a la fecha de vigencia de esta ley. Si fuere encasillado en un grado superior, se considerará ascendido para todos los efectos legales; si fuere encasillado en el mismo grado que inviste, podrá computar, para los efectos de su ascenso, la totalidad del tiempo servido en dicho grado.	Los oficiales en cuyos escalafones se haya suprimido el grado jerárquico que detentaban a la fecha de vigencia del Estatuto, serán encasillados, por orden de antigüedad, en el grado inmediatamente superior.	La facultad que se confiere en este artículo corresponderá también al Comandante en Jefe de cada Institución quien la ejercerá en la misma forma, para los efectos de encasillar, cuando ello sea necesario, al personal del cuadro permanente y de gente de mar y a los empleados civiles, en los escalafones que resulten de la reestructuración que efectúe el Presidente de la República.	Artículo 5º.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de las normas que establezcan los D.F.L. a que se refiere esta ley será financiado con cargo al presupuesto de las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, según corresponda.”	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; EDMUNDO PÉREZ YOMA, Ministro de Defensa Nacional; EDUARDO ANINAT URETA, Ministro de Hacienda.”INFORME FINANCIERO DE PROYECTO DE LEY QUE OTORGA FACULTAD PARA DICTAR ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FF.AA.,MODIFICAR LAS PLANTAS Y EFECTUAR ENCASILLAMIENTOSDE PERSONAL DE ESTAS INSTITUCIONESMensaje Nº 141-334	El proyecto de ley, que otorga al Presidente de la República la facultad para dictar decretos con fuerza de ley para establecer el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, modificar las plantas de oficiales y empleados civiles de estas instituciones y encasillar a dicho personal mediante uno o más decretos, cuenta con un marco de $ 1.250 millones mensuales para su financiamiento.	El mayor gasto que irrogue el proyecto se financiará con cargo al subtítulo 21 del Presupuesto de las respectivas instituciones de las Fuerzas Armadas.Santiago, diciembre de 1996.”