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El señor ROCHA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , la Excelentísima Corte Suprema ha hecho público un acuerdo relativo a lo que ella llama una campaña nacional de desprestigio del Poder Judicial.
Como se trata de un órgano colegiado, compuesto por personas que han tenido una larga experiencia en la vida, a mi juicio, su declaración es esencialmente equívoca, porque trata de reflejar puntos de vista que, con seguridad, en su seno serán muy distintos.
En primer lugar, hay un diagnóstico que creo que todos los chilenos compartimos, que dice: “Nunca esta Corte ha desconocido que algunas críticas formuladas a la administración de justicia son razonables e, incluso, las comparte”. ¿Y cuáles son esas críticas? Nada menos que: “La Corte sabe que los procedimientos son complejos, que los juicios se alargan en exceso y que obligan a los justiciables a trámites y esperas y que, en general, la justicia resulta, en muchos casos, no alcanzable a la mayoría de la población”. O sea, no es algo de detalle. Agrega: “Esa falta de acceso, por una inadecuada asistencia letrada afecta principalmente a las clases más necesitadas”.
Es decir, la Corte Suprema da un dato macroscópico: que en el país, la inmensa mayoría de la gente no tiene acceso a la justicia. Esa crítica a ella le parece razonable, y considero justo que así sea. En tal caso, el proceso de reforma al Poder Judicial tiene su plena justificación en el diagnóstico que la propia Corte hace de la situación de la justicia.
En segundo lugar, dice que ella “siempre ha demostrado su disposición a cooperar en las modernizaciones y mejoras que se estimen necesarias al régimen de justicia”.
Sobre este punto, por amor a la verdad, debemos decir que algunos ministros de la Corte Suprema han colaborado. Son testigos de ello todos los abogados de las principales facultades de derecho del país, que los han visto preocupados de, por ejemplo, mejorar el procedimiento penal. Pero no hemos visto igual preocupación de la Corte como tal. Tampoco hemos percibido en el seno de esta Corporación, cuando han concurrido los ministros de la Excelentísima Corte Suprema, un aporte sustantivo, por cuanto no pueden reflejar más que sus opiniones personales -como ellos muchas veces lo han dicho-, porque la Corte sobre esto no tiene opinión.
No hace diez días, los ministros señores Bañados y Dávila concurrieron a la Comisión del Senado a exponer sobre la reforma a la Corte Suprema, en trámite, y ellos mismos señalaron que ese alto tribunal no tiene opinión sobre el tema. Entonces, no es que la Corte esté solícita para actuar a la vanguardia de una reforma cuya necesidad ella misma detecta: algunos ministros sí -y hay que reconocerlo-, pero no el tribunal como tal.
Respecto de la campaña, la declaración de la Corte no es clara, porque no se comprende si las acusaciones constitucionales planteadas en esta Sala forman o no parte de ella. La Corte dice que éstas se fundan en “errores evidentes e interpretaciones antojadizas”. Pero esos errores evidentes e interpretaciones antojadizas, ¿suponen una campaña? Eso no queda claro. Por otra parte, me parecería grave que un Poder del Estado criticara el ejercicio -a lo mejor, por un error- de facultades privativas de los parlamentarios.
Parto de la base de que quienes presentaron las acusaciones constitucionales no lo hicieron por llevar a cabo una campaña de desprestigio, sino porque estiman conveniente sancionar ciertas prácticas irregulares -como en el caso del Ministro Cereceda en su momento-, o aclarar algunos puntos de la propia administración de justicia.
Sin embargo, la Corte estima que habría una campaña, que no identifica, “cuyo origen no se logra precisar”; pero, al mismo tiempo, señala que “no existen motivos graves y valederos para que aquello se produzca.” O sea, la Corte pretende establecer una frontera entre lo que llama una crítica legítima y lo que considera una campaña injustificada. En una democracia, es muy difícil establecer esa frontera, porque cuando se ejerce el legítimo derecho de opinión y de crítica, cada cual puede tener su opinión, y la Corte tiene derecho a la suya y a expresarla, como lo ha hecho; pero no tiene derecho a descalificar a quienes han emitido juicios distintos, a veces severos y muy críticos respecto del comportamiento de los altos tribunales de justicia, en especial en procesos por narcotráfico.
Cuando un ex Presidente de la República de la autoridad moral de don Patricio Aylwin , durante su mandato, formalmente, envía una carta a la Corte Suprema, diciéndole que no tuvo el coraje moral para defender los derechos humanos en el período militar, no se puede sostener que esa crítica -que creo comparte el 90 por ciento de los chilenos- forma parte de una campaña en contra del Poder Judicial. Era una justa manifestación de un mandatario que, con angustia, veía que no se podía hacer justicia sobre temas del pasado. Y cuando hoy, parlamentarios de Oposición y de Gobierno formulan críticas, en el sentido de que algunos magistrados no han actuado con eficiencia en el combate al narcotráfico, lo han hecho porque, justamente, están preocupados de una situación que afecta a la inmensa mayoría del país.
No queremos ver una Corte Suprema a la defensiva o que, invocando razones abstractas de estabilidad institucional y de legitimidad de los poderes públicos, no se preocupe por ponerse a la cabeza en la represión del delito más grave que hoy amenaza a nuestra sociedad.
En ese sentido, la declaración de la Corte tiene de dulce y de agraz. Quienquiera ver en ella la justificación para la modernización del Poder Judicial , la encontrará. Quienquiera ver desautorizaciones políticas a quienes hemos impulsado acusaciones constitucionales, también las hallará. Hubiéramos preferido -pero sabemos que es muy difícil en un órgano colegiado- una posición más clara, más evidente, y una actitud más comprometida con el valor que preside ese Poder del Estado, es decir, la justicia.
He dicho.
"
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