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El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, por lo dicho por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, está bastante clara la difícil situación de los no docentes. Se trata de un sector de trabajadores de la educación que perciben salarios muy bajos; muchos de ellos ganan el mínimo, en condiciones de trabajo bastante inadecuadas.
Es frecuente encontrar no docentes sin los implementos básicos para trabajar y con funciones muy poco claras. Muchas veces, se tienen que hacer cargo de los alumnos en los cursos; llevar a los que se accidentan, por ejemplo, a los hospitales. Los no docentes trabajan horas extras y por lo general éstas no son consideradas; tienen poca organización porque temen perder su trabajo.
El proyecto asume, en algún grado, la situación que se arrastra por muchos años, y propone una línea, en primer lugar, de incremento de remuneraciones y un bono especial, y un conjunto de normas para regular las condiciones de empleo.
Quiero reflexionar sobre cuatro cuestiones. En primer lugar, sobre el tema más global de la discusión entre estatuto versus contrato privado. En segundo lugar, si ésta es una forma pertinente de enfrentar los problemas de las escuelas. En tercer lugar, si el sistema de financiamiento es el más adecuado o no. Y finalmente, si esta relación es razonable para los colegios particulares subvencionados.
En relación con el primer tema, creo que todos tenemos claro que los recursos humanos son claves en el proceso de modernización del Estado. Es decisivo el recurso humano. Podrá haber mucha tecnología moderna, muchos diseños de procedimientos, pero si no hay recursos humanos en condiciones de asumir un Estado moderno, no vamos a tener Estado moderno.
Creo también que existe consenso nacional en que hay que modificar las relaciones del sector público. Hay problemas en el sector público, de distinta naturaleza: remuneraciones muy bajas y rígidas, remuneraciones según planta y escalafón, y no según el mérito del desempeño; una gran indefinición de meta de gestión, ausencia real de indicadores de desempeño, inoperancia de las evaluaciones del personal; faltan estímulos, premios; las relaciones laborales son jerárquicas y escasamente participativas; no hay concepto de recursos humanos ni fórmula de negociación colectiva o individual. Todo está muy centralizado; casi todas las variables relevantes son muy centralizadas. No hay programas de capacitación suficientemente significativos. Todo es parte de cierta pérdida de prestigio social de la función pública.
Frente a esta situación, existe la tendencia a decir que los estatutos son malos y que el Código del Trabajo es la solución. Este es el planteamiento en todos los proyectos de esta naturaleza por parte de la Oposición. La solución a todos estos problemas es aplicar el Código del Trabajo; no digo homogéneamente. Creo que hay distintas formas de aproximarse.
El alcalde señor Ravinet , presidente de la Asociación de Municipalidades, hace dos domingos, ha dicho a través de “El Mercurio” que él está por eliminar todos los estatutos, el docente, el de atención primaria, el de los empleados municipales, el del sector público en general.
En mi opinión, el debate recién ha empezado. Es una gran simplificación pensar que el miedo a ser despedido es muy potenciador de la función pública. Creo que los no docentes podrán decir qué ha significado el Código del Trabajo para ellos, porque están desde 1981 con él. O sea, lo que se propone hoy como solución es algo que se ha venido aplicando por bastantes años.
Las remuneraciones son bajas, no hay capacitación; no se genera la capacidad de negociación en los marcos actuales. Además, existe una tremenda desigualdad entre los municipios; no son homogéneos. Tampoco ha habido situación de huelgas ni de negociaciones colectivas.
Quiero leer lo que dice el señor Michel Crozier , a quien le pidieron que hiciera un análisis sobre cómo reformar el Estado en Suecia, Estados Unidos y Japón. También podría leer algunas referencias de un estudio de la OIT sobre el mismo tema en otros siete países industrializados.
Dice el señor Crozier : “todas las tentativas de control y estímulo del personal por medio de una reforma global de los estatutos inspirada por una idea modernista tomada del sector privado igualmente han fracasado.”
Continúa: “y de manera contraria a nuestras expectativas, las fórmulas de interés y participación menos formales pero sistemáticas, como los controles de calidad, encuentran poco eco.” Agrega: “Se percibe un nuevo período de reflexión muy marcado y esfuerzos considerables para desarrollar una concepción nueva del liderazgo e innovación en materia administrativa. Aparecen fórmulas nuevas de capacitación mucho más eficaces en torno de estas nuevas ideas así como valoraciones más matizadas y acreditadas de las calidades indispensables de los dirigentes reformadores respecto a que la administración pública del mañana requiere con urgente necesidad.”
El problema es mucho más de fondo que decir que los trabajadores tienen miedo a ser despedidos con el Código del Trabajo y por eso van a rendir mucho más. El problema del sector público es de cómo incorporamos la innovación en las relaciones laborales y de la forma de insertarse en el sector público; de cómo incorporamos formas que permitan lograr una mayor productividad y una mayor calidad en la atención al público; de cómo logramos que salgan del sistema aquellos que hacen mal o que no cumplen con su función.
En definitiva, necesitamos un sistema de relaciones laborales mucho más flexible y más enriquecido. Esto es, discutir cómo vamos a generar un estatuto jurídico adecuado a la función pública, pues la simple aplicación mecánica del estatuto privado no resuelve el problema.
En segundo lugar, y específicamente sobre el proyecto en discusión, hay que fortalecer las direcciones de los colegios y dar mayor capacidad de decisión en las escuelas. En esto son muy importantes los no docentes que cumplen funciones docentes, tales como sicólogos, cientistas sociales, muy ligados a la función educativa misma, y otras más de apoyo a las labores administrativas o auxiliares. Aquí ellos son de gran importancia. Pero si vamos a tener dentro de los colegios un estatuto jurídico para los docentes y otro para los no docentes, con dinámica de resolución distinta, una que va a provenir de un estatuto nacional y otra de uno local, en lugar de mejorar la posibilidad de gestar y de dirigir adecuadamente las escuelas la va a complicar, porque lo que importa en los colegios es que haya una mejor educación y lo que importa en relación con los no docentes es cómo ellos aportan a una mejor educación.
En tercer lugar, quiero hacer una rápida reflexión sobre el sistema de financiamiento. Estamos creando muchas subvenciones para diversos objetivos y, en definitiva, no estamos generando un sistema de financiamiento que dé más responsabilidad a los municipios en la educación. Tiene que haber una efectiva responsabilidad de los municipios en la gestión de la educación. Aquí se discute si entra o no el personal de las corporaciones. Si los municipios deben tener un sistema de financiamiento que los haga responsables, porque no puede ser que haya corporaciones con 150 ó 160 funcionarios y otras con 3. O sea, se requiere que haya un sistema de financiamiento, de decisión, de evaluación y de control que lo haga más plenamente responsable, porque estos recursos son para mejorar la educación y no podemos pensar en el tutelaje y en el paternalismo desde arriba hacia abajo. Tiene que haber un esquema de financiamiento que exija esa responsabilidad.
Aquí debemos discutir si los municipios están en condiciones de asumir la salud y la educación. Yo me he convencido de que la salud hay que entregarla a nivel regional y especializar a los municipios en educación para que cumplan bien esta función. Por muchas otras razones creo que la salud podría ser orquestada y coordinada de mejor forma a nivel regional. En materia de financiamiento este es un punto que está pendiente en el Ministerio; el cómo hacer un sistema de financiamiento que tenga que ver con el tamaño de los colegios, con la obligación de cumplir ciertos objetivos, según el tamaño, y no este tutelaje, separado en diez o quince aspectos y objetivos.
Finalmente, y un último tema de reflexión es el relacionado con el sector particular subvencionado. Aquí se le va a entregar al sector particular recursos para sus funcionarios no docentes y se le impone ciertas sanciones si no los destinan al objetivo de la ley.
Por otro lado, de una vez por todas tenemos que clarificar la relación del sector particular con el Estado. En la discusión del Estatuto Docente señalamos la importancia de que hubiera una relación contractual del Estado con los colegios particulares subvencionados, en que aquél proporcione los recursos y éstos cumplan determinados objetivos, tanto educativos como también respecto de sus trabajadores, de suerte que el incumplimiento acarree la no entrega de recursos. Hoy tenemos a un sector que para algunas cosas depende del Estado y para otras se considera muy autónomo, pero la verdad es que con el sector particular tenemos una discusión pendiente.
Termino, señalando que votaré favorablemente en general, por lo que implica en ingresos para los trabajadores no docentes, incrementa las remuneraciones y genera un bono. El resto debe ser objeto de una reflexión mayor.
Al igual que el Diputado señor Bayo pienso que aquí debiéramos haber incorporado a los no docentes dentro del Estatuto Docente, porque era una solución que homologaba las situaciones con todo el mejoramiento y perfeccionamiento que debe tener el Estatuto. No podemos caer en la simplificación del Código del Trabajo para extenderlo hacia la función pública. La modernización de la relación laboral en el sector público es todavía un debate pendiente que requiere de mucha reflexión y no de simplificación.
He dicho.
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