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El señor OJEDA.-
Señor Presidente , es indudable que hoy faltan médicos especialistas, que no existen procedimientos adecuados de acreditación, que la certificación de validez legal para su ejercicio, no obstante realizarla Conacem , en la práctica no es tan efectiva y que son públicos todos los impedimentos y obstáculos existentes para la formación de profesionales especialistas en Chile.
Por ello, se hace necesario establecer un sistema de preparación y de acreditación de los profesionales, que resguarde la fe pública y que permita a los profesionales una capacitación de primer orden.
No hay una norma legal específica que regule el tema. No obstante, en la práctica, tampoco existen impedimentos legales para organizar programas de formación.
Concretamente, quiero acentuar lo relativo a la conveniencia de legislar para dar un marco regulatorio al proceso de certificación y acreditación de especialidades médicas. Este mismo informe señala los requisitos que debería reunir esa normativa para no entrabar o desalentar las especializaciones.
El punto 10 del informe señala: “Que se enfocara la regulación legal evitando posibles inconvenientes como la reducción del número de especialistas, principalmente los que prestan sus servicios en niveles de menor complejidad en el sector público, o que se inhibiera a ciertos profesionales de realizar ciertas acciones reservadas sólo a los reconocidos por ley, lo que sobrecargaría a los establecimientos de mayor complejidad.”
Recientemente se realizó un seminario donde se abordó el tema de la regulación legal; si hay que regular, si hay que dictar una ley, desde cuándo, hasta qué momento, o qué aspectos quedarían excluidos de esta legislación.
En aquella oportunidad se plantearon ciertos aspectos fundamentales que deben tenerse en consideración para una efectiva legislación respecto del tema: que se procure la especialización; que se facilite la acreditación; que la normativa no sea restrictiva para que no desaliente; que avale o acredite, pero que no se penalice al que no la tiene; que no se les prohíba el ejercicio de acciones médicas a quienes no reciban la certificación de capacidad; que los organismos que acrediten sean independientes e intersectoriales; que las instituciones de salud, especialmente las públicas, incorporen a profesionales acreditados, pero sólo de manera ejemplarizadora; que se actualicen las acreditaciones en virtud del avance y del progreso de la medicina; que no se delimite en exceso el área disciplinaria, los contenidos y destrezas correspondientes a cada especialidad; en fin, que haya flexibilidad y no rigidez. Todo ello es concordante con los acuerdos del informe dado a conocer en la Sala, cuyos contenidos son bastante claros y nos han dado luces respecto de muchas situaciones que hoy ocurren en el campo de la especialización.
He dicho.
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