REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 330a, EXTRAORDINARIA Sesión 34a, en martes 10 de enero de 1995. (Ordinaria, de 19 a 23.13 horas) Presidencia de los señores Sota Barros, don Vicente, y Latorre Carmona, don Juan Carlos. Presidencia accidental de los señores Dupré Silva, don Carlos, y Viera-Gallo Quesney, don José Antonio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I- ASISTENCIA II. - APERTURA DE LA SESIÓN III. - ACTAS IV. - CUENTA V. - ORDEN DEL DÍA VI. - PROYECTOS DE ACUERDO VII. - INCIDENTES VIII. - DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX. - OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I. - Asistencia 7 II. - Apertura de la sesión 9 III. - Actas 9 IV. - Cuenta 9 Inclusión de documento en la Cuenta 9 Integración de Comisión Especial para el desarrollo económico de Arica y Parínacota 9 V. - Orden del Día. Modificación de la ley N° 19.070, Estatuto Docente. Primer trámite constitucional. 9 VI. - Proyectos de acuerdo. Estudio por la Comisión de Economía de situación de la industria textil 62 Comisión Especial para estudiar el funcionamiento de las asociaciones y clubes profesionales de deporte 64 VII. - Incidentes 66 45° aniversario de la promulgación de la ley que otorgó derecho a voto a la mujer chilena 66 Programa para combatir la mosca de los cuernos. Oficio 68 Antecedentes sobre instalación de nuevos tribunales. Oficios 68 Declaración de científicos de la Universidad de Chile sobre Acuerdo entre el Gobierno y la Organización Europea para la Investigación Astronómica (ESO). Oficios 69 VIII. - Documentos de la Cuenta. 1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el que inicia un proyecto de ley, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica disposiciones legales del Código de Justicia Militar, del Código de Procedimiento Penal y de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile (boletín N° 1505-07) 71 2. Oficio de S.E el Presidente de la República, con el cual remite observaciones con urgencia de “simple”, al proyecto de ley que crea la comuna de Padre Las Casas (boletín N° 1139-06) 73 3. Oficio de S.E el Presidente de la República, con el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que establece modalidad de aplicación de los re avalúos de bienes raíces y modifica las leyes Nos 19.000, 19.034 y 19.339 (boletín N° 1492-05) 74 4. Moción del Diputado señor Errázuriz por medio de la cual inicia un proyecto de ley que establece un casino de juegos en San José de Maipo (boletín N° 1504-061) 74 IX. - Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación: - Del Diputado señor Aguiló con la cual retira su patrocinio al proyecto de ley originado en moción, que establece normas para el proceso de vinificación (boletín N° 1501-01). 2. Oficios: - Del Ministerio del Interior, que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: - Del señor Elizalde, exigencia de construcción de calles en comunas de Pudahuel, Quilicura, Renca. Conchalí y Huenchuraba. - Del señor Prokurica, modificación de límite interregional Atacama- Coquimbo. - Del señor Karelovic situación que afecta a mineros chilenos del yacimiento carbonífero "El Turbio”, ubicado en la provincia de Santa Cruz. Argentina. - De los señores Balbontín, Luksic y Villegas, solicitud de revisión del boletín N° 1429-06. - Oficio del Ministerio de Economía. Fomento y Reconstrucción, por medio del cual responde el enviado en nombre de la Corporación, relativo a evaluación y programa de acción en Argentina. - Oficio del Ministerio de Hacienda, con el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Navarro, relativo a razones por las cuales no es posible acceder a la exención del pago del IVA pura el Cuerpo de Bomberos de Coronel. - Oficio del Ministerio de Educación, mediante el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Prokurca. relativo a retiro de urgencia de proyecto de ley que modifica el Estatuto Docente. - Oficio del Ministerio de Justicia, por el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, relativo a la creación de Quinto Juzgado de Letras y Segundo Juzgado de Menores de Iquique. - Oficio del Ministerio de Defensa Nacional, por medio del cual responde el enviado en nombre de la Diputada señora Wörner relativo a regularización de tenencia de inmuebles en caletas de pescadores. - Oficios del Ministerio de Agricultura, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: - De la señora Prochelle y los señores René García, Latorre, Salas Sabag, Felipe Letelier, Valcarce, Bayo. Villegas. Álvarez-Salamanca, Masferrer, Jürgensen, Karelovic, Ojeda, Gutiérrez. Elgueta, Galilea, González, Reyes, León. Acuña, Salvador Urrutia. Rodríguez y Vega, mataderos municipales. - Del señor René García, con relación al estudio sobre rentabilidad agrícola. - De los señores Felipe Letelier. René García. Ramón Pérez. Morales y Pizarro acerca de la situación agrícola. - Del señor García-Huidobro relativo a proyecto de construcción de central hidroeléctrica Alto Cachapoal. - Del señor Morales, defensas fluviales río Cachapoal. - Del señor Jürgensen cálculo de efecto del valor aduanero mínimo. - Del señor Salvador Urrutia, situación en que se ha desarrollado la explotación camélida en la Primera Región. - De la Corporación, creación de comisión permanente, destinada a orientar y coordinar las actividades de investigación desarrolladas por las universidades, los institutos de investigación, y en general, por el sector privado. - Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Jürgensen relativo a proyectos de colonización. - Oficios del Ministerio de Salud, con los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: - Del señor Ramón Pérez, fumigación en sitio abandonado en Iquique. - Del señor Bayo, especialidades en falencia en servicios de salud y universidades. - Del señor García-Huidobro tarjetas extendidas por consultorios municipalizados para obtener atención médica gratuita en los hospitales de los servicios de salud. - De la Corporación, medidas especiales para la atención del adulto mayor. - Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual responde el enviado en nombre de la Corporación, relativo a evaluación del sistema de licitación de vías para el servicio de transporte público. - Oficio del Ministerio de Planificación y Cooperación, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Kuschel relativo a proyecto de alcantarillado en la Décima Región. - Oficio de la Corporación de Fomento de la Producción, mediante el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Avila, sobre materias relacionadas con Esval S. A. - Oficios del Consejo de Defensa del Estado, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: - De los señores Latorre, Arancibia, Gutiérrez, Ojeda y Reyes, relativo a ventas de energía eléctrica efectuadas por Colbún-Machicura S.A. a Endesa y Chilgener. - Del señor Moreira, referente a denuncia de acciones judiciales en contra del ex alcalde de la Municipalidad de La Cisterna. - Del señor Ferrada, situación de los Brokers con los cuales Codelco-Chile realiza sus operaciones. - Oficio de la Municipalidad de Maullín, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Kuschel respecto de nómina de consejeros económicos social comunal y estamentos que representan. - Oficio de la Municipalidad de Coquimbo, con el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Soria, relativo a plan regulador 984. I.- ASISTENCIA. - Asistieron los siguientes señores diputados: (111) -- Acuña Cisternas, Mario -- Aguiló Meló, Sergio -- Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro -- Allamand Zavala, Andrés -- Allende Bussi, Isabel -- Arancibia Calderón, Armando -- Ascencio Mansilla, Gabriel -- Ávila Contreras, Nelson -- Aylwin Oyarzún, Mariana -- Balbontín Arteaga, Ignacio -- Bartolucci Johnston, Francisco -- Bayo Veloso, Francisco -- Bombal Otaegui, Carlos -- Caminondo Sáez, Carlos -- Cantero Ojeda, Carlos -- Cardemil Herrera, Alberto -- Ceroni Fuentes, Guillermo -- Coloma Correa, Juan Antonio -- Cornejo González, Aldo -- Correa De la Cerda, Sergio -- Cristi Marfil. María Angélica -- Chadwick Pinera, Andrés -- De la Maza Maillet, Iván -- Dupré Silva, Carlos -- Elgueta Barrientos, Sergio -- Elizalde Hevia, Ramón -- Encina Moriamez, Francisco -- Espina Otero, Alberto -- Estévez Valencia, Jaime -- Fantuzzi Hernández, Ángel -- Ferrada Valenzuela, Luis Valentín -- Fuentealba Vildósola, Renán -- Gajardo Chacón, Rubén -- García García, René Manuel -- García Ruminot, José -- Girardi Lavín, Guido -- Gutiérrez Román, Homero -- Hamuy Berr, Mario -- Hernández Saffirio, Miguel -- Huenchumilla Jaramillo, Francisco -- Hurtado Ruiz-Tagle, José María -- Jara Wolff, Octavio -- Jeame Barrueto, Víctor -- Jocelyn-Holt Letelier, Tomás -- Jürgensen Caesar, Harry -- Karelovic Vrandecic, Vicente -- Latorre Carmona, Juan Carlos -- Leay Morán, Cristian -- León Ramírez, Roberto -- Letelier Morel, Juan Pablo -- Letelier Norambuena, Felipe -- Longton Guerrero, Arturo -- Longueira Montes, Pablo -- Luksic Sandoval, Zarko -- Makluf Campos, José -- Martínez Labbé, Rosauro -- Martínez Ocamica, Gutenberg -- Masferrer Pellizzari, Juan -- Matthei Fornet, Evelyn -- Melero Abaroa. Patricio -- Montes Cisternas, Carlos -- Morales Morales, Sergio -- Moreira Barros, Iván -- Munizaga Rodríguez, Eugenio -- Muñoz Aburto, Pedro -- Naranjo Ortiz, Jaime -- Navarro Brain, Alejandro -- Ojeda Uribe. Sergio -- Orpis Bouchon, Jaime -- Ortiz Novoa, José Miguel -- Palma Irarrázaval, Andrés -- Palma Irarrázaval, Joaquín -- Paya Mira, Darío -- Pérez Lobos, Aníbal -- Pérez Opazo, Ramón -- Pérez Varela, Víctor -- Pizarro Soto, Jorge -- Pollarolo Villa, Fanny -- Prochelle Aguilar, Marina -- Prokuriga Prokurica, Baldo -- Rebolledo Leyton, Romy -- Reyes Alvarado, Víctor -- Ribera Neumann, Teodoro -- Rocha Manrique, Jaime -- Rodríguez Cataldo, Claudio -- Saa Díaz, María Antonieta -- Sabag Castillo, Hosaín -- Salas De la Puente, Edmundo -- Schaulsohn Brodsky, Jorge -- Seguel Molina, Rodolfo -- Silva Ortiz, Exequiel -- Soria Macchiavello, Jorge -- Sota Barros, Vicente -- Taladriz García, Juan Enrique -- Toba González, Isidoro -- Tuma Zedan, Eugenio -- Ulloa Aguillón, Jorge -- Urrutia Ávila, Raúl -- Urrutia Cárdenas, Salvador -- Valcarce Medina, Carlos -- Valenzuela Herrera. Felipe -- Vargas Lyng, Alfonso -- Vega Vera, Osvaldo -- Venegas Rubio, Samuel -- Viera-Gallo Quesney. José Antonio -- Vilches Guzrnán, Carlos -- Villegas González, Erick -- Villouta Concha, Edmundo -- Walker Prieto, Ignacio -- Wörner Tapia, Martita -- Zambrano Opazo, Héctor -Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Andrés Aylwin. -Asistieron, además, el Ministro del Interior señor Carlos Figueroa; el Ministro de Relaciones Exteriores, señor José Miguel Insulza; el Ministro de Educación Pública, señor Sergio Molina; el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Genaro Amagada, y el honorable Senador señor Andrés Zaldívar. II. - APERTURA DE LA SESIÓN. -Se abrió la sesión a las 19. El señor SOTA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. - ACTAS. El señor SOTA (Presidente).- Las actas de las sesiones 31a y 32 se declaran aprobadas. IV. - CUENTA. El señor SOTA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor SOTA (Presidente).- Terminada la Cuenta. INCLUSIÓN DE DOCUMENTO EN LA CUENTA. El señor SOTA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para incluir en la Cuenta un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que introduce modificaciones a las disposiciones legales de los Códigos de Justicia Militar y de Procedimiento Penal. Si le parece a la Sala, así se procederá. -Acordado. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ARICA Y PARINACOTA. El señor SOTA (Presidente).- Se propone integrar la Comisión Especial que conocerá el proyecto de ley que establece incentivos para el desarrollo económico de Arica y Parinacota con los siguientes señores Diputados: Balbontín, don Ignacio; Sabag, don Hosaín; Zambrano, don Héctor; Luksic, don Zarco; Valcarce, don Carlos; Pérez, don Ramón; Cantero, don Carlos; Leay, don Cristián; Karelovic, don Vicente; Valenzuela, don Felipe; Navarro, don Alejandro; Urrutia, don Salvador, y Soria, don Jorge. Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición. -Aprobada. V. - ORDEN DEL DÍA. MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.070. ESTATUTO DOCENTE. Primer trámite constitucional. El señor SOTA (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley N° 19.070, y al decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Educación, de 1993, y establece los beneficios que indica. Diputado informante de la Comisión de Educación, es el señor José Miguel Ortiz, y de la de Hacienda, la señora Romy Rebolledo. -Antecedentes: -Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1196-04 sesión 16a, en 3 de mayo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informes de las Comisiones de Educación y de Hacienda, sesión 27a, en 20 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N°s 1 y 2. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Educación. El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, en sesión plenaria ordinaria del 20 de diciembre recién pasado, asumimos el compromiso de iniciar conversaciones con representantes de los partidos políticos y parlamentarios, a fin de determinar criterios orientadores de la política de modernización de la educación y la compatibilidad entre esos criterios y lo que propone el proyecto en estudio, a fin de lograr un rápido trámite parlamentario. Tal como lo señalé en la Sala, el 26 de diciembre entregué a Su Excelencia el Presidente de la República el informe que contiene las conclusiones del trabajo de la Comisión Nacional de Modernización de la Educación. En esa entrega solemne, en mi calidad de Presidente de dicho organismo, referí a la importancia del gran acuerdo haciendo resaltar, a la vez, que en ese informe están contenidas las orientaciones centrales para la política educacional del Gobierno la cual, dado el amplio abanico de ideas y pasturas que esta Comisión presentó, pasa a ser una política de Estado. Ello ha sido marco y contexto para las conversaciones que he sostenido con representantes de todos los partidos. En dos semanas que han transcurrido entre el 20 de diciembre y hoy, he trabajado con las señoras y señores parlamentarios y asesores, llegando a un acuerdo que califico de histórico y sin precedentes, debido a su trascendencia para la educación chilena. Este, acuerdo político ha sido precedido por el que se logró con los profesores y por los obtenidos en el Comité Técnico y en la Comisión Nacional la Modernización de la Educación. Nunca antes se había alcanzado un consenso semejante para dar un salto que cambie las condiciones culturales y competitivas de Chile, dando el realce que se merecen los profesores de nuestro país y una gran oportunidad para mejorar la calidad y equidad de la educación, especialmente la municipalizada, que en el pasado sufrió un gran deterioro. Señor Presidente, paso a dar cuenta ante la Honorable Cámara, de los principales aspectos que contiene este acuerdo político. En primer lugar, se asumen las bases contenidas en el informe de modernización de la educación en cuanto a proporcionar una formación general de calidad para todos y garantizar el acceso equitativo a la educación. - Manifestaciones en tribunas. El señor SOTA (Presidente).- Permítame una interrupción, señor Ministro. En la Cámara de Diputados no estamos acostumbrados a recibir de parte de los asistentes a tribuna ninguna demostración de mala educación y siempre se escucha en completo silencio a quienes representan aquí(al Gobierno o al pueblo. De tal manera que ruego a quienes se encuentran en las tribunas guardar silencio. Puede proseguir, señor Ministro. El señor MOLINA (Ministro de Educación).- -Reformar y diversificar la Educación Media. -Fortalecer la profesión docente y perfeccionar el marco estatutario laboral. -Otorgar mayor autonomía y flexibilidad de gestión. -Más información pública sobre los resultados para tener escuelas efectivas, y -Aumentar la inversión educacional, tanto pública como privada, junto con impulsar la modernización educacional. En segundo término, hay acuerdo en lo que se refiere a las políticas por emprender en concordancia con la modernización de la educación respecto de las condiciones laborales y de remuneraciones de los profesores, aun más allá de lo que establece el presente proyecto de ley. Para estos efectos se considerarán a futuro los siguientes criterios: -Simplificar el actual sistema de remuneraciones, para lo cual ya se ha constituido una comisión de trabajo con el Colegio de Profesores. -Fortalecer el sistema descentralizado. -Privilegiar las remuneraciones en función de la calidad y el desempeño. -Mejorar las condiciones de trabajo y el equipamiento de los establecimientos. -Abrir nuevas oportunidades de perfeccionamiento docente. -Garantizar un ingreso mínimo docente y estimular a los sostenedores para que puedan adoptar esquemas de pago por méritos donde prime la iniciativa y resultado de los docentes. Todo esto mediante aumentos en la subvención. En cuanto al financiamiento, se reitera el compromiso de elevar el gasto en educación al 7 por ciento del producto en un plazo no superior a 8 años, lo cual, bajo las actuales tasas de crecimiento previstas, podría a lo menos duplicar el gasto que realiza el Ministerio del ramo. Se valoriza el régimen de subvención como la herramienta fundamental del financiamiento de los establecimientos educacionales y la necesidad de estudiar para su perfeccionamiento. En cuanto a la gestión, se propone fortalecer la autonomía y capacidad de los establecimientos, reconociéndolos como la unidad fundamental del sistema educativo. Abrir opciones para realizar experiencias piloto, con el acuerdo de los profesionales de los establecimientos y del municipio, para cumplir objetivos pedagógicos, acordando con este propósito formas de gestión, contenidos curriculares y relaciones laborales y administrativas diferentes de las actuales. Seguir apoyando, por parte del Ministerio, la implementación de proyectos de modernización en la educación básica y media, para lo cual ya existe un acuerdo entre el Gobierno y el Banco Mundial en cuanto a la primera, y ya está en proceso de ejecución la reforma de la educación media con un costo estimado de 205 millones de dólares en los próximos seis años. Estimular la participación de la comunidad escolar en las decisiones fundamentales del proceso educativo, con lo cual también se dará mayor transparencia a la gestión educacional. Por último, se ha acordado introducir modificaciones al proyecto de ley en trámite, con el objeto de perfeccionarlo, entre las cuales se destacan las siguientes: Asegurar que las facultades que se dan a los alcaldes para otorgar los beneficios de indemnización y jubilación mejorada, se apliquen con objetividad. Para ello, el alcalde deberá someter a la ratificación del Concejo las resoluciones respectivas. Otorgar mayores responsabilidades a las escuelas en la elaboración de los planes anuales de desarrollo educativo. Hacer accesible a toda la comunidad escolar de cada establecimiento la evaluación anual de los planes anuales de desarrollo educativos. También hemos acordado un calendario de actividades a cumplir entre el primero y el segundo semestres de 1995, como asimismo, dar el máximo de celeridad al trámite del proyecto que hoy debatimos. Concluyo mis palabras reiterando que son muy escasas las ocasiones en que todos los sectores políticos y el Gobierno suscriben un acuerdo que, junto con acelerar el trámite de un proyecto, establecen un marco de políticas de Estado para la educación. No puedo dejar de reconocer la responsabilidad y el gran espíritu constructivo de los partidos y parlamentarios que concurrieron a este acuerdo. La ciudadanía debe valorar esta decisión, ya que ella reafirma el valor de la democracia y del pluralismo, y la capacidad de construir grandes consensos, gracias a los cuales podemos mirar con optimismo el futuro del país. Con el presente acuerdo todos queremos dar una señal. Caminamos hacia un país más justo, de mayor desarrollo, que otorga más y mejores oportunidades a todos los niños y jóvenes, que aprovecha los talentos de cada uno de ellos. Por ello, queremos una educación de mayor calidad y garantizar el acceso equitativo a ella. Hoy, nos comprometemos con este acuerdo a avanzar en esta dirección. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Educación, señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, solicito la unanimidad de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Educación con uno de los asesores del Ministerio, porque seguramente habrá consultas al término de los dos informes. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, pido la palabra. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, ha sido una práctica en la Cámara que cuando está presente el señor Ministro no se pida que ingrese a la Sala el Subsecretario. La autorización procedería cuando el Ministro no asistiera. El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado es exactamente lo contrario. La tradición de la Cámara ha sido solicitar el ingreso del Subsecretario cuando lo pide el señor Ministro. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario de Educación. ¿Habría acuerdo? -Acordado. Continúa con el uso de la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, este proyecto de ley, que introduce modificaciones a la ley N° 19.070 y al decreto con fuerza de ley N° 5, de diciembre de 1993, del Ministerio de Educación, ingresó a esta Corporación el 27 de abril del año pasado. Desde que la Comisión de Educación tomó conocimiento de él, concedimos más de 70 audiencias para que los interesados plantearan su pensamiento respecto de un proyecto que es muy importante para la educación chilena y para los profesores. En la primera sesión participó el ex Ministro de Educación don Ernesto Schiefelbein, el ex Subsecretario don Gonzalo Undurraga, y posteriormente, la directiva nacional del Colegio de Profesores, dirigentes regionales del mismo, el señor Director de Presupuestos, el Ministro de Hacienda y la Asociación de ' Municipalidades de Chile. Es conveniente, para la historia fidedigna de esta ley, tener pleno conocimiento de que durante dos meses y medio se "realizaron más de veintisiete sesiones ordinarias y extraordinarias permanentes para escuchar a todos los actores involucrados. Los honorables colegas parlamentarios tienen en sus escritorios el informe de la Comisión. Ahí está el listado de las personas que recibimos y de quienes asistieron en audiencia. En la sesión del 22 de junio del año recién pasado, con una votación de 7 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, aprobamos la idea de legislar. En esa misma sesión escuchamos al Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, quien nos informó sobre el significado del gasto del proyecto para el erario. Quiero dar las cifras por considerarlas importantes para la tramitación del proyecto en general en la Sala. El incremento general del monto de la subvención por alumno es de 3 por ciento en todos los niveles y modalidades de la educación. Por ejemplo, el valor por alumno de básica, vale decir, de primero a sexto año, sube de 7.568 pesos a 7.795 pesos; el incremento especial en la subvención de alumnos adultos es de 47,6 por ciento en básica, y 44,9 y 86,5 en media. Este valor por alumno adulto de básica sube de 3.587 pesos a 5.297; en la educación media, con jomadas de hasta 25 horas, de 4.260 pesos a 6.175; y en educación media, con jomada superior a 25 horas, de 4.260 pesos a 7.946. Esto significa un gasto mensual, con el reajuste del 12,2 por ciento, a contar del Io de diciembre del año pasado, de 819 millones de pesos. Es decir, anualmente alcanza a 9.828 millones de pesos. Además, don José Pablo Arellano señaló que se aumentaba la subvención por ruralidad de 2.650 establecimientos a 4.730. Quiero destacar esta cifra. En Chile hay alrededor de 10 mil establecimientos, de los cuales acerca del 8 por ciento es netamente particular; el resto, vale decir 9.200, se financia exclusivamente con la unidad de subvención educacional. De éstos, dos tercios corresponden a municipales y un tercio a particulares subvencionados. Vale decir, de 9.200 establecimientos que se financian con la plata de todos los chilenos, poco más de la mitad va a tener la subvención por ruralidad, que cambia el procedimiento de cálculo de la asistencia media, con lo que naturalmente sube en forma importante la parte presupuestaria, en especial para planteles educacionales de comunas rurales a las cuales concurren alumnos de bajos ingresos. Por lo tanto, este proyecto hará realidad el aumento presupuesta- H rio para establecimientos al que asiste nuestro pueblo de más bajos ingresos. Además, se modifica la tabla de equivalencias en factores de pago por ruralidad, con lo que se aumenta la cobertura para acceder a ella de 85 a 90 alumnos. En la actualidad, se duplica la subvención si la asistencia es hasta 15 alumnos. Con esta propuesta se duplicará cuando la asistencia sea hasta 19 alumnos. Esto está dispuesto en los artículos 2° y 7° del proyecto. Se aumenta el pago mínimo de 20 unidades de subvención educacional, es decir, 151.351 pesos, que perciben establecimientos rurales aislados geográficamente y con una matrícula de diez o menos alumnos, a un piso o pago mínimo de 36 unidades de subvención educacional, o sea, 272.432 pesos, para este tipo de establecimientos con una matrícula de 15 o menos alumnos. Cuando en la Comisión escuchamos a las autoridades presentes, nos dimos cuenta de que con esta medida, se aumentaba en forma real de 200 a alrededor de 661 el número de establecimientos que podría acceder al beneficio, vale decir, 230 por ciento más de los establecimientos que tienen déficit desde hace muchísimos años. Esto significa un gasto mensual, con el reajuste del 12,2 por ciento, de 219 millones de pesos, o sea. 2.628 millones anuales. Además, convinimos en votar en general la idea de legislar, porque el análisis del proyecto nos dimos cuenta de que además se hacía justicia a la petición e inquietudes que en mi caso, por ser parlamentario por segunda vez en representación de Concepción, escuché tanto en el período anterior como en éste a varios colegas parlamentarios -quienes hasta presentaron proyectos de acuerdo sobre la materia-, en el sentido de que hubiera un factor corrector de pago por baja asistencia en establecimientos con situaciones especiales. El proyecto otorga facultades al Presidente de la República para establecer mecanismos de incremento porcentual de la subvención educacional a establecimientos cuyo promedio de asistencia durante los últimos cinco años haya sido inferior al promedio nacional, por problemas de tipo estructural, especialmente socioeconómicos y climáticos. Quiero destacar esto, porque los Diputados que participamos en la Comisión de Educación creemos sinceramente que también soluciona problemas hereditarios de larga data, generadores de situaciones especiales. En Incidentes hemos escuchado a varios Diputados, especialmente de distritos rurales, expresar su inquietud ante esta situación tan especial. El artículo 3° transitorio del proyecto soluciona definitivamente el problema. Los artículos 8° y 9° transitorios crean la subvención transitoria de apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación. Ello significa que se va a apoyar a aquellos establecimientos diurnos, básicos o medios, seleccionados de entre los que hayan obtenido bajo puntaje en las pruebas Simce, para que extiendan en una o dos horas de clases la jomada diaria de atención a sus alumnos, a razón de 0,167 unidad de subvención educacional. La hora mensual por alumno subirá a 1.264 pesos. La Ley de Presupuestos determinará el porcentaje máximo de alumnos por los que se pagará esta subvención, cuya vigencia será a partir del año escolar 1995, que comenzó el 1° de enero, y también por el trienio 1995-1997. Vale decir, si se fija un 5 por ciento de alumnos de estos establecimientos, el gasto mensual por este concepto es de 310 millones de pesos y de 3.720 millones de pesos anuales. ¿Qué indica esto? Que el incremento real que representa la modificación del decreto con fuerza de ley N° 5, de diciembre de 1993, incide en la unidad de subvención educacional; vale decir, la forma de financiar la educación chilena significa en 1995 un gasto de 20.016 millones de pesos. Además, aprobada la idea de legislar, en la Comisión, se continúa con las audiencias. Escuchamos a dirigentes nacionales y regionales del Colegio de Profesores, algunos de los cuales están silvando ahora en las tribunas. El papel del Diputado informante en esta Sala es dar a conocer en forma equilibrada, clara y precisa lo que sucedió en la Comisión. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor SOTA (Presidente).- Diputado señor Ortiz, le ruego referirse al informe. El señor ORTIZ.- Con el mayor gusto. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, escuchamos a los representantes del Ministerio de Educación, así como también a los del Gobierno, cuyas declaraciones... El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, punto de Reglamento! El señor ORTIZ,-...aparecen en la versión oficial de las sesiones de la Comisión de Educación que tengo en mi poder, y que he tratado de resumir para no aburrir a los señores Diputados con más detalles. Allí figuran las declaraciones oficiales de las personas que asistieron a la Comisión, quienes manifestaron que existía la posibilidad de un acuerdo, adoptado el 5 de octubre. El señor SOTA (Presidente).- ¿Me permite, señor Diputado? Se han cumplido los primeros 15 minutos de su primer discurso; le restan cinco. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, hace rato que estoy pidiendo la palabra por un asunto reglamentario. El señor SOTA (Presidente).- Después que termine su informe el Diputado señor Ortiz. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Debe ser antes, porque después no tendría sentido. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en atención a ese escaso tiempo, trataré de resumir la parte relativa al fortalecimiento de la situación docente en cuanto al incremento de remuneraciones. Los artículos 8o y 9o otorgan una planilla complementaria y una bonificación proporcional. Los artículos 10 y 11 establecen para los docentes de establecimientos subvencionados una planilla complementaria, hasta alcanzar una remuneración total no inferior a 130 mil y 150 mil pesos en 1995 y 19%, respectivamente. Se otorga a los docentes de establecimientos subvencionados una bonificación proporcional, determinada por cada sostenedor de acuerdo con los recursos que perciba a través de una subvención adicional, destinada exclusivamente al aumento de remuneraciones. Asimismo, se especifica el procedimiento de cálculo de ambos beneficios, de manera que la bonificación proporcional sea igualitaria para los profesionales de la educación, según su designación o contrato, sin perjuicio de asegurar, mediante planilla complementaria, que ninguno perciba menos del mínimo establecido. Se crea la bonificación de excelencia docente, además del financiamiento de los beneficios remuneracionales otorgados para 1995 y 1996, concediendo a los sostenedores una subvención adicional para tal fin. El artículo 15 da recursos a las corporaciones regidas por el decreto ley N° 3.166, para el financiamiento de los beneficios antes señalados. Por último, se plantea, por primera vez, la f D posibilidad concreta de que los más de 4 mil profesores de Chile que reúnan todos los requisitos para jubilar, lo hagan con la última renta y con una indemnización de 11 meses. Asimismo, se establece el sistema de retiro voluntario con una indemnización de 14 meses. Es todo cuanto puedo informar, en atención al tiempo de que dispongo. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Quiero explicar al señor García que no podía interrumpir al Diputado informante. Como Su Señoría estaba pidiendo la palabra por una cuestión reglamentaria, tiene la palabra. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, sé que no podía interrumpirlo, pero en este momento no tiene sentido que intervenga. Muchos Diputados -más de 110 no somos integrantes de la Comisión de Educación- esperábamos un informe. Sin embargo, hemos escuchado una “lavada de cabeza” no sé para quién. Esta es la cuarta vez que estamos discutiendo el Estatuto Docente, y no nos hemos podido informar de nada. -Manifestaciones en las tribunas. El señor SOTA (Presidente).- Advierto a los asistentes a las tribunas que es la última vez que acepto efectuar manifestaciones. En uso de mis facultades reglamentarias, los haré desalojar a la próxima. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Entonces, hemos quedado en las mismas. Por otra parte, me parece bien que pida a los asistentes a las tribunas que no efectúen manifestaciones; pero como todo el mundo habla tanto de democracia, consideran que tienen derecho a realizarlas, cuando han sido burlados siete u ocho veces. Señor Presidente, sólo quería manifestar mi malestar por el informe entregado por el Diputado señor Ortiz. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada informante de Hacienda. El señor ULLOA.- Pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ULLOA.- Señor Presidente, solicito formalmente que se suspenda la sesión y se cite a una reunión de Comités, pues en relación del informe se han omitido asuntos esenciales contenidos en el artículo Io del proyecto, lo que nos tiene complicados a todos. En consecuencia, es mejor suspender la sesión para dar un tratamiento formal a la situación. El señor SOTA (Presidente).- Su Señoría no ha hecho ninguna salvedad de tipo reglamentario. En su momento, cuando haga uso de la palabra, para lo cual está inscrito en cuarto lugar, podrá hacer todas las complementaciones que le parezcan necesarias. Tiene la palabra la Diputada señora Romy Rebolledo. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente. paso a informar el análisis y conclusiones de la Comisión de Hacienda respecto de los artículos que nos correspondió estudiar de la modificación del Estatuto Docente, del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones, y otros beneficios que se indican. Por razones de tiempo voy a dar a conocer exclusivamente los cambios que se hicieron en la Comisión de Hacienda respecto de lo acordado en la Comisión de Educación, ya sea por indicaciones del Ejecutivo, de parlamentarios o por rechazo de algunos artículos. También me referiré a los aspectos presupuestarios más relevantes del proyecto. En el artículo Io se introducen treinta y una modificaciones a la ley N° 19.070. Por el número 17, se agregan tres incisos en el artículo 36, que establecen el derecho a solicitar permiso y sus condiciones a los profesionales de la educación. En el inciso tercero propuesto se excluye el tiempo de permiso sin goce de sueldo de los beneficios mencionados por el artículo 43, relativo a la asignación de experiencia, a menos que se acredite haber efectuado imposiciones previsionales voluntarias durante el período. La Comisión estimó necesario precisar más el inciso mediante la aprobación de una indicación para que el beneficio de asignación de experiencia se otorgue sólo si el docente, durante el período de permiso, ha desempeñado funciones profesionales o realizado estudios de postítulo y efectuado sus imposiciones en forma voluntaria. Por el número 18 se modifica el artículo 37, que establece el período denominado “feriado de los profesionales de la educación”, pudiendo ser convocados éstos a realizar actividades de perfeccionamiento hasta por un período máximo de 3 semanas. Entre las modificaciones introducidas se encontraba una que incluye como feriados legales para los docentes las correspondientes a las vacaciones escolares de invierno y fiestas patrias. El Ejecutivo formuló una indicación para eliminar la modificación la que fue aprobada. Se aprobó, además, otra indicación, de carácter parlamentario, que establece que durante el verano los docentes podrán ser convocados para cumplir actividades de carácter educacional en sustitución de actividades de perfeccionamiento. Es decir, se amplía la facultad del sostenedor para convocar a actividades por tres semanas durante los meses de verano. Además, el Ejecutivo formuló indicación para establecer que no se podrá alegar menoscabo con motivo de las destinaciones que se dispongan antes del inicio del año escolar, como consecuencia de la fijación o adecuación anual de las dotaciones practicadas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Educativo Municipal. La indicación referida al menoscabo generó un amplio debate en la Comisión, siendo aprobada con mayoría parcial. Por el número 27 se modifica el artículo 52, relativo a las causales de término de la relación laboral de los profesionales de la educación. Entre otras modificaciones formales, se agregan dos causales de término de la relación laboral. La primera consiste en haber sido inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos o condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. La segunda se refiere a la disminución de la dotación en conformidad con el artículo 22 del proyecto. En la Comisión de Hacienda el Ejecutivo formuló indicación para introducir una nueva causal, que dice relación con “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su empleo”. Esta pasó a ser la letra i) y fue aprobada. Respecto a la última causal incorporada, el Ejecutivo introdujo, mediante indicación al artículo transitorio 14, un inciso en el que se consigna que la causal de término en la relación laboral que se establece en la letra i), es decir “salud incompatible”, sólo tendrá aplicación a partir del Io de marzo de 1996 o desde la fecha en que entre en vigencia una ley que haga compatible y aplicable a los profesionales de la educación la legislación sobre enfermedades profesionales. Esta indicación fue aprobada por unanimidad. Por otra parte, la Comisión eliminó los incisos tercero y cuarto del artículo 52 del Estatuto Docente, y la alternativa propuesta en el proyecto impide al profesional de la educación que se beneficie con la indemnización, por el término de la relación laboral, ser incorporado a la dotación docente de la misma municipalidad o corporación dentro de los cinco años siguientes a su percepción, a menos que la devuelva en las condiciones que señala. Esta disposición fue objeto de un análisis detallado por la Comisión en relación de no compartir la lógica de prohibir la reincorporación del profesional y la obligación de devolver la indemnización, en su caso, frente al mecanismo legal que opera en la Administración Pública sobre esta materia. Algunos Diputados, considerando los argumentos expresados en la Comisión en orden a que se entiende que se exija la devolución de la indemnización sólo en el caso de que el profesor se retira voluntariamente, formularon una indicación para eliminar dicho requerimiento. Esta indicación fue aprobada. Es decir, se eliminaron los incisos tercero y cuarto del artículo 52, que obliga a aquellos profesionales que han puesto término a su relación laboral devolver la indemnización si se incorporan antes de los cinco años al mismo municipio. Luego, el Ejecutivo formuló indicación para eliminar la norma introducida por la Comisión de Educación referente a la opción de que en caso de despidos arbitrarios, el juez pudiera ordenar la reincorporación del profesor, argumentando que en tal caso el proyecto establece un aumento de la indemnización hasta un 50 por ciento. La citada indicación fue rechazada; es decir, permanece como opción, en caso de despidos arbitrarios, la de reintegro del profesor. Por el número 30 se agrega una norma que dispone que, a partir del Io de enero de 1994, el monto de la remuneración adicional se irá sustituyendo con las cantidades que se paguen por asignación de zona. El Ministerio de Educación puso a disposición de la Comisión antecedentes empíricos que muestran que la imputación de la asignación de zona a la adicional tiende a una homogeneización de las remuneraciones, y la no imputación de la asignación de zona a la adicional implica introducir distorsiones arbitrarias y aleatorias en las remuneraciones de los docentes, no fundamentados en los componentes previamente definidos en el Estatuto. La no imputación de la asignación de zona a la adicional implicaría, además, un mayor gasto fiscal del orden de los 5 mil millones de pesos anuales. No obstante, este numeral del proyecto fue rechazado por mayoría parcial en la Comisión de Hacienda. Estos son los cambios establecidos durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Hacienda referente al artículo Io del proyecto que modifica el Estatuto Docente. En lo restante, en general, se refieren al financiamiento del proyecto en sí y estuvieron bastante bien detallados por mi colega informante de la Comisión de Educación. Al respecto, los cambios fundamentales referentes a lo acordado en la Comisión de Educación, es que se establece el Fondo de Adecuación Docente, con recursos por 2.500 millones de pesos, para que los municipios que no puedan solventar las indemnizaciones durante el año de transición, ya sea por profesores que jubilan o por trabajadores que se retiran con una indemnización incrementada en 25 por ciento, puedan contar con apoyo fiscal para financiar hasta el 50 por ciento de este gasto. La Comisión introdujo modificaciones en la bonificación por desempeño de excelencia, al disponer que ésta sólo se aplique a los establecimientos que no cuentan con finan- ciamiento compartido. También aconsejó al Ejecutivo que esta bonificación se otorgue tanto a los docentes como a los no docentes de dichos establecimientos. Finalmente, quiero dar a conocer el monto de los recursos destinados al proyecto, dejando constancia de que para 1995, por aumento general de subvenciones, el mayor gasto fiscal asciende a 9.828 millones de pesos; por el aumento de la subvención rural, a 2.628 millones de pesos; por asignación de escuelas con baja asistencia media, a 3.840 millones de pesos; por la subvención adicional para la elevación de remuneraciones, a 16.000 millones de pesos; por la subvención por alargue de jomada, a 3.720 millones de pesos; por el aporte para el pago de asignación de zona, a 1.416 millones de pesos; para el fondo de adecuación docente, a 2.500 millones de pesos; y el financiamiento del diferencial por las mayores jubilaciones durante el período de transición, a 984 millones de pesos. El costo del proyecto, entonces, asciende para 1995 a un total de 40.916 millones de pesos. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, estimados colegas, hoy discutimos un tema de gran trascendencia para el presente y futuro del país: la educación chilena. Hay pocas cosas más importantes para los chilenos que asegurar a sus hijos una adecuada educación, que les permita enfrentar el futuro con confianza. La educación, como proceso de desarrollo integral de las personas y como acceso a conocimientos y destrezas, constituye en los tiempos actuales un eje fundamental para el desarrollo nacional y la superación de la pobreza. Existe un amplio consenso en reconocer que nuestra educación está atrasada, que no alcanza la calidad deseada y que tampoco tiene la equidad necesaria. El Gobierno del Presidente Frei ha resuelto hacer de la educación una de las principales prioridades y desafíos nacionales, y ha constituido una Comisión para llevar adelante un amplio diálogo nacional, la cual ha hecho un aporte sustantivo al debate nacional. En esta oportunidad, la discusión específica está referida a aspectos de organización y financiamiento de la educación pública que administran las municipalidades. En Chile tenemos alrededor de 2.700.000 estudiantes en 9.000 colegios que reciben aporte del Estado. El 60 por ciento de ellos estudia en establecimientos municipales. Hay alrededor de 2.370 establecimientos urbanos y 3.945 rurales. El desafío es modernizar la educación chilena. El debate específico que desarrollamos hoy está inserto en una problemática más global, respecto de la cual haremos, brevemente, algunas afirmaciones sobre aspectos polémicos. En relación con la orientación, un proyecto educativo no es sólo adaptarse a un orden existente, no es sólo adaptarse a la revolución tecnológica, económica y social que vivimos: la modernidad a la cual transitamos conlleva, junto con el desarrollo tecnológico productivo, una gran desigualdad, una gran deshumanización y el deterioro del medio ambiente. Para los socialistas, un proyecto educativo contiene una visión del hombre y de la sociedad, y busca civilizar esta modernidad. Pensamos que el proyecto educativo nacional debe incorporar, como parte central y sustantiva, en todas las edades, el desarrollo de la capacidad crítica y la presencia muy fuerte de los valores humanistas y democráticos. En relación con las opciones curriculares. "valoramos los desafíos que nos propone la Comisión técnica en cuanto a la meta para el 2000, de educación básica de calidad para todos, ampliando el acceso preescolar, aumentando jomadas, fortaleciendo las competencias esenciales, así como también la idea de alternativas diversificadas para la educación media. Nos preocupa que en este informe no esté presente la educación especial, la de adultos y las dimensiones no escolares de la educación. En relación con el rol del Estado, pensamos que el Estado ha tenido, tiene y tendrá un papel fundamental en un proyecto educativo nacional. El Estado debe plantear políticas públicas y ofertas de alternativas de estudios. El Estado debe garantizar la equidad, haciéndola accesible j|a todos, y la integración social y cultural en las escuelas públicas. El Estado debe garantizar una oferta educativa que represente una gran exigencia al resto del sistema. La discusión relevante no apunta a si es pública o privada. Hace diez años existe un amplio sector privado en la educación. Hoy, el 40 por ciento de matrículas en la educación nacional subvencionada es privada; el 55 por ciento de las matrículas de la Región Metropolitana y el 70 por ciento de las matrículas de La Florida también lo son. Ahora se trata de que los privados se fortalezcan y modernicen y de que los públicos también lo hagan. La dependencia explica poco hoy día: vemos que en el sector rural la educación municipal ha tenido logros mucho más altos. En la Novena Región, por ejemplo, los ha tenido más altos que la privada. En los promedios, las diferencias son bastante poco significativas. En los sectores más rurales es claramente superior la educación municipal, y en los sectores plenamente urbanos, es apenas dos puntos superior, en promedio, el sector particular subvencionado, a pesar de un conjunto de otras condiciones. Pensamos que el Estado debe asumir su responsabilidad plena en la educación pública municipal. En relación con el financiamiento, los recursos que hoy destina el país a la educación son muy bajos. Así lo ha reconocido la Comisión Nacional de la Educación, y ha planteado una perspectiva para llegar al 8 por ciento; pero ha señalado una forma de llegar hasta ese porcentaje, que debe ser ampliamente debatida. Por un lado, se pretende extender el financiamiento compartido sin haber evaluado lo que está ocurriendo en la realidad, la cual dice que esto requiere transformaciones profundas, porque está provocando desigualdad. Por otro lado, se habla de un fondo, el que asocia privatizaciones con educación. Nosotros no estamos de acuerdo con asociar estos dos elementos. Creemos que la educación necesita muchos recursos, necesita un fondo hoy, no en ocho años más, pero este fondo debe provenir de muchas fuentes. Entre otras cosas, nos parece que los 150 millones de dólares que se han restado de los impuestos que pagan las personas con ingresos superiores a 600 mil pesos o a un millón de pesos, podrían perfectamente haberse concordado para que fueran un afluente de este fondo para la educación. Esto requiere un debate mucho más profundo, por cuanto estamos ante la necesidad de obtener recursos para la educación, y el argumento radica en que se trata de una inversión, inversión para el futuro del país, que debemos hacer hoy, desde ahora, no sólo en ocho o diez años más. Finalmente, una reflexión sobre el Estatuto Docente, que valoramos como marco regulador de las relaciones laborales en los establecimientos municipales, pero sabemos que tiene muchas insuficiencias que deben superarse. Los profesores, durante por lo menos diez años estuvieron regidos por el Código del Trabajo, lo cual produjo grandes problemas y abusos, y no fue la varita mágica que hoy se plantea para activar el sistema. Quiero dar algunas opiniones específicas sobre el proyecto. Esquemáticamente, haré siete comentarios al respecto, pues no contamos con mucho tiempo para profundizar en los argumentos. Primero, estamos de acuerdo en la necesidad de legislar e introducir reformas al Estatuto Docente, a la Ley de Subvenciones y en adoptar otras medidas relevantes. Es urgente hoy profundizar el proceso de modernización de la educación pública. Por ello, se debe avanzar simultáneamente en el debate global y perspectivo y en las necesarias modificaciones de corto plazo. Segundo, creemos que el proyecto en estudio no tiene un enfoque claro. El diagnóstico ha ido cambiando y adolece de ambigüedad; los propósitos no están suficientemente articulados y la preocupación principal del equipo que ha elaborado el acuerdo marco ha sido precisamente darle uno articulador. El proyecto inicial partía de la base de que la sobredotación era el problema central, y la rigidez del Estatuto Docente aparecía como el obstáculo para resolverlo. Esos eran los causantes de los males de la educación. Sin embargo, la sobredotación no ha sido nunca demostrada ni cuantificada. Se llegó a hablar de 10 mil profesores de excedente. Pero no se ha demostrado dónde está ni cómo se calcula ese excedente, pues los ejercicios que se han hecho son muy discutibles. -Aplausos en las tribunas. El señor MONTES.- Los paros nacionales de los profesores, los aportes del Colegio de Profesores, el debate nacional y el trabajo parlamentario llevaron a una reorientación del proyecto. El señor SOTA (Presidente).- ¿Me permite, señor Diputado? Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas, evitar cualquier manifestación de aprobación o rechazo a lo que está diciendo el Diputado. Puede continuar Su Señoría. El señor MONTES.- Señor Presidente, se han incorporado temas y aspectos que no" estaban considerados. Por ejemplo, el plan educativo municipal, el aumento de remuneraciones, medidas respecto de los directores, sistemas de evaluación. El diagnóstico de los problemas por abordar se ha hecho menos claro y se incorpora un conjunto de medidas que no necesariamente han estado articuladas con propósitos claros. A nuestro juicio, en el proyecto no están suficientemente claros los factores que limitan el desarrollo de las escuelas públicas municipales ni tenemos una estrategia suficientemente consistente para superarlo. Lo que está claro es que reducir las cosas a sobredotación era y es un simplismo, y también está claro que no resolveremos nada sustantivo si ponemos en el centro la posibilidad de despedir profesores, que podrán tener miedo de perder su trabajo, pero que no beneficiará a la educación; por el contrario, puede perjudicarla. Estamos convencidos de que deben introducirse modificaciones en la condiciones laborales de los establecimientos municipales. Sabemos que los profesores son la columna vertebral del sistema educativo. Tenemos claro que la situación actual se caracteriza en muchos colegios por un limitado dinamismo. Nos preocupa la incorporación de reformas que eleven la motivación del profesorado y su capacidad y voluntad para abrir una nueva etapa en la educación chilena. A nuestro juicio, ése debe ser el eje ordenador. De alrededor de 88 mil profesores, 12 mil son docentes directivos o docentes técnicos pedagógicos; es decir, 12 mil tienen funciones directivas en establecimientos municipales. Aquí no estamos considerando al personal de las corporaciones. Estos 12 mil tienen contrato laboral de por vida, independientemente de cómo lo hagan. Creemos y nos hemos jugado por modificar profundamente las condiciones contractuales, las funciones y las remuneraciones de los docentes directivos. De ellos depende, en gran medida, la evolución de las escuelas y también la motivación, integración y aporte de los profesores. Este es un aporte central, que se logró incorporar parcialmente en el proyecto, pero es necesario profundizarlo. El tema de la eventual sobredotación ha influido fuertemente en el contenido del proyecto. Compartimos las medidas que facultan a los municipios para estimular las jubilaciones de quienes reúnan los requisitos, y el retiro voluntario, de común acuerdo. Compartimos también el estímulo para el cambio desde una municipalidad con exceso de profesores a una con déficit, aunque es necesario precisar la forma, para lo cual hemos presentado una indicación. Compartimos la idea de dotación comunal, que permita asignar profesores a los distintos establecimientos de la comuna, aunque asegurando equipos estables en ellos. Compartimos la idea de absorber las eventuales horas disponibles en la ampliación de la jornada. No tenemos problemas con la opción de utilizar como unidad de cuenta, unidad de medida, las horas docentes y no las jornadas, que son diversas. Sin embargo, una cosa es la unidad de cuenta, y otra, los contratos de hecho de los profesores en ejercicio. Ellos están contratados por determinadas jomadas y éstas deben ser respetadas como tales. Nos preocupa que se dicten decretos alcaldicios para los profesores en ejercicio que pueden alterar las condiciones contractuales vigentes. Nos preocupa que se establezca la posibilidad de despido parcial de profesores que entraron antes de 1994, que ingresaron por concurso a trabajar por jomada. Hemos presentado indicación para corregir estas situaciones. También nos preocupa que se incorpore la sobredotación como causal de despido, si ello no es adecuadamente determinado, a través de un proceso del plan educativo municipal. En relación con los profesores que actualmente ejercen en la educación municipal con contrato adquirido por medio de concurso, esto atentaría contra derechos adquiridos y sólo es posible mediante algún mecanismo de estímulo y de acuerdo. Por otra parte, hemos insistido en que se considere una alternativa para profesores que están enfermos, con cáncer, afonía, fobia a los alumnos u otra forma problemática, pues hoy los compines no las consideran como enfermedades profesionales. Estas personas no pueden ejercer como tales y su dolencia tampoco es tratada como enfermedad profesional. Es necesario darles la oportunidad de salir del sistema en condiciones de excepción, mientras no se cambie la ley del Conpin. También nos parece relevante establecer formas de sumario ejecutivo para determinadas conductas de profesores, como consumo de drogas, anotaciones falsas en el libro respecto de su labor, abandono de su responsabilidad, etcétera. Son muy pocos quienes caen en este tipo de conductas, pero a veces afecta la marcha global del establecimiento. En definitiva, hay diferentes formas de concebir e implementar la llamada flexibilidad laboral. Compartimos las normas relacionadas con la asignación de zona, con excepción de la imputación a la adicional de los excedentes. Esta, aplicada homogéneamente puede ser justa en los casos en que la asignación haya sido incorporada a la remuneración; pero no lo será cuando el origen del mayor ingreso sea otro: profesor de especialidad escasa o con reputación especial. Es claro que la no imputación representa un gasto estimado en 5 mil millones. Es claro también que los recursos entregados a los colegios particulares subvencionados, por concepto de asignación de zona, ascienden a 5.200 millones y, que según datos que tenemos, en los colegios particulares subvencionados normalmente no se paga asignación de zona. La asignación de zona es un sobresueldo en consideración de las situaciones particulares de determinadas localidades. Lo regular, en consecuencia, es que no se impute a ninguna otra remuneración, salvo instrucciones específicas y que debe evaluar el Ejecutivo, por lo que proponemos que la ley lo faculte para estos efectos, dependiendo de las distintas situaciones. Valoramos la incorporación del plan educativo municipal y el sistema de evaluación del desempeño como dos nuevos instrumentos para favorecer una mejor y más dinámica gestión. Estamos claro que el pleno despliegue de su potencialidad supone un proceso de maduración gradual; pero creemos que los planes deben surgir desde los establecimientos comunidades de diagnóstico y de planificación, y desde ahí al nivel comunal. Además, nos preocupa que la educación municipal no sólo tenga un diagnóstico de sí misma sino del conjunto de la realidad comunal, y en ese marco se proponga metas y distintos desafíos. Valoramos la destinación de 48.000 millones de pesos a la educación. En el Estatuto de Atención Primaria fueron 8 mil millones de pesos; es decir, este proyecto considera fondos por una suma seis veces mayor que la del Estatuto. Inicialmente, este proyecto comprendía sólo 20 mil millones. Surge la duda, porque no está claro, en qué medida estos recursos adicionales se traducirán en condiciones efectivas para el mejoramiento de la calidad de la educación. Aquí se han dado cifras. No voy a descomponerlas por falta de tiempo; sin embargo, no está garantizado que esta cantidad tan importante de recursos produzca el efecto que queremos para poner en marcha una nueva etapa en la educación chilena. Pensamos que es necesario definir una estrategia transformadora, clara y compartida. El informe de la Comisión adolece de una propuesta al respecto. La reforma del Estatuto Docente y la Ley de Subvenciones no está inscrita en el marco más amplio y ése es el valor ^ de los avances del llamado acuerdo-marco. Hace ya varios meses planteamos por escrito al ex Ministro Schiefelbein que era indispensable identificar los principales bloqueos y las fuentes potenciales de mayor dinamismo en la educación, para definir un conjunto coherente e integrado de medidas y enfrentar los problemas más apremiantes. En esa perspectiva hemos venido proponiendo cuestiones, algunas de las cuales fueron incorporadas al acuerdo-marco. En primer lugar, nos parece que es fundamental un plan serio de modernización del Ministerio de Educación. Creemos que esa Secretaría tiene que ser un factor activo, dinámico y que supere, básicamente, el rol burocrático-administrativo. Para eso hay que jf modificar los Seremi y los departamentos provinciales, para que ayuden o apoyen el desarrollo de la educación. En segundo lugar, nos parece que debe tenerse un plan concreto, un paquete de medidas, para modernizar y fortalecer las escuelas municipales. Ya nos referimos al rol de los equipos directivos de los colegios. También pensamos que hay que asumir el problema de los niños con dificultades de aprendizaje, conductuales, psicológicas, que alcanza a alrededor de un 20 por ciento y que limita la educación municipal porque le impide desarrollar toda su potencia. Debe asumirse porque hoy no tenemos capacidad de diagnóstico ni de apoyo. Hay que contar con una política social focalizada hacia esta realidad lo cual -insisto- permitirá que la educación municipal obtenga mucho más desarrollo. En tercer lugar, nos parece que hay que proporcionar condiciones superiores de trabajo a los profesores. Nos preocupan los baños y las salas de reunión que ocupan. Nos preocupa que en la actualidad no tengan programas de postítulo que den una nueva perspectiva a la profesión. Creemos que deben existir en forma masiva; es parte de un hito importante para pasar a otra etapa de la educación chilena. Así fue a comienzos de siglo con Darío Salas; así fue también con Eduardo Frei Montalva en la iniciación de un nuevo período. Creemos asimismo que es necesario propender a la estabilidad de los equipos docentes de cada uno de los establecimientos, porque es clave para una buena educación. Hay que avanzar más decididamente y rápido en resolver los problemas de infraestructura escolar, porque, según indican todos los diagnósticos, también es clave. Eso dicen todos los diagnósticos. Si no contamos con una buena infraestructura se limita la autoestima y la dinámica de los colegios. Hay que alargar ahora -no en tres, cuatro o cinco años más-, las jomadas en todos los colegios donde sea posible; extenderla en una forma mucho más generalizada. Hay que elevar significativamente el estándar de las actividades artísticas y musicales y de todo lo extracurricular, que en todas las experiencias modernas de desarrollo e impulso educativo han tenido un gran impacto. Hay que fortalecer la gestión en las escuelas, especialmente de nivel comunal, terminando con las burocracias comunales y generando ahí muchas posibilidades de desarrollo. Hay que tratar de que todo lo rico que ha desarrollado el Mece se extienda al resto de las escuelas y tener un plan de expansión a partir de lo que se ha acumulado. Todo ello no es posible si no hay recursos. Son necesarios ahora. Hay que discutir y concordar un fondo de recursos de corto plazo si realmente queremos poner en marcha un conjunto de medidas que permitan dar un salto adelante. Además de las medidas concernientes al Ministerio de Educación y con los establecimientos municipales, hay que redefinir las relaciones de ese Ministerio con los colegios particulares subvencionados. Hay que disolver tanto el control burocrático y generar una especie de contrato o convenio en que los particulares subvencionados expliciten sus proyectos sus metas, lo que van a cobrar, cómo van a hacer las cosas. Ese proyecto debe evaluarlo y controlarlo el Ministerio de Educación. En particular, hay que revisar la experiencia del financiamiento compartido en el corto plazo. Eso lo hemos puesto en el acuerdo marco porque es clave, y está provocando mucha desigualdad en distintos lados. Señor Presidente, lamento haber tenido que referirme a tantos temas de manera tan esquemática y rápida. El problema es complejo y el tiempo limitado. Votaremos a favor de la idea de legislar, pero nos preocupa mejorar el proyecto. Por eso, hemos presentado con el Diputado señor Felipe Valenzuela 25 indicaciones, buscando mejorías en distintos aspectos. Nos preocupa que este proyecto sirva efectivamente para la modernización y avance en la educación pública. Esperamos que esta sesión represente un paso muy importante en el compromiso de todos y cada uno de nosotros en un aspecto que es esencial para el futuro económico del país y para su desarrollo social y humano. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, lamento que hasta el momento sólo haya habido tiempo para referimos a temas generales, a algunos aspectos del proyecto, sin abordarlos en su integridad, como la norma del artículo Io que provoca las mayores dificultades y con la cual estamos en desacuerdo. Coincidimos plenamente con el diagnóstico de las comisiones técnicas respecto de nuestro sistema educacional. Creemos que tenemos que seguir buscando la falla. Efectivamente, algo no está caminando. Hemos tenido crecimiento económico y, como paradoja, el crecimiento educacional no ha sido el esperado. De acuerdo con los antecedentes técnicos, existe desigual preparación para la escuela. En particular, los niños pobres son los más afectados. No hay una clara articulación entre los niveles iniciales, etcétera. En consecuencia, existe un diagnóstico que compartimos y que consideramos acertado. Ha sido elaborado en términos generales por la sociedad chilena. También es útil señalar que hace algún tiempo en esta misma Sala escuchamos estas palabras: “La democracia es la voz del pueblo y a ella no podemos hacer oídos sordos”. Y también escuchamos que “Los profesores perdieron todo reconocimiento de su especialidad laboral al quedar sometidos al Plan Laboral. La función docente quedó reducida a una relación laboral común. Frente a esto existieron reacciones.” Fueron palabras del Diputado informante en la sesión en que se aprobó en general el Estatuto Docente: el 11 de diciembre de 1990. Asimismo, escuchamos que “Este Estatuto es un elemento, entre muchos, que apunta al tema del mejoramiento de la calidad educativa. Hay diversos programas que están en marcha y muchos esfuerzos que se están haciendo; pero desde este punto de vista el Estatuto Docente es un elemento destinado a mejorar la calidad educativa, que también reconoce reivindicaciones y demandas del profesorado. Pero, a juicio del Gobierno, lo esencial es que a través de este cuerpo legal podemos hacer un aporte efectivo para mejorar la calidad del sistema educacional”. Esas eran palabras del entonces Ministro de Educación, don Ricardo Lagos, también en diciembre de 1990. Han pasado apenas 4 años y nos encontramos exactamente al revés. Hemos visto que, en la práctica, el Gobierno de don Patricio Aylwin, el año antepasado, nos entregó un proyecto que al parecer era del Ministerio de Hacienda y mediante el cual pretendía resolver lo que a continuación señala el ex Ministro, don Ernesto Schiefelbein, el 2 de mayo: “El objetivo número 3 del proyecto, y 1 de su intención, es que se reconoce la crisis, se reconoce que la administración municipal se ve amenazada por la baja matrícula de sus escuelas y liceos, la consiguiente limitación de su financiamiento y las rigideces que le ha impuesto el estatuto profesional de la educación que, procurando la estabilidad en el empleo docente, impide ajustarse a las reales dimensiones de la demanda.” Esto es en síntesis, lo que se busca a través del proyecto. La iniciativa nació con el reconocimiento de que hay un exceso de dotación y que la única manera de resolverlo era mediante un sistema -ahora llamado de “flexibilización”- que pretendía echar profesores a la calle. Debo recordar que el proyecto fue cambiando. Asumió el Ministro señor Molina y ha ido trasladando su eje desde el Ministerio de Hacienda hacia el de Educación. Por esa razón hemos participado también en el acuerdo a que hace un rato llegaron todos los partidos políticos, pero asimismo manifestamos nuestra reserva ante el artículo Io, aunque estamos de acuerdo con la flexibilización que se pretende. Queremos que ésta sea efectivamente de manera razonada, bien pensada y, además, que signifique un costo social que no impida el proceso de modernización que Chile requiere para su educación. La forma como se plantea el artículo 1° provoca desaliento; no sólo un desánimo, sino también una grave crisis social, porque contempla aspectos absolutamente atentatorios contra lo único que tenían los profesores con el Estatuto Docente. Ellos reconocen que si bien no mejoraron en recursos, tuvieron acceso a la propiedad de un cargo. Hoy se les quiere quitar ese cargo y lamento que aquí no se diga con todas sus letras. No entiendo por qué existió ese temor. Si efectivamente queremos quitar un cargo, conversémoslo con ellos. Hagámoslo claramente. Señor Presidente, vuelvo a reiterar que en la medida en que conversemos y planteemos una lógica mediante la cual este sistema pueda dar un resultado, eso es perfectamente posible abordar. En esta materia, tenemos absolutamente claro que el artículo 1° en sus actuales términos, con el tipo de flexibilización que contempla, provocará una crisis insospechadamente grave. Los recursos entregados son insuficientes. Reitero, nadie discute la flexibilización. Sin embargo, no podemos flexibilizar con 2.500 millones, cuando en la práctica se reconoce -incluso hubo cifras oficiales- que se pretendía que muchos se fueran. Un ex Subsecretario habló de 20 ó 30 mil. No hagamos caso de eso. Pero si hay 4.500 ó 5.000 profesores en condiciones de irse, debemos plantear una fórmula distinta. Por esa razón, con mucho respeto, pero también con mucha fuerza, solicitamos al Gobierno que revise los fondos que destina para tal efecto, fundamentalmente para que la salida sea voluntaria y no obligatoria. Este planteamiento no es nuevo, quedó reflejado en la votación de este mismo informe en la Comisión, en la que actué de la misma manera. Es necesario reemplazar el numeral 1, por el texto contenido en una indicación que sólo puede ser patrocinada por el Ejecutivo, y que señala que “Los docentes podrán acogerse a un programa indemnizatorio de retiro voluntario anticipado, alternativo al establecido en la legislación vigente, en un plazo máximo de tres años -no de uno- bajo la siguiente modalidad: “Si el retiro se efectúa durante el primer año de la entrada en vigencia de la presente ley, la indemnización entregada equivale a 1,2 veces el sueldo mensual igual al percibido en el mes anterior al retiro, durante 14 meses, con un mínimo de 17.5 unidades de fomento mensuales. “Si el retiro se efectúa durante el segundo año de la entrada en vigencia de la presente ley, la indemnización entregada equivale a una vez el sueldo mensual igual al percibido en el mes anterior al retiro, durante 12 meses, con un mínimo de 7,8 unidades de fomento mensuales. “Si el retiro se efectúa durante el tercer año de la entrada en vigencia de la presente ley la indemnización entregada equivale a una vez el sueldo mensual igual al percibido en el mes anterior al retiro, durante 8 meses, con un mínimo de 4 unidades de fomento mensuales. “Al cabo del cuarto año de entrada en vigencia de la presente ley los docentes no podrán acogerse al mecanismo de indemnización antes descrito.” Esto significa que estimamos absolutamente imprescindible avanzar en un proceso de flexibilización, pero a través de un mecanismo más gradual. En esta materia, también debe aplicarse la equidad y la justicia. Estas cosas se han hecho con otros sectores, ¿por qué no con los profesores? Se requiere un total de 16 mil millones. Alguien podrá decir que no existen los fondos. Ello no es así, puesto que hace un par de meses aprobamos en la Ley de Presupuestos una partida del Tesoro Público, con más de 150 millones, denominada Financiamiento para Operaciones Complementarias. Hoy tenemos los recursos y la voluntad. Por eso le digo al Gobierno, con el mayor respeto: es hora de actuar, de modernizar la educación, pero debemos hacerlo con los profesores, no contra ellos. Se ha hablado mucho de los beneficios de la iniciativa. Nosotros vamos a votar el resto de! proyecto absolutamente a favor. Sin embargo, es imprescindible que la gente y en particular los señores Diputados, tengan claro que se están terminando los cargos, y si el proyecto se aprueba tal como está, tenemos un año de gracia para que a quienes hayan cumplido los requisitos y aceptan irse, se les paguen los beneficios con cargo a un fondo equivalente a 2.500 millones. Si lo dividimos por meses a 200 mil pesos promedio, ese fondo alcanzará para menos de mil. En definitiva, lo que falta es un compromiso real del Gobierno para entregar los recursos requeridos para que la salida sea voluntaria y digna. Si hablamos de justicia y equidad, tratemos de que la acción y las palabras sean coherentes. Por otra parte, es muy importante destacar que tampoco compartimos el tema de la asignación de zona. La conversión en el complemento de asignación de zona significa que los profesores pierden recursos, lo cual es muy simple de entender: se pretende que esa asignación sea objeto de tributos, los que se financiarán con su remuneración complementaria. Es decir, castigamos a los más antiguos, aunque supuestamente no tenemos esa intención. En consecuencia, debemos buscar la modificación de este punto. Reitero que nuestra bancada tiene la disposición de avanzar en el marco que acabamos de firmar, pero ello debe hacerse con los profesores y no en contra de ellos. Por lo tanto, todo el mundo debe estar claramente informado del efecto que tendrá la aplicación del artículo 10 que, en la práctica, significa la forma de sacar a las personas del sistema. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el Estatuto Docente, inspirado en la idea de otorgar estabilidad al profesorado, terminó dando extrema rigidez al aparato de más compleja administración que es posible concebir. En él laboran sobre 120 mil profesores distribuidos en 8.919 establecimientos dependientes de 335 municipios de los cuales 53 tienen corporaciones de derecho privado. En lo financiero dependen de Hacienda; y técnicamente, del Ministerio de Educación. No hay proceso alguno de gestión centralizada capaz de operar en la lógica de una estructura tan caprichosa y poco funcional. De ahí que los profesores no sólo son víctimas de una sociedad que les ha perdido el respeto, sino que, principalmente, de una institucionalidad que padece de fatiga orgánica por traslape de roles. Ello, dentro de un sistema que obviamente se desgasta por falta de coherencia interna. El Ministerio no puede cumplir a cabalidad la función normativa, redistributiva y técnica que le es inherente, debido a las graves deficiencias en la gestión de los municipios, y que exhiben tal falencia, porque han estado ayunos de un seguimiento y evaluación apropiados del proceso de descentralización. Por otro lado, los fantasmas del centralismo más trasnochado emergen con furia en el plano gremial. Nada se avanza localmente sin explícitas señales de cúpula, y en el Parlamento, como lo vivimos en carne propia, no hay discusión sin previo entendimiento entre el Ministro y los dirigentes nacionales del magisterio. A lo menos, es raro descentralizar la gestión y centralizar la conversación. Pese a este panorama, más bien lúgubre, el proyecto que hoy nos ocupa constituye el positivo tranco inicial en un camino que no será corto ni exento de dificultades. El solo hecho de que se rompa con la situación de hemiplejía que padece la educación municipalizada es un avance Plantas fijas con ingresos variables contrarían los más elementales principios de sana administración. Si a eso añadimos, en su momento, sueldos de empleo mínimo y mentalidad de gamonales con que actuaron muchos alcaldes, configuramos el peor de los mundos para la dignidad del maestro. Objetivamente, creo que el proyecto se enriqueció en la discusión, mejoró a lo largo de su accidentado itinerario y efectúa aportes significativos a la superación de los problemas más apremiantes del magisterio. Particularmente, me quedo más satisfecho con el debate habido en la Comisión. Claro, es natural, allí no estaba el magnetismo seductor de las tribunas y, por lo tanto, todo el razonamiento era más frío, más objetivo, más serio, más responsable. Pese a todo, es difícil que concluyamos la tramitación de esta normativa con la grata sensación de haber resuelto cuestiones de fondo que lastran el desarrollo educacional del país. En realidad, no es así. Siguen en pie los grandes desafíos. En primer lugar, el de las técnicas de enseñanza. El método frontal, memorístico y repetitivo se arrastra lánguido por las aulas en medio de la abulia compartida entre el profesor y los alumnos. Se mantiene sólo por inercia. Hay que ir a la pedagogía personalizada que despierta el interés y la creatividad. Los niños quieren aprender, pero no saben cómo hacerlo. No se sienten atraídos por el ejercicio de almacenar conocimientos muchas veces obsoletos. En el mundo de la pobreza no conducen a superiores oportunidades, sino sólo a lacerarse mejor con las frustraciones. Es urgente superar la visión tradicional de la enseñanza, esa que, al decir del profesor Matthew Lipman, se percibe como la tarea de darle alimento en la boca a un pajarito indefenso. Otro reto es asumir, de verdad, la educación como un bien social efectivamente al alcance de todos los niños chilenos, en igualdad de condiciones. Lo peor que podría ocurrimos es cristalizar un mercado educativo segregado por niveles de ingreso. Hay que crear estímulos efectivos al mérito por escuelas. La competencia entre equipos u organizaciones levanta la moral, estimula la creatividad y. por tanto, mejora la enseñanza. Y un tercer llamamiento, estelarísimo en las verbalizaciones pero siempre postergado a la hora de decidir, es el de la descentralización, no sólo de la gestión -alojada en las unidades ejecutoras-, sino también en el plano curricular, que según los expertos, debería ser el corazón de cualquier reforma. La experiencia comparada indica que cuanto mayor es la libertad concedida a la escuela para trazar sus propios planes, más probable es que se organice de modo eficaz para implementarlos. “Nunca digas a la gente cómo tiene que hacer las cosas -decía el General Patton-. Di qué quieres lograr y te sorprenderá con su ingenio.” El proyecto que hoy discutimos, ubicado en el contexto amplio de las grandes tareas que tenemos por delante, debe marcar el inicio de un compromiso docente, profesional y económico de largo aliento con los profesores. Hay que devolverles su dignidad tan severamente menoscabada; deben regresar al sitial de respeto y consideración que un día tuvieron, siempre con bolsillos esmirriados, es cierto, pero, al menos, con la gratificación del reconocimiento social. Hoy, en cambio, se sienten andando por la vida como exponentes de un sector en liquidación, custodiando los pingajos de virtud que deja en pie la competencia salvaje; y lo peor, en el marco de una cultura anestesiada por la publicidad, donde a todos los valores se les aplica el común denominador del precio. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, la modernización de nuestra educación no puede demorar más. La tarea por delante es de enormes proyecciones, entraña grandes desafíos y dificultades, y debe emprenderse de inmediato. Sabemos que ninguna acción global de transformación educativa produce efectos a corto plazo; sus resultados más genuinos tardan en aparecer y en manifestarse coherentemente en los diversos ámbitos del sistema escolar. Sin embargo, lo anterior no debe llevarnos a adoptar una actitud de espera y a retrasar las múltiples medidas que desde ya es necesario impulsar. El texto a que he dado lectura, si bien coincide en absoluto con mi forma de pensar y con lo que hemos venido planteando desde hace bastante tiempo a la fecha, no es de mi propiedad intelectual. Pertenece a una de las tantas conclusiones a las que arribó el comité técnico asesor del Diálogo Nacional sobre la Modernización de la Educación Chilena, designado por Su Excelencia el Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y lo he citado porque, a partir de él, pueden realizarse varias reflexiones. La primera de ellas postula la coincidencia existente entre sectores de diferentes visiones técnicas y políticas respecto de la necesidad de construir un diagnóstico común del estado de nuestro sistema educacional y la imperiosa necesidad de transformarlo en la búsqueda de estándares de mayor calidad que beneficien a las actuales y futuras generaciones de niños y jóvenes. Es del caso señalar que formaron parte de esta Comisión, entre otros, los señores José Joaquín Briinner, Edgardo Boeninger, Enrique Correa, Cristián Larroulet, Femando Léniz, Gonzalo Vial y Antonio Sancho; lo que no hace sino demostrar la amplitud de la convocatoria de Su Excelencia el Presidente de la República. La segunda reflexión se refiere a la oportunidad de iniciar estas transformaciones, coincidiendo todos en que el momento es ahora y no después. De allí que todos debamos estar dispuestos a asumir, con carácter, personalidad y decisión, los desafíos y complicaciones que se nos puedan presentar por delante. Una tercera reflexión podría vincularse a la necesidad de contar con una verdadera política de Estado, que trascienda los gobiernos y que nos sitúe como país en una visión más de futuro y no sólo de corto plazo. En este último sentido, Renovación Nacional ha insistido incansablemente, con diferentes Ministros de la Cartera, de los que obtuvimos distintas respuestas, que iban desde lo poco oportuno de nuestra solicitud hasta la complejidad que ella encierra y que, por lo mismo, podría tomarse en un largo debate. Hoy, con alegría podemos constatar que no es un asunto ni tan largo ni tan complejo; que era posible y, más que eso, necesario. Me conforta el no habernos rendido ante respuestas que en ocasiones desmotivaban. En los actuales tiempos, contrario a esas respuestas, el país es testigo de que hemos sido capaces de construir un gran acuerdo marco entre los diferentes partidos, lo que dota de voluntad política los informes, las conclusiones y propuestas elaboradas tanto por el comité técnico, como por la Comisión Modernizadora Nacional de la Educación. Estoy convencido de que lo que hoy estamos rubricando con nuestras firmas y nuestros votos tendrá trascendencia histórica, ya que se le habrá permitido al país dar un gran salto hacia la modernidad, y dotar a los niños y jóvenes de mejores oportunidades en la vida. Con este acuerdo marco, construido junto con el Ejecutivo y los demás partidos con representación parlamentaria, hemos reafirmado políticamente a la educación como la primera prioridad nacional, y su mejoramiento integral nos permitirá, como hecho concreto, superar la pobreza, elevar los niveles de equidad social, crear condiciones para dejar atrás el subdesarrollo y abrir nuevas posibilidades de realización espiritual y material de los chilenos. Por la importancia que reviste para el futuro la educación del país, considero especialmente oportuno destacar, aunque sea a nivel de título, algunos de los planteamientos que contiene. En primer lugar, hemos hecho nuestros los diagnósticos, acuerdos y propuestas del informe de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, que se constituirá en la base de una política de Estado. En segundo lugar, hemos fijado como eje del sistema educativo a la unidad escolar. Fomenta la participación de los diversos actores de la comunidad escolar, entre ellos los profesores, padres y apoderados, funcionarios no docentes y alumnos, en el desarrollo * de los proyectos educativos de cada escuela y liceo. Fortalece el liderazgo de los directores de los establecimientos. Promueve la autonomía de la gestión municipal. Promueve el cambio en los programas de formación y perfeccionamiento de los docentes. Asume el régimen de subvenciones como un sistema adecuado de asignación de recursos, sin perjuicio, desde luego, de su mejoramiento. Asume el compromiso de elevar el gasto nacional de educación, de forma tal de permitir duplicar, al menos en los próximos ocho años, el gasto en educación. De igual forma, reconocemos el valor fundamental de los docentes en el proceso de modernización y mejoramiento de la educación, y asumimos el compromiso, por esa misma razón, de avanzar hacia un sistema de remuneraciones que retribuya en términos socialmente competitivo su desempeño. Considero importante hacer resaltar esto último porque, si bien es cierto hoy su sola letra no es traducible en términos cuantitativos, ella adquiere, en el marco del acuerdo, una enorme trascendencia, toda vez que es el reconocimiento tácito de que sin los profesores no puede haber modernidad ni mejoramiento de la calidad y que, por lo tanto, es fundamental situar la profesión docente, en derechos y deberes, a la altura de otras profesiones equivalentes que existen en el país. En otro orden de cosas, considero importante señalar que este acuerdo contiene en su integridad el proyecto de modificación del Estatuto Docente y la ley sobre subvenciones que nos preocupa, respeta el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Colegio de Profesores, pero, por cierto, lo sitúa más allá del mismo. Sobre lo último, se han escuchado variadas críticas, principalmente respecto de que tras dicho acuerdo se esconden oscuras intenciones de privatizar la educación o, al menos, de debilitar la denominada educación pública. Sobre lo último creo necesario señalar que no existe ni lo uno ni lo otro, y que si se trata de debatir acerca del tema, habría que decir que, si la intención es destruir la educación pública, entonces habría que dejar las cosas tal como están, pues tal como funciona la educación pública está suficientemente aniquilada y su futuro es tan incierto, que no se necesitaría un nuevo impulso para concretar esas oscuras intenciones que algunos, quizás con qué razón, pretenden hacer creer a la opinión pública. Al iniciarse el debate legislativo de este proyecto de ley, los primeros meses del año recién pasado, fuimos severamente críticos con él porque, en nuestra opinión, no recogía lo que debía constituirse en la gran propuesta educativa del país. Es más, por el contrario, estábamos convencidos de que ingresaba al Congreso un proyecto mal concebido, con conversaciones pendientes, dotado de una flexibilidad que quedaba abierta a todo tipo de arbitrariedades y con una propuesta financiera que, además de no apuntar a soluciones del problema de fondo, que hoy enfrenta el sistema educacional subvencionado, incorporaba mayores obligaciones a los municipios, que a esas alturas ya estaban con el agua hasta el cuello. Producto de esas circunstancias y obligados a votar el proyecto, manifestamos nuestra disconformidad rechazando la idea de legislar. El tiempo nos dio la razón, y el proyecto asumió una extraña técnica legislativa y una curiosa dirección. Se sucedieron reuniones, una tras otra; incluso, se produjo un cambio de Ministro y de Subsecretario. Vinieron nuevas negociaciones y surgió un acuerdo entre el gremio y el Gobierno. Paralelamente, se revivieron los encuentros entre el Gobierno y Renovación Nacional, los que luego se abrieron y ampliaron a la Unión Demócrata Independiente. Reconocemos que se ha avanzado en el mejoramiento del proyecto, aunque estamos ciertos de que aún está distante recoger en su integridad el informe del comité técnico y que es preciso introducirle mejoramientos durante el trámite que le resta. Así. por ejemplo, habremos de preocupamos de cerrar las válvulas que permitan el uso arbitrario de medidas en contra de los profesores; habrá que definir bien cuándo y cómo se podrán fusionar las escuelas; habrá que revisar la norma que propone devolver las indemnizaciones a aquellos profesores que, siendo re contratados, hagan uso del beneficio señalado; habrá que dejar muy en claro que el financiamiento de los beneficios económicos propuestos para salir del sistema sean cubiertos por el Fisco, ya que en caso contrario, no pasará de ser una bonita declaración; habrá que estudiar y revisar la fórmula propuesta de rotación de los directores de establecimientos; habrá que revisar el sistema vigente de concurso, de forma tal que dé garantías a todos quienes ingresen a una dotación docente a través de este mecanismo. En fin, habrá que poner especial atención en el detalle de cada una de las modificaciones propuestas para que sean consecuentes con el acuerdo marco que acabamos de firmar. Culmino mi intervención trayendo a la Sala parte de lo que fue nuestra propuesta que, el 6 de julio de 1994, hicimos llegar personalmente al Ministro de Educación de la época, la que me permitiré reproducir en sus dos párrafos principales. “El mejoramiento integral de la educación por su vinculación directa con la superación de la pobreza, la existencia de mejores niveles de equidad social, la creación de condiciones para dejar atrás el subdesarrollo y abrir nuevas posibilidades de realización espiritual y material para todos los chilenos, es el desafío primordial que deberá enfrentar el país en la próxima década. “Una tarea de esta envergadura requiere aunar los esfuerzos de la sociedad en su conjunto. La modernización de la educación no puede seguir siendo únicamente un ámbito de conflicto. Al revés, es imperativo transformarlo en un espacio para gestar un marco de acuerdos básicos que configuren una auténtica política de Estado y comprometan al Gobierno, a la Oposición, a los profesores, a los agentes educativos, a las organizaciones e instituciones religiosas y empresariales y ciertamente a los padres y apoderados.” En el documento que acabo de leer se concentran las que, a mi juicio, deben constituir las principales metas que debemos tener como país. Que las alcancemos dependerá fundamentalmente de la capacidad que tengamos como país de gestar un gran acuerdo nacional, en el que todos se sumen y nadie se reste. Sólo así lograremos construir una verdadera política de Estado que tenga proyección y sustentación en el tiempo. Creemos que las actuales y futuras generaciones de jóvenes así lo merecen. Por tal razón votaremos en general a favor del proyecto, aunque, por cierto, presentaremos indicaciones para intentar mejorarlo. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- En conformidad con los acuerdos de Comités llamo a reunión para acordar el procedimiento que se seguirá para la discusión del proyecto. Se suspende la sesión por todo el tiempo que dure la reunión de Comités. -Transcurrida la suspensión: El señor SOTA (Presidente).- Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del Presidente de la Cámara, acordaron el siguiente procedimiento para continuar la discusión del proyecto que nos ocupa: 1) Podrán intervenir los señores Diputados inscritos hasta el momento y cuyos nombres se indican: la señorita Saa y los señores García, don Rene Manuel; Valenzuela, Allamand, Gutiérrez, García, don José; Huenchumilla, Orpis, Jara y Elizalde. 2) Los discursos podrán durar hasta las 23 horas. Si llegada esa hora se puede proceder a la votación, se llevará a efecto; si todavía algunos de los Diputados inscritos, cuyos nombres se acaba de citar, no hubieren hecho uso de la palabra, existe el acuerdo de escucharlos y proceder a la votación después de que intervenga el último de ellos. De conformidad con el acuerdo anterior, tiene la palabra la Diputada señorita Mana Antonieta Saa. La señorita SAA.- Señor Presidente, Honorable Cámara, hay consenso entre los chilenos de que ha llegado el momento de emprender un profundo cambio y modernización de la educación chilena. La educación es la herramienta más eficaz para emprender con éxito la lucha contra la pobreza y crear la igualdad de oportunidades para todos y, al mismo tiempo, aumentar la productividad y competitividad de nuestra economía. Además, la educación es esencial para fortalecer los valores de las personas y para que en nuestra vida democrática podamos ver como realidad el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos. También hay consenso en que nuestra educación enfrenta una profunda crisis, que no es equitativa y que hoy adolece de la calidad necesaria para enfrentar los retos del desarrollo. Desde los inicios de nuestra República, coexistieron dos principios: el de la responsabilidad estatal en la educación y el de la libertad de enseñanza. Tanto la Constitución de 1883 como la de 1925 coincidían en que la educación debía ser atención preferente del Estado, al igual que aseguraba a todos los habitantes la libertad de abrir y mantener establecimientos educacionales. La noción de responsabilidad estatal en la educación se basaba en la propuesta moderna ilustrada que entendía la educación como un asunto público destinado a civilizar y a forjar ciudadanía. Por esto, se construyó un sistema público de enseñanza y se diseñó el Estado como uno que enseña. En 1981 se rompió este consenso, y la municipalización y el otorgamiento de subsidios a particulares que sostienen escuelas fueron las políticas concretas mediante las cuales se puso fin a este consenso. Complemento de estas políticas fueron la desinstitucionalización de las carreras pedagógicas y el desmantelamiento de la instituciones públicas formadoras de profesores. Es así como la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, donde tuve el honor de estudiar, fue primero intervenida, disuelta y transformada en instituto profesional; luego, concluyó siendo una universidad pedagógica con un débil plantel de profesores y muy escasos recursos. Todas estas transformaciones se hicieron en un marco de represión, persecución y despido. La instalación de este nuevo modelo educacional fue realizada sin ninguna consulta ciudadana. Los docentes y trabajadores del sector sólo sufrieron los efectos de estas decisiones. Por otra parte, la municipalización y privatizaciones significaron una exacción de cerca de 1.300 millones de dólares a la educación pública chilena. El presupuesto del sector, que alcanzaba a cifras superiores a los mil millones de dólares en 1981 disminuyó a menos de 800 millones los años siguientes. En ocho años, se tiene un menor gasto de 1.300 millones de dólares, cantidad asumida por los municipios y que se ha constituido en el déficit municipal que todos conocemos. En consecuencia, a los problemas, rechazos y desigualdades tradicionales del sector, se sumaron los efectos de una crisis sin precedentes que han afectado y agudizado los problemas de la calidad de la enseñanza de la educación pública, en especial de los establecimientos educacionales destinados a los sectores más pobres. Por eso, toda comparación con el sector público, con posterioridad a este desmantelamiento institucional, sea por el Simce o por cualquier otro esquema de medición, lo que no hace es medir la profundidad de la destrucción del sistema nacional de la educación pública, ni de la escasez de recursos, la derrota de los docentes y los niveles socioeconómicos de los niños que asisten a la educación municipal. Lo anterior permite configurar que los grandes puntos del debate político en educación hoy son: vigencia de la educación pública. financiamiento de la educación, calidad de la enseñanza. Cada uno de estos temas involucra discusiones y decisiones importantes. Es así como el tema de la educación pública involucra el de la municipalización, privatización y gestión del sistema. El tema del financiamiento incluye analizar el déficit municipal, el sistema del financiamiento compartido y el aporte empresarial, y la calidad de la enseñanza nos enfrenta a la equidad y reforma de la educación media. La supervivencia de la educación pública chilena no es un asunto de nostalgia. La investigación educativa demuestra que la educación privada tiende a discriminar. Lo estamos viendo con la aplicación del financiamiento compartido. Sólo una educación pública de calidad permite contrarrestar este fenómeno profundamente antidemocrático. La educación pública no sólo garantiza una educación como proyecto nacional que apunta a preservar un currículo básico obligatorio que contiene valores universales y de formación de una ciudadanía democrática, sino que también la universidad en el acceso a la educación, y limita y sanciona cualquier práctica discriminatoria que niegue o rescinda matrícula a los educandos, por el motivo que fuere. Esta política debe regir también para la educación particular subvencionada, a fin de evitar la creación de guetos escolares y limitar las tendencias a la segmentación socioeducativa resultantes de la municipalización y de la privatización. El desafío es la existencia de escuelas públicas de calidad y para todos los niños y niñas en cualquier lugar de Chile. Estas escuelas deben ser de propiedad municipal, con gestión compartida a nivel de cada establecimiento y de Daem, o agrupaciones de Daem de carácter intercomunal. El desafío de gestión de estas escuelas es grande y se deben dar pasos significativos en este sentido. Con respecto del financiamiento, queremos expresar que el déficit municipal es, en primer lugar, consecuencia de la deuda de arrastre que describíamos anteriormente; en segundo lugar, es el resultado de la creación de abultadas entidades de gestiones a nivel municipal y de insuficiencias en la gestión de los municipios, y sólo en último lugar, de la existencia de una mala distribución de las cargas horarias y de las funciones docentes. Con respecto al financiamiento compartido, pensamos que es un criterio justo que f aquellos que puedan pagar la educación de sus hijos, lo hagan; pero es una verdadera aberración que no existan los resguardos para que, por ningún motivo, se niegue la matrícula a quienes no pueden pagar. Con respecto al 2 por ciento del aporte empresarial, debo señalar que es un mecanismo apropiado, pero hasta ahora, a pesar del incentivo tributario, los empresarios han demostrado muy poco interés en aportar a la educación. Nos parece fundamental el resguardo de los fondos públicos entregados a sostenedores y municipios. Se deben exigir balances públicos auditados a todos los establecimientos que reciban subvención, que incluyan gastos, ingresos propios y aportes recibidos por los establecimientos. Lo anterior es necesario, dados los diversos fondos, aportes y subvenciones que se mueven y se moverán en tomo de la educación, sumados a la diversidad en la propiedad y en la gestión, y a la necesidad de transparencia en los ingresos y gastos. También es indispensable el fortalecimiento de las funciones de las Superintendencias del Ministerio de Educación. Como nación, el desafío más importante es mejorar la calidad de la educación de la gran mayoría de los niños y niñas de nuestro país. Se deben implementar programas de calidad en la educación media, extender la cobertura de la educación preescolar y fortalecer la profesión docente. Queremos valorar el aporte del Comité Técnico Asesor del Diálogo Nacional sobre la Modernización de la Educación Chilena, designado por el Presidente de la República. Pensamos que las propuestas expresadas en el documento “Los desafíos a la educación chilena frente al siglo XXI” son muy interesantes y enriquecen el debate en esta materia. Para nosotros, el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación chilena es un objetivo prioritario. Por esto, nos parece imprescindible que el país destine los recursos necesarios para que esto se produzca. El Ministro Aninat anunció que, en la participación de la educación, el producto crecerá del actual 4,6 hasta el 7 por ciento en ocho años. El informe de la Comisión Brunner plantea una meta similar, señalando que esto permitiría elevar el actual gasto promedio por alumno a 20 mil pesos, doblando el promedio actual. El punto a discutir es si esto es suficiente o en qué grado resulta insuficiente. Un buen punto de comparación es el costo de la educación de calidad en el mercado. ¿Cuánto paga una familia por obtener educación de calidad para uno de sus hijos? El costo promedio en 1994 fue de 70 mil pesos. Esto, descontando el 10 por ciento de ganancia de capital, es 5,3 por ciento mayor que la meta planteada para ocho años más. Si se considera que la educación impartida en estos colegios y los niveles de rendimiento se acercan a los estándares requeridos para que el país compita con alguna posibilidad de éxito en los mercados internacionales, no cabe duda de que la meta para hacer de Chile un tigre aún está lejana. Los chilenos y chilenas hemos pagado un alto costo social por las condiciones de apertura y competitividad alcanzadas actualmente por las empresas chilenas. No es exagerado afirmar que, desde el punto de vista educacional, una generación de chilenos y chilenas fue sacrificada como consecuencia de la disminución del gasto observado en el sector entre 1982 y 1990. Sin embargo, existe un gran riesgo de estancamiento, incluso de reversión, si no invertimos en educación. Sólo la educación puede resolver de modo simultáneo los problemas de crecimiento económico y de equidad. Invertir en educación posibilita el aumento de los ingresos de la familia por efecto del incremento de productividad y agregación del valor. Para lograrlo se requiere elevar la inversión a niveles superiores, al menos en 5,3 veces la meta propuesta actualmente. Tal cosa no es posible con los mecanismos propuestos. El único recurso para hacerlo es elevar los ingresos destinados a la inversión en educación. Nos enfrentamos a un tema de bien común. Es necesario que en este importante desafío participemos todos los chilenos. Es una cuestión de ciudadanía y un desafío que debemos enfrentar hoy. El proyecto de ley que votaremos en general, representa, a juicio nuestro, un avance hacia la meta deseada; hace una importante contribución de recursos a la educación, mejora las condiciones económicas del magisterio y posibilita condiciones de mejoramiento de la gestión municipal. Queremos destacar el rol del Padem, plan comunal que pone en el centro las necesidades educativas de las comunas. En tomo de ellas se fijan las medidas de ajuste necesarias en financiamiento y dotación. Estamos conscientes de que sólo es un paso y que, en el futuro, las materias planteadas deben ser fruto de un mayor perfeccionamiento. El acuerdo alcanzado por todos los partidos políticos del país expresa la voluntad de asumir la tarea de modernizar y asegurar la calidad y equidad de la educación. Nuestro partido ha concurrido al acuerdo, ya que consideramos que este desafío debe ser una tarea nacional, y estimamos que dicho acuerdo resguarda la educación pública y la dignidad de la carrera docente, con el reconocimiento de los derechos adquiridos por los maestros en el curso de estos años. El financiamiento necesario pone en el centro los objetivos pedagógicos en tomo de los cuales se establecen formas de gestión. He dicho El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, un profesor de psicología de la educación de la antigua y desaparecida Escuela Normal, nos enseñaba, hace casi 35 años, que para ser justos y constructivos cuando uno analiza o hace un comentario, debe considerar siempre lo favorable o positivo en primer lugar; en seguida, lo desfavorable o negativo, o no tan bueno, como él decía, y en tercer lugar, algunas proposiciones concretas para corregir esas cosas negativas o no tan buenas. Yo trataré, en homenaje al profesor Fernández. de hacer un breve esquema respecto de estos tres puntos. En primer lugar, lo favorable del proyecto, porque algo bueno debe tener, a tal punto de que hoy logramos conseguir un acuerdo que fue firmado por todas las bancadas, para aprobarlo en general. Citaré siete puntos a modo de ejemplo: 1. Hay un mejoramiento, aunque leve y progresivo, de los ingresos del personal de educación. El presidente de la Comisión se extendió bastante sobre el tema. 2. Existe la concursabilidad de los jefes de la educación, lo que augura que gente técnica dirigirá la educación. No sólo se requerirá la confianza del alcalde, sino que habrá que controlar un aspecto técnico del sistema. f 3. Se agilizarán los nombramientos del profesorado, por cuanto no se requerirá, en parte, concurso público para asignar la titularidad de hasta 14 horas de docencia de aula vacante en un mismo establecimiento. 4. Habrá concurso público para los jefes comunales de educación. 5. Se permitirán las destinaciones intermunicipales, con el fin de que un profesor de una comuna en la cual exista exceso de profesionales, pueda ir sin que se produzca deterioro en su relación contractual, a aquella comuna donde faltan profesores. 6. Se establecen medidas importantes para incentivar el retiro voluntario, porque no hay cosa más desagradable en la vida que recibir ^ una carta el 28 de diciembre, en la que se le comunica el término de su carrera docente. De tal manera que una jubilación mejorada y un pago de indemnización por retiro involuntario son medidas positivas dentro de este proyecto. Por último, a manera de ejemplo, debo mencionar que por primera vez la existencia de un plan de desarrollo educativo, permite pensar que habrá un factor importante en el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. En seguida, deseo referirme a tres aspectos negativos o desfavorables que, a mi juicio, perjudican la situación del magisterio. Primero, quiero hacer mención a un tema que no ha sido comentado anteriormente, cual es la naturaleza jurídica de la relación laboral. ¿Qué significa eso? Que debemos saber qué calidad jurídica tiene el trabajador de la educación: ¿Es empleado público o particular? ¿Está regido por las normas del derecho privado o por las relativas al sector público? A mi juicio, al profesor le corresponde una relación jurídica que tiene que ver con el campo del derecho privado, en virtud del decreto con fuerza de ley N° 1-3063, de 1980, del Ministerio del Interior, cuyo artículo 4o establece textualmente: ‘‘El personal I perteneciente al organismo o entidad del sector público que se haya traspasado o se traspase a la Administración Municipal, y el que posteriormente se contrate para este servicio por la Municipalidad, no será considerado dentro de la dotación fijada para el municipio respectivo. Dicho personal se regirá en todo por las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplicables al sector privado.” Es decir, está establecido con mucha claridad que el profesor no puede ser considerado empleado público. La doctrina y el Ministerio de Educación crearon la teoría del funcionario público, que no existe en el derecho laboral, porque somos empleados particulares o públicos. ¿Qué consecuencia tiene esto? El instrumento que establece la relación laboral es el contrato de trabajo para los empleados particulares, o el decreto municipal cuando se pertenece al sector público. ¿Y qué consecuencia aún mayor tiene esto? Que, en el primer caso, el Estado participa como un particular más, y entonces opera la teoría de la autonomía de la voluntad, en que las partes pueden contratar libremente sus relaciones laborales. En cambio, para el empleado público opera el decreto municipal, y aquí el Estado actúa con el imperio que le otorga su potestad pública en cuanto a imponer las condiciones que el empleador estima necesarias. En el primer caso, el empleador está obligado a suscribir el contrato, mostrarlo y entregarlo en una época determinada. Tiene una sanción grave si no cumple con el plazo, porque ante cualquier conflicto se dan por ciertas las cláusulas establecidas para el trabajador. En el segundo caso, que a mi juicio está operando irregularmente, a veces el trabajador lleva años en el cargo y nunca conoce siquiera las cláusulas o el documento llamado decreto. Por eso, creemos que aquí, al fijarse el contenido de un decreto municipal, se dispone una cosa distinta de la que aprobamos en 1991. Cuando discutimos el tema, establecimos como texto supletorio del Estatuto Docente, no el Estatuto Municipal -así lo quería el ex Ministro Lagos- sino el Código del Trabajo, para lo cual el Diputado que habla formó una mayoría extraña con la Derecha. Por ello, sostengo que el Reglamento dictado por el Gobierno y la Contraloría General de la República, que no puede modificar la ley, ha cambiado de hecho la naturaleza jurídica de la relación laboral existente para el profesor municipalizado. Ahora se modifica legalmente con lo que dice el contrato. Hemos presentado indicación para modificar el asunto. El segundo aspecto desfavorable o negativo del proyecto tiene que ver con los derechos constitucionales infringidos. Esto sí que es grave, porque los legisladores tenemos que darnos cuenta de que podemos modificar las leyes, pero no la Constitución. A mi juicio, podría haber dos infracciones a la Constitución. La primera afecta al artículo 19, N° 24, de la Carta Fundamental, que dice: ‘Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: "24°. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” Creo que hay dos derechos infringidos por este proyecto. El primero, corporal, real, cierto, es el de asignación de zona. A nadie le pueden modificar el régimen respecto de una cosa que ya está incorporada en su patrimonio. Tendríamos que modificar la Constitución para suprimir el beneficio que han percibido los profesores. Eso es tan claro que hay informes reiterados de la Contraloría General de la República y de la Dirección del Trabajo que establecen que esto es complemento de zona. Aún más, en lo personal, soy autor de la indicación que creó el mecanismo, de tal manera que una modificación en tal sentido es simplemente una interpretación dirigida a suprimir un beneficio adquirido, atentatoria contra el derecho de propiedad. El segundo derecho, a mi juicio, incorporal y tan legítimo como el anterior, es el de estabilidad en el cargo. De acuerdo con la legislación laboral, hay muchos trabajadores, sobre todo en las empresas de la construcción u otras, que tienen diferentes regímenes patrimoniales. Algunos, por ejemplo, cuentan con indemnización por años de servicio, sin tope. Todos los contratados antes de 1981 y quienes lo fueron a continuación sufrieron los efectos de la legislación dictada en la época de Pinochet, la cual limitó a cinco años, y después a once, la indemnización por años de servicios. Eso se debe a que ninguna norma puede regir con carácter retroactivo y modificar el régimen patrimonial. Hoy se atenta contra el derecho de estabilidad. Por eso, el establecimiento de una norma de esta naturaleza tendrá que regir para aquellos profesores que ingresen al sistema una vez que entre en vigencia la ley. En segundo lugar, también hay una presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 19, de la Constitución Política, que dice: “La Constitución asegura a todas las personas: 3o La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” En otras palabras, señala que para todos debe regir la misma ley. Esta disposición tiene que ver con el menoscabo, porque a todos los trabajadores del sector privado -y los municipalizados pertenecen a ese sector- les es aplicable el artículo 12 del Código del Trabajo, que establece que a cualquier trabajador se le puede modificar su lugar de trabajo, a menos que éste alegue menoscabo. Si aceptamos la teoría de que no opere el menoscabo -como ocurrió en la Comisión de Hacienda- estamos excluyendo a los profesores de un procedimiento legal cuando son agraviados en su derecho de permanecer en su lugar de trabajo. No digo que tienen derecho a salirse con la suya, sino que pueden recurrir a una primera instancia judicial, que es la Dirección del Trabajo, y al juzgado respectivo, en segunda instancia. Al margen de desconocer la norma relacionada con el menoscabo, la proposición infringe el artículo 73 de la Constitución Política, porque implica, además, que el Presidente de la República y el Congreso Nacional podrían avocarse causas pendientes, en el evento que pudieran resolverse, por medio de una interpretación legislativa, todos los reclamos que están en tramitación tanto en la Inspección del Trabajo -que para estos efectos es un tribunal más- como en el juzgado respectivo. En tercer lugar, y para seguir mi esquema, quiero expresar que con el Diputado señor Carlos Montes hemos presentado 25 indicaciones para corregir estas cosas, que van desde la modificación del instrumento que establece la relación jurídica hasta la supresión de las corporaciones -nadie se ha referido a ellas-, que comprenden una serie de normas que permiten hablar mucho del profesor, pero que, en el instante de mejorar su situación económica, pocos se acuerdan de él. El magisterio no sólo se hace presente cuando grita en las tribunas o cuando una colega injustamente tira una moneda a la Sala, sino que se muestra en lo que le enseña a los alumnos. Tenemos que preocuparnos de él, porque en la medida en que le demos remuneraciones dignas y protejamos sus intereses, vamos a ver los resultados en los hijos de nuestros hijos y en muchas generaciones más. Por eso anuncio que vamos a aprobar el proyecto, pero pensando siempre en que debemos legislar para mejorar las condiciones del trabajador y no solamente la situación económica de los sostenedores -que hoy están casi todos quebrados- en las respectivas municipalidades. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Allamand. El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, tengo la impresión de que el actual Gobierno ha definido bien la educación como la primera prioridad del país. Y la razón es simple y de alguna manera ya se ha expuesto en esta sesión: la educación es la llave maestra para dejar atrás la pobreza; para asegurar una efectiva igualdad de oportunidades introduciendo mayores grados de equidad en nuestra sociedad, para mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía -hoy abierta a las posibilidades, pero también expuesta a los desafíos de la integración de un mundo globalizado-, para entregar a los jóvenes las aptitudes y destrezas necesarias para desenvolverse en un mundo marcado por el vértigo del cambio y la transformación acelerada, para proporcionar a todos los ciudadanos, y en especial a los jóvenes, los principios indispensables a fin de que la modernización, hacia la cual caminamos, no traiga consigo la degradación de los valores espirituales que deben animar la existencia. En fin, para vigorizar y elevar el nivel de convivencia cívica y fortalecer la vida y las instituciones democráticas. Lo cierto del caso, y de alguna manera este debate así lo refleja, es que nadie puede hoy ignorar que la calidad de la educación chilena está a años luz de lo necesario. Peor todavía, hay que reconocer en esta Corporación, en la seriedad de este debate, que la educación es más mala para los sectores que se encuentran en los más altos niveles de pobreza, lo que petrifica la situación de desventaja en la que estos sectores se encuentran sumidos. No es mi intención reiterar aquí los múltiples antecedentes que comprueban lo anterior. Pienso que nadie discute la necesidad de una reforma integral que aborde los problemas de fondo de la educación, ni tampoco la urgencia de la tarea. En muchos sentidos la situación está en un punto límite y, en consecuencia, hay que iniciar ahora la recuperación y volcar el máximo de energía, de inteligencia y de voluntad hacia esta tarea de envergadura nacional. Nosotros pensamos que en esta perspectiva debemos abordar la discusión en general de este proyecto. Sería una miopía de nuestra parte reducir el debate al nivel de remuneraciones del profesorado, porque todos sabemos que son aún bajísimas y absolutamente incoherentes con la importancia que debe asignarse a la educación, o detenemos o enfrascamos en algunos aspectos menores del proyecto. Estamos, pues, en la discusión general y, en tal sentido, como ya lo ha expuesto el Diputado señor Claudio Rodríguez, desde la perspectiva de Renovación Nacional nosotros teníamos dos reparos de fondo respecto de la forma original en que este proyecto estaba concebido y se estaba tramitando. La primera, que medularmente se ha despejado, es que el proyecto en su forma inicial abría un espacio para la arbitrariedad, para generar situaciones de exoneración, no solamente generalizada, sino también arbitraria y discriminatoria del profesorado. Esta es una situación que nadie quiere, nadie acepta ni nadie está dispuesto a tolerar. En segundo lugar, nuestro reparo de fondo decía relación con que la dirección o la matriz del proyecto no se enmarcaba dentro de un contexto coherente de orientaciones en el sentido de aquellas que son necesarias para avanzar hacia la modernización de la educación chilena. En cuanto al segundo aspecto, es decir, enmarcar el proyecto dentro de un contexto general, es referencia obligada hacer mención tanto al informe del Comité Técnico de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación y a sus conclusiones, como al informe de esa Comisión, que están en poder del Presidente de la República. Se ha hecho mención en este debate a estas comisiones y a estos documentos, pero tengo la impresión de que no se ha mencionado la médula de ellos. En primer lugar, estimo fundamental hacer presente que la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación consideró acertado el diagnóstico hecho por el Comité Técnico. Más aún, textualmente esta Comisión recoge las bases del proyecto de modernización de la educación chilena que en él se formulan. Hago presente que en esta Comisión no sólo participan el actual Ministro de Educación y el Subsecretario, sino que, entre otros, los rectores de las Universidades de Chile. Católica de Chile y de Concepción, y -es importante hacerlo notar- el Presidente del Colegio de Profesores, señor Osvaldo Verdugo; los Directores Nacionales del Colegio de Profesores, don Bernardo Sepúlveda y don Mario Delannais, y dos consejeros de la Central Unitaria de Trabajadores; la segunda Vicepresidenta, señora María Rozas y don Hernán Bravo. Es decir, el informe del Comité Técnico cuenta con un amplísimo respaldo. ¿Qué dice, en lo medular, el informe del Comité Técnico que debe ser tenido a la vista en este debate? Centralmente, dos cosas. En primer lugar, que “las causas del profundo desajuste de la educación son múltiples, interrelacionadas y complejas, pero hay dos elementos de base que si queremos efectivamente avanzar por el camino de la modernización educacional, necesitan ser corregidos a la brevedad: “I) El contexto legal-administrativo -esto es, de gestión y de manejo de sus recursos humanos, materiales y de financiamiento- en que actualmente operan las escuelas no ofrece los adecuados incentivos para mejorar su calidad, aumentar su efectividad y, por esta vía, tomarse más equitativa. En las escuelas y liceos municipales esta situación se ve agravada por las rigideces adicionales que introduce la ley N° 19.070 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, y “II) La inversión en el sector está muy por debajo de lo que se necesitaría para que el país pueda modernizar su educación.” Prosigue el informe del Comité Técnico y el diagnóstico que ha sido aceptado, admitido y valorado por la Comisión Nacional para la ^ Modernización de la Educación: “Ambos elementos guardan estrecha relación entre sí. Nada se ganaría con gastar más si no se cambia el contexto y los incentivos dentro de los cuales operan las escuelas y no sería suficiente modificar este contexto y los incentivos que proporciona si el país no invierte más en educación.” Más aún, para ir medularmente más a fondo en la materia, es fundamental hacer referencia -siempre siguiendo el informe del Comité Técnico- a lo que diría que es el diagnóstico más certero respecto del problema que tenemos en materia de régimen laboral. ¿Qué dice el informe? “En la actualidad y a diferencia de lo que ocurre en el caso de otras profesiones, las remuneraciones docentes suelen reflejar escasamente las exigencias y la duración del entrenamiento inicial de los profesores, la efectividad de su desempeño y el esfuerzo y méritos personales. Esto se debe al hecho de que la demanda se halla determinada básicamente por el nivel de gastos del Estado, que es, con mucho, el empleador dominante y que, en esa situación, los profesores son llevados a negociar nacionalmente con el objetivo de otorgarles rentas mínimas, bonificaciones y otros beneficios iguales para todos y, en lo posible, un estatuto que garantice la estabilidad del empleo y una carrera basada en la antigüedad en el cargo. Esta forma de organizar el campo laboral de la profesión docente no ha beneficiado ni a los propios profesores -como está a la vista- ni a la profesión como tal, ni ha promovido la calidad de la enseñanza ni su efectividad, ni tampoco responde a las exigencias del país.” Sigue el informe del comité técnico, aprobado en forma unánime por la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación: “El resultado ha sido más bien catastrófico. Los profesores se encuentran entre los profesionales peor remunerados entre todos aquellos que tienen formación universitaria o equivalente, a pesar del rol crucial que tienen y se les reconoce, y dentro del actual ordenamiento rígido, sus perspectivas de mejorar su posición relativa son escasas.” Si este diagnóstico se asume como tal, de conformidad con los acuerdos adoptados en las distintas instancias a las que se ha hecho referencia y con todo lo expresado en la Sala, en términos de valorar tanto el informe de la comisión técnica como el de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, entonces lo único que corresponde es actuar con mínima coherencia y consecuencia. No es sensato, ni inteligente, ni racional, sostener que se comparte determinado diagnóstico, camino o propuesta de solución para acto seguido, en una suerte de vuelta de carnero intelectual, razonar en esta Sala en un sentido absolutamente inverso al del diagnóstico que se admite. Este es un problema de coherencia intelectual. En ese sentido. Renovación Nacional considera que el acuerdo marco que se acaba de suscribir hoy en la tarde entrega el conjunto de orientaciones básicas, quizás no todas exhaustivamente perfectas, que permite iniciar el camino de modernización que la educación chilena requiere. En nuestra opinión, dicho acuerdo contiene también perfeccionamientos importantes en la estructura, orientación y contenido del proyecto que hoy se aprobará en general. Por eso, votaremos favorablemente esta materia. Quiero reiterar, en primer lugar, que en nuestra opinión el acuerdo marco tiene un enorme significado hacia el futuro, mucho más del que hasta ahora se ha observado, quizás en el fragor de un debate todavía no suficientemente decantado. En segundo lugar, este acuerdo en alguna forma retoma la capacidad de los dirigentes políticos chilenos para salirse de las querellas de la política pequeña a la que de pronto nos vemos sumidos y adoptar, con sentido de futuro, los acuerdos nacionales que permitan empujar juntos el carro del progreso del país. Mucho se dice en contra de los acuerdos y poco se valoran. Cuando hay acuerdos que tienen sustancia, contenido, no sólo se borran las diferencias eventuales entre Gobierno y Oposición, sino que se empuja al país en la dirección correcta. En tercer lugar, voy a señalar algo que tiene que ver con la lealtad con que se asumen los acuerdos. En este sentido, no puedo sino formular una crítica a ciertas expresiones que hemos escuchado esta tarde. Si se firma un acuerdo es porque uno lo comparte y asume con responsabilidad su defensa. Por eso, no me parece responsable ni éticamente correcto firmar un acuerdo y. acto seguido, en alguna de sus disposiciones o acápites, dinamitarlo. No se puede estar muy presto para ponerse en la foto de los acuerdos, y luego cambiar de faz y entrar en esta misma Sala a cuestionar aspectos centrales del mismo. Todos saben a lo que me refiero. No estoy haciendo mención, ni por un segundo, al deber, a la obligación que tiene cada parlamentario, durante la tramitación legislativa, de pretender que el proyecto en estudio sea siempre lo mejor posible; pero lo que no me parece correcto es el doble discurso: decir una cosa en Comisiones, en el silencio del grupo de trabajo, y luego venir a la Sala, mirar hacia las tribunas y decir algo completamente distinto. Así no se ennoblece la política. Quiero hacer presente ciertos reconocimientos que creo importante dejar consignados: En primer lugar, al señor Ministro de Educación y al señor Subsecretario del ramo por la forma en que condujeron esta negociación; al señor Presidente de la Comisión, por el esfuerzo, la paciencia, la mesura y la inteligencia con que condujo el trabajo de las últimas semanas; al señor José Joaquín Brunner. Ministro Secretario General de Gobierno, quien, antes de asumir su actual cargo, dirigió el comité técnico. El informe al que todos hemos hecho referencia fue redactado por él, con lo cual ha efectuado un aporte inestimable a la modernización de la educación chilena. Creemos que la Corporación debe reconocérselo. Por último, hago una invitación muy respetuosa al Colegio de Profesores. Es evidente que nadie puede pretender modernizar la educación chilena en contra del profesorado. Mi impresión es que el profesorado tiene hoy una oportunidad como quizás no la ha tenido en las últimas tres décadas. La reforma que hoy se inicia es tan importante como aquella que en los años 60 logró masificar la educación chilena. En mi opinión, el Colegio de Profesores tiene dos opciones: o se pone a la vanguardia del proceso de cambio que hoy se inicia, con audacia, con inteligencia, con visión de futuro y aprovecha esta oportunidad para enaltecer al magisterio y a la profesión docente y ser un verdadero impulsor del proceso de modernización de la educación, o. por el contrario, se transforma en un actor retardatario, regresivo, que simplemente frena ese proceso. Estoy seguro de que hay muchos más espacios en la primera opción que en la segunda para el profesorado chileno y de que éste, como siempre, va a estar a la altura del proceso de modernización que hoy se inicia. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, quiero comenzar recordando las palabras de Su Excelencia el Presidente de la República. don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el discurso con que dio inicio a la legislatura ordinaria del Congreso Nacional el 21 de mayo del año pasado. El Presidente dijo: “La educación es una de las tareas decisivas que tenemos que enfrentar como nación.” Y agregaba más adelante: “Mejorar su calidad es un imperativo moral, democrático y económico. Si aspiramos a ser una nación desarrollada, no podemos continuar con un sistema educacional que discrimina las oportunidades del futuro, relegando a los niños de las familias pobres a un destino sin oportunidades reales de progreso.” En su Mensaje, el Presidente de la República se extiende sobre la necesidad de construir un sistema educacional moderno, para lo cual es necesario revisar sus bases organizacionales y proponerse grandes tareas hacia el futuro. Entre otras cosas de gran trascendencia, señala que “trabajaremos tras el objetivo de lograr un amplio consenso nacional, político y técnico, para que, en un plazo razonable, podamos iniciar, a escala ampliada, esta urgente y necesaria modernización de nuestra educación.” Hago estas citas por dos motivos. Primero, porque el texto que acabo de leer se ha cumplido hoy con el acuerdo marco suscrito entre los presidentes de los partidos políticos, considerado como un hecho de gran trascendencia e importancia, que justamente culmina con el consenso de que habla el Presidente de la República. Segundo, porque éste es el gran objetivo, determinado por él, al inicio de su mandato, para modernizar la educación chilena. Por consiguiente, el proyecto que el Presidente de la República envió al Congreso en abril del año pasado no tiene por objeto discriminar ni explicar que hay un exceso de profesores, porque ésas son razones subalternas que han ido apareciendo en la contienda y en el debate. El motivo fundamental radica en la modernización y en el mejoramiento de la calidad de nuestro sistema educacional nacional. A las expresiones del Presidente de la República, estimo muy atinado agregar lo señalado por el Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat Ureta, en un discurso de gran importancia que dirigió al país en agosto de 1994, en el marco de la agenda económica I y social desde 1994 al año 2000. Refiriéndose a la educación, el señor Ministro expresa que ésta es la prioridad clave para el desarrollo. Textualmente dice: "Queremos afirmar, sin ambigüedades, que para enfrentar con éxito los desafíos de la productividad y para que Chile pueda transitar al mundo del desarrollo a comienzos del próximo siglo, debemos hacer de la educación nuestra primera prioridad. “Vamos a promover -dice el señor Ministro- la inversión en las personas, a través de una forma sustantiva en la manera de educar y capacitar a los niños y jóvenes de Chile. Esta es una tarea nacional de primera magnitud. Se trata de otorgar igualdad de oportunidades a todos los niños chilenos.” Destaca que “la educación es y será la principal fuente de oportunidades para que los sectores de menores ingresos puedan superar, de manera permanente y sostenida, su condición económico social. Es el capital humano con que cuenta un país el que permite mantener hoy, más que nunca, un proceso de crecimiento robusto y sostenido”. Manifestó el señor Ministro que “la meta concreta del Gobierno es llegar en menos de ocho años a un gasto total en educación que represente 7 puntos porcentuales del producto, lo que constituye igualar el estándar actual de Gran Bretaña y Alemania.” Cito estas palabras, como he dicho, con el fin de apreciar que la educación es una tarea prioritaria del segundo Gobierno de la Concertación, que encabeza el Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y que este proyecto no hace otra cosa, como se ha mencionado en la Sala, que recoger el clamor general para que este importante sector se inserte en una etapa de modernización. Para concretar estos objetivos, en julio de 1994. el Presidente de la República constituyó, por el decreto N° 351, la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, integrada por personajes relevantes del quehacer nacional, representativos de los más variados sectores de la opinión pública. El comité técnico de dicha Comisión realizó un estudio a fondo de la educación nacional en ese momento, con el fin de apreciar sus fortalezas y observar sus debilidades, para determinar, especialmente, las tareas ineludibles hacia el futuro. El Diputado señor Allamand se ha referido a él en forma muy detenida y profunda, lo cual me ahorra cualquier otro comentario. Sólo resta señalar que es un documento fundamental para todo político, educador y persona que, con verdad y responsabilidad, se preocupe tanto del presente como del futuro de la educación chilena. Se trata de un estudio objetivo, sin apasionamiento, que examina la situación, sobre todo las necesidades y tareas que deben enfrentarse hacia adelante. Este documento recibe un nombre que es necesario destacar: “Los desafíos de la educación chilena frente al siglo XXI”. Su texto, como he dicho, es fundamental al momento de hacer un balance de la educación. Concluye que los resultados hasta aquí son ambiguos, y deja en evidencia que los niños chilenos no están aprendiendo todo lo necesario para enfrentar con éxito el complejo mundo de hoy. Esta conclusión tiene un enorme valor y debe ser extensamente analizada, porque la educación no es un fin en sí mismo: está al servicio de los niños, de la juventud, del país; y los niños están aprendiendo apenas la mitad de lo que hoy el mundo moderno, en su complejidad, les exige saber. Explica el documento que la superación de la pobreza está íntimamente asociada al desarrollo de una educación de calidad, con igualdad de acceso para todos los sectores sociales. Asimismo, el señor Presidente de la República, en cada oportunidad, ha asociado estrechamente estos dos factores, educación y pobreza, porque así debe ser, realmente. En resumen, el documento señala que, en general, todos deben recibir una formación de calidad, lo cual tiene máxima prioridad. Reformar la educación media se consigna como una tarea impostergable; fortalecer la profesión docente se señala como una condición necesaria, así como entregar mayor autonomía a las unidades escolares para tener escuelas efectivas; y, finalmente, lo que ya hemos señalado, ratifica el hecho de aumentar la inversión educacional, tarea que debe asumirse como compromiso de nación. Señor Presidente, el proyecto que analizamos recoge todas estas ideas y estudios y los plasma en un nuevo cuerpo legal. La iniciativa ha tenido hasta ahora una intensa tramitación en la Comisión de Educación y en la Sala. Ha sido debatida y prácticamente se ha escuchado la opinión de todas las organizaciones de padres y apoderados, religiosas, sociales, políticas y al Colegio de Profesores en todos sus niveles. Las sesiones han sido exhaustivas y han durado varías horas. Además, ha originado hechos que han conmovido al país, como la renuncia de un Ministro de Educación, algunos movimientos del Colegio de Profesores e. igualmente, algunos pronunciamientos de las municipalidades. Ello quiere decir que la iniciativa en discusión es de enorme trascendencia para el país. Sin embargo, todos los partidos políticos han apoyado la idea de legislar en el sentido de introducir modificaciones a la ley N° 19.070 y al decreto con fuerza de ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación. El Ministro de Educación, don Sergio Molina, ha calificado como un hecho histórico el acuerdo a que se llegó, y lo es realmente desde el momento en que se encuentran las voluntades políticas para proponer, en conjunto, y dar curso a un gran proceso de modernización de la educación. El proyecto en análisis es extenso y de gran complejidad, pues modifica numerosos artículos de los cuerpos legales ya mencionados, y agrega nuevas disposiciones, todas encaminadas a modernizar nuestra educación. No corresponde, en esta oportunidad en que se está tratando en general, detenerse a analizar cada uno de sus artículos, lo cual tendremos ocasión de realizar más adelante. Sólo quiero señalar que sus normas apuntan, términos generales, al mejoramiento de la calidad de la educación chilena, y a lograr mayor equidad, de modo que a los pobres de nuestro país, que son muchos, se les permita acceder a una educación de excelencia, única manera de abrirles el camino para superar sus condiciones de vida. Por las razones expuestas, los Diputados democratacristianos hemos facilitado desde un comienzo la tramitación del proyecto, con el fin de que en el más breve palazo se convierta en ley de la República. Estamos convencidos de que no afectará ningún interés legítimo; no significará, como aquí se ha mencionado, salida de profesores. Las mismas personas que han anunciado que se podría producir tal situación, se han referido asimismo a los escuálidos recursos de que se dispone para financiar las jubilaciones que podrían producirse el próximo año. Eso no ocurrirá; las necesidades de la educación son muy amplias y no estimamos, luego de un examen o análisis responsable y detenido, que se genere alguna situación preocupante para los profesores. Muchas veces nos llama la atención que personas que en el pasado tuvieron la responsabilidad de conducir la educación, y que causaron tanta conmoción en ese ámbito, hoy estén en una posición absolutamente extraña, en un régimen político en que todas las cosas se hacen con transparencia, responsabilidad y de cara a la opinión pública. Creemos que en la discusión particular el proyecto se enriquecerá notablemente y que será una ley necesaria para Chile, para el desarrollo de su educación y para los objetivos que se ha fijado como sociedad. Por ello anunciamos nuestros votos favorables. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, me referiré a dos aspectos fundamentales del proyecto que, a mi juicio, y de los Diputados de Renovación Nacional, es imprescindible mejorar durante su proceso de tramitación. Ellos son la asignación de zona y el financiamiento de las indemnizaciones. El tema de la asignación de zona es abordado en tres numerales del proyecto. En primer lugar, por el numeral 30 se pretende que dicha asignación sea imputable a la remuneración adicional. Esto, en buen castellano, significa que a un número significativo de profesores se les despoja del complemento de zona; se cambia de nombre a uno de los componentes de sus ingresos, pero ello no representará ningún aumento adicional en sus remuneraciones. Me parece que este hecho constituye un grave perjuicio a los profesores que cumplen sus labores en las regiones y localidades más apartadas del país. De la misma manera, en el artículo 7o transitorio se establece una subvención adicional para los establecimientos educacionales durante 1995 y 1996. Llama poderosamente la atención que esta subvención adicional sea igual en todo el país y que no se diponga el recargo correspondiente para aquellas regiones y localidades que, en virtud de un decreto supremo, tienen derecho para todos los efectos. A mi juicio, este hecho nuevo constituye un desconocimiento de los mayores costos que la educación debe asumir en las regiones y localidades más apartadas. Me parece grave sentar este precedente, porque ya se escuchan voces para señalar que para los profesores, en particular, y funcionarios públicos en general, que cumplen tareas en regiones, no debe estar contemplada la asignación de zona. Reitero que por esta vía se sienta un precedente cuyas consecuencias hoy no conocemos. Llamo al Ejecutivo a meditar sobre la materia. Asimismo, me referiré al artículo 8o transitorio que establece un ingreso mínimo mensual de carácter nacional, para un profesor con 30 horas de 130.000 pesos para 1995 y de 150.000 pesos para 1996. Es decir, este ingreso mínimo es igual para un profesor que labora en Punta Arenas o Coihaique, que para otro que lo hace en Santiago o en alguna de las comunas de la Región Metropolitana. Lo cierto es que no hay razón para proceder de esta manera. No hay duda ninguna de que el costo de vida que tiene un profesor en una región extrema es mucho mayor que el que tendría si viviera en Santiago. Quiero poner sólo como ejemplo que en Temuco, ciudad que represento en el Parlamento, el litro de bencina es 10 pesos más caro que en Santiago; que las tarifas de los consumos básicos, como luz, agua, teléfono y gas, también son significativamente más altas en las regiones que en Santiago, por las economías de escala que es posible aplicar al respecto en la Región Metropolitana. Por eso, considero que no existe razón alguna para haber establecido ingresos mínimos de carácter nacional sin tomar en cuenta los mayores costos de vida que deben asumir los profesores que trabajan en regiones. Señalé que en tres disposiciones se afecta el complemento de zona, lo cual, en mi opinión, es un hecho grave y serio. Hago un llamado a todos los parlamentarios que representamos regiones del país a poner atención en estas materias. No podemos concurrir con nuestros votos a la aprobación de estos artículos que atentan contra las personas que nos han elegido para que las representemos en el Parlamento. Estimo de la mayor importancia solucionar en forma positiva estos aspectos relativos a la asignación de zona, porque, en caso contrario, se cometerá una grave injusticia en contra de las regiones. En cuanto a la falta de financiamiento para las indemnizaciones, quiero recordar que el Estatuto Docente les significó a los profesores una prolongada espera. Muchas veces sintieron traicionados sus intereses, pues tuvieron que esperar varios meses para recibir los beneficios que en él se contemplaban. La razón fue siempre la misma: que no llegaban los recursos suficientes para que los municipios pagaran las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento y las otras contenidas en dicho Estatuto. Más tarde, ocurrió otro tanto con la ley que estableció la unidad de mejoramiento profesional. Y todos sabemos -porque recibimos los reclamos- que hubo muchos profesores que no recibieron oportunamente el monto fijado por unidad. También conocemos la situación de profesores que se acogieron a jubilación, a retiro, y que permanecieron durante 10 ó 12 meses, y más todavía, en espera de que el municipio les pagara la indemnización legal a que tenían derecho. Esa circunstancia les generó graves problemas económicos, porque, dicho sea de paso, los profesores, además, tienen que soportar la demora enorme del Instituto de Normalización Previsional o de las administradoras de fondos de pensiones en pagar su primera jubilación. Y como no se les paga ni la indemnización ni el primer mes de jubilación, permancen largos meses sin ingresos, lo que les crea gravísimas situaciones económicas y problemas familiares, como hemos comprobado en los distintos distritos. Por lo tanto, cuando en el proyecto de ley se señala que sólo será de cargo fiscal hasta el 50 por ciento de las indemnizaciones que deben pagarse a los profesores que se acogerán a jubilación o a retiro voluntario, me parece que estamos generando un problema exactamente igual al que denuncio. En consecuencia, si queremos que la ley opere en forma efectiva y que los profesores que cumplen con los requisitos para jubilar se retiren del sistema, es imprescindible garantizar a los municipios el financiamiento del pago oportuno de las indemnizaciones legales que el proyecto de ley establece. No puede ser que los profesores tengan que realizar intensas negociaciones y largas esperas para recibir beneficios y derechos legales consagrados en las disposiciones que aprobamos. Por tal razón, solicito que estos aspectos se consideren y mejoren, con el fin de que logremos dictar una iniciativa con financia- miento, para evitar a los profesores largas y prolongadas esperas. He dicho. -Manifestaciones en las tribunas. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- De acuerdo con el Reglamento, los asistentes a tribunas no pueden realizar manifestaciones. Tiene la palabra el Diputado señor Jara. El señor JARA.- Señor Presidente, como aquí ya reiteradamente se ha dicho, entendemos el proyecto como una parte de un gran debate nacional sobre los problemas de fondo de la educación chilena, sobre su calidad y equidad. En esta área y en este sentido, queremos precisar que, por cierto, quedan aún muchos problemas pendientes. Desde luego, todo lo relacionado con el sector particular subvencionado -materia sobre la cual urge legislar para cautelar los derechos de los profesores, que son los “temporeros” de la educación-, en el cual imperan prácticas antisindicales, y, además, se hace necesario construir un sistema de control y fiscalización de los recursos públicos entregados al sector. Queda también por abordar el problema de los paradocentes, precisar sus importantes funciones y mejorar sus condiciones de trabajo. Quedan muchos otros aspectos pendientes. Por ejemplo, una evaluación del traspaso de la gestión y administración de la educación a las municipalidades y a los particulares; un examen a fondo del sistema de financiamiento público de la educación y una evaluación de la aplicación del Estatuto Docente. La discusión del proyecto nos permite hacer algunas consideraciones sobre estos problemas. La iniciativa considera tres órdenes de materias: modificaciones al Estatuto Docente, aumento de las subvenciones y mejoramiento de las rentas del magisterio. En cuanto al aumento de las subvenciones, sólo cabe valorar la iniciativa que recoge la legítima demanda, especialmente en lo que dice relación con el aumento de la subvención para los establecimientos educacionales rurales y para la educación de adultos, entre otras. No obstante, entendemos que es necesario avanzar fórmulas de subvención educacional diferenciada, con el objeto de propender efectivamente a la igualdad de posibilidades en nuestro país. Expresamos nuestro decidido apoyo al mejoramiento de las rentas del magisterio, entendiendo que éste debe ser el comienzo de un proceso de justos reajustes económicos para un sector que ha sido históricamente postergado. Las reformas del Estatuto Docente son las que han provocado más polémica. En esta materia, quiero precisar mi opinión, y señalar que asumo, como principio orientador, que el perfeccionamiento del Estatuto Docente no puede consistir en un menoscabo o desmedro de los derechos de los profesores consagrados en esa normativa especial. Por ende, no me parece legítimo pretender perfeccionar el Estatuto desregulando el ejercicio de la función docente. Por ello, me merecen especial preocupación las siguientes materias contempladas en el proyecto: el cambio del régimen de contratación por cargo docente por el de horas de trabajo; la asignación de titularidad, sin concurso público; definición por ley del concepto de menoscabo; las modificaciones al complemento de zona, y todas las relativas a la estabilidad laboral de los docentes titulares. En cuanto a la dotación docente y a la estabilidad de los profesores, quiero hacer especial mención al plan anual de desarrollo educativo municipal. Valoramos y, desde luego, apoyamos esta iniciativa en el entendido de que ayudará no sólo a racionalizar la gestión educacional, sino que, también, permitirá garantizar los debidos y adecuados resguardos ante las posibles arbitrariedades de los empleadores del sector municipal. Además, apoyaremos dicho plan porque, en definitiva, puede constituir un eficaz instrumento de defensa de la educación pública, en aras del mejoramiento de su calidad, eficiencia y equidad, la que hoy ha sido cuestionada por sectores que pretenden, indirectamente y en el mediano plazo, experimentar con la privatización definitiva de escuelas y liceos públicos. Sobre esto último, queremos ser tajantes. No nos negamos; por el contrario, queremos discutir las mejores opciones o alternativas que modernicen la educación pública municipal, adecuándola a las exigencias del desarrollo productivo, a los cambios científicos, tecnológicos, a la globalización de la economía y de los mercados, etcétera. Pero, con la misma fuerza, queremos expresar que para nosotros no es necesariamente lo mismo modernización y privatización y, consecuentemente, nos asiste la convicción, por razones de historia, de principios, de bien común, de visión de país, que el fortalecimiento y perfeccionamiento de la educación pública descentralizada es la única y real opción de modernización capaz de generar condiciones dignas de trato a los docentes y de avance en un proceso de mayor igualdad de oportunidades frente a la educación, especialmente para aquellos niños y jóvenes provenientes de los sectores más desposeídos de nuestra patria, para quienes la educación es el único vehículo de superación personal, familiar y un factor de movilidad social. Tal como dijo el Presidente de la República, la educación debe ser un elemento esencial para superar la pobreza. En cuanto al concepto de menoscabo, quiero expresar que no comparto lo aprobado en la Comisión de Hacienda y, en consecuencia, no soy partidario de definir en la ley lo que debe o no entenderse por menoscabo. Este es un concepto esencialmente subjetivo; es una cuestión de hecho, no de derecho. Por lo tanto, a quien corresponde calificar si en una circunstancia personal y particular existe o no menoscabo, es el juez. Por ello, creo inconveniente e innecesario limitar a los profesores la posibilidad de reclamar el menoscabo. Por tal razón, hago expresa reserva en esta materia. En cuanto a la asignación de zona, quiero señalar que comparto lo planteado por el Diputado señor Felipe Valenzuela, en el entendido de que ella es un derecho adquirido de los profesores. Pero en este punto quiero expresar una opinión personal, una aproximación al tema. Hay que distinguir dos situaciones: primero, los docentes provenientes del Ministerio de Educación y, segundo, los contratados con posterioridad al trapaso. Respecto de los primeros, tendría validez el criterio sustentado por el proyecto del Ejecutivo en relación con la imputación a la remuneración adicional de la zona, por cuanto estos docentes la mantuvieron como parte integrante de la remuneración global con posterioridad al traspaso. Por lo que a su respecto, de no prosperar la iniciativa del Ejecutivo en esta materia, estaríamos en presencia, como se ha dicho, de un doble pago. Sin embargo, no ocurre así con aquellos docentes contratados con posterioridad al traspaso, ya que ellos nunca gozaron de la asignación de zona y para quienes efectivamente esta asignación constituye, en la práctica, una quinta asignación. En consecuencia, la asignación de zona que se crea en el proyecto deberá ser remuneración permanente para todos aquellos docentes contratados con posterioridad al traspaso imponible y no imputable a la remuneración adicional. Es decir, se deberá pagar por sobre la remuneración bruta a que tenga derecho. En cambio, respecto de los docentes provenientes del Ministerio, la asignación de zona debería tener un carácter transitorio, con una denominación distinta, que bien podría ser la misma vigente hoy; esto es, complemento de zona, vigente plenamente a contar del 1 de enero de 1994, imponible en todo caso e imputable a la remuneración adicional. Esta es una situación que sugiero se estudie en la discusión particular, ya que permitiría una solución más justa al problema. En síntesis, la modernización de la educación, el mejoramiento de su calidad y equidad es un problema de la sociedad en su conjunto y pasa, necesariamente, por la dignificación de la función docente, estableciendo necesarias condiciones de participación en la toma de decisiones, estabilidad laboral y un mejoramiento sostenido de remuneraciones y demás condiciones de trabajo de los profesores. Todo lo anterior implica una necesaria revisión del actual sistema de financiamiento de la educación, al igual que del actual sistema de gestión municipal, manteniendo, en todo caso, el concepto esencial de educación pública descentralizada. En el Partido por la Democracia tenemos la convicción más absoluta de que sólo en la educación y escuela pública está la fuerza del cambio al servicio de la profundización de nuestra democracia. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda asistimos a uno de los debates más trascendentes de los últimos tiempos. Se toca el tema educacional, ámbito en el cual han ocurrido hechos importantes, especialmente en 1994. Todos los sectores políticos le han asignado a la educación la más importante prioridad para los próximos años, porque existe conciencia de que el futuro del país depende, en gran parte, de cómo se aborde el tema. Independientemente de la apreciación anterior, se ha llegado a una conclusión unánime: la educación requiere transformaciones urgentes y, de mantenerse el actual enfoque es imposible alcanzar los objetivos que se persiguen, que no son otros que mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza, otorgar igualdad de oportunidades, en especial a las personas más necesitadas, y dar al país una viabilidad futura. Expresé al comienzo que han ocurrido hechos importantes en materia educacional; y, en este caso, nos encontraremos en presencia de la primera iniciativa de carácter legislativo que debería apuntar en la dirección indicada. Durante el transcurso del año fue convocado el Comité Técnico Asesor para el tema educacional, cuyo resultado fue complementado con las conclusiones elaboradas por la Comisión. Debo señalar, honestamente, que hacía mucho tiempo que no veía un diagnóstico que abordara el problema en términos globales y en forma tan acertada. Normalmente, en los distintos gobiernos se forman comisiones cuyas conclusiones no se traducen en iniciativas legislativas, sino que sólo quedan para el trabajo de los académicos o, muchas veces, para comentarios en los distintos medios de comunicación. En este caso, lo establecido, tanto por la Comisión como por el Comité Técnico, se contempla íntegramente en el punto número uno al indicar que se asumen diagnósticos, acuerdos y propuestas del informe de la Comisión para la modernización de la educación, la que, a su turno, deberá inspirar y servir de guía para una política de Estado. Tiene la máxima importancia que de niveles académicos se pase al sector político. En consecuencia, tanto en el diagnóstico como en las futuras políticas, deberemos tener muy presente lo que ahí se señala. Este es el primer proyecto posterior a los dos informes en los cuales se aborda una modificación del Estatuto Docente, de la Ley de Subvenciones y un mejoramiento de remuneraciones del profesorado. Sin duda, el primer tema es sensible y fundamental en lo que se refiere a afrontar con éxito el tema educacional, porque la modernización debe abordarse con los profesores. He advertido que en esta propuesta de modernización hay desconfianza por parte del gremio, y existen fundadas razones para que ello ocurra, porque, desgraciadamente, cuando se analizan los proyectos y lo que se ha hecho en materia docente, nos damos cuenta de que ha existido un cambio permanente, el cual se ha traducido en que nos hemos ido a los extremos; es decir, de una total flexibilidad a una casi total inamovilidad. Cuando en forma permanente se cambia el estatuto jurídico, es indudable que políticamente no se asume de manera permanente el tema de la calidad jurídica o del estatuto laboral de los docentes. Por lo tanto, tienen razones fundadas para desconfiar, y cuando ello sucede se es escéptico a cualquier cambio. Por ende, lo que estamos haciendo hoy en esta materia tiene, desde mi punto de vista, la mayor trascendencia. Debemos evitar irnos a los extremos, porque cuando lo hacemos terminamos por no producir el cambio ni adherir a él. De tal manera que, ojalá, en esta materia se pueda abordar un aspecto intermedio, en términos de darle permanencia al estatuto jurídico y a la relación en el campo materia docente. Respecto del estatuto, distinguiría dos tipos de materias; las de carácter permanente y el régimen transitorio. Sin duda, este último necesita muchas perfecciones -el Diputado señor Ulloa planteó algunas de ellas- y se puede perfeccionar mucho más; pero lo importante es ver el enfoque de las diposiciones permanentes, y yo, por lo menos, el mérito que he advertido en el transcurso del debate es que no hay objeción en la Sala respecto de la normativa permanente. Esto, desde mi punto de vista, tiene valor en la discusión. Se ha asumido la descentralización, sin duda, uno de los temas medulares de la propuesta que se hace. En eso no hay que estar abierto ni cerrado a privatizaciones. Es un concepto amplio que ofrece las mayores alternativas, pero yo sólo quiero quedarme con la línea gruesa, en el sentido de que la descentralización significa que ojalá a nivel de unidades académicas se tome la mayor cantidad de decisiones, que en los proyectos educativos tenga participación directa todo el profesorado y que los sistemas sean mucho más autónomos en materias curriculares, para definir las distintas realidades, lo cual está abierto a cualquier tipo de enseñanza y de educación. En la Ley de Subvenciones se avanza, en la línea gruesa, en forma acertada. Ojalá que se otorguen los incentivos correctos para que, en definitiva, se premie el mérito y se fortalezca especialmente la enseñanza en los sectores de más bajos recursos. Finalmente -para no alargarme en esta discusión general-, para que los proyectos tengan éxito en cualquier país, deben ser coherentes, porque cuando son híbridos terminan por entramparse. En definitiva, no se alcanzan todas las metas ni se logra el éxito adecuado. Repito lo que dije al comienzo; Es muy importante que los distintos sectores políticos hayan asumido el diagnóstico y las proposiciones de la Comisión y del comité, los cuales, en esta primera iniciativa legislativa, se han traducido en que al menos se haya aceptado esa línea gruesa, hecho que está dando 4 la señal de que estamos en presencia de una política de Estado más que de aspectos particulares en algún sector específico. Dados los lapidarios diagnósticos que hacen respecto de la educación chilena estas dos comisiones, si el tema no se aborda como política de Estado no vamos a tener futuro como país, atendidos los distintos índices que tienen países similares al nuestro. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado don Ramón Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero hacer especial mención a un tema que ha estado ausente de la discusión general del proyecto de ley: la fiscalización de los recursos que entrega el Estado al sector municipal y al sector subvencionado particular. Aplaudo, en todo caso, la indicación ya aprobada para que, a lo menos, los recursos que se van a entregar se destinen al pago de los beneficios remuneratorios que se establecen. Sin embargo, no hay que eludir otro tema. La mayor crítica que hace el Colegio de Profesores incide en la sobresaturación de los aparatajes administrativos y en la distorsión en la utilización de los recursos, tanto en las corporaciones como en los DEM. Al respecto, no sé por qué asustarse si se entrega la posibilidad de fiscalizar los recursos, que, por su carácter de públicos, siempre debieran ser fiscalizables. En ese sentido, el análisis está hecho en el Ministerio y se sabe que así como existen buenos departamentos de educación y eventualmente algunas buenas corporaciones, existen otras que incurren en mala utilización de los recursos. Por eso, creo que se debe ser consecuente con la línea establecida durante el Gobierno pasado, en que con motivo de la discusión del Estatuto Docente se planteó el término de las corporaciones y, por razones de tipo político, se optó por mantener 52 ó 53 de ellas en el país. Sin embargo, los mismos sectores que se opusieron al término de las corporaciones tienen claro que lo que planteo es una realidad objetiva, en la que no podemos obviar el acuerdo político que corresponde. En mi concepto, en la mañana de hoy hemos dado un paso sustantivo e importante en la aprobación del veto a la Ley de Rentas Municipales, al considerar que el presupuesto de educación forma parte del presupuesto municipal. Pero a eso hay que agregar la capacidad concreta de fiscalización del concejo. Más aún, claramente hay que establecer que estos recursos son fiscalizables por la Contralo- ría General de la República. En consecuencia, he incorporado al debate dos indicaciones. La primera, respecto de las subvenciones al sector particular. No me parece que solamente aquello que se entregará para el pago de remuneraciones deba utilizarse plenamente y, en consecuencia, significar infracción en caso de no ocurrir así. Me parece que el resto de los recursos, en la misma forma, debiera ser incorporado a esa fiscalización. Respecto de las corporaciones, tampoco estoy por eliminarlas o terminar con ellas, en el entendido de que algunas cumplen su función cabalmente. Sin embargo, creo que las corporaciones, así como los departamentos de educación municipal, tienen que ser fiscalizadas para que los recursos sean destinados a la educación, el fin por el cual estamos legislando. No quiero dar a conocer situaciones anómalas; pero en la práctica cuando uno ve que se divide una comuna -concretamente hablo de la de Conchalí- en la que existe una corporación, y de ella nace una nueva comuna, cada una llega a tener un número superior de funcionarios en su corporación, y eventualmente en ésta se utilizan los recursos destinados a educación para pagar honorarios, financiar los estadios, contratar personal para el aseo; en definitiva, se distorsiona absolutamente el destino de los recursos. Por eso, solicito al Ejecutivo, a través del señor Ministro presente, toda vez que la primera indicación fue declarada inadmisible, que analice la situación y le ponga atajo, única manera de obtener un avance sustantivo en la buena inversión de los recursos que estamos entregando. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- E1 Diputado señor Jaime Rocha es el último inscrito. Si no utiliza la media hora que resta, tendremos que esperar hasta las 23 para proceder a la votación. Tiene la palabra Su Señoría. El señor ROCHA.- Señor Presidente, hoy nos encontramos abocados a fijar nuevas normas destinadas a mejorar el Estatuto Docente que aprobamos hace ya varios años. Para el Diputado que habla ésta no es más que una nueva etapa que seguirá creando molestias, desasosiegos, movimientos y preguntas en un esquema profundamente negativo para la educación chilena, con graves e insoslayables carencias no superadas hasta hoy. Los radicales no quisimos nunca la municipalización y combatimos con firmeza la alcaldización, que era la perversión más absoluta del sistema al dejar en manos de un funcionario del gobierno autoritario el destino de todos los trabajadores de la educación. Por ello, los cuatro Diputados radicales, en el período anterior, nos abstuvimos de votar el Estatuto Docente. Pero debo reconocer que hemos avanzado y que los gobiernos democráticos mucho han hecho por mejorar la calidad de la educación; que el aporte, que hasta antes de este proyecto, que esperamos que sea ley, era apenas de 2.500 millones de pesos, el Estado lo ha llevado a más de 15 veces de lo que se invertía en educación cuando aún no teníamos democracia. Son hechos que suelen olvidarse con exagerada rapidez. Sin embargo, los problemas continúan y hoy hacemos un nuevo esfuerzo por introducir un nuevo ajuste hasta la próxima movilización. Observamos elementos positivos en este proyecto. Por ejemplo, el aumento considerable en el monto de las subvenciones, y yo, que re presento a sectores rurales, tengo el legítimo derecho a expresar mi satisfacción. Se mejoran y resuelven temas como la asignación de zona y otros beneficios a los maestros; pero echamos de menos soluciones a materias que son insoslayables y que tienen que ver con el financiamiento de la educación. Por ejemplo, el tema del financiamiento compartido, que, reconozcámoslo, fue una norma que aprobamos sin estudio, sin la mínima reflexión. Con su aprobación hemos llevado mucha angustia a muchos hogares chilenos. Por otra parte, no es posible que la subvención sea igual en una comuna pobre de la provincia de Santiago que en otra como Lota o Curanilahue. En este instante, cuando tengo la certeza de que mi posición y la de mi Partido -destinada a recrear un sistema de educación ágil y moderno dependiente del Ministerio de Educación, que debería impartir ésta en forma igualitaria para todos los niños y jóvenes de Chile-, han sido derrotados una vez más y que la municipalización en cada paso que demos, aunque debatido y controvertido, tiende a afianzarse en nuestro sistema educacional, valoramos como positivas las normas que hemos discutido esta noche, y los Diputados radicales les daremos nuestra aprobación. He dicho. El señor VIERA-GALLO.- Pido la palabra por un problema reglamentario. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra Su Señoría. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, tengo entendido, por el acuerdo que se ha firmado -que es de gran trascendencia- y por lo que han manifestado los honorables colegas, que todos tienen voluntad de votar favorablemente la idea de legislar. Al respecto, me gustaría sugerir que Su Señoría pidiera la unanimidad para dar por aprobado el proyecto, con lo que habríamos cumplido bien nuestra jornada de trabajo. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado informante, (señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, si no hay oposición, sería lógico que Su Señoría solicitara la unanimidad, pero considerando que la iniciativa contiene artículos que requieren quórum especial, pido que se deje constancia en la versión de que se cumple con los quórum respectivos. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- La única posibilidad de acoger la solicitud del Diputado señor Viera-Gallo es por unanimidad y no la hay. En consecuencia, y de acuerdo con el Reglamento, hay dos alternativas: esperar hasta las 23, que es la hora acordada de votación, o bien, declarar que el quórum existente en la Sala es el reglamentario para los efectos de la votación. Antes de resolver, solicito al señor Secretario que me señale el quórum existente en este momento en la Sala, para los efectos no de una, sino de más de una norma que requiera quórum especial. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, punto de Reglamento. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, puedo estar equivocado, pero entiendo que con la salvedad hecha por el Diputado señor Ortiz, hay unanimidad en la Sala. Si Su Señoría lo consulta, dejando las constancias del caso, podríamos resolver la dificultad. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, quiero explicarme bien. La unanimidad que no existe en la Sala es para que no se vote. Se me ha hecho presente por parte de un señor Diputado que se tome la votación. En consecuencia, debo garantizar el quórum; de lo contrario, la votación debe realizarse a las 23 horas, de conformidad con el acuerdo unánime de los Comités. El señor Secretario ha verificado el quórum de la Sala. Me informa que hay el número suficiente de Diputados que requiere esta votación. Se ha adelantado que existe criterio unánime respecto del proyecto, y sobre esa base, entiendo que también lo hay para adelantar la votación y hacerla en este instante. El señor NAVARRO - Señor Presidente, pido la palabra. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor NAVARRO - Señor Presidente, dado que la hora de votación está fijada a las 23, y algunos Diputados, en consideración a este acuerdo, no van a estar presentes, pido que los timbres se toquen el tiempo suficiente para permitir su regreso, toda vez que esta votación establece un compromiso importantísimo y a nadie le gustaría aparecer ausente y exponerse a ser cuestionado por los profesores. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ - Señor Presidente, el acuerdo unánime de los Comités es votar a las 23. Para acordar su adelanto, debe haber unanimidad, y nosotros no la estamos dando; faltan 20 minutos para votar. Ese es el punto. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Agradezco al Diputado señor Aguiló que aclare a la Mesa el punto exacto que hemos estado analizando. Debo hacer presente que siendo unánimes, en este caso, los acuerdos de Comités, sólo pueden alterarse por otro acuerdo unánime de la Sala. No obstante, si en este momento existe quórum en la Sala y hay unanimidad, resulta absurdo esperar hasta las 23 horas para votar. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, daremos la unanimidad. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Bien. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LATORRE (Vicepresidentes- Aprobado en general el proyecto. Asimismo, con el mismo quórum se entienden aprobadas las disposiciones de ley orgánica constitucional y de quórum calificado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allamand, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Cantero, Cardemil, Ceroni, Cornejo. Correa. Cristi (doña María Angélica), Chadwick, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, García (don José), Girardi, Gutiérrez, Hamuy, Hernández. Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, Latorre, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Montes, Morales, Moreira, Munizaga, Muñoz. Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriija, Rebolledo (doña Romy). Reyes, Ribera, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vargas. Vega, Venegas, Viera- Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wórner (doña Martita) y Zambrano. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la ley número 19.070 y al Decreto con Fuerza de Ley número 5, de 1993, del Ministerio de Educación, y establece los beneficios que indica. Boletín número 1196-04 Indicaciones presentadas al proyecto aprobado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Artículo 1° Número 2 1. De los señores Ulloa. Masferrer, Karelovic, í Moreira, Víctor Pérez y Longueira para eliminarlo. Número 4 2. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez- y Longueira para eliminar del artículo 22 propuesto, los numerales 1 y 4. Número 5 3. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez y Longueira para suprimirlo. Número 8 4. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, - Moreira, Víctor Pérez y Longueira para 1 agregar en el artículo 26 propuesto, la siguiente frase final: “Los docentes a contrata no podrán ocupar cargo docente-directivo.”. Número 9 5. De los señores Valenzuela y Montes para agregar la siguiente letra c) a este número: “c) Agrégase el siguiente inciso tercero: “Esta modalidad de asignación de horas sólo se aplicará una vez a cada profesor y por un número de horas que no podrá ser superior a las que logró por concurso.”.”. Número 11 6. De los señores Valenzuela y Montes para reemplazarlo por el siguiente: “Agrégase el siguiente artículo 28 bis: “Artículo 28 bis.- Los profesionales de la educación suscribirán contratos individuales con sus empleadores, los cuales deberán contener, a lo menos, las siguientes indicaciones: 1. Lugar y fecha del contrato. 2. Individualización de las partes. 3. Cargo o función y el establecimiento educacional en el cual prestarán los servicios. 4. Duración y distribución de la jomada semanal de trabajo, con indicación, en su caso, de las horas de docencia de aula y de aquellas correspondientes a actividades curriculares no lectivas. 5. Nivel o modalidad de enseñanza cuando corresponda. 6. Monto de la remuneración mensual. 7. Calidad de la designación y duración del contrato, en el evento de que éste sea a plazo fijo. 8. Cualquier otro pacto que acuerden las partes.”.”. Número Nuevo 7. Del Ejecutivo para consultar el siguiente número 12 bis nuevo: “12. Reemplázanse las letras b) y c) del artículo 30, por la siguiente: “b) El director del establecimiento que corresponda a la vacante concursable. c) Un docente elegido por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante a llenar”. Número 13 8. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez y Longueira para eliminarlo. 9. De los señores Valenzuela y Montes para reemplazar el encabezamiento del inciso primero que se propone mediante la letra b) de este número, por el siguiente: “Las vacantes docentes directivas y técnicos pedagógicas de establecimientos”. 14. Del Ejecutivo para sustituir la frase final del inciso primero de la letra b), después del pronombre “ellos”, reemplazando la coma que lo sigue por un punto, la siguiente oración: “El alcalde resolverá el concurso sobre la base de una tema que le presentará la Comisión.”. 15. De los señores Valenzuela y Montes para sustituir el inciso segundo que se propone, por el siguiente: “El nombramiento de dichos docentes directivos y docentes técnico pedagógicos tendrá una vigencia de cuatro años, al término de los cuales se deberá efectuar un nuevo concurso, pudiendo postular los profesionales en ejercicio.”. 16. De los señores Valenzuela y Montes para reemplazar en el inciso tercero propuesto por esta letra b), las palabras “El director” por la frase: “Los docentes directivos y docentes técnicos pedagógicos que habiendo postulado”. Número 14 17. De los señores Valenzuela y Montes para sustituirlo por el siguiente: “14.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 32, por el siguiente: “Las Comisiones Calificadoras de Concursos, previo análisis de los antecedentes relacionados con la excelencia en el desempeño profesional, la consideración de los años de servicio y el perfeccionamiento acumulado, emitirán un informe fundado que detalle un puntaje ponderado por cada postulante. Asimismo, durante el desarrollo y para la resolución de los concursos deberán considerarse siempre las normas de transparencia, imparcialidad y objetividad, que se señalen en el reglamento de esta ley.”. Número 15 18. De los señores Valenzuela y Montes para reemplazar el párrafo final del inciso primero del artículo 33, por el siguiente: “El alcalde designará al postulante que hubiere alcanzado el más alto puntaje en el concurso público, o al siguiente, en el evento de que éste no aceptara la designación o nombramiento.”. 19. De los señores Valenzuela y Montes para sustituir en el inciso segundo del artículo 33, las palabras “tres años” por “dos años” y para suprimir la oración final, o bien el Alcalde podrá renovar el nombramiento, por una sola vez. Número 17 20. De la Comisión de Hacienda para intercalar, entre las palabras “empleador que ha”, y “efectuado voluntariamente” que figuran en el nuevo inciso final propuesto por este número para el artículo 36, la frase: “desempeñado funciones profesionales definidas en el artículo 5° de esta ley, o ha realizado estudios de post-título o post-grado, habiendo”. Número 18 21. De la Comisión de Hacienda para suprimir letra b). 22. De la Comisión de Hacienda para reemplazar la última oración del artículo 37 de la ley número 19.070, por la siguiente: “Durante dicha interrupción podrán ser convocados para cumplir actividades que tengan carácter educacional, hasta por un período de 3 semanas.”. Número nuevo 24. De la Comisión de Hacienda para consultar el siguiente número nuevo: “...Para agregar como inciso segundo del artículo 38 de la ley número 19.070, el siguiente, pasando a ser tercero el actual segundo: “No obstante lo establecido en el inciso anterior, no podrá alegar menoscabo con motivo de las destinaciones que se disponga antes del inicio del año escolar, como consecuencia de la fijación o adecuación anual de las dotaciones practicadas en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal.”.”. Número 20 25. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez y Longueira para eliminarlo. Número 21 26. De los señores Valenzuela y Montes para intercalar en el inciso primero del artículo 41 bis propuesto, entre el vocablo “educación” y el pronombre relativo “que” la frase “incorporados desde 1995 y” Número 22 27. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez y Longueira para suprimirlo. Número 24 28. De los señores Ulloa. Masferrer, Karelovic. Moreira, Víctor Pérez y Longueira para eliminarlo. Número 25 29. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez y Longueira para suprimirlo. Número 27 30. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez y Longueira para eliminar la letra h) propuesta por la letra c) del numeral 1. 31. De la Comisión de Hacienda para reemplazar la letra c) contenida en el numeral 1por la siguiente: “c) Reemplázase en la letra f) el punto final (.) Por un punto y coma (;) y agréganse las siguientes letras g), h) e i): “g) Por haber sido inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos o condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. h) Por disminución de la dotación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley. i) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su empleo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883.”.”. 32. De los señores Valenzuela y Montes para introducir las siguientes modificaciones a la letra g) agregada por la letra c) del número 1 de este número: -colocar una coma después de la palabra “crimen” -agregar la siguiente frase final: “o simple delito que merezca pena aflictiva con la excepción de los correspondientes a condenas por delitos políticos en el período 1973-1989”. 33. De la Comisión de Hacienda para agregar, en el inciso segundo del numeral 2, entre las palabras “alcaldicio” y "que" las & expresiones "o la notificación”. 34. De la Comisión de Hacienda para eliminar el numeral 3 del número 28. (El Ejecutivo propone mantenerlo de acuerdo al texto de la Comisión de Educación). Número 28 35. Del señor Ulloa para sustituirlo por el siguiente: “28. Agrégase el siguiente artículo 52 bis: “Artículo 52 bis.- Los docentes podrán acogerse a un programa indemnizatorio de retiro voluntario anticipado, alternativo al establecido en la legislación vigente, en un plazo máximo de tres años, bajo la siguiente modalidad: -si el retiro se efectúa durante el primer año de entrada en vigencia de la presente ley, la indemnización entregada equivale a 1,2 veces el sueldo mensual, igual al percibido en el mes anterior al retiro, durante 14 meses, y con un mínimo de 17,5 unidades de fomento mensuales. -si el retiro se efectúa durante el segundo año de entrada en vigencia de la presente ley, la indemnización entregada equivale a una vez el sueldo mensual, igual al percibido en el mes anterior al retiro, durante 12 meses, con un mínimo de 7,8 unidades de fomento. -si el retiro se efectúa durante el tercer año de entrada en vigencia de la presente ley, la indemnización entregada equivale a un sueldo mensual, igual al percibido en el mes anterior al retiro, durante 8 meses, con un mínimo de 4 unidades de fomento mensuales. Al cabo del cuarto año de entrada en vigencia de la presente ley los docentes no podrán acogerse al mecanismo de indemnización antes descrito.”. 36. Del Ejecutivo para eliminar en el inciso tercero del artículo 52 bis, la frase “,o bien, la reincorporación del reclamante”. Número 29 37. De los señores Ulloa, Masferrer, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez y Longueira para suprimirlo. Número 30 De la Comisión de Hacienda para suprimirlo. (El Ejecutivo insiste en el texto aprobado por la Comisión de Educación). Artículo 2o 39. De los señores Valenzuela y Montes para anteponer como número 1, el siguiente, pasando los actuales 1, 2 y 3, a ser 2, 3 y 4, respectivamente: “1.- Intercálase como inciso segundo del artículo 4°, el siguiente: “Se entenderá que los establecimientos de difusión cultural y artística, complementarios de la formación escolar, administrados por los municipios, cumplen con los requisitos a que se refiere el inciso anterior, y, en consecuencia, dan derecho al beneficio de la subvención.”. 40. Del Ejecutivo para consultar como número 1., el siguiente, pasando los actuales 1, 2 y 3 a ser 2, 3 y 4., respectivamente: “1. Sustituyese el inciso segundo del artículo 5o. por el siguiente: “Para los efectos indicados en el inciso anterior, los establecimientos educacionales subvencionados deberán presentar anualmente, antes del término del primer mes del año escolar respectivo, un balance simplificado, según lo especifique el reglamento, que informe el monto de las sumas que destinaron a los rubros allí indicados, en el año laboral docente inmediatamente anterior. Tratándose de establecimientos administrados por las Municipalidades o por Corporaciones que los administren por cuenta de ellas, el señalado balance considera globalizadamente todos los establecimientos que tienen bajo su administración.” 41. De la Comisión de Hacienda para reemplazar, en el inciso cuarto del artículo 12, que se sustituye por el numeral 3, los guarismos “1993” y “15”, por “1994” y “17”, respectivamente. Artículo 3° 42. Del Ejecutivo para reemplazar en el inciso primero, la frase “años 1989. 1990, 1991, 1992 y 1993,” por la expresión “últimos cinco años”. 43. De la Comisión de Hacienda para agregar, en el inciso primero, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), lo siguiente: “motivado en condiciones de tipo estructural, socio-económicas o climáticas que deberán ser específicamente establecidas en el decreto con fuerza de ley.”. Artículo 4° 44. De los señores Valenzuela y Montes para reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 4°.- A contar desde 1995 las Municipalidades, a través de sus Departamentos de Administración Educacional o las Corporaciones Municipales, deberán formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal, que contemple, a lo menos: a) Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos educacionales del sector municipal de la comuna. Para estos efectos entre otras cosas se debe considerar los aspectos académicos, extraescolares, administrativos, y de partid-^ pación de profesores y apoderados. b) La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna, así como en los subsectores que parezcan relevantes. En ese marco evaluar la matrícula y asistencia media deseada y esperada en los establecimientos dependientes de la municipalidad para el año siguiente, y para los años posteriores. c) Las metas cuantitativas y cualitativas que cada establecimiento y el servicio comunal de educación pretende alcanzar. d) La dotación docente y el personal no docente requerido para el ejercicio de las funciones administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan en cada establecimiento y en la comuna. Asimismo, g deberán señalarse y fundamentarse las razones y necesidades técnicas en las que se basen las modificaciones que se hayan propuesto a la dotación. e) Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento y en la comuna. f) El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna. Dicho Plan deberá enmarcarse dentro de los objetivos comunales de educación, adecuarse a las normas técnico-pedagógicas y programas del Ministerio de Educación y tomar en consideración que se elaboren en conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la ley número 19.070. 45. -De la Comisión de Hacienda para agregar, en el inciso primero letra d), a continuación del punto final (.), lo siguiente: “La dotación deberá expresarse separadamente para cada una de las funciones señaladas en el artículo 5° de la ley N° 19.070, indicando además, si ésta se desempeña en establecimientos educacionales o en los Departamentos de Educación ya sea de las Municipalidades o de las Corporaciones Educacionales.”. 46. -Del Ejecutivo para agregar en el inciso segundo, reemplazando el punto final (.) por una coma (,) la siguiente oración: “y los aspectos académicos extraescolares y administrativos que deberán formular el personal directivo de cada establecimiento y las opiniones y propuestas formuladas por el cuerpo de profesores y los padres y apoderados.”. Artículo 5° 47. De los señores Valenzuela y Montes para sustituir el inciso primero, por el siguiente: “El Plan de Desarrollo Educativo Municipal deberá ser presentado por el alcalde, sancionado por el Concejo Municipal; y considerado por el Consejo Económico Social de acuerdo al artículo 71 letra a) de la ley N° 18.965, Orgánica de Municipalidades”. 48. Del Ejecutivo para sustituir el inciso segundo por el siguiente: “Los Departamentos Provinciales de educación examinarán el Plan y enviarán un informe al concejo comunal en un plazo que no podrá exceder de 15 días desde su recepción, informe que, entre otros elementos, deberá ser considerado por el Concejo al aprobar el Plan”. Artículo 6° 49. Del Ejecutivo para intercalar entre las palabras “Social” y la conjunción copulativa “y”, la frase “, a los padres y apoderados”. Artículo 7° 50. Del Ejecutivo para agregar en los incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, a continuación de las palabras “subvención adicional”, la expresión “especial”, (tercero estaría mal). 51. De los señores Dupré, De la Maza, Luksic para agregar la siguiente oración al inciso final: “Los recursos de origen fiscal, municipal o de instituciones públicas, que por cualquier concepto se destinen al financiamiento de establecimientos educacionales particulares subvencionados, estarán sujetos a la fiscalización de la Cámara de Diputados y de los órganos contralores competentes.”. Artículo 8° 52. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso primero, la palabra “inciso" por “incisos”. 53. De la Comisión de Hacienda para agregar en el inciso final, entre las palabras “señalado” y “la” la siguiente frase: “en los dos primeros incisos de este artículo”. Artículo 10 54. De la Comisión de Hacienda para sustituir en el inciso tercero: “Con todo, respecto de” por las expresiones "También recibirán dicha bonificación”. 55. De la Comisión de Hacienda para sustituir la frase: "les corresponderá percibir la bonificación proporcional a contar de la fecha antes señalada.”, reemplazando la coma (,) que le antecede por un punto (.). Artículo 11 56. Del Ejecutivo para agregar en la letra a) del inciso primero, a continuación de las palabras “subvención adicional”, la palabra "especial”. 57. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso segundo la frase “Para la determinación de los beneficios contemplados en este artículo.” por “En el año 1996 se aplicará el mismo procedimiento establecido en el inciso anterior 58. De la Comisión de Hacienda para agregar en el inciso tercero entre las palabras “complementaria” y “establecida” los términos “para 1996” y para reemplazar la palabra “negociación” por “contrato”. Artículo 12 59. De la Comisión de Hacienda para reemplazar la conjunción disyuntiva “o” que figura entre las palabras “asignación” y “bonificación” por los términos “u otra”. Artículo 14 60. Del Ejecutivo para agregar en el inciso segundo, a continuación de las palabras “subvencionado adicional”, la locución “especial”. Artículo 15 61. De la Comisión de Hacienda para agregar a continuación de las expresiones “por desempeño de excelencia”, lo siguiente: “para los establecimientos educacionales dependientes del sector municipal y los establecimientos particulares subvencionados que sólo se rigen por el Título I del D.F.L. número 5, de 1993, del Ministerio de Educación,”. (El Ejecutivo mediante indicación, repone el texto propuesto por la Comisión de Educación). Artículo 16 62. De la Comisión de Hacienda para reemplazar la letra d) del inciso segundo, por la siguiente: “d) Mejoramiento de las condiciones de trabajo, cumplimiento de las normas laborales y adecuado funcionamiento del establecimiento”. 63. De los señores Valenzuela y Montes para consultar la siguiente letra f), nueva: “f) Integración y participación de profesores y apoderados en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.”. Artículo 17 64. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso primero, la palabra “dividido” por “dividida”. (El Ejecutivo mantiene este inciso en los mismos términos propuestos por la Comisión de Educación). 65. De la Comisión de Hacienda para agregar en el inciso segundo, entre las palabras “será” e “imponible”, la palabra “no”. 66. De la Comisión de Hacienda para agregar el siguiente artículo 20, nuevo: “Artículo 20.- El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante el año 1995 se financiará con cargo a la partida 09-20-01. Subvención a Establecimientos Educacionales, del presupuesto del Ministerio de Educación.”. Artículo Nuevo 67. De los señores Valenzuela y Montes para agregar el siguiente artículo, nuevo: “Artículo...- Los establecimientos particulares subvencionados acogidos al financiamiento compartido sólo podrán acceder a los diferentes aportes e incrementos en las subvenciones establecidas en esta ley, si previamente establecen un convenio con el Ministerio de Educación donde se establece a lo menos: a) Colegiatura mensual por alumno que se proponen cobra como máximo en los próximos 5 años. b) Normas y sistemas de becas que asegure que los alumnos que ingresaron antes de la aplicación del financiamiento compartido puedan completar sus estudios en el establecimiento. c) Compromiso de emitir anualmente un informe con los ingresos y gastos del establecimiento, diferenciando los ingresos según fuentes. En particular dejar claramente establecido el destino de los recursos provenientes del financiamiento compartido. d) Compromiso de autorizar, facilitar y estipular la organización y el funcionamiento autónomo del centro de padres y apoderados. Artículos Transitorios Artículo Io 68. De los señores Masferrer, Ulloa, Karelovic, Moreira, Víctor Pérez y Longueira para suprimirlo. 69. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso cuarto, la frase “en esta ley, se reajustará con los futuros reajustes de remuneraciones” por “en la presente ley, será reajustable”. Artículo 3° 70. De la Comisión de Hacienda para reemplazar el inciso primero, por el siguiente: “Artículo 3°- En casos calificados, durante el año 1995, el Fisco podrá efectuar un aporte extraordinario de recursos a las municipalidades que administran establecimientos educacionales, directamente o a través de corporaciones, por un monto equivalente al mayor gasto que represente la aplicación de la asignación de zona en la forma establecida en los números 25, 30 y 31 del artículo 1° y en el artículo Io transitorio de esta ley por los años 1994 y 1995. El 0 aporte por el año 1995 será de un 50% del mayor gasto calculado por el año 1994.”. 71. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso segundo, la palabra “del”, que se encuentra a continuación de “entrega” por “de este”. 72. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso tercero los términos “determinará el monto” por “determinarán los montos”. Artículo 3° Bis, Nuevo 73. De los señores Valenzuela y Montes para agregar el siguiente artículo 3° bis transitorio: “Artículo 3o bis.- Los establecimientos particulares subvencionados que no paguen asignación de zona, deberán reintegrar al Ministerio de Educación los recursos recibidos para tal efecto”. Artículo 4° 74. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso tercero, la palabra “de” a continuación del término “establecimientos” por la expresión “en”. Artículo 5° 75. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso primero la frase “sea por propia iniciativa o de común acuerdo con dichos profesionales” por “sea por iniciativa de cualquiera de las partes”. 76. De la Comisión de Hacienda para sustituir en el inciso tercero, las palabras ‘Tal indemnización” por “La indemnización establecida en este artículo”. 77. De los señores Valenzuela y Montes para reemplazar “29 de febrero de 1996” por “29 de febrero de 1997”. Artículo 6° 78. De los señores Valenzuela y Montes para sustituir “29 de febrero de 1996” por “29 de febrero de 1997”. Artículo 6° Bis Nuevo 79. De los señores Valenzuela, Montes Ávila y Rodríguez para consultar el siguiente artículo 6o bis, nuevo: “Artículo 6° bis.- En los casos mencionados en los artículos 5o y T transitorios precedentes, el término de la relación laboral con los profesionales de la educación, se entenderá efectuada sólo desde el día en que el empleador haga entero y efectivo pago al trabajador, de las indemnizaciones menacionadas en dichos artículos transitorios”. Artículo 7° 80. De la Comisión de Hacienda para sustituir la última frase del inciso segundo, por la siguiente: “salvo que hayan transcurrido al menos cinco años desde su percepción.”. 81. De los señores Valenzuela y Montes para agregar el siguiente inciso cuarto: “Los profesionales de la educación que sufran de enfermedades que dificulten el desempeño de sus funciones docentes podrán solicitar acogerse a este artículo. Las horas docentes que quedaren vacantes por esta situación no necesariamente se suprimirán de la respectiva dotación docente y el Jefe Provincial de Educación podrá autorizar su reemplazo.”. Artículo Nuevo 82. De la Comisión de Hacienda para consultar el siguiente artículo 8° nuevo, pasando a ser los actuales artículos 8° a 15 transitorios, artículos 9° a 16 transitorio: “Artículo 8°.- Aquellas Municipalidades que no cuenten con los recursos para solventar íntegramente las indemnizaciones que proceda pagar por aplicación de los artículos quinto y séptimo transitorios, podrán solicitar al Fisco un aporte extraordinario, el que se financiará con cargo al Fondo de Adecuación Docente que se establece en el presupuesto del Ministerio de Educación para este efecto. Tal aporte no podrá exceder, para cada Municipalidad o Corporación, del 50% del costo de las indemnizaciones que le corresponda pagar y la suma total de dichos aportes no podrá superar el total de recursos asignados en el ítem respectivo. Las solicitudes de los aportes extraordinarios a que se refiere el inciso anterior deberán presentarse a la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente antes del 30 de julio de 1995. Un decreto del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda, establecerá los procedimientos para solicitar dicho aporte, la forma en que se rendirá cuenta de su utilización y los mecanismos de reembolso cuando proceda.”. Artículo 8° 83. Del Ejecutivo para sustituir en el inciso primero, la frase “30 de septiembre de 1993” por “30 de junio de 1994”. 84. Del Ejecutivo para agregar en el inciso segundo, entre las palabras “asimismo y” y la frase “la concesión”, la expresión “por el plazo de un año”. Artículo 9o 85. De la Comisión de Hacienda para' sustituirlo por el siguiente: "Artículo 9°.- Los establecimientos educacionales diurnos de Educación General Básica y Media, regidos por el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, que en los años 1995, 1996 y 1997 extiendan su jomada diaria de atención a todos los alumnos del establecimiento en una o dos horas de clases, podrán optar a una subvención que tendrá un valor unitario mensual por hora, por alumno, de 0,167 unidades de subvención educacional (USE), que se pagará en la forma establecida en los artículos 13 y 14 de dicha norma legal, durante los meses comprendidos en el año escolar.”. Artículo 10 86. De la Comisión de Hacienda para agregar en el inciso primero, entre las palabras “educacionales” y “se” la frase “que opten a dicha subvención”. 87. Del Ejecutivo para agregar el siguiente inciso tercero: “El Ministerio de Educación, mediante decreto supremo que dictará en un plazo de 60 días a contar desde la vigencia de la presente ley, establecerá un procedimiento para la aplicación del artículo anterior y de este artículo”. Artículo 10 88. De los señores Valenzuela y Montes para agregar al final del inciso primero, lo siguiente: “a que se refiere el artículo anterior, salvo que por razones fundadas lo permita el Jefe Provincial de Educación”. Artículo 12 89. De los señores Valenzuela y Montes para agregar el siguiente inciso segundo: “Estos decretos alcaldicios deben: a) expresar fielmente las actuales condiciones de trabajo de cada profesional de la educación, b) por carta certificada deben recibir copia de ellos en un máximo de 10 días después de firmados, c) dispondrán de 30 días, desde la fecha de recepción de la copia, para apelar de sus alcances ante el alcalde correspondiente, d) Los decretos alcaldicios sólo estarán vigentes si no se han presentado apelaciones.”. Artículo 13 90. De los señores Valenzuela y Montes para sustituirlo por el siguiente: “Artículo 13.- El Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Desarrollo Regional establecerán un plan de cinco años para la plena aplicación de las nuevas normas sobre A designación de docentes directivos y docentes técnico-pedagógicos. En el primer año deberá aplicarse a lo menos al con mayores dificultades para superarse.”. Artículo 14 91. De la Comisión de Hacienda para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: “La causal de término de la relación laboral que se establece en la letra i) de este mismo artículo, sólo tendrá aplicación a partir desde el Io de marzo de 1996, o desde la fecha en que entre en vigencia una ley que haga compatible y aplicable a los profesionales de la educación, la legislación sobre enfermedades profesionales”. 92. De los señores Valenzuela y Montes para sustituir “Io de marzo de 1996” por “Io de marzo de 1997”, y “octubre de 1995” por “en los años 1995 y 1996”. Artículos Transitorios. Nuevo 93. De los señores Valenzuela y Montes para consultar el siguiente artículo transitorio, nuevo: “La Secretaría Regional Ministerial abrirá un Registro de Profesionales de la Educación que sean titulares en municipio donde exista una dotación mayor de la requerida y que tengan disposición a cambiarse a otras comunas. Estos profesionales podrán incorporarse a las dotaciones de comunas que los requieran sin necesidad de concurso y manteniendo continuidad laboral para todos los efectos legales.”. 94. De los señores Valenzuela y Montes para agregar el siguiente artículo transitorio: “A los profesionales de la educación y al personal no docente que se desempeñan en los establecimientos educacionales administrativos por una Corporación Municipal, así como al personal de cualquier naturaleza que se desempeñe en funciones de administración en estas mismas Corporaciones, que en virtud de las disposiciones de esta ley deben cesar en sus cargos y que sin solución de continuidad sean incorporados a una dotación de los departamentos de Administración Educacional de la respectiva Municipalidad no les significará término de la relación laboral para ningún efecto, incluidas las indemnizaciones por años de servicio a que pudieran tener derecho con posterioridad a la vigencia de esta ley”. 95. De los señores Valenzuela y Montes para consultar el siguiente artículo transitorio, nuevo: “Todas las normas de la presente ley que afecten el derecho de propiedad de los profesionales de la educación no regirán para los profesores que hubieren suscrito contratos de trabajo o que hubieren sido designados antes de su entrada en vigencia.”. 96. - De los señores Dupré. De la Maza y Elizalde para consultar el siguiente artículo transitorio, nuevo: “Para los efectos de controlar el uso correcto de los recursos públicos y municipales destinados al financiamiento de la educación, las corporaciones nacidas al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, se considerarán entes públicos sometidos a la fiscalización del concejo municipal y al control y revisión de la Contraloría General de la República.”. 97. De los señores Valenzuela y Montes para consultar el siguiente artículo transitorio nuevo: “Dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, las personas jurídicas de derecho constituidas en conformidad al decreto con fuerza de ley número 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, deberán entregar a las Municipalidades correspondientes, la administración de los establecimientos educacionales que les fueron traspasados, sin perjuicio de que posteriormente se puedan formalizar nuevos convenios compatibles con la presente ley. Un decreto de los Ministerios del Interior y de Educación, establecerá el procedimiento para efectuar dicha entrega. VI. PROYECTOS DE ACUERDO. ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DE SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo. El señor Prosecretario dará lectura al primero. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 204, de los Diputados señores Seguel, Rodríguez, Ortiz, Rocha, García, don René; Reyes, Fantuzzi, Martínez, don Rosauro; Allamand, Pérez, don Aníbal; Barrueto, Pérez, don Víctor; Diputadas señorita Saa y señora Allende; señores Jara, Balbontín, Fuentealba, Cantero, Longton, Prokurica, Vilches, Latorre, Bartolucci, Karelovic, Chadwick, Ojeda, Masferrer, Elgueta, Salas, Makluf, Venegas, Hamuy, Zambrano, Ascencio, Estévez, Vega, Villouta, Letelier, don Felipe; Turna, Taladriz, Montes, Jürgensen, Acuña, Urrutia, don Salvador; Leay, Villegas y Palma, don Joaquín. “Considerando: “1°) Que la situación de la industria textil en nuestro.país requiere de urgentes e inmediatas soluciones que tiendan a regularizar su desarrollo afectado hoy día por una crisis profunda y preocupante. “2°) Que resulta indiscutible que la causa principal de esta delicada situación radica en el aumento de las importaciones de productos elaborados que en 1994 significaron valores superiores a los U$ 65.000.000, registrándose exportaciones sólo por un valor de U$ 14.600.000.- “3°) Que producto de esta pérdida de competitividad han desaparecido más de 6.000 puestos de trabajo en el sector textil y quebrado más de 37 empresas textiles. “4°) Que la razón principal por la cual se prefiere el producto textil importado es su bajo costo, el que se explica por los subsidios que recibe en su país de origen el fabricante, ya sea por mano de obra barata o incentivos tributarios. “5°) Que existen serias y fundadas presunciones para estimar que existe en el mercado textil competencia desleal y prácticas de dumping, provenientes tanto del mercado interno como del externo. “Por tanto: La Cámara de Diputados acuerda. “Encomendar a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo el estudio de la situación que afecta a la industria textil nacional y la proposición de soluciones y medidas concretas que ayuden a aliviar la crisis profunda por la cual atraviesa dentro del plazo de 90 días.” El señor LATORRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún Diputado que quiera apoyar el proyecto de acuerdo. El señor SEGUEL.- Pido la palabra. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, como todo el país sabe, la industria textil está en crisis, la que se prolonga desde hace varios años y a la cual no se le vislumbra solución. Resulta penoso constatar que un sector de la economía nacional, otrora tan importante, se encuentre en estado de postración y abandono, acarreando la cesantía de sus trabajadores y la quiebra de sus empresas. Creo, señor Presidente, que ha llegado el momento de preocupamos seria y profundamente del tema. Desde que las autoridades económicas encontraron en la liberalización de los mercados y en la libre competencia la solución a los males endémicos del país, muchas áreas de la producción se han visto sometidas, en forma sistemática, a ajuste tras ajuste, todo ello como producto de la apertura de los mercados nacionales al exterior. Con ello no deseo significar una oposición al modelo económico imperante, el que ha dado excelentes resultados para el país, pero no es posible seguir sosteniendo, en su nombre, que todo ha sido maravilloso y que ha beneficiado a todos. Tampoco resulta coherente sostener que para que nuestra industria textil sea competitiva, sus trabajadores deban laborar por menos del salario mínimo o por más tiempo de la jomada ordinaria que establece nuestra legislación, o que deban renunciar a la garantía consagrada en el N° 16° del artículo 19 de la Carta Fundamental. Los altos volúmenes que registran las importaciones de productos textiles o de ropa usada en los últimos años han significado la quiebra de más de 37 empresas textiles y la pérdida de más de 6 mil puestos de trabajo; todo ello por el bajo costo que registran los artículos provenientes del extranjero, lo que ha llevado a muchos empresarios a tener que desmantelar sus industrias y convertirlas en verdaderos galpones de mercaderías importadas que luego comercializan, reexportándolas. Para todos es conocido el hecho de que en muchos países desde los cuales se importan estos productos se utiliza el trabajo de menores de edad para abaratar costos, o se obliga a trabajar a los presos en esas industrias, lo que ha obligado a la OIT a emitir informes al respecto y a efectuar las recomendaciones pertinentes. Estimo de la mayor urgencia que, como parlamentarios, nos preocupemos del tema en forma prioritaria. Por ello, he patrocinado un proyecto de acuerdo que tiene por objeto radicar en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo el estudio y análisis de esta crisis tan grave para que, dentro del plazo de 90 días, efectúe las proposiciones o recomendaciones necesarias para superarla, ya que todos los parlamentarios estamos preocupados. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Turna, para argumentar a favor. El señor TUMA.- Señor Presidente, hay gran consenso en el país respecto de internacionalizar nuestra economía, abrir los mercados y aprovechar las ventajas comparativas de nuestro país. Todos sabemos que hemos formado una Comisión para tratar la crisis del sector agrícola. Asimismo, en el curso del año pasado se formaron Comisiones y se emprendieron acciones especiales por parte del Supremo Gobierno para enfrentar la crisis del carbón. Por lo tanto, creemos que miles de trabajadores que laboran en el sector textil también ameritan la atención no sólo del Congreso Nacional, sino también del Ejecutivo. Por ello, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista van a apoyar el proyecto de acuerdo, para que la formación de esta Comisión contribuya a formular una propuesta que saque al sector textil de la crisis en que se encuentra. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. El señor DUPRÉ.- Plantea un plazo de sólo 30 días. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se hace presente que se plantea un plazo de sólo 30 días, el que, lamentablemente, no estamos en condiciones de cambiar, aun cuando pareciera que es muy reducido para que la Comisión cumpla con lo que se le encomienda. Oportunamente se verá cómo se resuelve el punto. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, puede empezar a regir a contar de marzo. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. COMISIÓN ESPECIAL PARA ESTUDIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y CLUBES PROFESIONALES DE DEPORTE. El señor LATORRE (Vicepresidente).- E1 señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 205, de los Diputados señores Palma, don Andrés; Silva, señora Rebolledo, Montes, Ávila, Elgueta, Letelier, don Felipe; Villegas, Ascencio, señor Pollarolo, Huenchumilla, Palma, don Joaquín; Makluf, Seguel, Letelier, don Juan Pablo; Acuña, Turna. Ojeda, Urrutia, don Salvador; Zambrano; señora Allende, Ribera, Jürgensen y Sabag: “Con motivo del término del campeonato profesional de fútbol de 1994, se ha suscitado una fuerte y, a veces, agria polémica. Una parte importante de ella se ha debido al estrecho resultado deportivo del campeonato 1994; pero también se ha polemizado sobre el rol de los organismos superiores de la organización de este deporte empresa, trayendo al debate público, una vez más, el problema de los recursos de este sector económico. Al aprobarse por el anterior parlamento la modificación de los aportes de los sistemas g públicos de apuestas en beneficio de la actividad deportiva, se incrementó el aporte directo al fútbol profesional y amateur, al tiempo que los recursos directos destinados a la Digeder, la que, a su vez, realiza transferencias a los clubes e instancias del fútbol. En dicha oportunidad también se aprobó una disposición por la cual los clubes y asociaciones profesionales de deportes que reciben aportes de Digeder o provenientes de los sistemas públicos de apuestas, deben informar anualmente a la Superintendencia de Valores y Seguros de igual forma que lo hacen las sociedades anónimas abiertas respecto de sus movimientos financieros y comerciales. En este período de receso de las actividades propiamente competitivas del fútbol, por medio de la prensa, los ciudadanos nos enteramos de importantes “transacciones” que realizan los clubes deportivos, en algunos casos por cifras que superan los ingresos de recaudación estimadas para todo un año, estableciendo una sombra de duda sobre cómo funciona efectivamente este sector económico que tiene como fuente importante de financiamiento el aporte público. Por otra parte, también se ha informado profusamente por la prensa de la existencia de fuentes extraordinarias de financiamiento para estas actividades deportivas, al menos en los años 1995 y 1996, especialmente por medio de contratos de emisión televisiva de estas actividades. Si a esto se suman los ingresos por concepto de publicidad, es evidente que el acopio de recursos es significativo y lleva sanamente a preguntarse sobre la necesidad de disponer de los recursos públicos como lo ha hecho hasta ahora. Los aspectos señalados llevan a la necesidad de estudiar el funcionamiento de este sector de la actividad económica y a establecer la magnitud de los aportes realizados por el Estado y a la necesidad de mantenerlos, incrementarlos o disminuirlos. Por estas razones presentamos el siguiente Proyecto de Acuerdo: La Cámara de Diputados acuerda constituir una Comisión Especial, que se integrará de la misma manera que las Comisiones permanentes, para que, en el plazo de 180 días, se aboque a: 1.- Estudiar el funcionamiento de las asociaciones y clubes profesionales de deportes, desde el punto de vista de sus aspectos financieros y administrativos, relacionados con aportes públicos. 2. Identificar el monto y uso de los aportes directos e indirectos que estas actividades reciban del fisco y otras instancias públicas. 3. - Revisar los aspectos tributarios y laborales del funcionamiento de estas instituciones. 4. - Proponer un marco regulatorio para el funcionamiento de estas empresas si ello fuere necesario, de acuerdo con lo que la comisión concluya.” El señor LATORRE (Vicepresidente).- ¿Habría unanimidad para aprobarlo? El señor BARTOLUCCI.- No. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para sostener el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, la sola lectura de los considerandos del proyecto justifica la formación de una Comisión para investigar lo que se señala en su parte petitoria, y que ha leído el señor Prosecretario. Sólo agregaré que los estatutos de todos los clubes deportivos profesionales integrados a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, señalan que son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. En consecuencia, frente a los enormes movimientos de dinero invertido en infraestructura o en adquisición y venta de jugadores, cabe preguntarse si se justifican o no los aportes que actualmente hace el Estado, o si es menester que se inviertan en combatir la extrema pobreza o en otros fines sociales propios del Estado. En realidad, estas corporaciones sin fines de lucro son verdaderas sociedades algunos de cuyos dirigentes expresan, a través de publicaciones, que los resultados de la competencia muchas veces son manejados. Por esas razones y por las que señala esta presentación, apoyamos el proyecto de acuerdo para que se forme la Comisión que se propone, se investiguen los puntos señalados y, en definitiva, se regulen el funcionamiento de tales empresas y el marco en que deben desenvolverse las actividades de los jugadores profesionales de fútbol. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. El señor RIBERA.- Pido la palabra. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor RIBERA.- Señor Presidente, también quiero fundamentar mi voto favorable, basado en que toda destinación de fondos públicos deben tener algún tipo de control que los justifique, sobre todo si se realizan en favor de actividades que cada día son más parecidas a las de las empresas. No parece del todo claro que hoy día, cuando el fútbol ha derivado de actividades netamente recreacionales a otras donde se mueve mucho dinero, deban destinarse recursos fiscales o públicos a los clubes profesionales, sin que exista certeza de lo que se hace con ellos o que se justifique debidamente su utilización. Existen otras áreas, como la del deporte amateur, que agrupa todas las actividades deportivas vecinales y rurales, que carecen de fondos. Por lo tanto, quizás deberíamos replantear nuestra política de incentivos al deporte para destinar los recursos provenientes de la Polla Gol no tanto a los clubes profesionales, la mayoría de los cuales hoy son solventes, sino que a aquéllos a través de los cuales se puede masificar la práctica del deporte. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. -Aprobado. VIL INCIDENTES. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. 45° ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY QUE OTORGÓ DERECHO A VOTO A LA MUJER CHILENA. | El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el tumo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Munizaga. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, ha pasado casi medio siglo desde que se promulgó la ley que da igualdad política a la mujer chilena. Muchos fueron los prejuicios y las barreras que se debieron superar para lograr esta gran iniciativa que sin el apoyo del Presidente de ese entonces, don Gabriel González Videla y de su esposa, señora Rosa Markmann de González Videla, no se habría logrado. Desde entonces, Chile vive en un sistema realmente democrático y por eso se debe recordar con especial respeto y conciencia. La lucha de la mujer chilena por reivindicar sus derechos civiles y políticos data desde fines del siglo XIX; pero sólo en 1934, bajo el gobierno de Arturo Alessandri, se otorgó el derecho de sufragio en las elecciones municipales para la mujer. Esto significó un gran triunfo; pero aún quedaba un largo camino que recorrer. En la década del 20 se había creado un movimiento para organizar a las damas. De allí surgió el arrogante desafío de crear el primer partido Cívico Femenino. Este fue el precursor del primer Congreso Nacional de Mujeres, que se celebró en Santiago, en 1944. De allí nació la Federación Chilena de Instituciones Femeninas. Pocos años después, en el gobierno de don Gabriel González Videla, este grupo trabajó en forma ardua para lograr que el voto femenino se extendiera a la totalidad de las elecciones. En este trabajo se distinguió la fuerza de la señora Rosa Markmann quien logró que los parlamentarios de la época apoyaran las gestiones en favor de las mujeres de Chile. Ella fue el motor fundamental de dicha gestión, que pretendía ambiciosamente obtener el derecho a voto universal para la mujer. El proyecto comenzó a movilizarse en la Cámara Alta, y pronto fue aprobado. Esta era una gran victoria, pero faltaba el voto de los Diputados. La iniciativa se movió lentamente, hasta que logró salvar ese escollo gracias a la intervención de los parlamentarios Miguel Luis Amunátegui, Héctor Correa, Carlos Melej y Julio Durán. El proyecto quedó incluido en la Tabla para ser discutido en la sesión especial del 16 de diciembre de 1946. Ese día las mujeres, enfervorizadas, acudieron en un número extraordinario al Congreso. La galería y tribuna de la Cámara Baja estaban totalmente ocupadas. En la tribuna oficial, la señora Rosa Markmann y las dirigentes del movimiento femenino esperaban ansiosamente el resultado de la votación. Así, en medio de la sorpresa general, la iniciativa fue aprobada por unanimidad. Sólo el Diputado Manuel Huerta votó en contra. A las 11 del sábado 8 de enero de 1949, se llevó a efecto la histórica ceremonia de promulgación de la ley en el Teatro Municipal. En esa oportunidad, el Presidente de Chile, don Gabriel González Videla, rindió un cálido y sincero homenaje como eco de sus acendradas convicciones, y finalizó su discurso diciendo: “Mujeres, sois desde este instante ciudadanas de la República. De vuestra actuación dependerán el futuro y la felicidad de este pueblo de vivir en libertad y en plena democracia.” Luego, en medio de una atronadora ovación, el Presidente firmó el decreto que promulgó la ley del voto femenino. Las nuevas ciudadanas, con entusiasmo delirante y emocionada alegría, entonaron el Himno Nacional. Era la culminación de una dura y memorable jomada. Al cumplirse un aniversario más de la promulgación de la ley N° 9.292, deseo destacar la muy clara visión del ex Presidente de la República don Gabriel González Videla, el aporte de su esposa, en quien hoy rindo un homenaje, la señora Rosa Markmann de González Videla, y de los parlamentarios de la época, que permitieron la activa participación de la mujer en el proceso democrático de nuestro país. Al mismo tiempo, quiero destacar el importante papel que ha jugado la mujer chilena en el desarrollo político, económico y social a través de su participación en la vida democrática de nuestra República. He dicho. PROGRAMA PARA COMBATIR LA MOSCA DE LOS CUERNOS. Oficio. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el tiempo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Teodoro Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente, un problema que afecta en forma importante a nuestra masa bovina es la mosca de los cuernos, insecto que se introdujo al país por el norte y que, en los últimos 12 meses, se ha extendido rápidamente. Tiene un ciclo de vida muy corto. En sólo 10 días alcanza la edad adulta y se multiplica con suma velocidad. Produce nerviosismo en los animales y los enflaquece, lo que implica una pérdida importante especialmente para los pequeños campesinos, quienes no tienen los medios ni los conocimientos para combatir esta plaga. Por ello, diversos sectores de la zona que represento, me han hecho notar la necesidad de contar con algún tipo de ayuda estatal, ya sea medios como también conocimientos, para enfrentar esta plaga, que se une como una calamidad más a las que afectan a la zona agrícola. Hoy el precio de la carne en las ferias es bajo. La importación de carne argentina también es un flagelo, y esta nueva enfermedad produce una situación difícil a las pequeñas familias campesinas esencialmente que poseen algunos animales. Por estas razones, solicito que se envíe oficio. en mi nombre y en el de los Diputados de Renovación Nacional presentes en la Sala, al Ministro de Agricultura para que el Servicio Agrícola y Ganadero diseñe un programa para combatir a la mosca de los cuernos, especialmente en la Novena Región de la Araucanía. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado. Entiendo que se adhieren a la petición de este oficio, solicitando que el programa no sólo sea para la Novena Región, sino para todo el país, los Diputados señores Munizaga, ProkurÍ9a, Cantero, Álvarez-Salamanca, Hamuy y quien habla. ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIÓN DE NUEVOS TRIBUNALES. Oficios. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cantero. El señor CANTERO.- Señor Presidente, esta Corporación y el Parlamento en general,™ aprobaron un proyecto que creaba diversos tribunales en diferentes comunas y regiones del país. El Diario Oficial de la República, del sábado 12 de marzo de 1994, publicó la ley N° 19.298 que crea juzgados y cargos, modifica composición de cortes de apelaciones y disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y de la ley N° 18.776. En particular, en la Primera y Segunda Regiones se crearon varios tribunales. Específicamente, quiero saber qué ha pasado con el Segundo Juzgado de Letras de Menores con asiento en la comuna de Antofagasta y jurisdicción sobre las comunas de Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda, y con el Tercer Juzgado de Letras con asiento £ en la comuna de Calama y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de El Loa. Ocurre que ha concluido 1994 y, a la fecha, estos tribunales todavía no se han implementado. El propósito del legislador, atendido el hecho del aumento poblacional y la lentitud de los procesos, era lograr una administración de justicia más adecuada a los requerimientos de la zona. Por eso, solicito que se oficie a la Ministra de Justicia para que informe cuáles son las razones que justifican esta situación del todo irregular, inapropiada y que, además, no recoge el espíritu del legislador en pro de una adecuada administración de justicia. Asimismo, pido que se oficie a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para que informe respecto de esta misma materia, y entregue todos los antecedentes sobre cuándo se pondrán en funcionamiento estos tribunales, porque, según entiendo, es precisamente ésta la repartición del poder judicial que tiene injerencia en este tema. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados Hamuy y del que habla. DECLARACIÓN DE CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE SOBRE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA (ESO). Oficios. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cantero. El señor CANTERO.- Señor Presidente, el tiempo de Renovación Nacional que resta lo cedemos con el mayor agrado al honorable colega Mario Hamuy. El señor LATORRE.- En el tiempo que esta aún al Comité de Renovación Nacional, "tiene la palabra el Diputado señor Mario Hamuy. El señor HAMUY.- Señor Presidente, quiero hacer mía una declaración que ha conocido la opinión pública hace algunos días, de profesores y profesionales científicos del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, a través de la cual manifiestan la “insatisfacción por la versión más reciente del Acuerdo Interpretativo, Suplementario y Modificatorio del Convenio entre el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO).” Dicen que es su “deber hacer notar que el acuerdo propuesto es tanto en su forma como en su contenido inadecuado para los intereses del país y de la comunidad científica nacional, ya que no retribuye las amplias concesiones que Chile ha otorgado a la ESO: donaciones territoriales en Paranal, exenciones tributarias y arancelarias, e inmunidades y privilegios de operación en el país.” Y continúan diciendo “que nuestros comentarios y objeciones a este acuerdo” lo han hecho “llegar a las autoridades pertinentes en varias oportunidades durante las negociaciones”, pero como “no han tenido la debida acogida”, se ven “en la necesidad de promover públicamente el rechazo del Acuerdo Suplementario y reiterar una vez más los planteamientos básicos de los científicos nacionales: “El 10 por ciento del tiempo de telescopio para la astronomía nacional debe ser tiempo garantizado y no condicionado. “Esta concesión de tiempo debe ser igual en todos y cada uno de los telescopios que operen en el país. No es conveniente establecer convenios especiales para ciertos instrumentos, cualesquiera que sean sus características. La aceptación de tan sólo uno de ellos sentaría un precedente negativo para la negociación de futuros convenios. “El acceso al 10 por ciento del tiempo de telescopio debe ser administrado de la forma que Chile estime más conveniente, salvaguardando el carácter meritorio de las propuestas de observación. El Comité de Programas de Observación (OPC) puede ser un organismo transitorio de consulta, pero no de decisión definitiva para las propuestas chilenas. “Sólo deben tener acceso a esta garantía astrónomos pertenecientes a instituciones astronómicas chilenas. “El acuerdo Suplementario” con ESO “está redactado en términos tales que no sólo no satisface ninguna de las demandas anteriores, sino que, además, de ser aprobado resulta extremadamente difícil de modificar posteriormente.” Firman esta declaración la señora Mónica Rubio López, profesora asociada de Astrofísica de la Universidad de París; Edgardo Costa Hechenleitner, profesor asistente de la Universidad de Chile; Adelina Gutiérrez Alonso, profesora titular de Astronomía de la Universidad de Indiana; Hugo Moreno León, profesor titular, profesor de Matemáticas y Física de la Universidad de Chile; Claudio Anguita Cáceres, profesor titular; María Teresa Ruiz González, profesora titular, Astrofísica de la Universidad de Princeton; José Maza Sancho, profesor titular de Astronomía de la Universidad de Toronto; Patricio Loyola Olivares, profesor asociado, profesor de Matemáticas y Física de la Universidad de Chile; Guillermo Carrasco Villagra, profesor asociado y profesor de Matemáticas y Física de la Universidad de Chile; Patricio Ortiz Arce, profesor asistente de Astronomía de la Universidad de Toronto; Guido Garay Brignardello, profesor titular de Astronomía de la Universidad de Harvard; Carlos Torres Riaño, profesor asociado de Matemáticas y Física de la Universidad de Chile. Es indiscutible que estos científicos chilenos tienen una posición de salvaguardar los intereses de Chile en materia de astronomía. Por lo tanto, es muy importante que esta Honorable Cámara acoja el envío de oficios dirigidos sobre el particular a la Ministra de Bienes Nacionales, al Ministro de Relaciones Exteriores y a Su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de dar a conocer sus puntos de vista sobre la materia. He dicho. El señor LATORRE.- (Vicepresidente).- Se cursarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión del Diputado señor) Cantero y de quien habla. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 23.13 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.