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El señor URRUTIA (don Salvador).-
Señor Presidente , el completo informe del honorable Diputado señor Isidoro Tohá expuso muy bien la grave situación que presenta el área de especialidades médicas en Chile. Debe reiterarse, la alarmante falta de especialistas en todo el país, y para agravar más su escasez, están desigualmente distribuidos en las distintas regiones, con una concentración hipertrofiada en la zona central. Existe carencia severa en la acreditación legal del título de especialistas. En la actualidad, basta con el título de médico cirujano para tener derecho, si se desea, a autodenominarse especialista en pediatría, medicina interna, neurología, o en cualquier otra especialidad médica.
Existen instituciones que otorgan certificados de una especialidad, tras cumplir determinados estudios o prácticas de postgrado, o de cumplir las exigencias de Conacem, pero no son obligatorios y sólo tienen un valor de imagen y credibilidad voluntaria en los colegas y en los pacientes.
También hay una enorme carencia en la capacidad formadora de especialistas. Baste decir que en 1995, hubo 333 cupos de formación y el requerimiento es de 1.562, lo cual, sumado a los tres años de formación, hace que sólo en ocho años se pueda solucionar el déficit actual, sin contar con que el aumento de la población, el desarrollo económico-educacional -que crea mayor demanda-, los progresos tecnológicos, etcétera, que harán que el plazo sea aún mayor si no se aumenta la capacidad de entidades formadoras. Por lo tanto, ahí es donde debemos centrar un esfuerzo especial.
A lo anterior se agrega el hecho de que en el esquema económico actual, los especialistas, apenas completan su formación en alguna institución pública, se marchan al sector privado dejando sin atención especializada al 70 por ciento de la población que se atiende en el sistema público de salud, lo cual, más que un problema ético, es de mercado y de falta de normas correctoras.
Estos problemas obligan a crear soluciones de bien común, a partir de políticas de gobierno y de normas legales que los corrijan. Primero, deben aumentarse los cupos para formación de especialistas, reforzando los centros actuales, creando otros nuevos, y si es necesario, recurrir a centros formadores extranjeros, para enviar a médicos chilenos recién formados o que hayan realizado un trabajo en regiones y provincias alejadas del centro del país.
Luego, debemos elaborar legislación y reglamentos que hagan que los especialistas formados en instituciones públicas o financiados con recursos estatales trabajen en el sistema público de salud por un tiempo prolongado, no necesariamente con horario completo. Sumado a lo anterior, debemos formular una política activa para que la distribución de especialistas sea equitativa a lo largo del país, creando incentivos, premios y compromisos de formación para que los especialistas vayan y permanezan en regiones. Esto debe apoyarse con becas tanto en Chile como en el extranjero, financiadas por los servicios de salud, lo que está haciendo en forma espontánea el sector privado.
En Chile existen muchos especialistas, oftalmólogos entre ellos, ya aceptados por las sociedades médicas respectivas, formados en Bolivia, Perú y España, por nombrar algunos países.
El tema de la acreditación debe normarse en forma clara, para que se garantice la calidad de la atención y la confianza pública. En ello el Estado debe tener un rol activo a fin de que ese proceso sea transparente y justo, que evite el libertinaje y la arbitrariedad, y que los requisitos exigidos sean conocidos en forma plena y aplicados conforme a pautas permanentes, con instancias de apelación que den garantías de equidad a todos los examinados, en las que deben participar representantes de todos los interesados.
Debemos avanzar en estos temas para que los problemas actuales se solucionen en favor de la salud de los chilenos y del bien común.
He dicho.
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