R E P U B L I C A D E C H I L ECAMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 333ª, ORDINARIASesión 9ª, en miércoles 19 de junio de 1996(Ordinaria, de 10.30 a 13.30 horas)Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime;Huenchumilla Jaramillo, don Francisco.Presidencia accidental del señor Dupré Silva, don Carlos.Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 5 II. Apertura de la sesión 7 III. Actas 7 IV. Cuenta 7-o- Preferencia para tratar proyecto que modifica ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas Cora 8-o- V. Fácil Despacho. - Convenio entre Chile y Alemania sobre transporte marítimo. Primer trámite constitucional 9 - Enmiendas a los Anexos del Convenio sobre Seguridad de los Contene-dores. Segundo trámite constitucional 12 - Acuerdo entre los gobiernos de Chile y Canadá en el área de la coproduc-ción audiovisual. Primer trámite constitucional. 14 VI. Orden del Día. - Modificación de la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas derivadas de la reforma agraria. Primer trámite constitucional 16 - Mejoramiento de remuneraciones al personal no docente. Tercer trámite constitucional 24 - Existencia, formación y acreditación de los profesionales en diversas áreas médicas 40 VII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que establece el pago de un derecho por el uso de vías urbanas afectas a congestión vehicular (boletín Nº 433-09) 60 2. Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Bancos, el decreto ley Nº 1.097, de 1975, la ley Nº 18.010 y el Código de Comercio (boletín Nº 1404-05). 60Pág. 3. Moción de los Diputados señores Ulloa, Paya, Masferrer, Correa, Alvarado, Álvarez-Salamanca y Pérez (don Víctor), que precisa aplicación de penas en delitos sobre menores (boletín Nº 1871-07). 61 4. Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite copia de la sentencia recaída en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo al régimen legal de las concesiones de obras públicas y las normas tributarias que le son aplicables (boletín Nº 1432-05). 61 5. Oficio del Tribunal Constitucional 62 I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores Diputados: (100).Acuña Cisternas, MarioAguiló Melo, SergioAlvarado Andrade, ClaudioÁlvarez-Salamanca Büchi, PedroAllamand Zavala, AndrésArancibia Calderón, ArmandoAscencio Mansilla, GabrielÁvila Contreras, NelsonAylwin Oyarzún, MarianaBalbontín Arteaga, IgnacioBartolucci Johnston, FranciscoBayo Veloso, FranciscoBombal Otaegui, CarlosCaminondo Sáez, CarlosCardemil Herrera, AlbertoCeroni Fuentes, GuillermoColoma Correa, Juan AntonioCorrea De la Cerda, SergioCristi Marfil, María AngélicaChadwick Piñera, AndrésDe la Maza Maillet, IvánDupré Silva, CarlosElgueta Barrientos, SergioElizalde Hevia, RamónEncina Moriamez, FranciscoErrázuriz Eguiguren, MaximianoEscalona Medina, CamiloEspina Otero, AlbertoEstévez Valencia, JaimeFerrada Valenzuela, Luis ValentínFuentealba Vildósola, RenánGajardo Chacón, RubénGalilea Vidaurre, José AntonioGarcía Ruminot, JoséGarcía-Huidobro Sanfuentes, AlejandroGirardi Lavín, GuidoGonzález Rodríguez, José LuisGutiérrez Román, HomeroHamuy Berr, MarioHernández Saffirio, MiguelHuenchumilla Jaramillo, FranciscoHurtado Ruiz-Tagle, José MaríaJara Wolf, OctavioJeame Barrueto, VíctorJürgensen Caesar, HarryKarelovic Vrandecic, VicenteLeay Morán, CristiánLeón Ramírez, RobertoLetelier Morel, Juan PabloLetelier Norambuena, FelipeLongton Guerrero, ArturoLongueira Montes, PabloLuksic Sandoval, ZarkoMakluf Campos, JoséMartínez Labbé, RosauroMartínez Ocamica, GutenbergMatthei Fornet, EvelynMelero Abaroa, PatricioMoreira Barros, IvánMunizaga Rodríguez, EugenioMuñoz Aburto, PedroNaranjo Ortiz, JaimeNavarro Brain, AlejandroOjeda Uribe, SergioOrpis Bouchón, JaimeOrtiz Novoa, José MiguelPalma Irarrázaval, JoaquínPaya Mira, DaríoPérez Opazo, RamónPérez Varela, VíctorPollarolo Villa, FannyProkuriça Prokuriça, BaldoRebolledo Leyton, RomyReyes Alvarado, VíctorRibera Neumann, TeodoroRocha Manrique, JaimeRodríguez Cataldo, ClaudioSaa Díaz, María AntonietaSabag Castillo, HosainSalas De la Fuente, EdmundoSchaulsohn Brodsky, JorgeSolís Cabezas, ValentínSoria Macchiavello, JorgeSota Barros, VicenteTohá González, IsidoroTuma Zedan, EugenioUlloa Aguillón, JorgeUrrutia Ávila, RaúlUrrutia Cárdenas, SalvadorValcarce Medina, CarlosValenzuela Herrera, FelipeVega Vera, OsvaldoVenegas Rubio, SamuelViera-Gallo Quesney, José AntonioVilches Guzmán, CarlosVillegas González, ErickVillouta Concha, EdmundoWalker Prieto, IgnacioWörner Tapia, MartitaZambrano Opazo, Héctor-Asistieron, además, los Ministros: de Educación Pública, señor Sergio Molina, y de Salud, señor Carlos Massad. Concurrieron, también, los Senadores señores Ricardo Hormazábal y Roberto Muñoz. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.30 horas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El acta de la sesión 5ª se declara aprobada. El acta de la sesión 6ª se encuentra a disposición de los señores Diputados. IV. CUENTA El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, me sería muy útil que me informara cuándo se tratarán en la Sala los proyectos de tarificación vial, que tiene urgencia calificada de “suma” y ha estado permanentemente en los primeros lugares de la Tabla, y el que modifica la Ley General de Bancos, dado que soy el Diputado informante. Como los informes son complejos, es conveniente que yo tenga el tiempo suficiente para prepararme adecuadamente, a fin de hacer una buena exposición de las materias que tratan. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, la semana pasada no se trató el proyecto de tarificación vial, a petición del Diputado informante; después, el señor Ministro estaba ausente. Se pondrá en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana. En cuanto a las modificaciones a la Ley General de Bancos, el Ministro de Hacienda llamó para comunicarme que podría venir hoy, pero no se ha recibido todavía el informe de la Comisión de Hacienda. Cuando esté listo, pondremos el proyecto en tabla. Dada su urgencia, es probable que se trate en la sesión del martes 2 de julio. Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.El señor LONGUEIRA.- Como Presidente de la Comisión de Hacienda le puedo decir que la Secretaría está elaborando el informe, el cual debiera quedar listo en estos días. Por consiguiente, la Sala podría tomar el acuerdo de tratarlo el martes siguiente a la semana distrital, porque es complejo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ése es el propósito de la Mesa, pero, por experiencia, prefiero tener el informe antes de confeccionar la tabla, porque después, cuando hay cambios en ella, con toda razón se quejan los señores Diputados. Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en la cuenta de hoy no figura una comunicación de Su Excelencia el Presidente de la República mediante la cual retira la urgencia a una moción para instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital en determinadas naves pesqueras, pero tengo la impresión de que ingresó hace pocos minutos. Pido que se incluya en la Cuenta para poder regularizar una situación que se produjo ayer en la Comisión de Agricultura. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene razón, señor Diputado. Ese oficio que retira la urgencia llegó con posterioridad a la lectura de la Cuenta, pero opera de inmediato. Tiene la palabra el Diputado señor Melero.El señor MELERO.- Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se precise por Secretaría, si efectivamente se retiró y se renovó la urgencia de ese proyecto. En la Comisión de Agricultura queremos tener claro qué ha ocurrido con esta iniciativa, porque la urgencia estaba vencida y, para seguir tratándola, es clave saber si el Ejecutivo está calificando de “suma” o de “simple” la urgencia.PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO QUE MODIFICA LEY Nº 19.353 SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS CORA El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, el proyecto que está en el número 6 de la tabla, que condona deudas derivadas del proceso de la Reforma Agraria, beneficiando a una cantidad importante de pequeños y medianos agricultores, a diferencia del anterior, ya cuenta con el informe de la Comisión; además, lo hemos discutido varias veces en la Sala. Pido a la Mesa que considere la posibilidad de colocarlo en Fácil Despacho y se haga un esfuerzo para despacharlo mañana o, a más tardar, a la vuelta de la semana distrital. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, Secretaría me informa que, por el momento, sólo ha llegado el retiro de la urgencia. Tiene la palabra el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero hacer una proposición más formal sobre el tema planteado por el Diputado señor Melero. Respecto del proyecto que condona las deudas Cora, el Ejecutivo envió indicaciones a la Comisión de Hacienda y hubo unanimidad sobre ellas. Por lo tanto, pido a Su Señoría que recabe el acuerdo de la Sala para que lo tratemos en esta sesión. Se pueden entregar informes muy breves y simples. La iniciativa se originó en un proyecto de acuerdo que aprobó la Corporación. Creo que todos los parlamentarios están interesados en el tema. Además, el hecho de que el Congreso siga dilatando su tramitación está causando problemas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, a fin de que los señores Diputados tengan tiempo de ver los antecedentes respectivos, al término de la tabla de Fácil Despacho voy a consultar a la Sala si otorgamos veinte minutos para tratar el proyecto. Los Diputados informantes tendrán que tomar en consideración ese hecho. Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, adhiero a la petición de los Diputados señores Melero y Longueira, en el sentido de dar tratamiento de Fácil Despacho al proyecto que condona deudas Cora. Hay acuerdo total en ambas Comisiones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista también da la unanimidad. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, Renovación Nacional también adhiere a la solicitud. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, le daremos a este proyecto el tratamiento de Fácil Despacho, se verá al término esa tabla y destinaremos 20 a 30 minutos, como máximo, para informarlo y despacharlo. -Acordado. V. FÁCIL DESPACHOCONVENIO ENTRE CHILE Y ALEMANIA SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En Fácil Despacho, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativo al Convenio entre los Gobiernos de Chile y de la República Federal de Alemania sobre transporte marítimo. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Salvador Urrutia. Antecedentes: -Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 1605-10, sesión 2ª, en 30 de mayo de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 3. -Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 33ª, en 5 de septiembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 20. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, informo a la Honorable Cámara acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio celebrado entre Chile y la República Federal de Alemania sobre transporte marítimo, suscrito el 15 de marzo de 1995. Este tratado tiene por objeto promover el desarrollo armonioso de las relaciones de transporte marítimo entre ambos países, sobre la base del principio de la reciprocidad y libertad de comercio exterior. En sus 16 artículos, los gobiernos reconocen los derechos y compromisos siguientes:1º. Derecho a navegar entre puertos de las partes abiertos al comercio marítimo internacional, con el fin de transportar carga o pasajeros. El convenio no incluye los buques de guerra ni las naves pesqueras. 2º. Derecho a participar, sin restricciones, en el transporte de carga intercambiada, dentro del marco del comercio bilateral.3ª. Compromiso de los gobiernos de abstenerse de adoptar medidas discriminatorias en el tráfico marítimo internacional contra navieros de la otra parte o contrarias a principios de libre competencia o a libre elección de la empresa naviera.4º. Compromiso de otorgar el tratamiento nacional a las naves de la otra parte, en especial en todo lo referente al acceso y uso de las instalaciones portuarias.5º. Derecho a usar ingresos percibidos por servicios de transporte marítimo realizados en el territorio de una parte para efectuar pagos relacionados con el transporte o para transferirlos al extranjero.6º. Se mantienen regidos por la normativa legal interna el privilegio del pabellón nacional en relación con servicios de cabotaje, salvamento, remolque, practicaje y otros servicios reservados a las empresas navieras nacionales y a sus ciudadanos.7º. El ingreso y la salida de las naves, la operación y el mando de las naves, los pasajeros, la tripulación y las operaciones de importación, exportación y almacenaje de cargas, quedan sujetas a la ley local.8º. Se contemplan normas especiales para facilitar el tráfico marítimo, el reconocimiento de certificados, los documentos de viaje, el ingreso, tránsito y estadía de la tripulación y la cooperación técnica. Para el orden normativo interno, las disposiciones de este instrumento son armónicas, principalmente, con el decreto ley Nº 3.059, de 1979, que legisla sobre la marina mercante nacional, aplicándose el principio de la reciprocidad para el transporte marítimo de ambas partes. Finalmente, debo señalar que la Comisión compartió plenamente los propósitos que llevaron a Chile y a la República de Alemania a celebrar este convenio, por lo que, por unanimidad, acordó darle su aprobación y proponer a la Honorable Cámara que adopte el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo formula el mensaje. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Munizaga. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, el Convenio sobre transporte marítimo, suscrito por el gobierno de Chile y la República Federal de Alemania, considera dos tipos de normas de carácter técnico: unas tienden a coordinar las acciones de las autoridades y facilitar la acción de las empresas navieras de cada uno de los países, y otras que se refieren a la libertad de tránsito que consagra el convenio. Entre las primeras se encuentran las que definen, para los efectos del convenio, a las autoridades técnicas de cada país -en nuestro caso, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones- que impiden la discriminación en lo referente al tráfico marítimo internacional; el otorgamiento, sobre la base de reciprocidad, del trato nacional en los puertos, las aguas territoriales y otras aguas de jurisdicción. Entre las facilidades que se acuerdan para las empresas de cada país, revisten importancia aquéllas que se otorgan para la libre transferencia de fondos respecto de ingresos percibidos por servicios de transporte marítimo para efectuar pagos vinculados con ese tráfico, simplemente, y para transferir dichos ingresos al extranjero en monedas convertibles. Esta libertad en el movimiento de invisibles, obviamente, facilita la agilidad de la acción de las empresas. El convenio, en su articulado, incorpora las facilidades que las partes acuerdan a la tripulación de las respectivas naves. Este es un complemento necesario para la adecuación de las empresas. La orientación conceptual del convenio se encuentra definida en el artículo 2. En efecto, allí se consagra la libertad de tránsito y de transporte, con lo cual el convenio es consecuente con el sistema de libertad económica que impera en el país. Esta libertad se expresa en tres compromisos:1. Bajo el principio de reciprocidad, las partes se comprometen a garantizar la participación de las empresas de cada país en su comercio bilateral sin ninguna restricción, como asimismo en el intercambio de los dos países con terceros Estados. La libertad de tráfico cubre así el comercio global de las dos partes.2. El derecho a navegación entre los puertos de ambos países que están abiertos al comercio marítimo internacional con el propósito de transportar carga o pasajeros entre dichos puertos, así como entre esos puertos y los de terceros países. Se permite así una participación limitada en el cabotaje, cuando se trata de puertos abiertos al comercio marítimo internacional y no estén reservados a los servicios de navegación costera nacional.3. Se consagra el derecho de las naves de terceros países para participar sin restricción en el comercio bilateral de las dos partes. Esta norma consagra la multilateralización del transporte del comercio bilateral y elimina todo vestigio de reserva de carga de este tráfico. Las áreas excluidas del campo de aplicación del convenio son excepciones normales que no afectan el principio de libre tránsito que lo inspira. Ellas se refieren al privilegio del pabellón nacional en relación con los servicios de navegación costera nacional, y a la obligación de llevar un práctico a bordo y a la reserva a naves nacionales de actividades, como servicio público, de investigación marítima y estudios hidrográficos de aguas territoriales. El instrumento que se somete a la consideración de la Cámara es beneficioso para el país y, en consecuencia, anunciamos nuestro voto favorable. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré. El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, para complementar las intervenciones tanto del Diputado señor Salvador Urrutia como del Diputado señor Munizaga, quiero insistir un poco en la relación bilateral chileno-alemana, que como todos sabemos, se remonta a la segunda mitad del siglo pasado, con la llegada de los primeros colonos a la zona sur de Chile, como consecuencia de la gestión que realizó el agente de nuestro país, don Vicente Pérez Rosales. Desde entonces existen entre ambos pueblos vínculos de amistad y de cooperación permanentes que se han ido consolidando con el correr del tiempo por la acción de los descendientes de aquellos colonos y por la residencia de unos diez mil chilenos en la República Federal de Alemania. En el ámbito económico, la relación es muy sólida, ya que la República Federal de Alemania es el cuarto socio comercial de Chile, después de Estados Unidos, Japón y Brasil, y el primero en el nivel de la Unión Europea con un intercambio que asciende aproximadamente a los mil millones de dólares anuales. A estos antecedentes económicos, cabe agregar que inversionistas alemanes han materializado inversiones en el país en los últimos años por un monto aproximado de 103 millones de dólares, los que podrían recibir un fuerte estímulo con la puesta en vigor del convenio chileno alemán sobre protección y promoción recíproca de inversiones actualmente en estudio en el Honorable Senado. Entre las principales empresas alemanas con inversiones en Chile, se encuentran Bayer, Basf, Wella, Hoechst, Paulaner, Mercedes Benz, etcétera. En este excelente nivel de relación, la cooperación con la República Federal de Alemania ha pasado a ser la segunda en importancia para Chile, tanto desde el punto de vista de las áreas como de las condiciones en que se ha otorgado, a pesar de que el grado de desarrollo económico y social logrado por nuestro país no nos hace elegibles para proyectos de cooperación bilateral, excepto en los proyectos vinculados con la protección del bosque nativo o con la lucha contra la producción y el tráfico de estupefacientes. Los fondos comprometidos por la República Federal de Alemania para proyectos de cooperación técnica y financiera, en el período comprendido entre 1990 y mediados de 1994, alcanzan a una cifra cercana a los 132 millones de dólares. De ese total, el 46 por ciento corresponde a donaciones y el 54 por ciento a créditos. Debo recordar que también se ha suscrito un convenio sobre pensiones, que permitirá a los chilenos y alemanes beneficiarse con el reconocimiento de los períodos de cotización previsional que hayan registrado en uno u otro país. El convenio en discusión viene a sumarse a los que he mencionado y a una quincena de otros tratados, en los que los Gobiernos han regulado, entre otras materias, el comercio y el transporte aéreo bilateral. Sin embargo, no se había convenido sobre el tema del transporte marítimo que, como lo dijeron el Diputado informante y el Diputado señor Munizaga, es de extraordinaria importancia para Chile. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobado. Despachado el proyecto de acuerdo.ENMIENDAS A LOS ANEXOS DEL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES. Segundo trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba las enmiendas a los Anexos I y II del Convenio Internacional sobre Seguridad de los Contenedores, de 1972, aprobadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Valcarce. Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín Nº 1230-10 (S), sesión 16ª, en 11 de julio de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 7. -Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 33ª, en 5 de septiembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 18. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana me ha encomendado informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio de las Enmiendas a los Anexos I y II del Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, el 13 de junio de 1983 y el 17 de mayo de 1991. Esta organización intergubernamental es el organismo especializado de las Naciones Unidas dedicado exclusivamente a asuntos del mar, en la que participan 135 Estados, incluido Chile, desde su fundación, en 1948. Su objetivo fundamental es estructurar un sistema de cooperación entre los gobiernos, en la esfera de la reglamentación y de las prácticas relativas a cuestiones técnicas de toda índole concernientes a la navegación comercial internacional, y alentar y facilitar la adopción general de normas en cuestiones relacionadas con la seguridad marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención y contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques. Su órgano técnico más importante es el Comité de Seguridad Marítima, integrado por todos los países miembros de la Organización Marítima Internacional, y su competencia, en general, tiene que ver con todos los aspectos que afecten directamente la seguridad de la navegación marítima, tales como la construcción y el equipamiento de los buques, la dotación, desde el punto de vista de la seguridad, la manipulación de cargas peligrosas y los procedimientos y prescripciones relativos a la seguridad marítima. Con el fin de alcanzar sus objetivos, la Organización Marítima Internacional ha suscrito unos 30 convenios y protocolos, así como diversos códigos y recomendaciones. Uno de ellos es el Convenio sobre Seguridad de los Contenedores, de 1972, cuya finalidad básica consiste en formalizar las normas estructurales necesarias para que la manipulación, el apilamiento y el transporte de contenedores se realicen en condiciones de seguridad. Para tal efecto, se establecen procedimientos de prueba y prescripciones relativas a la resistencia de materiales empleados en su construcción. El Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional aprobó, el 13 de junio de 1983 y el 17 de mayo de 1991, diversas enmiendas a los Anexos I y II del convenio, en aspectos estrictamente técnicos relacionados con la construcción de los contenedores. Previo a la tramitación legislativa de estas enmiendas, el Ejecutivo procedió a sancionarlas administrativamente sin requerir su aprobación por el Congreso Nacional, por entender que, respecto de ellas, era aplicable la norma del inciso segundo del Nº 1 del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone que las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para dar cumplimiento a un tratado en vigor -en este caso, el Convenio sobre la Seguridad de los Contenedores- no requieren de nueva aprobación del Congreso Nacional, a menos que se trate de materias propias de ley. Sin embargo, la Contraloría General de la República no ha tomado razón del decreto supremo promulgatorio de las enmiendas de 1983, por lo que -como lo señala el mensaje-, sin querer sentar un precedente en la materia y sólo por creerlo conveniente para los intereses del país, el Ejecutivo “ha decidido someterlas a vuestra consideración para los fines correspondientes.” En el primer trámite constitucional, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Honorable Senado opinó expresamente que estas enmiendas requerían de aprobación parlamentaria, criterio implícitamente compartido por la Comisión de Relaciones Exteriores y la Sala del Senado al darles su aprobación unánime. Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara estimó que tales enmiendas no son medidas adoptadas o acuerdos celebrados para dar cumplimiento a un tratado vigente -más bien tienen por objeto modificar el Convenio sobre Seguridad de los Contenedores, tratado que rige en el país como ley de la República-, de manera que requieren de aprobación parlamentaria para su posterior incorporación al orden jurídico interno. Por lo señalado, la Comisión de Relaciones Exteriores acordó aprobar por unanimidad estas enmiendas y propone a la Sala acoger el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo el Senado de la República. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. Despachado el proyecto.ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y CANADÁ EN EL ÁREA DE LA COPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- A continuación, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que aprueba el acuerdo en el área de la coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Juan Pablo Letelier. Antecedentes: -Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 1440-10, sesión 17ª, en 17 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 1ª, en 3 de octubre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 9. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana me ha encargado que informe sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional bilateral denominado “Acuerdo en el área de la coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá”, suscrito el 2 de septiembre de 1994. Al tenor del mensaje, este Acuerdo tiene por objetivo principal establecer un régimen jurídico que permita el desarrollo de las relaciones audiovisuales entre los dos países y, en particular, normar algunos criterios respecto de las coproducciones de filmes, de televisión y de video. El elemento básico del Acuerdo consiste en que las obras que se realicen en coproducción serán consideradas “producción nacional” en ambos países, de suerte tal que se beneficiarán de pleno derecho con todas las ventajas establecidas o que se establezcan en el futuro en cada país. Cabe señalar que el alto grado de dinamismo y desarrollo de las relaciones políticas, económicas, científicas y comerciales existentes entre los Gobiernos de Chile y Canadá ha permitido que en los últimos años se hayan celebrado diversos tratados bilaterales, ya aprobados por esta Cámara, tales como el convenio que evita la doble tributación de ingresos provenientes de la operación de naves y aeronaves; el que autoriza a los familiares de personal acreditado en las misiones diplomáticas a ejercer actividades remuneradas, y el que establece la Comisión Binacional Permanente encargada de la evaluación y ejecución de un esquema amplio de colaboración y de complementación entre ambos Estados. Otro testimonio del excelente nivel de relaciones bilaterales lo proporcionan las inversiones canadienses en el país. De acuerdo con las cifras del Comité de Inversiones Extranjeras, a marzo de 1994, ellas alcanzaban a 1.276 millones de dólares -cifra que representa el 12,3 por ciento del total de la inversión extranjera en el país-, distribuidos en los sectores de la minería -que lleva la delantera, con el 89,8 por ciento-, de servicios -5,5 por ciento- y de la industria -4,6 por ciento-. En el plano del intercambio comercial, en estos momentos se negocia un acuerdo de libre comercio, lo que indica la existencia de un amplio espacio para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Ahora, mediante este nuevo Acuerdo, los Gobiernos de Chile y Canadá se han propuesto, según lo que declaran en su preámbulo, contribuir a una mayor expansión de sus respectivas industrias de producción y de distribución de cine, televisión y video, así como al desarrollo de sus intercambios cultural y económico, en términos que, en general, son análogos a los empleados en el convenio de coproducción cinematográfica celebrado con la República francesa, ya sancionado por esta Corporación en el período legislativo anterior. Para los propósitos de este Acuerdo, se precisa que una coproducción es un proyecto, sin considerar su longitud, incluidas las animaciones y los documentales, producido en filme, “videotape” o videodisco, o en cualquier otro formato desconocido hasta la fecha, para su distribución o uso en teatros, televisión, videocasetes, videodiscos o cualquier otra forma de distribución conocida actualmente o que llegue a conocerse en el futuro. Si consideramos su particular criterio de defensa cultural y de identidad de los canadienses, es muy relevante establecer una definición de coproducción tan amplia como la que aquí se consigna. Estas coproducciones deberán ser aprobadas por las autoridades competentes, y -como lo indica el informe- lo importante es que toda coproducción realizada en virtud de este Acuerdo se considerará producción nacional y, en consecuencia, tendrá pleno derecho a gozar de todos los beneficios actualmente a disposición de las industrias del cine, de la televisión, de video o de las que se establezcan en el futuro en cada país. Se definen criterios sobre la idoneidad de los productores y se indica que la proporción de los respectivos aportes de los coproductores, podrá variar del 20 al 80 por ciento del presupuesto de cada coproducción, y que cada coproductor deberá realizar un aporte técnico y creativo efectivo. Además, se menciona que el personal que participe en las coproducciones deberá ser chileno o canadiense o residir en forma permanente en Chile o Canadá. Por otra parte, el Acuerdo dispone que el lugar donde debe desarrollarse la coproducción, debe ser el territorio de ambos países, estableciéndose excepciones limitadas. También, se plantea la posibilidad de ampliar los convenios con terceros países, de manera que se puedan realizar coproducciones con ellos. Esto es muy relevante si pensamos en nuestra vinculación con México, con el cual existe un acuerdo de libre comercio, que posee una gran industria de producción audiovisual. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. También se definen criterios respecto de la banda sonora de cada coproducción que deberá ser en inglés, francés o español, y se precisa que los gobiernos se comprometen a facilitar el ingreso y salida del país del personal técnico y de los actores. Pero lo más importante es que para la aplicación de este Acuerdo se crea una Comisión Mixta, que se reunirá, en principio, cada dos años, o cuando sea convocada por las autoridades competentes. En atención al dinamismo de nuestras relaciones con Canadá y a la importancia de que Chile se vincule con ese país no sólo en una dimensión política y económica, sino también cultural, la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda a la Corporación acoger el proyecto de acuerdo aprobatorio de este Convenio con la República de Canadá. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. -Aprobado. Despachado el proyecto de acuerdo. VI. ORDEN DEL DÍAMODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.353, SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS DERIVADAS DE LA REFORMA AGRARIA. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el Orden del Día y por acuerdo de la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.353, que condonó deudas derivadas del proceso de la reforma agraria. Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca es el Diputado señor José García, y de la de Hacienda, la señora Rebolledo. Antecedentes: -Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 1784-01, sesión 42ª, en 16 de enero de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informes de las Comisiones de Agricultura, y de Hacienda, sesión 8ª, en 18 de junio de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 6 y 7, respectivamente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley que introduce perfeccionamientos a la ley Nº 19.353 sobre condonación de deudas derivadas del proceso de reforma agraria, con el objeto de extender la condonación a determinadas personas jurídicas, directamente relacionadas con la reforma agraria o con beneficiarios de la misma, que quedaron al margen de este beneficio, sin que existan razones que justifiquen tal exclusión. El mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República señala como fundamento de estas modificaciones, los cuatro aspectos siguientes: En primer lugar, aclarar la situación de las comunidades respecto del beneficio. La ley Nº 19.353 está referida exclusivamente a las personas naturales, lo que ha generado dudas en relación con el otorgamiento del beneficio a dos tipos de comunidades: las hereditarias, y las de otro origen. Con respecto a las primeras, que son las nacidas con posterioridad al 31 de diciembre de 1992, el proyecto pretende clarificar su situación explicitando que pueden acceder a la condonación. En cuanto a las que no tienen un origen hereditario, se precisa que la condonación comprende a las formadas exclusivamente por personas naturales. En segundo lugar, facilitar el trámite de donación de sitio y de casa comprendidos en la asignación para acogerse a la condonación. En todo caso, se precisa que la donación debe efectuarse una vez que el Servicio de Tesorerías comunique al interesado que su solicitud cumple con los requisitos legales para acceder a la condonación. En tercer lugar, extender el beneficio otorgado por la ley Nº 19.353 a las personas jurídicas directamente relacionadas con la reforma agraria o derivadas de ella. Con esto, se beneficia a las siguientes entidades: cooperativas de reforma agraria, sociedades agrícolas familiares, sociedades constituidas en conformidad con el artículo 1º del decreto ley Nº 2.247, de 1978; sociedades de trabajadores a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 19.118 y sociedades constituidas por ex asentados. En cuarto lugar, ampliar el plazo de tres años, contado desde la publicación de la ley Nº 19.353, para solicitar el otorgamiento del beneficio. La Comisión determinó por unanimidad que en este proyecto de ley no hay artículos que merezcan la calificación de normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, y luego de un debate y de escuchar al Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, señor Eduardo Carrillo; al Tesorero General de la República y al Subsecretario de Agricultura, acordó aprobarlo unánimemente, tanto en general como en particular, y recomienda lo mismo a esta Honorable Sala. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Rebolledo, para rendir el informe de la Comisión de Hacienda. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente, tal como se ha informado, el propósito de esta iniciativa consiste en introducir algunos perfeccionamientos a la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas derivadas del proceso de reforma agraria, con el objeto de extender la condonación a determinadas personas jurídicas directamente relacionadas con la reforma agraria o beneficiarios de la misma que quedaron al margen de este beneficio. La Dirección de Presupuestos remitió dos informes respecto del costo financiero de esta medida y también sobre la cantidad de deudores que aún no han recibido el beneficio. El segundo señala que el número de predios deudores al 22 de mayo de 1996 sería de 32.647 y el monto estimado de la deuda, a igual fecha, de 191.555 millones de pesos, en tanto que la deuda de las personas jurídicas ascendería, a esa fecha, a un monto cercano a 1.027 millones de pesos. La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del artículo único del proyecto aprobado por ella. El debate del proyecto se inició con la explicación de sus objetivos principales proporcionada por el señor Carrillo, jefe de la asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura, quien expresó que, entre otras materias, se pretende aclarar la situación de las comunidades respecto del beneficio de la condonación. Sobre el particular, distinguió entre las comunidades hereditarias originadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1992, las cuales podrán acceder a la condonación, y las que no tienen origen hereditario, las que gozarán de la condonación sólo si están formadas exclusivamente por personas naturales. Destacó, asimismo, que en el proyecto se proponen medidas para facilitar el trámite de donación de sitio y casa comprendidos en la asignación para acogerse a la condonación; se extiende el beneficio a las entidades que enumera, todas relacionadas con la reforma agraria o derivadas de ella, y se amplía el plazo para solicitar el otorgamiento del beneficio. En la Comisión se hizo presente la situación que afecta a los beneficiarios que se acogieron a convenios conforme a la ley Nº 18.337, y que mantenían contribuciones impagas a la fecha de promulgación de la ley Nº 19.041, por lo cual no pudieron acogerse a dicha norma, situación de la que la ley Nº 19.353 tampoco se hizo cargo. Así como de aquellas entidades o personas que adquirieron predios o retazos de terrenos de la reforma agraria, habiendo sido excluidos de los beneficios de la mencionada ley. La Comisión de Hacienda planteó varias modificaciones. Por ejemplo, incorporar a este beneficio a los campesinos que están en mora en relación con los convenios suscritos conforme a la ley Nº 18.337, como asimismo, que se extienda a aquéllos que hubieran adquirido predios o retazos de terrenos, hasta por el valor de un millón de pesos. El Ejecutivo formuló indicación para incorporar a los campesinos en mora, lo que se aprobó por unanimidad. También se aprobó otra indicación del Ejecutivo, que recoge en parte lo solicitado por la Comisión, en el sentido de que también se condonarán las deudas de aquellas corporaciones, fundaciones y demás organizaciones comunitarias que hayan adquirido predios de la reforma agraria y que estén destinados a fines deportivos, educacionales, sociales o comunitarios. Este proyecto de ley que prorroga la condonación de deudas de la reforma agraria a través del perfeccionamiento de la ley Nº 19.353, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, razón por la cual proponemos lo mismo a la Sala. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señores Diputados, como hay muchos parlamentarios inscritos para hacer uso de la palabra, hemos acordado un procedimiento expedito de trámite; a cada uno de ellos se le dará la palabra por cinco minutos. Tiene la palabra el Diputado señor Miguel Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, indudablemente, éste es un proyecto que tiene una especial importancia para quienes representamos zonas rurales, puesto que modifica la ley Nº 19.353, la que mostró fallas, y, además, por problemas en el reglamento que se dictó para su aplicación, sólo estuvo vigente durante siete meses, insuficientes para que la gente pudiera acceder al beneficio. Eso significó que menos del 50 por ciento de los potenciales beneficiados se acogieran a esta ley, situación que originó la presentación de este nuevo proyecto. Como aquí se ha dicho, el objetivo de este proyecto es ampliar el universo de beneficiados y facilitar, prioritariamente, la postulación de los ex parceleros Cora, deudores de la reforma agraria, al beneficio otorgado por la ley Nº 19.353. El proyecto del Ejecutivo amplía el universo de potenciales beneficiados y, afortunadamente, con la aprobación de indicaciones en la Comisión de Hacienda, se amplía aún más. Por eso, junto con destacar el rol que nos cupo a todos los parlamentarios de la Comisión de Agricultura para promover esta iniciativa, anuncio que la bancada Demócrata Cristiana la apoyará. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, este es un proyecto muy importante para los deudores Cora. Al respecto, quiero hacer presente que cuando despachamos la ley Nº 19.353, muchos advertimos que dada la enorme cantidad de requisitos exigidos para acogerse al beneficio, muchas personas, que de acuerdo con el espíritu de la ley quedaban comprendidas, en definitiva iban a quedar fuera. El tiempo ha terminado por dar la razón a quienes nos expresamos en ese sentido, puesto que hoy discutimos esta iniciativa cuyo objeto es perfeccionarla. Al mismo tiempo, deseo advertir desde ya que es muy probable que esto nos vuelva a ocurrir, porque como lo señalamos en las Comisiones de Agricultura, y de Hacienda, cada vez que conversamos en los distritos con deudores Cora, nos damos cuenta de un sinnúmero de situaciones distintas, y que, por el número de exigencias que deben cumplir para acogerse a la ley, muchos de ellos no han podido hacerlo. Por ello, mientras no avancemos a una condonación más generalizada y sin tantos condicionamientos, es probable que en poco tiempo más los parlamentarios volvamos a presentar proyectos de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo ampliar los alcances de la condonación y, con toda seguridad, nuevamente deberemos realizar muchas gestiones ante dicha instancia, con el fin de que, una vez más, envíe un proyecto de ley que, de alguna manera, contemple los casos que no han quedado incluidos. Hacemos este llamado de atención, porque sinceramente creemos que la única forma de resolver de una vez y para siempre el tema de los deudores Cora, es propiciando una iniciativa más generosa, que abarque, en lo posible, todas las situaciones que se han presentado a lo largo de estos años. Es la única manera -insisto- de resolver un problema social respecto de una deuda que, virtualmente, para muchos de estos deudores es imposible pagar. Al finalizar, quiero mencionar algo que también señalamos en la Comisión. Para muchos de nosotros fue realmente muy molesto leer el mensaje que acompaña al proyecto, puesto que en él sólo se hace un reconocimiento, con nombres y apellidos, de unos pocos Diputados, en el sentido de que habían mostrado mayor preocupación respecto del tema. Resulta muy inadecuado que en los mensajes se mencione a quienes han tenido participación en las iniciativas, más aún en este caso, por cuanto con anterioridad, una gran cantidad de parlamentarios, representantes de zonas rurales, presentamos proyectos de acuerdo relacionados con la materia. Por lo tanto, se discrimina odiosamente cuando en el mensaje sólo se menciona a algunos. Creo que es una práctica innecesaria. Para ser justos, o se obliga a incorporar a todos los parlamentarios que han mostrado preocupación por el tema o no se cita a nadie. Me parece que lo último sería el mejor procedimiento. En este sentido, el reclamo interpuesto ante la Comisión de Agricultura dio lugar a una rectificación del señor Ministro de Agricultura quien, a través de una carta que envió a la Comisión, debió hacer un reconocimiento a todos quienes hemos tenido una particular preocupación por el tema de los deudores Cora. Es un procedimiento que no debe volver a emplearse, porque -insisto- resulta odioso para muchos. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo. El señor NARANJO.- Señor Presidente, esta iniciativa enviada por el Ejecutivo persigue ampliar el número de los beneficiarios de la condonación de las deudas de las parcelas Cora. Indudablemente, el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo serio y ha dado un paso importante para restituir un sinnúmero de derechos a quienes les correspondía y que no fueron tomados en cuenta en su momento. Sin embargo, debemos reconocer que si bien es cierto se ha dado un paso importante, aún es insuficiente, porque -para decirlo con franqueza- se sigue cometiendo una tremenda injusticia, en especial con la gente más modesta y pobre del campo, aquélla que por su situación económica sólo pudo comprar retazos o pedazos de terreno. Lamentablemente, el Ejecutivo de nuevo ha querido dejarlos fuera, a pesar de que los miembros de la Comisión planteamos que nos parecía que aquellos modestos campesinos que compraron un sitio, un pequeño retazo de tierra, tenían más derecho que otros, con más de una parcela, a recibir el beneficio. Eso lo considerábamos más justo. Sin embargo, aun sin una justificación clara y precisa, el Gobierno no ha estimado conveniente incorporarlos. Lo más probable es que en un tiempo más nos veamos abocados, una vez más, a estudiar la posibilidad de incluirlos en el beneficio que otorga esta legislación. La tramitación de esta materia se ha hecho de una manera bastante poco habitual, puesto que cuando se analizó la primera iniciativa, perfectamente pudimos abordar todo lo que hoy está en discusión. Además, es probable que el día de mañana nos debamos abocar a incorporar en esta legislación a quienes hoy, nuevamente, han quedado fuera de sus beneficios. Lamento que no estén presentes en la Sala las autoridades competentes en la materia, los Ministros de Agricultura y de Hacienda, con quienes podríamos haber comentado, discutido y reflexionado sobre lo que planteo y lo que han hecho otros parlamentarios, ya que, de esa forma, estaríamos legislando de manera justa, en especial para la gente más modesta del campo. En todo caso, valoro el gesto del Gobierno de asumir que la primera vez que abordamos el tema hubo personas que quedaron al margen del beneficio. Sin embargo, espero, dado el buen criterio que siempre ha demostrado el Ejecutivo, que tome en consideración a quienes hoy, con justicia, reclamamos que sean considerados. Por estas consideraciones, el Partido Socialista respaldará en forma entusiasta la iniciativa. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, tal como se ha señalado, el proyecto es muy importante para las zonas rurales, en especial para todas las personas que tienen deudas pendientes por parcelas de la ex Cora. A muchos parlamentarios nos preocupa el tema y, en particular, la bancada del Partido por la Democracia considera importante que el proyecto sea aprobado, porque, en el contacto directo que hemos tenido con la gente, comprobamos que la iniciativa les solucionará muchos problemas. Por ejemplo, la ley no resuelve la situación de las sucesiones cuando el causante ha fallecido con anterioridad al 31 de diciembre de 1992. Hoy, el proyecto otorga el beneficio a las sucesiones de los causantes fallecidos con posterioridad a esa fecha. No cabe duda de que la ampliación del plazo a tres años es vital para que mucha gente modesta pueda demostrar que cumple con los requisitos para obtener el beneficio. En la Comisión se demostró claramente cómo las falencias de la ley significaron que muy pocas personas se acogieran a ella. Los informes dados a conocer demostraron que de un universo potencial de 30 mil beneficiarios, sólo 15 mil habían presentado solicitud. En definitiva, el proyecto soluciona problemas reales que verificamos los parlamentarios de las zonas rurales. Por eso, le daremos nuestro apoyo. No obstante, quiero dejar constancia -como lo han hecho otros señores Diputados- de que nos preocupa que no se otorgue el beneficio a personas que compraron, en distintas fechas, retazos de terrenos que, en la práctica, tienen menos superficie que dos parcelas. Esperamos que en el futuro se solucione este problema. Por lo expuesto, la bancada del Partido por la Democracia aprobará la iniciativa. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, el proyecto ha sido largamente esperado por muchos pequeños parceleros, comunidades y sucesiones del mundo agrícola que no pudieron acogerse al beneficio de condonación de las deudas Cora otorgado por la ley Nº 19.353. La iniciativa se origina en un proyecto de acuerdo que presenté hace varios meses y que fue suscrito por parlamentarios de todas las bancadas, precisamente recogiendo la inquietud de mucha gente que no pudo acogerse a la condonación de deudas derivadas del proceso de reforma agraria debido a que no pudieron cumplir con los requisitos y condiciones establecidas por la ley. En el proyecto de acuerdo se señalaron todos los casos recogidos en nuestro contacto con la gente del mundo rural. El mayor error que muchas veces cometemos en proyectos de esta naturaleza es no permitir que a quienes cumplan los requisitos exigidos por la ley, sin más trámites, se les otorgue el beneficio. Muchas veces, por falta de información, gente de muy escasos recursos no se puede acoger a una legislación de esta naturaleza. La forma definitiva de perfeccionar una normativa legal como ésta es condonar, en forma automática, las deudas a todos los que están en las situaciones descritas en la ley. En el trámite de las Comisiones de Agricultura, y de Hacienda, los parlamentarios fueron presentando distintos casos de personas naturales o jurídicas, o de comunidades o sucesiones que estaban impedidas de acogerse a la ley Nº 19.353, despachada hace algunos meses con el objetivo de condonar sus deudas. Sin lugar a dudas, una de las modificaciones más importantes del proyecto es aquélla que beneficiará a las sucesiones hereditarias, incorporadas en la letra f) de su artículo 2º. Muchos herederos de predios provenientes de la reforma agraria están impedidos de acogerse a la ley porque el parcelero original, habiendo tenido derecho a sus beneficios, falleció con posterioridad al 31 de diciembre de 1992. La Comisión de Hacienda, en su oportunidad, decidió no tramitar el proyecto mientras no se incorporaran en él dos situaciones muy importantes. Una, es la de los parceleros que se habían acogido con anterioridad a los convenios establecidos en la ley Nº 18.337 y que, por encontrarse en mora, su solicitud les había sido rechazada; la otra, está relacionada con todas las personas jurídicas sin fines de lucro que cuentan con predios provenientes de la reforma agraria, los cuales están destinados a objetivos deportivos, educacionales, sociales y comunitarios, cuyos montos de deudas, en conjunto, son de alrededor de mil millones de pesos. La situación de estos beneficiarios se incorporó en el artículo 2º del proyecto a través de una letra g) nueva. Quizás, lo más importante que podríamos haber obtenido con un proyecto de esta naturaleza dice relación con la posibilidad de que muchos parceleros originales recuperaran su porcentaje en los derechos sobre los bienes comunes y sus sitios, siempre y cuando el propietario actual de una ex parcela Cora los pudiera traspasar en forma gratuita. Ésta fue una exigencia que se agregó en la ley, pero ha sido un poco letra muerta, porque, en general, todos quienes se han acogido a ella son parceleros originales o sólo tienen una parcela. Creo que hemos perdido una herramienta muy eficaz para que muchos parceleros o sucesiones de parceleros originales hubiesen vuelto a tener su sitio y su porcentaje de los bienes comunes. Debemos reconocer que muchos de ellos fueron burlados, porque en las escrituras de venta se incluyó también el sitio y el bien común. La bancada de la UDI votará favorablemente el proyecto. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag. El señor SABAG.- En primer lugar, quiero agradecer al Ejecutivo el haber acogido las inquietudes de los diversos agricultores y parceleros, canalizadas a través de los parlamentarios de esta Cámara, que aprobamos un proyecto de acuerdo con el objeto de solicitar al Gobierno la ampliación de los beneficiarios de la ley N°19.353, que efectuaba las condonaciones de deudas derivadas de los procesos de reforma agraria. El proyecto, como ya se ha señalado, tiene como primera virtud ampliar el plazo para acogerse al beneficio otorgado por esta legislación. Éste se amplía hasta el 21 de noviembre de 1997. Es claro que la ley N°19.353, en los términos en que fue aprobada, dejó a mucha gente al margen de la condonación de deudas Cora. De 36.024 potenciales beneficiarios, sólo a 14.892 se les ha aprobado su solicitud, con lo cual una gran cantidad de agricultores quedó sin la posibilidad de acogerse al beneficio por inflexibilidades o disposiciones poco claras de la ley o por la interpretación que le dio el Tesorero General de la República. Por eso, las disposiciones del proyecto otorgan la posibilidad de resolver muchos casos, especialmente el de algunos ex parceleros que formaron sociedades con su señora e hijos; el de sucesiones en que el parcelero causante del beneficio había fallecido después del 31 de diciembre de 1992; asimismo, el de instituciones de beneficencia o sin fines de lucro, como clubes deportivos, que habían comprado parte de una parcela Cora. Espero que el proyecto solucione la inmensa mayoría de las situaciones, aunque, como lo han señalado los Diputados señores Galilea y Naranjo, es posible que todavía queden otras personas al margen de este beneficio. La idea fue tratar de acoger todas ellas en el proyecto. Ojalá que no tengamos que volver a discutir una tercera iniciativa en este sentido. Se conversó largamente con el Tesorero General de la República para que fuera amplio de criterio, pues el espíritu del legislador era ser lo más generoso en cuanto a las deudas de la reforma agraria. Por eso, la bancada democratacristiana, con el mayor agrado, va a votar favorablemente el proyecto de ley. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Queda un minuto al Diputado señor Jürgensen. Los señores Diputados Letelier, don Juan Pablo; Letelier, don Felipe, e Ignacio Walker, que están inscritos, podrán insertar sus intervenciones. Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- La verdad es que el deseo del Diputado señor Sabag es también nuestro, pero anuncio que seguramente en 1997 estaremos viendo otro proyecto de ley referido al mismo tema. La autoridad pretende cubrir el mayor universo posible de propietarios de hasta dos parcelas. Sin embargo, las exigencias no lo hacen posible. Hay informaciones que no concuerdan. Por ejemplo, el 19 de abril de 1994 la Tesorería nos decía que había 33 mil parcelas Cora, de las cuales el 67 por ciento eran propietarios de menos de dos de ellas. El 22 de mayo de 1996 la misma Tesorería nos informa de que aún hay 32.692 parcelas. Sin embargo, otras informaciones dicen que la ley N°19.353 otorgó el beneficio a 14 mil parceleros. Realmente, lo que correspondía hacer era bajar las exigencias de la ley N°19.353. Felizmente, en algo se resolvió el problema con la indicación del Gobierno, referida a los convenios de la ley N°18.337. Pero permanece la injusticia de aquellos deudores de convenios que todavía siguen estando morosos para el Fisco. Y hay injusticia sobre injusticia, razón por la cual a mí no me cabe la menor duda de que el próximo año estaremos viendo la posibilidad de beneficiar a otro sector de parceleros Cora, porque, incluso, la propia ley N°19.353 en una parte dice que deben estar al día en sus contribuciones para poder acceder al derecho. Sin embargo, en otra parte dice que bastaría un convenio celebrado ante la Tesorería y no importaría si se paga o no se paga. Por eso, aun cuando el proyecto es positivo, no tendrá el beneficio que espera la autoridad. También lamento que el Ministro de Agricultura no esté presente para analizar más profundamente los efectos de la iniciativa. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El Diputado señor Correa también podrá insertar su intervención. -En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento, se inserta la siguiente intervención no pronunciada en la Sala: El señor WALKER.- Señor Presidente, a las pocas semanas de haberse aprobado la ley Nº 19.353, que estableció una condonación de las deudas Cora que beneficiaba potencialmente a unos 30 mil agricultores, especialmente de la pequeña y mediana agricultura -de los cuales unos 15 mil ya se han acogido a dichos beneficios- recibí la visita, aquí en el Parlamento, de los dirigentes de las Sociedades Agrícolas Paihuén y La Mora, de la comuna de Cabildo; Chalaco y Sobrante, de la comuna de Petorca, ambas de la provincia de Petorca, Quinta Región. Ellos, junto al alcalde Eduardo Cerda, de Cabildo, y el concejal Osvaldo Toro, de Petorca, me hicieron ver su preocupación al constatar que, tal como estaba redactada la referida ley, sus beneficios no les alcanzarían por tratarse de sociedades agrícolas que no habían sido consideradas en la misma. Me pareció de toda justicia su reclamo y fue así como, con un grupo de Diputados, nos entrevistamos con el señor Ministro de Agricultura, a fin de que pudiera el Gobierno del Presidente Frei enviar un nuevo proyecto extendiendo los beneficios establecidos en la ley Nº 19.353 a las sociedades agrícolas que no habían sido consideradas inicialmente en la misma. Hoy esta Cámara de Diputados está dando su aprobación a este nuevo proyecto de ley que, como lo indica el mensaje presidencial, tiene por objeto “perfeccionar” la ley anterior, por lo que se justifica plenamente que lo estemos tratando en la tabla de Fácil Despacho, pues lo cierto es que la discusión sobre el fondo del tema ya se hizo en su oportunidad y muy en profundidad. Básicamente, en lo que me interesa como Diputado por el distrito 10 (provincia de Petorca), deseo celebrar que se contemple, en el artículo 2º de este proyecto de ley, la extensión de los beneficios de condonación de deudas Cora, a las personas jurídicas aquí establecidas, lo que beneficiará directamente a las sociedades agrícolas Paihuén y La Mora, de la comuna de Cabildo; Chalaco y Sobrante, de la comuna de Petorca, las que en total reúnen a unas 200 familias, si consideramos tanto a los accionistas originarios como a sus herederos. Esto cobra especial importancia en una provincia como la de Petorca, que ha vivido siete años de sequía, con un grave deterioro de la actividad agrícola, el que sólo en parte ha sido mitigado por el programa de sequía impulsado por el Gobierno del Presidente Frei -quien a comienzos de este año visitó personalmente la zona-, con una tasa de desempleo de 14 por ciento para la provincia, es decir, el doble de la tasa que afecta a la Quinta Región, que es de un 7 por ciento. Por todas estas consideraciones, daré mi voto favorable a este proyecto, solicitando a la Sala que tenga a bien dar su aprobación unánime al mismo. He dicho, señor Presidente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Ávila, Balbontín, Caminondo, Ceroni, Chadwick, Correa, Dupré, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Galilea, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Karelovic, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Melero, Munizaga, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Pérez (don Víctor), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Soria, Tohá, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Venegas, Vilches, Villouta, Walker y Zambrano. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- La Comisión de Hacienda ha presentado algunas indicaciones. Del tenor del debate, presumo que podrían aprobarse de inmediato, en lugar de que el proyecto vuelva a Comisión. Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad. Aprobadas. En consecuencia, queda también aprobado en particular. Despachado el proyecto.MEJORAMIENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL NO DOCENTE. Tercer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, en tercer trámite constitucional, que establece normas y concede un aumento de remuneraciones para el personal no docente de establecimientos educacionales. La iniciativa contiene disposiciones de ley orgánica constitucional y de quórum calificado. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 1741-04, sesión 8ª, en 18 de junio de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Está presente en la Sala el Ministro de Educación, don Sergio Molina. Las modificaciones del Senado son diversas y no sé si el Diputado informante del proyecto en el primer trámite constitucional o el señor Ministro desean ilustrar a la Corporación al respecto. Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, solicité intervenir para referirme en general a todas las modificaciones del Senado. Sin embargo, deseo, primero, que el Ministro de Educación dé a conocer la posición oficial del Gobierno. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, no se trata de una discusión general, sino de analizar una por una las enmiendas introducidas por el Senado. Naturalmente, si el señor Ministro o el Diputado informante desean intervenir en forma global, sería conveniente para nosotros, pero luego, deberemos ir por parte, porque de otra manera no terminaremos nunca de despacharlo. ¿Quién fue el Diputado informante?El señor ORTIZ.- El Diputado señor Rodríguez, por lo cual no deseo asumir responsabilidades que no me corresponden. El señor ULLOA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría sobre una cuestión de procedimiento. El señor ULLOA.- Señor Presidente, por su intermedio, deseo consultar a la Sala si existe la posibilidad de votar en conjunto las modificaciones del Senado, dado que se necesita despachar el proyecto y hay atraso. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- La tramitación del proyecto se rige por el artículo 153 del Reglamento y hoy deberá ser despachado. Tiene la palabra el señor Ortiz.El señor ORTIZ.- Si la Mesa lo desea, puedo explicar las modificaciones, pero no quería pasar a llevar al Diputado señor Rodríguez. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Puede ser cualquier señor Diputado; no es obligación que sea uno u otro. Puede continuar Su Señoría. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, trataré de ser muy sucinto respecto de las modificaciones del Senado a este proyecto de larga data, cuya tramitación comenzó en 1993. En 1995 se cambió totalmente, y en lugar de ser un estatuto del no docente, se transformó en una iniciativa legal de aumento de remuneraciones para los casi 35 mil funcionarios que dependen de las municipalidades y de los colegios particulares subvencionados, que alcanzan al 92 por ciento de los 10 mil establecimientos educacionales que existen en el país. La primera enmienda es muy importante, porque cuando se trató el proyecto en esta Cámara en primer trámite constitucional, se planteó que el aumento de remuneraciones no era con efecto retroactivo, es decir, a contar del 1º de enero de 1996. Sin embargo, en la Comisión de Educación de esta Cámara un grupo de parlamentarios presentamos una indicación en ese sentido, pero el Gobierno la rechazó. Pero, como en el Senado las cosas se negocian y se llega a buenos acuerdos, se estableció que la retroactividad era de justicia. Me alegro que así haya ocurrido por el bien del proyecto, porque lo importante es cumplir con su objetivo. El artículo 1º aumenta, a contar del 1º de enero de 1996, en casi 19 mil pesos como promedio, las remuneraciones del personal no docente. No olvidemos que todo el financiamiento de la educación se hace a través de la Unidad de Subvención Educacional. Ahora el aumento está determinado en función del promedio de asistencia, pues así se estipula en el sistema tan especial que tenemos para financiar la educación, que en algunas municipalidades es mucho más alto, más de 80 mil pesos, y en otras, sólo de 15 mil ó 16 mil pesos. Desde el punto de vista técnico, el Senado ha intercalado un inciso tercero nuevo, que señala que en el cálculo a que se refiere el inciso primero se incluirá la subvención de internado, lo que también incide en el personal no docente de esas reparticiones. A continuación, hace adecuaciones formales de redacción para precisar cómo operará esta subvención. En el artículo 2º se establece quienes recibirán este beneficio, en este caso, todos los no docentes que estén ejerciendo su labor en establecimientos o unidades educativas municipales; todo el personal que ejerza su labor en colegios particulares subvencionados, y el personal afecto al decreto Nº 3.166, de 1980, que corresponde a los 76 colegios técnicos-profesionales dirigidos por corporaciones privadas sin fines de lucro -entre comillas- de origen empresarial. No están afectos a este justo beneficio, que debiera ser para todos, los no docentes adjuntos a los departamentos de educación municipal, el personal de talleres de mantención de establecimientos educacionales, los vigilantes nocturnos de esos establecimientos, el personal de salas cuna, del Daem y de las corporaciones municipales que atienden a los hijos de los funcionarios. Esperamos que este tipo de situaciones será uno de los temas que abordaremos en el gran proyecto de reforma educacional. En segundo término, se señalan las personas que desempeñan las diferentes actividades en los cargos de no docentes. En el artículo 6º se modifica el derecho de asociación funcionaria del personal no docente de los establecimientos educacionales -quienes se rigen por el Código del Trabajo-, y se especifica claramente que también quedarán sometidos a las disposiciones de la ley Nº 19.296. El resto de las modificaciones son más bien adecuaciones. Así establece que la ley, en vez de regir a partir del 1º del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial, regirá desde el 1º de enero de 1996. Este beneficio se pagará en función de esta subvención especial, pero en 1997 se contemplarán en la Ley de Presupuestos de la Nación los fondos necesarios para financiarlo. Lo destaco, porque es un punto que nos corresponderá tratar en septiembre de este año. Me interesa recalcar tres cosas. En primer lugar, en el artículo 16 se dispone el otorgamiento de una subvención especial complementaria, por una sola vez, para estos 35 mil funcionarios, cuyo monto será de 76 mil pesos, con un costo para el erario nacional de aproximadamente 2.700 millones de pesos. Se pagará dentro del plazo de quince días, contados desde la publicación de la ley. Se calcula que el costo del aumento de remuneraciones asciende a un poco más de 9.200 millones de pesos en 1996. Solicito que aprobemos todas las modificaciones del Senado para que los no docentes puedan recibir este bono de 76 mil pesos, y, con efecto retroactivo, el aumento de remuneraciones. Quiero destacar que el señor Ministro de Educación, en representación del Gobierno, durante la discusión del proyecto en el Senado, se comprometió a buscar el camino para que opere efectivamente el sistema de perfeccionamiento para este personal tan importante de la educación chilena. Además, se planteó el tema de las 44 horas semanales, que en este instante son 48. Por otro lado, los no docentes expresaron que así como fuimos capaces de sacar la ley Nº19.410 -la cual, en justicia y por primera vez permite jubilar con la última renta a los docentes que cumplan con los requisitos para hacerlo, es decir, tener 60 años las mujeres y 65 los hombres, y contar a lo menos con 30 años de servicio-, ahora hagamos posible que ellos puedan pensionarse con la última renta más una indemnización especial. Naturalmente, ellos aspiran a que en la próxima legislación o en proyectos de ley en el Poder Legislativo, se considere esta aspiración. Por último, un punto de discusión adicional es el de la asignación de zona. En el momento oportuno tendremos que ver cómo lo enfrentamos. Desde un punto de vista democrático, no estoy de acuerdo con la interpretación de que estos funcionarios que desempeñan cargos no docentes, no tendrían posibilidad de aspirar a cargos de representación popular. Expreso esto, porque en la Comisión de Hacienda del Senado, se presentó una indicación para darle esa interpretación legal, la cual fue rechazada por considerar que era inconstitucional, ya que no contaba con el patrocinio del Ejecutivo. Es un tema pendiente. Termino señalando que las modificaciones del Senado mejoran el proyecto. Quedó claramente establecido que los concejos comunales, a petición del alcalde, irán viendo en qué forma se fija un reglamento para los no docentes, como también las posibilidades de aumentos especiales, pero con fondos de las respectivas municipalidades. Por eso, personalmente, solicito la aprobación de todas las enmiendas del Senado. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Al parecer, tendremos que discutir en general las modificaciones del Senado, pues hay muchos señores Diputados inscritos. Por lo tanto, les ruego remitirse al tiempo de su primer discurso, que es de cinco minutos. Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, la bancada socialista aprobará las modificaciones del Senado única y exclusivamente para que se cumpla con prontitud lo establecido en el artículo 16, que otorga un bono de 76.000 pesos a los trabajadores no docentes de la educación. Quiero contradecir lo señalado por el Diputado señor Ortiz, pues el proyecto en ninguna parte establece que a contar del 1 de enero de 1996 se otorgará un aumento de remuneraciones de 19.000 pesos en promedio. ¡En ninguna parte! Su artículo 1º crea, a contar del día 1º de enero de 1996, una subvención destinada a aumentar las remuneraciones del personal no docente, pero no hay una norma expresa que establezca un monto, como debió hacerse, sino que con esa subvención se espera que los sostenedores municipales y particulares del sistema educacional otorguen el aumento. Digo esto, porque lo prescrito en el inciso final del artículo 1º, es decir, la sanción señalada en el artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 5 del Ministerio de Educación, de 1993, por incumplimiento de la norma -cuando el sostenedor no entregue la subvención a los no docentes-, es letra muerta. Tanto es así que hay sostenedores, incluso municipales, que hasta hoy no cumplen con el pago de la previsión, y no pasa nada. Se ha reclamado a la Dirección del Trabajo, y tampoco pasa nada. Estoy seguro de que mientras no se establezca una norma que sancione penalmente a los sostenedores que no canalizan los dineros a su verdadero destino, esto no se cumplirá. Por ello, repito, aprobaremos el proyecto única y exclusivamente porque otorga una bonificación, pero tal como está redactado y la experiencia observada en la aplicación de los instrumentos que se mencionan, no garantizan que los no docentes recibirán el aumento. También quiero manifestar que tenemos una gran deuda con los trabajadores no docentes, quienes pidieron la dictación de un estatuto que los rija, pero al final del gobierno del señor Aylwin, cometieron el error de solicitar su retiro. Dicho estatuto no volvió a trámite legislativo, sino sólo una norma que establece un bono con la posibilidad de un aumento significativo que, a lo mejor, sólo beneficiará, como lo dije anteriormente, a los sostenedores. Pero estamos en deuda, y hay deudas que son impagables. Quiero señalar que algunos seguiremos insistiendo en que dicho estatuto se dicte, para que el personal docente y el no docente obtengan los mismos beneficios, pues no es posible que sólo el director y el profesor ganen asignación de zona, y no el auxiliar. Reitero que hay deudas que no se pagan. Por último, deseo rendir un homenaje a don Jorge Ávalos, trabajador no docente de Antofagasta, presidente de los trabajadores desde que se inició el sistema municipal, quien después de tanta tramitación y esfuerzos no podrá recibir este beneficio, porque, lamentablemente, hace algunos días falleció. Y esta norma no otorga el beneficio ni siquiera como herencia, sino que muere junto con el trabajador. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, en las distintas instancias de la tramitación del proyecto hemos señalado que lo reconocemos como un avance, pero que resulta insuficiente, debido a que los recursos son escasos. Al respecto, vale la pena destacar lo que señaló el Diputado señor Valenzuela, en el sentido de que en ninguna parte del proyecto se dispone que los trabajadores no docentes recibirán, en promedio, 18.000 ó 19.000 pesos mensuales como incremento de sus remuneraciones. Es importante hacer la salvedad y aclaración, porque esa información distorsionada, de alguna manera está llegando a los funcionarios no docentes, muchos de los cuales ya han asumido que su remuneración será incrementada en el valor señalado, pero la verdad es que unos recibirán más y otros menos. Eso debe quedar muy claro para no generar falsas expectativas en estos trabajadores. Decía que los recursos son insuficientes e, incluso, tardíos. Al respecto, quiero recordar que hicimos serios esfuerzos para que la bonificación de 76.000 pesos se entregara anticipadamente, independientemente de la tramitación del proyecto. En enero lo intentamos, y a pesar de que en un principio el Ministro de Educación estaba de acuerdo, posteriormente manifestó la imposibilidad de acceder a separar lo relativo a la bonificación para darle un trámite más normal al resto de la iniciativa. En esa ocasión dijimos que iba a pasar el tiempo y que los trabajadores no recibirían este beneficio en el corto plazo. Por desgracia, tuvimos mucha razón, pues estamos llegando al mes de julio y recién este importante grupo de trabajadores de la educación tendrá la posibilidad de recibirlo. Algunos dirán más vale tarde que nunca, pero, en verdad, a veces es mejor recibir a tiempo algunos beneficios y no con retardo. También señalamos que el proyecto era insuficiente, porque la forma determinada para la distribución era poco equitativa, pues a pesar de cumplir la misma función, algunos recibirán un monto bastante inferior, y otros, bastante superior a los 18.000 pesos. Dijimos que era insuficiente, porque deja abierta la posibilidad de arbitrariedad de las alcaldías o de otras instituciones. Nunca hemos sostenido ni planteado la inamovilidad de los trabajadores, pero sí su seguridad laboral dentro de parámetros conocidos. Todos sabemos que algunos alcaldes aplicarán la legislación en forma objetiva, pero, lamentablemente, otros usarán distintos antecedentes y argumentos, por ejemplo, políticos, para poner término al trabajo de algunos de estos funcionarios. Lo consideramos insuficiente, porque tampoco se pronuncia respecto de la jornada de trabajo. No queda definido el máximo de horas que, si bien está consagrado en el Código del Trabajo, todos sabemos que a los funcionarios no docentes, en particular a los auxiliares, se les utiliza mucho más en labores que no son propias del establecimiento, superando con creces las 48 horas que establece la legislación laboral y sin reconocérselas como horas extraordinarias. Tampoco se incorpora -lo señaló el Diputado informante- a los funcionarios de los departamentos de administración educacional municipal ni a los que trabajan en las corporaciones. Ello constituye una discriminación odiosa en contra de este grupo de trabajadores que, por de pronto, no recibirán el bono de 76.000 pesos -digámoslo con toda claridad-, salvo que las municipalidades resuelvan, motu proprio, de su presupuesto, entregarles y reconocerles uno similar. La negociación colectiva es otro tema contenido en el proyecto, pero no sabemos si producirá beneficios o resultará negativa. Creemos que, dada la situación que afecta a las municipalidades en materia educacional, probablemente perjudicará a quienes opten por esta alternativa. A pesar de todas estas insuficiencias, que bien vale la pena señalar nuevamente, y dado que lo consideramos un avance, Renovación Nacional va a apoyar el proyecto, en el entendido de que el sector de funcionarios no docentes ya está cansado y rendido ante la imposibilidad de obtener mayores beneficios. Han bajado los brazos frente al convencimiento de que ya no cuentan con medidas de presión. Desgraciadamente, no son los mineros del carbón, no son los profesores del país. Pareciera que están condenados a no tener más herramientas de presión que el simple diálogo para convencer a la autoridad de otorgarles mejores remuneraciones. En ese sentido, coincido con el Diputado señor Valenzuela en cuanto a que ha quedado una deuda tremenda, la cual espero que algún día, ojalá en un plazo más corto que lejano, se pueda cumplir. Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Está en su derecho conceder interrupciones, señor Diputado, pero para rectificar hechos o precisar conceptos. Tiene la palabra, por dos minutos, el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, quiero tocar un aspecto que el Diputado señor Rodríguez soslayó, pero que considero importante para la historia de la ley, en especial para que los funcionarios no docentes de establecimientos educacionales dependientes de corporaciones privadas sin fines de lucro, creadas por las municipalidades para administrar la educación municipal, tengan clara conciencia de cuál es el mecanismo por el que podrán obtener un mejoramiento de remuneraciones. De conformidad con el artículo 15 del proyecto, este personal tiene derecho a negociar colectivamente. La única modificación del Senado en esta materia consiste en establecer que los criterios de promoción serán el desempeño, experiencia, perfeccionamiento y responsabilidad. Me pregunto, ¿qué posibilidad va a tener -como lo señalaba el Diputado señor Rodríguez- el personal no docente de establecimientos educacionales administrados por corporaciones municipales, de obtener mejoramiento de sus remuneraciones si todos sabemos que las corporaciones están quebradas y que las municipalidades escasamente les entregan los recursos indispensables para pagar sus actuales remuneraciones? ¿Es ésa la forma de asegurarles el aumento de remuneraciones? ¿No es acaso el artículo una verdadera burla para estos trabajadores? Quiero dejar claramente establecido -con ese objeto solicité la interrupción- que esta norma, que el Senado no modificó, en la práctica significará que ese personal no obtendrá el mejoramiento adecuado de sus remuneraciones, porque las corporaciones no tienen recursos, ya que las municipalidades, muchas veces, no les entregan ni siquiera lo indispensable para que puedan funcionar. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Señor Diputado, terminó su tiempo. Le restan 20 segundos al Diputado señor Claudio Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, sólo deseo manifestar mi confianza y la esperanza de que este Parlamento, por lo menos la Cámara, siga trabajando para saldar esta deuda pendiente con los no docentes. Se ha hablado de reformar y modernizar la educación, y esos trabajadores, por cierto, son parte integrante de ella y no pueden quedar al margen. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado don Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, este proyecto obtendrá el consenso para ser aprobado sólo porque entrega a un grupo importante de trabajadores de la educación chilena un bono de alrededor de 76 mil pesos y la posibilidad, sólo la posibilidad -en esto concuerdo con el Diputado señor Valenzuela- de que, a través del mecanismo de la subvención, logren un aumento retroactivo de remuneraciones a partir del 1º de enero de 1996, y ello gracias a las disposiciones del Senado, que son más avanzadas que las de la Cámara. Sin embargo, uno no puede dejar de señalar, en esta ocasión en que estamos terminando la discusión de este proyecto que, sin duda, nos enfrentamos a la falta de voluntad política del Gobierno y de los parlamentarios de la Concertación para avanzar más en el tema del estatuto de los no docentes. Quiero recordar que el propio Ejecutivo presentó, en 1992 ó 1993 -no recuerdo exactamente al año-, un proyecto de estatuto para los no docentes, el que se debatió y aprobó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, lo que significa que existe una manifestación clara de tomar un determinado camino para resolver los problemas de los trabajadores de la educación que, en 1991, quedaron fuera del Estatuto Docente, a pesar de que parlamentarios de Oposición, en particular el Senador señor Cantuarias, presentaron indicaciones para incorporarlos, y que, por acción del Ejecutivo, no fue posible llevarlas adelante. Asimismo, parlamentarios de la Concertación, como el Diputado señor Ortiz, también lo plantearon en la Comisión de Educación. Por lo tanto, el punto de fondo es que el Gobierno no ha tenido voluntad política y los parlamentarios de la Concertación no han sido capaces de convencerlo para avanzar en esta materia. Por consiguiente, nos vemos enfrentados a trabajadores de la educación que laboran en establecimientos educacionales, pero que no forman parte de un estatuto como el de los profesores. Es decir, existen trabajadores de la educación que se rigen por normas distintas. Es el caso de los profesionales de la educación: los docentes. Además, son discriminados, ya que cuando ellos realizan su trabajo no en un establecimiento educacional, sino que, por ejemplo, en los departamentos de educación, ni siquiera tienen derecho al bono, a reajustes de remuneraciones. Además, también se ven afectados en materia de vacaciones. Como consecuencia de esta falta de voluntad política del Gobierno y de la incapacidad de los parlamentarios de la Concertación de revertir esa situación, no podemos avanzar realmente en la solución de los verdaderos problemas laborales que hoy afectan a un sector significativo -concuerdo con el Diputado señor Rodríguez en que no pueden presionar como los mineros del carbón- que ha tenido enorme paciencia en todo el proceso de negociación. Cuando uno habla con ellos -he conversado con los no docentes de mi distrito-, nos han instado a que aprobemos este proyecto, a pesar de todas sus falencias. Lo hacen, porque han bajado las manos, porque se han cansado, porque se han frustrado en esta incesante búsqueda, a través del diálogo, de tratar de equipararse con otros trabajadores de la educación, los docentes, en un sinnúmero de materias, como feriados, traslados, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos frente a un grupo de trabajadores que tienen una suerte de debilidad respecto de otros, lo que no es resuelto por el proyecto, a pesar de que se les ofreció hacerlo; pero ello fue una promesa incumplida, graficada en el proyecto de estatuto que fue retirado el año pasado por el Gobierno de la Concertación. En consecuencia, la bancada de la UDI manifiesta su voluntad de aprobar el proyecto, pero deja constancia de que lo hace sólo en la perspectiva de que éste significa un bono y un aumento de remuneraciones, eventualmente a partir del 1 de enero de 1996, para los no docentes. Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Bombal. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Bombal por dos minutos, con cargo al tiempo de su segundo discurso. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, se ha dicho esta mañana que los sostenedores no pagan ni enteran los fondos previsionales -lo señalaba el Diputado señor Valenzuela-, lo que probablemente es así. A propósito de este proyecto, quiero recabar del presidente de la Comisión de Educación y de todos sus integrantes algo que es mucho más delicado: que averigüen e informen a esta Cámara qué sucede con las municipalidades. Porque a un sostenedor no se le otorga la subvención si no paga las cotizaciones previsionales; y las municipalidades reciben los fondos para ese efecto. Señor Presidente, dado que en este momento no puedo solicitarlo reglamentariamente, pido, por su intermedio, al presidente de la Comisión y a sus integrantes, que hagan la consulta e informen a la Cámara sobre cómo se han cancelado las subvenciones a todas las municipalidades o a las corporaciones dependientes de éstas, y si han enterado los fondos previsionales. El Parlamento recibirá una gran sorpresa cuando vea que las municipalidades no enteran los fondos previsionales de sus trabajadores. Es una situación gravísima. Lamento que se haya ausentado de la Sala el Ministro de Educación, porque podría haber informado sobre esta situación. No siempre debemos mirar a los sostenedores privados como los que no cumplen. Aquí hay un sostenedor principalísimo, los municipios, que no ha cumplido con las obligaciones previsionales. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Recupera la palabra el Diputado señor Víctor Pérez, a quien le queda un minuto. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, reitero la voluntad de la bancada de la UDI de aprobar las modificaciones del Honorable Senado en el contexto que manifesté en mi intervención. He dicho. El señor ORTIZ.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero clarificar el tema, porque se habla de que este es un beneficio eventual, ya que no hay ningún antecedente concreto. Como conozco la materia, deseo especificarla, de lo contrario, quedará en el aire. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Reglamentariamente, no hay Diputado informante. Nos quedan 15 minutos, y sólo han hecho uso de la palabra 8 señores Diputados. En consecuencia, debo solicitar la venia de la Sala para concederle le palabra a Su Señoría. Varios señores DIPUTADOS.- No hay acuerdo, señor Presidente. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, adhiero a las expresiones de los señores parlamentarios que han dicho que este proyecto es insuficiente. Hubo un largo peregrinaje de los dirigentes de los trabajadores no docentes para ser considerados en una iniciativa relacionada no sólo con el tema de sus remuneraciones, sino con un estatuto que regule sus actividades y que garantice, por supuesto, sus condiciones laborales. Sin embargo, nos encontramos con un proyecto que, a mi juicio, revela la escasa cantidad de recursos que se destinan a un gremio que contribuye de manera tan importante, al igual que los docentes, a la educación de los niños de este país. El proyecto no aborda algunas materias, como una mayor equidad en la distribución de la subvención otorgada por el artículo 1º, ya que no es culpa de los no docentes recibir menos por pertenecer a una comuna donde hay un número mayor de estos trabajadores, como tampoco lo es recibir más por pertenecer a comunas en que existe un número reducido de ellos. No me explico cuál fue el criterio empleado para establecer esta distribución. En segundo término, el proyecto deja marginados de estos beneficios a 5 mil no docentes, que son los funcionarios de las direcciones de educación municipal. Si hemos sido capaces de reconocer el trabajo que realizan en favor de la tarea educacional los funcionarios no docentes que laboran en los colegios, deberíamos ser consecuentes y reconocer ese mismo derecho a quienes lo hacen en los departamentos o direcciones de educación de los respectivos municipios. Quiero entregar un reconocimiento al Gobierno y al señor Ministro por haber dado curso a un proyecto que, aunque no es de la entera satisfacción para ese sector de trabajadores, le da una solución, la que ha sido esperada durante casi dieciséis años. No quiero politizar el tema, pero no puedo dejar pasar las expresiones de los Diputados que han reclamado que este Gobierno no ha tenido la voluntad política para atender una demanda tan sentida, en circunstancias de que, durante la década de los 80, el Gobierno que apoyaron quienes hoy critican estas medidas, no fue capaz de atender las necesidades de los no docentes ni mucho menos de los miles de docentes que fueron exonerados sin ninguna consideración. Es bueno poner las cosas en su lugar, y señalar que no se preocuparon de las condiciones de esos trabajadores durante diez años. Bajo el régimen del general Pinochet y durante la gestión del ex Ministro señor Büchi, se traspasaron los establecimientos educacionales a los municipios, lo que se hizo sin otorgar los recursos ni entregar las posibilidades reales para que esos trabajadores, tanto docentes como no docentes, pudieran defender sus derechos. Por tanto, vaya un reconocimiento para el Gobierno de la Concertación, que ha atendido una demanda formulada hace más de quince años. Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción a la Diputada señorita María Antonieta Saa. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señorita Saa. La señorita SAA.- Señor Presidente, me es muy difícil entender los reclamos de la bancada del frente. Aquí tengo una declaración del Presidente de Renovación Nacional, señor Andrés Allamand, que dice: “...el actual contexto legal es una camisa de fuerza que impide una gestión eficiente en los colegios municipales.” La Oposición no ha sido partidaria de los estatutos. El Estatuto Docente y sus modificaciones fueron fruto de muchas discusiones. Sin embargo, ahora escucho las lamentaciones por los efectos que esta iniciativa ocasiona a los trabajadores, en circunstancias de que lo que plantea la Oposición es el contrato laboral, la flexibilidad laboral. ¡Entonces, no rasguemos vestiduras y seamos coherentes! Eso es con cargo a la Derecha; pero creo que todos lamentamos lo de los trabajadores no docentes. Mi partido va a votar favorablemente las modificaciones, por considerarlas un mal menor. Sin embargo, va a tratar de mejorar la situación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Recupera la palabra el Diputado señor Tuma. El señor TUMA.- He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, en realidad, habría que levantarles un monumento a los funcionarios no docentes por su paciencia extraordinaria para esperar el proyecto. Tal como han dicho ahora último algunos oradores, su debate se prolonga desde hace muchos años, de modo que no es cosa de hace pocos. Funcionarios de otros ministerios también lamentan y formulan peticiones de mejoramiento de remuneraciones. En el caso de Obras Públicas, una cantidad inmensa ha renunciando y no se ha podido llenar las vacantes en una función tan importante. De manera que el Gobierno trata de resolver la situación en la medida de sus fuerzas. Los alcaldes, como dijo el colega Bombal, tienen una gran responsabilidad, porque muchos funcionarios no cumplen sus labores propias en establecimientos educacionales y son distraídos en funciones del todo ajenas, lo que provoca un mal uso de los fondos de educación. En más de una oportunidad he dicho que los funcionarios deben organizarse a nivel nacional, porque quedan muchas tareas por cumplir. Con cierta frecuencia, una zonal, una provincial o una regional aparece con peticiones totalmente diferentes a las que se han planteado en la Comisión. Por esta razón, a veces, se hace difícil resolver o saber cuál es la petición de las mayorías. Indudablemente, deberían ser las que tienen representaciones nacionales y que han sido recibidas. Aún así, todavía faltan muchas cosas. Quiero destacar que algunas modificaciones mejoran el proyecto. Por ejemplo, el personal no docente podrá ser afiliado a las cajas de compensación o mutuales de seguridad que tienen las municipalidades o las corporaciones y recibirá un mejor beneficio. No cabe duda de que seguiremos estudiando nuevas fórmulas. No sería extraño que antes de un año tengamos que decidir peticiones que quedan pendientes. Entendemos que son lógicas y que deben ser trabajo mancomunado de la Comisión de Educación y de los dirigentes. Esperamos que la iniciativa se transforme en ley a la mayor brevedad posible y que los municipios apliquen con el máximo de celeridad las medidas, que van a permitir sistemas particulares de promoción al personal no docente. Dado que no está en la Sala el señor Ministro en este momento, debo informar que existe su compromiso a fin de que el Centro de Perfeccionamiento de la Educación sirva para mejorar la capacitación del personal y, por ende, conseguir que los municipios le otorguen las bonificaciones especiales que están dentro de la normativa. Si queda tiempo, concedo una interrupción al honorable señor Gutiérrez. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, el Reglamento no permite lo que se hizo recientemente. Lamento haberlo autorizado, porque altera el orden del debate. Muchos señores Diputados desean hacer uso de la palabra, y las interrupciones son sólo para precisar o rectificar a quien esté hablando; no para alterar el orden de los Diputados inscritos. Por tal razón, entiendo que el señor Gutiérrez desea intervenir, no hacer una rectificación a lo que señaló Su Señoría. Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, como ya se ha anunciado, la bancada del Partido Renovación Nacional, por cuanto se establece un mejoramiento de remuneraciones y existe una situación que se ha dilatado durante mucho tiempo, va a votar a favor las modificaciones, sin que el proyecto satisfaga completamente. Sin embargo, quiero precisar algunos alcances y clarificar otros, para evitar interpretaciones que podrían desnaturalizarlo. En primer lugar, me alegra que el Senado establezca el beneficio con efecto retroactivo al 1º de enero de 1996. La subvención tendrá por único propósito aumentar las remuneraciones del personal no docente. Es decir, el dinero no podrá tener otro destino que mejorar sus remuneraciones. No podrá ser guardado, sino distribuido entre los funcionarios no docentes. Lo anterior porque el artículo 7º que propone el Senado, a mi juicio, impone a las municipalidades una obligación que carece del financiamiento respectivo, pues señala: “Las municipalidades, por intermedio de sus respectivos departamentos de administración educacional, cualquiera sea su denominación, deberán establecer sistemas particulares de promoción del personal no docente de los establecimientos educacionales administrados directamente por éstos.” ¿Qué se entiende por sistema de promoción? Obviamente, que los funcionarios vayan accediendo a mejores niveles de renta. ¿Con qué recursos se financiarán? Podríamos alegar inconstitucionalidad de la norma por no tener financiamiento. Sin embargo, no queremos obstaculizar que el proyecto, a la brevedad posible, se transforme en ley de la República. Queremos llamar la atención del Gobierno para que la situación se arregle y no ocurra lo que sucedió con los profesores en el Estatuto Docente, en que después no tuvieron financiamiento muchos de los beneficios consagrados en ese cuerpo legal, y reiterada, y masivamente debimos recibir los reclamos. Ojalá ahora no ocurra lo mismo y se disponga de los recursos suficientes para que el sistema de promoción opere y los funcionarios no docentes, en la medida que cumplan los requisitos, puedan acceder a mejores niveles de renta. En segundo lugar, me parece importante la supresión que hace el Senado, en el artículo 8º, de la expresión “imponible y tributable”, referida al aumento de remuneraciones que se concede. A mi juicio, la modificación no está referida al hecho de que el aumento de remuneraciones no sea imponible ni tributable, sino porque está de más. No se necesita decir que será imponible y tributable, porque la norma general rige para todas las remuneraciones. Es importante, porque no quiero que se interprete que este aumento de remuneraciones no va a ser imponible ni tributable. Básicamente, me preocupa la imponibilidad, porque estaríamos ocasionándoles un perjuicio a los trabajadores al momento de jubilar. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, ruego a mis colegas guardar silencio. Todos tenemos gran interés por la situación de los funcionarios no docentes, pero, muchas veces, carecemos de la capacidad de escuchar las modestas contribuciones de los señores Diputados. Otra precisión extraordinariamente importante del Senado es en el artículo 16, que establece, por única vez, una subvención complementaria de 76 mil pesos. En mi opinión, dicho beneficio debe extenderse a los funcionarios de los departamentos de educación municipal. El tema no es menor. El Diputado señor Claudio Rodríguez estima que no tendrían derecho, pero yo interpreto la norma exactamente al revés: los funcionarios de los departamentos de educación municipal tienen derecho, porque el único requisito para acceder al beneficio es que se trate de personas no regidas por la ley Nº 19.070, es decir, por el Estatuto Docente. Los funcionarios que realizan tareas no docentes en los departamentos de educación municipal tienen derecho a los 76 mil pesos. En consecuencia, deberá proveerse los recursos para que también se les pague. Finalmente, el proyecto no contiene un aspecto central, y el Ejecutivo debería tomarlo en cuenta. Todos los señores Diputados que han intervenido lo han señalado con claridad: el envío de proyectos de ley, uno que incorpore al personal de educación municipal a estos beneficios, y otro, que cree un fondo de jubilación para funcionarios no docentes, similar al de los profesores. Quienes han entregado su vida al servicio de la educación, a través de largas jornadas laborales, muchos con los requisitos para jubilar, tienen el derecho de retirarse a un merecido descanso con las indemnizaciones correspondientes. Los parlamentarios veríamos con sumo agrado esta sentida aspiración del gremio cuando se envíe el proyecto de ley que la contemple. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En los dos minutos que restan del Orden del Día, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, no hay duda de que el tema interesa; pero, después del largo debate, que partió hace cuatro años, deberíamos reconocer que el Congreso lo ha hecho mal, la Cámara y el Senado, pues no logramos que se estableciera un estatuto más claro para el conjunto de personas que está en tierra de nadie, que son y debieran ser tratados como funcionarios públicos, piezas fundamentales en la labor desarrollada por los municipios en la educación. Es incomprensible que no exista un estatuto, y lo lamentamos mucho. Nuestro propósito era establecerlo para dar estabilidad a estos trabajadores; pero en el momento de los “quiubos”, sectores de Oposición, como fue el caso del presidente de Renovación Nacional, señor Andrés Allamand, en la práctica, estuvieron en contra de él, y se ha dejado fuera del proyecto “parche” -los socialistas no podemos entenderlo de otra manera- a quienes en los departamentos educacionales desempeñan labores directamente vinculadas a la educación, como son las secretarias y el personal administrativo. Sin duda, la mejor solución hubiese sido incorporarlos en el Estatuto Docente o en el estatuto administrativo municipal, pero no hemos logrado ese objetivo. Queda un tramo en tierra de nadie con esta lógica del Código del Trabajo, que no es buena, porque la necesidad de dar flexibilidad en este ámbito laboral no es ficticia. Sin embargo, creemos que a través de este proyecto habrá una mejora potencial de sus sueldos y una bonificación para parte de ellos, lo cual permitirá que estos trabajadores, que ganan sueldos muy bajos, en ocasiones miserables, por lo menos puedan enfrentar este invierno y la primavera en mejores condiciones. Entendemos las críticas hechas por la Federación Nacional de Trabajadores no Docentes. Hemos seguido su trabajo como bancada, junto con los Diputados señores Valenzuela, Navarro, Encina, y muchos otros. Asimismo, queremos hacer presente nuestro compromiso de insistir ante el Gobierno y la Oposición sobre la necesidad de construir un nuevo acuerdo político acerca de la situación jurídica de este grupo de trabajadores que, según diferentes opiniones, fluctúa entre las 55 mil y las 70 mil personas. Nuestra bancada votará a favor como un reconocimiento a la dramática situación social en que están estos trabajadores, pero con profunda frustración -que ellos también tienen-, porque este proyecto no es lo que se había planteado inicialmente. Aprovechamos la presencia del Ministro señor Molina, que está impulsando importantes iniciativas en el tema de la reforma educacional, para expresar que para nosotros estos trabajadores modestos son básicos para que la educación sea reformada y para que los niños entiendan que los establecimientos educacionales no sólo tienen que ver con la pizarra y la tiza, como él bien lo ha dicho, sino también con la forma como se da el proceso educativo, donde los trabajadores no docentes cumplen un papel fundamental. He dicho.El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, solicite el acuerdo para prorrogarlo por cinco minutos. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de Reglamento. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, quisiera pedir al señor Ministro que aclarara si este bono alcanza o no para los funcionarios que hoy trabajan en los departamentos de administración de educación municipal. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Sobre una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, solicite la unanimidad de la Sala para extender el Orden del Día aunque sea por diez minutos, porque algunos señores Diputados no pudieron intervenir.El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Los Diputados señores Errázuriz, Bayo, Ulloa, Alvarado, Navarro y Gutiérrez, no alcanzaron a hacer uso de la palabra. Por lo tanto, pueden insertar sus discursos. -El discurso que se acordó insertar en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento, es el siguiente: El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, quiero sumarme a las felicitaciones al Gobierno del Presidente Eduardo Frei por llevar adelante esta iniciativa hasta su feliz término. Todos sabemos que éste es un proyecto de larga data. Desde que se discutió el Estatuto Docente se pensó en un proyecto semejante para el sector profesional, administrativo y auxiliar de las escuelas o liceos. Esa idea no prosperó porque las autoridades no quisieron repetir la experiencia de un nuevo Estatuto que tiende a centralizar y a rigidizar las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Ese es el tema de fondo que se encuentra en discusión en este momento. Realmente si queremos ser consecuentes y legislar acorde con la nueva Estructura Administrativa del país, tenemos que respetar la autonomía de las municipalidades y los criterios de regionalización que cada día se irán acentuando en el país. Es por esas razones de fondo que se ha llegado a este proyecto que resuelve los problemas inmediatos y fundamentales del personal no docente de los establecimientos educacionales municipales y subvencionados. Para estos efectos se aumenta la subvención educacional o USE a los municipios, para que estos nuevos recursos sean entregados al personal señalado mediante un aumento en sus remuneraciones que se estima en un 20% aproximadamente. Además se contempla una bonificación de 76.000 pesos por una vez en el año por cada trabajador. El proyecto de ley tiene un costo de más de 9 mil millones de pesos al año para el fisco. Se contemplan también diferentes disposiciones que tienden a mejorar las relaciones laborales con los municipios; así se autoriza la organización para facilitar el proceso de negociación colectiva. Del mismo modo se otorga el derecho de participar en cursos de capacitación y perfeccionamiento que organicen los municipios para estimular la superación y se faculta a los municipios para establecer una carrera de estos profesionales sobre parámetros de experiencia, responsabilidad y perfeccionamiento. En consecuencia, señor Presidente, este proyecto si bien no es perfecto ni mucho menos completo, sí es un gran paso en el objetivo de mejoramiento económico y social de este sector de trabajadores. Naturalmente queda una deuda social con ellos como aquí se ha mencionado, pero yo diría que con este proyecto de ley del gobierno de la concertación se está comenzando a pagar esa deuda. Por lo demás, esa deuda no es reciente; es muy antigua; tiene más de 20 años. Por eso felicito a este Gobierno que la asume y entrega este aporte. En todo caso, quedan problemas pendientes, como lo han hecho ver los dirigentes, que tendrán que irse solucionando progresivamente. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo unánime de la Sala para prorrogar la Orden del Día para que el señor Ministro pueda hacer uso de la palabra, teniendo en cuenta que debemos tratar el tema de las especialidades médicas? Varios señores DIPUTADOS.- Sí. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Acordado. Tiene la palabra el señor Ministro. El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, solamente para contestar una consulta referida al artículo 16. Este artículo corresponde a una práctica utilizada antes de que se despachara este proyecto. En los años anteriores, se entregó una bonificación a este personal como compensación porque el proyecto respectivo no había sido aprobado. De todas maneras, se aceptó dejar esta bonificación de 76 mil pesos por persona, pero el propio artículo, aprobado en su oportunidad tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, dice que corresponde a los establecimientos educacionales del sector municipal y a los establecimientos particulares subvencionados. O sea, está referido al personal de los establecimientos municipales y privados subvencionados. El proyecto, con razón o sin ella -eso es discutible-, no se refiere al personal que no se desempeña en establecimientos educacionales. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Está claro el punto. Diputado señor José García, lamentablemente no puede seguir el debate sobre esta materia. Si es sobre otro punto de Reglamento, le ofrezco la palabra. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, la interpretación que da el señor Ministro es personal. Es obvio que los funcionarios podrán recurrir a la Contraloría General de la República y a otras instancias para que haya una correcta interpretación. La norma en ninguna parte establece como requisito que se trate sólo de trabajadores de los establecimientos educacionales. El único requisito -se desprende de la lectura lógica del texto- es que sean trabajadores no regidos por la ley Nº 19.070. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, todas las leyes están sujetas a una interpretación, y ciertamente para ello existen tribunales. El Gobierno, considerando los cálculos de costos y la tradición de su aplicación, ha determinado entregar esta bonificación exclusivamente al personal que se desempeña en los establecimientos educacionales. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, deseo hacer una consulta reglamentaria respecto del procedimiento de votación. Como existe un problema de interpretación -y de ello hay que dejar constancia en actas-, de acuerdo con la facultad que me confiere el Reglamento, solicito que el artículo 16 se vote en forma separada. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar el artículo 16 en forma separada? Varios señores DIPUTADOS.- Sí. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Acordado.El señor GARCÍA (don José).- Pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No, señor Diputado. Reiteradamente le he dado el uso de la palabra para referirse a asuntos de Reglamento y lo ha hecho sobre la materia en debate. Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, solicito suspender la sesión por tres minutos para despejar la discrepancia que ha surgido. Su aclaración será decisiva para determinar nuestra votación. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo para suspender la sesión por tres minutos? Varios señores DIPUTADOS.- Sí. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Acordado.-o- El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Deseo saludar, en nombre de la Corporación, a una delegación de la República de Rusia que se encuentra en las tribunas, presidida por el señor Ministro de Protección Social e integrada por Diputadas, Diputados y altas autoridades gubernamentales. -Aplausos.-o- El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El proyecto requiere quórum especial para su aprobación. Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se reanuda la sesión. Se han dejado en claro las distintas opiniones sobre el contenido del artículo 16, pero ellas no afectan a las modificaciones del Senado. En este caso, se sustituye el guarismo “15” por el vocablo “quince” y se reemplaza la expresión “contados” por “contado”. Ésa no es la finalidad del debate y una eventual separación de ese punto sólo retardaría el despacho del proyecto. Por lo tanto, y de acuerdo con lo decidido por los Comités, votaremos en conjunto las disposiciones que no requieren quórum especial. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobadas las normas que no requieren quórum especial. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Ceroni, Coloma, Correa, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Escalona, Estévez, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don José), González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Matthei (doña Evelyn), Moreira, Munizaga, Muñoz, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Solís, Soria, Tohá, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar los artículos 4º, 7º y 15 con el mismo quórum anterior? -Aprobados. Despachadas las modificaciones del Senado.-o- El señor LUKSIC.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, de acuerdo con la Tabla de hoy, en el segundo lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley sobre probidad administrativa. ¿Se tratará mañana?El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, el Orden del Día terminó y fueron despachados cinco proyectos de ley. Mañana se tratará el proyecto sobre tarificación vial y no puedo garantizar cuánto durará su debate. Si el tiempo lo permite, es muy posible que el proyecto que señala se vea en segundo lugar. Y el martes, me parece que las urgencias determinarán que se trate el proyecto que modifica la ley general de bancos. La Mesa dispondrá según como sea el debate de los otros proyectos.EXISTENCIA, FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN DIVERSAS ÁREAS MÉDICAS. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión de Salud sobre la existencia, formación y acreditación de los profesionales en las diversas áreas médicas. Diputado informante es el señor Tohá. Antecedentes: -Informe de la Comisión de Salud, boletín CE Nº 33, sesión 72ª, en 9 de mayo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El Ministro de Salud, señor Massad, presente en la Sala, solicita autorización para que el Subsecretario, señor Fernando Muñoz, pueda acompañarlo. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Tohá. El señor TOHÁ.- Señor Presidente, paso a informar del estudio que la Comisión ha hecho sobre la atención de salud especializada en Chile, como se le encomendara en virtud del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados en relación con la materia. En dicho proyecto se hace referencia, en primer lugar, a que se ha detectado en el país la falta de médicos cirujanos con especialidad médica para satisfacer la demanda de atención especializada, lo cual es un problema agudo, particularmente en las regiones. También se sostiene que “en nuestro medio no existen procedimientos adecuados de acreditación de la calidad de médico especialista, ya que la formación está a cargo de las facultades de medicina de las distintas universidades y, en parte también, de las sociedades médicas o científicas de cada una de las especialidades médicas, no habiendo certificación de validez legal para su ejercicio, lo que hace que el accionar de entidades de certificación, como Conacem, no sea efectiva en la práctica.” Por otra parte, en el proyecto de acuerdo se señala que se han hecho públicos los impedimentos u obstáculos que existen para la formación de profesionales en Chile. Estos hechos inducen a pensar que se está produciendo una seria brecha entre el interés público superior de satisfacer la necesidad social de atención especializada de salud y la capacidad de los organismos formativo-docentes, lo cual atenta contra la posibilidad de hacer efectiva en los hechos la garantía constitucional de protección de la salud de todas las personas. Por ello, frente a una situación como la planteada, en el referido proyecto de acuerdo se sostiene que es estrictamente necesario establecer un sistema de preparación y de acreditación de los profesionales que, resguardando la fe pública, permita a los profesionales médicos obtener una formación científica de primer orden, que sea capaz, cuantitativamente, de satisfacer la necesidad de atención de la población. En virtud de lo señalado, se facultó a la Comisión de Salud de la Cámara para que realizara un estudio sobre la atención especializada de salud en el país, con especial énfasis en las realidades regionales y locales, y respecto de la existencia, formación y acreditación de los profesionales en las diversas áreas médicas, y formule una proposición técnica sobre la materia, que contenga, a lo menos, la descripción y evaluación de la realidad actual, las políticas públicas necesarias para solucionar las deficiencias existentes y, si fuere menester, una normativa jurídica para regular la materia. La Comisión, consciente de la complejidad del problema de las especialidades médicas, cree que, para comprender la situación actual y hacer propuestas, es necesario conocer la historia de los estudios de la medicina y de los sistemas y modelos de atención de salud en Chile, analizar la legislación comparada y escuchar a los técnicos y profesionales con experiencia al respecto. Para llevar a cabo ese cometido, se solicitaron diversos antecedentes al Ministerio de Salud, a los secretarios regionales ministeriales, a la biblioteca del Congreso Nacional y a la oficina de Informaciones de la Honorable Cámara. Asimismo, se invitó a connotados profesionales para que expusieran sobre el tema en estudio. Es así como concurrieron el jefe del departamento de recursos humanos del Ministerio de Salud, doctor Rodrigo Contreras; el jefe del ciclo de destinación del Ministerio de Salud, doctor Jorge Carabantes; el presidente de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, Conacem, doctor Salvador Vial; el secretario ejecutivo de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y decano de la facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, doctor Pedro Rosso; el director de la Escuela de postgrado de la facultad de Medicina de la Universidad Católica, doctor Gonzalo Grebbe, y la Directora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctora Colomba Norero.Marco regulador actual. En nuestro país el título es de médico cirujano, y en cuanto al proceso de formación de especialistas, como es de público conocimiento, no existe norma legal específica que regule el otorgamiento de especialidades médicas y, por consiguiente, la manera de impartir su formación. El médico cirujano que desea obtener su especialidad puede realizar su formación a través de cursos de postgrados impartidos por las universidades, las que de manera autónoma determinan los cursos de especialización y del total ofrecen al Ministerio un número determinado de becas. También se puede obtener su formación mediante el adiestramiento en práctica que realice en un centro calificado, junto a profesionales de categoría que tengan el reconocimiento de una determinada especialidad. Cabe destacar que no existen impedimentos legales para organizar programas de formación de especialistas fuera de las universidades, ni tampoco para el uso del título de especialista y ejercer aunque no haya recibido la formación específica correspondiente. La formación de especialistas se desarrolla preferentemente en hospitales públicos, por lo que existe gran interrelación entre las expectativas de formar especialistas y las políticas de salud, el modelo de atención y la situación global de salud en Chile. En su estudio, la Comisión de Salud tomó conocimiento de los sistemas de formación de especialistas existentes en otros países como Estados Unidos, Canadá, Colombia y Argentina, pero creo que en esta ocasión, por el tiempo limitado, no es pertinente referirme a sus contenidos. Sí debo señalar que en Argentina y Colombia existe legislación sobre la materia.Realidad nacional, regional y local de las especialidades médicas. Un estudio basado en información de los servicios de salud, demuestra que, en la actualidad, el número de especialistas en esos servicios es de 6.467 y que en 1995 sus cupos de formación en las universidades Austral, Católica, de Chile, Concepción, Valparaíso y La Frontera alcanzaron a 333, de los cuales un 66,5 por ciento son de la Universidad de Chile. Esos datos se contienen en los cuadros N°s. 1 y 2 agregados al informe. Cabe hacer notar la insuficiencia de cupos formadores ante el requerimiento de especialistas, según los servicios de salud. Pueden citarse los siguientes ejemplos. En oftalmología, 8 cupos y se requieren 5; en anatomía patológica, 5 cupos y se requieren 27; en psiquiatría infantil, 4 cupos y se requieren 38; en salud pública, 5 cupos y se requieren 34. La disponibilidad actual y los requerimientos de los servicios de salud, según encuesta efectuada en 1994 a sus directores, en resumen, refleja, en cifras porcentuales, los siguientes déficit de especialistas: un 26 por ciento en medicina interna; 18 por ciento en obstetricia; 22 por ciento en pediatría, y 19 por ciento en cirugía. En consecuencia, el requerimiento de mayor formación para el sector público es de alrededor del 25 por ciento más de lo que actualmente existe. Sin embargo, cuando se analizan los datos de otras especialidades, de las denominadas en falencia, se puede constatar, por ejemplo, que en anatomía patológica existe un déficit de 34 por ciento; en anestesia, de 53 por ciento; en dermatología, de 50 por ciento; en fisiatría, de 120 por ciento; en cirugía infantil, de 84 por ciento; en oftalmología, de 46 por ciento; en otorrinolaringología, de 45 por ciento; en traumatología, de 48 por ciento, y en psiquiatría, de 52 por ciento. Por otro lado, se debe tener presente que los especialistas no están distribuidos de manera equitativa en el país. Así, en medicina interna, de acuerdo con datos proporcionados por Conacem, el 55 por ciento de los internistas, de un total de 660, está concentrado en la Región Metropolitana; un 10 por ciento en la Octava Región; un 10 por ciento en la Quinta Región, y el 25 por ciento restante se distribuye en los quince servicios de salud del país.Formación de médicos especialistas. Reitero que el título otorgado por las universidades del país es de médico cirujano y no existe norma legal específica que regule el otorgamiento de especialidades médicas y, por consiguiente, la manera de impartir su formación. De acuerdo con lo señalado, el médico cirujano que desea obtener una especialidad puede realizar su formación mediante cursos de postgrado impartidos por las universidades, los cuales, a su término, lo habilitan para acceder a un título, a un grado académico o a un certificado. La formación de especialistas médicos implica un período mínimo de tres años de estudios, lo que unido a los siete años de la carrera de Medicina, constituye un proceso tremendamente largo y complejo. También puede obtener su formación mediante el adiestramiento en práctica suficiente que realice en un centro calificado, junto a profesionales de categoría que tengan el reconocimiento en una determinada especialidad. No implica la realización de cursos regulares especiales, pero el médico debe desempeñarse por un período de cinco años en un establecimiento de salud determinado y debidamente acreditado, con lo cual, una vez cumplido el tiempo necesario, si lo desea, puede solicitar su certificación a la Comisión Nacional de Certificaciones Médicas, Conacem. Cabe hacer presente que hay médicos especialistas, reconocidos por Conacem, cuyos cursos de formación los han realizado en el extranjero. Es importante destacar que no existen impedimentos legales a organizar programas de formación de especialistas fuera de las universidades, ni tampoco para el uso del título de especialista y ejercer como tal, aunque no se haya recibido la formación específica correspondiente. Otro aspecto importante que debe hacerse notar es que la formación de especialistas se desarrolla en campos clínicos que, fundamentalmente, corresponden a hospitales públicos, lo cual genera una gran interrelación entre políticas de salud, esquemas de atención, situación global de la salud en el país y la calidad y expectativas en la formación de especialistas. Insisto en que la persona que desea obtener una especialización puede utilizar una beca reconocida por la universidad. Tal es el caso de las becas que financia el Ministerio de Salud y las que otorgan las universidades o aquellas que el propio interesado paga por su formación. Otra posibilidad es mediante su incorporación a los servicios de salud en calidad de funcionario de los mismos, desempeñándose en alguna unidad debidamente acreditada. Las universidades fijan de manera autónoma los cupos de especialización, de los cuales ofrecen un número determinado al Ministerio de Salud. Por otra parte, los servicios de salud están autorizados para financiar la formación de sus funcionarios en ciertas materias, pero esto no constituye una beca en el estricto sentido de la palabra, sino una formación entregada por un servicio de salud a un funcionario mediante su destinación a una unidad determinada, a fin de que cumpla determinado programa. A esta persona la universidad no le otorga un certificado, por cuanto no ocupó una vacante definida por ella; sin embargo, es reconocida como tal por el servicio de salud, y legalmente puede ejercer la especialidad en tanto la legislación vigente permita que cualquier profesional que tenga las competencias para prestar un servicio lo pueda hacer.Acreditación de centros formadores de médicos especialistas. Como ya se ha dicho, la formación de especialistas se desarrolla fundamentalmente en los servicios clínicos que, prioritariamente, corresponden a los hospitales públicos. Estos centros formadores deben estar debidamente acreditados para cumplir con su misión. Con el fin de resguardar el estricto control y vigilancia que requiere la formación de un especialista, la Asociación de Facultades de Medicina creó la Comisión Nacional de Acreditación de Centros Formadores, organismo que, con plena autonomía ha fijado los requisitos y cupos para los centros formadores durante los últimos 15 años.Certificación de médicos especialistas. La certificación es un proceso voluntario -ningún profesional está obligado a requerirla- y no excluyente, hecho que posibilita que existan profesionales no certificados que ejerzan las diferentes especialidades médicas. Sin embargo, estar certificado significa tener el reconocimiento oficial, por diversos organismos atinentes al proceso, de una especial capacitación en el área de la especialidad designada. Según lo expresado en un documento emanado de Conacem, la certificación de un médico es un sello de garantía respecto de su calidad profesional, informa adecuadamente al destinatario de las acciones de salud sobre la idoneidad del acto médico y promueve, en el ejercicio de la medicina, a un nivel creciente de perfeccionamiento y superación. La Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas es el organismo nacional encargado de efectuar la certificación de las especialidades médicas, que es una constancia de que la formación y experiencia acreditadas por el profesional permiten considerarlo idóneo para el desempeño de su labor. Conacem es un organismo autónomo. Sin embargo, están representadas en él todas la instituciones involucradas en el proceso de formación de postgrado en medicina. La solvencia y autoridad de sus decisiones se deben, entonces, a su independencia y a su vinculación con las facultades de medicina de las universidades chilenas, reunidas en la Asociación de Facultades de Medicina de Chile -Asofamech-, con las sociedades científicas correspondientes a cada una de las especialidades certificadas, con el Colegio Médico de Chile A.G. y con la Academia de Medicina del Instituto de Chile. El Ministerio de Salud ha patrocinado y apoyado todas sus iniciativas, aun cuando, en razón de su autonomía, no es parte integrante de la corporación. Conacem adquirió existencia legal en 1984, después de constituirse en corporación de derecho privado y de concedérsele, en abril de 1985, la personalidad jurídica correspondiente. Contar con su reconocimiento constituye la acreditación de capacitación en la especialidad de más amplio y explícito valor en nuestro medio. Las exigencias establecidas por el procedimiento han consolidado un sistema que, a riesgo de parecer excesivamente riguroso, garantiza objetividad, equidad y estricta calificación de los antecedentes de los postulantes. Además, el referido documento señala que, pese a la autonomía que las instituciones iniciadoras y patrocinadoras le dieron para llevar a cabo su gestión, y que ella misma estima imprescindible para el cumplimiento de sus fines, con el respaldo académico e intelectual de las facultades de medicina, a Conacem se le impone la responsabilidad de ser garante de que la formación de especialistas en nuestro país habrá de mantener la alta calidad prevista y exigida en las universidades y requerida por las necesidades de salud del país. El que se admitan diversos otros sistemas de capacitación, en subsidio de los universitarios, no podrá desmerecer el nivel que fijen tales instituciones de educación superior, principales responsables del desarrollo y ejercicio de la medicina nacional.Déficit de especialistas. Para abordar este tema, el primer paso debe consistir en establecer a qué tipo de salud aspiramos y el papel que les correspondería a las especialidades. De hecho, la salud pública chilena se sustenta en el modelo de atención médica general y, de sostenerse esta tendencia, lo que más se requerirá serán médicos generales con una alta capacidad de resolución que les permita solucionar el mayor porcentaje posible de las consultas a nivel de atención primaria. En países como Inglaterra y Canadá, donde el 80 por ciento de los médicos son generales y el 20 por ciento especialistas, se ha comprobado que los primeros alcanzarían a satisfacer hasta un 95 por ciento de las demandas, experiencia que avalaría lo anteriormente expuesto. Pero hay que tener presente que en Chile se ha llegado a un cierto grado de desarrollo de la atención médica en el cual las especialidades tienen un papel importante, aunque la relevancia de ello actualmente podría disminuirse si la atención se organizara de manera que la gente concurriera sólo en los casos estrictamente necesarios, tal como lo planteó en la Comisión el jefe del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, doctor Rodrigo Contreras Soto. Existe conciencia de la necesidad social de la atención especializada, principalmente en algunas áreas; pero, asimismo, existe la necesidad de especialización de los médicos. Aunque teóricamente el sector de salud pública privilegia la atención médica general, la gente estima necesaria la atención especializada. Existe una creciente demanda frente a una oferta muy limitada, lo que en el sector público se traduce en largas listas de espera, con la consiguiente insatisfacción de los usuarios. En el sector privado los ajustes se producen sobre la base de las listas de espera y de precios; pero debido a que los especialistas son muy caros, cuando los beneficiarios pierden su capacidad de pago, deben trasladarse al sector público. Por otra parte, en razón del deber del Estado de asegurar a todos los chilenos su derecho a la salud, en el sector público la cantidad de especialistas no puede determinarse de acuerdo con la oferta. Por lo tanto, para conocer efectivamente la demanda de especialistas en ese sector, deberían cuantificarse las listas de espera existentes en todos los hospitales públicos del país. Con todos los reparos que nos merece este sistema, debemos señalar que la oportunidad de tener jornada completa en el sistema estatal, en relación al privado, es considerablemente menor, lo que explica la situación de algunas especialidades en falencia. El ejemplo más notable es que el 90 por ciento de los anestesistas formados en los últimos años están en el sector privado. Es necesario considerar que la capacidad instalada para la formación de especialistas no responde a las actuales necesidades, por lo que las posibilidades de satisfacer la demanda de la población son mínimas. Hay especialidades con rentabilidad muy alta en el sector privado; en cambio, las remuneraciones del sector público son mucho más bajas, lo que hace que éste no pueda competir con aquél para retener a los especialistas. Además, los servicios de salud no tienen los cupos necesarios para ser llevados con los médicos especialistas necesarios. Por su parte, los hospitales se encuentran en situación desmejorada frente al sector privado en este aspecto, ya que en el caso de las especialidades, cada vez se requiere tecnología más sofisticada y de mayor costo. Con respecto a la acreditación, cabe preguntarse: el mecanismo de acreditación por los pares, ¿es un elemento que puede tender a limitar la formación de especialistas? En relación a ello, el doctor Contreras, jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, señaló: “Es probable que no exista otra alternativa que la acreditación por los pares, por cuanto es difícil que un no par la realice, siendo, probablemente, la mejor forma y la más deseable, siempre y cuando éstos cumplan con ciertos requisitos. El problema que puede surgir en este tipo de acreditación es que los pares se constituyan en “jueces y partes”, lo que produce problemas al sector público en cuanto a la acreditación de programas.” A su vez, el doctor Jorge Carabantes expresó: “Las universidades determinan de manera autónoma los cupos de especialización, y de ese total ofrecen un número determinado al Ministerio.” Asimismo, señaló que “asumen que las autoridades adoptan sus decisiones de manera independiente de las sociedades científicas, pero que tampoco se puede desconocer el hecho de que ellas juegan un rol en este aspecto, porque finalmente sus miembros son los formadores y ejercen influencia en la determinación de los cupos que se ofrecen.”Recursos humanos y su formación. Creemos que actualmente no existe una política global y coherente sobre recursos humanos que permita enfrentar el futuro y dar respuesta a las necesidades y demandas de la población. El doctor Pedro Rosso, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, hizo ver también la relación que existe entre el problema de las especialidades y la adecuación de los estudios universitarios a las nuevas exigencias del ejercicio de la medicina y de la educación médica, y puso énfasis en el hecho de que la capacidad de las escuelas de medicina chilenas para formar a ciertos especialistas no ha crecido de acuerdo con las necesidades del país, lo que ha contribuido así al déficit de estos profesionales. Además de reseñar las sugerencias y recomendaciones de la Comisión, sería de interés señalar las conclusiones del Seminario de Especialidades Médicas, organizado por el Colegio Médico en julio del año recién pasado, con la participación del Ministerio de Salud, de las Facultades de Medicina de las Universidades de Chile y Católica, y de Conacem. Sin embargo, como tales antecedentes están incluidos en el informe, no los leeré para no alargarme.Sugerencias y recomendaciones de la Comisión. La solución integral al problema del déficit de médicos especialistas debe comprender:1. Una práctica sobre recursos humanos dirigida a enfrentar esta situación, para responder efectivamente a los requerimientos actuales y futuros, adecuando la formación médica de acuerdo a ellos y al avance de la medicina, todo lo cual dependerá del modelo de salud que adopte el país.2. La dotación a las escuelas de medicina de los recursos humanos e infraestructura necesarios para la formación de especialistas, y aumento de los cupos necesarios.3. La precisión del número necesario de médicos por habitante, como igualmente cuantificación del déficit real de especialistas, su distribución y necesidades futuras.4. La definición del rol del Estado de ejercer un papel regulador, ya que el número de médicos y su distribución como médicos generales o especialistas, no podría quedar entregado sólo a la dinámica del mercado, puesto que el porcentaje adecuado debe ser determinado por las reales necesidades de salud y por las condiciones generales del país.5. La responsabilidad que deben asumir todos los sectores en la formación de especialistas, ya que actualmente el 80 por ciento del costo de ésta recae en el sector público.6. La consideración de otras medidas para paliar el déficit de especialistas, como la importación de especialistas o la sustitución de profesionales por tecnólogos médicos. Está de más decir que estas soluciones producirían un fuerte rechazo.7. Adopción de medidas necesarias para velar por la calidad de la formación frente a la posibilidad de que el déficit de especialistas provoque la creación de muchos programas públicos y privados de especialización extrauniversitaria.8. Que se vele por dotar de mayor capacidad a la medicina general, cualquiera que sea el sistema de salud que se adopte, incentivando al paciente para que, en lo posible, siempre consulte a un médico general antes de llegar al especialista.9. La necesidad de legislar para dar un marco regulatorio al proceso de certificación y acreditación de especialidades médicas -a pesar de las dificultades que ello entraña-, considerando que el sistema actual, al carecer de normas legales, no ha creado conciencia en la sociedad sobre los métodos de certificación y acreditación, y que existe un problema de fe pública que requeriría que el especialista demostrara su competencia en forma objetiva.10. Que se enfoque la regulación legal, evitando posibles inconvenientes, como sería reducir el número de especialistas, principalmente los que prestan sus servicios en niveles de menor complejidad en el sector público, o inhibir a ciertos profesionales de realizar acciones reservadas sólo a los reconocidos por ley, lo que sobrecargaría a los establecimientos de mayor complejidad. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se encuentra presente en la Sala el Ministro de Salud Pública, acompañado del Subsecretario. Tiene la palabra el señor Ministro de Salud. El señor MASSAD (Ministro de Salud Pública).- Señor Presidente, hemos tenido oportunidad de conocer el excelente informe de la Comisión de Salud sobre el tema de las especialidades médicas. Nos parece una valiosa contribución buscar fórmulas de solución a un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo en nuestro país. Hay especialidades médicas que son extremadamente escasas, las llamadas profesiones en falencia. Permanentemente estamos buscando la forma de romper las barreras que existen para la formación de un número más apropiado de especialistas en el país. Nos hemos puesto en contacto con instituciones como la Conacem, Comisión Nacional de Acreditación de Especialidades Médicas; la Conaceo, Comisión Nacional de Acreditación de Especialidades Odontológicas, colegios profesionales y sociedades científicas para buscar, de común acuerdo, la manera de enfrentar un problema que ha sido histórico en nuestro país. La contribución que nos ha hecho la Comisión de Salud, con el magnífico estudio que acaba de presentar, es muy valiosa para adelantar en promover los pasos legales que son necesarios para corregir aspectos de este problema. Muchas gracias, señor Presidente. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma. El señor PALMA (don Joaquín).- Señor Presidente, la medicina chilena ha alcanzado un buen nivel de desarrollo, lo que se comprueba al considerar los índices generales de salubridad, mortalidad, morbilidad, promedio de vida y cualquier otro índice, en general, que se tome respecto de la salud. En Chile, hay aproximadamente quince mil médicos ejerciendo. Tal vez sólo un 10 por ciento no lo hace, pero de éstos unos seis mil son especialistas. A la Comisión de Salud de la Cámara se le encomendó analizar la situación de las especialidades médicas en Chile, ya que habitualmente se plantean problemas que podría sintetizar en los siguientes ítemes.1º. Faltan médicos especialistas.2º. Los médicos especialistas no trabajan en regiones.3º. La población chilena recurre excesivamente a la consulta de especialistas.4º. Los médicos especialistas no trabajan en el sector público.5º. En algunas especialidades los médicos cobran honorarios excesivamente altos.6º. El déficit de médicos especialistas tiende a acrecentarse, y7º. La formación de especialistas no está regulada adecuadamente. Brevemente, trataré de analizar cada una de estas afirmaciones. ¿Faltan médicos especialistas en nuestro país? Debemos considerar que el sistema de salud y las costumbres sanitarias de la población, así como el nivel de desarrollo económico, son los parámetros que permiten dar una respuesta a esta pregunta. En Chile, hace ya dos generaciones y de acuerdo a la realidad de entonces, se definieron cuatro especialidades como básicas o primarias: cirugía, medicina interna, obstetricia y pediatría. Los directores de los servicios de salud señalaron a la Comisión que en 1994 el déficit de estas especialidades básicas en sus servicios es del orden del 20 al 25 por ciento. Pero eso no significa necesariamente que haya déficit en estas especialidades, ya que ahí no se considera al sector privado y el ejercicio independiente de la profesión. Además, como proyección, debe señalarse que los déficit futuros de, al menos, dos de esas especialidades, por ejemplo, obstetricia y pediatría, están muy relacionados con el crecimiento demográfico de la población, cuyas tendencias deben ser observadas con más detención. En otras especialidades, que paulatinamente han ido tomando importancia con el mayor desarrollo del país y con el cambio y el abaratamiento de nuevas tecnologías, la situación de déficit es más variada. Se habla en el sector público de cifras relativamente altas como, por ejemplo, 53 por ciento de anestesistas, 46 por ciento de oftalmólogos, etcétera. El informe señala que en 1994 el déficit era de 662 especialistas básicos y de 900 médicos de otras especialidades para el conjunto del sector público. Estas cifras, consideradas para la realidad actual de los servicios públicos, ha ido cambiando e irán modificándose como efecto de, al menos, dos medidas que están en curso. Una, la licitación de listas de espera, que permitirá disminuir la presión de consultas en el sector público para muchas de estas especialidades, y otra, el cambio de la ley Nº 15.070, que norma el estatuto de los médicos funcionarios y que está a punto de ingresar a la Sala en un primer informe. Estas reformas permitirán una mayor liberación de las rigideces que existen actualmente. Si bien se dispone de datos para el sector público, éstos no son tan precisos para el conjunto del país; pero existen indicios como para pensar que hoy la suma del sector privado y público parece tener suficiente disponibilidad de estos profesionales, salvo en aquellas especialidades que se están desarrollando recientemente y que requieren de equipamiento muy sofisticado. Pienso que luego de implementadas las reformas enunciadas, las cifras de falencias deben ser revisadas, y creo que disminuirán notablemente. La segunda aseveración señala que los médicos especialistas no trabajan en provincias. Ha sido, históricamente, una realidad bastante evidente: el 55 por ciento de los internistas están en la Región Metropolitana, según una de las cifras que se nos ha entregado. En otras especialidades, incluso la concentración es mayor. Pero éste no es un problema nuevo y siempre el Estado, a través de sus servicios, ha fomentado por diferentes medios la radicación de especialistas en regiones. Sin embargo, también es evidente que hoy, en muchas ciudades capitales de regiones, se están radicando bastantes médicos de diferentes especialidades, luego del notable cambio demográfico y urbanístico que ha significado el desarrollo de ellas, con una clara mejoría de la calidad de vida. Este proceso, novedoso en Chile, parece estar en una etapa de consolidación, por lo que es muy probable que la existencia de médicos especialistas en regiones mejorará en los próximos años, concentrándose en las distintas capitales de regiones que son las ciudades que se están desarrollando más. Por otra parte, si el Estado entrega más autonomía a sus servicios y hospitales y continúa el crecimiento de la medicina privada, se podrá actuar de modo de resolver este problema de la concentración médica en Santiago que -repito- ha sido histórico. Otro de los puntos analizados es el hecho de que los chilenos recurren excesivamente a los especialistas, situación que probablemente es cierta y tiene que ver con el funcionamiento del modelo de salud. Debe trabajarse para revertir esta situación haciendo -tal como lo han planteado las autoridades de salud- que el sistema de atención primaria cumpla con su propósito adecuadamente y se refuerce la labor del médico general: que diagnostique a cada paciente y lo derive al especialista sólo en caso de necesidad. Se ha planteado la conveniencia de potenciar el sistema de médicos de familia, que funciona muy bien en otros países y que logra disminuir las consultas especializadas al hacer un buen diagnóstico. En este sentido, se debe continuar con la actual política de realizar cursos universitarios de postgrado enfocados a este objeto, tal como ya se está haciendo en algunas universidades. En definitiva, es un cambio más bien cultural que requiere, entre otras cosas, de campañas educativas. Se expresa también que uno de los problemas es que los médicos especialistas no trabajan en el sector público porque, en general, las posibilidades económicas que tienen en el ejercicio libre de la profesión son bastante mejores, lo cual se acentúa en las especialidades en falencia. La reforma en estudio, que he anunciado, a la ley Nº 15.076 debe producir un efecto para revertir esta situación. Por otra parte, el aumento de especialistas donde hay falencias, también tenderá a normalizar la situación. En todo caso, la licitación de listas de espera se encamina en el sentido de resolver este problema, lo cual también se facilitará si podemos dar mayor autonomía a los hospitales estatales. Otro modo de contar con especialistas en el sector público es el sistema de becas de especialización que ofrece el sistema estatal a los médicos jóvenes que se desempeñan durante un plazo determinado en lugares o funciones poco solicitados, con un convenio para desempeñarse por un nuevo período en el sistema público. Sin embargo, en algunas especialidades no ha dado resultado este sistema para contar con suficientes especialistas, lo que muestra una mala planificación o, al menos, deficiencias en los antecedentes de estas especialidades, las que deben solucionarse con un análisis más acucioso. Otro tema: El alto costo de las consultas de los especialistas es una consecuencia natural de los problemas analizados, más que el resultado de acuerdos monopólicos como algunos piensan, aunque en algunas especialidades hay sospechosas rigideces. La falta de especialistas y su escasez observada en el sector público, ya sea a nivel nacional o, en algunos casos, limitada a ambientes regionales, y el exceso de demanda de sus consultas, de acuerdo con el más simple análisis económico conducen a un alza de precios de las consultas, y la solución a este problema corre a parejas con la solución de aquéllos. No debemos perder de vista que uno de los objetivos de nuestro sistema de salud es mantener costos al alcance del chileno medio, y para lograrlo, parece más prudente asegurar la competencia que establecer controles y regulaciones inmanejables. Se dice también que el déficit de médicos especialistas tiende a acrecentarse; sin embargo, no hay antecedentes que así lo demuestren en forma clara. Al contrario, si observamos el crecimiento habido en la última década, de médicos que han optado por calificar para especialistas y de los que han sido aprobados por Conacem, concluiremos que su disponibilidad ha mejorado. Esto también se observa en las regiones en los últimos años. Lo que sí debemos considerar como una tendencia es que, junto con aumentar el desarrollo económico del país, las grandes mejoras habidas en las comunicaciones y la mayor longevidad de los chilenos, crece la demanda de medicina especializada en sectores que antes no tuvieron acceso a ella y que hoy la exigen. Aquí nos encontramos con un verdadero problema de fondo, cómo y hasta qué grado se puede planificar la formación de especialistas. Los cambios culturales y tecnológicos, así como la disímil variedad de realidades regionales, hacen de éste un problema de no fácil solución en un país donde convive gente de tanta diferencia educacional y de ingresos. Hay muchos problemas que resuelve el mercado, pero otros requieren de claridad de las decisiones de las políticas estatales. Como estamos en un momento en que se están tomando decisiones importantes y se debe adoptar otras, y en que el sector privado entra en una etapa de madurez y consolidación, la demanda de especialistas se está autorregulando, y no me parece oportuno que se hagan innovaciones, salvo en aquellos aspectos en que las decisiones del sistema estatal vayan a producir efectos controlables e inevitables. Un tema que debe considerarse en este punto es la conveniencia de facilitar la afluencia de médicos extranjeros a nuestro país. Hoy existen acuerdos bilaterales con algunos países, y a quienes provienen de países signatarios de la Convención de México se les exige un examen general de capacitación. Se plantean así fuertes exigencias para que en Chile sólo se desempeñen médicos idóneos. Así, en la práctica, se ha reservado, mediante elevadas exigencias, el mercado de la salud para los médicos chilenos, haciendo notar que su la calidad es mejor que la del médico extranjero, lo que, sin duda, es una verdad a medias. Hoy existen normas muy restrictivas que impiden que vengan a trabajar a Chile médicos, enfermeras y profesionales de las diversas tecnologías médicas formados en otros países. Este planteamiento de altas barreras no responde a la actual característica de las relaciones internacionales, y creo conveniente ser mucho más abierto y receptivo. Es obvio que siempre será más barata y rápida la solución al problema de falta de recursos humanos recurriendo a aquellos que ya están formados y maduros. Sabemos que, desgraciadamente, nuestros gremios de la salud son extremadamente chovinistas en este aspecto y menosprecian, en general, la calidad de los especialistas latinoamericanos. La principal conclusión que debemos definir es si se debe innovar en el sistema que se aplica en Chile para formar y calificar a los especialistas médicos, y si debe haber una norma legal que lo sustente. No repetiré aquí la descripción de los sistemas que existen y funcionan en la actualidad, ya que lo ha hecho en forma extensa y clara el Diputado informante. Sin embargo, debo señalar que los métodos de acceso a la especialización no me merecen mayores reparos; es decir, la especialización mediante estudios de postgrado en las universidades y a través prácticas en los hospitales calificados. Estos sistemas deben continuar, haciendo notar que para que la demanda de especialistas refleje las reales necesidades de la población, se debe mejorar la relación entre los demandantes y el público en general, a través de los directores de servicios y de los directores de hospitales y de sistemas privados. Además, se debe revisar el sistema de financiamiento para saber sobre quién recaen los costos de la especialización, de modo que no sea inequitativamente oneroso para el Estado. No creo conveniente un sistema regulador de especialidades. A lo más, podría haber un sistema muy general que impida posibles abusos que dañen la buena fe que existe hoy y que legitima el sistema. El ejemplo de países desarrollados va por ese camino, que concilia la libertad con la exigencia de seriedad y la apertura a los cambios permanentes que sufren y sufrirán las diversas especialidades en un inevitable devenir de enormes cambios tecnológicos. Hoy participan en Conacem todos los principales actores de la formación y ejercicio de la calidad de la salud. Es bueno que así sea y pienso que no es conveniente innovar mayormente en el sistema vigente que impide que se establezcan limitaciones a la libertad de trabajo o a la aparición de grupos que coarten o limiten la formación de especialistas, que es un peligro que se podría presentar si se implementa una forma legal de acreditación o formación más restrictiva. El sistema se sustentará, así, en el prestigio que se haya ganado el organismo calificador al actuar y resolver con seriedad y responsabilidad. Señor Presidente, en definitiva, creo que lo que tenemos es adecuado y, naturalmente, como todas las cosas, puede ser perfeccionado. Para ello, es razonable y conveniente realizar un trabajo concordado entre la autoridad de salud y los diferentes actores del mundo académico y operativo de la salud, de modo que el actual sistema certificador centrado en Conacem y el actual sistema formador, centrado en las universidades y hospitales de alta calidad, resuelvan adecuadamente el desarrollo de las especialidades médicas en nuestro país. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo. La señora POLLAROLO.- Señor Presidente, como acaba de manifestar el señor Ministro, se trata de un importante informe sobre un tema de gran interés y preocupación para la población. La falencia de algunas especialidades médicas, de acuerdo con la experiencia que cada uno de nosotros tiene en sus respectivos distritos, representa muchas veces verdaderos dramas, pues constituye la base de las listas de espera que, en algunos casos, originan problemas serios de salud, llegando incluso a que la evolución de enfermedades sea negativa en cuadros recuperables, como lo ha podido detectar el Ministerio de Salud. El problema de los oftalmólogos, otorrinolaringólogos y anestesistas, es muy serio. Cuando el Diputado señor Palma (don Joaquín) se pregunta si hay falencia en algunas especialidades, alude a un aspecto que fue discutido en la Comisión de Salud, y que habrá que continuar haciéndolo, cual es el de una cultura médica que tiende a la sobreespecialización. Pero ello no quiere decir que efectivamente no haya una gran falencia en todas las especialidades, lo que en algunas es de gran gravedad. Lo decía el Diputado señor Tohá. No quiero repetirlo, pero me parece que el hecho de que una especialidad como traumatología, por ejemplo, esté en falencia de casi en un 50 por ciento es extraordinariamente grave. Cifras similares se dan en anestesia, en oftalmología, en cirugía infantil, sobre el 84 por ciento. Es decir, estamos frente a un problema serio en el sistema de salud. También aquí se ha expresado, y brevemente me referiré al doble problema que significa la falencia de especialistas. Constituye un déficit en términos absolutos. Aquí se han entregado cifras; he agregado algunas; pero es un problema en términos de la iniquidad que representa. Ése, quizás, es el más serio. Tenemos que formar más especialistas y distribuirlos de manera que operen en forma equitativa. Creo que todos estamos de acuerdo en que si el 90 por ciento de los anestesistas está trabajando en el sistema privado, constituye una expresión clarísima de iniquidad. Atenderse en el sector público, en un lugar apartado, significa carecer de especialistas y vivir el drama si se necesita concurrir a un otorrinolaringólogo, a un oftalmólogo, etcétera. El hospital de Antofagasta -la cual es una gran ciudad- pasó un año sin traumatólogo. Los había en las clínicas privadas, pero no en el hospital. Por lo tanto, dentro del diagnóstico causal -que es importante para proceder a las correcciones- quiero quedarme con una expresión del decano de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, quien subrayó que en este tema estamos funcionando con la estricta lógica del mercado. Es decir, no hay planificación; no se determina cuántos especialistas se necesita formar; en qué especialidad, según lo señale el perfil demográfico; no se fijan metas; no existen registros, etcétera. En resumen, una conclusión muy clara, que emana de este informe, es que la planificación es indispensable. Conversé con dirigentes del Colegio Médico y se ha advertido que hay una instancia donde podría operar esta planificación. Son las comisiones docentes asistenciales, que funcionan en las regiones, y en las que están representados los académicos, el Ministerio de Salud y los colegios profesionales. Ahí podría darse la integración necesaria para una adecuada planificación y no estar -como lo dijo muy bien el doctor Tohá-, con que hoy los cupos los definen las universidades. Allí se define cuántos especialistas se formarán. Naturalmente, las explicaciones de por qué se definen tan mal, son múltiples. Los especialistas y académicos con quienes conversamos reclaman que en las universidades faltan recursos para solucionar este tipo de problemas. Por otra parte, los médicos se quejan de que en el Conacem y en las universidades hay un extremo academicismo y niveles de exigencias absurdos. Por ejemplo, el año pasado la universidad no consideró apta a la maternidad del Hospital Salvador para formar obstetras. Resulta absurdo, porque si es apta para atender a parturientas, ¿por qué no va a serlo para formar obstetras? También me relataron el caso de un docente, profesor de urología durante años, que para acreditarse en el Conacem, que tiene algunos años de funcionamiento, le exigieron dar examen. Hay situaciones de estrechez, de coacción. Ahora, para qué decir el problema de la presencia de las sociedades médicas y la tremenda preocupación respecto de que intervenga como monopolio. ¿Qué pasa cuando se instala la lógica del mercado? Que si hay más demanda que oferta, el producto tiene más valor. Esa lógica entra a funcionar en las personas más humanas y correctas, porque tiende a imponerse. Por eso, el escándalo que vivimos el año recién pasado por el reclamo y la imposibilidad que se colocó para que se formaran otorrinolaringólogos en Talca o Rancagua. El Conacem y la sociedad respectiva reclamaron. Lo más absurdo en esta lógica del mercado es que quien financia la formación de especialistas es el Estado. O sea, para que haya equidad; para que los especialistas no lleguen sólo a una parte, los financiamos todos. Sin embargo, esta lógica que atrapa a todo el mundo, está determinando esta tremenda irracionalidad. Me sumo a la aprobación de este informe y a la iniciativa de legislar. Creo que debemos profundizar sobre todos estos aspectos. Hay que reconocer una entidad que apruebe, que sea más amplia. En otros países, como Inglaterra y Canadá, son los colegios profesionales los que intervienen con mucho más peso que en el Conacem. También es preciso que esta legislación establezca una planificación junto a los incentivos, que son necesarios, ya que hasta ahora han estado ayudando a solucionar el problema de las listas de espera, situación bastante particular, pero que tiene que regularse. En síntesis, que en la legislación y en todo el debate que se lleve a cabo sobre la materia, sea la lógica social, y no la mercantil, la que guíe todo lo relativo a la formación de especialistas. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, el informe del Diputado informante fue extraordinariamente completo y responde a la demanda que la Sala nos encargó hace cuatro meses para enfrentar el serio problema de la salud en Chile. Recuerdo que la gravedad de este problema fue planteado en un trabajo que con antelación hizo la Comisión de Salud de la Cámara cuando dio a conocer los principales problemas de la salud en Chile, entre los cuales estaba precisamente la falencia de algunas especialidades y la mala distribución que se hacía en el país de los especialistas. No quiero reiterar cosas que ya se han dicho, pero quiero destacar que si este problema nos preocupa ahora es porque la especialización en medicina es una realidad y una necesidad en el mundo de hoy. Además, la profesión de la medicina, como ninguna otra, requiere de un conocimiento científico permanentemente en revisión y en expansión, lo que obliga a una constante capacitación. Debo destacar algo que todos los chilenos saben y se ha reiterado en esta Sala. Me refiero a la ausencia total de muchas especialidades en sectores alejados de los grandes centros urbanos de nuestro país. Ello constituye una evidente situación de iniquidad al acceso a especialistas que tienen los chilenos y que hoy se hace imprescindible. Y esta iniquidad no sólo se ve en el sector público, sino también en el privado. Porque ya está bueno que dejemos de hablar de una salud para ricos y otra para pobres; una salud del sector privado y otra, del público. En Chile existe, felizmente, un sistema de salud mixto, que es el mejor de los que está operando actualmente, por lo menos en América. Es perfeccionable, pero es el mejor. Es el menos malo de los que existen. Esta iniquidad por falta de especialistas queda en evidencia en el documento que se acompaña al informe cuando habla de una gran incapacidad de formación de traumatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos. Esa es la realidad. Pareciera que no vamos a poder dar con la solución del problema en el día de hoy en esta Sala, ni tampoco mañana en las conversaciones que se seguirán sosteniendo con el Ejecutivo. Al parecer se deben buscar caminos que nos conduzcan a solucionar integralmente el problema, y en esa búsqueda debemos participar todos: los parlamentarios, el Ministerio, las sociedades científicas y los decanos de las facultades de medicina. La ausencia de cooperación de algunos de estos actores conduciría irremediablemente a una solución parcial del problema. Aun cuando es respetable que aquí se señale que hoy opera el mercado y que, además, la falta de especialistas y su iniquidad en la distribución a lo largo del país sea atribuible a la lógica del mercado, lamento disentir de esa opinión, que hace poco escuché, porque atribuirle a la lógica del mercado, en forma preferente, la causa del problema, no resiste ningún análisis. Hace dos o tres decenios era mayor la falencia y ausencia absoluta de especialistas fuera de Santiago. En Chile, el 95 por ciento de las anestesias eran entregadas por no especialistas, y por funcionarios que no eran médicos. En 1973, eran aplicadas por auxiliares de enfermería. De manera que creer que la lógica del mercado es la principal causante del problema que hoy nos aqueja, en mi opinión, no es sustentable como un argumento valedero; incluso debería desecharse en políticas sobre la materia. La señora POLLAROLO.- ¿Me permite una interrupción? El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Con la venia del Diputado señor Bayo, tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo. La señora POLLAROLO.- Señor Presidente, quiero hacer presente al Diputado señor Bayo, que recuerdo lo que escuchamos en las sesiones de la Comisión. Esta afirmación no es mía; por lo menos fue compartida por el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, y no recuerdo que Su Señoría haya discrepado de manera tan tajante, como lo hace aquí, cuando él así lo manifestó. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, es efectivo que el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica dijo eso, pero fue un argumento de una línea, en una intervención de dos páginas -consta en acta-, y no le dio la relevancia que aquí se le ha dado. Es evidente que la intencionalidad de lo expresado aquí no ha sido la misma que la del señor Decano. En esa misma oportunidad, la Diputada señora Pollarolo, también escuchó decir a los representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que no había problemas para formar más especialistas en oftalmología, y tuvimos que demostrarles lo contrario. Parece ridículo que en un año se formen sólo ocho nuevos oftalmólogos y tres otorrinolaringólogos, cupos que, gracias a la gestión del Ministerio, se han incrementado en el último año. No quiero recordar lo que nos costó, durante cuatro años -y le consta al Subsecretario de Salud-, para que se le entregara capacidad formadora al Hospital Ramón Barros Luco. Parecía ridículo que existiendo pacientes suficientes, y teniendo el hospital José Joaquín Aguirre la necesidad de enviar a los médicos que se estaban especializando en oftalmología al hospital Barros Luco a hacer prácticas, además tuviera que enviar médicos que los fueran a controlar, y no se acreditara a ese hospital como ente formador. Hoy, felizmente, gracias al enfoque prioritario que le ha dado el Ministerio a este serio problema de la formación de especialistas, presenta otra realidad. Esto es una demostración de lo complejo del tema, de lo grave del problema, de la iniquidad que lo envuelve, que nada tiene que ver con el sector privado. Para terminar, focalizaré mi intervención en la conveniencia de materializar algunas -ojalá todas- las sugerencias contenidas en el informe leído por el Diputado señor Tohá. En mi opinión, es conveniente regular adecuadamente la atención médica de los chilenos por especialistas idóneos, quienes deberían ser acreditados por un ente similar o parecido al actual Conacem. Asimismo, conviene buscar la posibilidad de dar respaldo legal a dicho ente acreditador de especialistas para zanjar una disputa positiva, de buena leche, como se dice hoy, entre quienes desean legislar sobre especialidades médicas y aquellos que se oponen por estimar que legislar sobre la materia rigidiza la situación existente. Dejo planteada la posibilidad de respaldar legalmente a alguna entidad que acredite la formación idónea de los profesionales médicos, con el fin de asegurar a los chilenos que están siendo bien atendidos por profesionales altamente capacitados para mejorarles su calidad de vida. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, el completo informe del honorable Diputado señor Isidoro Tohá expuso muy bien la grave situación que presenta el área de especialidades médicas en Chile. Debe reiterarse, la alarmante falta de especialistas en todo el país, y para agravar más su escasez, están desigualmente distribuidos en las distintas regiones, con una concentración hipertrofiada en la zona central. Existe carencia severa en la acreditación legal del título de especialistas. En la actualidad, basta con el título de médico cirujano para tener derecho, si se desea, a autodenominarse especialista en pediatría, medicina interna, neurología, o en cualquier otra especialidad médica. Existen instituciones que otorgan certificados de una especialidad, tras cumplir determinados estudios o prácticas de postgrado, o de cumplir las exigencias de Conacem, pero no son obligatorios y sólo tienen un valor de imagen y credibilidad voluntaria en los colegas y en los pacientes. También hay una enorme carencia en la capacidad formadora de especialistas. Baste decir que en 1995, hubo 333 cupos de formación y el requerimiento es de 1.562, lo cual, sumado a los tres años de formación, hace que sólo en ocho años se pueda solucionar el déficit actual, sin contar con que el aumento de la población, el desarrollo económico-educacional -que crea mayor demanda-, los progresos tecnológicos, etcétera, que harán que el plazo sea aún mayor si no se aumenta la capacidad de entidades formadoras. Por lo tanto, ahí es donde debemos centrar un esfuerzo especial. A lo anterior se agrega el hecho de que en el esquema económico actual, los especialistas, apenas completan su formación en alguna institución pública, se marchan al sector privado dejando sin atención especializada al 70 por ciento de la población que se atiende en el sistema público de salud, lo cual, más que un problema ético, es de mercado y de falta de normas correctoras. Estos problemas obligan a crear soluciones de bien común, a partir de políticas de gobierno y de normas legales que los corrijan. Primero, deben aumentarse los cupos para formación de especialistas, reforzando los centros actuales, creando otros nuevos, y si es necesario, recurrir a centros formadores extranjeros, para enviar a médicos chilenos recién formados o que hayan realizado un trabajo en regiones y provincias alejadas del centro del país. Luego, debemos elaborar legislación y reglamentos que hagan que los especialistas formados en instituciones públicas o financiados con recursos estatales trabajen en el sistema público de salud por un tiempo prolongado, no necesariamente con horario completo. Sumado a lo anterior, debemos formular una política activa para que la distribución de especialistas sea equitativa a lo largo del país, creando incentivos, premios y compromisos de formación para que los especialistas vayan y permanezan en regiones. Esto debe apoyarse con becas tanto en Chile como en el extranjero, financiadas por los servicios de salud, lo que está haciendo en forma espontánea el sector privado. En Chile existen muchos especialistas, oftalmólogos entre ellos, ya aceptados por las sociedades médicas respectivas, formados en Bolivia, Perú y España, por nombrar algunos países. El tema de la acreditación debe normarse en forma clara, para que se garantice la calidad de la atención y la confianza pública. En ello el Estado debe tener un rol activo a fin de que ese proceso sea transparente y justo, que evite el libertinaje y la arbitrariedad, y que los requisitos exigidos sean conocidos en forma plena y aplicados conforme a pautas permanentes, con instancias de apelación que den garantías de equidad a todos los examinados, en las que deben participar representantes de todos los interesados. Debemos avanzar en estos temas para que los problemas actuales se solucionen en favor de la salud de los chilenos y del bien común. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, es indudable que hoy faltan médicos especialistas, que no existen procedimientos adecuados de acreditación, que la certificación de validez legal para su ejercicio, no obstante realizarla Conacem, en la práctica no es tan efectiva y que son públicos todos los impedimentos y obstáculos existentes para la formación de profesionales especialistas en Chile. Por ello, se hace necesario establecer un sistema de preparación y de acreditación de los profesionales, que resguarde la fe pública y que permita a los profesionales una capacitación de primer orden. No hay una norma legal específica que regule el tema. No obstante, en la práctica, tampoco existen impedimentos legales para organizar programas de formación. Concretamente, quiero acentuar lo relativo a la conveniencia de legislar para dar un marco regulatorio al proceso de certificación y acreditación de especialidades médicas. Este mismo informe señala los requisitos que debería reunir esa normativa para no entrabar o desalentar las especializaciones. El punto 10 del informe señala: “Que se enfocara la regulación legal evitando posibles inconvenientes como la reducción del número de especialistas, principalmente los que prestan sus servicios en niveles de menor complejidad en el sector público, o que se inhibiera a ciertos profesionales de realizar ciertas acciones reservadas sólo a los reconocidos por ley, lo que sobrecargaría a los establecimientos de mayor complejidad.” Recientemente se realizó un seminario donde se abordó el tema de la regulación legal; si hay que regular, si hay que dictar una ley, desde cuándo, hasta qué momento, o qué aspectos quedarían excluidos de esta legislación. En aquella oportunidad se plantearon ciertos aspectos fundamentales que deben tenerse en consideración para una efectiva legislación respecto del tema: que se procure la especialización; que se facilite la acreditación; que la normativa no sea restrictiva para que no desaliente; que avale o acredite, pero que no se penalice al que no la tiene; que no se les prohíba el ejercicio de acciones médicas a quienes no reciban la certificación de capacidad; que los organismos que acrediten sean independientes e intersectoriales; que las instituciones de salud, especialmente las públicas, incorporen a profesionales acreditados, pero sólo de manera ejemplarizadora; que se actualicen las acreditaciones en virtud del avance y del progreso de la medicina; que no se delimite en exceso el área disciplinaria, los contenidos y destrezas correspondientes a cada especialidad; en fin, que haya flexibilidad y no rigidez. Todo ello es concordante con los acuerdos del informe dado a conocer en la Sala, cuyos contenidos son bastante claros y nos han dado luces respecto de muchas situaciones que hoy ocurren en el campo de la especialización. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor José Luis González. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, dado el poco tiempo de que disponemos, no comentaré in extenso el completo informe rendido por el Diputado señor Tohá. Sin embargo, me referiré a dos consideraciones que me parecen fundamentales. La primera dice relación con el hecho de que no se puede tratar el tema de las especialidades médicas sin considerar, también, el de la formación de pregrado. Se trata de un punto clave para determinar la necesidad de especialistas médicos en nuestro país. No cabe duda de que en la medida en que se ha tecnificado la formación médica de pregrado ha disminuido la capacidad de resolución de problemas por parte de los médicos generales. Si se continúa enviando, por ejemplo, a Chaitén o a Pirihueico a profesionales que no son capaces de distinguir clínicamente, con sus manos, ojos y oídos, un resfrío de una bronquitis o neumonía, todos los especialistas se harán poco. En este momento, los médicos recién egresados de la universidad están tan acostumbrados a usar desde el aparato de rayos hasta el ecodoppler, que no son capaces de distinguir una enfermedad en forma clínica, como se hace en el arte de la medicina, porque el diagnóstico continúa siendo un arte, no el de conocer la enfermedad, sino al enfermo, y eso lo puede hacer mucho mejor un médico general que un especialista. Si las universidades no se esfuerzan en formar médicos generales para la realidad chilena, siempre los especialistas serán pocos en nuestro país. La segunda consideración se refiere al tema central del informe, es decir, a la necesidad de contar con más especialistas en Chile, la que no puede estar sujeta -a pesar de lo planteado por el Diputado señor Bayo- a las leyes de la oferta y la demanda, porque la teoría del mercado funciona en un mercado perfecto, en que todas las personas tienen real acceso a resolver sus necesidades. Eso no ocurre en el área de la salud. Cada vez más el segmento de población más desposeído de nuestro país tiene menos acceso a este mercado -entre comillas- de la salud. Tampoco la determinación de necesidades de especialistas puede estar sujeta a la presión de las sociedades de especialistas. Por mucho que aquí se haya dicho que su participación en Conacem es transparente, en verdad eso no es así. Se ha expresado que es muy humano que un especialista tenga cierta renuencia a formar futuros competidores en el mercado de la salud. Claro que es muy humano, pero poco transparente y poco ético. Por otra parte, la cuantía y calidad de los actuales conocimientos epidemiológicos en el mundo permiten determinar con precisión e, incluso, prever las necesidades de especialistas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su bancada. Le ruego redondear la idea. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, conocemos la incidencia y prevalencia de todas las enfermedades en Chile. A partir de ellas debemos determinar la necesidad de especialistas, pero ello requiere que lo haga un ente superior, que no esté sujeto a las presiones de grupos y que dé garantías de buena calidad, adecuada cantidad y buena distribución de especialistas. Por eso, se requiere una legislación que permita al Ministerio de Salud, si no manejar en su totalidad, por lo menos participar y tener voz y voto en cuanto a la cantidad, calidad y distribución de médicos especialistas en Chile. He dicho. -De acuerdo al artículo 85 del Reglamento, se inserta la siguiente intervención no pronunciada en la Sala: El señor MASFERRER.- Señor Presidente, Honorable Cámara, el informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que se abocó al estudio de las especialidades médicas aborda materias de indiscutible interés para la regulación y desarrollo de esta profesión, para el sector salud en general y para que, en definitiva, los usuarios puedan obtener una mejor atención, ya sea en el sector público o privado. Sin embargo, me parece necesario, como cuestión previa al análisis de las conclusiones consignadas en el informe, hacer referencia al hecho de que el problema que se advierte, como consecuencia de la carencia de médicos especialistas en algunas áreas, no podrá abordarse cabalmente si no se enfrenta una modernización profunda del sistema público de salud que consagre criterios de eficiencia en la gestión, basados en una verdadera descentralización, en la competencia entre los distintos prestadores y en la libertad del usuario para elegir el lugar donde prefiere atenderse. Los principios económicos de la libertad y la competencia deben informar también la solución a la falta de médicos especialistas. Desde esta perspectiva y, no obstante compartir el sentido general del presente informe, no puedo dejar de manifestar algunas observaciones a ciertos aspectos que deben interpretarse con especial prudencia. Así, la necesidad de precisar el número necesario de médicos por habitantes, la cuantificación de su déficit, distribución y las necesidades futuras, es una labor estadística que tiene un valor importante como referencia orientadora de las políticas públicas en salud y, especialmente, en lo relativo a los niveles mínimos aceptables; sin embargo, no puede pretender caerse en el extremo de entregar al Estado la definición categórica de cada uno de estos tópicos. La experiencia enseña que los adelantos científicos, tecnológicos, sociales, económicos incluso culturales, hacen muy difícil -si no imposible- predecir con anticipación cuál es el número de profesionales de una u otra área que necesitará un país en el futuro mediato o lejano. Predicciones de esta naturaleza obedecen más bien a concepciones estatistas, que creen posible la planificación del funcionamiento de las sociedades controlando centralizadamente las principales variables de la vida individual y comunitaria. Desde este punto de vista la redacción del punto cuarto de las conclusiones que consagra la entrega al Estado el “deber de ejercer un papel regulador” me parece inconveniente, equívoco y, además, discriminatorio respecto de todas las otras profesiones existentes en el país, en ninguna de las cuales existe una disposición de este tipo. La argumentación de la importancia social de los servicios médicos no me parece una justificación razonable, precisamente porque mientras más importante es un servicio para las personas más lo valora la sociedad y más estímulos existen para incorporarse a esa actividad. Por otra parte, la responsabilidad que deben asumir los distintos sectores en la formación de especialistas, atendido a que actualmente el sector público carga con el 80% del costo total, se verá favorecido si se adoptan las medidas necesarias para reducir las barreras de entrada a la formación de médicos y especialistas. En este campo el sector privado tiene un amplio espacio para desarrollarse y de hecho ya existe una experiencia pionera con la creación de la escuela de medicina de la Universidad de Los Andes. Lo importante es tener claro que no es eficiente que a la actividad privada se le impongan obligaciones de este tipo; la experiencia demuestra que lo fructífero es generarle incentivos en un marco de libertad para emprender de acuerdo al interés de cada cual. Sin perjuicio de lo anterior, el informe avanza sobre dos aspectos de la mayor importancia para paliar posibles déficits de especialistas médicos. Primero, permitir a profesionales técnicos en el área de la salud, como Tecnólogos Médicos, Enfermeras, Kinesiólogos, etc., el acceso a entregar ciertas prestaciones que no requieren necesariamente del médico especialista. No podemos olvidar que cuando nos referimos a la excelente calidad de nuestros profesionales médicos, esa valoración alcanza a todos estos otros profesionales formados al mejor nivel de conocimiento y destreza. Medidas prudentes y bien controladas en este campo podrían ayudar a resolver en una medida no menor la carencia, especialmente, a nivel de sectores más alejados de los grandes centros urbanos. En segundo término, la importación de especialistas formados en el extranjero es una manera razonable de paliar las carencias. No puede actuarse en esta materia con prejuicios ni con proteccionismos injustificados. En este mismo sentido creo conveniente explorar políticas que incentiven la creación de un mayor número de becas de especialización en el extranjero, donde pudieran ir nuestros médicos generales a capacitarse en áreas de su interés. La infraestructura física, la capacidad docente y el desarrollo científico necesarios para la formación de médicos es de un costo tan elevado que puede resultar atractiva la opción de una mayor preparación en otros países en forma subsidiaria a lo que internamente podemos lograr. Otro aporte que estimamos pudo haber sido considerado es la obligación que cada médico debiera tener de informar dónde obtuvo su especialidad de manera de dar transparencia y oportunidad al paciente de evaluar la capacitación profesional del especialista. Igualmente debieran analizarse mecanismos que permitieran un mayor aporte del profesional en el financiamiento de los estudios de especialización. Si bien es cierto que la existencia de médicos tiene un impacto social favorable, ello ocurre igual con muchas otras profesiones, y no se ve una razón justificada para que el profesional no aporte en grado importante con el costo de su especialización. Creo, señor Presidente, que el trabajo realizado, en todo caso, resulta un aporte de nuestra Corporación a un debate necesario y a la posible implementación de medidas que ayuden al desarrollo de nuestro sistema de salud, tanto en su expresión pública como privada, ya que ambos requieren en forma insustituible de profesionales con la idoneidad y en el número necesario para responder a las necesidades siempre crecientes y urgentes en esta materia.El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se ha tratado así el informe de la Comisión de Salud relacionado con el proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara respecto de la existencia, formación y acreditación de los profesionales en las diversas áreas médicas, el cual se votará al inicio de la sesión de mañana. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó a las 14.22 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.1. Oficio de S.E. el Presidente de la República. Hace presente la urgencia en el despacho de las observaciones al proyecto de ley que indica. Santiago, junio 17 de 1996.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el Honorable Senado- respecto del proyecto de ley que establece el pago de un derecho por el uso de vías urbanas afectas a congestión vehicular. (Boletín Nº 433-15). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; GENARO ARRIAGADA HERRERA, Ministro Secretario General de la Presidencia.”2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. Hace presente la urgencia en el despacho de las observaciones al proyecto de ley que indica. Santiago, junio 17 de 1996.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el Honorable Senado- respecto del proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos; el Decreto Ley Nº 1.097, de 1975; la ley Nº 18.010 y el Código de Comercio. (Boletín Nº 1.404-05). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; GENARO ARRIAGADA HERRERA, Ministro Secretario General de la Presidencia.”3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. Retira urgencia. Santiago, junio 14 de 1996.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley, iniciado en moción de los honorables Senadores señores Sergio Bitar; Antonio Horvath; Roland Mc Intyre y José Ruiz de Giorgio que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, estableciendo la obligación de instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital, en determinadas naves pesqueras. (Boletín Nº 1.199-03). Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; GENARO ARRIAGADA HERRERA, Ministro Secretario General de la Presidencia.”4. Moción de los Diputados señores Ulloa, Paya, Masferrer, Correa, Alvarado, Álvarez-Salamanca y Pérez (don Víctor). Precisa aplicación de penas en delitos sobre menores. (boletín Nº 1871-07). Recientemente la opinión pública se ha visto conmocionada ante sucesivos hechos de violencia en que las víctimas son menores de escasos meses de edad. En algunos de estos hechos los propios padres inclusive han ocasionado la muerte de alguno de sus hijos debido a golpes en el cráneo y otras de las víctimas presentan daños irreparables en sus centros neurológicos. La educación y el fortalecimiento de la familia son imperativos sociales que los legisladores no podemos abandonar, por lo que es necesario que a través de nuestro principal instrumento de acción, como son las leyes, transmitamos la señal correcta acerca de la extrema gravedad de estos ilícitos penales. El simple aumento de las penas muchas veces no es la solución adecuada, ya que a través de beneficios procesales o administrativos en muchos casos incluso no se aplican las actualmente vigentes. Por esta razón se propone que en aquellos delitos más graves contra la integridad física y moral de niños menores de ocho años de edad el Tribunal deba siempre aplicar la pena actualmente vigente en su grado mayor, evitándose la aplicación de atenuantes que, por la práctica forense, en múltiples ocasiones constituyen una verdadera burla al espíritu del legislador. Tales ilícitos son: la violación, incesto, sodomía, parricidio, homicidio y lesiones graves.Moción Artículo único: Agréguese el siguiente inciso final al artículo 66 del Código Penal: “En los casos consagrados en los artículos 361, 364, 365, 390, 391 y 397 de este código, cuando la víctima sea menor de 8 años de edad se impondrá siempre la pena establecida en su grado máximo. Si ésta fuera de muerte, el tribunal no estará obligado a imponerla.”5. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, junio 14 de 1996 Oficio 1150Excelentísimo señor Presidentede la Cámara de Diputados: Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en los autos Rol Nº 236, relativos al proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo al régimen legal de las concesiones de obras públicas y las normas tributarias que le son aplicables, enviado a este Tribunal para su control de constitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República. Dios guarde a V.E. (Fdo.): MANUEL JIMÉNEZ BULNES, Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ, Secretario.”AL EXCELENTÍSIMO SEÑORPRESIDENTE DE LA HONORABLECÁMARA DE DIPUTADOSDON JAIME ESTÉVEZ VALENCIAPRESENTESantiago, once de junio de mil novecientos noventa y seis.Vistos y considerando:1º. Que, por oficio Nº 1082, de 22 de mayo de 1996, la Honorable Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo al régimen legal de las concesiones de obras públicas y las normas tributarias que le son aplicables, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de las disposiciones contenidas en los incisos quinto y sexto del artículo 35, contenidos en el numeral 10 y artículo 41 e inciso final del artículo 42, contemplados en el numeral 15, todos del artículo 1º;2º. Que, el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;3º. Que, el artículo 74 de la Constitución establece: “Artículo 74.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados. La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.”;4º. Que, de acuerdo al considerando 2º de esta sentencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;5º. Que, el artículo 35, sustituido por el numeral 10 del artículo 1º del proyecto remitido, dispone: “Artículo 35.- Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o a que dé lugar su ejecución, se elevarán al conocimiento de una Comisión Conciliadora que estará integrada por un profesional universitario designado por el Ministro de Obras Públicas, un profesional universitario designado por el concesionario y un profesional universitario nombrado de común acuerdo por las partes, quien la presidirá. A falta de acuerdo, este último será designado por el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los integrantes de la Comisión deberán ser designados al inicio de la respectiva concesión, sin perjuicio de que puedan ser reemplazados cuando ello sea necesario o se estime conveniente. La Comisión deberá determinar sus normas y procedimientos debiendo contemplar, en todo caso, la audiencia de las partes y los mecanismos para recibir las pruebas y antecedentes que éstas aporten; y deberán establecer, en cuanto se designen sus integrantes, el modo en que se le formularán las solicitudes o reclamaciones y el mecanismo de notificación que ella empleará para poner en conocimiento de las partes las resoluciones o decisiones que adopte. Los acreedores que hayan constituido a su favor la prenda establecida en el artículo 42 de esta ley, serán admitidos en los procedimientos a que diera lugar el funcionamiento de esta Comisión, siempre que tuvieren interés y en calidad de terceros independientes. Planteada la reclamación ante la Comisión, y a solicitud del reclamante, ella podrá decretar la suspensión de los efectos de la resolución del Ministerio a la que dicha reclamación se refiera. Solicitada la intervención de la Comisión, ella buscará la conciliación entre las partes. Si esta no se produce en el plazo de 30 días, el concesionario podrá solicitar a la Comisión, en el plazo de 5 días, que se constituya en Comisión Arbitral, o recurrir, en el mismo plazo, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En el primer caso, la Comisión actuará de acuerdo a las normas fijadas para los árbitros arbitradores y tendrá el plazo de 30 días para fallar, plazo durante el cual se mantendrá la suspensión de los efectos de la resolución o decisión del Ministerio. El fallo de la Comisión, en este caso, no será susceptible de recurso alguno. En el evento de que el concesionario interponga el recurso ante la Corte de Apelaciones, éste se tramitará conforme al procedimiento establecido en los artículos 69 a 71 de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, y a las siguientes disposiciones: 1. No será exigible boleta de consignación. 2. El traslado del recurso se dará al Director General de Obras Públicas. Si el concesionario no solicitare de la Comisión que falle como Comisión Arbitral, ni interpusiere el recurso ante la Corte de Apelaciones, quedará a firme la resolución o decisión del Ministerio. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las atribuciones del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República.”;6º. Que, el artículo 41, agregado por el numeral 15 del artículo 1º del proyecto en estudio, establece: “Artículo 41.- Cuando un usuario de una obra dada en concesión incumpla el pago de su tarifa o peaje, el concesionario tendrá derecho a cobrarla judicialmente. Será competente para conocer de ella, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley Nº 18.287, el juez de policía local del territorio en que se produjo el hecho, el cual deberá, al ordenar dicho pago, imponer al condenado una indemnización compensatoria en favor del concesionario, de un valor equivalente a cuarenta veces el pago incumplido, más el reajuste según el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha del incumplimiento y la del pago efectivo o bien, el valor equivalente a dos unidades tributarias mensuales, estando obligado a aplicar el mayor valor. En la misma sentencia, se regularán las costas procesales y personales, calculándolas con el valor total reajustado de la tarifa e indemnización indicadas. En el juzgamiento de estas infracciones, constituirán medios de prueba fotografías, videos y cualquier otro medio técnico que el Ministerio de Obras Públicas hubiese autorizado para el control del incumplimiento de los pagos tarifarios.”;7º. Que, el artículo 41 bis, contemplado en el numeral 15 del artículo 1º del proyecto, dispone: “Artículo 41 bis.- El concesionario podrá instalar plazas de pesaje en la obra concesionada, debiendo obtener autorización del Ministerio de Obras Públicas, quien sólo podrá denegarla por razones técnicas y en resolución fundada que será reclamable ante la Comisión Conciliadora. Si no se han establecido normas especiales en el contrato de concesión, se aplicarán aquellas legales y reglamentarias relativas al peso máximo de vehículos y carga. El concesionario tendrá derecho a reclamar de las infracciones a dichas normas ante el Juez de Policía Local del territorio en que se produjo el hecho, quien conocerá de la infracción de acuerdo al procedimiento contenido en la ley Nº 18.287. Dicho juez deberá imponer, conjuntamente con las multas establecidas en las normas referidas, una indemnización compensatoria de igual monto en beneficio del concesionario. En el juzgamiento de estas infracciones, constituirán medios de prueba cualquier elemento o sistema técnicos que el Ministerio de Obras Públicas hubiese autorizado al concesionario para el control del cumplimiento de las normas correspondiente.”;8º. Que, el inciso final del artículo 42, comprendido en el numeral 15 del artículo 1º del proyecto, establece: “Será competente para conocer de todo litigio y de la ejecución de esta prenda especial de concesión de obras públicas, a elección del acreedor, el Juez de Letras de la ciudad cabecera de la Región en la que se encuentre inscrita la sociedad concesionaria o el de asiento de Corte en que tuviere su domicilio aquél.”;9º. Que, no obstante que la Cámara de origen ha sometido a control como materia propia de ley orgánica constitucional, en conformidad al artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política, sólo los incisos quinto y sexto del nuevo artículo 35 del cuerpo legal que el proyecto modifica, este Tribunal debe reiterar lo que ha manifestado en oportunidades anteriores en el sentido de que para cumplir a cabalidad la función de control de constitucionalidad que la Carta Fundamental le confiere, debe ejercerla sobre todos los incisos de dicho artículo 35 y no sobre algunos de ellos, pues constituyen un solo todo orgánico y sistemático que es jurídicamente difícil de separar para determinar su real sentido y alcance;10º. Que, de igual forma, este Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre el artículo 41 bis, que la iniciativa incorpora al texto legal antes mencionado, puesto que tiene una estrecha relación y le otorga a los jueces de Policía Local una atribución similar a aquélla que les confiere el nuevo artículo 41 contemplado en el proyecto en análisis, que ha sido sometido a control de constitucionalidad, teniendo, de igual manera idéntico carácter orgánico constitucional;11º. Que, las normas contenidas en los artículos 35 -excepto su inciso tercero-, comprendido en el numeral 10, 41 y 42, inciso final, contemplados en el numeral 15, todos del artículo 1º del proyecto remitido, regulan materias propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 74 de la Carta Fundamental;12º. Que, de acuerdo a los antecedentes acompañados a los autos, el artículo 41 bis, mencionado en los considerandos anteriores, no fue aprobado en todos sus trámites constitucionales por los cuatro séptimos de los Diputados y Senadores en ejercicio, quórum que exige el artículo 63 de la Constitución Política, para las normas propias de una ley orgánica constitucional. No cumpliéndose así con dicho requisito de forma, las normas que contiene adolecen de un vicio de esa naturaleza, motivo por el cual debe ser declarado inconstitucional;13º. Que, la disposición comprendida en el inciso tercero del artículo 35, contemplado en el numeral 10 del artículo 1º, del proyecto remitido, no es propia de ley orgánica constitucional, según se desprende de la interpretación que deriva de su texto, de la naturaleza de las leyes orgánicas constitucionales dentro de nuestra normativa jurídica y del espíritu del constituyente al incorporarlas a nuestra Carta Fundamental;14º. Que, las normas a que se hace referencia en el considerando 11º de esta sentencia no contienen preceptos contrarios a la Constitución Política de la República y son, en consecuencia, constitucionales;15º. Que, consta de autos que se ha oído previamente a la Corte Suprema de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República;16º. Que consta, asimismo, de autos, que las disposiciones objeto de control de constitucionalidad -salvo el artículo 41 bis-, han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República. Y, VISTOS, lo dispuesto en los artículos 63, 74 y 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, y lo prescrito en los artículos 34 al 37 de la ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, de 19 de mayo de 1981.SE DECLARA:1º. Que las disposiciones del artículo 41 bis, contemplado en el numeral 15 del artículo 1º del proyecto de ley en examen, son inconstitucionales y deben eliminarse de dicho texto.2º. Que las disposiciones comprendidas en los artículos 35 -salvo su inciso tercero-, 41 y 42, inciso final, contemplados en los numerales 10 y 15 del artículo 1º del proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo al régimen legal de las concesiones de obras públicas, y las normas tributarias que le son aplicables, son constitucionales.3º. Que no le corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el inciso tercero del artículo 35, contenido en el numeral 10 del artículo 1º del proyecto remitido, por regular una materia que no es propia de ley orgánica constitucional. Se deja constancia que el Tribunal estuvo por entrar a conocer de las disposiciones del artículo 41 bis, contenido en el numeral 15 del artículo 1º del proyecto en estudio, después de haberse desechado la indicación de los Ministros señores Marcos Aburto, Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, en el sentido de no emitir pronunciamiento a su respecto por no haber sido sometido a su control. El Ministro señor García previene que, en mérito a las razones que ha hecho presente con ocasión de anteriores sentencias, como las señaladas en los roles Nºs. 88 y 135, es de parecer que este Tribunal debiera haber hecho también objeto de su examen los artículos 19 -incisos primero y tercero-, contemplado en el numeral 4; 27 bis, agregado por el numeral 9; y 36, sustituido por el numeral 11, todos del artículo 1º del proyecto de ley materia de estos autos y ejercido a su respecto el correspondiente control de constitucionalidad. Devuélvase el proyecto a la Honorable Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese. Rol Nº 236. Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don Manuel Jiménez Bulnes, y los Ministros don Marcos Aburto Ochoa, Ricardo García Rodríguez, Osvaldo Faúndez Vallejos, Servando Jordán López y Juan Colombo Campbell. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional don Rafael Larraín Cruz.