R E P U B L I C A D E C H I L ECAMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 334ª, EXTRAORDINARIASesión 50ª, en martes 11 de marzo de 1997(Ordinaria, de 11.10 a 13.52 horas) Presidencia de los señores Arancibia Calderón, don Armando, y Rocha Manrique, don Jaime. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- INCIDENTES VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 7 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta 9 Acuerdo de los Comités. Despacho de proyecto sobre mejoramiento especial para funcionarios de la Educación 9 V. Orden del Día. Autorización al Presidente de la República para modificar el Estatuto y las plantas del personal de las Fuerzas Armadas. Primer trámite constitucional 9-o- Postergación de tratamiento de proyecto 29-o- VI. Incidentes. - Contaminación de estero de Lirquén. Oficios 30 - Fiscalización sanitaria en comuna de Coronel. Oficios 31 - Repactación de deudas originadas en programa de casetas sanitarias. Oficio 31 - Necesidades educacionales de Ancud. Oficios 32 - Aniversario del segundo Gobierno de la Concertación. Oficio 32 - Informe sobre obras viales en provincia de Malleco. Oficio 35 - Dictamen de la Dirección Nacional de Aduanas sobre franquicias tributarias en zonas francas de Iquique y Punta Arenas. Oficios 36 - Adhesión a intervención de Diputado Villouta 38 - Rechazo a expresiones de Diputado León 38 - Nuevas exigencias del Servicio de Impuestos Internos para representación de contribuyentes. Oficio 39 - Reducción del valor de vehículos importados por Región de Magallanes 40 - Información sobre alzas en cuentas de agua potable en comunas de Mulchén y Negrete. Oficios 40 - Construcción de veredas en caminos rurales de comuna de San Carlos. Oficio 42 - Consecuencias del invierno altiplánico en Arica y Parinacota. Oficios 42Pág. VII. Documentos de la Cuenta. 1. Moción de los Diputados señores Ferrada y Pérez (don Aníbal), que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales (boletín Nº 1990-03). 44 VIII. Otros documentos de la Cuenta. 1. OficiosMinisterio del Interior.-Del Diputado señor Valcarce, aprobación para 1997 del proyecto Liga Deportiva Eduardo Frei Montalva, de la ciudad de Arica.-Del Diputado señor Pérez (don Víctor), proyectos contratados con Gevinco Ltda. y G. y C. Ltda., y Programa de Mejoramiento de Barrios.-Del Diputado señor Melero, forma en que la empresa Servicomunal ha dado cumplimiento al plan de emergencia que se está aplicando en la comuna de Colina.-Del Diputado señor Kuschel, número y nivel de personas contratadas a honorarios, a contrata o en otra calidad jurídica, en la Intendencia de la Décima Región.Ministerio de Agricultura.-Del Diputado señor Tohá, apoyo a agricultores afectados por la sequía; medidas de seguridad exigidas a las empresas forestales.-Del Diputado señor Kuschel, solución a endeudamiento de gran número de agricultores del país.-Del Diputado señor Jürgensen, bonificación de 30 y 40% a los créditos entregados por Indap.-Del Diputado señor Navarro, quehacer fiscalizador de Conaf, especialmente en la Octava Región.Ministerio de Vivienda Urbanismo.-Del Diputado señor Ortiz, proyectos viales Región del Biobío.Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.-De los Diputados señores Huenchumilla, Urrutia (don Salvador), Navarro, Ceroni, Naranjo, Muñoz, Ascencio, Tohá, Dupré, Pérez (don Ramón), Jürgensen, Hurtado, Hernández y Pizarro, concesión de radiodifusión sonora de Radio Minería, Novena Región.Secretaría General de la Presidencia.-Del Diputado señor Taladriz, intermediación entre la comunidad de Mehuín y Celulosa Valdivia para la realización de estudio de impacto ambiental.Ministerio de Planificación y Cooperación.-Del Diputado señor García (don José), Corporación Vial Mapuche; proyecto bombas de agua para Cinco Manzanos.-Del Diputado señor Kuschel, estado de avance de programas sociales.-Del Diputado señor Alvarado, existencia de proyecto de agua potable para sector Huillinco-Cahuala de la comuna de Chonchi.-Del Diputado señor Gutiérrez, problema de cesantía juvenil que afecta a la Séptima Región.-Del Diputado señor Jürgensen, eventual remate de tierras indígenas ubicadas en la Décima Región.-Metas Ministeriales 1997.Corporación de Fomento de la Producción.-De los Diputados señores Jürgensen y Alvarado, licitación de créditos de deudores Corfo.-De los Diputados señores Jürgensen y Kuschel, traspaso de Comités de Agua Potable de Puyehue y Puerto Octay a Essal S.A.-Del Diputado señor Valcarce, posibilidad de restitución del juego de azar Polla Gol en su forma original.-Del Diputado señor Kuschel, medidas adoptadas para evitar las inundaciones en sectores de la Décima Región; aprovechamiento subsidios al consumo de agua potable Población Antuhue 6, comuna Puerto Montt, y efecto de la sequía en tarifas de agua potable.Comisión Nacional del Medio Ambiente.-Del Diputado señor Luksic, vertimiento de residuos líquidos industriales al Río Mapocho.-De la Corporación, medidas ante contaminación de Talcahuano.Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.-Procedimiento empleado en el proceso de compra de predios para y por comunidades indígenas a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Corporación.Municipalidad de Temuco.-Del Diputado señor Huenchumilla, Campamento Los Pinos; reparación Posta de la Comunidad Pelahuén; perfilado y ripiado caminos rurales; proyectos factibles de realizar; proyectos de ripiado, perfilación de caminos y refugios peatonales; limpieza ductos evacuación aguas lluvias; bombas de agua del Comité de Pequeños Agricultores Yapeleo Queupumil.Municipalidad de Santa Juana.-Del Diputado señor Navarro, ejecución segunda etapa del Programa de Mejoramiento de Barrios.Municipalidad de Calbuco.-Del Diputado señor Kuschel, programa pavimentación participativa; necesidad de infraestructura en establecimientos escolares.Municipalidad Padre Las Casas.-Del Diputado señor Huenchumilla, proyectos de inversión.Municipalidad de Penco.-Del Diputado señor Navarro, fiscalizaciones sanitarias efectuadas a la Empresa Coprosa.Asociación de Funcionarios de la I. Municipalidad de Lo Espejo.-Informa sobre situación de noventa y cinco funcionarios de esa municipalidad. Programa de Reconocimiento al Exonerado Político.-Estadísticas al 27 de enero 1997. I. ASISTENCIA. -Asistieron los siguientes señores diputados: (104)Acuña Cisternas, MarioAguiló Melo, SergioAlvarado Andrade, ClaudioÁlvarez-Salamanca Büchi, PedroAllende Bussi, IsabelArancibia Calderón, ArmandoAscencio Mansilla, GabrielÁvila Contreras, NelsonAylwin Azócar, AndrésAylwin Oyarzún, MarianaBalbontín Arteaga, IgnacioBartolucci Johnston, FranciscoBayo Veloso, FranciscoBombal Otaegui, CarlosCaminondo Sáez, CarlosCantero Ojeda, CarlosCardemil Herrera, AlbertoCeroni Fuentes, GuillermoColoma Correa, Juan AntonioCornejo González, AldoCorrea De la Cerda, SergioChadwick Piñera, AndrésDe la Maza Maillet, IvánDupré Silva, CarlosElgueta Barrientos, SergioElizalde Hevia, RamónEncina Moriamez, FranciscoErrázuriz Eguiguren, MaximianoEscalona Medina, CamiloEstévez Valencia, JaimeFantuzzi Hernández, ÁngelFerrada Valenzuela, Luis ValentínFuentealba Vildósola, RenánGajardo Chacón, RubénGalilea Vidaurre, José AntonioGarcía García, René ManuelGarcía Ruminot, JoséGarcía-Huidobro Sanfuentes, AlejandroGutiérrez Román, HomeroHamuy Berr, MarioHernández Saffirio, MiguelHuenchumilla Jaramillo, FranciscoHurtado Ruiz-Tagle, José MaríaJara Wolf, OctavioJeame Barrueto, VíctorJocelyn-Holt Letelier, TomásJürgensen Caesar, HarryKarelovic Vrandecic, VicenteKuschel Silva, Carlos IgnacioLatorre Carmona, Juan CarlosLeay Morán, CristiánLeón Ramírez, RobertoLetelier Morel, Juan PabloLetelier Norambuena, FelipeLongueira Montes, PabloLuksic Sandoval, ZarkoMakluf Campos, JoséMartínez Labbé, RosauroMasferrer Pellizzari, JuanMatthei Fornet, EvelynMelero Abaroa, PatricioMontes Cisternas, CarlosMorales Morales, SergioMoreira Barros, IvánMunizaga Rodríguez, EugenioMuñoz Aburto, PedroNaranjo Ortiz, JaimeNavarro Brain, AlejandroOjeda Uribe, SergioOrpis Bouchón, JaimeOrtiz Novoa, José MiguelPalma Irarrázaval, JoaquínPaya Mira, DaríoPérez Lobos, AníbalPérez Opazo, RamónPérez Varela, VíctorPizarro Soto, JorgePollarolo Villa, FannyProchelle Aguilar, MarinaRebolledo Leyton, RomyRibera Neumann, TeodoroRocha Manrique, JaimeSaa Díaz, María AntonietaSabag Castillo, HosainSalas De la Fuente, EdmundoSeguel Molina, RodolfoSilva Ortiz, ExequielSolís Cabezas, ValentínSota Barros, VicenteTaladriz García, Juan EnriqueTohá González, IsidoroTuma Zedan, EugenioUlloa Aguillón, JorgeUrrutia Ávila, RaúlUrrutia Cárdenas, SalvadorValenzuela Herrera, FelipeVargas Lyng, AlfonsoVenegas Rubio, SamuelViera-Gallo Quesney, José AntonioVilches Guzmán, CarlosVillouta Concha, EdmundoWalker Prieto, IgnacioWörner Tapia, MartitaZambrano Opazo, Héctor -Asistieron, además, los Ministros: de Defensa Nacional, señor Edmundo Pérez Yoma, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Juan Villarzú. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.07 horas. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- El acta de la sesión 46ª se declara aprobada. El acta de la sesión 47ª se encuentra a disposición de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.ACUERDO DE LOS COMITÉS. Despacho de proyecto sobre mejoramiento especial para funcionarios de la Educación. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Informo a la Sala que, en reunión efectuada en el día de hoy, los Comités parlamentarios acordaron, por unanimidad, tratar en la sesión de mañana el proyecto sobre remuneraciones del profesorado, hasta su total despacho. V. ORDEN DEL DÍAAUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA MODIFICAR EL ESTATUTO Y LAS PLANTAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. Primer trámite constitucional. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto que faculta al Presidente de la República para dictar un Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, modificar las leyes de plantas de estas instituciones y efectuar encasillamientos de personal. Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Sota, y de la de Hacienda, el señor Jürgensen. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 1955-02, sesión 26ª, en 11 de diciembre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informes de las Comisiones de Defensa y de la de Hacienda, sesión 45ª, en 29 de enero de 1997. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, respectivamente. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- A petición del Ministro de Defensa, solicito el acuerdo para que puedan ingresar a la Sala el señor Mario Fernández, Subsecretario de Guerra, y el señor Gonzalo García, asesor. No hay unanimidad. Tiene la palabra el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, inicio mi intervención agradeciendo a los diputados de Oposición, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, que me hayan designado diputado informante en este importante proyecto que va a ocupar nuestra atención. Sin embargo, lamento que esa actitud tan positiva, que reconozco, no se vea reflejada en este momento al no permitir el ingreso a la Sala del Subsecretario de Guerra y del asesor. Espero que durante la sesión esa negativa pueda ser reconsiderada. El proyecto que trataremos en esta oportunidad no dudo en calificarlo de histórico. En 1968, hace casi treinta años, se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 1, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Hoy, en una decisión del Gobierno del Presidente Frei y a propuesta de su Ministro de Defensa Nacional, se propone este proyecto que concita la atención de todos los señores diputados, cuya finalidad es facultar al Presidente de la República para dictar un nuevo estatuto del personal de las Fuerzas Armadas y modificar las plantas de oficiales y empleados civiles de estas instituciones. Esta iniciativa representa un mejoramiento extraordinario para este personal. En efecto, 3.417 oficiales, 23.059 suboficiales y 1.595 empleados civiles se verán beneficiados con sus disposiciones. El gasto total que irroga la aplicación del decreto de fuerza de ley que autoriza dictar el proyecto será de 16.160.701.000 pesos. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- ¿Me permite una interrupción, señor diputado? El Diputado señor Bayo le solicita una interrupción. El señor SOTA.- Se la concedo con todo gusto. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Con la venia de su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, quiero saber si esta sesión es o será secreta. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- No ha sido solicitada en ese carácter, señor diputado. El señor BAYO.- En ese sentido, quiero que se precise si la información que está entregando el señor Sota es de carácter reservado. Pido esa precisión porque tengo algunas dudas al respecto. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Puede continuar el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, como alguna vez se me ocurrió una idea semejante, consulté distintas publicaciones internacionales sobre las fuerzas armadas de todos los países del mundo. Los datos que estoy proporcionando están mencionados en todas ellas, de manera que no tendría objeto efectuar una sesión secreta sobre esta materia. Sí es importante que los diputados y la opinión pública tomen nota de lo que he dicho -y repito-, en el sentido de que más de 3 mil oficiales y 23 mil suboficiales serán beneficiados con este proyecto. En la discusión en la Comisión estuvieron presentes altos jefes y directores del personal de las tres ramas de la Defensa. La iniciativa se fundamenta en el hecho de que los fundamentos normativos principales sobre la función y naturaleza de las Fuerzas Armadas se encuentran en la Constitución Política de la República y las disposiciones básicas sobre personal en la ley orgánica constitucional respectiva, pero que todo lo demás queda sujeto a regulación en el campo de la ley común o de la potestad reglamentaria. Las ideas matrices de este proyecto, en consecuencia, como se indica en el informe, se refieren a la dictación de un estatuto del personal, a la modificación de las plantas, al encasillamiento del personal y, básicamente, al establecimiento de los beneficios contenidos en uno de los cuadros que solicité fotocopiar en la Comisión y distribuir a los señores diputados. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- ¿Me permite, señor diputado? El señor Taladriz le solicita una interrupción. El señor SOTA.- Se la concedo, señor Presidente. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, agradezco su deferencia al Diputado señor Sota. Me gustaría saber si los ingenieros militares politécnicos están incorporados en este mejoramiento. Se me informó que estos profesionales, que tienen más estudios que cualquiera otra persona dentro de la carrera militar de especialidades, no estaban contemplados en este nuevo encasillamiento del personal de las Fuerzas Armadas. Si ello es efectivo, quiero saber las razones por las cuales no lo están y qué se podría hacer para que sean considerados en el proyecto. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- En todo caso, sugiero a la Sala que el Diputado señor Sota termine su intervención y que a continuación se le formulen las consultas pertinentes. La del Diputado señor Bayo, por supuesto, era una cuestión previa. Puede continuar el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, el señor Ministro, con más autoridad que yo, responderá la consulta del Diputado señor Taladriz, la cual ya fue formulada como proposición por el Diputado señor Ulloa, al interior de la Comisión. De manera que es un asunto que ha preocupado a varios diputados. Seguramente, el señor Taladriz recibió -igual que yo- una comunicación del Colegio de Ingenieros sobre la materia, pero estoy seguro de que el Ministro responderá su consulta con mucha propiedad. Para avanzar en el informe, diré que las ideas matrices están explicadas en el informe del proyecto. En algunos casos, significa beneficios de hasta 65 por ciento en bonificaciones a determinados oficiales de Estado Mayor, de 35 por ciento en otras especialidades, y para los suboficiales, también 25 y a veces hasta 35 por ciento en bonificaciones. Durante la discusión en particular, la Comisión aprobó por unanimidad los artículos 1º, 2º, 4º y 5º. El artículo 3º, que se aprobó por 5 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, tiene que ver con la retroactividad de los efectos al 15 de enero de este año y no al 1º de enero, como se establece en el proyecto. Desde luego, los diputados que hicieron la propuesta podrán intervenir sobre el tema. Hay algunos aspectos de tipo constitucional que fueron suficientemente resueltos por la Comisión. Pido al señor Presidente que consulte por segunda vez a la Cámara -llamo la atención sobre ello a mis honorables colegas de la Oposición- para que podamos contar con la presencia en la Sala del Subsecretario de Guerra, porque es una pregunta que le formulamos y nos gustaría que él mismo la respondiera. De acuerdo con la urgencia fijada para el despacho del proyecto hoy es el último día de que disponemos para votarlo y aprobarlo, ojalá unánimemente por la Cámara. Es un asunto que interesa en particular a las Fuerzas Armadas, pero también al país, porque las bonificaciones tienden a otorgar dignidad a las funciones de muchos oficiales y suboficiales, cuyos servicios son solicitados por la empresa privada, que les ofrece sueldos muy superiores a los que pueden otorgar el Ejército, la Armada o la Aviación. En todo caso -repito-, es un primer intento de entregar una remuneración digna a los oficiales y suboficiales que tienen la calidad de técnicos. Por lo tanto, solicito a la Cámara la aprobación unánime del proyecto. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Solicito una vez más el acuerdo de la Sala para que puedan ingresar a ella el Subsecretario de Guerra, don Mario Fernández, y el jefe del Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, don Gonzalo García. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen, informante de la Comisión de Hacienda. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda me ha encomendado informar sobre el proyecto de ley que faculta a su Excelencia Presidente de la República para dictar un Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, modificar las leyes de plantas de estas instituciones y efectuar encasillamientos de personal. Durante el debate del proyecto, asistieron a la Comisión los señores Mario Fernández, Subsecretario de Guerra; Gonzalo García, jefe de gabinete del Ministro de Defensa Nacional, y Eugenio Cruz, asesor del Subsecretario. El propósito de la iniciativa consiste en facultar al Presidente de la República para dictar el Estatuto del personal que presta servicios en las Fuerzas Armadas, reemplazando el decreto con fuerza de ley de Guerra Nº 1, de 1968, de manera de actualizar y concordar su normativa con la ley Nº 18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. El proyecto también contempla la incorporación a dicho Estatuto de algunas mejoras económicas orientadas a fortalecer la carrera militar, privilegiando la especialización y el perfeccionamiento, con el objeto de que el referido personal permanezca en las instituciones con niveles de remuneración acordes al desarrollo profesional adquirido por éste. En la Comisión fueron explicadas por el Subsecretario de Guerra las mejoras económicas contenidas en el proyecto de Estatuto que dicen relación con el sobresueldo de especialidad para los oficiales de Estado Mayor, que se fija en 65 por ciento del sueldo en posesión y de nuevas especialidades, tales como las de guerra electrónica, maestro de equitación e instructor de educación física, las que darán derecho a un sobresueldo de 35 por ciento del sueldo en posesión; la asignación de suboficial, que significa 25 por ciento del sueldo base al ascender al grado de suboficial y 30 por ciento al cumplir 30 años de servicios; la asignación académica, que tiene por objeto reconocer los grados académicos de los profesores, civiles y militares, y el aumento de la bonificación de riesgo para los sargentos primeros, de 28 a 38 por ciento. Además, se elimina la incompatibilidad de una segunda especialidad, permitiendo al personal gozar de sobresueldo por hasta dos especialidades, no siendo imponible el sobresueldo correspondiente a la segunda especialidad. El artículo 1º faculta al Presidente de la República para dictar, dentro del plazo de 180 días, un decreto con fuerza de ley que establezca el Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. En su inciso segundo, se señalan las materias que comprenderá la facultad delegada, en especial, dictar las disposiciones complementarias de la ley Nº 18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, con excepción de aquellas comprendidas en las garantías constitucionales o que, por su naturaleza, deban ser reguladas por leyes de rango orgánico constitucional o ser aprobadas por leyes de quorum calificado. El inciso segundo del artículo 2º precisa que el Presidente de la República podrá introducir cambios indispensables de carácter formal en tales preceptos, sin alterar su verdadero sentido y alcance. El artículo 3º dispone que, en los casos en que sea procedente, el decreto con fuerza de ley referido en los artículos anteriores empezará a regir el 1 de enero de 1997. El artículo 4º faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, modifique las plantas de oficiales y empleados civiles de las Fuerzas Armadas, pudiendo crear, modificar y suprimir los escalafones o grados que sea necesario y redistribuir plazas entre los diferentes escalafones. Las modificaciones de las plantas se harán a proposición de los respectivos comandantes en jefe. Los incisos tercero a sexto establecen el mecanismo de encasillamiento de los oficiales de la planta y del personal del cuadro permanente y de gente de mar y de los empleados civiles, el que también se realizará a proposición del respectivo comandante en jefe. Por último, el artículo 5º dispone que el mayor gasto que irrogue la aplicación de las normas que establezcan los decretos con fuerza de ley a que se refiere el proyecto, será financiado con cargo al presupuesto de las respectivas subsecretarías. El informe financiero señala que el proyecto cuenta con un marco de 1.250 millones de pesos mensuales para su financiamiento, y que el mayor gasto que irrogue el proyecto se financiará con cargo al subtítulo 21 del presupuesto de las respectivas instituciones de las Fuerzas Armadas. Antecedentes adicionales entregados a la Comisión establecen que el monto anual de gastos que involucra el proyecto es superior a los 16 mil millones de pesos. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Hacienda por 7 votos a favor y 1 abstención, razón por la cual propone a la Sala que adopte igual criterio. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Ministro de Defensa. El señor PÉREZ (Ministro de Defensa).- Señor Presidente, con la anuencia de la Sala, quiero reiterar algunos conceptos básicos que avalan la legislación que proponemos. El proyecto en discusión pretende reemplazar el actual Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, conocido como DFL Nº 1, propósito que abre algunas interrogantes que explicaré a continuación: en primer lugar, por qué se quiere realizar esta modificación a través de un decreto con fuerza de ley y, seguidamente, cuál es el contenido del proyecto de ley delegatorio y de qué se trata el nuevo estatuto del personal. Respecto del instrumento de la ley delegatoria, la legislación relativa al personal de las Fuerzas Armadas se ha vuelto de una complejidad tal que exige una revisión completa para hacerla coherente con el nuevo marco constitucional que la rige. En este sentido, puedo identificar por lo menos 11 razones y una consideración final que justifican plenamente este cambio. En primer lugar, como resultado de la reforma constitucional de 1989, se incorporó en la Constitución la necesidad de un conjunto de materias relativas a las Fuerzas Armadas que se regularán mediante una ley orgánica constitucional. De esta manera, las normas básicas relativas a nombramientos, ascensos, retiros, carrera profesional, incorporación a las plantas, previsión, antigüedad, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas pasan a tener rango orgánico constitucional. Como lo indica el mensaje, en febrero de 1990, y en cumplimiento de la modificación constitucional descrita, entró en vigencia la ley Nº 18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, como se desprende del texto del artículo 94 de la Constitución, sólo se pueden incluir los aspectos básicos referentes a las materias que allí se indican. En consecuencia, todos los demás aspectos que conciernen a los institutos castrenses son susceptibles de regulación a través de ley común o de potestad reglamentaria presidencial, según corresponda. La regulación del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas es una de las materias que le corresponde definir al legislador. Así se explica, por lo demás, la vigencia ininterrumpida hasta hoy -pese a sus numerosas modificaciones- del DFL Nº 1, de 1968. Sin embargo, aun cuando está plenamente vigente, el referido texto legal requiere ser actualizado y concordado. En efecto, así lo entendió la propia ley Nº 18.948. En su artículo 1º facultó al Presidente de la República para que en el plazo de treinta días, contados desde la publicación de esa ley, esto es, a partir del 27 de febrero de 1990, se efectuaran en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas las adecuaciones derivadas de la entrada en vigor de esa ley orgánica, pudiendo fijar su texto refundido, coordinado y sistematizado. En cumplimiento de esa disposición, el Presidente de la República de la época dictó el decreto supremo Nº 24, de 4 de marzo de 1990, enviado en trámite de toma de razón a la Contraloría General de la República, devuelto sin tramitar por dicho organismo contralor, objetando distintos artículos del texto enviado, por estimar que excedía las facultades otorgadas por el artículo 1º transitorio de la ley orgánica constitucional, al no contemplar dicha disposición la posibilidad de cambiar la redacción del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968, con el objeto de adecuarla a la misma ley orgánica. Efectuado el estudio pertinente, el citado decreto supremo Nº 24 fue reingresado al organismo contralor, el cual se abstuvo nuevamente de tomar razón de él por considerar que las observaciones primitivas no habían sido debidamente subsanadas. A mayor abundamiento, el plazo que fijaba el artículo 1º transitorio para que el Presidente de la República hiciere uso de esa facultad, se encuentra largamente vencido. Por otra parte, a raíz de la entrada en vigencia de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas y de la experiencia de su aplicación acumulada a la fecha, aparece como imperiosa la necesidad de dictar un nuevo estatuto para el personal de las Fuerzas Armadas, que guarde debida correspondencia con esa ley y respete estrictamente su sentido y alcance, de modo tal que sus normas, además de complementar y hacer operante la ley Nº 18.498, permitan que exista un cuerpo único y armónico entre sus distintas disposiciones, y entre ellas y las de la ley orgánica a la cual debe ceñirse. En mérito de lo expuesto, el proyecto de ley en debate tiene por objeto conferir facultades al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley que establezca el estatuto para el personal que presta servicios en las Fuerzas Armadas, destinado a reemplazar el contenido en el D.F.L. de 1968, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 61 de la Constitución Política de la República. Desde un punto de vista de lógica jurídica, la ley orgánica constitucional Nº 18.948, establece sólo normas básicas. Ello exige una concatenación con una norma complementaria de rango legal, que tenga plena armonía y coherencia con aquella. Incluso más, es la propia ley orgánica la que ha mandado el estatuto para la regulación precisa de ciertas materias. Ello ocurre en asuntos como la clasificación del personal en escalafones, los criterios de selección de personal que no egresa de las escuelas matrices, precedencia de los escalafones válidos para determinar la antigüedad, creación de fondos especiales supletorios, etcétera. La segunda razón para un decreto con fuerza de ley es recopilar las normas dispersas; con él es posible centralizar en un solo texto materias que antes estaban en diversos cuerpos legales o reglamentarios, con lo cual no sólo se logra una mejor administración del personal de las Fuerzas Armadas por el simple hecho de que será más fácil acceder y conocer la normativa vigente, sino que los uniformados y civiles pertenecientes a las ramas castrenses conocerán el conjunto de sus derechos y deberes al interior de la respectiva institución. Tercera razón, se procede a modernizar normas estatutarias. El decreto con fuerza de ley Nº 1 es de 1968, y desde esa fecha hasta la actualidad el cuerpo normativo que rige los deberes y derechos de un funcionario público ha sido modificado casi en su totalidad. Cuarta razón, ha habido múltiples modificaciones. El D.F.L. N° 1 ha sido siempre modificado por la vía legal, pero jamás, desde 1968, ha enfrentado un cambio global como el propuesto. Sin embargo, han sido las circunstancias las que han exigido, en la práctica, este cambio. Desde 1968 hasta la fecha, debe ser, quizás, la ley que más alteraciones ha recibido en menor tiempo: en 28 años de vigencia ha experimentado más de cincuenta modificaciones. No ha pasado un año sin que se reemplace alguno de sus contenidos. Estos hechos han originado un decreto con fuerza de ley Nº 1 lleno de colgajos, con una permanente pérdida de coherencia y con las consiguientes dificultades interpretativas, en particular, para la Contraloría General de la República. También elimina remisiones supletorias al Estatuto Administrativo. Sólo un cuerpo orgánico como el decreto con fuerza de ley puede alcanzar la suficiente autonomía y otorgarle un sentido preciso para las instituciones castrenses. Quinta razón, el presente proyecto contempla la eliminación de las remisiones supletorias al Estatuto Administrativo bajo el simple expediente de resolver en el propio texto del nuevo decreto con fuerza de ley Nº 1, las excepcionales remisiones al mismo. También se incluyeron, en forma expresa, las normas del Estatuto Administrativo, ley Nº 18.834, con el objeto de evitar la problemática de dilucidar si es posible aplicar con carácter supletorio una ley respecto de materias cuyas normas básicas están contenidas en una ley orgánica constitucional. Sexto, elimina el reglamento complementario de las Fuerzas Armadas. Séptimo, llena vacíos dejados por la ley orgánica constitucional. Octavo, uniforma las materias legales de las tres instituciones. Noveno, mejora la redacción. Décimo, fija una posición con respecto a los dictámenes de la Contraloría. Finalmente, elimina procedimientos burocráticos. Hemos solicitado la delegación de facultades legislativas al Congreso Nacional con la conciencia de que las dificultades de legislar en el área hacen plenamente recomendable recurrir a esta práctica, como ya se hizo en los años 1944, 1948 y 1968. Hay una razón práctica que ilustrará debidamente la excepcionalidad de este procedimiento. El Ministerio de Defensa Nacional creó una comisión de estudio de la carrera militar en enero de 1995. Hemos tardado dos años en estudiar un texto, que no está afinado totalmente. El número de sesiones que hemos destinado a esta labor supera largamente la cincuentena. Ello, sin contar todo el esfuerzo interno de las ramas de las Fuerzas Armadas para avanzar en el diálogo que desde el Ministerio se sugería. La inclusión de este proyecto en la legislatura hubiese significado una permanente tensión con las urgencias legislativas de diversas comisiones de ambas Cámaras, que debían analizarlo. Por ende, tenemos la convicción de que la oportunidad de legislar es clave para alentar una modernización y buena administración del personal de las instituciones armadas. Estamos hablando de 70 mil funcionarios públicos y de cerca de 30 mil conscriptos, que año a año, hacen su milicia y a quienes, algunas de las normas de este estatuto, les alcanza. La unidad de la legislación y la coherencia de ésta, obligaban a esta vía de legislación por el Ejecutivo. Éstas son las razones básicas que nos han inducido a seguir este camino. Respecto de la pregunta sobre los ingenieros politécnicos militares, quiero decirles que es una materia que está en consideración y en estudio con los directores de personal. No fue incluida en este proyecto inicial, ni lo está en el costo de 15 mil y tantos millones, sin reajuste, o 16 mil y tantos millones, como indicaba el diputado informante, porque no hemos llegado a un contexto y a un acuerdo definitivo con los directores de personal. Sin embargo, la iniciativa que ustedes aprobarán nos permitirá ir afinando éste y otros casos que irán resultando, y resolverlos sin necesidad de recurrir nuevamente a la legislación. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Advierto a la Sala que la presente discusión es en general y en particular a la vez. En primer término, tiene la palabra el honorable Diputado señor Francisco Huenchumilla. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, creo que los diputados estamos de acuerdo en que la legislación sobre las Fuerzas Armadas presenta características de frondosidad y dispersión en variados textos que hacen necesaria su sistematización para su correcto estudio y aplicación. Por lo tanto, me parece muy conveniente tener un texto único que facilite su comprensión, interpretación y, por ende, el trabajo con el personal de nuestras Fuerzas Armadas. De igual manera, me parece que este proyecto de ley se encuadra en un esquema más general del Ministerio de Defensa, en cuanto a la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, a reconocer el perfeccionamiento de los estudios y de la carrera profesional de los oficiales y cuadro permanente y, por lo tanto, a reconocer las especialidades a fin de permitir una mayor remuneración. Estos fundamentos me parecen muy plausibles y ameritan que la Cámara apruebe esta iniciativa. Sin embargo, como tenemos la obligación de hacer las cosas bien y como compartimos el objetivo que perseguimos -el perfeccionamiento de la legislación y de los oficiales y cuadro permanente de nuestras instituciones armadas-, quiero plantear un par de dudas acerca de si el instrumento legal en discusión es el más adecuado para evitar los problemas que ya hubo en el pasado, a propósito de la aplicación del artículo 1º transitorio de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, que facultó al Presidente de la República para que en el plazo de 30 días, efectuara, en el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, las adecuaciones derivadas de la entrada en vigencia de su ley orgánica constitucional. El propio mensaje del Ejecutivo señala que el Presidente de la República hizo uso de esa facultad establecida en ese artículo 1º transitorio y que la Contraloría General de la República, en dos oportunidades, rechazó el decreto del Presidente mediante el cual hacía uso de la facultad concedida en el artículo 1º transitorio de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. Hago presente que la facultad que se concedió en el artículo 1º transitorio de dicha ley orgánica constitucional no es la que hoy abordamos, pues aquella simplemente consistía en un mandato de la ley al Presidente de la República para fijar un texto coordinado, ordenado y sistematizado; en cambio, mediante el proyecto en discusión, el Congreso delega facultades al Presidente de la República para dictar normas sobre materias propias de ley. O sea, nos desprendemos de una atribución que nos corresponde como legisladores y se la entregamos al Presidente de la República, lo cual acarrea una serie de consecuencias. Por ejemplo, como se trata de que el Presidente dicte la normativa en vez del Congreso, ella comenzará a regir cuando se publique en el Diario Oficial. Por lo tanto, se trata de una nueva ley y no de la continuidad de la anterior, de 1968. En seguida, esta facultad que otorgamos al Presidente de la República es para reemplazar el DFL Nº 1. Por eso hablaba de la vigencia; no le estamos diciendo que sistematice el DFL Nº 1, sino que lo reemplace y, en consecuencia, es una nueva ley al respecto. En el inciso segundo, acotamos esta facultad. ¿Qué indicamos? Que ella tiene dos o tres aristas y que la delegamos para complementar las normas contenidas en la ley orgánica constitucional. El Tribunal Constitucional ha señalado que si esos elementos complementarios indispensables -así habla en sus sentencias- son los que, lógicamente, deben entenderse incorporados en el rango propio de ley orgánica constitucional, no se podría delegar esa facultad, toda vez que deberían ser incorporados mediante ley, aprobada con quórum de ley orgánica constitucional. Si no se trata de elementos indispensables, a lo mejor el Presidente no necesita esta facultad, porque igualmente podría ejecutar la ley orgánica, haciendo uso de la potestad reglamentaria que le otorga la Constitución. Por lo tanto, esta delegación de facultades, al menos para ese tópico, no sería necesaria. Si no se trata de elementos complementarios propios de ley orgánica ni de potestad reglamentaria, en ese caso sería motivo de ley simple y podría delegarse la facultad al Presidente. Pero del texto que tenemos a la vista vislumbro un nuevo problema de interpretación y no quiero que, por falta de acuciosidad en nuestro trabajo parlamentario, después de que se promulgue esta iniciativa nuevamente la Contraloría o, eventualmente, el Tribunal Constitucional, formulen objeciones. Y el inciso segundo, cuando dice que el Presidente de la República tendrá, además, la facultad de regular todas las materias que deban estar contempladas en un estatuto administrativo del personal, hace la excepción de aquellas comprendidas en las garantías constitucionales o que por su naturaleza deban ser reguladas en leyes de rango orgánico constitucional o ser aprobadas por leyes de quórum calificado. Pero en el artículo 2º enumera una serie de artículos del DFL Nº 1, de 1968, que se refieren a asuntos previsionales que, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, son materias de ley orgánica constitucional. Dice la disposición que esos artículos “deberán ser incluidos en el Estatuto que establezca el decreto con fuerza de ley señalado en el artículo anterior”. Es decir, este precepto señala que el Presidente transcribirá textualmente -así lo entiendo- estos artículos a la nueva ley que dicte mediante decreto con fuerza de ley. Por su parte, el artículo 3º dice: “En los casos que fuere procedente, los efectos del decreto con fuerza de ley a que se refieren los artículos anteriores, empezarán a regir el 1 de enero de 1997.” A contrario sensu, los que no sean procedentes empezarán a regir desde que se publique en el Diario Oficial el decreto con fuerza de ley. Es decir, la normativa que dictará el Presidente de la República mediante la figura del decreto con fuerza de ley, empezará a regir una vez que se publique en el Diario Oficial, con excepción de las disposiciones que entran en vigencia a partir del 1 de enero de 1997. Por lo tanto, ese DFL contiene, implícitamente, materias de tipo previsional, a pesar de que el artículo 2º dice que van a ser incluidos en virtud de esta ley. Respecto de estas aprensiones, el Tribunal Constitucional y, eventualmente, la Contraloría, podrían formular objeciones. Por eso, deberíamos facultar al Presidente para que ordene, sistematice y coordine los textos vigentes, en materias de ley común. Los que dicen relación con materias de ley orgánica constitucional o de quórum calificado, para evitar problemas de interpretación, debería dictarlas el Congreso con el quórum respectivo. De esa manera, obviaremos los problemas que ha tenido la aplicación del artículo 1º transitorio de la ley orgánica constitucional. He dicho. El señor ARANCIBIA.- (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente, si bien comparto lo positivo del proyecto y la inquietud señalada por el Diputado señor Taladriz, quiero señalar algunos aspectos que también considero importantes de destacar en esta oportunidad. En el Ejército existen dos especialidades del mismo nivel académico: las de estado mayor y los ingenieros politécnicos militares. Ambas corresponden a áreas del conocimiento claramente diferenciadas y excluyentes. Los oficiales definen su ingreso a la Academia de Guerra o a la Academia Politécnica Militar, institutos reconocidos como de educación superior. El proyecto privilegia la preparación profesional y la especialización del personal más calificado, y crea las condiciones que favorezcan la permanencia en las filas de aquellos con el más alto nivel de formación profesional. El mismo establece un sobresueldo diferente entre los oficiales de estado mayor y los ingenieros militares politécnicos y produce no sólo una diferencia económica y profesional, sino que discrimina a un importante sector de oficiales que en el Ejército se les concede la misma categoría. Como la Corporación comprenderá, en la práctica esta situación provocará la emigración de un importante contingente del más alto nivel técnico y profesional al sector privado, lo que en definitiva es perjudicial para el país, dada la actividad que desarrollan los ingenieros militares y cuya obra está presente en las diferentes zonas del país y no se condice con el propósito del proyecto de favorecer la permanencia de los oficiales del más alto nivel. La explicación dada por el señor Ministro al respecto, muestra que se ha acogido esta inquietud, lo que le agradezco, porque es indispensable igualar los sobresueldos de los oficiales de estado mayor con los de los oficiales ingenieros politécnicos militares, a fin de no debilitar la especialidad por estar ésta directamente relacionada con lo que se denomina guerra electrónica. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, resulta lógico y atractivo pensar en sistematizar una serie de disposiciones que, muchas veces, parecen entrabarse, producto de la cantidad importante de trámites que en ellas mismas se establece. Reconozco el esfuerzo del Ministerio de Defensa por hacer posible no sólo esta sistematización, sino también por establecer un incentivo -que no tiene relación con un mejoramiento de sueldo, con un reajuste ni algo que se le parezca-, en determinadas especialidades que no apunta a otra idea que la de mantener al personal más calificado dentro de las filas de las instituciones de la Defensa Nacional. Por lo que hemos escuchado, parece que el debate estuviera centrado en el problema que se genera entre el sobresueldo de un 30 y tantos por ciento a que tienen derecho los ingenieros politécnicos militares y al más de 60 a que acceden los oficiales del estado mayor. Sin duda, provocar una discriminación para el caso especialísimo de las Fuerzas Armadas no será positivo y se constituirá en un hecho negativo. Es importante hacer presente que esta diferenciación no abarca sólo al mundo del Ejército. Aquí se habla de los ingenieros politécnicos militares, pero el problema está centrado en los ingenieros, sean del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea. También es imperativo tener claro que, frente a dos especialidades que demandan esfuerzos académicos y humanos importantes, no parece prudente establecer esta diferencia. Se han planteado posibilidades de mejorar estos porcentajes y una era limitar la retroactividad del artículo 3º al 15 de enero de 1997 en lugar del 1 del mismo mes, aumentando la cobertura mediante la cual se podría satisfacer un mayor porcentaje de sobresueldo. En segundo lugar, quiero señalar que estamos hablando de una cifra poco importante en términos numéricos: 16 mil millones para el Estado, que ni siquiera son de cargo del Tesoro Público. No son ajenos al Presupuesto, sino propios del Ministerio de Defensa y de cada una de las instituciones en cuestión. Por lo tanto, no estamos hablando de mejoramientos que el Estado entregue a las instituciones de la Defensa, sino de una readecuación en los ítem internos de cada una de ellas. Sin embargo, hay un aspecto esencial. Lo que señaló el colega señor Huenchumilla no es un problema menor; al contrario. Al estudiar el proyecto con la calma necesaria, nos damos cuenta de que hay una serie de normas que no están excluidas y que no son materias de decreto con fuerza de ley, sino propias de ley orgánica. En consecuencia, no tengo dudas de que sería preferible retirar la urgencia de la iniciativa y hacer la revisión pertinente, porque nos podemos encontrar con un problema mayor. Pero el inconveniente señalado por el colega señor Huenchumilla en su docta exposición, desde el punto de vista constitucional, no es el único. Por ejemplo, la iniciativa no fija plantas para el personal de clases, en circunstancias de que la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas lo señala expresamente. Quiero que quede constancia de la preocupación manifestada por el señor Ministro, y que espero que se haga realidad este año. Por lo demás, así fue expresado por el señor Subsecretario que participó en la Comisión de Defensa hace algunos días, cuando nos señalaba que la idea central era que este año se resolviera también el problema de la discriminación que, insisto, pasa a ser de carácter negativo, sobre todo cuando no se está hablando de un aumento de remuneraciones. En nuestro país, por tradición, las instituciones de la Defensa Nacional, al igual que el profesorado, no han sido tratadas en términos económicos razonables, cuestión que, muchas veces, resulta desconocida no sólo por los legisladores, sino que por la ciudadanía, en general. La historia de nuestro país nos muestra que varias de las intervenciones y exabruptos provenientes de instituciones de la Defensa Nacional, han sido originados precisamente por los problemas económicos endémicos a que los ha llevado el sistema político. Estimo imprescindible que un país que está creciendo y desarrollándose no puede dejar de contar con instituciones de la Defensa sólidamente reconocidas, sino que también tratadas económicamente con la dignidad que los funcionarios del Estado requieren. En ese sentido, hago un llamado a su Excelencia el Presidente de la República para que, dentro de este año, tal cual lo ha señalado el Ministro, dé efectivamente solución a este problema. Finalmente, si hablamos de sobresueldos a la especialidad, no resulta lógico que un piloto de guerra, que tiene la responsabilidad de comandar un aparato que al Estado chileno le cuesta varios millones de dólares, no tenga la posibilidad de acceder a este mejoramiento. Por lo tanto, si bien el proyecto apunta en la dirección correcta, sin duda resulta claramente insuficiente. No obstante estas aprensiones, y fundamentalmente el hecho de que algunas disposiciones tienen fallas, las cuales deben ser estudiadas con mayor profundidad, la UDI concurrirá a su aprobación con sus votos favorables. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, quiero complementar lo que se ha dicho y referirme a tres materias que estimo de la mayor importancia. En primer lugar, existe en la Sala un acuerdo bastante amplio, así como lo hubo en la Comisión de Defensa, en torno del primer aspecto medular de los dos que estamos conociendo, en cuanto a delegar facultades en el Presidente de la República para dictar un nuevo Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. Hago presente que el actual, que data de 1968 -hace 30 años-, ha sufrido 50 modificaciones y, por lo tanto, surge la necesidad imperiosa, dado el número de personal involucrado, de actualizar, concordar y hacer coherentes las normas estatutarias actuales, refundiéndolas y sistematizándolas en un solo texto legal. Para tal efecto, se otorga un plazo bastante acotado, de 180 días; se fija, en términos muy precisos, el alcance y el sentido de esta delegación, que no es amplia ni un cheque en blanco y que, por lo tanto, cumple con lo dispuesto en el artículo 61, inciso cuarto, de la Constitución Política, que señala: “La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.” Como ha dicho el Diputado señor Huenchumilla, y quiero resaltarlo, esto no es otra cosa que aplicar en las Fuerzas Armadas lo que estamos haciendo con el Poder Judicial y con otras instituciones de la Administración Pública, es decir, modernizar el Estado. Éste es el primer aspecto medular, respecto del cual existe consenso unánime en la Comisión de Defensa, y espero que también en la Sala, porque no admite mayor dilación. Es imperioso que en los próximos seis meses el Presidente de la República pueda refundir, concordar y hacer coherente este fárrago de normas, tan dispersas y complejas, en un solo texto legal, en un nuevo Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, está la cuestión fundamental de las remuneraciones. Recuerdo que la Corporación no ha estado ajena a esa necesidad de las Fuerzas Armadas y que en varias oportunidades hemos señalado la conveniencia de hacer frente al tema. Es así como el 23 de noviembre de 1994, hace dos años, la unanimidad de los miembros de la Comisión de Defensa suscribimos un informe, después de un año de trabajo, sin apuro, sin que fuera una carrera contra el tiempo, conversando con todas las ramas de las Fuerzas Armadas y con el Ministro de Defensa, y concluimos en lo siguiente. Primero, que el desarrollo económico y social del país, especialmente en la última década, genera mayores expectativas de progreso, incluyendo, por cierto, las remuneraciones, en especial en la Administración Pública del Estado. Segundo, que el nivel de remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden debe ser adecuadamente homologable, en lo que corresponde con el resto de la Administración del Estado, en virtud del artículo 52 de la ley de bases generales de la administración del Estado. Del mismo modo, dice ese informe que, tal como en diferentes oportunidades de los últimos diez años se han resuelto situaciones de otros sectores que en algún momento quedaron desmejorados -profesores, trabajadores de la salud, fiscalizadores, etcétera-, deben establecerse mecanismos compensatorios para nivelar a todos aquellos que hayan experimentado igual situación. Tercero, constatada la unanimidad en la Comisión de Defensa, “se ha producido una diferencia en distintos grados entre ellas con respecto al conjunto de las remuneraciones del sector público. Esto hace necesario que la autoridad ejecutiva competente pueda estudiar y proponer un programa de efectiva solución”. Es decir, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, hace más de dos años, llamó la atención de la opinión pública y del Ejecutivo acerca de la necesidad de nivelar a las Fuerzas Armadas con el resto de la Administración Pública. Esto es especialmente importante porque las Fuerzas Armadas no pueden formar sindicatos, no tienen negociación colectiva y no marchan por las calles. Por lo tanto, es responsabilidad de Estado, del Parlamento y del Ejecutivo, hacer frente a la necesidad de nivelar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas -no estamos haciendo otra cosa- en relación con los aumentos que han tenido otros sectores de la Administración Pública en estos años. En ese informe se deja constancia de que no se ha producido detrimento en el poder adquisitivo de las Fuerzas Armadas porque, al igual que en el resto de la Administración Pública, los aumentos de remuneraciones generales anuales han sido, incluso, superiores al IPC; pero sí ha habido una diferencia en relación con otros sectores de esa Administración, razón por la cual es tan importante este proyecto. En el fondo, el Ejecutivo no ha hecho otra cosa que hacerse eco de la preocupación y del informe de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de noviembre de 1994, que llamaba la atención sobre la materia. Por lo tanto, el proyecto que delega facultades en el Presidente de la República no constituye aumento general de remuneraciones para las Fuerzas Armadas, sino un mejoramiento selectivo, ligado fundamentalmente al criterio de especialidad, el cual favorece al 60 por ciento de su personal, es decir, a 28.308 de la dotación total de 53.895. Reitero, no es un aumento general de remuneraciones, sino un mejoramiento selectivo para aquellos sectores que el Ejecutivo, el Ministerio de Defensa, en conjunto con los directores de personal de las Fuerzas Armadas -subrayo esto último- ha estimado necesario. Por ejemplo, del total de 6.975 oficiales de las Fuerzas Armadas, 3.400 recibirán un aumento de remuneraciones; de los 43.000 funcionarios de la dotación permanente, 23.000 obtendrán un aumento; de los 3.251 empleados civiles, 1.800 lo percibirán. Es decir, no constituye, como algunos han pretendido, un aumento general de remuneraciones. Esto es importante, pues el criterio selectivo, ligado al concepto de especialización, ha sido estudiado a fondo con los directores de personal de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Discrepo de lo dicho por el Diputado señor Ulloa, ya que, sin desconocer la importancia de los ingenieros politécnicos de las Fuerzas Armadas, no puede menospreciarse, por la condición técnica que revisten, lo que constituye un oficial de estado mayor, que corresponde estrictamente a la estructura de mando, al poder de decisión, a la responsabilidad dentro de la institución. Esto -insisto- no ha sido fijado arbitrariamente por el Ministerio de Defensa, sino que concordado con los directores de personal de las Fuerzas Armadas, quienes conocen más en detalle la situación que muchos de los diputados que aquí hemos hablado. Finalmente, se ha planteado el problema de constitucionalidad, materia que no es un tema menor y que debe ser estudiada muy a fondo. Al respecto, se han planteado dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el tema de las normas previsionales. Debo recordar que lo único que hace el artículo 2º del proyecto en debate es ordenar al Ejecutivo. Es decir, el Poder Legislativo es el que está tomando la decisión -de aprobarse esta iniciativa- de incorporar las normas previsionales en el nuevo Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no estamos delegando facultades. El Ejecutivo no podrá innovar, de manera alguna, en materia previsional. De este modo, nos atenemos estrictamente al mandato del artículo 61 de la Constitución, en relación con el artículo 94 de la misma. Sólo autorizamos cambios formales, y al Presidente de la República le estará absolutamente vedado innovar de manera alguna en el contenido y sustancia de las normas previsionales. Insisto, no estamos delegando facultades, sino sencillamente ordenando al Primer Mandatario transcribir las normas previsionales respectivas. En segundo lugar -parece una anomalía, pero en el fondo no lo es-, el artículo 94 de la Constitución establece que los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas se efectuarán por decreto supremo, en conformidad con la ley orgánica constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las referidas a la carrera profesional. En consecuencia, dadas las características del Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas y lo dispuesto en el artículo 94 de la Carta Fundamental, es una normativa complementaria de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, respecto de las normas previsionales ni de las características de Estatuto del personal, de manera alguna estamos violando las normas constitucionales sobre la materia. En todo caso, dado lo delicado del punto, estimo que sería importante aplazar la urgencia del proyecto, para los efectos de aclarar el problema de constitucionalidad que se ha planteado. Por último, pido que la Cámara de Diputados se haga eco, acoja el criterio unánime de la Comisión de Defensa y de las Fuerzas Armadas en tal sentido, y dé su aprobación a esta solicitud de delegación de facultades. Vuelvo a recordar que lo tocante a remuneraciones surgió a raíz de lo indicado por la Comisión de Defensa en su informe de noviembre de 1994. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Karelovic. El señor KARELOVIC.- Señor Presidente, es imperioso dictar un nuevo Estatuto para el personal de las Fuerzas Armadas, que guarde debida correspondencia con la ley Nº 18.948 y respete su sentido y alcance. Ello permitirá que exista un cuerpo único y armónico entre sus distintas disposiciones. El proyecto en discusión tiene por objeto conferir facultades al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley que establezca el Estatuto para el personal que presta sus servicios en las Fuerzas Armadas, reestructurar las plantas y dotaciones de personal, de acuerdo con sus necesidades, y efectuar los encasillamientos de oficiales que se requieran. La facultad de encasillar al personal del cuadro permanente, de gente de mar y de los empleados civiles, se confiere a los comandantes en jefes respectivos. En el proyecto se privilegian medidas como el pago de sobresueldos, de 65 por ciento para las especialidades de estado mayor, y de 35, para las especialidades de ingeniería politécnica. El Comandante en Jefe del Ejército solicitó al Ministro de Defensa, con fecha 12 de diciembre de 1996, que tanto la especialidad de estado mayor como la de ingeniería politécnica tengan el mismo porcentaje de sobresueldo, equivalente a 65 por ciento. Es necesario tener presente que en el Ejército existen dos especialidades del mismo nivel académico: la de estado mayor y la de ingeniería militar politécnica. Ambas corresponden a áreas del conocimiento claramente diferenciadas y constituyen, además, alternativas excluyentes en el desarrollo de la carrera profesional de los oficiales, quienes deben definir su ingreso, en los grados de capitán o mayor, ya sea a la Academia de Guerra o a la Academia Politécnica, ambos institutos reconocidos y calificados como de educación superior en la ley orgánica constitucional de enseñanza. El proyecto de nuevo estatuto para el personal de las Fuerzas Armadas, intenta privilegiar la preparación profesional y especialización del personal más calificado y crear las condiciones que favorezcan la permanencia en las filas de aquellos oficiales con un alto nivel de formación. Para tal efecto, otorga a los oficiales de estado mayor un 65 por ciento de sobresueldo, y a los oficiales ingenieros politécnicos, un 35 por ciento, produciéndose una diferencia económica y condición profesional que no es concordante con lo señalado precedentemente. Además, discrimina a un importante sector de oficiales a los que se concede la misma categoría e importancia. De aprobarse en los términos descritos, se estima que se producirán las siguientes situaciones negativas que afectarán a los oficiales con la especialidad de ingenieros politécnicos de las Fuerzas Armadas.1º Pérdida del estatus e igualdad existente respecto a sus pares del estado mayor, toda vez que la institución otorga la misma condición a ambas especialidades.2º Pérdida del incentivo para postular a la Academia Politécnica, derivando hacia su desaparición como especialidad dentro de las Fuerzas Armadas.3º Pérdida económica considerable durante el servicio activo, la cual se prolongará a partir de su pase a retiro.4º Desincentivo de su permanencia en la institución, lo que provocaría un aumento de los retiros voluntarios no deseados, generándose, en consecuencia, un déficit importante de oficiales especialistas para la consecución de los objetivos institucionales. Se estima necesario y conveniente que al promulgarse el nuevo proyecto de Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, éste contemple las normas definitivas en materia de sobresueldos que regirán para las especialidades de estado mayor e ingenieros politécnicos. Por lo tanto, cualquier estudio sobre la materia debería estar terminado e incorporado a dicho proyecto dentro del plazo que tendrá el Presidente de la República para proceder a su promulgación. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, el proyecto en debate faculta al Ejecutivo para dictar, mediante decreto con fuerza de ley, un nuevo Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. Debe tenerse presente, tal como lo han expresado algunos colegas, que el artículo 94 de la Constitución Política establece las normas básicas relativas a nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales, carrera profesional, incorporación a plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y que éstas constituyen materias de ley orgánica constitucional. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Carta Fundamental, la autorización para dictar decretos con fuerza de ley no puede extenderse a materias que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales. De ahí que esta autorización no pueda referirse a tales aspectos. En ese sentido, el inciso segundo del artículo 1º del proyecto reitera dichas restricciones. Es importante tener presente que los decretos con fuerza de ley no sólo quedan sujetos a las restricciones que les imponga la propia ley delegatoria, sino que, además, deben encuadrarse siempre en el marco de la Constitución. En la línea de lo señalado, es necesario considerar lo establecido en el inciso primero del artículo 2º del proyecto, donde se mencionan ciertas disposiciones del D.F.L. Nº 1, de 1968, que deben ser incluidas en el texto que dictará el Ejecutivo. Este mecanismo legislativo especial resguarda los principios constitucionales y asegura que dichas disposiciones sean mantenidas en el ordenamiento jurídico, en la medida que constituyen normas básicas de carácter previsional y, por ende, tienen rango orgánico constitucional. Cabe destacar que ello se hace no sólo por una decisión prudencial o de conveniencia de la autoridad, sino por el mandato imperativo establecido en la Constitución en cuanto a los límites y restricciones de las leyes delegatorias. Por su parte, el inciso segundo del referido artículo 2º contiene una disposición que, en mi opinión, debe ser tratada con especial cuidado en la medida que pueda generar complicaciones. En efecto, en ella se faculta al Presidente de la República para introducir “cambios formales en la redacción, titulación, numeración y ubicación de tales preceptos, pero sólo en la medida que sean indispensables para sistematizar las respectivas normas e incorporarlas al Estatuto que se dicte, sin que ello pueda importar la alteración del verdadero sentido y alcance de dichas disposiciones previsionales.” Esta norma, al parecer, excede el marco señalado por la Constitución al que se hacía referencia con anterioridad. De modo alguno debe entenderse que la norma propuesta en el inciso segundo del artículo 2º supone la aceptación de una suerte de modificación o de interpretación distinta del artículo 61 de la Carta Fundamental. En efecto, dicha disposición señala que ciertas materias no pueden ser objeto de delegación, sin distinguir si ésta es formal o de fondo. Simplemente, la prohíbe de modo absoluto. Tal impedimento es ineludible y, por ende, las normas respectivas no pueden delegarse en modo alguno. Ahora bien, es cierto que la dictación de un nuevo Estatuto supone ciertas alteraciones de numeración y que es necesario evitar generar un obstáculo al proyecto, por lo que parece adecuado modificar el inciso segundo del referido artículo 2º, en orden a establecer que lo único que se autoriza al Presidente de la República es a efectuar las alteraciones de numeración, ubicación, titulación y, en la medida en que sea indispensable, a modificar las referencias a artículos contenidos en los preceptos que se traspasan. Por otra parte, también considero importante que el Ministro de Defensa dé a conocer a la Sala de qué modo este proyecto se coordina con otro, despachado por la Cámara en diciembre del año pasado, referido al aumento de personal en la Armada, dado que ambos tienen una tramitación separada y, conforme lo dispone el artículo 4º de la iniciativa en estudio, hay temas comunes, en especial los relacionados con las plantas y el encasillamiento. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero referirme a un punto muy específico del proyecto, para dar a conocer la inquietud expresada por el Colegio de Ingenieros, al acoger la preocupación manifestada por los profesionales de la especialidad de ingeniería militar, que agrupa a ingenieros politécnicos, militares, navales y aeronáuticos. Al respecto, quiero destacar lo expuesto por el Ministro de Defensa, en el sentido de que la discriminación que se establece entre los oficiales de estado mayor y los que han tenido una formación en las áreas politécnicas sería corregida en el corto plazo, a través de un esfuerzo del propio Ejecutivo y de los estudios que se están realizando. Deseo resaltar, para información de los señores diputados, que las especialidades de ingeniería militar no sólo son reconocidas porque han tenido un desarrollo importante en nuestro país, sino que, además, cuentan con el reconocimiento expreso del Colegio de Ingenieros, agrupándose como una de las especialidades que conforman esta orden profesional. Es conveniente velar para que estos oficiales, que se especializan en distintas áreas politécnicas, tengan incentivos para permanecer en sus propias instituciones, y que no sean tentados por niveles de sueldos superiores, como puede ocurrir, debido a que algunas de las especialidades que ellos estudian en las academias politécnicas son solicitadas en el sector privado. Respaldo en forma entusiasta la preocupación de que, junto con las especialidades de estado mayor, se considere expresamente la situación de los ingenieros politécnicos, y hago mías las palabras de algunos colegas que han intercedido en tal sentido. Asimismo, me parece conveniente que se lleve a cabo en el corto plazo la idea planteada por el Ministro de Defensa, de estudiar y analizar debidamente esta situación por el Gobierno. Me parece central este aspecto, porque se trata de mantener una situación que ya existe para estos oficiales y que, a causa del proyecto, perderían, lo que generaría una situación un tanto discriminatoria que afectaría su realidad actual y pasada. En consecuencia, propongo aprobar la iniciativa, con la consideración expresa del punto mencionado, al cual se han referido varios señores diputados. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quiero ratificar lo que sostuvo el Diputado señor Huenchumilla y agregar algunos elementos de juicio sobre lo complejo, delicado y peligroso que sería resolver que estas modificaciones son materia de ley común. No debe olvidarse que la ley Nº 18.948 fue considerada en su tiempo por los sectores de Oposición como una de las leyes de amarre, porque fue dictada el 27 de febrero de 1990, es decir, prácticamente a diez u once días de asumir el Gobierno democrático. En el debate público surgido en esa oportunidad, se le dio especial énfasis a su carácter orgánico constitucional; en consecuencia, las modificaciones que se le introduzcan deben tener necesariamente ese carácter. Esa discusión pública de la época nos lleva a concluir que, atendida la disposición constitucional que prohíbe delegar facultades al Presidente de la República para modificar o dictar leyes orgánicas constitucionales, esa delegación es inconstitucional e improcedente. En segundo lugar, quiero allegar un argumento que dice relación con las distintas fases por las que ha pasado el Tribunal Constitucional, para definir una cuestión muy importante: quién tiene la competencia para determinar si una norma es de ley orgánica constitucional, de quórum calificado o simple. Al comienzo del gobierno militar, el Tribunal Constitucional sostuvo por unanimidad que esto correspondía a la junta legislativa de esa época. Posteriormente empezó a cambiar de criterio y hubo votos minoritarios que sostuvieron que el Tribunal Constitucional, de oficio, por sí y ante sí, de propia iniciativa, podía analizar un proyecto para determinar si contenía materias de normas orgánicas constitucionales o no. Sin embargo, como lo hemos visto, el Tribunal Constitucional asumió desde hace algún tiempo, y así lo ha reiterado a través de su jurisprudencia, que puede estudiar y revisar una norma dictada por el Parlamento por iniciativa propia. En consecuencia, no sólo pueden acaecer los riesgos que señalaba el Diputado señor Huenchumilla, sino que nos encontramos frente a este criterio, últimamente reiterado por el Tribunal Constitucional. Frente a esa situación, lo más conveniente, como medida de procedimiento, es que vuelva a comisión, con el objeto de que el proyecto se pueda dividir, de manera que lo económico y lo que se refiere a las plantas del personal, puedan ser despachados de inmediato, mientras que lo relativo a las materias que puedan afectar a la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas pueda ser estudiado con más detención para determinar las normas que debe dictar este Parlamento, ya que podrían requerirse leyes de quórum simple, como ocurre con otros estatutos del personal, respecto de los cuales el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que no necesariamente deben ser de quórum calificado o de ley orgánica constitucional. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, voy a hacer uso de la palabra para expresar lo razonable que parecen las dudas constitucionales que aquí se han esgrimido y también para reiterar la inquietud que a muchos colegas parlamentarios les cabe acerca de la situación de los ingenieros politécnicos. Estimo que el trabajo que hoy analizamos, producto de la labor desarrollada durante bastante tiempo, como lo ha expresado el señor Ministro, tanto por la Secretaría de Estado del ramo como por los encargados del personal de las Fuerzas Armadas, nos garantiza la calidad del proyecto. Las reservas constitucionales ya están planteadas y existen las instancias para que ellas se hagan valer ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el compromiso del señor Ministro de Defensa de considerar en la forma que se merece, digna y no discriminatoria, la situación de los ingenieros politécnicos, tranquiliza a los diputados de Renovación Nacional. Por ello, nuestra bancada votará positivamente el proyecto, confirmando de este modo la actuación de sus parlamentarios en la Comisión de Defensa Nacional. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, este proyecto se enmarca en el propósito que tiene el país de modernizar todas sus instituciones. De ahí que el actual Estatuto de las Fuerzas Armadas también necesita ser mejorado. La iniciativa, originada en mensaje del Presidente de la República, cuyo estudio contó con la colaboración y la experiencia de los distintos institutos de las Fuerzas Armadas, podrá crear un estatuto moderno, sencillo y comprensible; permitirá que todo el personal y, al mismo tiempo, toda la ciudadanía, conozca exactamente los deberes y derechos de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Asimismo, era muy importante solucionar el gran problema de la deserción de los oficiales altamente especializados, lo que ha significado una gran sangría y debilitamiento a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Sabemos muy bien que los oficiales pueden jubilar cuando cumplen veinte años de servicios. La gran mayoría de quienes tienen una especialidad escasa en el país, renuncia a su carrera militar y se va al sector privado, dado que los sueldos o remuneraciones que pueden obtener allí son mucho mayores. Es necesario corregir esto. El proyecto da herramientas al Estado para incentivar la permanencia de esos oficiales de alta especialización en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, votaré a favor del proyecto, porque -repito- apunta al propósito de modernizar nuestras instituciones y de mantener la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, el proyecto que estamos debatiendo es consecuencia de una necesidad objetiva y de un fenómeno social que hemos vivido en nuestro país; es decir, debido al desarrollo económico de los diversos sectores económicos, muchos funcionarios de los diferentes estamentos de la Administración Pública han tenido la experiencia de la llamada “grúa”, que consiste en que las personas que han recibido una preparación muy costosa por parte del Estado, después son tentadas para irse a trabajar al sector privado. Éste es uno de los fenómenos que el proyecto quiere abordar en el seno de las Fuerzas Armadas. Anteriormente, habíamos conversado en este hemiciclo acerca del costo que significa para el Estado preparar pilotos de guerra, profesionales altamente especializados, que, como dije denantes, después se van al sector privado, lo cual causa un daño económico al esfuerzo realizado por el Estado. Queremos evitar que ello ocurra. Ése es uno de los objetivos que se persigue. El colega señor Walker lo ha llamado “un mejoramiento selectivo”. Sin embargo, en mi opinión, es un poco más que eso, porque involucra a cerca del 60 por ciento de este personal. Normalmente, el concepto “selectivo” se refiere a un segmento bastante más reducido que este 60 por ciento. Por ende, me parece que aquí hay un esfuerzo por mejorar remuneraciones a través de un sistema de bonificación, ligado a determinadas especializaciones, pero que, en el fondo, asume un problema real en cierto estamento, cual es que el país ha resuelto y confirmado la necesidad de tener Fuerzas Armadas profesionales. Sin embargo, y sin perjuicio de votar a favor del proyecto informado por la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, formularé dos consultas que tienen que ver con temas anexos al proyecto: La primera, relacionada con la pirámide de la oficialidad en algunas de las instituciones armadas, particularmente, según mis antecedentes, del Ejército, donde existen en ciertos grados lo que algunos han llamado “balcones”, los que surgieron a fines de los años 70, y que no son normales en un tiempo de paz, como el que vivimos, por cuanto generan una serie de dificultades para el desarrollo de las carreras funcionarias al interior de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo abordaremos este problema? Entiendo que quizás éste no sea el momento para hacerlo, pero tampoco me parece positivo que aún no haya enfrentado debidamente el Congreso Nacional un fenómeno que surgió hace casi 20 años. Quizás el Ministro tenga otra aproximación o idea de cómo hacerlo, que tiene que ver con las plantas de estas instituciones. El segundo tema que quiero plantear –espero que no se malentienda o que se piense que hay una segunda intención en mis palabras- dice relación con este esfuerzo por pagar buenas remuneraciones a los funcionarios con determinadas especializaciones, lo que creo es un buen camino para las Fuerzas Armadas, así como también para que éstas no tengan una conscripción obligatoria, sino voluntaria, remunerada y con estímulos efectivos. Entiendo que este proyecto no es barato, pero cuando un país asume tener instituciones con un grado de formación importante, es necesario que la sociedad lo pague. O sea, si en opinión del Ministro de Defensa o del Subsecretario del ramo, este proyecto, que según el colega señor Walker y los informes entregados beneficia a alrededor del 60 por ciento del personal de las Fuerzas Armadas, es una pauta que permite decir que nuestras instituciones armadas tendrán una mayor especialización en el futuro, lo que permitirá que vayamos terminando con la conscripción obligatoria, que afecta principalmente a personas de una calificación más bien baja, quienes no necesariamente pueden manejar el armamento de que disponen nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, se abren las puertas para que la conscripción obligatoria se vaya dejando de lado, sea más bien voluntaria y tengamos fuerzas armadas totalmente financiadas por el Estado, porque necesitamos gente con mayores grados de preparación. Esto es muy relevante en la coyuntura que vivimos. Más allá de si se hizo bien o mal, de si la discusión fue buena o mala, o de si informada para toda la juventud, lo cierto es que ya el Ministerio ha respaldado la petición de la Comisión de Defensa de esta Corporación en el sentido de avanzar hacia el doble llamado. Ese tema debería formar parte de las próximas reflexiones del Ministerio. Reitero que vamos a votar a favor de la iniciativa, en el entendido de que aquí hay un problema de Estado que en el futuro debe ser acompañado de un mayor ordenamiento de algunas de las plantas de las Fuerzas Armadas, para terminar con ciertos “balcones” que surgieron a fines de los años 70. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Vicente Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, en mi carácter de presidente de la Comisión de Defensa, tengo la obligación de estar muy atento a las distintas sensibilidades que se expresan en la Cámara de Diputados sobre los asuntos de la defensa. En la discusión de este proyecto tan importante hemos escuchado, de diputados de Gobierno y de la Oposición, algunas objeciones y, cuando menos, muchas consultas sobre aspectos de constitucionalidad de algunos de sus artículos. Hemos acogido, además, algunas inquietudes respecto de diferencias en las bonificaciones para algunos estamentos técnicos. Por estas consideraciones, y después de consultarlo con varios señores diputados, me permito sugerir al señor Ministro la siguiente propuesta: Votar en general el proyecto -creo que hay ambiente, incluso, para su aprobación unánime-, pero que pase a la Comisión de Defensa con el fin de que en esa segunda instancia podamos dilucidar los asuntos de constitucionalidad y aquéllos a que se ha hecho referencia. De procederse en esa forma, será indispensable que el señor Ministro retire la urgencia del proyecto, para tramitarlo en la Comisión de Defensa con la debida cautela y el tiempo suficiente. Formulo esta proposición representando la opinión de prácticamente todos los diputados que han intervenido sobre la materia, y ruego al señor Ministro que la acoja. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor PÉREZ (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, las razones dadas por el Diputado señor Sota como por otros diputados, los que se han acercado a conversar conmigo, hacen enteramente aconsejable seguir el procedimiento indicado, por lo que retiro la urgencia del proyecto para que pueda ser tratado, de acuerdo con el compromiso asumido, ojalá mañana mismo en la Comisión de Defensa. Muchas gracias. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En votación en general el proyecto. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Aprobado en general el proyecto. Vuelve a Comisión para segundo informe. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Bartolucci, Bayo, Bombal, Ceroni, Coloma, Cornejo, Correa, Chadwick, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Escalona, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Latorre, Letelier (don Juan Pablo), Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Melero, Morales, Moreira, Muñoz, Navarro, Ojeda, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Rocha, Sabag, Salas, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker y Wörner (doña Martita). El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa. El señor PÉREZ (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, quiero agradecer a la Cámara de Diputados su importante votación y espero que el proyecto se despache cuanto antes. Muchas gracias.-o-POSTERGACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTO. El señor BARTOLUCCI.- Pido la palabra. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, a continuación, figura el proyecto de ley que faculta a los armadores de lanchas arrastreras orientadas a la merluza común para solicitar autorización de pesca, y no sé que pasará con la hora de término del Orden del Día. Pido que no iniciemos hoy el tratamiento de ese proyecto de ley, sino que lo veamos en primer lugar de la tabla de mañana y en forma completa, para que no cortemos su discusión y podamos analizarlo in intenso. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Quedaría pendiente para el jueves, señor diputado. Si hay acuerdo de la Sala en atención a lo señalado por el Diputado señor Bartolucci, pasaríamos a Incidentes. Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, me gustaría comprender el porqué de la petición del colega Bartolucci.El señor ROCHA (Vicepresidente).- La única razón es que restan 5 minutos para el término del Orden del Día.El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, la semana pasada comenzamos el debate de ese proyecto y ahora deberíamos avanzar en él porque, igualmente, debido a que se ha anunciado la presentación de indicaciones, volverá a la Comisión. El próximo jueves nuevamente vamos a tener dificultades para votarlo. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Señor diputado, quedan 3 minutos para el término del Orden del Día. Si le parece a la Sala, se aprobará la petición del Diputado señor Bartolucci y pasaremos a Incidentes, ya que no hay proyectos de acuerdo. Acordado. -o-VI. INCIDENTESCONTAMINACIÓN DE ESTERO DE LIRQUÉN. Oficios. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista. Tiene la palabra el Diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como es de público conocimiento, mientras no se resuelva en la Contraloría la situación que afecta al Reglamento para el estudio sobre impacto ambiental, la problemática medioambiental sigue siendo un tema urgente, muchas veces crítico, en todo el país, y no solamente en la evaluación de proyectos, sino en aspectos que demandan también una preocupación especial de la autoridad correspondiente. En primer lugar, quiero que se oficie al Servicio de Salud de Talcahuano, específicamente, a fin de que puedan establecerse las causas por las cuales el estero de Lirquén -que otrora fue bello y otorgaba hermosura paisajística al distrito- se encuentra en un calamitoso estado de contaminación, creando problemas de sanidad, con presencia de roedores y de otros animales, que no sólo ayudan a que Lirquén siga teniendo un cuadro visual de retraso generalizado, sino que representan un serio peligro para la salud de sus habitantes. Por ello, solicito que el Servicio de Salud de Talcahuano proceda a fiscalizar en terreno, remita un informe detallado de los afluentes contaminantes de dicho estero e indique las empresas o particulares que puedan estar vertiendo sustancias que lo mantengan contaminado. Asimismo, solicito que se oficie a la Municipalidad de Penco a fin de que informe si ha tomado medidas especiales que permitan revertir la problemática situación que afecta al estero Lirquén, además de disponer fiscalizaciones municipales para impedir que inescrupulosos viertan basura o sustancias extrañas.FISCALIZACIÓN SANITARIA EN COMUNA DE CORONEL. Oficios. El señor NAVARRO.- En segundo lugar, solicito que se oficie al señor Ministro de Salud para que disponga la fiscalización de una situación irregular que afecta a la población San Ramón, cerro La Colonia, de la comuna de Coronel. Allí las viviendas están ubicadas a escasos 30 centímetros de la portuaria Puchoco S.A.; las montañas de chips superan los 40 ó 50 metros de altura y el trabajo nocturno, además del constante viento que hay en la zona, obliga a los vecinos a permanecer -en la práctica- encerrados en sus casas. Existen casos de gravísimas enfermedades a la piel en los niños de esa población y, en definitiva, la situación es grave en cuanto a la tranquilidad de estas 38 familias. Pido que el Ministerio de Salud remita todos los antecedentes relativos a esa fiscalización sanitaria y nos informe sobre sus acciones futuras al respecto. Por otra parte, quiero señalar que, recientemente, la empresa portuaria Puchoco S.A. ha cambiado de giro comercial y ha pasado a llamarse Cabo Froward. Al respecto, pido que la Ilustre Municipalidad de Coronel informe si cuenta con la patente municipal correspondiente a su nueva denominación de giro, y las fechas en que la solicitó y en que el Servicio de Salud autorizó los permisos, ya que actualmente la chipeadora se encuentra en plena faena. Señor Presidente, el resto del tiempo de mi bancada lo va a usar el Diputado señor Juan Pablo Letelier. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.REPACTACIÓN DE DEUDAS ORIGINADAS EN PROGRAMA DE CASETAS SANITARIAS. Oficio. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero que se oficie al señor Ministro del Interior para solicitarle la dictación de un decreto que permita resolver una situación sumamente injusta, que se ha producido como consecuencia del éxito de los programas habitacionales del país. Se trata de un tema que debería inquietar a todos los parlamentarios que han propiciado programas de casetas sanitarias durante estos últimos años. Aquellas personas que entre 1991 y 1992 fueron beneficiadas por el programa de mejoramiento de barrios, se les construyó una infraestructura sanitaria básica. Parte de dicho programa obliga a que, posteriormente, esos beneficiarios paguen al municipio el 25 por ciento del costo de sus casetas sanitarias. Pero, el programa habitacional del subsidio de vivienda progresiva en primera etapa que se promovió después, ha generado una situación muy injusta, por cuanto el requisito para postular a él, siendo dueño de un sitio, es tener un ahorro de 4 unidades de fomento -aproximadamente 50 mil pesos-, con lo cual, una vez recibido el subsidio, el beneficiado no paga dividendos posteriores. Sin embargo, aquellas personas dueñas de un sitio donde se levantaron casetas sanitarias, tienen que pagar el 25 por ciento del valor de esa infraestructura, la cual vale casi 1.300.000 pesos; es decir, deben pagar cerca de 400 mil pesos al municipio. En Graneros y en muchas otras comunas en que se han hecho programas de mejoramiento de barrios, es decir, casetas sanitarias, los pobladores, que son personas de extrema necesidad, deben devolver entre 400 ó 500 mil pesos, en circunstancias de que los del lado, a cincuenta metros, donde un comité compró o consiguió el sitio y se construyeron viviendas progresivas, para las cuales fue necesario, en una primera etapa, un ahorro de 50 mil pesos, no pagan dividendos. La discriminación es una gran injusticia derivada del avance de los programas habitacionales. La más palpable se produjo en la comuna de Graneros, en la población “Capricornio”, donde se hicieron 400 casetas sanitarias y, al lado, dos poblaciones de viviendas progresivas. Sería conveniente repararla. Por ende, solicito que se oficie al Ministro del Interior, en nombre de la Sala, para que estudie la posibilidad de reprogramar la deuda de los beneficiarios de casetas sanitarias entre 1992 y 1995, período en que se produjo la mayor injusticia. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Si les parece a los señores diputados, se enviará en nombre de la Sala el oficio solicitado. Acordado.NECESIDADES EDUCACIONALES DE ANCUD. Oficios. El señor ROCHA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el Diputado señor Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, quiero que se envíen dos oficios: uno al Ministerio de Educación y el otro a la Municipalidad de Ancud. En Ancud, pobladores del sector habitacional denominado “Bonilla”, en el norte de la ciudad, de más de 5 mil personas, durante mucho tiempo han solicitado que se construya una escuela para que atienda las necesidades educacionales. Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al Ministro de Educación, a fin de que solicite a la Dirección Provincial de Educación de Chiloé que evalúe e indique los pasos a seguir para la construcción de una escuela que ofrezca especialmente enseñanza básica a los centenares de jóvenes del sector “Bonilla”. Por otra parte, es urgente que la Municipalidad de Ancud elabore un proyecto de reposición de la escuela de El Quilar. Dicha localidad está ubicada al costado del camino que va de Chacao a Ancud; es muy importante y la integran, fundamentalmente, pequeños agricultores. Aproximadamente, 140 niños necesitan urgentemente que el establecimiento sea repuesto. Con el objeto de postular el proyecto al Fondo de Desarrollo Regional, es conveniente que la Municipalidad de Ancud haga previamente el de reposición. Por lo tanto, solicito que se envíe el oficio pertinente para que la Municipalidad efectúe el proyecto de reposición de la escuela y pueda conseguirse el financiamiento del Fondo de Desarrollo Regional. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.ANIVERSARIO DEL SEGUNDO GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN. Oficio. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor León. El señor LEÓN.- Señor Presidente, hoy se cumple un año más del segundo Gobierno de la Concertación, que encabeza el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Con ocasión de este nuevo aniversario, quiero comenzar mi intervención con las palabras pronunciadas por el Presidente Frei ante el Congreso norteamericano: “No vengo a pedir nada. Por el contrario, he venido a invitar a América a que realicemos el sueño bolivariano en conjunto.” Sus dichos reflejan la actitud del pueblo chileno, nuestro ánimo y la decidida voluntad de transformarnos en un país desarrollado. Dejamos atrás la mentalidad provinciana cuando comprendimos que ya no somos 12 millones de habitantes, sino un potencial inserto en 500 millones de seres que nos ven como ejemplo de progreso y bienestar. Pero esto trae como consecuencia inmediata -entre otros campos de nuestra vida, es el más palpable, por ahora- que el mundo de la empresa debe pensar y producir para esos 500 millones de habitantes. Hasta hace algún tiempo, se criticaba duramente los constantes viajes del Presidente al extranjero. Sinceramente, creo que aún es poco en este tipo de embajada. Sólo quien no entienda o no quiera entender el significado que tienen para nuestro país las comitivas integradas por personas del mundo político y del empresariado, que interactúan con autoridades de otros países de dichos ámbitos, están muy distantes del Chile real en la era de la globalización. Aunque parezca un error, debemos señalar que nuestro país es una empresa inserta dentro de dicha realidad, y el desarrollo pasa, inevitablemente, por internalizar la idea, como suele decirse, de la democracia del mundo desarrollado. No se elige presidente cada cierto tiempo, sino buenos administradores. Lo que señalo no está distante de nuestro sistema de gobierno presidencialista. Esta idea subyace en quienes piensan que vivimos el ocaso de las ideologías y donde emergen los personalismos. Se dice que se vota por las personas, pero, en realidad, lo que se busca son personas que sepan administrar los éxitos dentro de alguna estabilidad deseada. Sin embargo, como jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, he decidido pronunciar estas palabras hoy, en homenaje a los hombres y mujeres de mi patria, partidarios o no del Gobierno, porque quiérase o no, es todo el pueblo de Chile el que disfruta de los logros de estos tres años de gestión, y cada uno que pasa vemos cómo aumentan los porcentajes de crecimiento en cada actividad de la vida nacional. Sólo el año pasado fue testigo de más de 187 iniciativas en distintas áreas. No obstante, no es fácil apreciar los logros, no porque sean insignificantes, sino porque no nos preocupamos de averiguar cómo avanzamos. Este año es tiempo de cambios. Ya lo apreciamos con la designación de dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Habrá elecciones de parlamentarios y el Gobierno propondrá la modificación de la Constitución, en especial, respecto de los senadores designados. Próximamente deberá dejar la jefatura del Ejército el General Pinochet. Sin embargo, la ciudadanía está tranquila y observa los acontecimientos con la calma de un país maduro políticamente. Guste o no, hemos realizado un buen gobierno y contamos con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, lo cual se demostró con las elecciones de alcaldes y concejales, donde la Concertación obtuvo el 56,1 por ciento de la votación, y el Pacto Unión por Chile, el 32,4. Pero es necesario dar algunos ejemplos de lo realizado en el curso del año pasado y que explican, entre otras cosas, el porqué la ciudadanía sigue apoyando al Gobierno de la Concertación. Así, la política fiscal contribuye simultáneamente a la estabilidad macroeconómica y al avance de la superación de la pobreza; el ahorro público alcanzó a 4,9 por ciento del producto, superando el del año anterior, y el superávit global del sector público se ubica en una cifra cercana al 1,4 por ciento del producto. Estos recursos se orientan principalmente a la amortización de la deuda pública. Entre 1993 y 1996 la política de apertura al exterior ha permitido aumentar la inversión extranjera en un 42,6 por ciento, lo cual ha redundado en la creación de 74 mil nuevos empleos y un incremento del 4,5 por ciento de las remuneraciones. Acorde con nuestra política de apertura a los mercados del mundo, la incorporación, vía asociación, al Mercosur ha permitido a nuestro país integrar un mercado cinco veces mayor al nacional. La suscripción de un acuerdo de libre comercio con Canadá es el primero que Chile celebra con un país desarrollado, lo cual favoreció el establecimiento de treinta preacuerdos comerciales entre los sectores empresariales. En materia de obras públicas, la inversión aumentó en más del doble respecto de la efectuada en 1990. Al sector privado le cupo una importante participación, ascendente a la suma de 313 millones de dólares, de los cuales 54 millones se destinan al tramo Talca-Chillán, en la Ruta 5, y 4 millones al acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez. En materia de telecomunicaciones, se licitaron concesiones de servicios públicos de telefonía digital. Un país que aspira al desarrollo, debe hacerlo conservando las variables medio ambientales. No podemos olvidar que estamos construyendo para las futuras generaciones. Bajo este criterio, se ha llegado a la resolución final de 26 proyectos sometidos, en forma voluntaria, a la evaluación de impacto ambiental, encontrándose en proceso de revisión otros 66. Con esto se ayuda a prevenir posibles deterioros ambientales en actividades de los sectores minero, energético y fabril. El reglamento de evaluación del sistema de impacto ambiental, altamente complejo, se encuentra en revisión para concordar los criterios solicitados por la Contraloría y su posterior entrada en vigencia. También comenzaron los procesos de elaboración de los planes de descontaminación y de prevención. Esta herramienta de gestión se encuentra plenamente operativa y permitirá descontaminar por medio de un procedimiento que considera los antecedentes técnicos, científicos y económicos, y la participación ciudadana en la fijación de medidas y plazos para la recuperación de la calidad ambiental. En materia educacional, en la cual todos los sectores están contestes, se aumentaron en 16 por ciento los recursos, cifra que en los años anteriores no superaba el 12 por ciento. En apoyo a la reforma educacional planteada por el Gobierno, la Cámara aprobó el proyecto de ley sobre reforma educacional que crea un régimen de jornada escolar completa en los establecimientos subvencionados. Al mismo tiempo, entre el Gobierno y el Colegio de Profesores se acordó un mejoramiento de remuneraciones que implica un incremento del 10 por ciento a partir de enero de 1997. El sueldo mínimo de 30 horas será de 184 mil pesos y el de 44 horas, de 270 mil pesos. Lo anterior es un reconocimiento a la importancia de la labor docente. Ligado a lo anterior, pero relacionado con el campo de la salud, por tercer año consecutivo se implementaron mejorías en el entorno laboral, proyecto realizado de manera participativa por trabajadores y directivos de los establecimientos de los sistemas de salud. El aporte ministerial para estos efectos alcanzó a 1.175 millones de pesos. Todo lo anterior busca superar la pobreza que, según proyecciones, ha disminuido de 28,4 por ciento, en 1994, a 24,7 por ciento, y la indigencia, de 8 por ciento en 1994, a 6,5 por ciento, en 1996. En nuestro país por décadas se ha venido impulsando la descentralización con el propósito de acercar el poder a la gente. En estos últimos años se han dado pasos decisivos en esta tarea. En el nivel subvencional, se ha generado una nueva institucional regional a partir de la promulgación de la ley orgánica constitucional de gobierno y administración regional y de la ley que crea las plantas de funcionarios de los gobiernos regionales. La inversión pública de decisión regional aumentará progresivamente con nuevos instrumentos de financiamiento. En este sentido, el porcentaje de inversión pública de decisión regional aumentó de 23,2 por ciento, en 1995, a 26,6, en 1996. Se implementaron dos nuevas modalidades de asignación de recursos: los convenios de programación de inversión regional y de decisión local. Con el propósito de modernizar la gestión pública y hacerla acorde a nuestra realidad de mundo globalizado, 128 servicios públicos firmaron compromisos de modernización de gestión en las siguientes áreas temáticas: calidad de servicio, desarrollo de los recursos humanos, reforzamiento de los procesos de desconcentración y descentralización, incorporación de tecnología e información, con el propósito de mejorar la atención de sus usuarios, automatizar funciones e implementar sistemas de control de gestión, y fortalecimiento del quehacer institucional a través de innovaciones en el diseño y estructura organizacional. Este proceso se tradujo en más de 374 proyectos de modernización. Como señalaba al comienzo de mi intervención, las obras realizadas por el Gobierno superan las 180 en el transcurso del año pasado. Sin embargo, vale la pena señalarlo. Cuando apenas llevamos la mitad del Gobierno, lo que nos queda por hacer es inmenso y lo realizado debe servirnos como acicate para incrementar las iniciativas en beneficio de nuestra patria. Como bancada democratacristiana, nos sentimos orgullosos de formar parte de él. Por eso, solicito que copia de esta intervención y el saludo de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, en este tercer aniversario del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, le sea remitida por oficio a su Excelencia el Presidente de la República. He dicho. -Aplausos. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Morales y de las bancadas Socialista y del Partido Por la Democracia.INFORME SOBRE OBRAS VIALES EN PROVINCIA DE MALLECO. Oficio. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, cuando se compara la situación de los caminos con la que existía hace poco más de siete años, indudablemente se constata un notorio mejoramiento, no sólo de la carretera longitudinal, que en muchas partes ya cuenta con doble vía, sino también de los caminos interiores de las provincias y regiones y de los secundarios. Sin embargo, uno se encuentra con la desagradable sorpresa de que las empresas no cumplen con los plazos y, en algunos casos, incurren en una demora francamente increíble. Todos conocemos la sequía imperante en el sur del país e, incluso, en la zona norte, situación que, por lógica, debió haber permitido que los avances de las obras fueran más rápidos y completos. No obstante, repito, uno se encuentra con la desagradable sorpresa de que hay empresas que están pidiendo prórrogas -no sé con qué justificación- para la ejecución de sus trabajos, en circunstancias de que ni siquiera han tenido suspensiones por lluvia, por lo menos en la provincia de Malleco, especialmente en la zona correspondiente al distrito Nº 48. En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas, a fin de que señale la fecha de inicio y término de las obras, las prórrogas que hayan solicitado las diversas empresas contratistas que efectúan trabajos en la provincia de Malleco, en particular en los caminos de Angol-Collipulli, Angol-Los Sauces, Los Sauces-Traiguén y Traiguén-Victoria, como asimismo, el plazo que tiene la empresa que recién se adjudicó el camino Angol-Renaico-Coihue, que ya se encuentra trabajando, pues ya cumplió con el trámite reglamentario en la Contraloría, por cuanto no quisiera que en este nuevo camino en que -repito- ya se están comenzando a ejecutar faenas, ocurran los mismos problemas. El viernes de la semana pasada envié un oficio al director provincial de Vialidad, dando cuenta de que en el sector de Trintre, ubicado en el camino Angol-Los Sauces, en dos meses se ha terminado una alcantarilla sólo en un 50 por ciento, o sea, en un lado de la vía, y de que la colocación de los fierros y tableros del otro lado ha demorado más de 30 días, por lo que sólo el sábado dichos trabajos estaban comenzando a concretarse. En mi concepto, no se están ocupando los acelerantes de concreto ni se está actuando con la rapidez que corresponde, provocando sacrificios innecesarios al usuario de esos caminos. A mi juicio, los inspectores fiscales no han actuado con la acuciosidad y diligencia necesarias para sancionar a esas empresas y llevar un mejor control de la forma en que se están ejecutando los trabajos. Se constata muy poco avance y escasa maquinaria para caminos que tienen un promedio de 30 a 35 kilómetros de longitud, los cuales presentan sólo un 15 por ciento de asfalto completo. Incluso, en aquellos que están casi terminados, falta todo el trabajo de bermas. De tal manera, es mi interés conocer el informe oficial y completo relacionado con los caminos señalados, para comprobar cómo se está trabajando en la verificación no sólo de la calidad del asfalto, sino también de los plazos que deberá esperar la gente para usarlos en forma cómoda y expedita. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS SOBRE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS EN ZONAS FRANCAS DE IQUIQUE Y PUNTA ARENAS. Oficios. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado don Ramón Pérez. El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, las zonas francas de Punta Arenas y de Iquique fueron creadas con la finalidad de sacar de su postración económica a las zonas extremas del país e impulsar su poblamiento. Gracias a la visión comercial del empresariado, que creyó en el sistema e invirtió en él, se logró con creces el objetivo; aún más, se especializó en el comercio exterior y abrió mercados en el mundo, mereciendo el respeto y la confianza de los importadores y exportadores como prestador de servicios. Sin embargo, los diferentes gobiernos han ido cercenando las franquicias que hicieron exitoso el sistema, y hemos tenido que preocuparnos en forma permanente de las medidas que se adoptan en Santiago en perjuicio de las zonas francas. Tal como lo tituló el diario “La Prensa Austral”, de Punta Arenas, nuevamente se le está dando un zarpazo a las zonas francas, que consiste en lo siguiente: como una forma de interesar a las personas a radicarse en las regiones Primera y Duodécima, se les incentiva a comprar vehículos sin pago de derechos o a traerlos usados al centro del país, pero limitando esto a un valor fijado por ley y a cumplir ciertos plazos de residencia y de desempeño en la zona. El valor antes mencionado lo establecía el artículo 35 de la ley Nº 13.039, no pudiendo superar el valor FOB de 6.620 dólares 52 centavos, ni exceder sus accesorios opcionales del 15 por ciento del precio FOB sobre dicho monto, sumando en total, tanto el vehículo como sus accesorios, 7.613 dólares 60 centavos. Los cambios en el valor del dólar y en los precios de los vehículos minimizaron este monto, permitiendo la traída sólo de vehículos de baja calidad. Durante el debate de la ley Nº 19.420 -Ley Arica- se estimó necesario aumentar este valor a nueve mil dólares, el que se reajustaría de acuerdo con la ley Nº 13.039. En la historia fidedigna del artículo 32 de la ley Nº 19.420 se menciona tal aumento, pero el legislador, en lo que respecta al 15 por ciento de los accesorios opcionales, supuestamente da por entendido que estaba fuera del valor indicado, como era anteriormente. Así lo entendió también la Dirección Nacional de Aduanas, que en circular 906, del 7 de noviembre de 1995, días después de publicada la Ley Arica, precisó el sentido y alcance del artículo 32 de la mencionada ley, manifestando que “Como consecuencia de que el valor que se está modificando es realmente el que se establece en los incisos 12 y 23 del artículo 35 de la ley Nº 13.039, este valor es FOB y excluye elementos opcionales, los cuales pueden alcanzar un 15 por ciento del valor que se fija en la norma en estudio.” Con esto queda totalmente claro que la Dirección Nacional de Aduanas interpreta que el valor tope son nueve mil dólares más el 15 por ciento de los accesorios opcionales, lo que permitió que importadores y residentes compraran vehículos por un valor de nueve mil dólares hasta el 20 de febrero de 1997, fecha en que el subdirector jurídico subrogante de la Dirección Nacional de Aduanas emitió el informe Nº 05, interpretando el decreto con fuerza de ley Nº 341, de 1977, y la ley Nº 19.420, manifestando, entre otras cosas, que el valor tope establecido en el artículo 32 de la ley Nº 19.420 para la importación de automóviles y station wagons a las zonas francas de extensión, no altera el valor de estos vehículos para los efectos del artículo 35 de la ley Nº 13.039 y que dicho valor se expresa en términos FOB y comprende todo el vehículo, incluyendo sus accesorios opcionales. De esta manera, se deja sin efecto la circular anterior y se pide revisar lo concluido por el informe Nº 76, del 2 de noviembre de 1995, del entonces Departamento Nacional Jurídico de la propia Dirección Nacional de Aduanas, lo que, de ser así, perjudica a los exportadores y residentes, quienes no podrán vender ni sacar de la zona los vehículos que se encuentran actualmente en la zona franca y que excedan los nueve mil dólares. Finalmente, hago presente mi desacuerdo con la última interpretación de dichas normas, ya que no se ajusta a la realidad ni a las disposiciones legales que se habrían estado aplicando hasta febrero último. En consecuencia, solicito que se oficie al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, a fin de que dispongan que la Dirección Nacional de Aduanas invalide el último informe jurídico, o haga una indicación al proyecto misceláneo tributario –actualmente en el Senado- en el que se incluye una modificación sobre los límites de la zona franca de Iquique, en el sentido de que los accesorios opcionales sean considerados separadamente de los nueve mil dólares en que se valorizan los vehículos que se estarían importando. Asimismo, solicito que mi intervención se incluya en los oficios mencionados. He dicho. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Karelovic, Martínez, don Rosauro; Bayo, Jürgensen, Pizarro, Vilches, Muñoz, Urrutia, don Salvador; Navarro y Letelier, don Felipe.-o- El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Honorable Sala, tengo el honor de presentar al señor László Kovács, Excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Hungría, quien se encuentra en el país y es el primer Ministro de esa cartera que visita el Congreso Nacional. En nombre de la Corporación, le damos la bienvenida y esperamos que su visita sea grata. -Aplausos.-o-ADHESIÓN A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO VILLOUTA. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo sumarme a las expresiones del Diputado señor Villouta, relacionadas con los problemas de la red caminera del distrito 48, que ambos representamos en esta Corporación. Además, si su Señoría lo permite, quiero adherir a la petición de envío de oficio al Ministro de Obras Públicas, por cuanto ésta es una materia extraordinariamente grave no sólo para el distrito 48, sino también por ser representativa de lo que sucede en la mayor parte de las provincias. Hay una gran diferencia entre el tratamiento para solucionar los problemas viales de la Carretera Panamericana o de la Región Metropolitana y el que se le otorga a los caminos del resto del país. A la falta o ineficiencia en la fiscalización que el honorable diputado denunció en esta Sala, puedo agregar que en los últimos años se ha destinado una inmensa cantidad de recursos a esos caminos, en circunstancias de que en la Araucanía el 90 por ciento de ellos está sin pavimentar. Si a la excesiva inversión se agrega ineficiencia en el control, es de explicarse la insatisfacción de la población que allí habita. Por ello, solicito que se incluya -reitero- mi nombre en el oficio que se enviará al Ministro de Obras Públicas. El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).- Se agregará su nombre al oficio solicitado por el Diputado Señor Villouta.RECHAZO A EXPRESIONES DE DIPUTADO LEÓN. El señor BAYO.- Señor Presidente, no quiero terminar mi intervención sin antes rechazar enfáticamente la adjetivación de “provinciano” que en la Sala un diputado de la Democracia Cristiana ha dado a la mentalidad con que algunos parlamentarios y chilenos comentan o critican ciertas actitudes del Gobierno. Es lamentable escuchar estas palabras, dichas peyorativamente, con un afán de minimizar la importancia que tienen las personas que habitamos en provincias, olvidando ese señor diputado -no lo mencionaré- que en ellas se encuentra el 60 por ciento de la población de Chile. No sé cómo reaccionarán sus electores mañana cuando conozcan esa adjetivación dicha con ánimo negativo, peyorativo, y que rechazo enfáticamente, porque soy un orgulloso representante de las provincias de Chile en el Parlamento. Termino haciendo una sugerencia: que en el oficio que el mismo parlamentario solicitó que se enviara a su Excelencia el Presidente de la República se plantee la conveniencia de eliminar -por supuesto, con su aceptación, porque es una simple sugerencia que hago en forma muy respetuosa- el concepto de “provinciano”, porque está usado en el sentido indicado. He dicho.NUEVAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PARA REPRESENTACIÓN DE CONTRIBUYENTES. Oficio. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, deseo referirme a los nuevos requisitos que está solicitando el Servicio de Impuestos Internos relacionados con la representación de los contribuyentes, los cuales no están fundados en disposiciones legales vigentes. En efecto, dicho Servicio está exigiendo que la representación para actuar por cuenta de los contribuyentes se demuestre mediante poder firmado ante notario, en circunstancias de que siempre ha bastado un poder simple, como lo establece el artículo 9º del Código Tributario. Es normal que las oficinas de contadores efectúen por cuenta de sus clientes, trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, tales como timbraje de facturas y boletas, presentación de declaraciones juradas, declaraciones rectificatorias y otros. Ahora -reitero- el Servicio exige un poder firmado ante notario, con indicación expresa de las facultades que se otorgan al mandatario. Además, resulta curioso que ciertas unidades de ese Servicio hayan declarado que incluso los poderes notariales actualmente vigentes deben ser reemplazados por encontrarse vencidos. Legalmente, dichos poderes pierden su vigencia sólo por revocación o por muerte del mandante, pero no por antigüedad. Pues bien, esa exigencia no se condice con las disposiciones del Código Tributario sobre la materia, cuyo artículo 9º establece textualmente lo siguiente: “Toda persona natural o jurídica que actúe por cuenta de un contribuyente, deberá acreditar su representación. El mandato no tendrá otra formalidad que la de constar por escrito.” En consecuencia, la representación puede hacerse mediante un escrito presentado por el mandante o por declaración hecha ante un funcionario del Servicio que tenga el carácter de ministro de fe. De la declaración debe dejarse constancia por escrito y firmarse por el otorgante y por el funcionario. En la actualidad, ciertas unidades del Servicio manifiestan que no tienen funcionarios autorizados para actuar como ministros de fe, que verifiquen los poderes simples que otorgan los contribuyentes. Según informan, el único ministro de fe autorizado es el secretario regional del Servicio, al que tendrían que recurrir todos los contribuyentes de una región para efectuar ese trámite. Es necesario que el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos imparta las instrucciones necesarias, a fin de que se dé cumplimiento al artículo 9º del Código Tributario y se designe a los funcionarios que deben actuar como ministros de fe que verifiquen y ratifiquen los poderes simples que otorguen los contribuyentes a quienes los representan en las actuaciones administrativas ante el Servicio. Por lo anterior, solicito que se envíe oficio al Ministro de Hacienda, acompañando copia de mi intervención, a fin de que, por su intermedio, el Director Nacional de Impuestos Internos se sirva informar sobre las razones legales y reglamentarias en que se fundamentan las nuevas exigencias a los contribuyentes chilenos. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Bayo, Karelovic, Ramón Pérez, Rosauro Martínez, Vilches y Víctor Pérez.REDUCCIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS IMPORTADOS POR REGIÓN DE MAGALLANES. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Karelovic. El señor KARELOVIC.- Señor Presidente, el Ministerio de Hacienda, a través del Servicios de Aduanas, intenta consumar un nuevo golpe del centralismo contra Magallanes y sus habitantes. Pues bien, al reducir el tope del valor de los vehículos que puedan importarse por esa región no sólo se afecta a los numerosos importadores que tienen detrás suyo un importante contingente laboral, pago de tributos, etcétera, sino que, además, priva a quienes podrían internar vehículos de trabajo más modernos o dotados de accesorios como el airbag, que podrían salvar más de una vida en caso de accidente. La reinterpretación que ha hecho el Servicio de Aduanas de una norma ya vigente impide a los magallánicos acceder a esos vehículos, limitando sus posibilidades de mejorar su calidad de vida y coartándoles, incluso, el derecho de propiedad. Pero digamos las cosas por su nombre. Esos criterios emanan del Gobierno de la Concertación y, aunque después se corrijan, evidencian el pensamiento del oficialismo sobre nuestra aislada, postergada y alicaída región. Ya ocurrió con la letra chica de la Ley de Presupuestos, cuando se intentó modificar el decreto ley N°15, lo que -según dicen- contrarió hasta el pensamiento del Presidente de la República. Después de las protestas y reclamos resulta fácil culpar del hecho a un oscuro y anónimo funcionario del Ministerio de Hacienda; sin embargo, la responsabilidad de estos actos, que parecen corresponder a una política definida que tiende a castigar a Magallanes, es -insisto- del Gobierno de la Concertación. Si se desean pruebas y sólo por señalar algunas cosas pendientes, veamos qué ocurrió con la ayuda en el aluvión de 1990, qué pasó durante el terremoto blanco con los bullados créditos blandos, qué ha pasado con los proyectos que buscan el desarrollo industrial, pesquero o turístico de Magallanes o, ya más puntualmente, con el inicio de los trabajos de pavimentación de la segunda franja del camino a Puerto Natales. Una huertera natalina decía que si la cosecha de papas fue mala, es porque la semilla, aunque se abonara y se regara, era mala. Con estas acciones del Ministerio de Hacienda queda en evidencia, una vez más, que la semilla de la Concertación es la mala y que Magallanes sólo tendrá buenos frutos cuando erradique esa semilla mentirosa, centralista y que pretende embaucarnos con promesas, consignas y fanfarrias, pero que nos perjudica cada vez que puede hacerlo. He dicho.INFORMACIÓN SOBRE ALZAS EN CUENTAS DE AGUA POTABLE EN COMUNAS DE MULCHÉN Y NEGRETE. Oficios. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, sin duda, uno de los problemas que siempre preocupa y afecta a los jefes de hogar y a las dueñas de casa son las cuentas de consumo de agua potable que les llegan mes a mes y, en algunos casos, cada dos meses. Este tema no se ha logrado descifrar adecuadamente, puesto que en dichas cuentas muchas veces aparecen cargos fijos y cobros por alcantarillado que no tienen una explicación muy razonable para los millones de chilenos que financian a las empresas estatales que tienen a su cargo la distribución de ese vital elemento. Pero hay dos comunas de la provincia de Biobío que además de las dificultades que -reitero- viven todos los chilenos, han tenido problemas adicionales. Me refiero a Mulchén y Negrete. En las cuentas de agua potable de enero, febrero y marzo Essbío ha aplicado alzas sustanciales que sobrepasan el 60 y 70 por ciento. En los recorridos que realizo por esas comunas encontré casos como el de una familia que en noviembre pagaba 7.000 pesos, suma que en marzo subió a 30 ó 40 mil pesos. Se trata de una situación generalizada en esas comunas. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Mulchén tuvo el mérito de convocar a una asamblea general el viernes recién pasado, a la cual invitó a ejecutivos de la empresa. En la mitad de la reunión, y ante las diversas preguntas que hacían los dirigentes vecinales, uno de los ejecutivos -no recuerdo su nombre exacto, pero tenía el cargo de subdirector o subgerente comercial- explicó que una de las razones por las cuales las cuentas habían subido en forma tan sustancial era que en octubre Esbío había decidido pasar a dichas comunas del grupo 1 al grupo 2, cuestión que escuchábamos por primera vez las autoridades comunales, los dirigentes vecinales y quien habla. Ahora bien, ¿qué significa pasar del grupo 1 al 2 en materia tarifaria? Que el grupo 1 paga 107 pesos más Iva por metro cúbico y el 2, 126 pesos más Iva. Por lo tanto, en virtud de una decisión suya, que sólo estaría refrendada por un estudio que, por supuesto, nadie conoce y que nunca fue dado a conocer, por ese solo hecho, una empresa estatal obtiene un reajuste mínimo de 25 por ciento en las cuentas de agua potable. Ante esto cabe pensar que esa decisión -reitero que se informó que era fruto de un estudio- por lo menos, debió comunicarse a las autoridades regionales y provinciales -por cierto no tenían idea de ello-, a fin de que hubieran aumentado el subsidio o ampliado el universo de personas que beneficia; pero no debió tomarse esta decisión que ha significado que gente de escasos recursos -quienes viven en Mulchén y Negrete son principalmente pensionados- vea incrementado el costo de las cuentas de agua potable de una manera absolutamente desorbitada. En razón de ello, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas y al Superintendente de Servicios Sanitarios a fin de que informen a la Cámara acerca de las razones por las cuales se tomó la decisión de pasar del grupo 1 al 2 a algunas comunas de la Octava Región -entre ellas, Negrete y Mulchén, provincia de Biobío-, y si tal decisión correspondió sólo a la empresa Esbio o también participaron la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Ministerio de Economía o el de Obras Públicas. Sin duda, esa medida es unilateral, arbitraria y perjudica a un número significativo de vecinos -más de 4 mil en Mulchén y alrededor de 2 mil en Negrete-. Además, hay que considerar que ambas tienen índices de pobreza bastante elevados en materia de desempleo y marginalidad. Asimismo, solicito que se oficie al Ministro de Planificación y Cooperación para que haga llegar a la Cámara todos los estudios socioeconómicos realizados, a fin de incorporar a los diversos proyectos o fondos del Estado a las necesidades de comunas en situación de extrema pobreza, como una forma de cubrir sus necesidades. Quiero insistir con mucha fuerza que en el tema particular y concreto de las cuentas de agua potable se está perjudicando a un número sustancial de vecinos como consecuencia de una decisión unilateral, inconsulta, en la cual no han participado ni tenido conocimiento ni siquiera las autoridades regionales. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN CAMINOS RURALES DE COMUNA DE SAN CARLOS. Oficio. El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, si bien es cierto que en los últimos tiempos a lo largo de todo el país hemos podido ver nuevas obras viales de asfaltado de caminos, sobre todo de caminos transversales secundarios -por lo menos en lo que se refiere a mi distrito, a la provincia de Ñuble y a la Octava Región, en general, ha habido un franco progreso-, no lo es menos que en muchos casos los peatones no cuentan con veredas o espacios adecuados para transitar. El caso más concreto es el asfaltado entre San Carlos y el sector llamado Tres Esquinas, en el camino que va a la comuna de San Fabián de Alico. Allí, los peatones no disponen si siquiera de un centímetro para transitar y ya se han producido algunos accidentes, porque deben desplazarse entre un canal y el vehículo que circula por el camino. Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas, a fin de que se hagan los estudios pertinentes -ojalá ya estén realizados- y se proceda a hacer veredas para los peatones de los sectores de El Sauce, Tres Esquinas y Cachapoal, ubicados en la comuna de San Carlos. Esto es muy importante, por cuanto el tramo San Carlos-Tres Esquinas se asfaltó hace ya tres años, y una de las mayores aspiraciones de los vecinos, desde que esto se hizo, es contar con una vereda. Por lo anterior, pido que se envíe un oficio al Ministro de Obras Públicas con el objeto de que disponga la realización de los estudios necesarios para que los vecinos de los sectores nombrados de la comuna de San Carlos cuenten, lo antes posible, con una vereda y un espacio por donde transitar. De lo contrario, seguiremos lamentando mayores desgracias de las que han ocurrido hasta ahora. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.CONSECUENCIAS DEL INVIERNO ALTIPLÁNICO EN ARICA Y PARINACOTA. Oficios. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, debido a los enormes daños que el invierno altiplánico ha causado en Arica y Parinacota, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas a fin de que se tomen las providencias necesarias para reactualizar los estudios de factibilidad del proyecto del embalse Chironta, que solucionará los problemas de las crecidas del río Lluta que, en estos momentos, han causado graves daños en todo su cauce. Asimismo, solicito que en dichos estudios se consideren las variables relacionadas con la agricultura moderna que se puede realizar en el valle de Lluta, la generación de energía hidroeléctrica en este embalse y el aprovisionamiento de agua potable para Arica en el mediano y largo plazos. En segundo lugar, ante la evidencia de que el invierno altiplánico causa graves daños en Parinacota y Arica, los cuales este año sorprendieron completamente a la Dirección de Vialidad, por cuanto carecía de maquinarias para reparar con rapidez los daños producidos, es necesario prevenir los futuros daños que se produzcan en los próximos inviernos altiplánicos. Para ello, pido que también se oficie al Ministro de Obras Públicas, a fin de que instruya a la Dirección de Vialidad para que proporcione una dotación extraordinaria de maquinaria pesada, a Arica y Parinacota, para la reparación vial y de las defensas fluviales durante los meses de diciembre a abril de cada año, época en que se producen estas emergencias por las lluvias del invierno altiplánico. En tercer lugar, solicito que ante los graves daños causados por el invierno altiplánico de este año -que produjo aumentos de hasta cuarenta veces los caudales normales del río Lluta y generó graves aluviones en quebradas y ríos que habitualmente están secos- los que todavía no han sido reparados y que, además, tomará mucho tiempo, se oficie al señor Ministro de Obras Públicas con el fin de que también instruya a la Di-rección de Vialidad para que, durante el año, entregue nuevos recursos y maquinarias a las direcciones de vialidad de Arica y Parinacota, y para que, en especial, el buldózer D-9, recibido en estos días, que está trabajando en el Camino Internacional Arica-La Paz, permanezca en Arica y Parinacota en forma permanente, y así se pueda desarrollar un completo plan de reparación de los daños causados por el actual invierno altiplánico, sobre todo, las defensas fluviales y caminos, y se recupere la normalidad, tanto en la agricultura como en el transporte, de Arica y Parinacota. He dicho. El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Errázuriz, Pérez, don Ramón; y Letelier, don Felipe. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.52 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.1. Moción de los Diputados señores Ferrada y Aníbal Pérez. Establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales. (boletín Nº 1990-03)“Teniendo presente: Que el Congreso Nacional ha prestado una amplia aprobación a la norma -contenida originalmente en el inciso tercero del artículo 50 de la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor- en orden a establecer severas sanciones para todos aquellos que, en los procedimientos de cobranzas de créditos, cometieren abusos, infracciones y atropellos a las leyes, con gravísimos perjuicios para vastos sectores de la población; Que el Tribunal Constitucional, actuando de oficio y sin que le hubiese sido expresamente solicitado, en fallo dividido de control de constitucionalidad, ha reparado dicha norma por motivos formales o procedimentales, arguyendo que durante la tramitación y votación del referido inciso tercero del artículo 50 no se habría dejado constancia de existir los quórum propios de una norma de rango orgánico constitucional, razón por la cual ha dejado sin efecto esa parte de la nueva ley de defensa de los Derechos del Consumidor pronta a promulgarse; Que existiendo una clara y positiva voluntad legislativa en ambas ramas del Congreso en el sentido de aprobar una norma como la reprochada de inconstitucionalidad formal y, con el objeto preciso de darle a ella pronta vida, subsanando sus discutibles defectos formales -que, a juicio de los autores no son ni han sido jamás tales- vienen en proponer el siguiente proyecto de ley que, en los hechos, no hace sino reponer la norma antes aprobada, en sus mismos términos, con el objeto de convalidarla formalmente:PROYECTO DE LEY: Artículo único: El acreedor o su representante legal, que en la cobranza extrajudicial de deudas provenientes de créditos de consumo, como asimismo de operaciones de crédito establecidos por la ley Nº 18.010, emplee presiones, amenazas o arbitrios ilegítimos y los cobros indebidos que de ella se originen, serán sancionados con multa, que según la gravedad de los hechos y antecedentes acompañados irán desde un 25 al 100% del capital adeudado, sin perjuicio de la obligación de restituir al deudor lo que se hubiere cobrado en exceso. Será competente para conocer de tales infracciones el Juez de Policía Local del domicilio del deudor y su procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos Nº 51 y siguientes de la Ley de Derechos del Consumidor.”.