REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 331a, ORDINARIA
Sesión 3a, en miércoles 31 de mayo de 1995
(Ordinaria, de 10.30 a 13.32 horas)
Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime, y Latorre Carmona, don Juan Carlos.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


ÍNDICE

1.ASISTENCIA
2.APERTURA DE LA SESIÓN
3.ACTAS
4.CUENTA
5.FÁCIL DESPACHO
6.ORDEN DEL DÍA
7.INCIDENTES
8.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
9.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA 
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.  Asistencia. g
II.- Apertura de la Sesión 9
III.Actas 9
IV.Cuenta 9
O
Permiso constitucional 10
Preferencia para tratamiento de proyecto de ley. 10
V.Fácil Despacho
Modificación del artículo 1.709 del Código Civil par prohibir la letra chica en los contratos. Primer trámite constitucional 10
VI.Orden del Día.
Modificación del Estatuto de atención primaria de salud municipal. Primer trámite
constitucional 15
Modificación del decreto ley N° 2.695, de 1979, que regulariza la posesión de la pequeña propiedad raíz. Segundo trámite constitucional 17
Convenio de cooperación técnica y científica entre Belice y Chile. (Primer trámite constitucional)   30
VII.Incidentes.
Investigación en escuela de Villarrica (Novena Región). Oficio 32
Traspaso de terrenos a municipalidad de Curarrehue (Novena Región). Oficio33
Reparación de obra vial en la comuna de Toltén (Novena Región). Oficios 33
Aumento de remuneración a los concejales. Oficios 33
Destinación de vehículo al servicio de investigaciones de Puente Alto. Oficio34
Construcción de complejo aduanero en Los Andes. Oficios 35
Estudio sobre división de la Décima Región. Oficio 36
Procedimiento de votación para elegir alcalde en municipalidad de Papudo.Oficios 38
Reconstrucción de escuela municipal E499, de Temuco. Oficio 38
Participación de sectores laborales en negociaciones internacionales. Oficio 38
Igualación de impuestos que gravan los juegos de azar. Oficios 39
Alcance a declaraciones del Diputado Teodoro Ribera sobre situación de la agricultura 40
Reglamento de copropiedad para sedes comunitarias de conjuntos habitacionales financiados por Serviu. Oficio..' 41
Financiamiento de plan de descontaminación de la fundación "Hernán Videla Lira"
(tercera Región). Oficios 42
Información sobre compras de concentrados realizados por la Enami. Oficio 42
Reducción de plazo del plan de descontaminación de la fundación Hernán Videla Lira 42
Alza de tarifa de agua potable en comuna de Casablanca (Quinta Región). Oficios... 43 Construcción de cuartel de bomberos en Pudahuel (Región Metropolitana).
Oficios, 45
Informe económico relacionado con la creación de la comuna de Chiguayante (Octava Región). Oficio 45
VIII.Documentos de la Cuenta 50
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Bolivia para la exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio (boletín N° 161210)
2.Mensaje de S:E: el Presidente de la República, con el cual da inicio, con urgencia
calificada de "suma", a la tramitación de un proyecto que concede un reajuste extraordinario de un 10 por ciento a las pensiones que indica, y un aumento adicional a la educación subvencionada, tanto municipal como particular y establece las fuentes para su financiamiento (boletín N° 161705) 63
3.Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los que hace presente la urgencia, con calificación de "suma", para el despacho de los siguientes proyectos: 63
Otorga bonificaciones a beneficiarios de pensiones mínimas de viudez y otras que indica (boletín N° 159513)
Modifica el Estatuto de atención primaria de salud municipal (boletín N° 159611).
4.Oficios de S.E. el Presidente de la República, con los cuales hace presente la urgencia, con calificación de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos:.. 64
5.- Modifica el decreto ley N° 701, de 1974, sobre fomento forestal (boletín N° 159401) 64
6.Modifica el decreto ley N° 3.516, de 1980, sobre división de predios rústicos, inclu
yendo normas sobre desarrollo urbano y requisitos de urbanización (boletín N° 148401):. 64
7.Modifica normas de la ley N° 12.856, y establece el sistema de salud de las Fuerzas
Armadas (boletín N° 152202)i 65
8. Libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (boletín N° 103507).65 
9.Dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por
el Estado a través de los decretos leyes N°s 77, de 1973 y 1.697, de 1977; 12 y 133, de 1973 y 2.346, de 1978 (boletín N° 37812)
10.Sobre edificaciones en terrenos de playa (boletín N° 59712)
11.Modifica el Código del Trabajo en materia de negociación colectiva (boletín N° 150713)„
Oficios de la Corte Suprema, con los que remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
12.Establece que la enajenación de los bienes comunes provenientes de la reforma agraria, deberá hacerse por escrituras públicas individuales (boletín N° 157201)...67
13.Sustituye la ley de matrimonio civil de 10 de enero de 1884 y sus modificaciones boletín N° 151707) 68
14.Establece sanciones por la contaminación de las aguas terrestres (boletín N°157312)..     69
15.Regula el derecho de visita de los hijos sometidos a tuición de uno de los padres(boletín N° 155118) 70


Otros documentos de la Cuenta.

1.Comunicación:
Del Diputado señor Jocelyn-Holt quien, de conformidad con los dispuesto en el artículo 35, del Reglamento de la Corporación y 57, de la Constitución Política de la República, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 31 de mayo en curso.
2. Oficios:
Del Ministerio de Hacienda, Mediante el cual responde el enviado en nombre de la Corpo ración, relativo a exención del IVA a determinadas operaciones en las bolsas de productos agrícolas.
Del Ministerio de Educación, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De los señores Arancibia, Viera-Gallo, Ortiz y la señora Allende, sobre discriminación del crédito universitario y becas para educación superior a hijos ilegítimos.
Del señor Rodríguez, referente a distribución de textos escolares, plan anual 19941995.
De los señores Gutiérrez, La torre, De la Maza y Villegas, Liceo A8 Talca, Región de Maule.
Del Ministerio de Justicia, con el cual responde el enviado en nombre de los Diputados señores Villegas, Latorre, De la Maza y Gutiérrez, Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó.
Del Ministerio de Obras Públicas, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: 
Del señor Jürgensen, respecto de pavimentación de camino Frutillar Tegualda y recargue diversos caminos de la Décima Región; ocupación faja de ferrocarriles para caminos públicos; ruta 5, tramo Puerto Varas Puerto Montt, Décima Región .
Del señor Kuschel, referente a factores de asignación de licitaciones de obras por concesión.
Del señor García (don René Manuel), acerca de caminos Villarrica Pucón, Villarrica Lican Ray y Lican Ray Coñaripe.
Del señor Rodríguez, sobre túnel Chacabuco, Quinta Región .
Del señor Alvarado, relativo a construcción de camino en provincia de Palena.
Del señor Reyes, referente a la apertura de camino Huar-Huar, comuna de Los Muermos,Décima Región.
Del Ministerio de Agricultura, con los que responde los enviados en nombre de los siguiente Diputados:
Del señor Jürgensen, respecto de eliminación de la exigencia de aval para los pequeños agricultores mayores de 70 años.
De los señores Kuschel y Solís, acerca de actividades de Conaf en la Región de Aysén .
Del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Kuschel, relativo a compra de terrenos por el señor Douglas Tompkins y socios.
Del señor Reyes, Ortiz, Villouta, sobre presentación inmueble fiscal denominado Gran Hotel Puerto Varas, Décima Región.
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Pérez (don Ramón), referente a designaciones de funcionarios en Capremer.
Del Ministerio de Salud, mediante el cual responde el enviado en nombre de la Corporación, respecto de problemas del sector salud.
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados :
Del señor Latorre, referente a erradicaciones y construcción de viviendas que beneficiarán a las familias del sector Convento Viejo, comuna de Chimbarongo.
Del señor Kuschel, sobre pavimentación Villa Artesanía y Villa Las Industrias de Puerto Montt.
Del señor Pérez (don Ramón), acerca de problemas planteados en la construcción de viviendas de la Población Las Dunas I, en Iquique.
Del señor Urrutia (don Raúl), sobre plan regulador intercomunal del Valle de Auco, comuna de Rinconada y Calle Larga.
De la Corporación de Fomento de la Producción, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Jürgensen, relativo a proyecto de agua potable en Población Hechenleitner, comuna de Frutillar.
Del Ministerio de Planificación y Cooperación, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Letelier (don Juan Pablo) respecto de proyecto de servicio higiénico en la Escuela Laura Matus, comuna de Doñihue.
Del señor Alvarez-Salamanca, referente a listado de proyectos de telefonía pública rural presentados en la Sexta Región para ser financiados con fondos de Fndr.
Del señor Jürgensen, sobre proyectos de telefonía rural para ser ejecutados en la comuna de San José de Maipo.
De la Municipalidad de San Vicente de Tagua  Tagua, por el que informa sobre el funciona miento del Consejo Económico y Social.
De la Municipalidad de Curarrehue, mediante el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor García (don René) relativo a déficit educacional.
Del Consejo de Defensa del Estado, con el cual responde el enviado en nombre de los diputados señores Soria y Morales, respecto de irregularidades cometidas en el Juzgado de Policía Local de Iquique.
Del Rector de la Universidad de Chile, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Espina, acerca de la política de financiamiento de ramas deportivas de la Universidad.
Del Alcalde de la Municipalidad de Quilpué, mediante el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Longton, referente a permutas o intercambios de animales en el Zoológico de Quilpué.
De la Comisión Nacional del Medio Ambiente, por el que responde el enviado en nombre de la Corporación, sobre emplazamiento de la Central Hidroeléctrica Pangue.
Del Comité Olímpico de Chile, con el que agradece homenaje postumo rendido al equitador Sr. Alberto Larraguibel y a la aprobación de construcción de un monumento en su memoria. 


I.-ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes señores Diputado: (91)
-- Acuña Cisternas, Mario 
-- Alvarado Andrade, Claudio 
-- Ávila Contreras, Nelson 
-- Aylwin Azocar, Andrés 
-- Balbontín Arteaga, Ignacio 
-- Bartolucci Johnston, Francisco 
-- Bayo Veloso, Francisco 
-- Bombal Otaegui, Carlos 
-- Caminondo Sáez, Carlos 
-- Cantero Ojeda, Carlos 
-- Cardemil Herrera, Alberto 
-- Ceroni Fuentes, Guillermo 
-- Cornejo González, Aldo 
-- Correa De la Cerda, Sergio 
-- Chadwick Piñera, Andrés 
-- De la Maza Maillet, Iván 
-- Dupré Silva, Carlos 
-- Elgueta Barrientos, Sergio 
-- Elizalde Hevia, Ramón 
-- Errázuriz Eguiguren, Maximiano 
-- Espina Otero, Alberto 
-- Estévez Valencia, Jaime 
-- Fantuzzi Hernández, Ángel 
-- Ferrada Valenzuela, Luis Valentín 
-- Fuentealba Vildósola, Renán 
-- Gajardo Chacón, Rubén 
-- Galilea Vidaurre, José Antonio 
-- García García, René Manuel 
-- García Ruminot, José 
-- González Rodríguez, José Luis 
-- Gutiérrez Román, Homero 
-- Hamuy Berr, Mario 
-- Hernández Saffirio, Miguel 
-- Huenchumilla Jaramillo, Francisco 
-- Jara Wolff, Octavio
-- Jürgensen Caesar, Harry 
-- Karelovic Vrandecic, Vicente 
-- Kuschel Silva, Carlos Ignacio 
-- Latorre Carmona, Juan Carlos 
-- Leay Morán, Cristián 
-- León Ramírez, Roberto 
-- Letelier Norambuena, Felipe 
-- Longton Guerrero, Arturo 
-- Longueira Montes, Pablo 
-- Luksic Sandoval, Zarko 
-- Makluf Campos, José 
-- Martínez Ocamica, Gutenberg
-- Masferrer Pellizari, Juan 
-- Matthei Fomet, Evelyn 
-- Melero Abaroa, Patricio 
-- Montes Cisternas, Carlos 
-- Morales Morales, Sergio 
-- Moreira Barros, Iván 
-- Munizaga Rodríguez, Eugenio 
-- Ojeda Uribe, Sergio 
-- Orpis Bouchón, Jaime 
-- Ortiz Novoa, José Miguel 
-- Palma Irarrázaval, Andrés 
-- Palma Irarrázaval, Joaquín 
-- Paya Mira, Darío 
-- Peréz Várela, Víctor 
-- Pizarro Soto, Jorge 
-- Prochelle Aguilar, Marina 
-- Prokuriga Prokuriga, Baldo 
-- Rebolledo Leyton, Romy 
-- Reyes Alvarado, Víctor 
-- Ribera Neumann, Teodoro 
-- Rocha Manrique, Jaime 
-- Rodríguez Cataldo, Claudio 
-- Saa Díaz, María Antonieta 
-- Sabag Castillo, Hosaín 
-- Salas De la Fuente, Edmundo 
-- Seguel Molina, Rodolfo 
-- Silva Ortiz, Exequiel 
-- Solís Cabezas, Valentín 
-- Sota Barros, Vicente 
-- Taladriz García, Juan Enrique 
-- Tuma Zedan, Eugenio 
-- Ulloa Aguillón, Jorge 
-- Urrutia Ávila, Raúl 
-- Urrutia Cárdenas, Salvador 
-- Valcarce Medina, Carlos 
-- Vargas Lyng, Alfonso 
-- Vega Vera, Osvaldo 
-- Venegas Rubio, Samuel 
-- Vilches Guzmán, Carlos 
-- Villegas González, Erick 
-- Villouta Concha, Edmundo 
-- Walker Prieto, Ignacio 
-- Wómer Tapia, Martita 
-- Zambrano Opazo, Héctor
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Alejandro García Huidobro y Guido Girardi.
Asistió, además, el Senador señor Sergio Páez.


II.- APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 10:30.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III.- ACTAS.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El acta de la sesión la. se declara aprobada.


IV.- CUENTA

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Terminada la lectura de la Cuenta.
El señor MELERO.- Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELERO.- Señor Presidente, en el punto b) del número 3, se da cuenta de que Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la "simple" urgencia para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley N° 3516, de 1980, sobre división de predios rústicos, que incluye normas sobre desarrollo urbano y requisitos de urbanización. La Mesa ha resuelto enviarlo a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Hago presente que esta iniciativa fue analizada y despachada por la Comisión de Agricultura, de manera que no veo razón para remitirla a dicha Comisión.
He dicho.
El señor GARCÍA (don René Mañuela
Pido la palabra sobre el mismo punto.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA (don René Mañuela Señor Presidente, si bien es cierto que la Comisión de Agricultura trató el proyecto, la Sala acordó enviarlo a la de Vivienda, porque está relacionado con asuntos de su competencia y es lógico que también lo analice. Incluso esa Comisión pidió conocerlo y la Mesa determinó que lo tratara la de Agricultura y posteriormente la de Vivienda.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, agradezco su contribución a la Mesa.
Efectivamente, el proyecto ya fue informado por la Comisión de Agricultura y no se encuentra en ella. La iniciativa está en la Comisión de Vivienda y a ella le corresponde informarla de acuerdo con la nueva calificación de la urgencia.
El señor PÉREZ (don Víctor).- Pido la palabra sobre el mismo asunto.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, el proyecto ya fue visto por la Comisión de Agricultura y lo está tratando la de Vivienda, porque tiene muchos aspectos que dicen relación con la Ley General de Urbanismo y Construcción.
En todo caso, sólo estamos hablando de la urgencia y no de la necesidad de que lo vea tal o cual Comisión. Por lo tanto, lo planteado por el Diputado señor Melero me parece, por lo menos, inoportuno.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Terminada la Cuenta.


PERMISO CONSTITUCIONAL

El señor ESTÉ VEZ (Presidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala a fin de conceder el permiso constitucional pedido por el Diputado señor Tomás JocelynHolt para ausentarse del país por un lapso superior a 30 días, a contar de hoy.
Acordado


PREFERENCIA PARA TRATAMIENTO DE PROYECTO DE LEY.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la "suma” urgencia para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que figura en el número 13 de la tabla de la presente sesión.
Por lo tanto, reglamentariamente, corresponde colocarlo en el primer lugar de la tabla del Orden del Día y tratarlo inmediatamente después de Fácil Despacho.


FÁCIL DESPACHO

MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 1.709, DEL CÓDIGO CIVIL, PARA PRO HIBIR LA "LETRA CHICA" EN LOS CONTRATOS.

Primer trámite constitucional.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En fácil Despacho, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el artículo 1.709 del Código Civil, con el objeto de prohibir la "letra chica" en los contratos y establecer sus características en beneficio de los usuarios.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, es el Diputado señor Cardemil.
Antecedentes:
Moción, boletín N° 1274-07, sesión 18a, en 7 de julio de 1994. Documentos de la Cuenta N° 9.
Informe de la Comisión de Constitución; Legislación y Justicia, sesión 56, en 11 de abril de 1995. Documentos de la Cuenta N° 16.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar el proyecto que modifica el artículo 1.709 del Código Civil.
Como está incluido en la tabla de Fácil Despacho, trataré de rendir  espero lograrlo un informe muy económico, sin perjuicios de resolver, con posterioridad, las inquietudes de Sus Señorías.
La iniciativa se originó en una moción de varios señores Diputados de Renovación Nacional, a la cual adhirieron los Diputados señores Aldo Cornejo y Zarko Luksic y la señora Fanny Pollarolo, fue aprobada por unanimidad, en general y en particular, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Se trata de un proyecto simple y sencillo, pero profundo en su sustancia y en sus objetivos, pues resuelve el siguiente problema.
Desde que el Código Civil se dictó, hace ya más de cien años, el concepto de contrato ha evolucionado. El artículo 1.709 del Código Civil, que establece la forma mínima de los contratos, obviamente preceptúa sobre los instrumentos existentes hace cien años, cuando las partes, después de un larga conversación, simplemente se ponían de acuerdo y suscribían un contrato en la notaría.
El avance de los tiempos y de los negocios ha hecho que los contratos evolucionen en forma. Así, la enorme mayoría de aquellos que los chilenos suscriben todos los días son de adhesión, es decir, contratos a los que prestan su firma, los cuales son propuestos por los oferentes a través de circulares, de correspondencia o de los diarios y el ad herente simplemente firmar estos contratos que versan sobre seguros, servicios, créditos, compraventa de los más diversos bienes.
El artículo 1709 del Código Civil se modificó en 1975. Su actual inciso primero establece: "Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias. "En sus incisos segundo y tercero contempla la inadmisibilidad de la prueba de testigos y dispone que no se incluirán en esa suma 7 dos unidades tributarias los frutos, intereses u otras accesorios de la especie o cantidad debida.
Las mañas propias del mundo moderno, en que la rapidez de la economía impone la necesidad de decisiones urgentes, han producido una verdadera corruptela en la suscripción de estos contratos. Simplemente el usuario es burlado, y las normas de equidad son distorsionadas por ciertos artificios muy simples, pero extraordinariamente sencillos.
Uno de éstos es la famosa "letra chica", que ha pasado a ser parte del folclor de nuestros negocios; es decir, el contrato lleva insertas ciertas cláusulas extraordinariamente gravosas para el usuario, las cuales figuran con una letra más pequeña que la del resto del contrato, de tal manera que no se advierte claramente lo que se está firmando.
Otra corruptela muy usada es adicionar un volante al texto de los contratos, en el que se agregan cláusulas que validan las principales, con lo cual se burla al usuario.
Y la tercera forma de corruptela es burlar lo que se propone al usuario a través de una carta mediante el ocultamiento del cuerpo principal del contrato, el cual debería mantenerse a su disposición en las oficinas del oferente.
Con este proyecto se trata de restablecer la equidad, ya que el contrato es ley para los contratantes, y ciertas normas mínimas, que se proponen en la nueva redacción del artículo 1.709 que se indica, el cual rige en forma general para todas las obligaciones;
"Los actos y contratos a que se refiere el inciso primero deberán otorgarse en un instrumento redactado en lengua española, cuyas estipulaciones, ya sean esenciales, de la naturaleza o meramente accidentales, consten íntegramente en un texto único, escrito en letras y signos del mismo tamaño y con iguales características en toda su extensión.
"El texto de los contratos que se celebren con personas cuyo giro sea la presentación, venta o financiamiento de bienes y servicios, sea mediante el otorgamiento de créditos directos o que, concedidos por terceros sean traspasados a los usuarios, deberán mantenerse permanentemente a disposición de éstos en las oficinas del oferente.
"La omisión del contrato escrito con las características indicadas en el inciso cuarto hará presumir como verdaderas",  y éste es el punto principal "en caso de conflicto, las estipulaciones que alegue en su beneficio el usuario o adquirente de los bienes y servicios.
"Las únicas agregaciones o volantes anexos que se permitirán en los contratos que se celebren por la aceptación de ofertas indeterminadas y previamente impresas, serán aquellos que adviertan a los usuarios de las causales de pérdida o de caducidad de sus derechos y que consten en aquéllos".
Señor Presidente, si los distinguidos colegas aprueban este proyecto de ley, restablecerán la mínima equidad en los contratos, ya que se establecerán las normas de resguardo en beneficio de los usuarios, que son la enorme mayoría de los chilenos, para que no se burlen sus derechos mediante artimañas.
Durante la discusión del proyecto se consideraron dos informes.
Uno es del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, formulado a través del Departamento Jurídico del Servicio Nacional del Consumidor, el cual expresó su visto bueno al proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pues señaló.que le interesa la aprobación de este texto legal.
Además aclaró el problema, esbozado en la Cámara hace algunos días, de que algunos señores Diputados estaban temerosos de que estuviéramos repitiendo otra norma que la ley del consumidor, próxima a discutirse en esta Sala, contiene en su artículo 13.
En efecto, esa norma establece algunas disposiciones respecto de los contratos de adhesión en la misma línea que el actual proyecto, pero, en opinión del Departamento Jurídico del Servicio Nacional del Consumidor, el proyecto que discutimos se refiere al artículo 1709 del Código Civil, que es la norma regulatoria general, mientras que el texto de la ley del consumidor se referirá a una norma específica de protección de los usuarios, que complementa no se hacen juego, la que hoy aprobaríamos.
Por su parte, la Universidad de Chile, a través del Decano de la Facultad de Derecho, señor Mario Mosquera Ruiz, en oficio de 19 de diciembre de 1994, en mi poder, comunica su visto bueno a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Afirma que el texto es adecuado y conveniente, y que las modificaciones propuestas dentro del contexto general de nuestro estado de derecho son atinentes, necesarias y oportunas.
Señor Presidente, la "letra chica" de los contratos, que le ha dado el título a esta moción, forma parte desde hace muchos años, como decía al principio, del folclor de nuestros negocios. Se hace referencia a ella como la típica artimaña destinada a engañar al usuario. Por una situación, muy curiosa, el Poder Legislativo nunca se había abocado a solucionar jurídicamente el problema que representa. Corresponde a la Cámara, a esta legislatura y a los señores Diputados presentes pronunciarse sobre la clarificación y rectificación de una situación que afecta a millones de chilenos.
Deseo formular dos alusiones generales finales.
El Profesor Josserand, en su "Cours de Droit Civil Positif Francais", estableció hace muchos años la evolución que ha tenido el concepto de los contratos, y refiriéndose en forma casi subconsciente, en una especie de aventura de anticipación, nos expresa cómo el legislador debe ir poniendo al día la norma positiva, para adecuarla a las necesidades de la contratación, eso  no otra cosa es lo que estamos haciendo hoy.
Cuando nuestro gran genio criollo don Andrés Bello elaboró el mensaje del Código Civil chileno, en 1885, estableció precisamente lo que estoy expresando; "Por completo y perfecto que se suponga un cuerpo de legislación, la mudanza de costumbres, el progreso mismo de la civilización, las vicisitudes políticas, la inmigración de ideas nuevas, precursoras de nuevas instituciones, los descubrimientos científicos y sus aplicaciones a las artes y a la vida práctica, los abusos que introduce la mala fe, fecunda en arbitrios para eludir las precauciones legales, provocan sin cesar providencias, que se acumulan a las anteriores, interpretándolas, adicionándolas, modificándolas, derogándolas, hasta que por fin se hace necesario refundir esta masa confusa de elementos diversos, incoherentes y contradictorios, dándoles consistencia y armonía y poniéndoles en relación con las formas vivientes del orden social".
Señor Presidente, no otra cosa estaría haciendo Sus Señorías si tienen la bondad y la inteligencia ¿por qué no decirlo? de aprobar está moción, pues estarían modificando la norma del Código Civil para ponerla "en relación con las formas vivientes del orden social".
En nombre de la Comisión de Constitución, Lesgislación y Justicia, solicito encarecidamente la aprobación de esta iniciativa, aprobado por unanimidad en la Comisión.
He dicho.
El señor ÁVILA.- Pido la palabra para hacer una rectificación.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ÁVILA Señor Presidente, el genio criollo a que aludía el Diputado señor Cardemil no es tal, pues don Andrés Bello, ese prominente hombre, era natural de Venezuela.
He dicho.
El señor ULLOA.- Es el único que por gracia especial fue chileno.
El señor CARDEMIL.- Era de la cultura criolla latinoamericana.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Vamos a dejar este tema para Incidentes.
Hago presente que se trata de un proyecto de ley de fácil despacho. En consecuencia, de acuerdo con el Reglamento, corresponde ofrecer la palabra para que un señor Diputado argumente a favor y otro en contra.
En primer lugar, está inscrito el Diputado señor Turna. En seguida, voy a ofrecer la palabra al Diputado señor Elgueta, quien tiene una observación al proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Turna.
El señor TUMA.- Señor Presidente, deseo manifestar mi plena concordancia con este proyecto de ley, que permite regular los denominados "contratos de adhesión", resguardando los derechos de los consumidores frente a dificultades y abusos de que son objeto en algunas ocasiones al adquirir bienes o contratar servicios mediante el otorgamiento de créditos directos.
La proliferación de este tipo de contratos, la masificación del consumo, la extensión de dichos instrumentos y su especiali zación demandan la protección de quien ha dado, de buena fe, su consentimiento por adhesión.
El proyecto está orientado a impedir que en los contratos de adhesión se impongan al usuario cláusulas que, de conocerlas con claridad en los mismos contratos respecto de sus derechos y obligaciones, no estaría dispuesto a suscribir.
Por ello, la limitación de la "letra chica" en los contratos le va a otorgar al consumidor la posibilidad de dar con conocimiento, su aceptación o no en esta adhesión, lo que, al mismo tiempo, impone condiciones de mayor transparencia al mercado.
Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo que el Congreso Nacional y el Gobierno han desplegado en la tramitación del proyecto de ley sobre los derechos del consumidor. De este modo fortaleceremos el desarrollo de un mercado moderno que reconoce y respeta los derechos de los usuarios, actos fundamentales del proceso económico, y desalienta las prácticas poco transparentes que amparan finalmente a quienes no tienen la capacidad de participar con eficiencia al amparo de las normas de leal competencia.
Por el enorme sentido de equidad del proyecto y conforme con lo expresado por el Diputado señor Cardemil, más que por la bondad e inteligencia que podemos tener los parlamentarios del PPD, anunciamos los votos favorables de nuestra bancada.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta para formular una indicación.
Luego, si no hay oposición en la Sala, se procederá a votar el proyecto.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, el proyecto armoniza con el resultado de todas las batallas de los pequeños contra los poderosos, porque, según hemos oído del señor Diputado informante, la letra chica derrota a la grande, por lo que de nuevo se revive la batalla de David contra Goliat.
En efecto, en el campo del derecho, las cláusulas escritas en forma pequeña terminan prevaleciendo sobre las grandes. De allí, entonces, que nuestra bancada apoye el proyecto. No obstante, quiero efectuar algunas puntualizaciones sobre la debida aplicación de esta iniciativa.
En primer lugar, el artículo 1709 del Código Civil, que se modifica, se en contra inserto entre los preceptos de fondo que rigen la prueba de las obligaciones en materia civil, y atendida su generalidad es aplicable a otros cuerpos jurídicos, salvo norma especial conforme al artículo 4o del mismo Código; es decir, es una norma ad probationem.
En segundo lugar, el artículo 1709, junto a los 1708,1710 y 1711, todos del Código Civil, conforman un grupo de normas que establecen: a) la inadmisibilidad de la prueba de testigos respecto de una obligación que deba constar por escrito; b) deben constar por escrito los actos y contratos que contengan la promesa o entrega de una cosa que valga más de dos unidades tributarias; c) debe atender al valor real de la cosa, puesto que, aunque se limite a dos unidades tributarias, igualmente debe constar por escrito; d) si hay un principio de prueba por escrito, ella puede completarse con testigos.
En consecuencia, el proyecto pretende explicitar la forma en que deben redactarse los actos o contratos que tienen que constar por escrito, que son aquellos que superan las dos unidades tributarias mensuales.
En tercer lugar, debe entenderse que el proyecto no afecta a los llamados actos y contratos solemnes, que son aquellos que están sujetos a la observancia de ciertas formalidades, sin las cuales no producen ningún efecto civil.
Estos actos o contratos jamás son verbales y la solemnidad se confunde con el consentimiento. De allí que cuando no se observan estas formalidades en los contratos, se anulan y, en consecuencia, no producen efecto jurídico.
Por el contrario, el proyecto afecta a los contratos reales y consensuales, que son los que deben constar por escrito sólo para los efectos de la prueba y no para su perfeccionamiento.
De allí si se desea alcanzar los propósitos completos del proyecto: la transparencia, claridad e inteligibilidad de los actos o contratos para la real comprensión de las partes y de terceros, ellos debieran quizás estar ubicados en otro precepto ajeno por completo a la prueba, afectando también la forma como se extienden los contratos solemnes, los cuales, en la práctica se tornan ininteligibles, atendidas sus dimensiones, empleos de expresiones técnicas o extranjeras, el tamaño de las palabras y la cita de normas legales o reglamentarias en párrafos especiales.
Para eso cito un ejemplo: el contrato de seguro.
Según el artículo 514 del Código de Comercio, se perfecciona y prueba por escritura pública, privada u oficial, que es la autorizada por un corredor o por un cónsul chileno, en su caso.
¡Qué mejor ejemplo de letra chica que la existente actualmente en los contratos de seguro! Sin embargo, este proyecto no los afectaría, conforme a su texto, porque siempre los contratos solemnes contan por escrito y se prueban y perfeccionan mediante la solemnidad, que es el consentimiento.
Esta innovación a que hago mención, para ser de orden general, tal vez debería ser ubicada entre los artículos 1437 y siguientes del Código Civil, ya que la transparencia, la comprensión y la claridad de los actos y contratos deben ser cualidades en todos ellos, sean reales, consensuales y solemnes; es decir, en todos los actos y contratos.
Igualmente, el proyecto se refiere a la escritura de las estipulaciones esenciales, de su naturaleza o meramente accidentales, cuando técnicamente, conforme al artículo 1444 del Código Civil, deba referirse a las cosas de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, por lo cual he presentado una indicación.
Asimismo, es conveniente corregir el inciso tercero de este artículo para afirmar que son las omisiones de las características de la escritura, y no del contrato, las que producen la sanción probatoria, a la que se alude en su texto, para una correcta interpretación.
Otro aspecto a despejar es la aparente colisión con el artículo 13 del proyecto que se encuentra en el Senado, sobre protección de los derechos del consumidor. Ese artículo ha sido leído por el señor Diputado informante y, eñ verdad, no hay ninguna colisión, porque, en primer lugar, se refiere a los contratos de adhesión, y aquí nos estamos refiriendo a todo tipo de actos y contratos. Además, dice relación a aquellos contratos de adhesión de carácter mercantil; en consecuencia, no abarca a los de carácter civil, por el que su aplicación, en el caso de la ley de protección del consumidor, está limitada a esa ley. En caso de discrepancias, por el principio de la especialidad, primará sobre el propuesto en este proyecto.
Por eso, he presentado una indicación que contiene las observaciones que estoy formulando, en el entendido de que pudiéramos votarla en esta oportunidad, o bien seguir el trámite normal y esperar que el proyecto vuelva a Comisión para su discusión.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil para plantear un asunto reglamentario.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, la indicación formula por el Diputado señor Elgueta es perfectamente atinente. Complementa, aclara y perfecciona el proyecto, por lo que solicito que se vote en forma conjunta.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo unánime para votar el proyecto con la indicación presentada por el Diputado señor Sergio Elgueta?
Acordado.
En votación el proyecto con la indicación del Diputado señor Sergio Elgueta.
Si le parece a la Sala, se aprobará en forma unánime.
Aprobado.
Despachado el proyecto.


VI: ORDEN DEL DIA


MODIFICACION DEL ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL. Primer trámite constitucional.

El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto, con urgencia calificada de "suma", que modifica la ley N° 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Zambrano, y de la Comisión de Hacienda, el señor Montes.
Antecedentes:
Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1596-11, sesión 70a en 16 de mayo de 1995 Documentos de la Cuenta N°
Informes de las Comisiones de Salud, y de Hacienda, sesión 2a, en 30 de mayo de 1995. Documentos de la Cuenta N°s.29 y 30
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO.- Señor Presidente, la Comisión de Salud pasa a informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, con urgencia calificada de "suma".
Dicha ley contiene un conjunto de normas laborales, administrativas y financieras para los establecimientos de atención primaria, constituyendo, por tanto, un avance en el perfeccionamiento y consolidación del proceso de descentralización y equidad de la atención primaria de salud, por cuanto establece la carrera funcionarla, la capacidad profesional y los derechos y obligaciones del personal de dichos establecimientos.
Cabe hacer presente que con fecha 16 del presente se dio cuenta en la Sala esta iniciativa, y que ella fue aprobada y despachada por la Comisión en esa misma fecha.
Los fundamentos del proyecto son, básicamente, corregir distorsiones que se produjeron con los reajustes de remuneraciones otorgados al sector público por ley N° 19.355, al no completar sus efectos en las normas del Estatuto relativas a remuneraciones y asegurar, de este modo, una adecuada aplicación de estas disposiciones que benefician a más de 15.000 trabajadores de la atención primaria municipalizada.
Según se expresó en la Comisión, el motivo que fundamenta el envío de este proyecto de ley es corregir el desfase que se produjo entre la tramitación y aprobación del Estatuto, que concluyó en noviembre del año pasado, y la promulgación de la última ley de reajuste de remuneraciones para el sector público.
El proyecto consta de un artículo único que tiene por objeto modificar tres disposiciones transitorias de la ley N° 19.378.
El artículo 4o transitorio sustituye el guarismo "1993" por "1994". Esta norma fija la primera dotación, señalando que corresponderá a los cargos existentes a noviembre de 1993. Con la modificación propuesta se pretende actualizar la dotación a noviembre de 1994.
Respecto de la letra b) del artículo 8o transitorio, se propone sustituir los guarismos "1993" y "15%" por "1994" y "12,2%", respectivamente, con el objeto de actualizar la remuneración que se utilizará en la determinación de los incrementos de remuneraciones, que se financian con cargo al fondo de recursos complementarios, creado por el artículo 7° transitorio, considerando el porcentaje de reajuste de un 12,2 por ciento otorgado el año pasado y que no fue incorporado en el Estatuto de Atención Primaria.
Con el mismo fundamento señalado, se sustituye el artículo 15 transitorio, que fija el valor del sueldo base mínimo nacional a que se refiere el artículo 24 de la ley N° 19.378, para cada una de las categorías señaladas en el artículo 5o de dicha ley, con el propósito de fijar una nueva escala de sueldos mínimos nacionales, debidamente reajustados, como aparece en el texto del proyecto.
Después de analizar esta iniciativa legal, la Comisión acordó, por unanimidad, prestar su aprobación, en general y en particular, al proyecto de ley en los mismos términos propuestos por Su Excelencia el Presidente de la República.
Se deja constancia de que, para los efectos del artículos 287 del Reglamento de la Corporación, esta iniciativa no fue objeto de indicaciones ni contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. Asimismo, su artículo único debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
En mérito de lo expuesto y por las cosideraciones que he dado a conocer, la Comisión de Salud recomienda a esta Honorable Cámara la aprobación del proyecto en informe.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, como señaló el Diputado informante de la Comisión de Salud, el proyecto que modifica la ley N° 19.378, estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada, tiene por objeto específico y concreto incorporar los efectos del reajuste de remuneraciones del sector público otorgado en diciembre de 1994. El Estatuto fue aprobado por el Parlamento con anterioridad a esta fecha y, por lo tanto, no fue incorporado ese reajuste en sus disposiciones.
Además, el proyecto modifica la letra b) del inciso tercero del artículo 8° transitorio de la ley N° 19.378, con el objeto de actualizar la remuneración que se utilizará en la determinación de los incrementos de remuneraciones que se financiarán con cargo al Fondo de Recursos Complementarios, incorporando el reajuste de remuneraciones concedido por la ley N° 19.355, de diciembre de 1994.
Por otra parte, el proyecto sustituye el artículo 15 transitorio de la ley N° 19.378, con la finalidad de incluir ese reajuste en el sueldo base mínimo nacional para cada categoría funcionaría.
El costo anual de las modificaciones señaladas alcanza a 594.9 millones de pesos. Sin embargo, considerando que las normas de remuneraciones que establece el Estatuto de Atención Primaria entrarán en vigencia en noviembre de 1995, para este año se estima ese costo en 99.2 millones de pesos.
No obstante, las modificaciones no significarán recursos adicionales, puesto que el presupuesto del Ministerio de Salud para 1995 contempla los necesarios para la aplicación del Estatuto de Atención Primaria, de acuerdo con los valores del sueldo base mínimo nacional y remuneraciones de comparación debidamente actualizada.
La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad las modificaciones a la ley N° 19.378 y recomienda a la Sala hacerlo de la misma manera.
Es todo cuando puedo informar.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra del Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, la bancada demócratacristiana votará favorablemente el proyecto que modifica la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada .
El proyecto del Ejecutivo tuvo una tramitación de aproximadamente dos años en el Congreso.
Su objeto fue solucionar el problema laboral del sector de la salud mediante el establecimiento de la carrera funcionaría, la capacitación profesional, los derechos y obligaciones del personal de dichos establecimientos, etcétera, a través de un estatuto especial.
Tal como lo sostuvo el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, el proyecto sólo se limita a situaciones meramente formales derivadas de la tramitación y aprobación del estatuto, que concluyó en noviembre de 1994, y de la promulgación de la última ley de reajuste para el sector público.
Sin duda, el desfase produjo una verdadera distorsión que es necesario enmendar con la iniciativa.
Aproximadamente, 15 mil trabajadores de la atención primaria esperan la aprobación del proyecto que propone corregir los guarismos, a fin de actualizar las rentas con el monto que se indica en el informe y la dotación administrativa a noviembre de 1994.
El hecho de que se modifiquen y especifiquen los sueldos mínimos del sector es un avance y una solución al desfase señalado ya que los hace más adecuados a las exigencias actuales.
Por este motivo, reitero que la bancada de la Democracia Cristiana aprobará el proyecto.
He dicho.


MODIFICACION DEL DECRETO LEY N° 2.695, DE 1979, QUE REGULARIZA LA POSESIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAIZ. Segundo trámite constitucional.

El señor LATORRE (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz.
Contiene disposiciones de ley orgánica constitucional.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales es el señor Elgueta.
Antecedentes
Segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, boletín N° 1217-12, sesión 71a, en 18 de mayo de 1995. Documentos de la Cuenta N°8.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, haré una pequeña introducción porque el proyecto viene en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, y hoy debe votarse en particular. En consecuencia, es conveniente hacer un breve recuento de qué se trata.
El decreto ley N° 2.695, de 1979, fija una serie de normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz. Es sabido que muchas personas poseen materialmente predios que carecen de posesión inscrita en el conservador de bienes raíces.
En el país, conforme a las normas generales del Código Civil, para adquirir un inmueble se necesita un título, que puede ser un contrato de compraventa, de permuta, donación u otros, y la llamada tradición, que está constituida por la inscripción en el conservador de bienes raíces. A eso deben añadirse los plazos de prescripción que contempla dicho Código.
Una vez completados los plazos de prescripción, en la persona queda en condiciones de probar su calidad de dueño mediante la posesión.
En atención a que los ideales de don Andrés Bello no se cumplieron, pese al tiempo transcurrido, existen hoy muchos poseedores materiales que carecen de la titularidad de propietarios respecto de sus predios.
Por tal razón, se dictaron diversas normas a través del tiempo. Especialmente en este siglo, a partir de 1930, se empezó con una ley de cooperativas; posteriormente, con la reforma agraria, y en 1979, con el actual decreto ley N° 2.695.
El decreto ley N° 2.695 permite a los poseedores materiales por más de cinco años, que presenten una petición al Ministerio de Bienes Nacionales, a través de sus distintas oficinas en el país, y una declaración jurada en que conste que no existe juicio pendiente con terceros respecto de ese predio, iniciar un procedimiento destinado a constituirlos en poseedores regulares. La eventual oposición se presenta a la oficina respectiva del Ministerio de Bienes Nacionales y de inmediato se traslada a los tribunales, con el objeto de que el juez resuelva si esa petición en verdad constituye una posesión material probada, seria y real, o si, por el contrario, los oponentes tienen títulos legítimos que oponer. En consecuencia, en este caso, le dará la razón al que tiene la posesión inscrita.
Atendida la simplicidad del decreto ley N° 2.695, muchas personas se han aprovechado y han falseado los datos que han entregado. Por eso se pretende evitar los abusos cometidos.
El proyecto en análisis se inició por moción de los Honorables Senadores señores Mariano Ruiz-Esquide Jara y Andrés Zaldívar Larraín, aun cuando primitivamente sólo se referían a una modificación al artículo 9o del decreto ley N° 20695, que sanciona los actos fraudulentos. Establecía que el juez del crimen que conociera de la causa penal debería cancelar en su sentencia la inscripción adquirida con procedimientos dolosos. Sin embargo, en la tramitación en el Senado se le introdujeron diversas normas para hacer más transparente su aplicación y otorgar mayor conocimiento a los propietarios inscritos afectados por peticiones de saneamiento de títulos. Sobre esas modificaciones se pronunció la Cámara de Diputados en el primer trámite interno y hoy nos encontramos en presencia del segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, que paso a relatar.
Como señala el informe, hay disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Tal es el caso de los numerales 1,2,3,5,9, que pasa a ser 8;10, que pasa a ser 9; 11, que pasa a ser 10, y 12, que pasa a ser 11, del artículo Io y el artículo transitorio.
De acuerdo con el Reglamento, dichos numerales deben darse por aprobados.
La única disposición del proyecto que tiene el carácter de ley orgánica constitucional es la que sustituye los incisos segundo y tercero del artículo 20 del decreto ley N° 2.695, de 1979, y que establece un nuevo procedimiento para resolver de inmediato y de plano, en caso de que el oponente, que pasa a ser demandante, no realice actividades destinados a llevar adelante su acción.
No existen artículos suprimidos.
En el informe se detallan las indicaciones que fueron rechazadas y se da cuenta de las disposiciones modificadas.
El artículo 9o del decreto ley N° 2.695, que fue el origen de este proyecto, dispone: "El que maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, será sancionado con las penas del artículo 473 del Código Penal.
"Se presumirá el dolo cuando el interesado tuviere, en la fecha de presentación de su solicitud, la calidad de arrendatario o mero tenedor o haya reconocido dominio ajeno mediante un acto o contrato escrito".
El Senado le agregó un inciso final que permite al tribunal del crimen ordenar la cancelación del título que se haya obtenido mediante procedimientos fraudulentos o dolosos.
La Cámara propone mantener la prohibición de enajenar y gravar mientras se tramita la acción penal. En la actualidad, los poseedores materiales de inmuebles inscritos en virtud del decreto ley 2.695, durante un año, contado desde la fecha de la inscripción, no pueden enajenarlos ni gravarlos.
El inciso segundo del artículo 9o estable: "Se presumirá el dolo cuando el interesado tuviere, en la fecha de presentación de su solicitud, calidad de arrendatario o mero tenedor o haya reconocido dominio ajeno mediante un acto o contrato escrito". A esta disposición la Comisión propone agregar, a continuación de punto seguido, lo siguiente:
"Concurriendo tales antecedentes, los plazos a que se refieren los artículos 16,26 y 29  que actualmente son de un año, en los casos de los dos primeros artículos, y de dos años, en la última situación se extenderán a 5 años contados desde su inscripción".
Se produjo un debate al interior de la Comisión, en cuanto a que la indicación se refiere a situaciones no penales, porque , si hay querella, la extensión de la prohibición durante todo el proceso constituye una medida precautoria que no se transfiere a terceros. Por otro lado, en conformidad con la indicación, las personas interesadas dispondrán de un plazo mayor cuando la calidad de poseedor material se hubiese obtenido mediante actos dolosos, como en el caso de alguien que a la fecha de la solicitud sea un mero tenedor, arrendatario, o existan antecedentes escritos en que reconoce dominio ajeno. Con tales pruebas, el plazo se extiende a cinco años aun cuando no exista querella penal. De tal manera , se protege aún más a los terceros que estimen ser propietarios inscritos de los predios que se pretende sanear.
Otra modificación que se aprobó se refiere, en forma genérica, a que la expresión "un año"  establecido en la ley actual que el Senado aumentó a "cinco años", plazo para que los terceros pudieran deducir las acciones de dominio correspondientes, y que la Cámara, con posterioridad, en su primer trámite disminuye a "dos". Se restituyó el plazo original.
La Comisión aprobó dicha modificación por mayoría de votos. En consecuencia, en los artículos se mantiene la actual disposición del decreto ley N° 2.695, en el sentido de que, transcurrido un año completo, el solicitante cuyo título estuviera inscrito a través de este procedimiento se transforma en dueño, lo cual, además, significa que caducan o se extinguen todas las hipotecas y demás gravámenes reales que existan sobre el predio, como asimismo las acciones que terceros estimen sobre el predio saneado.
También se introdujo el siguiente artículo 3o: "El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá, en casos excepcionales, mediante decreto supremo, declarar que determinadas poblaciones calificadas en situación irregular tienen una urbanización mínima, por tanto, pueden aplicarse a ellas las disposiciones de esta ley por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.
"Igual declaración podrá efectuar el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo si los pobladores garantizan, ante la Dirección de Obras de la Municipalidad que corresponda, que ejecutarán estas obras mínimas de urbanización".
No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Antes de terminar mi exposición, quiero manifestar que en la discusión general del proyecto se señaló claramente su contenido de interés social, por cuanto se resguardan los derechos del propietario inscrito al modificarse el artículo 9o en el sentido de que habiendo fraude penal, se extienden las prohibiciones, se alargan los plazos hasta por cinco años para reclamar sus derechos y, además, el juez puede ordenar la cancelación de la inscripción dolosamente lograda.
Quiero señalar también que, en conformidad con lo que informó el señor Ministro subrogante en la Comisión, de alrededor de 12 mil inscripciones que se realizan anualmente mediante este procedimiento, las reclamaciones judiciales en contra de los trámites que realiza el Ministerio de Bienes Nacionales no alcanzan al 2 por ciento. Ello demuestra que, si bien es cierto, existen actos fraudulentos, son pocas las acciones judiciales que se deducen ante los tribunales por esa razón lo cual demuestra el sentido social o la legitimidad que ha adquirido el decreto ley N° 2.695.
Por otra parte, y también en defensa de los derechos del propietario, se incluye una disposición que establece que la resolución que acoja la solicitud se subinscribirá al margen de la respectiva inscripción de dominio, si fuere posible, porque  como bien lo dijera el Diputado señor Ferrada en su oportunidad nuestro derecho registral está en crisis frente a los adelantos tecnológicos y hoy día es prácticamente imposible determinar si ciertos predios o inmuebles están inscritos o no en el conservador de bienes raíces, debido a las distintas modificaciones que sufren sus transferencias o, simplemente, al olvido; como también es difícil precisar exactamente los títulos de una persona en comunidades hereditarias y otras situaciones, al revés de lo que sucede, por ejemplo, con los roles del Servicio de Impuestos Internos, que están computarizados y que siempre corresponden al inmueble, cualquiera que sea el dueño. En consecuencia, esta norma de transparencia, que no existía, también protege al propietario.
Por último, existe otra norma, que se aprobó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con el fin difundir, incluso a través de la radio, los avisos o informaciones pertinentes, de modo que los dueños o los terceros que se sientan afectados o expuestos a un saneamiento en parte del predio del cuales son titulares, puedan adoptar las medidas correspondientes.
Por todas estas razones, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recomienda la aprobación en particular de las modificaciones que introdujo al proyecto aprobado por el Senado.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, los numerales 1,2,3,5,8,9,10 y 11 del artículo Io permanente, y, además, el artículo transitorio.
Tampoco fue objeto de indicaciones ni de modificaciones el numeral 7 del artículo Io, pero por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional, también deberá votarse en particular.
Estaban inscritos para intervenir los Diputados señores Turna y Sabag; ahora se agregan la Diputada señora Prochelle y el Diputado señor Rocha.
Insisto en que la discusión en particular debe recaer en el artículo 1°, numerales 4, 6 y 7; artículos 2° y 3°.
Tiene la palabra el Diputado señor Turna.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en nombre del Partido por la Democracia expreso nuestra coincidencia con el proyecto que, como lo señalamos en su discusión general, repone el exacto sentido del decreto ley N° 2.695, de 1979, norma que fue creada para el expedito saneamiento de las propiedades de aquellas personas que durante muchos años, por diferentes razones y circunstancias, no regularizaron el dominio de su propiedad raíz, y favorece a amplios sectores sociales de escasos recursos del país.
Las modificaciones introducidas por la Comisión en su segundo trámite reglamentario mejoran la iniciativa y acogen las propuestas surgidas durante el debate en la Sala. Estas permitirán precisar la normas que sancionan la obtención maliciosa de la calidad de poseedor regular y resguardar, en mejor medida, el interés de terceros durante la tramitación de la acción penal, ampliando, a su vez, los plazos para efectuar las acciones de reclamos.
Es significativa la incorporación de un nuevo artículo 3o, que establece, en casos excepcionales, la aplicación de estas normas, a través de un decreto supremo, para aquellas poblaciones calificadas en situaciones irregular que cuentan con urbanización y con el compromiso de los pobladores en cuanto a estas obras. De este modo se avanzará en la regularización de amplios sectores poblacionales que han estado habitados por décadas, sin obtener el saneamiento de su dominio.
Por lo anterior, nuestra bancada concurrirá a aprobar la iniciativa.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, me referiré, en conjunto, a las diversas modificaciones que se introducen al decreto ley N° 2695, de 1979, norma de gran importancia porque faculta para regularizar una gran cantidad de bienes raíces rurales y urbanos.
Todos sabemos que en el país existen más de 300 mil pequeñas propiedades rurales en esta situación, en cuya regularización el Gobierno y todos estamos muy interesados.
El decreto es muy amplio y facultativo porque, como lo señala su artículo 2°, sólo se debe demostrar estar en posesión del bien raíz, por sí o en nombre de otra persona, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años a lo menos, y acreditar que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Solamente con esos dos antecedentes se pueden iniciar los trámites de inscripción de la propiedad raíz en situación irregular.
Este cuerpo legal es de gran utilidad, sobre todo en los campos donde, por razones sucesorias, las propiedades se van subdividendo de hecho, pero por su escuálida situación económica los copropietarios no tramitan la posesión efectiva, no proceden a la participación, ni se cumplen otras exigencias, es decir, no se regulariza la situación, que se traspasa de padres a hijos. Y cuando el gobierno otorga una serie de importantes beneficios el subsidio habitacional rural, créditos de Indap y otros, no pueden acceder a ellos.
En definitiva, esta normativa es muy práctica. Sin embargo, no se ha aplicado con la celeridad que se requiere. En ese sentido, mi Región ha sido la más afectada, y lo sigue siendo, porque desgraciadamente hemos tenido muy mala suerte con las personas responsables de conducir el servicio correspondiente.
¿Por qué se han introducido estas modificaciones? Por la sencilla razón de que hay personas, que han actuando con malicia, han abusado de esta ley. En mi zona, se dio el caso de un propietario que al llegar al bien raíz de su dominio, se encontró con que estaban trabajando en él, desmalezándolo y limpiándolo. Al preguntar qué hacían en su predio, le contestaron que no era de él sino de la Forestal Arauco. Al afirmar que tenía su título e inscripción, le respondieron que lo habían comprado a Forestal Arauco. Al hacer las averiguaciones, supo que la vecina lo había inscrito hacía tres años; ya había transcurrido el plazo de prescripción para reclamar y, sencillamente, ella era la dueña.
¿Y qué dice el artículo 15 de esta ley?: "La solicitud se considerará como justo título. Una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas.
"Transcurrido un año completo de posesión inscrita no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno".
Esa normativa ha provocado que los legítimos dueños hayan perdido su propiedad. De ahí la importancia de esta iniciativa.
En la Cámara, el ex Diputado señor Bosselin, otros colegas y el suscrito presentamos un proyecto tendiente a regularizar la situación y amparar a los legítimos dueños de los abusos que cometen algunas personas deshonestas, por decir lo menos. Y nos encontramos con que muchas veces los jueces no tienen facultades para ampararlos, por lo cual, lisa y llanamente, han perdido su propiedad .
Por ello, estas modificaciones son altamente convenientes. Se establece la ampliación del plazo para reclamar de uno a cinco años, sólo en los casos en que se ha procedido maliciosamente. Ya hemos dicho que es una muy buena ley para regularizar, si se ha procedido de buena fe, el plazo de prescripción se mantendrá en un año; sólo en los casos en que se demuestre la mala fe, el plazo será de cinco años.
Por eso, acogeremos las modificaciones propuestas.
El artículo 3°, nuevo, permitirá regularizar muchas poblaciones constituidas hace muchos años quince o veinte las cuales ,en oportunidad, cayeron en lo que se llama "loteo brujo". Diría que estos sectores han sido castigados, porque han quedado al margen de toda inversión municipal o fiscal, incluso de planes de mejoramiento de barrios, porque, como estaban en el sistema de loteo irregular, nadie los ha tomado en cuenta. Con la disposición citada, por lo menos.
Excepcionalmente, por resolución del Ministerio de la Vivienda, se podrá hacer una declaración relativa a la urbanización, lo que permitirá su saneamiento a través del Ministerio de Bienes Nacionales, acogiéndose a este decreto N° 2.695.
En general, el proyecto es de gran utilidad y por eso, con mucho agrado, lo aprobaremos.
Señor Presidente, el Diputado señor René Manuel García me ha solicitado una interrupción que, por su intermedio, le concedo.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, lo que ha dicho el Diputado señor Sabag tiene semejanza con un viejo refrán popular: "Alimenta un lechón y tendrás un puerco", porque muchas veces gente de buena voluntad ha prestado su vivienda cuando ha debido ir a trabajar a otros lugares, y al regreso se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que su vivienda ha sido saneada y la ha perdido por hacerle un favor a un pariente o a una persona que él consideraba su amigo. Esto sucede, muchas veces, cuando alguien no ha podido regularizar la propiedad, va a buscar el sustento familiar, y cuando vuelve se encuentra con esta situación muy común en las zonas precordilleranas, porque allí mucha gente, sobre todo en la Octava, Novena y Décima Regiones, va a recolectar fruta en Neuquén, Argentina. Es decir, han perdido las propiedades porque han debido salir fuera del país a efectuar este trabajo temporal, se ha metido una persona y no hay forma de sacarla.
Y ha pasado otra cosa más perversa. A pesar de que algunos no tienen escritura, las han ocupado por más tiempo que la persona que dejaron en la casa; pero ésta ha buscado un subterfugio, "se ha ido por detrás", como se dice, a Bienes Nacionales, la ha saneado, no ha dicho nada, y cuando el primitivo ocupante regresa a recuperar su terreno, quien quedó en el inmueble se para en la puerta y echa a quien fue el dueño, levantó la vivienda e hizo toda la inversión en esos terrenos.
Por lo tanto, me parece una buena medida, pero me gustaría que Bienes Nacionales tomara en cuenta que cuando existe un escritura no se debe proceder al saneamiento de título, porque hoy lo permite, y después vienen los juicios; pero si trascurren los plazos indicados por la ley, prescriben los derechos y la escritura pierde todo valor, lo cual es atentatorio contra el derecho de propiedad.
Por consiguiente, es necesario aprobar el proyecto en discusión, por lo menos, para regularizar la situación de estas propiedades y para que la gente pueda optar al subsidio o a una propiedad pata tener su casa segura. Y eso es bueno.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Hago presente que este proyecto se encuentra en segundo informe reglamentario, deben discutirse y votarse en particular numerales de determinados artículos.
La Mesa tiene la obligación de ordenar el debate y no podemos entrar a una discusión general, porque no es oportuna en este momento, por muy interesante que resulte.
Están inscritos la Diputada señora Prochelle y los Diputados señor Rocha, Silva y Andrés Palma. Les ruego que se refieran estrictamente a las disposiciones en discusión.
Tiene la palabra la Diputada señora Prochelle.
La señora PROCHELLE.- Señor Presidente, es difícil circunscribirse a un numeral determinado, como lo ha solicitado Su Señoría, pero quiero agregar a lo que ya se ha expresado que la Comisión de Recursos Naturales ha realizado un estudio acucioso de cada uno de los artículos y de los numerales, de modo que podemos proponer a nuestras respectivas bancadas y a la Sala la aprobación del proyecto, con bastante tranquilidad, por cuanto no hemos puestos en todos los casos en que pudieran presentarse problemas.
Quiero referirme a un punto en particular, al artículo 3o, cuya aprobación también recomiendo a la Sala.
Si bien es importante normalizar la situación de las pequeñas propiedades rurales, también lo es regularizar, a través del artículo 3o nuevo, las propiedades de las zonas urbanas.
Por eso, en la Comisión concurrimos a aprobar dicho artículo, porque permite al Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante decreto supremo, declarar que determinadas poblaciones están en condiciones de regularizar sus títulos si poseen una urbanización mínima o si se comprometen a realizarla en plazo determinado, lo que es de gran trascendencia para un sinnúmero de poblaciones de nuestras ciudades.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidentes Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.- Señor Presidente, también pido excusas pues no me referiré al artículo en discusión.
En estos momentos me resulta imprescindible formular una consulta al Diputado informante acerca del artículo 3o, que establece un sistema para declarar que determinadas poblaciones, calificadas en situación irregular, cuentan con una urbanización mínima para los efectos de aplicarles las disposiciones de esta ley.
Su inciso segundo señala que "Igual declaración podrá efectuar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si los pobladores garantizan, ante la Dirección de Obras de la Municipalidad que corresponda, y que efectuarán estas obras mínimas de urbanización".
Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, solicito que se precisen las garantías que se exigirán a los pobladores, el plazo de que dispondrán para efectuar las obras, las sanciones en caso de incumplimiento y por qué razón la garantía debe otorgarse ante las direcciones de obras, que son organismos dependientes de las municipalidades, y no ante los municipios.
Me gustaría que el Diputado informante aclara estas dudas, ya que podría estimarse que estamos creando una disposición inaplicable que podría desvirtuar el proyecto.
Señor Presidente, con su venia concedo una interrupción al Diputado señor Andrés Palma.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, solicité la interrupción para no hacer uso de la palabra después, salvo que sea necesario.
Quiero referirme al mismo punto señalado por el Diputado señor Rocha. El colega interpretó mal el inciso primero del artículo 3o ya que no separa los efectos de aplicar las disposiciones de esta ley que faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para declarar que las poblaciones cuentan con urbanización mínima. El inciso dice que el Ministerio de Vivienda podrá declarar que determinadas poblaciones tienen una urbanización mínima y, por tanto, pueden aplicarse a ellas las disposiciones de esta ley; pero no establece que esa urbanización mínima sea necesaria para los efectos de aplicar esta ley. Por lo tanto, para el resto de las disposiciones sobre urbanismo, pavimentación, conexión de alcantarillado, redes de agua potable o tendido eléctrico, el inciso dispone que el Ministro de Vivienda y Urbanismo puede normalizar esas situaciones, pero no establecer quién es el responsable de completar las instalaciones que constituyen una urbanización mínima.
Presumo  al leer el inciso segundo que su costo puede ser de los usuarios, pero como se redacción no es clara  como decía el Diputado señor Rocha.- se le podría estar imponiendo una carga al Ministro de Vivienda o a las direcciones de obras municipales. En tal caso, dicho artículo dada su vaguedad incluso podría ser inconstitucional al imponer, mediante indicación parlamentaria, una carga al Estado.
Por consiguiente, pido que el Diputado informante o los autores de la indicación nos aclaran el punto.
Agradezco al Diputado señor Rocha la interrupción.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidentes Tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, las modificaciones al decreto ley N° 2.695, de 1979, son tremendamente beneficiosas, no sólo respecto de la adecuación de plazos sino que, fundamentalmente, de la información a quienes pueden reclamar sus derechos como propietarios legítimos de los títulos saneados.
Sin embargo, quiero referirme específicamente al artículo 3o. Como dijo el Diputado señor Andrés Palma, si bien el mecanismo que se establece es muy útil, puede prestarse para que se instale una serie de poblaciones que posteriormente entablen demandas contra el Ministerio de la Vivienda.
Por lo tanto, es conveniente aclarar, para los efectos del establecimiento de la ley, que se refiere a poblaciones ya existentes. Sabemos que en las distintas localidades rurales del país se han levantado múltiples poblaciones de emergencia y se han efectuado "loteos brujos"  como dijo el Diputado señor Sabag que nunca han sido regularizados, lo cual impide a los pobladores postular, por ejemplo, al Programa de Mejoramiento de los Barrios, del Ministerio del Interior, con el fin de sanear su situación.
El artículo me parece extraordinariamente positivo, pero es conveniente dejar consignadas, para la historia de la ley, las aprensiones del caso. Por lo tanto, concurriré con mi voto favorable a aprobar la modificaciones del referido decreto ley.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Informo a los señores Diputados que se acaban de incorporar a la Sala que está en discusión un numeral específico, y que posteriormente se votará cada uno de ellos. El proyecto viene en segundo informe, de manera que no procede realizar una nueva discusión. Por ello, pedí a varios señores Diputados que se refieran al número 4, para poder votarlo.
Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, me referiré al artículo 3o, a que aludió el Diputado señor Rocha. Creo que el Señor Presidente tiene toda la razón.
Quiero decir al Diputado señor Silva, que, más que dejar constancia para la historia fidedigna de la ley de sus temores, sería preferible no aprobar el artículo 3o en los términos planteados, porque, en mi opinión, puede representar un peligro muy serio, ya que permite que el Ministerio pueda regularizar la situación de poblaciones en situación irregular planteando el cumplimiento de la urbanización mínima.
Se podría aceptar como excepcional el caso de poblaciones que se encuentran en situación irregular por un tiempo determinado; sin embargo, la enorme cantidad de irregularidades cometidas por algunas empresas constructoras denunciadas en nuestro distrito que no completan la urbanización, también podría regularizarse vía Ministerio de la Vivienda. No se trata de poblaciones o de focos en extrema pobreza, sino de empresas que han hecho negocio con la construcción de viviendas y que no han cumplido con sus compradores.
Lo anterior se agrava aún más con el inciso segundo, pues el hecho de que la Dirección de Obras, a través de la declaración del Ministerio, dé por garantizado que se ejecutarán las obras mínimas, significará que las irregularidades cometidas en las municipalidades, cuando las direcciones de obras no exigen a las empresas contructoras las garantías que deben depositar por las obras de urbanización, quedarán solucionadas con esa simple declaración.
Se puede entender el espíritu del artículo 3o, pero , tal como están redactados sus dos incisos, representa un grave peligro para la situación que se quiere resolver.
He dicho.
El señor ELIZALDE.- Pido la palabra.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Señores Diputados, está en discusión el numeral 4 del artículo Io.
Diputado señor Elizalde, ¿se va a referir a él?
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, nadie se ha referido a ese número. El debate se ha circunscrito al artículo 3o nuevo.
El señor LATORRE (Vicepresidentes Señor Diputado, estoy consciente de ello porque he seguido el debate.
El señor ELIZALDE.- Ahora, respecto de él se han planteado aprensiones, y solicito que las superemos.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- En su momento, señor Diputado. Le ruego que respetemos el orden, porque de lo contrario no podremos despachar el proyecto.
El señor ELIZALDE.- Muy bien, señor Presidente.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- La Mesa está consciente de lo que señala el Diputado señor Elizalde, en cuando a la necesidad de precisar los objetos del artículo 3o. En su oportunidad, volveremos sobre el punto.
En votación el numeral 4 del artículo Io.
 Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones..
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña Mario Balbontin Ignacio Cardemil Alberto Dupré Carlos Ferrada Luis Galilea Jose A. Gutierrez Homero Huenchumilla Francisco Kuschel Carlos I. Letelier Felipe Makluf Jose Munizaga Eugenio Ortiz José Miguel Pizarro Soto Jorge Rocha Jaime Salas Edmundo Taladriz Juan Valcarce Carlos Villegas Erick Wórner Martita Seguel Rodolfo Alvarado Claudio Caminondo Carlos Correa Sergio Elgueta Sergio Fuentealba Renán García Rene Manuel Hamuy Mario Jürgensesn Harry Latorre Juan Carlos Longuiera Pablo Melero Patricio Ojeda Sergio Palma Andrés. Prochelle Marina Saa Diaz María A. Solis Valentín Tuma Eugenio Vega Vera Osvaldo Villouta Edmundo Zambrano Héctor Ávila Nelson Cantero Carlos De La Maza Iván Errázuriz Maximiliano Gajardo Rubén García José Hernández Miguel Karelovic Vicente León Roberto Luksic Zarko Morales Sergio Orpis Jaime Palma Joaquin Reyes Víctor Sabag Hosain Sota Vicente Urrutia Salvador Venegas Samuel Walker Ignacio Silva Exequiel
El señor LATORRE (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar el numeral 6 con la misma votación?
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor LATORRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmartiva, 47 votos, No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Alvarado Claudio Correa Sergio Elgueta Sergio García René Manuel Hernández Miguel Latorre Juan Carlos Longuera Pablo Morales Sergio Ortiz José Miguel Prochelle Marina Saa Díaz María A.Seguel Rodolfo Tuma Eugenio Venegas Samuel Walker Ignacio Silva Exequiel Balbontin Ignacio De La Maza Iván Elizalde Ramón García José Huenchumilla Francisco León Roberto Makluf José Ojeda Sergio Palma Andrés Reyes Víctor Sabag Hosain Solís Valentín Valcarce Carlos Villegas Erick Zambrano Héctor Ferrada, Luis Valetín Cantero Carlos Dupré Carlos Errázuriz Maximiano Gutierrez Homero Kuschel Carlos I. Letelier Felipe Melero Patricio Orpis Jaime Pizarro Soto Jorge Rocha Jaime Salas Edmundo Taladriz Juan Vega Vera Osvaldo Villouta Edmundo Martínez Gutenberg
El señor LATORRE (Vicepresidente).- En votación en artículo 2°.
 Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados.
Alvarado Claudio Bombal Carlos Dupré Carlos Errázuriz Maximiliano Gracía René Manuel Fernández Miguel León Roberto Makluf José Ojeda Sergio Palma Joaquín Prokuriqa Baldo Saa Díaz María A.
Seguel Rodolfo Taladriz Juan Valcarce Carlos Villegas Erick Zambrano Héctor Ávila Nelson Correa Sergio Elgueta Sergio Ferrada Luis García José Kuschel Carlos I.Letelier Felipe. Melero Patricio Ortiz José Miguel Pizarro Soto Jorge Reyes Víctor Sabag Hosain Solís Valentín Tuma Eugenio Vega Vera Osvaldo Villouta Edmundo Silva Exequiel Balbontin Ignacio De La Maza Iván Elizalde Ramón Gajardo Rubén Gutierrez Homero Latorre Juan Carlos Luksic Zarko Morales Sergio Palma Andrés Prochelle Marina Rocha Jaime Salas Vicente Urrutia Salvador Venegas Samuel Walker Ignacio
El señor LATORRE (Vicepresidente).- En relación con el artículo 3°, la Mesa, consciente de lo planteado por diversos señores Diputados, estima prácticamente improcedente someter a votación el artículo en la forma en que está redactado. No es un problema sólo de forma, sino también de fondo. En consecuencia, este artículo debería ser objeto de un estudio más acabado por la respectiva Comisión antes de someterlo a votación en la Sala.
El señor ELIZALDE.- Pido la palabra.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, algunos parlamentarios han manifestado aprensiones debido a que no está claramente definido que nos referimos a poblaciones ya existentes.
Al respecto, solicito y hemos pedido la firma de dos Comités, ya que no contamos con la aprobación de 40 Diputados  que se incorpore una frase que diga: "El Ministro de Vivienda y Urbanismo podrá, en casos excepcionales, mediante decreto supremo, declarar que determinadas poblaciones calificadas en situación irregular, existentes a la fecha de la promulgación de la presente ley, tienen una urbanización mínima y, por tanto, pueden aplicarse a ellas las disposiciones...", etcétera.
Considero que esta norma permitirá regularizar estas situaciones hacia atrás e impedirá un eventual mal uso, a futuro, por posibles loteadores.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- La proposición del Diputado señor Elizalde tiene como objeto adicional poder votar hoy el artículo.
La Mesa entiende que eso sería procedente sólo si el texto recoge las aprensiones que aquí se han hecho con relación al punto.
El señor LONGUEIRA.-¿Me permite, señor Presidente?
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la indicación que sugiere el Diputado señor Elizalde esclarece bastante el artículo 3o. Sin embargo, sería muy importante precisar también su inciso segundo, porque está la mayor confusión.
El problema es que los ocupantes de inmuebles de algunas poblaciones que, por cierto, existen no pueden obtener su título de propiedad toda vez que no están recepcionadas, pues no cuentan con la urbanización mínima. El artículo 3o posibilita que estas personas se acojan a esta ley sin que se tengan que hacer esas obras mínimas, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entenderá, de acuerdo con lo que allí se establece, que existe esa urbanización mínima, aunque no la tenga.
La indicación que se sugiere perfecciona esto, pero lo que confunde es la parte final del inciso segundo del artículo 3o, por cuanto implica, eventualmente, un gasto. No se entiende lo que se trata de decir cuando señala que "ejecutarán estas obras mínimas de urbanización". El propósito del artículo es que se acojan a esta normativa algunas poblaciones que hoy están en una situación irregular al no contar con la urbanización mínima; por lo tanto, sus habitantes no han podido lograr el título de dominio.
Corresponde eliminar el párrafo final, porque el segundo inciso trata de precisar que la Dirección de Obras Publicas también entenderá que tienen esa urbanización mínima, aunque no sea así, porque está claro que cuando ella se hace se requiere el artículo. Éste tiene sentido para la gente que quiera acogerse a la ley sin que la población en que habitan cuente con la urbanización mínima, entendiéndose que se trata de las que fueron construidas con anterioridad, porque en la actualidad no se recepcionan si no cumplen con ese requisito mínimo. Por lo tanto, habría que perfeccionar el inciso segundo de este artículo.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- La Mesa estima inconveniente que el texto final de este artículo se discuta en este momento. Por ello, solicito el acuerdo de la Sala para enviar nuevamente el texto a Comisión, con el fin de que se aboque estrictamente a redactar esta disposición, para que, en una próxima sesión, que puede ser la de mañana, se someta a votación ese artículo y el número 7 del artículo Io, que requiere quorum especial.
Acordado.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Quedan diez minutos del Orden del Día. Como no hay proyectos de acuerdo, existe la posibilidad de escuchar el informe de la Comisión de Economía relativo al proyecto de cooperativas. En todo caso, cualquier otro acuerdo que se adopte tendrá que ajustarse al Reglamento.
Tiene la palabra del Diputado señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, en la tabla aparece el proyecto que entrega aportes extraordinarios de inversión a algunas comunas. Como ya está concordado, sería importante que lo pudiésemos aprobar ahora.
 Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
El señor BOMBAL.- Deseo formular una consulta, señor Presidente.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, ¿está previsto en los acuerdos de los Comités no sé si se dio cuenta de ellos a la Sala tratar esta semana el proyecto sobre libertad de opinión y de información, que se desplazó al octavo lugar de la tabla, o se dejó para la próxima?
El señor LATORRE (Vicepresidentes No hubo acuerdo de Comités respecto de la fecha exacta para tratarlo.
El señor BOMBAL.- como se desplazó desde los primeros lugares, quiero saber si hubo alguna razón especial para proceder en esa forma. Nada más.
El señor LATORRE (Vicepresidente).  No, señor Diputado. Sólo se señaló que, por distintas razones dadas a conocer, no era conveniente abordarlo hoy; pero si se cumple la tabla, podríamos estudiarlo mañana, lo que es poco probable.
Señor Diputado, hay un acuerdo de los Comités para que el proyecto de la ley sobre el delito de violación figure en el primer punto de la tabla del próximo martes. Es posible que tratemos el proyecto de la ley sobre libertas de prensa ese mismo día o el miércoles.
El señor BOMBAL.- Muchas gracias, señor Presidente.


CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DEBELICE Y DE CHILE. (Primer trámite constitucional)

El señor LATORRE (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, en el tiempo que queda del Orden del Día se informará y votará el proyecto de acuerdo que figura en el N° 2 de la tabla de Fácil Despacho.
Acordado.
En conformidad con lo resuelto, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo relativo al Convenio de cooperación técnica y científica entre los Gobiernos de las Repúblicas de Belice y de Chile.
Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de Hacienda son los señores Dupré y Jürgensen, respectivamente.
Antecedentes:
Mensajes del Ejecutivo, boletín N° 1214-10, sesión 3a, en 31 de mayo de 1994. Documento de la Cuenta N° 2.
Informes de las Comisiones de Relaciones exteriores, y de Hacienda, sesión 2a, en 30 de mayo de 1995. Documentos de la Cuenta N°s 10 y 11.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, el Convenio básico de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de Belice y el Gobierno de la República de Chile fue suscrito el 11 de febrero de 1993, con el propósito fundamental de fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre ambas naciones y con el interés común por promover y fomentar el progreso técnico y científico, mediante programas que tengan efectiva incidencia en el avance económico y social de sus respectivas países.
Para lograr tales fines, celebraron este tratado bajo la forma de un convenio básico de cooperación, ya que en él sólo fijaron los lineamientos generales de la cooperación que llevarán a cabo mediante los mecanismos institucionales y jurídicos que establecen especialmente para tal efecto.
Nuestro país ya ha celebrado un número bastante considerable de este tipo de tratados, los cuales han debido ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación, tanto en el período de la Constitución Política de 1925, como en el de la Carta Fundamental de 1980. En el segundo caso, por tratarse de instrumentos jurídicos internacionales que no se encuentran entre los que el inciso segundo del N° 1 del artículo 50 de la Constitución Política exime del trámite de aprobación parlamentaria, y en atención a que ellos establecen ordinariamente liberaciones tributarias y aduaneras en beneficio de los bienes, equipos y personal empleados en la ejecución de los proyectos de cooperación, materias que sólo pueden ser reguladas por normas de rango legal, como las de este tratado, en virtud de su aprobación legislativa y posterior promulgación y publicación como ley de la República.
Entre los principales compromisos que contraen los Gobiernos de Chile y Belice, se establece que cada programa deberá especificar los objetivos, metas, recursos financieros y técnicos; incentivará e incluirá la participación de organismos multilaterales y de cooperación técnica, como de instituciones de terceros países, y, consecuentemente con la realidad mundial, como lo señala el mensaje, podrán contemplar el financiamiento y la participación de organismos internacionales.
Las formas de cooperación podrán consistir en la realización conjunta o coordinada de programas de investigación y/o desarrollo; en el envío de expertos, del equipo y material necesario para la ejecución de proyectos específicos; la concesión de becas d estudio para especialización; la creación y operación de instituciones de investigación, laboratorios o centros de perfeccionamiento, y la organización de seminarios y conferencias, entre otras.
Entre las áreas de interés mutuo, se señalan la planificación y el desarrollo; el medio ambiente y los recursos naturales; la innovación tecnológica y productiva; la energía, la electrónica y la minería.
Las normas relativas al financiamiento y al régimen de privilegios y exenciones serán informadas por la Comisión de Hacienda, sin perjuicio de lo que se indica al respecto en el informe de la de relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integrales Latinoamericana, puesto a disposición de los Honorables colegas.
Durante el estudio de este tratado, la Comisión formuló diversas observaciones formales a su texto, entre las cuales la principal estaba relacionada con la omisión en que se incurre en el artículo VI, donde no se indica que Belice, además de Santiago, es la ciudad en que se podrá reunir la comisión mixta.
Como consecuencia de ellas, los Gobiernos de Chile y de Belice, mediante el intercambio de notas, fechadas el 12 y el 30 de agosto de 1994, respectivamente, convinieron en la rectificación de los errores, por lo cual Su Excelencia el presidente de la República formuló la indicación correspondiente con el convenio.
En atención a lo expuesto, la Comisión decidió, por unanimidad, proponer la aprobación del convenio y del acuerdo rectificatorio adoptado por las notas antes indicadas, y recomendar a la Honorable Cámara la adopción del artículo único del proyecto de acuerdo, según el texto en que formula la indicación el Presidente de la República.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Jürgensen.
El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda me ha encargado informar el proyecto de acuerdo relativo al Convenio de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República de Belice y el Gobierno de la República de Chile.
La iniciativa tiene su origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
El propósito del convenio es fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre ambos países, mediante el establecimiento de mecanismos y programas de cooperación técnica y científica, sobre la base del principio de la igualdad y el beneficio mutuo.
Para tales efectos, las Partes contratantes señalan como áreas de especial interés mutuo la planificación y el desarrollo, medio ambiente y recursos naturales, innovaciones tecnológicas y productiva, energía, electrónica, minería, pesca, agricultura y agroindustria, puertos, transportes y comunicaciones, vivienda y urbanismo, turismo, salud y previsión social, comercio e inversiones.
Los programas elaborados conjuntamente por las Partes contratantes para el cumplimiento del convenio serán bienales; considerarán la participación en su ejecución de organismos y entidades de los sectores público y privado de ambos países; podrán pactar acuerdos complementarios de cooperación técnica y científica, solicitar el funcionamiento y la participación de organismos internacionales en la ejecución de programas y proyectos realizados, de conformidad con las disposiciones del convenio.
Las partes contratantes acuerdan establecer una comisión mixta que se reunirá alternadamente cada dos años. Se dispone un régimen de exención de derechos de aduana y de otras normas vigentes que rigen la internación al país de equipos y materiales proporcionados por Naciones Unidas en proyectos y cooperación técnica y científica.
En el artículo IX se establece que los costos de pasajes del personal, del territorio de uno de los países al otro, para la ejecución de los programas de cooperación, serán sufragados por la parte que los envíe; y que los costos de hospedaje, alimentación, transporte interno y además gastos necesarios para la ejecución de los programas señalados, los cubrirá la parte receptora de dicho personal.
Por el artículo X se hacen aplicables los privilegios y demás exenciones que se otorga a los funcionarios y expertos de Naciones Unidas (en proyectos de igual naturaleza.
En el articulo XI se hacen a los equipos y materiales suministrados a cualquier título, por un gobierno y otro, las normas que rigen la internación de equipos y materiales proporcionados por las Naciones Unidas.
La Comisión ponderó el hecho de que las franquicias contempladas en el convenio podrían constituir un menor ingreso fiscal, cuya determinación y cuantía dependerá de las oportunidades en que se apliquen, siendo, en todo caso, justificable la norma de excepción en vista de los beneficios que la iniciativa plantea.
La Comisión acordó por unanimidad sugerir a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio básico de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República de Belice y el de Chile.
Sin embargo, ha revisado los distintos proyectos acordados por la Corporación desde 1991 en adelante, que ya suman 23. Por la misma razón, acordó solicitar el Ejecutivo un informe detallado sobre los objetivos alcanzados con estos convenios para hacerles un seguimiento y posterior evaluación.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).- En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
Despachado el proyecto.


VII. INCIDENTES


INVESTIGACIÓN EN ESCUELA DE VILLARICA (Novena Región) Oficio.

El señor LATORRE (Vicepresidente).- Como no hay proyectos de acuerdo, corresponde entrar a Incidentes.
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, hace pocos días la comuna de Villarrica se ha visto conmovida por un artículo publicado en un diario de circulación nacional, que aludía a dos profesores de la Escuela E748 que darían maltrato a los alumnos.
Conociendo la calidad moral de las personas citadas por el diario y el esfuerzo que ellas han desplegado durante toda su vida para educar a los niños de la comuna de Villarrica, creo que esa información no se condice con la realidad.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Educación para que investigue el caso del profesor Jorge Zambrano Zapata y de la señora María Ascencio Acuña, pues no me cabe duda alguna de que no tienen responsabilidad en esos hechos.
La acusación a profesores ya se ha convertido en una práctica maliciosa en muchas comunas de la Novena Región, aun cuando, en definitiva, las investigaciones han demostrado que se trata de falsas denuncias, pero el daño a los profesores es prácticamente irreparable. Esto amerita efectuar una investigación para aclarar la acusación que este diario ha formulado en contra de estos dos profesores, sin ningún fundamento que la avale.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.


TRASPASO DE TERRENOS A MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE (Novena Región). Oficio.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, solicito también que, en mi nombre, se mande un oficio a la señora Ministra de Bienes Nacionales sobre un problema de la comuna de Curarrehue, en la Novena Región.
Hace tiempo, Bienes Nacionales cedió unos terrenos a la Ilustre Municipalidad de Curarrehue, los cuales sólo pueden ser traspasados al Serviu después de transcurridos cinco años, lo que impide comenzar las obras para construir poblaciones o traspasarlos a los postulantes al subsidio habitacional.
Por lo tanto, pido que se oficie a la señora Ministra a fin de que libere a la Municipalidad del requisito de los cinco años para que esos terrenos puedan ser traspasados al
Serviu o a los pobladores e iniciar la construcción de la población que tanto anhela la ciudad de Curarrehue, sobre todo sus pobladores que no tienen otra alternativa de sitio, ya que es una de las comunas consideradas de extrema pobreza en la Novena Región. Esto sería una muy buena ayuda para esa gente.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada.


REPARACIÓN DE OBRA VIAL EN LA COMUNA DE TOLTÉN (Novena Región). Oficios.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, solicito enviar oficio al señor Carlos Biolley, Jefe de Vialidad de la provincia de Cautín, en la Novena Región, para que solucione un problema en la comuna de Toltén, en el lugar denominado Boroa Sur.
Ahí se arregló un camino con fondos de Isar, el cual quedó muy bueno, pero los tubos de una alcantarilla del estero Chávez no quedaron con el diámetro apropiado para satisfacer el cauce del estero.
Esta es una zona de vegas, y al cortarse el camino, el sector quedaría aislado y no podría pasar la micro que lograron conseguir para movilizarse después de arreglar el camino.
Pido que este oficio se envíe con la mayor urgencia al Jefe de Vialidad de la Novena Región, y al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada.


AUMENTO DE REMUNERACION A LOS CONCEJALES. Oficio.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- El último oficio es a propósito de la discusión de las leyes municipales.
Creo que nadie en la Honorable Cámara duda de la importancia de los concejales, quienes hoy se encuentran en una situación económica desmedrada. Por lo tanto, solicito que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Hacienda para que estudie la forma de remunerarlos con un sueldo justo.
¿Por qué digo esto? Porque, dada la importancia que hoy tienen las municipalidades, los concejales ya no asisten a sesiones sino que deben trabajar tiempo completo para atender las necesidades de la gente, por lo que perciben remuneración sino sólo un viático para solventar sus necesidades mínimas.
Es importante estudiar la situación y crear un fondo nacional, al igual como se paga a los parlamentarios, para que las municipalidades no incurran en gastos. El país debe solventar este gasto, porque hay municipalidades que cuentan con 30 o 40 millones de pesos y, al pagar el sueldo de los concejales, aunque sean muy modestos, de unos 250 o 300 mil pesos, significarán 17 millones y medio al año. Entonces, claramente estas municipalidades no tendrían disponibilidad para absorber este sueldo que estoy pidiendo que se cree para los concejales.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro de Hacienda, a fin de que estudie la factibilidad de pagar un sueldo a los concejales. Dependerán de los recursos de la Nación que se destinen cada año para estos efectos.
Esta es una aspiración de todos y debemos poner el tema en el tapete antes de que sea demasiado tarde. Creo que sería una buena medida asignar los recursos en el Presupuesto de la Nación. Por ejemplo, el sueldo podría ser igual al del secretario municipal o un grado inferior.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.


DESTINACIÓN DE VEHÍCULO AL SERVICIO DE INVESTIGACIONES DE PUENTE ALTO. Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el año pasado el Servicio de Investigaciones de Puente Alto decomisó, como consecuencia de la detención de doña María Luz Reguerín Aguirre, de nacionalidad boliviana, y de Walter Federico Wetzig Zúñiga, un jeep marca Suzuki, modelo Vitara, patente LGH 7836, junto con 10 kilos de clorhidrato de cocaína. El proceso cuyo número es 71.8125, está indicado en el 11° Juzgado del Crimen de Santiago. El vehículo permanece en poder de Investigaciones sin que hasta la fecha se haya utilizado ni se haya devuelto a las personas que lo ocuparon para el tráfico de la droga.
El inciso segundo del artículo 28 de la ley N° 19.366, establece que "el Ministro de Bienes Nacionales, con acuerdo del Ministro del Interior, resolverá acerca de la conveniencia dé enajenar los bienes decomisados, de destinarlos o donarlos a alguna institución pública o privada que no persiga fines de lucro, entre cuyas funciones esté la prevención del consumo indebido, el tratamiento o la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción o el control del tráfico ilícito de estupefacientes".
La comuna de Puente Alto tiene más de 300 mil habitantes. Este año se construirán 7.500 viviendas, de las cuales el 60 por ciento, a lo menos, se destinará a personas provenientes de otras comunas, con lo que su crecimiento será enorme.
Por su parte, el Servicio de Investigaciones de Puente Alto no cuenta con un importante número de funcionarios. Sería fundamental, entonces, que según la disposición legal citada, el Ministro de Bienes Nacionales, con acuerdo del Ministro del Interior, le destinara el vehículo decomisado.
Por eso, solicito que se oficie, en mi nombre, a la Ministra de Bienes Nacionales, con copia al Ministro del Interior, para que el vehículo ya individualizado sea asignado al Servicio de Investigaciones de Puente Alto para la lucha contra el tráfico de drogas.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.


CONTRUCCIÓN DE COMPLEJO ADUANERO EN LOS ANDES. Oficios.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, es lamentable tener que hacer uso de esta tribuna para plantear, una vez más, el problema de postergación que viven los habitantes de la zona de Aconcagua. Sin embargo, las circunstancias no me dejan otra salida.
Esta Honorables Cámara ha sido testigo de las reiteradas ocasiones en que, desde 1990, he venido exponiendo la necesidad que tiene Los Andes de contar con un recinto aduanero adecuado a su condición de primer puerto terrestre como suele llamársele, en especial por el sostenido aumento de tráfico de camiones proveniente de los países del Atlántico.
Pese al compromiso adquirido por el ex Presidente don Patrico Aylwin, en su visita realizada a la ciudad con motivo de su bicentenario y de las constantes afirmaciones efectuadas por funcionarios subalternos, el nuevo complejo aduanero Los Andes continúa siendo sólo una "aspirina" para los vecinos de las cuatro comunas de la provincia andina.
No se diga que esta afirmación sólo persigue fines políticos interesados. Permítame la Honorable Cámara exponer algunos antecedentes que la respaldan.
En primer lugar, a fines del año recién pasado, un parlamentario de Gobierno señaló que en proceso de expropiación de los terrenos de Coquimbito, indicado en un estudio realizado por la empresa Price Waterhouse como apto para la construcción del nuevo complejo aduanero con sus dueños.
Hasta la fecha tal situación no ha ocurrido, pues, según me han manifestado los mismos propietarios del predio, el Fisco no ha sostenido ningún contacto con ellos y se mantiene estancada la situación, sin que ni siquiera se haya tomado posesión de los terrenos. Si bien personeros de Gobierno insisten en que se hará la construcción del complejo aduanero, las autoridades nacionales, en las cuales precisamente recae la responsabilidad, no se han pronunciado sobre la efectividad de dichas informaciones.
En segundo lugar, el Minisitro de Obras Públicas, señor Ricardo Lagos, en una visita que realizó a la ciudad en junio del año pasado, desconoció el compromiso adquirido por su antecesor, señor Carlos Hurtado, en orden a encabezar la coordinación de las tendientes a obtener una nueva aduana.
En tercer lugar, la adjudicación de obras transitorias en el actual recinto aduanero, tendiente a unificar momentáneamente los servicios relacionados con la internación de mercaderías al país, por la suma inicial de 167 millones, ahora se pretende aumentar en 60 millones de pesos con el propósito de mejorar el patio doce del recinto aduanero, lo que haría llegar la inversión a un total de 227 millones de pesos, cantidad que a todas luces resulta excesiva si sólo se trata de reparaciones transitorias.
Como si fuera poco, a estos hechos deben agregarse algunos datos aparecidos en el Anuario de Obras Públicas de 1995, que dan cuenta de un listado de proyectos de obras, que se presentan divididos por grupos en atención a su grado de avance y de prioridad en el tiempo dispuesto para su conclusión.
Los tres primeros grupos corresponden a obras cuya licitación ya está decidida, y el cuarto a proyectos con licitaciones en estudio. En este último grupo se encuentra situada la aduana de Los Andes.
Como se desprende de estos hechos, las promesas de que siguen siendo objeto los vecinos de la provincia de Los Andes no pasan de ser sólo eso: promesas. Hasta ahora, todo parece señalar que no existe claridad alguna de parte del Gobierno respecto del destino del nuevo complejo aduanero y esta falta de claridad y de conducción aparente, está de más decirlo, sólo redunda en un estancamiento de la ciudad y su consecuente deterioro, puesto que, mientras se continúa en este compás de espera, no resulta posible una planificación de su desarrollo y del destino de la región.
En definitiva, quienes resultan principalmente perjudicados son los habitantes de la ciudad, pues cada día que pasa ven deteriorarse más su calidad de vida. Al mismo tiempo, se ha comenzado a producir entre la ciudadanía una fuerte desazón y un peligroso deterioro de la credibilidad en las autoridades de Gobierno, las cuales realizan promesas y asumen compromisos que luego no son capaces de cumplir.
Ha llegado el momento de que el Gobierno, de una vez por todas, asuma la responsabilidad que le cabe y clarifiquen cuál es la situación actual; si se cumplirá el compromiso adquirido por el ex Presidente Aylwin o se reformulará el proyecto original; en especial, que se pronuncie de manera oficial y seria acerca del alcance de los últimos antecedentes conocidos, a los cuales he hecho referencia.
Por las razones expuestas, solicito a la Honorable Cámara que despache los siguientes oficios:
Al Ministro de Obras Públicas, con el fin de que explique detalladamente el alcance de lo expuesto en particular si ello significa la postergación del llamado a licitación de la construcción del complejo aduanero
Coquimbito. Asimismo especifique el contenido de la minuta de la Dirección General de Obras Públicas remitida al Senador Sergio Romero, en cuanto al alcance y consecuencias que tendría la revisión del proyecto Coquimbito.
Al Director Nacional de Aduanas, con el objeto de que remita a esta Corporación un detallado informe del estado en que se encuentra el proceso de expropiación de los terrenos de Coquimbito en la comuna de Los Andes, del criterio de "transitoriedad" aplicado a las obras que se están construyendo en el actual recinto aduanero y de posibilidad de ampliación en 60 millones de pesos.
Finalmente, al Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que informe a la Cámara de Diputados sobre el estado en que se encuentran las negociaciones con la República Argentina, tendientes a establecer sistemas de controles integrados.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Ha terminado el tiempo de Renovación Nacional.


ESTUDIO SOBRE DIVISIÓN DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- En el tiempo concedido por el Comité de la UDI a Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.
El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, en marzo de 1994, la Cámara ofició al Ministro del Interior para que se viera la posibilidad de estudiar la eventual división de la actual Décima Región, tomando en debida consideración la importancia de la provincia de Valdivia.
A fines de abril de mismo año, el Ministro del Interior respondió a la Honorable Cámara en forma positiva, señalando que si el Consejo Regional de la Décima Región estaba de acuerdo, se procedería a realizar el estudio solicitado. El Consejo Regional estuvo de acuerdo, por la unanimidad de sus componentes.
Ha transcurrido más de un año a la fecha entretanto, el Presidente de la República cambió al Ministro del Interior y al Subsecretario de Desarrollo Regional  y nada se ha avanzado. Incluso, el propio Subsecretario señaló hace un par de días en Valdivia, que la Subsecretaría no contaba con recursos para realizar el estudio correspondientes, que la prioridad del Gobierno era la superación de las pobreza asunto por todos compartido y que por ello no se podían distraer recursos. Añadió, con mayor torpeza que lo anterior, que el tema que preocupa a los valdivianos tampoco figura en el programa de Gobierno de la Concertación.
Hay una cosa irrefutable y que no se puede negar ni eludir: el compromiso escrito del Gobierno sobre este tema, a solicitud de esta Honorable Cámara, razón por la cual, esté o no esté contemplado en su programa, tiene la obligación y la responsabilidad de realizar el estudio. Así nadie dudará de un Gobierno que se comprometió por escrito con la Cámara de Diputados.
El Comité Nueva Región, presidido por el destacado vecino señor Raúl Basso, señaló: "La provincia de Valdivia es una región con nombre y apellido de principal desde siempre. Los primeros aborígenes reconocían, antes de la llegada de los españoles, una zona delimitada por el río Toltén y el río Bueno. Ellos tenían una cultura bastante avanzada en comparación con la de otras regiones. Así, Pedro de Valdivia encontró en lo que hoy es la ciudad que lleva su nombre a indígenas que tenían espaciosas viviendas, buenos cultivos, cercos y animales de crianza. "No por azar del destino el conquistador fundó Valdivia. Ello le estaba sugerido por el descubrimiento de la bahía de Corral y del río entonces llamado Ainilebu, y en los doce años que llevaba conquistando el territorio no le reservó su nombre a ningún otro sitio.
"Posteriormente, la colonia española la transformó en la mayor plaza fortificada del Pacífico Sur. Con Independencia de Chile y dada su importancia, sólo el arrojo de Cochrane la entregó a la naciente República.
"Después, consagrados al decir de nuestro Himno Nacional, á las artes, a las industrias y a la paz, en la fusión con lo mejor de la colonización alemana, constituyó en importancia la cuarta provincia del país y aún después del sismo de 1960 volvió a a ser la quinta provincia en importancia.
"Pero en mi zona floreció la cultura a la par de la riqueza material, y nada hasta el día de hoy puede desconocer esos atributos reflejados principalmente en la Universidad Austral de Chile.
"Cada habitante de esta singular región, a lo mejor sin descubrimiento por sí mismo y tal vez sin proponérselo, tiene, quiéralo o no, una identidad, un sentido de pertenencia o de posesión, un claro sello que nace de las raíces más profundas de su familia, de la gente con la que construyó sus viviendas, forjada de la mejor historia y tradición que moldea a cada ciudadano, a cada valdiviano.’
"Si de verdad nos damos cuenta de esta apreciada herencia, tendremos una mejor razón para sentir el más legítimo orgullo de pertenecer a esta noble región de Valvidia que pretendemos.
"En la región de Valdivia existe una feliz conjunción de dos factores que rara vez se dan juntos: un territorio geográficamente coherente, que permite una administración eficiente, y una comunidad que se conoce a sí misma y se identifica con ese territorio.
"Crear la región de Valdivia posibilitaría la existencia de un desarrollo consensuado, algo que en la actual Décima Región resulta imposible por la sola falta de consenso respecto de su identidad socioterritorial.
"El Estado debe reconocer lo que la naturaleza y la gente han creado".
Por tanto, pido que se oficie el Ministro del Interior para recordarle el compromiso de estudiar la división de la Décima Región, adquirido hace más de un año por el Gobierno, el que todavía no se cumple, y pedirle que indique cuándo se iniciará, quiénes lo harán, cuánto costará qué instancias se consultarán y en qué plazo se terminará.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores García, don René Manuel; Vargas, Ferrada, Silva, Vilches y Munizaga.


PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN PARA ELEGIR ALCALDE EN MUNICIPALIDAD DE PAPUDO. Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente, en la comuna de Papudo se está eligiendo al nuevo jefe comunal, luego de haber renunciado el alcalde.
Ayer, luego de una primera votación dividida, se produjo la segunda y se empató a tres. Se votó seis veces, y hoy en la mañana, otras tantas. El Secretario municipal insiste en votar indefinidamente.
De acuerdo con los artículos 55 y 115 de la ley respectiva, entiendo que el procedimiento ocupado no es el correcto.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Tribunal Calificador de Elecciones y a la Contraloría General de la República, con el objeto de que, a la brevedad, comuniquen a la Municipalidad de Papudo el procedimiento correcto que debe seguir.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA MUNICIPAL E499, DE TEMUCO.Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra del Honorable Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en la madrugada del lunes recién pasado, un incendio destruyó parte significativa de la escuela municipal E499, de educación general básica, ubicada en el sector San Antonio, de la comuna de Temuco, que atiende a algunos provenientes de estratos socioeconómicos muy modestos de varias poblaciones adyacentes.
El fuego destruyó salas de clases, la cocina y la bodega de alimentos, por lo que alumnos se encuentran sin docencia y sin raciones que proporciona la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Los daños ocasionados por el siniestro se han estimado en 25 millones de pesos.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro del Interior con el propósito de que disponga recursos de emergencia para la Municipalidad de Temuco que permitan reponer el inmueble siniestrado y devolver la normalidad a esa comunidad escolar.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.


PARTICIPACIÓN DE SECTORES LABORALES EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES. Oficios.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito que se oficie a los Ministros de Hacienda, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Obras Públicas, del Interior y del Trabajo, para que consideren la conveniencia de consultar la participación, información e intercambio de ideas con trabajadores y profesionales de la agricultura, de la pesca, de la industria, del comercio, del transporte y, en general, de los gremios de la producción y de los servicios, en las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con la Apee, el Nafta, el Mercosur y la Comunidad Económica Europea y que tienen que ver con sectores importantes de la Décima Región.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Señor Diputado, entiendo que en el caso de la Apee los convenios fueron firmados.
De todas maneras, se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a los diversos señores Ministros, con la adhesión de los Diputados señores Jürgensen y Munizaga.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Oferzco la palabra.


IGUALACIÓN DE IMPUESTOS QUE GRAVAN LOS JUEGOS DE AZAR. Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.- Señor Presidente, con el propósito de perfeccionar nuestro sistema tributario, en lo relativo a los juegos de azar, me referiré al decreto ley N° 2.437, de 1978, que establece un impuesto de 3 por ciento sobre el monto de las apuestas efectuadas en la hipódromos, y a las ley N° 18.110, que grava las ventas de boletos de los juegos administrados por la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción con un impuesto de 15 por ciento.
Es evidente que en este caso existe un tratamiento distinto para dos consumos de igual naturaleza, el que debe ser corregido para poner término a una discriminación tributaria injustificada.
Creo del todo conveniente, por un principio de equidad tributaria, igualar este impuesto con el que grava a los demás juegos de azar, lo que permitiría incrementar los recursos públicos para apoyar programas sociales e iniciativa en los sectores más pobres de nuestra población. En efecto, esta medida haría posible terminar con una discriminación tributaria injusta y aumentar la recaudación tributaria en aproximadamente 20 millones de dólares anuales; es decir, casi el 50 por ciento de la recaudación total anual por los juegos de azar, la que se estima de 40 millones de dólares aproximadamente, ya que la participación de las apuestas hípicas en el mercado de los juegos de azar es superior al 42 por ciento.
Cabe hacer presente que este aumento de impuestos no afectaría en absoluto la inversión y el ahorro del país, y dado que las apuestas hípicas son un consumo enteramente prescindible, tampoco provocarían problemas de carácter social; por el contrario, contribuirían a mejorar la situación de los sectores más desposeídos. Ello, porque en el inciso final del artículo Io del decreto ley N° 2.347 se estable que el impuesto que grava las apuestas hípicas se empleará por el Ministerio de Hacienda, entre otros, para fines de beneficencia. Existen muchas instituciones de beneficencia que atienden a niños y a ancianos pobres, por lo que el incremento de los recursos públicos, como consecuencia del alza del impuesto a un consumo prescindible, podría aumentar considerablemente los aportes a dichas instituciones y, además, ser parte de un fondo nacional destinado a financiar programas sociales específicos que favorezcan a los adultos mayores y que apuntan a fomentar las actividades productivas, como asimismo las de salud, educación, deportes y recreación de ese importante segmentó social.
En virtud de lo expuesto, solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda, acompañando copia de esta intervención, con el objeto de que considere y estudie esta propuesta.
Como se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pido también que estudie el envío si es del caso  de un proyecto de ley tendiente a aumentar de 3 a 15 por ciento del impuesto a las apuestas hípicas. Asimismo, solicito que el Ministerio informe sobre la actual destinación del producto de ese impuesto y respecto de las instituciones a las cuales beneficia en la actualidad.
Por último, pido que también se envié copia de esta intervención al señor Ministro de Planificación y Cooperación para conocer su opinión sobre esta iniciativa, por cuanto dice relación con los programas impulsados por esa Secretaría de Estado, y a la señora Marta Larraechea de Frei, en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional para el Adulto Mayor.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


ALCANCE A DECLARACIONES DEL DIPUTADO TEODORO RIBERA SOBRE SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Turna.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en reiteradas ocasiones nuestra Corporación ha manifestado su preocupación debido a la serie de dificultades por las que atraviesa la agricultura en nuestro país. Ello se ha expresado en los numerosos proyectos de acuerdo aprobados por la Sala, en las prioridades legislativas y, sin ir más lejos, en las sesiones especiales que han realizado la Cámara de Diputados y el Senado para analizar con profundidad la situación.
Por su parte, el Gobierno ha expresado con precisión y claridad las medidas que adoptará para enfrentar los desafíos del sector agrícola, las que se podrán considerar siempre insuficientes, pero que ya están en marcha, como la creación del fondo de fomento de la exportaciones, que establece un financiamiento de 10 millones de dólares y que ha sido implementado en un 50 por ciento, esperándose ampliar dicha inversión a 30 millones de dólares en un lapso de cinco años. A esto se suman los acuerdos logrados en materia fitosanitaria con países como Japón, Corea, China y Taiwán, que permitirán ampliar nuestro mercado exportador, además de otras medidas que el Gobierno ha asumido frente a la crisis del sector agrícola.
Entendemos la superación de la crisis del agro como un problema de carácter nacional y, en ese sentido, valoramos los aportes que todos los sectores realicen para superarlo. Lamentablemente, frente a estas dedicadas materias, no todos los dirigentes actúan con la responsabilidad que ésta amerita y que la ciudadanía espera. Es el caso de las recientes declaraciones del Honorable colega señor Teodoro Ribera, quien ha denunciado la supuesta existencia de un plan secreto para reducir el sector agrícola del país, como consta en el diario Austral de Temuco, del viernes 26 de mayo. En dicho matutino, el Honorable Diputado asevera, con gran seguridad, que el objetivo final del Gobierno sería disminuir la población rural de un 18 a un 6 por ciento. Y aun va más lejos, al concluir que la perpetración de este supuesto y siniestro plan de extinción o jibarización del sistema agrícola como él lo denomina, se ejecutaría a través del ingreso de Chile al Nafta y al Mercosur.
Sobre estas ligeras conclusiones a las que ha arribado el Honorable Diputado, no creo necesario ahondar, pero sí me parece grave y un tanto peligroso jugar al
cazafantasmas con nuestra agricultura.
Se podrá decir que en el agro existe incertidumbre, inquietud, preocupación de los campesinos y productores, pero nadie hasta ahora había elaborado conjeturas tan prejuiciadas y maniqueas. Si el Honorable señor Ribera, Vicepresidente de la Corporación, cuenta con antecedentes sobre la existencia de ese plan, tiene la obligación de entregarlos a la Cámara de Diputados, puesto que revestirían una gravedad extrema que ameritaría, a lo menos, iniciar una investigación acerca de la materia. De no ser así, debería retractarse de sus declaraciones o, al menos, precisarlas, porque hasta el momento no las ha desmentido. Si no lo hace, estaría contribuyendo al desprestigio de nuestra institución y de la función pública de los parlamentarios.
La ciudadanía no desea el abuso que algunos dirigentes podemos hacer de los medios de comunicación, por ello, me he visto en la necesidad de emplazar al Diputado señor Ribera, quien no sólo por respeto a la Corporación, sino principalmente a los agricultores y campesinos, deben dar una explicación. Ellos no aceptan que de sus preocupaciones y desgracias se hagan noticia a cualquier costo.
Por estas razones, solicito al Presidente de la Cámara que invite al Honorable Diputado a aclarar el sentido de sus aseveraciones públicas o a entregar los antecedentes que las ameritaron.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental): Se cursará la invitación al Diputado señor Ribera en relación con el tema.
El señor RIBERA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Si hubiese acuerdo, Su Señoría podría intervenir en el tiempo correspondiente al Comité Demócrata Cristiano.
No hay acuerdo.
El señor RIBERA.- Señor Presidente, le pedí una interrupción en el tiempo del PPD.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Terminó el tiempo del PPD, señor Diputado.
El señor RIBERA.- Es una pena que el PPD disponga de tan poco tiempo por tener tan pocos parlamentarios.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Está planteada la situación y se buscará la fórmula o el método para responder al Diputado señor Turna.


REGLAMENTO DE COPROPIEDAD PARA SEDES COMUNITARIAS DE CONJUNTOS HABITACIONALES FINANCIADOS POR EL SERVIU. Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, me referiré a un problema que se ha suscitado en las poblaciones entregadas por el Serviu y que dice relación con las sedes comunitarias existentes en dichos conjuntos habitacionales, las cuales constituyen un espacio muy fundamental de participación de la comunidad. En general, esas sedes sociales han sido, asignadas a una junta de vecinos, lo cual impide que se comparta su uso o usufructo con otras que puedan estar formándose o actuando en el conjunto habitacional.
En consecuencia, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República para que imparta las instrucciones correspondientes al Ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que proceda a estudiar un reglamento de copropiedad de las sedes comunitarias existentes en los conjuntos habitacionales ya financiados o que se financien por el Serviu, de modo que éstas sean administradas por todas las juntas de vecinos con personalidad jurídica que ejerzan sus atribuciones dentro de dichas poblaciones.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Errázuriz, Seguel, Venegas, Luksic, Villouta, Turna, Gutiérrez y el que habla.


FINANCIAMIENTO DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE LA FUNDACIÓN "HERNÁN VIDELA LIRA" (Tercera Región). Oficios.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Erick Villegas.
El señor VILLEGAS.- Señores Presidente, en primer lugar, señalaré la situación suscitada en la fundición Hernán Videla Lira, de Paipote.
Al respecto, solicito que se oficie a los Ministros de Minería y de Hacienda para que informen a esta Honorable Corporación sobre el financiamiento del plan de descontaminación de la referida fundición.
En una reunión que sostuve en la semana distrital con el sindicato de trabajadores N° 1, de Paipote, se me hizo ver la enorme preocupación que existe en cuanto a si dicho plan de descontaminación, cuyo costo aproximado es de 65 millones de dólares, está o no asegurado. En consecuencia, es importante saber si efectivamente existente la garantía del Estado o la fuente de financiamiento  como ellos solicitaron para la implementación y materialización de dicho plan.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


INFORMACIÓN SOBRE COMPRAS DE CONCENTRADOS REALIZADOS POR LA ENAMI. Oficio.

El señor VILLEGAS.- Señor Presidente, también solicito que se oficie el Ministro de Minería, con el objeto de que conforme a la Honorable Cámara acerca de los contratos de compra de concentrados que ha realizado durante los últimos años la Empresa Nacional de Minería, específicamente la fundición "Hernán Videla Lira", con la pequeña, mediana y gran minería del cobre.
Formulo esta solicitud habida consideración de que existe preocupación de parte de una organización denominada "Ampares" respecto de cierta información que le fue proporcionada durante reuniones que sostuvieron con altos personeros, en el sentido de que la fundición "Hernán Videla Lira" no estaría comprando ni fundiendo concentrados provenientes de la gran minería del cobre.
Por consiguiente, me parece muy importante determinar con toda precisión si efectivamente la Empresa Nacional de Minería ha efectuado contratos de compra de concentrados con la gran minería del cobre, por qué cantidades y qué condiciones.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.


REDUCCIÓN DE PLAZO DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE LA FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA.

El señor VILLEGAS.- Además, señor Presidente, la organización Amperes, en una reunión sostenida en Copiapó, me expresó su creciente preocupación respecto de la efectividad de los resultados que está arrojando la red de monitoreo implementada en la fundición "Hernán Videla Lira" y en otras puntos cercados a las comunas de Copiapó y Tierra Amarrilla. Ciertas fenómenos climáticas que se produjeron en la zona pusieron en tela de juicio la veracidad de esa información, puesto que la Dirección de Aeronáutica del Aeropuerto Chamonate señaló específicamente una situación que, en definitiva, fue desmentida por personeros de la Empresa Nacional de Minería.
Considero necesario que tanto el Cimm como el Ministerio de Salud determinen si los equipos e instalaciones de la red de monitoreo que están operando y aplicándose en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, con el objeto de medir las particulas contaminantes y el nivel de arsénicos y de anhídrido sulfuroso que emite la fundición "Hernán Videla Lira", datos que aparecen registrados en ellos.
Por otro lado, me parece de gran importancia que la Cámara de Diputados solicite el Ministerio de Minería una completa información del plan de descontaminación de la fundición "Hernán Videla Lira", en razón de hay versiones de altos personeros de Enami en el sentido de que, técnicamente, no se podrían acortar los plazos, porque la compra de los equipos encargados al exterior demoraría un tiempo que no es posible reducir.
El Presidente Frei ha manifestado que la descontaminación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos es política de Estado, y me parece que lo técnico no es necesariamente la última palabra.
En ese sentido, solicito que se oficie a los Ministros de Minería y de Hacienda para que informen sobre la factibilidad de efectuar aportes adicionales, con el objeto de reducir los plazos indicados en el plan de descontaminación de la fundición "Hernán Videla Lira", los cuales se piensa disminuir con la probable privatización. Señalo enfáticamente que tanto el sector público como el privado, en el caso, deben realizar el mismo nivel de inversiones, por lo cual aquí no está en juego un asunto de privatización.
Asimismo, al Presidente de la República para que, en virtud de los antecedentes expuestos de esta oportunidad, disponga revisar en su integridad el plan de descontaminación de la fundición "Hernán Videla Lira". Si bien es cierto que con la instalación de la segunda planta de ácido y la de oxígeno  de acuerdo con los antecedentes técnicos absorberían un 70 por ciento de las partículas contaminantes, se reduciría drásticamente la contaminación en la fundición Paipote, no es menos efectivo que sería posible disminuir los plazos establecidos en ese plan con recursos adicionales o con medidas relacionadas mas con deciciones políticas que técnicas.
También pido que se transcriba esta intervención al Sindicato N° 1 de la fundición "Hernán Videla Lira", de Paipote; a Ampares, organización creada para defender a los habitantes y a la población de la contaminación de Paipote, en virtud del artículo 19, N° 8, de Constitución Política del Estado, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, y a las radios Chilenas y Maray, que han estado permanentemente preocupadas del tema.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vilches, Prokurica, Ferrada; luksic, Ortíz; Cardemil, Elizalde, Gutiérrez, Venegas, Joaquín Palma y Fuentealba.


ALZA DE TARIFA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE CASABLANCA. (Quinta Región). Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, uno de los factores que mide el índice de calidad de vida de los habitantes de un territorio es el acceso fluido y de bajo costo a los servicios de agua potable y altcantarrillado. Ello incide directamente en la higiene y alimentación de las personas, especialmente de los menores de edad.
Nuestra Quinta Región cuenta una alta cobertura de servicios de agua potable en los sectores urbanos, y el Gobierno del Presidente Frei se encuentra empeñado en ampliarlos decididamente en el área rural, que aún es deficitaria en este aspecto.
Sin embargo, estos objetivos se ven obstaculizados por la política tarifaria de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para las empresas distribuidoras de agua potable, lo que afecta directamente al presupuesto familiar de los usuarios.
Ello queda en evidencia si analizamos lo ocurrido en la comuna de Casablanca durante los últimos meses, pues mediante un complejo mecanismo de cálculo de tarifas fue reencasillada en un grupo de tarificación más alto, al considerar la parte de denominada "cuenca del gran Valparaíso". En términos prácticos, significa que el costo de agua potable por metro cúbico se ha incrementado, de un mes de otro, en niveles absurdos que, en muchos casos, superan largamente el ciento por ciento.
Para ilustrar esta situación, he escogido facturas de vecinos que residen en distintos lugares de la comuna de Casablanca, de las muchas que me han hecho llegar denunciando esta alza abusiva. Por ejemplo, don Jorge Solís Durán, con domicilio en la Avenida Portales, en enero del presente año pagó 8.850 pesos por el consumo de 81 metros cúbicos de agua potable, correspondiente a los meses de octubre y diciembre. Hace pocos días, recibió la última cuenta emitida por Esval, por el consumo en período similar al anterior, es decir, dos meses. El señor Solís debe pagar ahora, por 83 metros cúbicos de agua consumida, la suma de 19.849 pesos; o sea, por dos metros cúbicos más, el alcanza de su cuenta es superior al 200 por ciento.
Otro caso: la señora Viviana Muñoz, domiciliada en Camino a Melipilla N° 42, pagó una cuenta de 8.583 pesos por el consumo de 78 metros cúbicos de agua potable en enero y febrero. En la última cuenta recibida, correspondiente al consumo de marzo y abril, por una cantidad de 75 metros cúbicos se le cobra la suma de 16 mil pesos, lo cual también equivale a un aumento de sobre el ciento por ciento.
Un alza tarifaria de estas dimensiones no guarda relación con ningún índice económico, como el IPC o el incremento de precios de insumos que se utilizan en el proceso de captación y distribución de agua potable. Muy por el contrario, este aumento desmedido afectará directamente a los usuarios, muchos de los cuales no podrán pagar con oportunidad sus respectivas facturas y quedarán expuestos a que se les corte el suministro de tan vital elemento para la vida diaria. Como consecuencia de ello, la empresa Esval dejará de percibir sumas importantes a causa de la morosidad.
No entendemos por qué los criterios y modalidades usados para calcular las tarifas de agua potable de una comuna como Casablanca arrojan alzas tan elevadas en un período tan corto. Esto revela que las autoridades pertinentes deben hacer urgentes rectificaciones, pues la población está afectada por cálculos absolutamente ajenos y alejados de la realidad económica y social que vive la zona.
Se ha destacado que los incrementos en el costo del agua potable son consecuencia de las fuertes inversiones realizadas por la empresa de servicios sanitarios. Al respecto, Casablanca dispone de un planta de distribución, tratamiento y disposición de las aguas servidas, la cual, en gran medida, es autosustentada. Por ello, no es justo que sus habitantes paguen los costos de obras de servicios sanitarios que se realizan o se han efectuado en otras zonas de la jurisdicción de Esval.
En consideración a la expuesto, solicito que se oficie, en mi nombre y en el de la Cámara, al Superintendente de Servicios Sanitarios, a fin de que se sirva disponer una rectificación y ajuste de sistema tarifario vigente para la comuna de Casablanca; al Gerente General de Esval S.A., para que informe respecto a los criterios técnicos que se entregan a la autoridad competente para calcular las tarifas del servicio de agua potable y el Director Nacional del Sernac, con el objeto de que ordene un estudio destinado a establecer de qué manera las alzas desmedidas de las tarifas del agua potable afectan los derechos del consumidor de los habitantes de la comuna de Casablanca.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su señoría, con la adhesión de los Diputados señores Homero Gutiérrez y José Miguel Ortíz.


CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE BOMBEROS EN PUDAHUEL (Región Metropolitana). Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.- Señor Presidente, en los últimos años, la comuna de Pudahuel se ha constituido en una de las zonas más pobladas de la Región Metropolitana, situación que se ve corroborada con la construcción de numerosas viviendas, específicamente en el sector sur de la comuna. En la actualidad, Pudahuel cuenta con cerca de 150 mil habitantes, de acuerdo con la proyección del censo de 1992. No obstante esta numerosa población, no dispone de un cuartel de bomberos y, en caso de siniestros, deben concurrir, con gran sacrificio, bomberos de la comunas vecinas de Lo Prado o Maipú. Muchas veces los bomberos acuden a tiempo, pero en otras ocasiones,, que no son las menos, a causa de la dificultad de acceso, no llegan en el tiempo requerido, produciéndose grandes desgracias en los bienes materiales y en las personas de quienes habitan esos sectores.
Esta situación se ve agravada con la existencia de numerosas viviendas, talleres y negocios contruidos con material de fácil y rápida combustión . Además, desde el punto de vista geográfico y de la comunicación terrestre, la comuna está prácticamente dividida por la Ruta 68, SantiagoValparaíso, lo que hace difícil el acceso entre ambos tramos, y resulta ardua y lenta la llegada a tiempo de bomberos cuando se produce un siniestro.
Como un hecho positivo, el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, que integra las comunas de la zona oeste, se ha comprometido, por carta de 24 de abril de 1995, a mantener una unidad bomberil en la futura construcción de un cuartel de bomberos que se realizará en la comuna de Pudahuel.
Por otra parte, la municipalidad cuenta con un terreno destinado a ello, ubicado en la avenida La Estrella con El Lazo. Esta situación, muchas veces dramática, ha llevado a que la comunidad pudahuelina se haya organizado y formado un círculo de amigos del cuartel de bomberos, entidad que tiene como objetivo específico la construcción de dicho edificio y que cuenta con la participación del alcalde, concejales, dirigentes sociales, vecinos y parlamentarios de la comuna.
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie a las autoridades de Gobierno, específicamente a los Ministros de Obras Públicas y del Interior, para que informen de la existencia y destinación de recursos para la construcción del cuartel de bomberos en la comuna de Pudahuel.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


INFORME ECONÓMICO RELACIONADO CON LA CREACIÓN DE LA COMUNA DE CHIGUAYANTE (Octava Región). Oficio.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortíz. Resta un minuto el comité Demócrata Cristiano.
El señor ORTÍZ.- Señor Presidente, solicito que se oficie el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en relación con el último informe que entregó la División de Municipalidades sobre los ingresos y gastos en que incurrieron en 1994 con respecto a la comuna madre, Concepción, con motivo de la creación de la comuna de Chiguayante.’
En reunión que celebramos hace tres días, por primera vez, con la junta de vecinos de Loncovilluco, los funcionarios, técnicos y profesionales de la municipalidad de Concepción pusieron en duda las cifras, especialmente las de rentas, de inversiones, la participación en el impuesto patrimonial, las contribuciones municipales, los permisos de circulación respecto del fondo común municipal y las patentes municipales en relación con los ingresos que hubo durante1994 en Chiguayante.
Solicito el envío de este para que, definitivamente, se haga claridad en los ingresos y gastos, porque el último informe de la Subsecretaría arrojó un superávit de $ 78.892.000.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.


Por haber cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
Se levanto a las 13.32 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO
Jefe de la Redacción de Sesiones.