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El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Wörner.
La señora WÖRNER.-
Señor Presidente, no pretendo redundar en la argumentación que mis colegas han dado en el curso del debate. No obstante, quiero subrayar algunas cuestiones que me parecen importantes y que dicen relación con una cuestión que, a mi juicio, no es menor y que seguirá manteniendo la discriminación del sector no docente en relación no sólo con el resto del personal a cargo de la educación, sino también con el de los funcionarios públicos.
Estoy cierta de que este personal no tiene la calidad de funcionario público, pero también tengo conciencia de que las delicadas funciones que realiza tienen incidencia directa y permanente en la calidad de la educación, que es una de las prioridades que se ha impuesto el Supremo Gobierno.
El personal no docente tiene un trato permanente con los alumnos y es el apoyo que muchas veces tiene el docente para llevar adelante con éxito las políticas preventivas del alcoholismo, de la drogadicción y de otras situaciones y problemáticas de la juventud. También es el que muchísimas veces, en lugares apartados, incluso fuera del ámbito de las aulas y del establecimiento, tiene mayor contacto con los jóvenes.
Desde el momento en que el proyecto dice expresa relación con inhabilidades para ejercer estas funciones por ejemplo, cuando se ha sido condenado por determinados delitos, nos está señalando que lo que se pretende es excelencia, idoneidad y honorabilidad a toda prueba, acorde con las delicadas funciones que se le entregan a este sector de la educación. De allí, entonces, que parece poco explicable que no se haga un esfuerzo por que sus remuneraciones estén acordes con la delicada función que se le asigna.
El Gobierno, haciendo un esfuerzo que no nos es ajeno en esta ocasión, ha señalado su deseo de mejorar las remuneraciones del sector público; por desgracia, este personal-reitero-no está considerado como parte de dicho sector. Además, ya antes desperdiciamos la oportunidad de haber legislado para crear un estatuto para el personal no docente tema que está fuera de la discusión, que habría mejorado sus condiciones y establecido una mejor forma de regular sus remuneraciones. Por último, si hoy ha quedado establecido, por decisión del Gobierno que ha hecho un esfuerzo considerable y serio, que ningún funcionario público que acceda al último grado de la escala única tendrá una remuneración inferior a 105.000 pesos, no parece explicable ni justo que este sector tenga sueldos tan exiguos.
En mi distrito, precisamente en Lota, en vísperas de navidad, fue necesario que hicieran un paro y una huelga de hambre verdaderamente crítica y lamentable, para conseguir un mejoramiento de sus condiciones, porque el 80 por ciento de los que desempeñan labores no docentes estaban recibiendo una remuneración inferior a los 60 mil pesos. Ciertamente, con eso no se puede estar en condiciones síquicas, físicas ni anímicas para cumplir con sus labores.
Es también lamentable ya se ha señalado aquí que quienes están desarrollando labores en los departamentos administrativos de educación municipal queden fuera de estos beneficios. Si para ello se ha dado una razón política, debiera buscarse con urgencia un mecanismo para evitar que estos departamentos sirvan como bolsas de empleo en lugar de responder a las necesidades reales de los municipios.
Eso debería hacerse fijando una claridad en cuanto a su dependencia, ya sea en la planta de personal municipal, o incorporándolos definitivamente al Estatuto Docente, o buscando una salida con una nueva reglamentación que no los discrimine. Ya sufrieron discriminación cuando no tuvieron derecho a recibir el aguinaldo otorgado en los dos últimos años en las leyes de reajustes para el personal no docente, docente y municipalizado.
Quiero manifestar nuestro apoyo al proyecto de ley en discusión, subrayando que seguimos en deuda con este sector, porque no hacemos justicia en cuanto a sus remuneraciones, discriminándolos aún más, cuando también quedan bajo la media y la mínima de los funcionarios públicos. Pero también estamos en deuda por no tener un personal no docente que responda a las exigencias y a la delicada labor que se le está entregando, si queremos mejorar la calidad de la educación y la efectividad de las políticas públicas que el Gobierno lleva adelante en materias destinadas a proteger a la juventud de lacras sociales que en la actualidad le está afectando.
Hago un llamado al Ejecutivo, reconociendo el avance que hoy se hace en la materia, sobre la urgente necesidad de solucionar la situación del personal que presta servicios en los departamentos administrativos de educación municipal. Sugiero al señor Ministro que el Ejecutivo presente en el Senado una indicación que solucione la situación, sea en una norma que la clarifique a través de una reforma al Estatuto Docente o de una norma especial en este proyecto, de manera que muy prontamente, y no en forma general e indeterminada en el tiempo, este personal alcance los mínimos remuneracionales que en la actualidad se están reconociendo y otorgando con justicia al sector público.
He dicho.
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