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Es lo que aprobamos en esta misma Sala allá por abril o mayo de 1991, cuando estaba en tramitación legislativa el Estatuto Docente, que después se transformó en la ley Nº 19.070. En esa ocasión, en esta Sala, con el apoyo de todos los parlamentarios de la época, me correspondió hacer una exposición en nombre de los cuarenta Diputados democratacristianos del período 9094, por cuanto se consideraba injusto estar legislando para los casi 134 mil profesores del sistema educacional chileno y dejar fuera al sector de complemento más importante del proceso educacional de nuestra patria: los no docentes. Debido a ello, expresamos nuestra preocupación y solicitamos lo cual después se reiteró por lo menos tres veces, mediante proyectos de acuerdo siempre aprobados por unanimidad que se dictara el estatuto del no docente. Por eso, en el Presupuesto de la Nación de 1991 se estableció una cifra para otorgar una asignación a estos funcionarios de la educación, situación que se fue repitiendo el 92, 93, 94 y 95. Pero el origen de esos fondos fue que ése era el comienzo para el estatuto del no docente. ¿Y qué significaba eso? Que este importante sector de la educación chilena también tuviera acceso a perfeccionamiento gratuito, situación que había perdido el magisterio chileno; que tuviera el reconocimiento de la antigüedad a través de bienios; que el personal que se desempeñaba en establecimientos educacionales de difícil acceso tuviera una asignación por desempeño difícil; que, por otro lado, se estableciera un estatuto que fijara normas claras sobre 44 horas semanales de trabajo y quedara claramente estipulado en qué forma se concederían las vacaciones de este personal. Lamentablemente, por situaciones políticas del momento, hubo un instante en que este proyecto fue aprobado en un 95 por ciento en la Comisión de Educación de la Corporación. En la Sala, hay parlamentarios que hemos participado desde el primer momento de esta gran inquietud. Sin embargo, con mucha paciencia, pero especialmente con confianza en nosotros y en las autoridades de Gobierno, los dirigentes de los no docentes esperaron el cambio de gobierno ya se sabía que había ganado con una gran votación el candidato de la época y actual Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle a fin de que, mediante un par de indicaciones, se mejorara el proyecto. Después de eso, cuando salió el Estatuto de Salud Municipal y se vio que había que reformar el Estatuto del Docente, las autoridades de Gobierno llegaron a la conclusión de que era imposible el tratamiento de un nuevo estatuto. Injusto quiero dejar constancia de ello en la Sala, en nombre de los actuales 37 Diputados democratacristianos que conformamos la bancada del 94 al 98, porque éste es un sector que no sólo ha tenido paciencia, como lo dije hace un rato, sino que, además, ha creído en nosotros, pensando en que efectivamente íbamos a responder a sus justas aspiraciones. Por desgracia, después llegó una indicación sustitutiva del Ejecutivo, la cual cambió prácticamente la totalidad del estatuto del no docente. ¿Cuál fue la reacción de los 13 Diputados integrantes de la Comisión de Educación de esta Corporación, en este segundo período? Por unanimidad, rechazamos esa indicación sustitutiva, dado el deseo de seguir legislando sobre el proyecto original. Lamentablemente, nos dimos cuenta de que, debido a que la Constitución de 1980 nos quitó casi todas las atribuciones que teníamos, no se aprobaría la iniciativa para los no docentes en el país. Como consecuencia de lo anterior, se presentó un nuevo proyecto. Quiero dejar claramente establecido en la Sala que esto se debió al esfuerzo y al trabajo de los 13 Diputados integrantes de la Comisión de Educación, quienes logramos demostrar que se debía aumentar el presupuesto original de 6.800.000 millones de pesos a 7.800.000 millones de pesos, recursos que se establecen para 1996. También quiero ser claro al decir que, lamentablemente, la educación chilena, respecto de la cual todos estamos de acuerdo en que debe dársele prioridad en nuestro país, cuestión que se reitera cada cierto tiempo, se financia con algo que no es justo: la unidad de subvención educacional que se otorga en función de la asistencia y no de la matrícula. No puede ser posible que, por diferentes circunstancias, se cambie todo. Lo más fuerte como argumento es que, por un lado, tenemos gastos fijos y, por otro, ingresos variables. Ésa es una transformación completa de la educación chilena. Por eso, la gran duda que uno tiene en este instante es rechazar el proyecto y que sigan esperando los no docentes, dejando constancia de todas las indicaciones firmadas por la mayor parte de los Diputados, o aprobar este proyecto, en espera de que haya una negociación en el Senado de la República, para que, en un tercer trámite, sea posible acceder a algunas de las peticiones de este importante gremio de nuestro país. Esta tarde quiero hacer un llamado especial al señor Ministro de Educación, que me honro por estar sentado a su lado, para que plantee en el Gobierno la posibilidad del patrocinio de una indicación, con el objeto de que esta futura ley, que significa un aumento real y efectivo de las remuneraciones de los no docentes, rija con efecto retroactivo, a contar del 1º de enero de este año y no después de promulgada, ya que este gremio no es culpable de que se haya demorado la tramitación del proyecto. Por lo demás, tengo en mi mano el informe de la Comisión de Hacienda, que en la mañana dio a conocer el Diputado informante, donde figura oficialmente el planteamiento de la Dirección de Presupuestos, que señala que hay un financiamiento de 7.791 millones de pesos para 1996. Aún más, desglosa los gastos cada seis meses, y fija un financiamiento de 3.341 millones de pesos para el semestre que va desde enero a junio de este año. Por lo tanto, están considerados los recursos para financiar el gasto por este concepto desde el 1º de enero de este año. Esta es la primera petición que hacemos al Ejecutivo a través del señor Ministro de Educación. En segundo lugar, hemos presentado siete indicaciones, firmadas por muchísimos parlamentarios. Sabemos que sólo una de esas podría tratarse en la Sala, porque, aunque fue rechazada en la Comisión de Educación, se puede insistir en ella con las firmas de 30 señores Diputados en el momento de la votación. Tiene que ver con las vacaciones; pero otros temas, especialmente los que se relacionan con el ingreso y los no docentes de las corporaciones de educación y de salud alrededor de 55 municipalidades no están contempladas también debieran ser objeto de indicaciones del Ejecutivo. Por eso, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, quiero expresar formalmente que esto no es lo que esperábamos para este gremio. Sin embargo, teniendo claro que no podemos volver a cometer el error de diciembre de 1993, vamos a votar favorablemente el proyecto en general; pero para la historia fidedigna de la ley, dejaremos estipulada nuestra disposición a aceptar, por lo menos, la retroactividad y, en segundo lugar, la integración de las corporaciones. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, deseo expresar mi preocupación por la forma en que abordamos el proyecto. No fue consecuente la excesiva calma con que el Ejecutivo consideró la solución de los problemas de los no docentes en los inicios legislativos con el tratamiento excesivamente acelerado, según mi opinión, que se le ha dado en los últimos días. La Sala escuchó de parte del Diputado señor Ortiz cómo comenzó la solución de los problemas de los no docentes. Quiero agregar que en el seno de la Comisión de Educación, cuando llegó el primer proyecto, se transformó en la ley Nº 19.070, la de los docentes, expresamos nuestra preocupación por no haber incorporado en ese cuerpo legal a los no docentes, por estimar que la extraordinaria labor que desarrollan los educadores no puede ser efectiva en plenitud sino con los funcionarios no docentes, que hacen posible que puedan sembrar la semilla que cosechan nuestros hijos. Nuestra preocupación de los inicios de la iniciativa es mayor ahora reitero por la aceleración excesiva de su tramitación en las últimas semanas. No es posible culpar de esto a la Constitución de 1980. El Diputado señor Ortiz sabe que ni ella ni la Comisión de Educación, ni menos los no docentes, cuyas inquietudes compartimos, son responsables de que hoy legislemos de esta forma. Recuerdo que a fines de 1995, por unanimidad de la Comisión de Educación, solicitamos al señor Ministro dividir el proyecto, frente a la posibilidad de no tener un instrumento acabado antes del receso, y tramitar en forme separada el artículo 17, que dice relación con el otorgamiento de una subvención complementaria de 76 mil pesos dentro de quince días contados desde la publicación de la ley. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los treinta y tantos mil funcionarios pudieran contar, por lo menos, con un anticipo de los fondos consignados en el presupuesto de la nación. Lo único que se pedía era desglosar la iniciativa y tratar una parte en forma separada, cuya tramitación nos comprometíamos a que fuera en un plazo brevísimo. Personalmente, hasta hoy no encuentro la justificación a la no aceptación de esta petición unánime de la Comisión de Educación, la cual se preocupó de debatir in extenso el proyecto del Ejecutivo. Compartimos las críticas del Diputado señor Ortiz , y por ello le introdujimos modificaciones. Hoy estimamos necesario incorporarle otras de mayor envergadura, relacionadas con materias que, desgraciadamente, no fueron tratadas en la Comisión, y que por el hecho de no haber sido presentadas como indicaciones durante ese trámite, estamos impedidos de hacerlo hoy si no se cuenta con la unanimidad de la Sala. No lo hicimos porque las indicaciones del Ejecutivo, solicitadas por la Comisión, sólo llegaron el 11 de enero. Estamos a 23 y el trámite de “suma urgencia” nos impide presentarlas. Trataremos que nuestras proposiciones sean acogidas en el Senado de la República, con el objeto de que alguna, siquiera, sea incorporada al proyecto y estos eficientes trabajadores, colaboradores insustituibles de la labor docente, puedan contar el día de mañana con un cuerpo legal que satisfaga sus aspiraciones. Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Siempre que sea para rectificar su punto de vista, como lo establece el Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, sólo me asalta una duda y pido que me sea aclarada por el Diputado informante o por el señor Ministro. El inciso segundo del artículo 9º dice: “Para determinar el monto mensual del aumento de remuneraciones establecido en el inciso anterior, los sostenedores de establecimientos educacionales distribuirán los recursos recibidos mediante procedimientos que consideren los criterios señalados en el artículo 8º.” Cuando se trata de establecimientos particulares subvencionados, está muy claro quiénes son los sostenedores; pero cuando se trata de establecimientos municipalizados, ¿quién es el sostenedor? ¿Va a ser el alcalde, el que de manera unipersonal determinará cómo calificar los cuatro elementos que se indican en el artículo 8º, para asignarles a determinados no docentes una remuneración, y a otros una distinta? ¿O será la municipalidad, entendiendo por tal el alcalde y el concejo municipal? Este punto no está claro y me preocupa que quede entregado exclusivamente a la discrecionalidad del alcalde. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, termino reiterando que las indicaciones que hemos redactado los Diputados señores Claudio Rodríguez , Presidente de la Comisión; Solís , Valcarce y quien habla, que estimamos sumamente importantes para mejorar el proyecto, las haremos llegar al Senado de la República, con el objeto de que se mejore y perfeccione este instrumento, el cual, producto de la manera en que lo estamos tratando, no saldrá de la Cámara en la forma que muchos hubiésemos querido. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, por lo dicho por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, está bastante clara la difícil situación de los no docentes. Se trata de un sector de trabajadores de la educación que perciben salarios muy bajos; muchos de ellos ganan el mínimo, en condiciones de trabajo bastante inadecuadas. Es frecuente encontrar no docentes sin los implementos básicos para trabajar y con funciones muy poco claras. Muchas veces, se tienen que hacer cargo de los alumnos en los cursos; llevar a los que se accidentan, por ejemplo, a los hospitales. Los no docentes trabajan horas extras y por lo general éstas no son consideradas; tienen poca organización porque temen perder su trabajo. El proyecto asume, en algún grado, la situación que se arrastra por muchos años, y propone una línea, en primer lugar, de incremento de remuneraciones y un bono especial, y un conjunto de normas para regular las condiciones de empleo. Quiero reflexionar sobre cuatro cuestiones. En primer lugar, sobre el tema más global de la discusión entre estatuto versus contrato privado. En segundo lugar, si ésta es una forma pertinente de enfrentar los problemas de las escuelas. En tercer lugar, si el sistema de financiamiento es el más adecuado o no. Y finalmente, si esta relación es razonable para los colegios particulares subvencionados. En relación con el primer tema, creo que todos tenemos claro que los recursos humanos son claves en el proceso de modernización del Estado. Es decisivo el recurso humano. Podrá haber mucha tecnología moderna, muchos diseños de procedimientos, pero si no hay recursos humanos en condiciones de asumir un Estado moderno, no vamos a tener Estado moderno. Creo también que existe consenso nacional en que hay que modificar las relaciones del sector público. Hay problemas en el sector público, de distinta naturaleza: remuneraciones muy bajas y rígidas, remuneraciones según planta y escalafón, y no según el mérito del desempeño; una gran indefinición de meta de gestión, ausencia real de indicadores de desempeño, inoperancia de las evaluaciones del personal; faltan estímulos, premios; las relaciones laborales son jerárquicas y escasamente participativas; no hay concepto de recursos humanos ni fórmula de negociación colectiva o individual. Todo está muy centralizado; casi todas las variables relevantes son muy centralizadas. No hay programas de capacitación suficientemente significativos. Todo es parte de cierta pérdida de prestigio social de la función pública. Frente a esta situación, existe la tendencia a decir que los estatutos son malos y que el Código del Trabajo es la solución. Este es el planteamiento en todos los proyectos de esta naturaleza por parte de la Oposición. La solución a todos estos problemas es aplicar el Código del Trabajo; no digo homogéneamente. Creo que hay distintas formas de aproximarse. El alcalde señor Ravinet , presidente de la Asociación de Municipalidades, hace dos domingos, ha dicho a través de “El Mercurio” que él está por eliminar todos los estatutos, el docente, el de atención primaria, el de los empleados municipales, el del sector público en general. En mi opinión, el debate recién ha empezado. Es una gran simplificación pensar que el miedo a ser despedido es muy potenciador de la función pública. Creo que los no docentes podrán decir qué ha significado el Código del Trabajo para ellos, porque están desde 1981 con él. O sea, lo que se propone hoy como solución es algo que se ha venido aplicando por bastantes años. Las remuneraciones son bajas, no hay capacitación; no se genera la capacidad de negociación en los marcos actuales. Además, existe una tremenda desigualdad entre los municipios; no son homogéneos. Tampoco ha habido situación de huelgas ni de negociaciones colectivas. Quiero leer lo que dice el señor Michel Crozier , a quien le pidieron que hiciera un análisis sobre cómo reformar el Estado en Suecia, Estados Unidos y Japón. También podría leer algunas referencias de un estudio de la OIT sobre el mismo tema en otros siete países industrializados. Dice el señor Crozier : “todas las tentativas de control y estímulo del personal por medio de una reforma global de los estatutos inspirada por una idea modernista tomada del sector privado igualmente han fracasado.” Continúa: “y de manera contraria a nuestras expectativas, las fórmulas de interés y participación menos formales pero sistemáticas, como los controles de calidad, encuentran poco eco.” Agrega: “Se percibe un nuevo período de reflexión muy marcado y esfuerzos considerables para desarrollar una concepción nueva del liderazgo e innovación en materia administrativa. Aparecen fórmulas nuevas de capacitación mucho más eficaces en torno de estas nuevas ideas así como valoraciones más matizadas y acreditadas de las calidades indispensables de los dirigentes reformadores respecto a que la administración pública del mañana requiere con urgente necesidad.” El problema es mucho más de fondo que decir que los trabajadores tienen miedo a ser despedidos con el Código del Trabajo y por eso van a rendir mucho más. El problema del sector público es de cómo incorporamos la innovación en las relaciones laborales y de la forma de insertarse en el sector público; de cómo incorporamos formas que permitan lograr una mayor productividad y una mayor calidad en la atención al público; de cómo logramos que salgan del sistema aquellos que hacen mal o que no cumplen con su función. En definitiva, necesitamos un sistema de relaciones laborales mucho más flexible y más enriquecido. Esto es, discutir cómo vamos a generar un estatuto jurídico adecuado a la función pública, pues la simple aplicación mecánica del estatuto privado no resuelve el problema. En segundo lugar, y específicamente sobre el proyecto en discusión, hay que fortalecer las direcciones de los colegios y dar mayor capacidad de decisión en las escuelas. En esto son muy importantes los no docentes que cumplen funciones docentes, tales como sicólogos, cientistas sociales, muy ligados a la función educativa misma, y otras más de apoyo a las labores administrativas o auxiliares. Aquí ellos son de gran importancia. Pero si vamos a tener dentro de los colegios un estatuto jurídico para los docentes y otro para los no docentes, con dinámica de resolución distinta, una que va a provenir de un estatuto nacional y otra de uno local, en lugar de mejorar la posibilidad de gestar y de dirigir adecuadamente las escuelas la va a complicar, porque lo que importa en los colegios es que haya una mejor educación y lo que importa en relación con los no docentes es cómo ellos aportan a una mejor educación. En tercer lugar, quiero hacer una rápida reflexión sobre el sistema de financiamiento. Estamos creando muchas subvenciones para diversos objetivos y, en definitiva, no estamos generando un sistema de financiamiento que dé más responsabilidad a los municipios en la educación. Tiene que haber una efectiva responsabilidad de los municipios en la gestión de la educación. Aquí se discute si entra o no el personal de las corporaciones. Si los municipios deben tener un sistema de financiamiento que los haga responsables, porque no puede ser que haya corporaciones con 150 ó 160 funcionarios y otras con 3. O sea, se requiere que haya un sistema de financiamiento, de decisión, de evaluación y de control que lo haga más plenamente responsable, porque estos recursos son para mejorar la educación y no podemos pensar en el tutelaje y en el paternalismo desde arriba hacia abajo. Tiene que haber un esquema de financiamiento que exija esa responsabilidad. Aquí debemos discutir si los municipios están en condiciones de asumir la salud y la educación. Yo me he convencido de que la salud hay que entregarla a nivel regional y especializar a los municipios en educación para que cumplan bien esta función. Por muchas otras razones creo que la salud podría ser orquestada y coordinada de mejor forma a nivel regional. En materia de financiamiento este es un punto que está pendiente en el Ministerio; el cómo hacer un sistema de financiamiento que tenga que ver con el tamaño de los colegios, con la obligación de cumplir ciertos objetivos, según el tamaño, y no este tutelaje, separado en diez o quince aspectos y objetivos. Finalmente, y un último tema de reflexión es el relacionado con el sector particular subvencionado. Aquí se le va a entregar al sector particular recursos para sus funcionarios no docentes y se le impone ciertas sanciones si no los destinan al objetivo de la ley. Por otro lado, de una vez por todas tenemos que clarificar la relación del sector particular con el Estado. En la discusión del Estatuto Docente señalamos la importancia de que hubiera una relación contractual del Estado con los colegios particulares subvencionados, en que aquél proporcione los recursos y éstos cumplan determinados objetivos, tanto educativos como también respecto de sus trabajadores, de suerte que el incumplimiento acarree la no entrega de recursos. Hoy tenemos a un sector que para algunas cosas depende del Estado y para otras se considera muy autónomo, pero la verdad es que con el sector particular tenemos una discusión pendiente. Termino, señalando que votaré favorablemente en general, por lo que implica en ingresos para los trabajadores no docentes, incrementa las remuneraciones y genera un bono. El resto debe ser objeto de una reflexión mayor. Al igual que el Diputado señor Bayo pienso que aquí debiéramos haber incorporado a los no docentes dentro del Estatuto Docente, porque era una solución que homologaba las situaciones con todo el mejoramiento y perfeccionamiento que debe tener el Estatuto. No podemos caer en la simplificación del Código del Trabajo para extenderlo hacia la función pública. La modernización de la relación laboral en el sector público es todavía un debate pendiente que requiere de mucha reflexión y no de simplificación. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, tal como lo han planteado parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, la historia de esta iniciativa legal es bastante larga. En el intertanto en que se ha discutido, en el debate público ha existido una serie de cuestionamientos que han contribuido a que se alargue. Pero creo que es bienvenida, sin perjuicio de que haya afectados, sin ir al caso particular y considerando que los no docentes tienen bajas remuneraciones, tal como lo planteaba el Diputado señor Montes, esta reflexión va mucho más allá que el proyecto en particular. Más bien debería apuntar hacia cómo vamos a organizar el sistema educacional, y al hablar de éste, también lo vinculamos al municipal y la reflexión abarca, asimismo, al sector público. Desde que se presentó el proyecto primitivo advierto una tendencia en el sector público, en este Estatuto y en el Estatuto Docente, a una mayor flexibilidad, a la consolidación de la descentralización y la existencia de una mayor autonomía. Aquí se discuten tres proyectos en paralelo, desde el momento en que se vinculan con el estatuto de los funcionarios. El proyecto en discusión lo rigidiza en función del estatuto jurídico que hoy los rige y no del primitivo; pero, paralelamente en la Comisión de Obras Públicas, se discute otra iniciativa que es exactamente al revés; es decir, cómo flexibilizar el estatuto de los funcionarios públicos, en forma específica en el Ministerio de Obras Públicas. Por su parte, en el Senado se discute otro proyecto relacionado con aduanas. En síntesis, advierto que la tendencia existente se dirige no hacia una mayor rigidización ni centralización, sino, en general, hacia mayores grados de flexibilidad en la Administración Pública. Por lo tanto, esto no es un tema menor. Habría sido importante habernos dado más tiempo para evaluar qué ha ocurrido con el Estatuto Docente y con el de atención primaria, pero no me parece que la tendencia deba ser terminar con un estatuto para cada función pública, porque al final esto se transformaría en una anarquía en que para cada función y trabajo tengamos un estatuto jurídico distinto. En materias tan importantes como son las relaciones laborales en el sector público, en el sector docente, debería existir coherencia, y al final, optar por una política o una estrategia determinada. Tengo la impresión de que lo que se plantea hoy es el mal menor y fruto de una transacción, un mal menor en términos de no insistir en el proyecto primitivo que establecía un estatuto a nivel nacional, cuyos efectos han demostrado que no es el mejor, pero tampoco mantener las actuales normas vigentes, sino llegar a un punto intermedio. Es decir, si tuviera que calificar el proyecto, lo haría en términos híbridos, que no obedecen a una concepción. Vamos a pasar de una negociación de un estatuto a nivel nacional a uno a nivel local. Creo que debería ser motivo de una reflexión bastante mayor la organización definitiva del sector. Por eso, me preocupa que, existiendo una tendencia hacia mayores grados de descentralización, de autonomía y de flexibilidad, avancemos en sentido contrario. Quizás la debilidad de los no docentes era no tener la facultad de negociar colectivamente, es decir, tenían una potestad muy limitada en cuanto a las posibilidades de negociar sus propias remuneraciones. Pero, indudablemente, el tener una definición significa tenerla con todas sus consecuencias. Por eso, a lo menos en parte del proyecto se amplía la negociación colectiva. Pero ello debería incluso extenderse eventualmente al sector municipal. Entiendo la razón de establecer un precedente en este caso, pero me preocupa que se creen precedentes relativos al concepto de subvención; que empecemos a legislar, en forma más reiterada, para que las subvenciones, como concepto, vayan destinadas a fines específicos. Entiendo que las razones para asegurar al menos dos años para los no docentes se refiere a que el aumento de subvención se destinará al aumento de remuneraciones, pero me preocupa lo más permanente, porque, en definitiva, el sentar precedentes en el sentido de que la subvención se destine a fines específicos significará que las unidades educativas y que los sostenedores cada vez tendrán menos autonomía para tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, tendremos subvención para aumentar remuneraciones, después habrá otra subvención especial, por otro concepto, y así sucesivamente; es decir, eliminando el concepto de que la subvención es un concepto global y las entidades o los sostenedores son autónomos para administrarlas de acuerdo a sus criterios. Desde mi punto de vista, el final del proceso no debería ser muchas veces el fijarnos en estas situaciones, sino más bien evaluarlo por los resultados, sobre todo en el tema de la subvención como concepto. Indudablemente, preferiría normas que se han establecido en otros cuerpos legales, como premiar los buenos desempeños, estimular los establecimientos que así lo hagan y, obviamente, darles más poder para que exista un contrapeso de quienes trabajan en el lugar. No quiero alargarme más en mi intervención, pero me gustaría tener una mejor evaluación de la organización del sector, sobre todo, porque en el último tiempo ha habido cambios muy radicales que, partiendo de situaciones muy rígidas y centralizadas, la tendencia actual de la Administración Pública es dotar de un mayor grado de flexibilidad y de autonomía, tal como se ha demostrado en tres proyectos distintos que se tramitan en el Congreso. Pero me temo que este proyecto, tanto en lo que se refiere a las subvenciones como a las normas relativas no al aumento de remuneraciones, sino al estatuto laboral, lejos de flexibilizar tiende a rigidizar lo que deberían ser unidades más autónomas que deberían funcionar con mayor grado de flexibilidad. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señorita Saa. La señorita SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, desde distintos aspectos, mis colegas han expresado su preocupación frente al proyecto que mejora las remuneraciones del personal no docente. Quiero sumarme a ellas y en especial a las reflexiones del Diputado señor Montes, en lo que significa el sector del Estado en relación con sus trabajadores y a la necesidad de adoptar criterios más profundos en torno al problema de los trabajadores del Estado. Hoy nos encontramos ante un sector de trabajadores muy determinado e injustamente rezagado, porque son parte del sistema educativo municipal y debieron haber sido considerados en el Estatuto Docente. Hubo dificultades para que fueran considerados. No fue sólo una omisión legislativa o del Ejecutivo: el Colegio de Profesores dio razones para no incorporarlos. A mi juicio, su labor tiene que ver con la función educativa, aunque sea más indirectamente que otras. En la tramitación de la modificación del Estatuto Docente, algunos fuimos partidarios de que los no docentes recibieran la asignación de desempeño que se daba al establecimiento educacional. Sin embargo, el Colegio de Profesores también se opuso a eso y no logramos que participaran de dicha asignación. Los no docentes, que constituyen un sector significativo de los trabajadores municipales, han sido injustamente rezagados, hecho que este proyecto intenta corregir. Mediante el aumento de sus remuneraciones, se responde a las aspiraciones del sector, pero, desde el punto de vista de las relaciones laborales, no queda clara una homogeneidad para éste. Si bien solucionamos algunos problemas, otros quedan pendientes, por no homogeneizar al sector. Un ejemplo de ello es el caso de los trabajadores no docentes de las corporaciones municipales, que, por las características de corporaciones privadas sin fines de lucro, quedarán con relaciones laborales diferentes a las de los dependientes de los DEM. Lo mismo ocurrirá con los no docentes que trabajan en los DEM, quienes quedarán sin ninguna claridad y más bien aislados en sus relaciones laborales. Es un tema que nos preocupa y deberíamos estudiar cómo asumirlo. En mi opinión, hay algunos avances importantes, pero necesitan estar dentro de la reflexión general que debemos hacer, y la echo de menos tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo, respecto de los trabajadores del Estado: ¿Qué eficacia tiene esta descentralización? Pienso que facultar a los municipios para que los concejos tomen el acuerdo importa dejarlo claro, porque un colega lo preguntó es un desafío para aquéllos, en cuanto a establecer estos estatutos a nivel local. Este aspecto tiene importancia habría que ver sus resultados en términos de descentralización, además de acoger la aspiración municipal de no tener que regirse por estatutos generales que rigidizan la relación de los municipios con sus trabajadores. Es un desafío relevante asegurar a los trabajadores la posibilidad de formar asociaciones de funcionarios, de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 19.296, lo que puede significar un buen aprendizaje, en términos de fijar estas plantas municipales, y abordar el problema de los no docentes desde una perspectiva local. En general, el PPD votará favorablemente el proyecto. Sin embargo, por haber sido éste calificado con urgencia de “suma”, no se han podido formular indicaciones en la Cámara, pero hablaremos con nuestros Senadores para que presenten las tendientes a corregir estas situaciones discriminatorias con respecto a los trabajadores de las corporaciones de educación de los municipios, para que ese personal no docente pueda optar por no negociar colectivamente y mantenga vigente los beneficios económicos derivados de sus contratos, debidamente reajustados en conformidad con la variación que experimente el IPC. Además, insistiremos en la indicación propuesta por el Diputado señor Felipe Valenzuela. Esperamos que tengan acogida y sean compatibles con la actual normativa. En todo caso, en el Senado debemos buscar la manera de perfeccionar el proyecto para hacer justicia a las sentidas aspiraciones de estos trabajadores y legislar en beneficio de los empleados del Estado, de los cuales forman parte. Me sumo a la petición de los colegas, en el sentido de que el aumento de las remuneraciones y esta ley rija a partir del 1º de enero de 1996, de manera que no afecte los intereses y las justas compensaciones de este sector tan postergado. Por último, en la Comisión de Educación analizamos el caso de los no docentes profesionales algo señalé, pero quiero profundizar, que no actúan sólo en un colegio. En la Comisión hubo un avance, porque ampliamos el campo del concepto del profesional no docente, sin enumerar taxativamente el relativo a algunas profesiones, ya que otras podían quedar fuera de este ámbito. Además, la amplitud también dependerá de los planes educacionales de cada municipio. Sin embargo, la labor de muchos profesionales no docentes no está radicada en un colegio. Hay muchos que realizan tareas para todos los establecimientos, los cuales estarían quedando fuera de la posibilidad de estos contratos “negociados” por estas asociaciones gremiales. Nos preocupa la situación de los no docentes profesionales asimilados a esta categoría, pero tienen características específicas que es necesario considerar. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, en los seis años que llevamos en el Parlamento, es difícil encontrar un proyecto que haya tenido tantas dificultades para su despacho como el que estamos estudiando, las que se originan en la forma en que se hizo la entrega de los establecimientos educacionales a los sostenedores municipios o corporaciones privadas que se conformaron en ese tiempo para recibir los establecimientos de enseñanza técnico-profesional, especialmente porque el Ministerio de Educación no cauteló la inversión de esos dineros entregados para la educación. Eso lo vimos cuando tratamos los proyectos relacionados con los docentes y también ahora en la tramitación de esta iniciativa. El destino de los fondos de la subvención, que deberían ser ocupados preferentemente y en un mayor porcentaje en sueldos o remuneraciones, no hay forma de controlarlo. En más de una oportunidad, tanto en este período legislativo como en el anterior, hemos pedido a los Ministros de Educación buscar alguna fórmula para enfrentar el problema, de manera que el personal que labora en los establecimientos educacionales de cualquier tipo, tenga una remuneración acorde con las funciones que desempeña y con sus responsabilidades. Por las características especiales de las labores que desarrollan los no docentes, ha resultado sumamente complejo el tratamiento de este proyecto. Es el único personal que trabaja más de ocho horas diarias, no se le ha pagado jamás horas extraordinarias no sólo desde que fueron municipalizados; antes también ocurría, tiene dificultades para cumplir sus feriados legales y, sin embargo, seguimos sin encontrar la fórmula que dé solución a un problema que no tiene ningún otro trabajador. Ellos no pueden exigir el cumplimiento de sus derechos por las dificultades derivadas de una mala ley sobre la entrega de estos establecimientos. Cuando solicitamos una modificación, lógica y razonable, no nos encontramos con tantas dificultades en el Ministerio de Educación, pero sí en el de Hacienda, y ahora, en el del Trabajo. Tienen razón los no docentes en estar desesperados. Hay situaciones verdaderamente abismantes. Una de ellas la han provocado los alcaldes: han ocupado fondos de educación y siguen haciéndolo para objetivos que no son de esa área. Por ejemplo, en el caso de los choferes, muchas municipalidades en lugar de financiar sus remuneraciones con los fondos ordinarios destinados al pago de la planta de personal, lo hacen con los de educación. Las corporaciones educacionales no generan ningún tipo de fondos especiales para mejorar la situación de su personal, lo que lleva a situaciones simplemente insolubles. Por ejemplo, cuando se planteó la posibilidad de que este personal se capacitara en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, se nos dijo que esa función no estaba dentro de las atribuciones de este Centro. El Diputado señor Orpis pedía y ésa fue la resolución de la Comisión de Hacienda que la parte pertinente en este artículo fuera eliminada por ser inconstitucional. El otro día me encontré con el señor Reyes , director del Centro de Perfeccionamiento y le planteé el tema. Me dijo que antes de 1973 el Centro capacitaba a todos los no docentes de Chile. A pesar de existir ese precedente, no hemos podido determinar claramente las posibilidades de perfeccionamiento para este personal, que ellos piden insistentemente, porque saben que le permitirá tener una remuneración acorde con sus responsabilidades y con la dinámica de la tarea que desarrollan. Muchas veces se ha dicho que su labor es aparentemente secundaria. Sin embargo, por experiencia personal, por la de nuestros hijos y nietos, sabemos que los auxiliares muchas veces se preocupan de los niños tanto como los docentes, de manera que merecen nuestro respeto. Por lo menos logramos agregar que los municipios o corporaciones los afilien en las cajas de compensación o mutuales de seguridad, instituciones que hoy son una gran ayuda para los trabajadores. Eso es ya un adelanto. Todavía nos falta mucho. Esperamos que sigamos trabajando juntos para lograr, con el correr del tiempo, las modificaciones que mejoren la situación de este personal, que, lamentablemente, por el hecho de que en algunas comunas, como en el caso del distrito 48, que represento, hay municipios que tienen apenas seis funcionarios, y otros, 145. Aparte, algunos están geográficamente aislados, sin una comunicación expedita, de modo que los no docentes no pueden organizarse para defender debidamente sus pretensiones lógicas y naturales. Además, como lo apreciamos durante el tratamiento del estatuto del no docente, no hay organizaciones representativas de todas las preocupaciones y condiciones especiales o específicas que cada uno de ellos tiene en el establecimiento en que trabaja. Seguiremos preocupándonos de mejorar la situación de esos trabajadores, y esperamos que los organismos, instituciones o personas que tienen que ver su situación, entreguen los beneficios que este proyecto consagra, porque ésa es justamente la respuesta que tendríamos que dar a los colegas que consultan por qué tiene que ser el alcalde quien debe resolver la situación. Lamentablemente en los establecimientos municipalizados, él es el sostenedor, y sabemos que hay descriterios en el cumplimiento de esas obligaciones. Por lo menos, en el futuro, el mejoramiento de los profesionales y de los no docentes, en general, deberá ser aprobado por el concejo municipal, de manera que ellos también tendrán la posibilidad de contar con personas que los escucharán, a las cuales podrán plantear sus inquietudes con el debido respeto y con la seguridad de ser atendidos. Ojalá que esos concejos y alcaldes se hagan eco de sus pretensiones y peticiones. De más está decir que vamos a apoyar y a votar favorablemente el proyecto, porque creemos que eso es lo lógico y lo natural. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en primer término quiero sumarme a las expresiones de reconocimiento que han formulado quienes me han precedido en el uso de la palabra respecto de la labor que cumplen los funcionarios no docentes de los establecimientos educacionales. Como aquí se ha dicho y reconocido, efectivamente se trata de trabajadores esforzados, de personas que entregan no sólo su quehacer diario, sino, fundamentalmente, su cariño a los niños y jóvenes a quienes les corresponde atender. En relación con el texto del proyecto, en general estamos de acuerdo en la necesidad de aumentar las remuneraciones del personal no docente, y la iniciativa constituye en ese sentido un avance. No es todo lo que quisiéramos ni lo suficiente como para poder entregar un nivel de remuneraciones que permita asegurarles a ellos y a sus familias una vida sin sobresaltos. Estamos lejos de eso y también de las aspiraciones de los profesores. Sin embargo, el proyecto constituye un avance y pienso que debemos perfeccionarlo en la medida que sea posible, para lo cual deberemos contar con la acogida del Ejecutivo en relación con esos avances y con los mejoramientos y perfeccionamientos que debiera tener. A continuación señalaré algunas sugerencias, y espero que el Ejecutivo las acoja y puedan materializarse durante el segundo trámite constitucional. En primer lugar, quiero referirme a la necesidad de hacer explícita, en el artículo 1º, la subvención por alumno interno. En el artículo 2º, hicimos avances importantes en la Comisión de Hacienda en el sentido de señalar, en forma expresa, que los funcionarios de los internados recibirán los beneficios de esta ley. Sin embargo, no se expresa en el artículo 1º que se vaya a recibir también una subvención especial por cada uno de los alumnos internos. La forma en que se dispone es demasiado genérica y ambigua, porque en su inciso primero se usa la frase: “Asimismo, para su cálculo se considerará la subvención de internado.” Eso, técnica y rigurosamente, es insuficiente para entender que también habrá una subvención por alumno interno que contribuirá al financiamiento del proyecto y, por supuesto, también a elevar el monto de los recursos disponibles para el mejoramiento de remuneraciones. En segundo lugar, una inquietud que ya han expresado otros colegas Diputados dice relación con el ámbito de aplicación de la ley. Estimamos que no existe ningún fundamento o razón que permita excluir a los funcionarios que trabajan en los departamentos de educación municipal. Ellos son funcionarios no docentes, al servicio de la educación y contratados para la municipalidad. En consecuencia, lo lógico y razonable es que tengan un mismo estatuto jurídico, que los rijan las mismas normas. De lo contrario, podría ocurrir que no recibieran el bono de 76 mil pesos o que no se le pague a nadie este beneficio, o que deba financiarlo la municipalidad con recursos propios. No nos parece justa esa situación. Creemos derechamente que los funcionarios de los departamentos de educación municipal deben estar comprendidos en el ámbito de aplicación de esta futura ley. En tercer lugar, tal vez la situación que más preocupa dice relación con la disposición del artículo 8º. En él se establece que “Las municipalidades, por medio de sus respectivos departamentos de administración educacional, cualquiera sea su denominación, deberán establecer sistemas particulares de promoción del personal no docente...” ¿Qué significa la promoción? Que un funcionario que hoy tiene determinados años de servicio, cierto perfeccionamiento, en la medida en que tenga más años de servicios, mayores responsabilidades y mejor desempeño funcionario deberá tener una renta superior. ¿Y cómo financia la municipalidad esa renta superior si le estamos imponiendo la obligación de hacerlo, pero no entregando los recursos correspondientes? Nuevamente, o transformamos esta disposición en letra muerta u obligamos a los municipios a que con recursos propios cuando hablamos de recursos propios significa continuar aumentando los déficit deban financiar la promoción del personal; o, lo que es más grave, quizás, que esta norma pudiera estar incubando una inestabilidad en las fuentes de trabajo, porque a lo mejor los alcaldes, para poder llevar a cabo el proceso de promoción, empiezan, simplemente, a poner término a contratos de trabajo y a disminuir las dotaciones de funcionarios no docentes. No podemos establecer una obligación a los municipios sin proporcionar el financiamiento debido. Incluso, temo que esta disposición sea inconstitucional. Tenemos la obligación de que los proyectos de ley que despachemos estén debidamente financiados y aquí estamos frente a la norma del artículo 8º, que no lo está. No quisiéramos que ocurriera lo que aconteció con el Estatuto Docente, en que numerosos beneficios que allí se establecieron simplemente se demoraron meses y años en entregarse, lo cual significó movilizaciones de los profesores e, incluso, varias sesiones especiales y muchos proyectos de acuerdo de la Cámara de Diputados. Pido expresamente al señor Ministro y al Ejecutivo que este aspecto del artículo 8º se analice y se llegue a una solución que signifique entregar recursos para que el sistema de promoción pueda funcionar. Otro aspecto relacionado con el artículo 16 se refiere a la negociación colectiva en el caso de las corporaciones municipales. Obviamente, creemos que los trabajadores deben poder negociar colectivamente. No obstante, cuando las condiciones no están dadas para que la negociación sea exitosa y equitativa, nos parece un profundo error permitirla en esos términos. Todos sabemos que la gran mayoría de las corporaciones con una excepción solamente presentan déficit y están virtualmente quebradas. No sólo eso: han sido declaradas inconstitucionales por la Contraloría General de la República. En consecuencia, ésta es una materia que, jurídicamente, hay que revisar. Sin embargo, ahora, con motivo de este proyecto de ley que tenía un objetivo específico: mejorar las remuneraciones, queremos que los funcionarios no docentes que dependen de las corporaciones negocien colectivamente. Yo deseo decir, por lo menos, que no es oportuno. A lo menos, quisiéramos que los beneficios que entrega el proyecto también los reciban aquellos funcionarios no docentes que trabajan o que dependen de las corporaciones, y no que queden sujetos a un sistema de negociación colectiva donde incluso es probable que no reciban absolutamente ningún beneficio. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, está finalizando el tiempo de su segundo discurso. El señor GARCÍA (don José).- Termino en seguida, señor Presidente. Me sumo a la petición de retroactividad de la vigencia del proyecto al 1 de enero de 1996. Los fondos están. No hay razón para que la ley empiece a regir al mes siguiente de que sea promulgada. Anuncio, desde ya, el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional a la idea de legislar. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, lamento no haber participado en el debate anterior. En esa oportunidad, me vi obligado a asistir, como representante de mi región, a la Comisión de Minería, pero, en nombre de mi bancada, anuncio que, por razones económicas que benefician a los trabajadores involucrados, vamos a aprobar en general y en particular el proyecto. No obstante ello, queremos hacer presente algunas consideraciones en general y en particular; dos de ellas ante temas específicos. En general, desde el punto de vista legislativo, el tema laboral es uno de los más nuevos en el derecho comparado; pero tampoco es de ayer ni de los últimos veinte años, sino que nació como una cosa absurda en que se diferenciaba a los trabajadores llamando a unos, empleados, y a otros, obreros. El Plan Laboral de la época de Pinochet ha sido muy criticado. Comparto las críticas, pero en un solo aspecto creo que fue acertado: en que puso término a la diferencia entre obreros y empleados y denominó a todos trabajadores, cosa que hacíamos en el régimen de la Unidad Popular, aunque les dé rabia a los colegas de las bancadas de enfrente. Pero eso es lo correcto. Por eso, los socialistas hemos defendido la tesis de que no es posible, aunque sea en forma indirecta, tratar a unos, de empleados, y a otros, de obreros. Digo esto porque ya legislamos y elaboramos un estatuto para los docentes, ahogando las ilusiones de los otros con excepción de los profesionales, que podrían tener la calidad de empleados, pues aún no confeccionamos un estatuto para los no docentes, como ellos esperan. Tengo en mis manos el proyecto original, ingresado a la Cámara con fecha 28 de agosto de 1993, que contemplaba una especie de carrera para los no docentes. Incluso en el informe financiero se establecían para el personal no docente asignaciones similares a las del personal docente. Hoy resulta lamentable comprobar que en un mismo colegio unos tienen asignación de zona y otros precisamente a quienes estamos beneficiando con un aumento no la reciben; o bien, que algunos tienen asignación de experiencia y otros no, en circunstancias de que en la universidad y en la ex Escuela Normal nos enseñaron que en el proceso educacional hay una enseñanza refleja y otra sistemática, y que la educación, considerada globalmente, es realizada tanto por los docentes como por los no docentes. Por eso, un artículo del proyecto dispone que no podrán desempeñar labores no docentes quienes hayan cometido delitos sexuales u otros que tengan que ver con la calidad moral de los funcionarios. Por eso, aunque aprobemos este estatuto, quedaremos en deuda con los trabajadores no docentes, en parte por culpa de ellos mismos, que pensaron que retirando el proyecto lo iban a mejorar. A lo mejor están mejorando su condición económica, pero no configurando siquiera “un estatuto pequeño”, como se le denominó jocosamente en la Comisión de Hacienda. Repito que vamos a aprobar la iniciativa, pero con las aprensiones expresadas. Esperamos en algún período siguiente romper la concepción de que no es posible elaborar un estatuto más. Puede ser que comparta esa idea, pero si lo profesores ya tienen su estatuto no veo por qué no lo pueden tener aquellos que también participan en la labor educativa desde otro punto de vista. En lo particular, quiero hacer mención a dos materias. La primera se refiere al tema de la negociación colectiva. No estoy de acuerdo con los trabajadores así se los hice ver en cuanto a que en las corporaciones sin fines de lucro no se debe negociar colectivamente, porque ello constituye un atentado a su dignidad. Por lo tanto, es obvio que eso debe ser rechazado, porque deben mantener ese derecho. Sin embargo, en las circunstancias actuales a lo mejor no es necesario, porque las municipalidades no continuarán haciendo aportes a las corporaciones, para demostrar un estado caótico y disminuir sus rentas. Por eso hemos redactado una indicación, firmada por casi todos los representantes de las diferentes tendencias, que haremos llegar al Senado, para agregar un inciso final al artículo 16, que establece que, sin perjuicio de la llamada negociación colectiva, el personal no docente de estas corporaciones privadas sin fines de lucro podrá optar por no negociar colectivamente y mantener vigentes los beneficios económicos derivados de sus contratos, debidamente reajustados de conformidad a la variación del índice de precios al consumidor por el período que corresponde. De esta manera, sin perder su derecho a negociar colectivamente, los trabajadores podrán escoger lo que les sea más conveniente en cada oportunidad. El segundo punto se refiere a que nuestra bancada teme que no se cumpla realmente con la finalidad principal del proyecto, que es entregar un mejoramiento económico a los trabajadores no docentes. ¿Por qué? Porque la situación real de los servicios municipales traspasados no es buena y, pese a que se descuentan, hoy no se pagan los beneficios previsionales. Sin embargo, no es posible aplicarles ninguna de las sanciones establecidas en los artículos 36 y 37 por incumplimiento en el uso de los dineros. Incluso, por ahí se dice que las inspecciones del trabajo tienen instrucciones de no aplicar sanciones, porque deteriorarían aún más la situación económica de los sostenedores. Entonces, creemos que la única manera de que las platas lleguen a los trabajadores es estableciendo una sanción penal para los sostenedores. Para tal efecto, proponemos lo haremos presente en el Senado que el sostenedor que destinare esta subvención me refiero a la señalada en el artículo 1ºa fines distintos de los indicados precedentemente, serán sancionados con una pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 541 días. Desgraciadamente, en Chile las cosas se cumplen con eficiencia cuando detrás existe la amenaza de una pena restrictiva de libertad, que no debe asustar a nadie que cumpla con su deber de pagar los dineros que el Estado le entrega para mejorar las rentas del personal correspondiente. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, además de expresar que comparto, al igual que la mayoría de los colegas que han hecho uso de la palabra, el aumento de remuneraciones que concede la normativa legal en estudio a los funcionarios no docentes, quiero referirme al artículo 16 del proyecto, que otorga la posibilidad de negociar colectivamente a los funcionarios de las corporaciones municipales de educación. Si bien es cierto que ello tiene como propósito establecer tal posibilidad a nivel comunal, radicando directamente en el empleador y trabajador la opción de determinar las condiciones de la relación laboral aspecto positivo, no lo es menos que, en la práctica, esta facultad negociadora no será más que un mero trámite, un ejercicio de participación y de libre determinación de acuerdo entre las partes, con escasas posibilidades de resultados concretos en el mejoramiento de las condiciones contractuales. Ello por una razón muy simple: los ingresos de las corporaciones están claramente definidos y provienen del Estado, que los distribuye con criterios de asistencia media. Por otra parte, la estructura de costos, prácticamente sobre el 90 por ciento, está predeterminada y es muy poco flexible. Por lo tanto, el espacio para negociar nuevas condiciones de mejoramiento laboral se reduce significativamente. Además, debemos tener presente que la gran mayoría de las corporaciones municipales por no decir todas actualmente tienen déficit bastante profundos. Quería reiterar estos conceptos, en atención a que represento a una zona de la provincia de Chiloé donde de cada diez municipalidades nueve administran la educación a través de corporaciones municipales. Ahora bien, la única razón por la cual existen estas corporaciones es porque en su oportunidad, los mecanismos de devolución, por concepto de franquicias laborales, permitían recuperar el 17 por ciento de la remuneración imponible, lo que disminuía los déficit de los Daem de entonces. En consecuencia, cuando la administración educacional tiene el mismo origen proviene de su traspaso del Ministerio a los municipios y se opta por una regularización basada en la disminución de los déficit, se está generando una discriminación con las corporaciones que, a mi juicio, en nuestra zona sólo producirá conflictos laborales, puesto que no existe ningún espacio y las disponibilidades de fondos no ameritan discusión o posibilidad alguna de mejorar la relación contractual laboral de los no docentes respecto de los municipios, más aun cuando se da la paradoja de que el responsable del Daem y de la corporación es el mismo alcalde que actúa como presidente de ésta. En los Daem las decisiones se tomarán, de conformidad con esta norma, con el acuerdo de los dos tercios del concejo. Por otra parte, las corporaciones también tienen un directorio, y cuando requieran mayores fondos, la última palabra también tendrá que recabarla el alcalde al mismo concejo. Entonces, se está produciendo una distorsión y dándose un trato diferente, con prácticamente cero posibilidades de los trabajadores de la corporación de obtener nuevos beneficios. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Wörner. La señora WÖRNER.- Señor Presidente, no pretendo redundar en la argumentación que mis colegas han dado en el curso del debate. No obstante, quiero subrayar algunas cuestiones que me parecen importantes y que dicen relación con una cuestión que, a mi juicio, no es menor y que seguirá manteniendo la discriminación del sector no docente en relación no sólo con el resto del personal a cargo de la educación, sino también con el de los funcionarios públicos. Estoy cierta de que este personal no tiene la calidad de funcionario público, pero también tengo conciencia de que las delicadas funciones que realiza tienen incidencia directa y permanente en la calidad de la educación, que es una de las prioridades que se ha impuesto el Supremo Gobierno. El personal no docente tiene un trato permanente con los alumnos y es el apoyo que muchas veces tiene el docente para llevar adelante con éxito las políticas preventivas del alcoholismo, de la drogadicción y de otras situaciones y problemáticas de la juventud. También es el que muchísimas veces, en lugares apartados, incluso fuera del ámbito de las aulas y del establecimiento, tiene mayor contacto con los jóvenes. Desde el momento en que el proyecto dice expresa relación con inhabilidades para ejercer estas funciones por ejemplo, cuando se ha sido condenado por determinados delitos, nos está señalando que lo que se pretende es excelencia, idoneidad y honorabilidad a toda prueba, acorde con las delicadas funciones que se le entregan a este sector de la educación. De allí, entonces, que parece poco explicable que no se haga un esfuerzo por que sus remuneraciones estén acordes con la delicada función que se le asigna. El Gobierno, haciendo un esfuerzo que no nos es ajeno en esta ocasión, ha señalado su deseo de mejorar las remuneraciones del sector público; por desgracia, este personal-reitero-no está considerado como parte de dicho sector. Además, ya antes desperdiciamos la oportunidad de haber legislado para crear un estatuto para el personal no docente tema que está fuera de la discusión, que habría mejorado sus condiciones y establecido una mejor forma de regular sus remuneraciones. Por último, si hoy ha quedado establecido, por decisión del Gobierno que ha hecho un esfuerzo considerable y serio, que ningún funcionario público que acceda al último grado de la escala única tendrá una remuneración inferior a 105.000 pesos, no parece explicable ni justo que este sector tenga sueldos tan exiguos. En mi distrito, precisamente en Lota, en vísperas de navidad, fue necesario que hicieran un paro y una huelga de hambre verdaderamente crítica y lamentable, para conseguir un mejoramiento de sus condiciones, porque el 80 por ciento de los que desempeñan labores no docentes estaban recibiendo una remuneración inferior a los 60 mil pesos. Ciertamente, con eso no se puede estar en condiciones síquicas, físicas ni anímicas para cumplir con sus labores. Es también lamentable ya se ha señalado aquí que quienes están desarrollando labores en los departamentos administrativos de educación municipal queden fuera de estos beneficios. Si para ello se ha dado una razón política, debiera buscarse con urgencia un mecanismo para evitar que estos departamentos sirvan como bolsas de empleo en lugar de responder a las necesidades reales de los municipios. Eso debería hacerse fijando una claridad en cuanto a su dependencia, ya sea en la planta de personal municipal, o incorporándolos definitivamente al Estatuto Docente, o buscando una salida con una nueva reglamentación que no los discrimine. Ya sufrieron discriminación cuando no tuvieron derecho a recibir el aguinaldo otorgado en los dos últimos años en las leyes de reajustes para el personal no docente, docente y municipalizado. Quiero manifestar nuestro apoyo al proyecto de ley en discusión, subrayando que seguimos en deuda con este sector, porque no hacemos justicia en cuanto a sus remuneraciones, discriminándolos aún más, cuando también quedan bajo la media y la mínima de los funcionarios públicos. Pero también estamos en deuda por no tener un personal no docente que responda a las exigencias y a la delicada labor que se le está entregando, si queremos mejorar la calidad de la educación y la efectividad de las políticas públicas que el Gobierno lleva adelante en materias destinadas a proteger a la juventud de lacras sociales que en la actualidad le está afectando. Hago un llamado al Ejecutivo, reconociendo el avance que hoy se hace en la materia, sobre la urgente necesidad de solucionar la situación del personal que presta servicios en los departamentos administrativos de educación municipal. Sugiero al señor Ministro que el Ejecutivo presente en el Senado una indicación que solucione la situación, sea en una norma que la clarifique a través de una reforma al Estatuto Docente o de una norma especial en este proyecto, de manera que muy prontamente, y no en forma general e indeterminada en el tiempo, este personal alcance los mínimos remuneracionales que en la actualidad se están reconociendo y otorgando con justicia al sector público. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Morales. El señor MORALES.- Señor Presidente, el estudio del proyecto que iniciamos esta tarde constituye la culminación de muchos años de esfuerzos, de esperanzas y de frustraciones de muchos trabajadores de la educación, como son los no docentes. Ha sido muy difícil hacer conciencia en distintos gobiernos acerca de la importancia de estos trabajadores en el proceso educativo. Con una visión absolutamente errada y parcial, se ha discriminado con mucha injusticia y poca sabiduría a estos trabajadores que, sin duda, son un importante eslabón en la cadena del proceso educacional. Puede ser un lugar común decirlo, pero no me parece aceptable ni atinado imaginar que la educación la hacen sólo profesores, como tampoco la justicia la hacen sólo los jueces, ni la salud, sólo los médicos. Recordemos que en el Gobierno del ex Presidente Aylwin se les ofreció un estatuto no docente, culminando la idea en un proyecto verdaderamente inaceptable y regresivo, que los obligaba, incluso, a perder su estabilidad laboral. Hoy nos enfrentamos a un proyecto diferente, que sin crear un estatuto especial, lo que sin duda es bueno para la limpieza del proceso legislativo y para la comprensión de las distintas leyes, constituye, un importante avance, al cual desde ya anuncio nuestro voto favorable. Sin embargo, quiero referirme a una materia que ya se mencionó, que me parece relevante, porque nos llama la atención, la cual tiene que ver con el inciso final del artículo 9º en relación con el artículo 16 del proyecto. Creo que se establece una odiosa discriminación que tenemos el deber de advertir al Supremo Gobierno. Me refiero a la norma que señala: “El aumento de remuneraciones para el personal no docente que se desempeñe en las corporaciones privadas sin fines de lucro, creadas por las municipalidades para administrar la educación municipal, se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de esta ley.” Lo que significa que se da al personal no docente de estas corporaciones el derecho a negociar colectivamente con el objeto de establecer condiciones de trabajo, empleo y remuneraciones, otorgándoseles incluso el derecho a huelga. Esta norma, aparentemente atractiva, debe ser materia de una discusión más acabada, toda vez que no se advierte la razón para establecer una situación diferente en estas corporaciones para los profesores y para los no docentes, ignorándose que esta disposición traerá conflictos e incertidumbre a los no docentes, especialmente porque casi todas estas corporaciones del país están sufriendo graves déficit financieros. Los aparentes beneficios que se deducen de este proyecto no serán tales, y con toda seguridad estos trabajadores, a diferencia de los profesores insisto, deberán negociar en condiciones desmedradas y con graves perjuicios económicos. Lo lógico, justo y equitativo es que ambos estamentos educacionales tengan un mismo trato, lo que no significa iguales remuneraciones. En definitiva, se trata de darle un mejor trato en el proyecto. En consecuencia, apoyamos las indicaciones anunciadas, que harán posible cambiar este menoscabo. En todo caso, reitero el voto favorable del Partido Radical Social Demócrata. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Claudio Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, si tuviéramos que sacar un factor común de lo que aquí se ha dicho, es, por cierto, lo referente al reconocimiento que todos han hecho en relación a la importancia de este sector de la educación. ¿Por qué es importante? Porque, más allá de realizar una labor complementaria a la de los profesores, cumplen una función extremadamente humana. Son precisamente los auxiliares de la educación los que reciben día a día a miles de niños y jóvenes que ingresan a sus respectivos establecimientos. Son los paradocentes los que muchas veces han realizado labores de asistencia social, escuchando los problemas y las inquietudes propios de la juventud, de jóvenes que tal vez no han tenido ni la confianza ni la posibilidad de hacérselas saber a sus padres. Por eso, es de real importancia la labor que cumplen los funcionarios no docentes en la educación chilena. Resulta entonces difícil entender cómo no se puede conciliar este reconocimiento que todos hacen a los funcionarios no docentes con la satisfacción de sus reales necesidades. Sobre este particular, quiero hacer algunos alcances críticos al proyecto. Si pasamos una rápida revista a lo que ha sido su tramitación, llegaremos a la conclusión de que ésta ha sido excesiva e incomprensivamente larga. Esta situación se inicia en 1990 junto con el Estatuto Docente; sin embargo, algunas gestiones, algunas presiones logran sacar de la cancha a este grupo importante de trabajadores con la promesa de que se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que los beneficiaría exclusivamente a ellos. Sin embargo, pasan dos años. Queda atrás el señor Lagos como Ministro de Educación, y recién en el período del Ministro Arrate , en 1993, se hace llegar a la Cámara de Diputados un proyecto que establecía un estatuto. En diciembre de ese mismo año, por petición de los propios dirigentes nacionales, esperanzados en la idea de que el cambio de autoridad pudiera beneficiarlos, se congela su tramitación. ¡Pésimo negocio hicieron, naturalmente, los funcionarios no docentes! En 1994, el actual Ministro envía un conjunto de indicaciones que cambian todo el sentido del proyecto original. En ese caso, la Comisión de Educación plantea al señor Ministro que, reglamentariamente, corresponde retirar el proyecto original con las indicaciones y enviar uno nuevo. El 27 de octubre de 1995 ingresa este proyecto nuevo, y el 9 de noviembre se da cuenta de él en la Sala. Estamos a 23 de enero de 1996, a las puertas de un receso parlamentario, y aún estamos en el primer trámite. ¡Cuánta razón teníamos los Diputados miembros de la Comisión de Educación, cuando le pedimos al señor Ministro que dividiera el artículo que le otorgaba una subvención, por única vez, de 76 mil pesos a los trabajadores. Y esa razón, incluso, nos llevó a los Diputados de Renovación Nacional a abstenernos en la idea de legislar, como una forma de manifestar nuestra protesta ante la incomprensión de esta justa solicitud. En esa oportunidad, el señor Ministro acogió la idea de la Comisión, debiendo cambiar su posición a las pocas horas, al parecer porque el Ministerio de Hacienda no le concedió su respaldo. ¿Qué duda cabe que ha existido una enorme falta de consideración hacia este sector de trabajadores? ¿Quién falló en esto? No quiero caer en la idea de decir que fue el Ministerio de Hacienda o responsabilizar directamente al Ministerio de Educación. ¡Aquí falló el Gobierno! Respecto de los temas de fondo, hay cuatro aspectos principales que vale la pena tener presente. En primer lugar, este proyecto cambió la naturaleza del proyecto original, el cual planteaba, como aquí se ha dicho, la posibilidad de un estatuto, al igual que lo tuvieron los profesores, los trabajadores de la salud, e incluso, los armadores de automóviles en Chile. Sin embargo, este sector hoy tiene que conformarse con obtener algunos beneficios aislados y olvidarse definitivamente de la posibilidad de un estatuto. En materia de recursos, ¿qué duda cabe de que son insuficientes y su distribución poco equitativa, a pesar de que debo reconocer que cuando se le hizo presente esa observación al señor Ministro trajo a la Comisión un planteamiento que permitía, por lo menos, acortar ese factor de inequidad? Respecto del tema de la estabilidad y del resguardo laboral, temo que ha quedado expuesto a arbitrariedades. La diferencia entre una municipalidad y una empresa privada radica en que esta última se preocupa de la eficiencia; ese es el factor que marca el rumbo. Las municipalidades, a veces, particularmente sus alcaldes, responden a razones políticas. No quiero que quede abierta la posibilidad de la arbitrariedad. Asimismo, existe una falta de definición en la jornada de trabajo, principalmente en lo que se refiere a las horas extraordinarias y a la definición de funciones. Respecto de la carrera funcionaria, en la práctica no existe. Pregunto, ¿por qué es exitosa la administración privada? Por una razón muy simple: porque posibilita mejoramientos de los estatus laboral y remunerativo, de acuerdo con los méritos de cada trabajador. En estos cuatro aspectos, nuevamente ha vuelto a fallar el Gobierno. Sin embargo, no deseo quedarme sólo en la crítica. Hay, por cierto, algunos aspectos positivos que vale la pena reseñar. Aunque los recursos son insuficientes, se demuestra voluntad de mejorar económicamente al sector; se garantiza el derecho a perfeccionamiento y se establece, de acuerdo con lo que se aprobó en la Comisión de Educación, un mecanismo para hacer efectivo este derecho; se perfecciona el derecho a petición de los funcionarios, facilitando su asociación, y se consideran criterios de calidad en la promoción de funcionarios, aunque no sólo debieran vincularse a la promoción, sino también a las remuneraciones, con la salvedad que ha hecho mi colega José García , en cuanto a que no se les están traspasando recursos a las municipalidades. Hay una realidad: el Gobierno no está dispuesto a conceder a este personal un estatuto ni la calidad de funcionarios municipales, como lo propuso en la idea original, que la Comisión de Educación apoyó casi en su totalidad, en general y en particular. Por eso, debemos ajustarnos a las reglas del juego del Código del Trabajo. En tal sentido, hay tres aspectos que mejorar: el referente a la remuneración y a la carrera funcionaria, respecto de lo cual haré llegar una proposición concreta al señor Ministro, que, en el fondo, iguala un ingreso piso al que aprobamos en la Sala para los funcionarios públicos en diciembre del año pasado, es decir, de 105 mil pesos para los auxiliares, de 119 mil pesos para los paradocentes y de 128 mil pesos para los profesionales no docentes, ya que no pueden existir varios tipos de trabajadores en este país. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ha terminado el tiempo que se le asignó. El señor RODRÍGUEZ.- Si el señor Presidente me da un minuto, termino con mi intervención. En lo que se refiere a los derechos laborales, es importante establecer una jornada de 44 horas semanales; un reconocimiento a las horas extraordinarias, ya sea que se paguen en efectivo o con reconocimiento en compensación horaria, y, finalmente, la definición de funciones, para evitar el trato que a veces padecen los trabajadores, ya que son contratados para un establecimiento, pero el alcalde de la comuna los ocupa en todo tipo de actividades. Renovación Nacional respaldará el proyecto, con las reservas del caso, dejando clara constancia de que es insuficiente y de que el Gobierno, no el Congreso Nacional, continúa en deuda con este importante sector de trabajadores. Si se hace efectivo el discurso del Gobierno de considerar prioritaria a la educación, no me cabe ninguna duda de que dicha deuda se deberá pagar en el corto plazo. He dicho. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Advierto a los asistentes a tribunas que está prohibido hacer manifestaciones. Tiene la palabra el Diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto, como aquí se ha dicho, largamente esperado; diría no por cuatro o cinco años, sino por más de diez, porque hace mucho tiempo que este sector de trabajadores está absolutamente postergado. Hoy resulta muy fácil exigir todo y responsabilizar al Gobierno, aduciendo que sus actos son limitados e insuficientes. Creo que lo que se está haciendo constituye un paso muy importante que da el Gobierno de la Concertación, del Presidente Frei , quien, afortunadamente, llegó a acuerdo con los distintos actores de este proceso para encontrar una solución al problema, porque, en verdad, la postergación de este sector es de muy larga data. Si somos sinceros, podremos señalar que esta situación del personal no docente, como la de los administrativos, auxiliares y paradocentes de los establecimientos educacionales del país, es muy antigua, y que ellos han sido objeto de una larga postergación. Todos queríamos un estatuto que regulara el sector, que estableciera grados, situaciones salariales satisfactorias, y sistemas de perfeccionamiento y otros. El Gobierno ha dado argumentos muy sólidos y suficientes que, en su momento, compartieron todos los sectores, respecto de que no es posible dictar nuevos estatutos. El problema consistía simplemente en que si por un lado se insistía en el estatuto, no resultaría esta solución para el personal no docente. Tan simple como eso. O sea, de nuevo se postergaría esta situación. ¿Qué ha ocurrido? Se ha llegado a un acuerdo razonable para admitir que no es posible dictar nuevos estatutos. Sobre esa base y ese piso, se llega a un acuerdo razonable para mejorar la situación de ese personal con los recursos existentes. Esa es la ley que se discute hoy en el Congreso. ¿Cuál ha sido el resultado? Gracias a las gestiones realizadas por las organizaciones gremiales de los trabajadores no docentes y por los distintos presidentes de la Comisión de Educación de la Cámara, ha sido posible llegar a un acuerdo muy satisfactorio. Destaco el punto, porque esta sesión se ha convertido en una continua lamentación, y temo que los dirigentes de ese sector salgan muy defraudados de ella. Pienso que queda un importante camino por recorrer, pero creo que la etapa que se está cumpliendo encierra satisfacciones y resultados que es necesario dar a conocer. ¿Por qué llegamos a esto? Porque era preciso que este personal tuviera un reajuste de remuneraciones, el que, de no haberse llegado a ese acuerdo, se habría postergado indefinidamente. Era necesario legislar para que se entregara el bono que viene incorporado en el proyecto. De tal manera que estamos en presencia de un reajuste de remuneraciones, de un bono y de algunas disposiciones importantes que dicen relación con la posibilidad de perfeccionamiento de este sector, cuya responsabilidad se entrega al Centro de Perfeccionamiento. En cuanto a escalas, grados y elementos de una carrera, esto queda entregado al poder local, o sea, a las municipalidades. ¿Qué quiero decir? Que si bien no existe un estatuto con este concepto integral, sí hay diversas situaciones que permiten dar cierta tranquilidad a este sector, un aumento de remuneraciones, perfeccionamiento y condiciones de estabilidad laboral, que harán mucho más llevadera su situación. Cada uno de nosotros tiene muchos amigos en este sector y, al igual que los demás señores Diputados, también los tengo. He conversado largamente con ellos. Comprenden que estamos dando un paso muy significativo. No hemos cumplido la tarea, pues quedan muchos aspectos pendientes; pero no por eso podemos decir que esta etapa que estamos cumpliendo, este paso que se está dando, no es importante para ellos y significativo para el Gobierno, que lo ha realizado con el acuerdo de los distintos actores que componen el sector de los no docentes. Por eso, no obstante cumplirse sólo una etapa, quiero expresar que ella es satisfactoria. Hay muchos elementos positivos en el proyecto y, para ser concordantes, vamos a darle nuestra aprobación. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Debo informar que se encuentran inscritos siete señores Diputados. El acuerdo adoptado por los Comités es que la votación en general y en particular comience a las 20.30 horas. Además, también va a exponer el señor Ministro de Educación en representación del Gobierno. Por lo tanto, debo hacer presente que los señores Diputados que no alcancen a intervenir antes de esa hora, podrán insertar sus discursos en el boletín de sesiones. Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, voy a ser breve, puesto que la mayoría de los señores parlamentarios han entregado antecedentes, opiniones y reflexiones sobre el tema, los que comparto en su mayoría. Estamos frente a este problema porque no se ha podido cumplir una expectativa. El Gobierno de la Concertación hizo una promesa que, en definitiva, no se cumplió. Eso explica que los discursos de los señores Diputados de las bancadas oficialistas, en gran porcentaje de su tiempo, han explicitado o explicado, de manera quizás lastimosa, la falta de respuestas adecuadas y concretas a las aspiraciones de un sector importante de los trabajadores de la educación, como son los no docentes. Comparto el juicio del Diputado señor Rodríguez. El responsable es el Gobierno, porque éste les dijo que iban a tener un estatuto para su relación y función laboral. Además, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, que siguió su tramitación normal durante mucho tiempo, y fue aprobado por la Comisión de Educación. Por lo tanto, las autoridades de Gobierno generaron una expectativa que, por distintas razones, no fue cumplida, no se llevó adelante ni se concretó. En consecuencia, no podemos expresar sorpresa, porque estamos en deuda con un sector de trabajadores de la educación, cuyas necesidades reales no se satisfacen adecuadamente. Quiero recordar que una vez aprobado el proyecto por la Comisión de Educación, el Gobierno lo retiró. Por lo tanto, no hay duda de que su actitud contradictoria por decirlo de manera suave puede generar un conflicto con el sector. Además de la situación planteada en forma particular por el proyecto de estatuto del personal no docente, el Gobierno de la Concertación ha tenido una actitud permanente de no clarificar de manera adecuada su relación con él. Se ha recordado que por su falta de voluntad no fue posible resolver la incorporación de los trabajadores no docentes en el Estatuto Docente, en circunstancias de que, sin importar su diversidad de categorías o los diversos planos en que ellos se mueven, lo lógico era tener una sola normativa jurídica que englobe a quienes trabajan en establecimientos educacionales de las comunas. Sin duda, habría sido un paso muy importante, pero no fue posible puesto que durante la discusión del Estatuto Docente no existió la voluntad política para darlo. Por lo tanto, se generó una expectativa, una promesa y, al fin de cuentas, después de seis años, se está discutiendo un reajuste de remuneraciones. Hay que decirlo con toda claridad y franqueza: estamos discutiendo un mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios no docentes, pero el conjunto de sus inquietudes y aspiraciones referentes a la relación laboral no son abordadas por este proyecto de ley. Eso nos lleva a expresar que vamos a votarlo favorablemente sólo en la medida en que establece un mejoramiento de remuneraciones, haciendo abstracción de lo que uno políticamente podría asumir en cuanto a que no se está respondiendo a un sector de los trabajadores de la educación. Queda pendiente no sé si esa será la expresión más feliz un debate amplio y claro con respecto a su rol y a la relación laboral, mirada desde el punto de vista de la descentralización y regionalización del país, con la finalidad de que contribuyamos a través de mecanismos ágiles y dinámicos, a elevar el nivel de la educación. Como le consta al señor Presidente, hemos contribuido con una serie de indicaciones para que, en lo posible, se avance en temas que, a nuestro juicio, deben ser adecuadamente discutidos o perfeccionados. Quiero insistir en la motivación de votar a favor de la iniciativa en cuanto significa mejorar las remuneraciones, pero en ninguno de los otros aspectos se avanza de manera suficiente. En relación con las vacaciones no hay una respuesta adecuada a los intereses del sector, incluso por la naturaleza de sus funciones. Establecer que empezarán diez días después de terminado el año escolar y terminarán diez días antes del inicio del próximo, no me parece que responda a la naturaleza de la función al interior de los establecimientos educacionales. Tampoco es adecuada la doble discriminación respecto de los trabajadores no docentes. Se les discrimina con los profesores que tienen un estatuto, y, a su vez, dentro de ellos, en cuanto a que no se incorporan en el proyecto a aquéllos que no laboran en los establecimientos educacionales, sino en los departamentos de administración educacional. Por lo tanto, no van a tener derecho al aumento de remuneraciones. No veo la razón para mantener tal discriminación. Sólo responde a una suerte de falta de claridad sobre el rol del Estado respecto de los trabajadores y su función en el ámbito educacional. Lamentablemente, tengo poco tiempo. Son muchos los temas relativos al proyecto que habría que tratar en particular, pero no hay duda de que el de fondo nos preocupa a todos, y en especial a los parlamentarios de la Concertación, que, reitero, en sus discursos han ocupado gran parte de su tiempo en justificar la situación dada por una expectativa y una promesa que no se cumplieron. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Recuerdo a los señores Diputados que el artículo 4º necesita 60 votos a favor para su aprobación, y el 8º, 67. Tiene la palabra el señor Ministro de Educación. El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las intervenciones de los honorables Diputados y tomado nota de algunas recomendaciones específicas; pero no puedo dejar de decir que las he encontrado, para decir un calificativo suave, muy poco objetivas. Han tenido una fuerte carga crítica, sin reconocer nada de lo bueno. Personalmente, tengo un reconocimiento muy claro de la importancia del personal no docente en el proceso educativo y que sus remuneraciones son muy bajas e insuficientes; muchas veces no están de acuerdo con su función. Pero éste no es un problema de ahora, sino que viene desde muy antiguo. La situación de estos funcionarios, además de su deterioro en relación con sus remuneraciones, es confusa desde el punto de vista jurídico-administrativo; el proyecto corrige y mejora ambos aspectos de manera importante. En primer lugar, respecto de las remuneraciones, los recursos que se destinan a mejorarlas, más la bonificación especial que se otorga, a pesar de que ya hubo una general en diciembre pasado, son superiores a los del proyecto primitivo. En segundo lugar, sobre la equidad, uno de los problemas de ese proyecto era que se producían fuertes inequidades, que no fueron claramente expresadas ni discutidas. En una oportunidad lo señalé en la Comisión. Respecto de los funcionarios que se acercaban en su remuneración actual al grado al cual serían incorporados, la distancia en algunos era muy pequeña y, en otros, enorme. Por lo tanto, se producía falta de equidad. ¿Qué hace el proyecto en definitiva? Lo más significativo es el aumento de las remuneraciones, pero también se aclaran los aspectos jurídico-administrativos, que son confusos. El personal no docente se rige por el Código del Trabajo, sin capacidad de negociación colectiva. Hoy, en su condición jurídica, se presentan dos situaciones distintas, pero claras: el personal que se desempeña en los departamentos de educación municipal sigue sujeto al Código del Trabajo, pero puede ejercer sus derechos en relación con la ley Nº 19.296, que se refiere a la asociación gremial, cosa que le está impedida por una interpretación del artículo 13 de ese cuerpo legal, que exige quórum para asociarse y no le es posible reunirlo. Se elimina eso y queda en condición de constituirse como asociación gremial, aun cuando sigue regido por el Código del Trabajo. El otro grupo de personal que está en los establecimientos educacionales, bajo la jurisdicción de las corporaciones de las municipalidades, también se encuentra regido por el Código del Trabajo, pero no tiene la calidad de funcionario de la municipalidad respectiva, sino de la corporación. Por lo tanto, tiene derecho a negociación y a todos los derechos que establece en este caso el Código del Trabajo. Antes no los tenía, ahora los tendrá. Su situación, sin duda, mejora. En seguida, se abre la posibilidad de que en la negociación, en la conversación y en el derecho a petición que establece la ley Nº 19.296, pueda acordarse con las respectivas municipalidades, o las corporaciones, en su caso, formas de promoción, particularmente con los Daem. ¿Qué significa eso? Como no todos los funcionarios tienen la misma antigüedad o experiencia, ni la misma calificación o identidad de las funciones respecto de su responsabilidad, pueden establecer una forma de promoción, una especie de escala. Eso no significa mayor gasto, porque si una escala de remuneraciones distingue entre posiciones A, B y C, y determina cuántos están en la A, en la B o en la C, las promociones sólo podrán hacerse por ascenso, pero dentro del nivel de recursos establecidos para esa escala. Y eso ocurre en toda la Administración Pública. Los ascensos en la Administración Pública se producen cuando hay vacantes en los lugares a los cuales se puede ascender, de manera que no se puede decir, por anticipado, que ello significará un mayor costo. Depende del sistema de promoción que la municipalidad establezca. Por lo tanto, eso da y fue un argumento que se me dio en diferentes ocasiones en que he conversado con los dirigentes de este personal una oportunidad y una posibilidad de aplicar ciertos criterios de diferenciación en una conversación o discusión con las autoridades municipales respectivas. En este proyecto no se advierte en aspectos que son difíciles de conciliar una armonía que evite una rigidez estricta, a fin de dar una opción a este personal para tener una carrera. Tanto en este proyecto como en varios otros, me preocupa un aspecto general, tal vez, desde una posición que podríamos llamar de principio. En muchos casos, y como aquí se ha dicho, la legislación se fundamenta en la desconfianza. Hay desconfianza en la forma en que los alcaldes van a cumplir sus funciones, porque van a ser políticamente arbitrarios. Cuando se legisla teniendo presente este fenómeno de la desconfianza se llega a una reglamentación excesiva, como ocurre, en general, con la legislación chilena. Hay una excesiva reglamentación, y no se va por el camino mucho más adecuado de sancionar las arbitrariedades. Lo que hay que sancionar es la arbitrariedad, pero no se debe limitar o reglamentar en la ley de tal manera, que a través de su aplicación la administración se haga ineficiente. En mi larga historia de función pública, me he encontrado muchas veces con este problema. A mi juicio, uno de los factores que restan agilidad a las decisiones públicas y generan ineficiencia en la administración, es la falta de un sistema claro de beneficios y sanciones. Se debe sancionar el mal comportamiento, pero no inhibir, por una presunción, la libertad del funcionario público responsable, llámese alcalde o cualquiera otra autoridad. En general, creo que también hay una contradicción entre el deseo de una estabilidad funcionaria y la aspiración a remuneraciones similares a las del sector privado. No hay posibilidades de compatibilizar ambos conceptos. No abordaremos este tema con motivo de este proyecto, pero, en vista de algunas observaciones de carácter general hechas en el debate, es importante tener en cuenta el concepto de eficiencia de la administración pública. La administración pública chilena y en general la latinase caracteriza por una legislación en que se superpone una serie de controles que, en definitiva, son ineficientes, y en general no se sanciona a quien realmente tiene la responsabilidad de los actos administrativos. La diferencia fundamental entre la legislación administrativa latina y la anglosajona es que una superpone controles ficticios y, la otra, da libertad y sanciona el incumplimiento. Es importante que en esta Sala se abra un debate más amplio sobre el tema de la administración del Estado. Creo que este proyecto se topa con una decisión política del Gobierno, de no seguir propiciando la dictación de estatutos especiales. Sin embargo, considero que esa oportunidad se puede dar al nivel de la discusión entre las partes más directamente involucradas, en este caso: las municipalidades y el personal no docente que depende de ellas. En este proyecto hay un reconocimiento claro y preciso a la labor e importancia de estos funcionarios, pero, al mismo tiempo, de la postergación que han sufrido. Es así como, primero, se hace una corrección en las remuneraciones, si no completa, por lo menos significativa. Segundo, se abre la posibilidad a negociaciones mucho más precisas entre el personal no docente y las municipalidades y corporaciones. Tercero, se abre la posibilidad de que al nivel de la discusión específica en el campo donde ellos se desempeñan, existan mecanismos de promoción que privilegien antigüedad, calidad, función e importancia relativa de la función. Por lo tanto, a pesar de las críticas formuladas al proyecto, me alegro de que los señores parlamentarios se hayan pronunciado a favor, ya que mientras más pronto sea aprobado, será mejor para el personal no docente, el cual está en una situación desmedrada desde hace mucho tiempo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, voy a entregar mi apoyo al proyecto en general, puesto que tiende a beneficiar a un grupo de trabajadores chilenos cuyas remuneraciones se encuentran en un nivel muy bajo. Sin embargo, quiero expresar al menos tres opiniones respecto de su contenido. A mi juicio, debería entrar en vigencia a partir de 1998, el derecho que entrega el proyecto a los trabajadores no docentes a participar en los sistemas de promoción, precisamente, para no postergar la percepción de los aumentos de las remuneraciones que contempla el proyecto. Tal vez, el señor Ministro de Educación pueda acoger esta opinión y transformarla en una indicación, de forma que el efecto que tendrá el sistema de promoción sobre el aumento de las remuneraciones no sea postergado por esta situación. El segundo tema que me preocupa es el hecho de que se le consagre el derecho a la negociación colectiva al personal no docente que se desempeña en las corporaciones municipales y en los departamentos de educación municipal, en conformidad a las disposiciones del Código del Trabajo. En verdad, estas corporaciones no tendrán mucha capacidad económica de negociación. Por lo tanto, este derecho tendrá consecuencias, en mi opinión al menos dudosas, en cuanto al beneficio que puede prestar para los funcionarios no docentes. En tercer lugar, me preocupa la forma de determinar los montos mensuales del aumento de las remuneraciones, ya que los sostenedores deberán ceñirse a los procedimientos que considera el sistema de promoción, que obligadamente deberán aprobar los concejos municipales, puesto que este sistema general obligará probablemente futuros egresos que no estarán cubiertos por los subsidios escolares. A pesar de estas tres dudas, comparto esta alternativa, referida al régimen general del personal no docente de los servicios de educación traspasados a las municipalidades. Sin embargo, me preocupa el hecho de que existan aspectos cuestionables, como es la vigencia en este sector de cuatro sistemas estatutarios distintos: el estatuto municipal, el estatuto docente, el estatuto para la salud municipalizada y el Código del Trabajo, para el personal no docente la educación traspasada y distintos sistemas de remuneración, diferentes en sus cálculos, según donde se prestan los servicios, y discriminatorios en cuanto a su monto. Por último, quiero expresar también una opinión respecto de la vigencia de las disposiciones que contienen un aumento de las remuneraciones, ya que la Comisión de Hacienda solicitó al Ministro de Educación que acoja la iniciativa de que el proyecto entre en vigencia retroactivamente, a partir del 1º de enero de 1996, lo que también comparto. Anuncio que votaré favorablemente la idea de legislar. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ha sido extenso el debate sobre algunos aspectos que es necesario incorporar en la ley, especialmente referidos a la negociación colectiva, hecho que ha sido traspasado a las corporaciones. Sin embargo, ha encontrado el rechazo unánime y nacional de los no docentes, toda vez que estas corporaciones se encuentran desfinanciadas. Por lo tanto, será imposible llevar adelante, en términos favorables, cualquier tipo de negociación colectiva. Con el Diputado señor Valenzuela hemos presentado una indicación, la que, junto a otras que hayan sido presentadas, pido que se vea la posibilidad de incorporarlas para al debate, a fin de no tener que presentarlas en el Senado. En este caso específico, no veo impedimento para que las corporaciones, si lo desean, puedan negociar colectivamente. Por lo tanto, conviene establecer un mecanismo de equidad, toda vez que es pública y además comprensible, la inquietud de que si no hay financiamiento para las corporaciones o están absolutamente deficitarias, mal podrán negociar. Esto va a posibilitar que en un lejano plazo puedan estar económicamente adecuadas para brindar más en cada negociación colectiva. Espero que se logre la unanimidad, aun cuando no sé si fueron presentadas las indicaciones, pero yo firmé algunas. En segundo lugar, quiero hacer presente un hecho que es muy injusto y discriminatorio. El señor SEGUEL.- ¿Me permite una interrupción? El señor NAVARRO.- Tengo cinco minutos, Diputado señor Seguel. Después se la concedo sin ningún problema. Me refiero a la imposibilidad que tienen los no docentes de desempeñar el cargo de concejal y seguir desempeñándose en funciones de no docente. Esta exclusividad está dada sólo para los profesores, que pueden ser concejales y ejercer la docencia. Si bien esto está en la Ley Orgánica de Municipalidades, es una discriminación que por ser concejal un no docente tenga que renunciar a su trabajo, como lo ha ratificado un dictamen de la contraloría de la Municipalidad de Salamanca. Éste es un hecho discriminatorio, arbitrario y, por lo tanto, debe ser estudiado y evaluado, y espero que pueda ser considerado en el Senado. No veo por qué únicamente los profesores puedan contar con ese privilegio, si los no docentes son parte de un mismo sistema educacional. En tercer lugar, el artículo 3º establece las condiciones por las cuales no podrán desempeñar el cargo de no docentes. Allí se hace referencia al Título VII y 1 y 2 del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, que establece los delitos de estupro, violación, abusos deshonestos, incesto. Esto, si bien es necesario, la referencia expresa a esto evidentemente pone en desmedro a los no docentes, ya que no pueden ser considerados, porque el hecho de trabajar con niños, están en condiciones de cometer estos delitos. Por lo tanto, debemos entender que aquí rigen las normas generales y cualquier ciudadano está expuesto a cometer estos delitos. En este sentido, vale la pena la clarificación, teniendo presente, además, que hay prohibición de ejercer el cargo si ha sido condenado. Lo cierto es que debiera ser condenado a sentencia firme, es decir, que la condena esté resuelta, ya que si hay apelación y absolución, es evidente que allí se cometería una injusticia. En consecuencia, solicito que se me informe qué indicaciones han sido presentadas. Por su intermedio, señor Presidente, le concedo una interrupción al Diputado señor Seguel , que me imagino será por el tema que he planteado. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, sólo quiero hacer una aclaración importante al tema. El artículo 16, al cual se han referido algunos parlamentarios, se refiere a la negociación colectiva, tema realmente importante para los trabajadores; pero en la línea Nº 4 se establece “tendrá derecho”; no es una imposición que los trabajadores negocien colectivamente. Es una cuestión voluntaria. No es bueno negar ahora la posibilidad de que más adelante, según sea su organización, se efectúe una buena negociación colectiva, tanto en ese establecimiento como en interestablecimientos. Eso quiere el proyecto de ley enviado por el Gobierno y que estamos discutiendo. Por lo tanto, considero pésima la idea de impedir que en el futuro puedan negociar colectivamente. La disposición establece que "tendrán derecho a negociar colectivamente", es decir, si ellos quieren; si no lo desean, no lo harán. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Están inscritos para intervenir los Diputados señores Solís, Vilches , Valcarce , Munizaga , Coloma , Álvarez-Salamanca , Viera-Gallo y Latorre. Como no alcanzarán a hacerlo, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, podrán insertar sus intervenciones. En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala: El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, el personal no docente juega un rol de extraordinaria importancia en el proceso educacional chileno, y así queda demostrado cuando vemos que los no docentes están presentes en una serie de actividades que requieren de una atención especial, dedicada y que, sin embargo, a falta de especialistas, los directores o las autoridades de los establecimientos educacionales encomiendan al personal no docente la responsabilidad de efectuar estas tareas, algunas veces cumpliendo misiones de acción social o realizando tareas para colaborar con el proceso educativo de los niños, además de las labores habituales que les corresponden, todos trabajos de gran dedicación, de mucha responsabilidad y que no están de acuerdo con el nivel de remuneraciones que reciben estos trabajadores de la educación chilena. En la ciudad de La Serena, desempeñándome como alcalde en los años en que recién se hizo el traspaso educacional, tuve la ocasión de observar y valorar el trabajo del personal no docente y, en consecuencia, creo que con conocimiento de causa puedo señalar en esta Cámara de Diputados, que la labor que ellos desarrollan en cada una de las escuelas del país es una labor de gran importancia para el proceso educacional y por esto se les debe entregar la atención y las remuneraciones que verdaderamente corresponden a su esfuerzo. Lamentablemente, la respuesta que se ha dado a sus justas peticiones no ha sido oportuna ni concreta. Ya en el año 1991 el gobierno se comprometió a entregar una solución a los planteamientos del personal no docente y esta solución se veía en la dictación de un estatuto que les favoreciera, lamentablemente, las cosas se dilatan y recién en 1993 llega un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que establece un estatuto para los trabajadores no docentes. En diciembre del 93 este proyecto se congela por cuanto aparecen dentro del gobierno distintas opiniones frente al tema. En 1994 se cambia, a través de la vía de las indicaciones, totalmente el proyecto, y en el año 1995 se ingresa un proyecto totalmente nuevo, que es el que actualmente estamos discutiendo. Ahora bien, si nosotros analizamos la solicitud que con justicia han hecho los trabajadores no docentes y analizamos los distintos proyectos que presentó el Gobierno y la evolución de éstos hasta llegar a lo que hoy estamos discutiendo en la sala, podemos ver que hubo un cambio bastante de fondo en la ley propuesta. En primer lugar, se cambia la naturaleza del proyecto anterior que consideraba un estatuto para el personal no docente, dado que el proyecto actual no lo considera, y se transforma sólo en un proyecto de carácter remuneracional. En segundo lugar, debemos señalar que los recursos que se otorgan para el personal no docente son insuficientes y carentes de equidad, y, en tercer lugar, queda como un vacío evidente la falta de definición en cuanto a las horas de trabajo, el tipo de trabajo que deben efectuar estos trabajadores, y, por último, también queda en evidencia en este proyecto que no existe una carrera funcionaria para el personal no docente. Por otra parte, el proyecto en discusión señala en su artículo 16 que se otorga a los trabajadores de las Corporaciones Municipales el derecho de negociación colectiva, sin considerar que este es un sistema que está absolutamente desfinanciado, considerando que los ingresos por subvención no cubren los gastos operacionales de las Corporaciones Municipales; en consecuencia, los trabajadores no docentes a través de su directiva han hecho saber a los distintos parlamentarios que consideran inconveniente el que se establezca en esta ley la negociación colectiva, por cuanto las Corporaciones no están en condiciones económicas para responder ante un requerimiento de los trabajadores. El verdadero problema de las Corporaciones Municipales y de la educación municipalizada, obviamente está en el monto de la subvención educacional; ésta partió con un valor real en el año 1981, cuando recién se inicia el proceso de la municipalización, valor que permitía a los municipios pagar los sueldos, administrar eficientemente el sistema y hacer mejoras en los establecimientos educacionales; pero, lamentablemente, ese valor fue disminuido a raíz de la crisis del año 81 y posteriormente congelado, de tal modo que la actual subvención tiene un valor insuficiente para que los municipios puedan cumplir eficientemente con la tarea de administrar los establecimientos educacionales. De ahí, entonces, que la verdadera solución para el personal no docente y para los docentes, va a ser que el gobierno pueda mejorar la subvención educacional de modo que ésta sí permita cubrir con los sueldos de docentes, de no docentes, gastos administrativos, mantención de edificios etc., y en esa forma hacer que funcione verdaderamente el sistema de educación municipalizada. Señor Presidente, no sólo quiero hacer críticas al proyecto, porque éste, aun cuando nos merece reparos como los que he seña lado, vamos a votarlo positivamente, porque hay un avance en cuanto a remuneraciones para el sector, y en algunas materias que me parece conveniente señalar, dentro de los aspectos positivos, está el derecho al perfeccionamiento de los trabajadores y el derecho a la asociación, derechos que van a permitir un mejor perfeccionamiento y organización de estos trabajadores. Finalmente, me parece que este proyecto de ley deja numerosos puntos pendientes y entre esos están los que dicen relación con una remuneración justa, equivalente a la de otros funcionarios públicos; quedan pendientes también la carrera funcionaria, el establecer una jornada de 44 horas de trabajo, el reconocimiento de las horas extraordinarias, y la definición de las funciones que deben desempeñar los trabajadores no docentes de la educación. En todo caso, aun cuando consideramos pendientes reparos al proyecto, creemos que se ha dado un paso adelante por cuanto mejora la situación actual de los trabajadores, y viene en alguna medida a atender esas justas peticiones que se vienen planteando desde hace mucho tiempo y que desde 1991 se había ofrecido solucionar con prontitud. Han pasado más de 5 años y el Gobierno está dando esta solución, que no es la óptima, pero que se mejoró bastante con el aporte de los parlamentarios de Oposición, y por esto, nuestra bancada va a votar favorablemente este proyecto de ley en general y votará en forma negativa el artículo Nº 16, con cuyo texto han manifestado estar en desacuerdo los trabajadores no docentes del país. He dicho. El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, Honorable Cámara: Comparto plenamente la posición de los que defienden el derecho de los funcionarios no docentes a tener un trato equitativo y digno de parte de sus empleadores, que incluye remuneraciones y carrera funcionaria adecuadas. Debemos tener presente que todos los que trabajan en establecimientos educacionales cumplen, por ese solo hecho, un vital rol educacional, aunque no sean docentes funcionarios: El que prepara los alimentos con cuidado y afecto, el que limpia patios y sanitarios, los que velan por solucionar problemas físicos, psicológicos y sociales, entre otros, refuerzan y potencian la labor docente y, con su ejemplo, señalan a los estudiantes la importancia y dignidad de un trabajo bien hecho, con responsabilidad y con amor; un portero atento, impecable, que cumple los horarios y normativas con respeto y buen trato, que está consciente de la dignidad e importancia de sus tareas, hace, con su ejemplo y su trabajo específico muchísimo por la formación educacional de los niños y los jóvenes; y este ejemplo es válido para todos los funcionarios no docentes. Es indudable que este proyecto de ley no satisface todo lo que nuestra sociedad, el Estado, debe entregar a los funcionarios no docentes, y será necesaria una nueva ley, que llene el déficit pendiente, la que desde ya pedimos al Gobierno y a sus entes técnicos especializados. He dicho. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, hace seis años solicitamos al Ministro de Educación de ese entonces, don Ricardo Lagos , que cuando se analizara el estatuto docente, se iniciara al mismo tiempo el análisis del estatuto para los funcionarios no docentes, que en ese momento alcanzaban a un total de treinta y siete mil trabajadores. Nadie puede dudar de que en el proceso de enseñanza aprendizaje, los funcionarios no docentes tanto las bibliotecarias, auxiliares, etcétera, juegan un papel de importancia, y que todos forman un cuerpo integral que permite a nuestros niños y jóvenes recibir una educación plena. Sin embargo, las señales y actitudes del Gobierno nos hacen pensar que en realidad estos hombres y mujeres no tienen para éste la importancia que nosotros les asignamos. Luego de seis años, hoy estamos estudiando una ley que tiene relación con los no docentes, y digo que la tiene, por cuanto lo que nosotros deseábamos era una carrera funcionaria y lo que el Gobierno envió a esta Cámara finalmente es un pequeño aumento de sueldo y una asignación por una sola vez de setenta y seis mil pesos, y lo que es peor, estamos sesionando con suma urgencia, es decir, en forma apresurada. ¡Qué lamentable es esta situación! Tanta promesa que recibieron estos trabajadores y hoy sólo podrán obtener un pequeño reajuste. Creo que el Gobierno ha quedado en deuda con ellos. Hubiésemos querido que en este trámite se hubiesen podido presentar indicaciones para tratar de mejorar este seudo proyecto; sin embargo, por la suma urgencia, será imposible hacerlo. Espero que nuestros colegas senadores una vez más puedan negociar adecuadamente lo que en la Cámara es imposible hacer, porque el Gobierno tiene mayoría. Señor Presidente, ojalá algún día se pueda hacer justicia con este personal no docente, al cual se le exige más que a muchos funcionarios del Estado, y ya mis colegas lo han planteado en sus discursos. Espero que cuando llegue el momento de elegir a las autoridades políticas, estos funcionarios puedan cobrarse de lo que hoy muchos les adeudan. He dicho. El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, en la parte final del mismo artículo se agrega, después del punto seguido: "Para estos efectos no regirá la prohibición establecida en el inciso tercero del artículo 304 del citado decreto con fuerza de ley". Como las municipalidades reciben un aporte, si no se contempla esta excepción, el personal no docente no podrá ejercer el derecho de negociar colectivamente. Por lo tanto, con este artículo se posibilita que los funcionarios no docentes negocien; de no incluirse esta disposición, quedan en la situación actual que, ciertamente, es mucho peor que la que se propone. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde votar la idea de legislar. Se votarán primero las disposiciones que no requieren quórum especial para su aprobación. A continuación, se votarán las que lo requieran. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña , Alvarado , Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Balbontín , Bartolucci , Bayo , Bombal , Caminondo , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , De la Maza , Dupré , Elgueta , Encina , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Jara , Jocelyn-Holt , Jürgensen , Latorre , León, Letelier ( don Felipe) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Montes, Morales, Munizaga , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Reyes , Ribera , Rodríguez , Saa (doña María Antonieta) , Sabag , Salas , Seguel , Silva , Solís , Soria , Sota , Taladriz , Tohá , Tuma , Urrutia (don Salvador) , Valcarce , Vargas , Viera-Gallo , Villouta , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para aplicar esta misma votación a los artículos 4º y 8º que requieren quórum calificado y de ley orgánica constitucional, respectivamente? Varios señores DIPUTADOS.- No, señor Presidente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Latorre para un asunto de Reglamento. El señor LATORRE.- Señor Presidente, hay Comisiones que han seguido funcionando como comités, como la de Minería, que tenían citadas a algunas asociaciones mineras. En consecuencia, pido que la Mesa instruya para que se les avise que se está votando el proyecto. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Voy a pedir que se les informe, pero me parece grave lo que señala Su Señoría, porque los parlamentarios deben respetar los acuerdos de la Sala. Las Comisiones fueron autorizadas para sesionar hasta las 19 horas y, por respeto a nosotros mismos, el Presidente no puede andar buscando a los señores Diputados en los pasillos o en las salas de reuniones. Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, siendo legítima su invocación, la sesión de la Comisión de Minería se extendió más allá de la hora original, por respeto a dirigentes de la pequeña minería que hicieron un largo viaje desde la Segunda Región para plantear los problemas que los aquejan. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación en general el artículo 4º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña , Alvarado , Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Balbontín , Bartolucci , Bayo , Bombal , Caminondo , Cardemil , Ceroni , Correa , De la Maza , Dupré , Elgueta , Encina , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Jara , Jocelyn-Holt , Jürgensen , León, Letelier (don Felipe) , Masferrer , Melero , Montes, Morales , Munizaga , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Reyes , Ribera , Rodríguez , Saa (doña María Antonieta) , Sabag , Salas , Seguel , Silva , Solís , Soria , Sota , Taladriz , Tohá , Tuma , Urrutia (don Salvador) , Valcarce , Vargas , Viera-Gallo , Villouta , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano. El señor ESTÉVEZ (Presidente). Aprobada la idea de legislar en este artículo. En votación la idea de legislar en el artículo 8º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña , Aguiló , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Aylwin (doña Mariana) , Balbontín , Bayo , Caminondo , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica ), De la Maza , Dupré , Elgueta , Encina , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Jara , Jocelyn-Holt , Latorre , Leay , León, Letelier (don Felipe) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Morales , Munizaga , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Prokuriça , Reyes , Ribera , Rodríguez , Saa (doña María Antonieta) , Sabag , Salas , Seguel , Silva , Solís , Soria , Sota , Taladriz , Tohá , Tuma , Urrutia (don Salvador) , Valcarce , Valenzuela , Vargas , Viera-Gallo , Vilches , Villegas , Villouta , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Matthei ( doña Evelyn) y Orpis. Se abstuvieron los Diputados señores: Alvarado , Bartolucci , Jürgensen y Melero. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Debido a que el proyecto tiene urgencia calificada de “suma”, también corresponde votar el proyecto en particular. Hay indicaciones de la Comisión de Hacienda en los artículos 2º, 6º, 14 y 16, las únicas que, reglamentariamente, pueden ser tratadas en esta sesión. Han llegado además otras indicaciones firmadas por un grupo de Diputados, que el Presidente considera inadmisibles, salvo la que propone agregar un inciso nuevo al artículo 8º, pero que requiere de la unanimidad de la Sala para ser tratada. Tiene la palabra el Diputado señor Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, más allá de que la Mesa las declare inadmisibles, ¿sería posible conocer el tenor de esas indicaciones? El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se requiere la unanimidad para ser tratadas, incluso para leerlas, porque no corresponde presentarlas en esta etapa de tramitación. Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, si va a pedir la unanimidad para tratar las indicaciones, lo justo sería que a los demás se les diera la oportunidad de presentarlas también. Todos nos quedamos con el criterio que Su Señoría fijó en la mañana. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, es el criterio del Reglamento. Ahora, como algunas han sido entregadas a la Mesa, lo he informado a la Sala, pero para tratarlas se requiere la unanimidad. Además, en aquellas que son inadmisibles, yo no voy a dar la unanimidad para estudiarlas. De otra manera, me estaría contradiciendo. He dicho que hay sólo una que podría ser tratada, si hay acuerdo. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, o vemos una o vemos todas, pero... El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No hay acuerdo. Quedan aprobados en particular, de acuerdo con el Reglamento, los artículos que no han sido objeto de modificaciones. La Comisión de Hacienda ha formulado indicación al artículo 2º para sustituirlo por el que aparece en el informe. Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, la indicación de Hacienda incorpora a los funcionarios que trabajan en los internados, en cada una de las distintas categorías que se especifican. Esa es la única diferencia con la Comisión de Educación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación la indicación. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobada. En lo que se refiere al artículo 6º, aprobado por la Comisión técnica, se establece que el Ministerio de Educación deberá, por medio del Centro de Perfeccionamiento, elaborar programas anuales para su implementación, sin perjuicio de lo que hagan las corporaciones municipales o municipalidades. Esta disposición, cuyo propósito es, sin duda, muy loable, es de origen parlamentario. Por ende, es absolutamente inadmisible, por cuanto la iniciativa de ley sobre aspectos de la administración del Estado es exclusiva del Presidente de la República. Una indicación parlamentaria no podría entregarle tareas al Ministerio de Educación. El señor RODRÍGUEZ.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero defender la admisibilidad de esa indicación, en el sentido de que no genera una carga mayor al Estado, porque se supone que se trabaja con el mismo presupuesto que hoy tiene el Centro. En segundo lugar, tampoco se agregan nuevas funciones, porque ya las ha cumplido el Centro de Investigación. Por lo tanto, se plantea hacer efectivo el derecho a perfeccionarse de los funcionarios no docentes. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, el punto no es el mayor gasto. El artículo 62 de la Constitución establece que le corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para, y en su número 2º, expresa: “Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.” A mi juicio, es de toda evidencia que encargarle al Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, elaborar determinados programas anuales es afectar sus funciones o atribuciones. Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, si ese es el criterio que va a imperar en esta Sala, por su intermedio, solicito al señor Ministro que la haga propia. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Lamentablemente, la normativa que nos rige no permite presentar indicaciones inadmisibles ni aun para el efecto lo dice en forma expresa de solicitar que el Gobierno las patrocine. Lo lamento, señor Diputado, porque la iniciativa es loable y muy positiva. Pero es mi obligación, como Presidente de la Cámara, hacer cumplir las disposiciones legales. Por ello, la declaro inadmisible. En lo que respecta al artículo 4º, que aprobamos por unanimidad en general, corresponde ratificarlo en particular. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (doña Mariana) , Balbontín , Bartolucci , Bayo , Bombal , Caminondo , Cantero , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica ), De la Maza , Dupré , Elgueta , Encina , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Jara , Jocelyn-Holt , Jürgensen , Latorre , Leay , León, Letelier (don Felipe) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Montes, Morales , Munizaga , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Prokuriça , Reyes , Ribera , Rodríguez , Saa (doña María Antonieta) , Sabag , Seguel , Solís , Soria , Sota , Taladriz , Tohá , Tuma , Urrutia (don Salvador) , Valenzuela , Vargas , Viera-Gallo , Vilches , Villegas , Villouta , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde votar en particular el artículo 8º por ser materia de ley orgánica constitucional. Para su aprobación se requieren 67 votos. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña , Aguiló , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (doña Mariana) , Balbontín , Bayo , Caminondo , Cantero , Ceroni , Cornejo , Correa , De la Maza , Dupré , Elgueta , Encina , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Jara , Jocelyn-Holt , Latorre , Leay , León, Letelier (don Felipe) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Morales , Munizaga , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Prokuriça , Reyes , Ribera , Rodríguez , Saa (doña María Antonieta) , Sabag , Salas , Seguel , Solís , Soria , Sota , Taladriz , Tohá , Valcarce , Valenzuela , Vargas , Viera-Gallo , Vilches , Villegas , Villouta , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano. Se abstuvieron los Diputados señores: Alvarado , Bartolucci , Bombal y Jürgensen. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el artículo 9º, inciso primero, figura una indicación del Ejecutivo. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobada. Hay otras indicaciones al artículo 9º. Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en relación con el artículo 9º, hay discrepancia entre las Comisiones de Educación y de Hacienda, porque esta última propone eliminar su inciso tercero que señala que el aumento de remuneraciones de los funcionarios que trabajan en establecimientos educacionales, a través de corporaciones municipales, se determinará mediante negociación colectiva. Por eso solicitamos votarlo aparte. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Además, el señor Secretario me observa que el Ejecutivo renovó su indicación para el inciso tercero del artículo 9º. Entonces, la indicación de la Comisión de Hacienda es para rechazar el inciso tercero del artículo 9º, y, posteriormente, la del Ejecutivo para introducir una modificación al texto de la Comisión técnica de Educación. Por tanto, en primer lugar someteré a votación la indicación de la Comisión de Hacienda para rechazar el inciso tercero del artículo 9º. En votación la indicación de la Comisión de Hacienda. Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo. El señor NARANJO.- Señor Presidente, me gustaría que clarificara un poco la votación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Está en votación la indicación de la Comisión de Hacienda, que propone rechazar el inciso tercero. Por tanto, si se aprueba, se rechaza el inciso tercero; si se rechaza, se produciría un sistema que podría llamarse de doble negación y por esa vía aprobaríamos el inciso tercero. Sin embargo, como dicho inciso presenta además una indicación del Ejecutivo, en el sentido de insistir en él con una redacción levemente modificada, vamos a votar primero la indicación de Hacienda. Si se aprueba, se rechaza el inciso, y si se rechaza o gana la mayoría negativa, entonces veremos las otras indicaciones. Tiene la palabra el Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, sólo quiero aclarar el criterio de la Comisión de Hacienda. En el artículo 16 se establece la negociación colectiva; por lo tanto, nos pareció que el inciso tercero estaba de más y por esa razón, decidimos eliminarlo. Además, no aporta nada adicional El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro de Educación, señor Sergio Molina. El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, estoy de acuerdo con la proposición de la Comisión de Hacienda. La indicación del Ejecutivo fue para aclarar ese inciso; pero, al rechazarlo, lo remite al artículo 16, que es lo que corresponde. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobada la indicación de Hacienda, con lo cual queda aprobado también el artículo 9º. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (doña Mariana) , Balbontín , Bartolucci , Bayo , Bombal , Caminondo , Cantero , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica ), De la Maza , Dupré , Elgueta , Estévez , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Jara , Jocelyn-Holt , Jürgensen , Leay , León, Martínez ( don Gutenberg) , Masferrer , Montes, Morales , Munizaga , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Prokuriça , Reyes , Ribera , Rodríguez , Saa (doña María Antonieta) , Sabag , Salas , Seguel , Solís , Soria , Sota , Taladriz , Tohá , Urrutia (don Salvador) , Valcarce , Valenzuela , Vargas , VieraGallo , Vilches , Villouta y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Encina , Latorre y Ortiz. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- A continuación, el artículo 14 tiene también una indicación de la Comisión de Hacienda para eliminar, en el inciso primero, la frase “y que no pueda ser mejorada o aumentada, no obstante el esfuerzo realizado para otorgar una mejor prestación educacional.” Si le parece a la Cámara, se aprobará por unanimidad. Aprobada. Finalmente, el artículo 16 contiene una indicación de la Comisión de Hacienda que presentó el Ejecutivo. Consiste en incorporar, entre las palabras “docente” y “de”, la frase “que se desempeña en los establecimientos educacionales dependientes.” Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobada la indicación, con lo cual queda despachado el proyecto. Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, varios Diputados intervinimos para expresar opinión contraria al artículo 16, que permite la negociación colectiva, a través de las corporaciones, a los funcionarios de los establecimientos educacionales. Dado que expresamos nuestra opinión negativa, solicito que el artículo se vote, para que podamos reflejarla en dicha votación. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, usted está en su derecho, pero lo acabamos de aprobar. Pregunté dos veces si había acuerdo en la Sala. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, usted va muy rápido con la indicación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, usted consultó sobre la indicación que, obviamente, mejora la redacción del artículo 16, pero ello no significa que estemos de acuerdo con el fondo del artículo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, es probable que el colega señor José García no haya estado presente en la fase final de discusión de este artículo. El señor Ministro se refirió exactamente a él. Para los efectos de la historia fidedigna de la ley, se dejó constancia expresa de que el artículo permite que se ejerza eventualmente ese derecho. No es imperativo, pero resultaría absurdo que, en definitiva, por los alcances que hoy nos merezca la posibilidad de una negociación colectiva exitosa, ese personal quedara sin posibilidad de negociación colectiva en el futuro. En consecuencia, de la intervención del señor Ministro entendí que se trata de una posibilidad que se entrega y que no constituye exigencia u obligación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- De acuerdo con el Reglamento... El señor RODRÍGUEZ.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Rodríguez , no puede haber debate en esta materia. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, sólo quiero hacer una consulta para aclarar un poco más el debate. Continuando con la lógica del Diputado señor Latorre , consulto al señor Ministro, por su intermedio, cuál es, entonces, el mecanismo que se impondrá si un grupo de trabajadores opta por no negociar colectivamente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Primero, me referiré al procedimiento. Cuando votamos indicaciones, significa que también ponemos en votación el artículo a las cuales corresponden. Ése es nuestro sistema de votación. Por tanto, cuando se aprueba una indicación, se entiende también aprobado el artículo. Sin embargo, si esto no ha sido claro o ha habido ambigüedad porque naturalmente puede solicitarse que se acepte mejorar la redacción para luego votar que sí o que no, lo cual es algo que también está dentro de la lógica no me parece adecuado que se apruebe el artículo 16 en condiciones poco claras. Me parece mejor, más sano y más claro, que lo votemos separadamente, entendiendo que lo que se votará es el artículo con la redacción propuesta. No obstante, como se ha producido un pequeño debate al respecto y el tema es de gran trascendencia, acogeré la solicitud del Diputado señor Rodríguez para ofrecer la palabra al señor Ministro, de manera que contribuya a aclarar el punto. Tiene la palabra el Ministro de Educación. El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, como lo expresé en una intervención anterior, este artículo establece que el personal no docente que corresponda tendrá derecho a negociar colectivamente; pero lo importante es que la expresión “tendrán derecho” se hace efectiva sin que rija para estos efectos la prohibición dispuesta en el artículo 204 del Código del Trabajo. Hoy, esos funcionarios no tienen derecho a la negociación colectiva; están inhibidos porque forman parte de una institución en la cual el Estado tiene un aporte significativo. En este caso, se les da derecho y, además, no se les inhibe para que puedan ejercerlo. Si el artículo no se aprueba, seguirán en las condiciones actuales: acogidos al Código del Trabajo y sin derecho a negociar colectivamente. El señor GARCÍA (don José).- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor García , no puede haber debate sobre la materia, de modo que le ruego que sea muy breve. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, creo que las preguntas de fondo no están respondidas: ¿qué ocurrirá con aquellos trabajadores que no quieran hacer uso del derecho de negociar colectivamente? ¿Cómo recibirán ese dinero? ¿Cómo se establecerán sus remuneraciones? El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Con ellos ocurriría lo mismo si se suprime el artículo 16. En votación el artículo 16. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña , Aguiló, Allende (doña Isabel) , Ascencio , Ávila , Aylwin (doña Mariana) , Balbontín , Ceroni , Cornejo , De la Maza , Dupré , Elgueta , Elizalde , Encina , Estévez , Fuentealba , Gajardo , Gutiérrez , Hernández , Jara , Jocelyn-Holt, León , Letelier (don Felipe) , Martínez (don Gutenberg) , Morales , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Reyes , Saa (doña María Antonieta) , Sabag , Salas, Seguel , Soria , Sota , Tohá , Urrutia (don Salvador) , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Villouta y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alvarado , Bartolucci , Bombal , Caminondo , Cantero , Cardemil , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , García (don René Manuel) , García (don José) ; García-Huidobro , Jürgensen , Leay, Masferrer , Munizaga , Pérez (don Víctor) , Prokuriça , Ribera, Solís , Taladriz , Vargas y Vilches. Se abstuvieron los Diputados señores: Álvarez-Salamanca , Bayo , Galilea y Valcarce. Despachado el proyecto en su primer trámite constitucional. "

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