REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 332ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 35ª, en miércoles 13 de diciembre de 1995 
(Ordinaria, de 10.30 a 14.13 horas)
Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime,y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión8
III.Actas8
IV.Cuenta8
Prórroga de plazo a Comisión Especial Investigadora de Esval8
Fijación de fecha para analizar la XV Asamblea General del Parlatino9
V.Orden del Día.
Otorgamiento de beneficios económicos a profesionales funcionarios y becarios de la ley Nº 15.076. Tercer trámite constitucional10
Mejoramiento remuneracional al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Primer trámite constitucional12
Creación de la comuna de San Rafael. Tercer trámite constitucional30
Creación de la comuna de San Pedro de La Paz. Tercer trámite constitucional31
Creación de la comuna de Chillán Viejo. Tercer trámite constitucional32
VI.Proyectos de acuerdo.
Regularización del funcionamiento de las isapres33
Asociación en favor del desarrollo regional36
VII.Incidentes.
Informe de la Comisión Especial Investigadora del plan de desarrollo estratégico de la Empresa de Ferrocarriles del Estado38
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual inicia, con urgencia calificada de "suma", la tramitación de un proyecto que moderniza el sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica (boletín N° 176709).58 Pág.
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 70, de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica la ley 
N° 18.700, estableciendo la renovación parcial de los vocales de mesas receptoras de sufragio (boletín N° 117106).67
3.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de "simple", para el despacho del proyecto que denomina Aeropuerto Gabriela Mistral al actual Aeropuerto La Florida, ubicado en la comuna de La Serena, provincia de Elqui, Región de Coquimbo (boletín N° 154006).67
4.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de "simple", para el despacho del proyecto que moderniza el sector portuario estatal (boletín N° 168809).68
Oficios del Senado mediante los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos: 
5.Introduce modificaciones al Código Penal en lo relativo a los delitos de robo y hurto (boletín N° 166307).68
6.Crea la comuna de San Pedro de La Paz (boletín N° 140006).69
7.Crea la comuna de Chillán Viejo (boletín N° 140106).71
8.Sustituye expresiones sueldos vitales por ingresos mínimos en los artículos que señala del Código Penal (boletín N° 96207).74
9.Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera. (Proyecto: Rehabilitación de Hospitales III), suscrito en Bonn en 1995 (boletín N° 162010).84
10.Concede beneficios que indica a los profesionales funcionarios y beneficiarios de becas de perfeccionamiento regidos por la ley N° 15.076, que se desempeñan en jornadas diurnas en los Servicios de Salud (boletín N° 169811).85
11.Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha aprobado el proyecto que modifica los artículos 110 y 124, de la Ley General de Pesca y Acuicultura (boletín N° 107203)(S).86
12.Informe de la Comisión Especial Investigadora del Plan de Desarrollo Estratégico de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, mediante el cual da cumplimiento al acuerdo adoptado en la sesión 10a, de fecha 20 de junio del año en curso.87
13.Informe de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto que otorga incremento remuneracional especial al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 172905).140
14.Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que otorga incremento remuneracional especial al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 172905).144


IX.Otros documentos de la Cuenta.

1.Comunicación:
De los Diputados señores Caminondo, Munizaga, Moreira, Melero, Tuma, Salas, Valenzuela, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Navarro, Dupré y Valcarce, por la que proponen destinar 30 minutos de la sesión para que la Mesa de la Corporación los destine a conocer lo acontecido en la XV Asamblea del Parlamento Latinoamericano y suspenda el funcionamiento del Grupo Chileno-Argentino en el intertanto.
2.Oficios:
De la Comisión Investigadora de la situación que afecta a Esval por la paralización de las obras del colector de Valparaíso, mediante el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para prorrogar en 30 días el plazo para emitir su informe con el objeto de procesar una gran cantidad de antecedentes recibidos sobre la materia.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que ha acordado crear el Grupo Interparlamentario ChilenoCanadiense para que los señores Diputados que lo deseen puedan incorporarse a él.


I. ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes señores Diputados: (109)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Arancibia Calderón, Armando
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Aylwin Azócar, Andrés
--Aylwin Oyarzún, Mariana
--Balbontín Arteaga, Ignacio
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chadwick Piñera, Andrés
--De la Maza Maillet, Iván
--Dupré Silva, Carlos
--Elizalde Hevia, Ramón
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Ángel
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Rodríguez, José Luis
--Gutiérrez Román, Homero
--Hamuy Berr, Mario
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Hurtado Ruiz-Tagle, José María
--Jara Wolf, Octavio
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Jürgensen Caesar, Harry
--Karelovic Vrandecic, Vicente
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Makluf Campos, José
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Matthei Fornet, Evelyn
--Melero Abaroa, Patricio
--Montes Cisternas, Carlos
--Morales Morales, Sergio
--Moreira Barros, Iván
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokuriça Prokuriça, Baldo
--Rebolledo Leyton, Romy
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Schaulsohn Brodsky, Jorge
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Solís Cabezas, Valentín
--Soria Macchiavello, Jorge
--Sota Barros, Vicente
--Taladriz García, Juan Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Avila, Raúl
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--VieraGallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villegas González, Erick
--Villouta Concha, Edmundo
--Wörner Tapia, Martita
--Zambrano Opazo, Héctor
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Sergio Elgueta, Luis Valentín Ferrada, Salvador Urrutia, Ignacio Walker y la Diputada señorita María Antonieta Saa.
Asistieron, además, los siguientes Ministros: de Defensa Nacional, señor Edmundo Pérez y de Salud, señor Carlos Massad; y el Senador, señor Sergio Páez.


II. APERTURA DE LA SESIÓN.

Se abrió la sesión a las 10.38.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Las actas de las sesiones 27ª, 28ª y 29ª se declaran aprobadas.


IV. CUENTA.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.


PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ESVAL.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- La Comisión investigadora de la situación que afecta a Esval por la paralización de las obras del colector solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 30 días el plazo para emitir su informe.
Sobre el punto tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿es posible que el Presidente de la Comisión de Esval o alguno de sus miembros entregue a la Comisión de Régimen Interno o a los Comités de cada bancada un preinforme de lo hecho hasta el momento? Lo planteo porque quien habla se ha impuesto a través de los medios de comunicación de actuaciones y de opiniones vertidas en esa Comisión altamente conflictivas en términos de presentación pública, más allá de lo que pueda opinar cada uno de sus miembros. En efecto, uno lee en la prensa de ayer y de hoy que el Presidente de la Comisión renuncia, que no renuncia, que tiene una opinión determinada en un tema, que los miembros de la Comisión sustentan otras, etcétera.
Por el bien de esta Corporación, y antes de decidir si se otorga o no un plazo mayor para informar, sería positivo que sus miembros, encabezados por su Presidente, rindieran un balance previo y efectuaran una evaluación de lo que está pasando, de la manera como se está trabajando y de la presentación pública que ha hecho esa Comisión. Estimo que sería bueno para todos, para el buen cumplimiento de su objetivo, que es investigar y determinar las responsabilidades que existan en ese caso, e incluso para la propia convivencia interna de esta Corporación.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, es insólita la petición del Diputado señor Pizarro, porque siempre las comisiones investigadoras han actuado de la misma forma, esto es, dentro del plazo que les ha dado la propia Cámara. Además, el señor Diputado no tiene por qué alarmarse por las declaraciones que aparecen en la prensa. Estamos en una Cámara política y somos políticos. Ello se enmarca dentro de las reglas del juego, de modo que no hay por qué escandalizarse.
Creemos que se ha avanzado en la investigación; se ha invitado a mucha gente y en su oportunidad se dará el informe correspondiente. No entiendo por qué la Comisión debiera adelantar un juicio y no respetar el plazo prefijado.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Han pedido la palabra los Diputados señores Balbontín, Prokuriça, Longueira y Valenzuela. Sin embargo, advierto a la Sala que no puede haber debate sobre esta materia. Ofrecí la palabra al Diputado señor Pizarro sólo para que manifestara si estaba de acuerdo o no con la prórroga para emitir el informe.
Insisto, no puedo abrir un debate amplio sobre la Comisión investigadora de Esval, porque me lo impide el Reglamento.
Habría que aclarar si el Diputado señor Pizarro no dará el acuerdo mientras no se haga lo que plantea, o si es sólo una recomendación.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, es algo totalmente distinto. Le pido que me deje aclarar el punto; de lo contrario, se puede prestar para dudas.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Muy breve, señor Diputado.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo que quiero es que todos los Diputados tengamos el máximo de antecedentes posible, sobre todo porque las opiniones difundidas por la prensa no temo a esas opiniones son confusas respecto del funcionamiento de la Comisión...
El señor LONGTON.- Lo invitamos a la Comisión.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Pizarro, ahora es imposible hacer un debate. Hay más de diez...
El señor PIZARRO.- No quiero generar un debate, señor Presidente.
No me opongo a la prórroga. Si se solicitan 60, 90, 120 días o seis meses, accederemos. Lo que pido es que la Mesa de la Cámara evalúe cómo ha funcionado la Comisión hasta el momento, porque, objetivamente, más allá de las declaraciones y del buen trabajo hecho por los Diputados, tanto de Gobierno como de Oposición, hay confusión en la opinión pública. Eso es todo. Si la Comisión necesita seis meses más para emitir su informe, estoy de acuerdo en dárselos.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Después que haga uso de la palabra el Diputado señor Prokuriça daré por terminado el debate sobre este punto.
El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, nunca se le ha negado la prórroga de plazo a las Comisiones investigadoras. Más allá de lo que diga la prensa, en este caso se ha hecho un muy buen trabajo. Por lo tanto, solicito a Su Señoría que ponga en votación la solicitud de la Comisión para zanjar el problema.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo para prorrogar por 30 días el plazo a la Comisión indicada?
Acordado.
Luego, con los Comités, estudiaremos la propuesta planteada.


FIJACIÓN DE FECHA PARA ANALIZAR LA XV ASAMBLEA GENERAL DEL PARLATINO.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Los Diputados señores Balbontín, Caminondo, Munizaga, Moreira, Melero, Tuma, Salas, Valenzuela, Letelier, don Juan Pablo; Longton, Navarro, Dupré y Valcarce han solicitado 30 minutos, luego de la Cuenta, para analizar el desarrollo de la XV Asamblea General del Parlatino. Se ha dispuesto que ello se haga el miércoles 3 de enero de 1996.
Asimismo, requieren el acuerdo de la Corporación para suspender, entretanto, el funcionamiento del Grupo binacional chileno-argentino.
¿Habría acuerdo?
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Pizarro, ¿hay acuerdo o no?
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, separe las dos cosas. Hay acuerdo para que se entregue y trate el informe de la XV Asamblea General del Parlatino. Pero la suspensión del funcionamiento de un grupo binacional merece ser previamente debatida y analizada en la Comisión de Relaciones Exteriores. Son materias totalmente distintas.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Si no hay acuerdo, se debatirá el informe sobre la XV Asamblea General del Parlatino en la sesión del primer miércoles de enero de 1996, después de la Cuenta; posteriormente se tomarán las resoluciones que correspondan.


V. ORDEN DEL DÍA.


OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A PROFESIONALES FUNCIONARIOS Y BECARIOS DE LA LEY Nº 15.076. Tercer trámite constitucional.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- La Tabla del Orden del Día de esta sesión, tal como lo informé al término de la prolongada sesión de ayer, ha sido modificada, pues llegaron dos proyectos que, por su urgencia, deben tratarse primero.
Uno de ellos se refiere al reajuste para las Fuerzas Armadas. El otro, que viene del Senado en tercer trámite constitucional, otorga beneficios a los profesionales funcionarios y becarios regidos por la ley Nº 15.076.
Según me han informado el Diputado señor Tohá, Presidente, y el Diputado señor Bayo, entre otros integrantes de la Comisión de Salud, las modificaciones introducidas por el Senado son sencillas o, al menos, habría acuerdo entre los señores Diputados para aprobarlas.
En todo caso, se encuentra presente el señor Ministro de Salud.
Si le parece a la Sala, y por ser aparentemente éste un tema de más fácil despacho, que puede resolverse incluso sin discusión, se tratará en primer lugar.
Acordado.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1698-11. Documentos de la Cuenta Nº 10, de esta sesión.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Pido al Diputado señor Tohá, o al señor Ministro, que nos expliquen en forma breve las modificaciones introducidas por el Senado.
Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.
El señor TOHÁ.- Señor Presidente, el honorable Senado introdujo algunas modificaciones menores al proyecto de ley, aprobado por la Cámara, que concede beneficios a los profesionales funcionarios y becarios regidos por la ley Nº 15.076.
La modificación más relevante corresponde al artículo 3º, que sustituye “50,5%” por “55%”. Se refiere a un bono compensatorio equivalente, según la iniciativa original, al 50,5 por ciento de la remuneración percibida en julio de 1995. Éste compensaba el período de tramitación del proyecto. Como su aprobación se atrasó dos meses más, debía corregirse este porcentaje en la forma indicada. Ese es el fundamento de la modificación. Por lo tanto, es aceptable y justo desde todo punto de vista. 
Las demás enmiendas no inciden fundamentalmente en el proyecto. Por eso, solicito que las aprobemos.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, para confirmar lo expresado por el presidente de la Comisión de Salud, Diputado señor Isidoro Tohá.
Considero que las modificaciones del Senado son exclusivamente de forma, y con la explicación dada por el Diputado señor Tohá referente al cambio de guarismos 50,5 por ciento por 55 por ciento, estimo conveniente, adecuado y oportuno aprobarlas en los términos propuestos.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, por su intermedio, solicito que el señor Ministro de Salud nos aclare un tema planteado en la Comisión de Hacienda cuando se trató el proyecto relacionado con los profesionales médicos que se desempeñan bajo este mismo régimen estatutario la ley Nº 15.076en los hospitales de las Fuerzas Armadas.
Se trata de que todos los médicos contratados bajo este régimen tengan el mismo beneficio. Digo esto porque ya ha ocurrido que se han otorgado mejoramientos a los médicos funcionarios de los sistemas de salud, que no han beneficiado a los profesionales de los hospitales institucionales que se desempeñan de acuerdo con esta ley, lo que ha provocado el éxodo de médicos, y desajustes técnicos en esos establecimientos. No se trata de médicos que pertenezcan a la planta de las Fuerzas Armadas, sino de aquellos que incluso ejercen en el sistema privado y que están contratados en los hospitales institucionales bajo este régimen estatutario. Consulto este tema al señor Ministro de Salud porque ya fue puesto en el tapete de la Comisión de Hacienda, y como muy bien lo señaló en ocasión anterior el honorable Diputado señor Sota, hubo una exposición sobre el tema.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra don Carlos Massad, Ministro de Salud.
El señor MASSAD (Ministro de Salud).- Señor Presidente, hemos estado analizando esa posibilidad con el señor Ministro de Defensa. Por razones prácticas, para no demorar el trámite de esta iniciativa, no se presentó indicación al respecto. El señor Ministro de Defensa va a tomar las medidas que considere oportunas para evitar que se produzcan las diferencias a las cuales ha aludido el Diputado señor Ulloa.
Gracias, señor Presidente.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, sólo para dejar constancia de que nuestra bancada dará su aprobación a las modificaciones del Senado, por cuanto no alteran el espíritu o las ideas matrices de este proyecto. Además, el tema ya fue ampliamente discutido.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Senado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los Diputados señores:
Acuña, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elizalde, Encina, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hamuy, Huenchumilla, Hurtado, Jürgensen, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Pizarro, Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Valcarce, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Salud.
El señor MASSAD (Ministro de Salud).- Señor Presidente, sólo para agradecer a los honorables Diputados el despacho de este proyecto, que fue un compromiso del Gobierno con los colegios de los profesionales afectos a la ley N°15.076. Este es el primer paso de una reforma de fondo que se discute en la Comisión de Salud de la Cámara y que ayer fue aprobada en general, por unanimidad.
Muchas gracias.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Ministro, me alegro de que empiece el día con una noticia positiva.


MEJORAMIENTO REMUNERACIONAL AL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA. Primer trámite constitucional.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que otorga un incremento remuneracional especial al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el Diputado señor Arancibia, y de la de Hacienda es el Diputado señor Huenchumilla.
Antecedentes:
Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 1729-05, sesión 13ª, en 7 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Informe de la Comisión de Defensa y certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 13 y 14, de esta sesión.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se encuentra en la Sala el señor Ministro de Defensa, don Edmundo Pérez Yoma.
Solicito el asentimiento unánime para que puedan ingresar a la Sala los Subsecretarios, señores Burgos, Flisfish y Fouilloux.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, vuestra Comisión de Defensa me ha encomendado informar sobre el proyecto que reajusta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Esta iniciativa, como lo señala el mensaje, tiene por objeto otorgar un incremento de remuneraciones imponibles adicional del 3,5 por ciento sobre el reajuste general concedido a los funcionarios de la Administración Pública y que esta honorable Cámara aprobó recientemente.
Con este proyecto se trata de corregir una distorsión producida como consecuencia del proceso general de mejoramiento de las remuneraciones del sector público, particularmente entre los años 1990 y 1995, e impedir el rezago del personal de las Fuerzas Armadas en su nivel de sueldos, que afecte el cumplimiento de tareas profesionales en la defensa del país.
Cabe señalar, y seguramente el señor Ministro de Defensa hará una exposición más lata sobre el tema, que el proyecto recoge también la preocupación manifestada a esta Cámara en 1994, preocupación que, como sus Señorías recordarán, motivó que se encomendara a la Comisión de Defensa un estudio sobre las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Dicho estudio concluyó con un informe según me han informado, se va a distribuir uno por Comité donde se constató una situación de rezago de este sector respecto del nivel de aumento de las remuneraciones de los restantes servicios e instituciones del sector público. En resumen, en el informe se plantea que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, evidencian en los últimos diez años un paulatino pero sostenido deterioro en el nivel de remuneraciones de su personal, especialmente si se le compara con el de la Administración Pública, considerando específicamente la situación de los servicios comunales y sociales.
Dicho estudio transcribe las siguientes demandas que los institutos armados y de orden hicieron presente en 1994:
El Ejército sostenía tener un rezago de 28,23 por ciento respecto de las remuneraciones de los servicios comunales y sociales, y para superarlo reclamaba un financiamiento de 24.967 millones de pesos.
La Armada estimaba que la pérdida relativa de sus remuneraciones alcanzaba a 31,9 por ciento, y superarla, en ese entonces 
noviembre de 1994significaba un costo de 21.500 millones de pesos.
La Fuerza Aérea estimaba el rezago en un 25 por ciento, con un costo a esa fecha, de 13.000 millones de pesos.
Carabineros consideraba en un 22,8 por ciento el retraso relativo.
El señor Ministro hará referencia al estudio que llevó a cabo su Secretaría de Estado para arribar a conclusiones lo más objetivas posible respecto de la verdadera situación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de adoptar medidas para superar progresivamente ese retraso relativo.
Las señoras y señores Diputados tienen delante de sí un cuadro resumen de las variaciones de las remuneraciones reales del sector público entre 1990 y 1995. Fue aportado para el debate por el Diputado señor Sota y, a mi juicio, es ilustrativo sobre lo que manifiesto.
Entre 1990 y 1995 se puede constatar que la administración central tuvo un incremento acumulado del 43 por ciento de sus remuneraciones. Se descompone por ministerios, etcétera, y en el caso del Ministerio de Defensa, es de sólo el 20 por ciento.
En cuanto al plazo más largo, entre 1982 y 1994, respecto del cual las Fuerzas Armadas hicieron llegar sus demandas a la Comisión de Defensa, cabe destacar que hay problemas metodológicos para la medición y, en algunos casos, de sobreestimación; es decir, hay sesgo en los indicadores, pero, en definitiva, el problema existe. Como lo expresó ayer el señor Subsecretario de Guerra, entre 1980 y 1995 existe una variación real favorable para el Ejército del orden de 2,37 por ciento, pero se determinan con índices distintos, según se trate del cuadro permanente de oficiales o del personal civil.
En suma, el proyecto persigue ajustar o corregir el rezago relativo que experimentaron las referidas remuneraciones.
El porcentaje de reajuste que indica el proyecto es de 3,5 por ciento, considerando el reajuste que se otorgó a la administración pública, y se aplicará sobre las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero imponibles para salud y otras no imponibles de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa no contiene normas de ley orgánica constitucional o de quórum calificado, no fue objeto de indicaciones y fue aprobada por la unanimidad de la Comisión. No obstante, debe dejarse en claro que, aunque se reconoce el problema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, no ha habido pérdida de su poder adquisitivo, sino que, en definitiva, se trata sólo de una situación de rezago relativo que afecta, especialmente, la permanencia de los oficiales calificados, quienes emigran al sector privado en busca de mejores oportunidades. El proyecto pretende resolver esa situación, a fin de permitir que las Fuerzas Armadas no se distraigan en sus tareas institucionales y puedan cumplir adecuadamente sus altas responsabilidades en relación con la defensa nacional.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el honorable señor Huenchumilla, Diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, complementando el informe de la Comisión de Defensa, desde el punto de vista de la Comisión de Hacienda puedo manifestar lo siguiente:
Como se dijo, el mensaje señala que la finalidad del Gobierno al enviar el proyecto de ley es corregir una distorsión producida por el esfuerzo de mejorar funciones públicas y, además, impedir perjuicios a la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir las tareas profesionales que se derivan de la defensa del país.
La Comisión de Defensa modificó el proyecto primitivo en virtud del cual se otorgaba a las Fuerzas Armadas una asignación especial no imponible, puesto que el Gobierno presentó una indicación para cambiar la naturaleza de dicha asignación, en el sentido de hacerla imponible.
En la Comisión de Hacienda hubo, básicamente, dos temas en discusión.
El primero fue si efectivamente existían diferencias entre las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y el aumento que han experimentado en el tiempo, y las remuneraciones del resto del sector público, comparándose también las variaciones que han sufrido durante el transcurso de estos años. Y, tal como lo manifestó el Diputado señor Arancibia, se constató que, por lo menos en el período comprendido entre los años 90 y 95, se han producido distintas variaciones en las remuneraciones reales del sector público. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud han variado en un 74,6 por ciento; entre los docentes, en un 69,6 por ciento; en la administración central, un 43 por ciento. En cambio, las del Ministerio de Defensa sólo han alcanzado a un 20 por ciento. Entonces, se señaló que, aunque no se produjo deterioro en las remuneraciones de las Fuerzas Armadas durante el período 9095, su incremento ha sido menor en comparación con otros servicios de la administración del Estado.
El segundo tema que discutió la Comisión de Hacienda fue acerca de si el proyecto era sólo de reajuste de remuneraciones o si tenía una mayor significación respecto de la modernización, racionalización o de una política del sector Defensa, en virtud del cual el tema de las remuneraciones fuera también un factor importante por considerar.
Después del debate habido sobre estas materias, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto por unanimidad, en los términos propuestos por la Comisión de Defensa.
El informe financiero nos dice que la asignación especial que concede el proyecto tiene un costo anual, por cada punto porcentual, de 3.522 millones de pesos. Sin embargo, habida consideración de la indicación del Ejecutivo que hace imponible esa asignación especial, y de la información sobre su incidencia, con los antecedentes disponibles y según las cuentas que sacamos en la Comisión, el mayor gasto fiscal anual ascendería a 13.400 millones de pesos.
Finalmente, el proyecto señala, en su artículo 2º, que el mayor gasto que represente en 1995 la aplicación de la ley, se financiará con cargo al ítem 5001032533.104 de la partida presupuestaria Tesoro Público.
El articulado del proyecto no sufrió mayores variaciones, por lo cual debemos entender a menos que esté equivocado que el mayor gasto fiscal que esto demande durante 1996 
insisto en que el articulado no hace referencia a eso, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa de ese año. Me imagino que el señor Ministro de Defensa podrá corregirme.
Esto es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor PÉREZ YOMA (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, las exposiciones de los señores Diputados informantes han sido suficientemente esclarecedoras, por lo cual prefiero contestar alguna pregunta o duda que haya surgido, porque no tengo nada más que agregar a lo informado.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, quiero referirme básicamente a la Fuerza Aérea, porque, por motivos familiares, es la que conozco mejor.
La situación de la Fuerza Aérea es dramática. Los pilotos el elemento más valioso, porque deben llevar a cabo las misiones de defensa del territorio nacional en caso de guerra, y, por las funciones que les son propias, el más caro, porque son muchas las horas de vuelo que se requieren para formar un piloto, lo que implica tener instructores, costos en combustibles, reparación, mantenimiento y operación se están yendo en forma masiva al sector privado; hay un éxodo realmente preocupante.
Respecto de los sueldos de los oficiales que son pilotos, existen dos problemas. En primer lugar, el de los sueldos relativos. Los pilotos comerciales ganan por lo menos tres veces más que los de la Fuerza Aérea. Obviamente, un oficial que tiene una familia no puede resistirse a esa realidad durante mucho tiempo. En segundo lugar, existe un problema de montos absolutos de los sueldos, porque no es posible vivir en forma digna con lo que ganan esos oficiales.
En los últimos años, la Fuerza Aérea ha hecho una inversión muy importante en material de vuelo de combate, básicamente para reponer el antiguo. Sin embargo, en este momento no existen pilotos con un nivel de preparación estándar y adecuado; en otras palabras, la Fuerza Aérea ha hecho una gran inversión sin tener el elemento humano necesario o idóneo para volar esos aviones.
Este reajuste no solucionará en absoluto el problema de los pilotos, y el éxodo va a seguir. Creo que la misma situación se da con algunos oficiales de la Armada, que tienen alternativas muy atractivas, básicamente en el sector pesquero y en el de la aeronavegación comercial, y con los mejores oficiales del Ejército, sobre todo con los que tienen estudios de ingeniería o de otras especialidades.
Quiero dejar en claro que esta situación no es de la exclusiva responsabilidad de los gobiernos de la Concertación; no estoy culpándolos, porque este problema de los malos sueldos se viene arrastrando diría desde hace 30 ó 40 años.
Sin embargo, dado el gran crecimiento que ha tenido el sector privado y las nuevas formas en que se han llevado a cabo las políticas de defensa y de integración a nivel de América, ha llegado el momento de sentarse a estudiar en forma profunda la situación de las Fuerzas Armadas. Mi impresión es que hay que avanzar rápidamente hacia Fuerzas Armadas mucho más pequeñas, altamente profesionalizadas, con mejores sueldos y con gente muy bien escogida, porque ello se adecuará no sólo a la realidad de América Latina de este minuto, sino que también a las nuevas formas de llevar a cabo la defensa y, en general, la guerra en el país.
Si recordamos, por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico de hace algunos años, en ella se enfrentó el ejército de Irak, considerado el tercero más grande del mundo, con fuerzas militares muy pequeñas, pero altamente tecnificadas, con tecnología muy sofisticada, y en las primeras 48 horas ese gran ejército considerado temible quedó ciego, sordo y sin posibilidades de actuar, y con todas sus líneas de defensa y de abastecimiento absolutamente cortadas. Ése es el nuevo concepto de Fuerzas Armadas existente en el mundo, y hacia allá debemos avanzar.
Por otra parte, tampoco me parece adecuado dar un reajuste parejo. Hay ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo mecánicos de automóviles, que perfectamente podrían subcontratarse, pues no tiene ningún sentido que exista ese tipo de mecánicos en ellas. Por lo tanto, no deberían recibir el mismo reajuste que los escasos elementos valiosos que representan con mayor propiedad las funciones de la defensa: son ellos los que deberían tener un reajuste diferenciado mucho mayor porque, si no paramos el éxodo, vamos a tener Fuerzas Armadas llenas de mecánicos y administrativos, pero no de aquellos que deben cumplir las funciones propias de la defensa.
Por eso, quiero hacer un llamado. Creo que el Ministro tiene muy clara esta materia, pero el Congreso debe empezar a enfrentarla en forma seria. Hoy la situación es dramática. Me he referido al caso de la Fuerza Aérea, porque lo conozco mejor, pero todos los días aparecen artículos en los diarios que informan sobre los pilotos que han emigrado a las líneas aéreas comerciales, de pesca y, en general, al sector privado. Lo mismo ocurre en la Armada y en el Ejército, y temo que también en Carabineros, en donde muchas veces se hacen llamados y nadie se interesa siquiera en acudir a ellos. En los últimos días hemos visto con mucho espanto conductas realmente reprochables de algunos carabineros. La verdad es que con esos sueldos de hambre no podemos pretender captar a los mejores elementos de la población.
Para terminar, quiero decir que no me cabe duda de que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para otorgar este reajuste; sin embargo, no solucionará nada, y si no enfrentamos de distinta forma los problemas de las Fuerzas Armadas y de Orden en su conjunto, mi impresión es que, de aquí a cinco años, a lo sumo, tendremos problemas muy graves.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.- Señor Presidente, cuando los Diputados del Partido por la Democracia conocimos la intención del Ejecutivo de enviar al Congreso un proyecto de reajuste de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, decidimos sostener una reunión con el Subsecretario de Guerra, señor Jorge Burgos, en la cual obtuvimos la información oficial que justifica el proyecto en estudio. Asimismo, recibimos los cuadros que todos los señores Diputados tienen en sus escritorios que hablan por sí solos.
Por ejemplo, hay uno que contiene la planilla de remuneraciones de los oficiales y del personal permanente. Hago presente que es información oficial la que tienen los señores Diputados en su poder. Pues bien, allí se puede observar que las cifras no marcan un detrimento muy especial respecto de las remuneraciones de otros funcionarios de la Administración Pública. El alegato, con bastante base, que acaba de hacer la Diputada señora Matthei en favor de algunos oficiales de la Fuerza Aérea y de la Armada, podría reproducirse para alegar exactamente lo mismo respecto de los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, de los médicos del Ministerio de Salud y de otros profesionales. ¡Para qué hablar de los profesores!
Si la Diputada señora Matthei observa el cuadro, verá que un alférez recién salido de la Escuela Militar tiene haberes totales de 173 mil pesos, que están muy por encima de la remuneración que recibe un profesor de enseñanza básica. Ciertamente, la remuneración de un profesor por seguir con la comparación queda situada en el nivel de un cabo primero.
De manera que, siendo absolutamente efectivo y razonable ciertamente, hay que preocuparse del temase diga lo que se diga respecto de que determinados especialistas de las Fuerzas Armadas perciben remuneraciones que no admiten comparación con las del sector privado, no es menos cierto que el cuadro general de remuneraciones de su personal no presenta una marcada diferencia respecto de las del resto de la Administración Pública.
Sin embargo, el segundo cuadro también es cierto y, a partir de 1991, el Gobierno democrático se ha preocupado de remunerar lo más debidamente posible a la Administración Pública, pero no hay duda de que las diferencias entre los reajustes recibidos entre 1991 y 1995 por los empleados de los Ministerios de Salud y de Educación, en comparación con los otorgados a los del de Defensa, son extraordinariamente marcadas.
Ahora, para discutir el tema de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas hay que tener en cuenta otros antecedentes. Me referiré a datos oficiales entregados por el Director de Presupuestos en la Comisión de Defensa de la Cámara.
El presupuesto de las Fuerzas Armadas para este año es de 376 mil millones de pesos, de los cuales el 58 por ciento es para gastos de personal; es decir, el presupuesto nacional consulta 218 mil millones de pesos para remuneración del personal de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, el 40 por ciento de los fondos destinados a remuneraciones de la Administración Pública son para remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas. Son cifras muy importantes que habrá que tener en cuenta cuando nos pronunciemos sobre el reajuste que se propone. 
Ahora bien, creo que es justo destacar la preocupación de la Comisión de Defensa de la Cámara por el tema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas. Después de 13 reuniones consecutivas, realizadas a partir de junio del año pasado, elaboró un informe extraordinariamente completo, firmado por la unanimidad de sus miembros, el que desgraciadamente según me informó el Secretario de la Corporación no pudo ser distribuido a tiempo a los señores Diputados, porque fue declarado secreto por la Comisión. Pues bien, ayer en la reunión de dicha Comisión, nos dimos cuenta de que no hay ninguna razón para que el informe sea secreto, y los colegas podrán pedirlo en la Secretaría, porque, indudablemente, apunta en el recto sentido de una propuesta que la Cámara hará al Ejecutivo sobre el sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Sólo citaré parte de las conclusiones del informe, y repito que sería muy conveniente que los señores Diputados lo pidieran en la Secretaría. Dice que se reconoce que los niveles de remuneraciones de las Fuerzas Armadas deben ser adecuadamente homologables con los del resto de la Administración del Estado, y que los estudios efectuados por la propia Comisión han permitido verificar una diferencia respecto del conjunto de las remuneraciones del sector público. A continuación, dice: "Esto hace necesario que la autoridad ejecutiva competente pueda estudiar y proponer un programa de efectiva solución a esas deficiencias".
Por eso, hace un momento dije al señor Ministro de Defensa que la proposición del Ejecutivo, en buenas cuentas, es una respuesta a una inquietud de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Defensa también advierte sobre la necesidad de continuar desarrollando y profundizando planes de modernización propuestos por las Fuerzas Armadas y de Orden. De manera que hay una readecuación en la asignación de los recursos que el Estado les destina, especialmente en el rubro remuneraciones de personal.
Finalmente, cabe recordar una intervención muy importante del señor Ministro de Defensa en la Comisión Especial de Presupuesto. Allí esbozó el diseño de una verdadera política de defensa. Es la primera vez, en mis seis años de Diputado durante este período de democracia, que escucho una reflexión semejante.
El señor Ministro pidió a los parlamentarios, tanto de Oposición como de Gobierno, que participen en el diseño de esa política de defensa, por tratarse de una tarea nacional que requiere de una política de Estado.
Por las razones expuestas, los parlamentarios del Partido por la Democracia estimamos que el reajuste propuesto es razonable; por lo tanto, lo vamos a apoyar con nuestros votos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Informo a la Sala que hasta el momento se encuentran inscritos 21 señores Diputados, cada uno de los cuales podrá intervenir hasta por diez minutos. Por lo tanto, de acuerdo con la proposición de los jefes de bancada, los primeros lugares se asignarán a los parlamentarios que participaron activamente en la Comisión de Defensa.
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, estamos analizando una materia de enorme importancia por su incidencia económica y por las relaciones armónicas que siempre deben existir entre las Fuerzas Armadas y la civilidad.
¿Cuál es la situación respecto de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden?
En primer lugar, es importante recordar lo que dice el informe especializado de la Comisión de Defensa, en el sentido de que no ha habido un deterioro del poder adquisitivo de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones desde 1990 a la fecha. Por el contrario, que ha habido un aumento, y aunque la Diputada señora Matthei lo niegue con la cabeza, ésa es una realidad económica.
¿Qué ha sucedido? En primer lugar, como el Gobierno de la Concertación reajustó más los sueldos de los funcionarios de la salud, Poder Judicial, profesorado y servicios fiscalizadores, al hacer una comparación entre el porcentaje de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y del sector público, se advertirá que ahí se ha producido un deterioro, detrimento o como se le quiera llamar.
En segundo lugar, es efectivo lo que la Diputada señora Matthei ha señalado: el impacto del mercado respecto de las Fuerzas Armadas. Pero eso vale para toda la Administración Pública, en general.
Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas señalaron en la Comisión de Defensa cuál era, según su estimación, ese porcentaje de detrimento. Como ha dicho el Diputado señor Arancibia, en el caso del Ejército era de 28.2; de la Armada, 31.9; de la Fuerza Aérea, 14.8; y de Carabineros, 32.8. La Policía de Investigaciones no señaló porcentaje.
Además, existe el problema de los retiros. Al mirar el cuadro de retiros de oficiales en el Ejército, que desgraciadamente ustedes no tienen a mano, pero está en el informe de la Comisión la verdad es que no ha habido un incremento sustantivo de ellos, porque en 1983 se retiraron 1.002 oficiales, y en 1994, 1.290. Es decir, esto corresponde, más bien, a un incremento vegetativo. En cambio, en la Fuerza Aérea el problema es grave respecto de los pilotos de guerra, porque se han retirado 198 pilotos en el último período; 27 por año, en los últimos siete. Además, la formación de cada uno de ellos le cuesta al Fisco 3 millones de dólares, y si es piloto de “F5”, 5 millones y medio de dólares, lo que constituye un problema real y serio.
En la Armada, el cuadro de retiros no es muy espectacular, porque en 1993 se retiraron 42 altos oficiales y el 50 por ciento de ellos lo hizo por razones económicas, o sea, tan sólo 21.
Por lo tanto, el problema del retiro está concentrado básicamente en la Fuerza Aérea, y muy particularmente en los pilotos de guerra.
Frente a esta situación, como Comisión, unánimemente, planteamos la importancia de que el Gobierno estudiara una forma de remediar ese deterioro que no implica reitero un menor poder adquisitivo de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno calculó ese deterioro según podrá explicar el señor Ministro entre un 8 y un 12 por ciento. Personalmente, nunca me quedó muy claro cómo se determina ese porcentaje, pero el Ejecutivo lo estimó en esa cantidad, la que no coincide con lo que estiman las Fuerzas Armadas, por cuanto consideran que el porcentaje es bastante más alto.
Ahora bien, este deterioro no es igual para cada rama, según el grado del escalafón en que se encuentran ubicados los distintos miembros del personal de las Fuerzas Armadas. Es muy distinto en un nivel y en otro, lo cual haría aconsejable que, previo a este reajuste o contemporáneamente con él, se hubiera formulado una propuesta de racionalización de la planta de las Fuerzas Armadas, porque un reajuste parejo aumentará desniveles y prorrogará injusticias. Desgraciadamente, por razones muy comprensibles, eso no ha ocurrido.
Otro punto que no se puede dejar de señalar, es que la previsión de las Fuerzas Armadas es especial, por cuanto no se paga como lo hacemos todos los chilenos, sino que es de cargo del Estado, al que le cuesta 400 millones de dólares al año. Hasta ahora, no ha habido ninguna propuesta de reforma al sistema previsional, de tal manera que en ese aspecto existe un privilegio de los uniformados respecto de los demás habitantes del país.
También es importante recordar lo que señaló en la Comisión el Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, cuando indicó que, en cuanto al gasto en personal durante el período 19891993, éste ha experimentado un crecimiento real de 6 por ciento, y que se esperaba uno superior al 3 por ciento en 1994. Es decir, no ha habido una disminución del gasto en personal, sino un aumento real durante este período. 
Por lo tanto, no hay pérdida del poder adquisitivo, ni pérdida global del gasto en remuneraciones de las Fuerzas Armadas. Lo que existe es un deterioro explicable además respecto de las remuneraciones globales del sector público, porque justamente el Gobierno de la Concertación ha querido sacar de la postergación a los servicios que se encontraban en peor situación.
Hoy ha llegado el momento y nos alegramos de hacer otro tanto por las Fuerzas Armadas. 
Es importante señalar que, si bien este proyecto establece un reajuste de 3,5 por ciento, hay otro 3,5 por ciento establecido en el proyecto de salud de las Fuerzas Armadas, donde el Estado, a través de una indicación del Ejecutivo, dará una bonificación a los uniformados para cubrir sus cotizaciones de salud. Por lo tanto, no hablemos de un reajuste del 3,5 por ciento, sino del 7 por ciento. Ésa es la realidad.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ULLOA.- ¡No!
El señor VIERA-GALLO.- Si no fuera así, me gustaría que se explicara. Esto es sobre el reajuste del sector público, como es lógico. O sea, en el fondo, estamos hablando de un reajuste del 18 por ciento, siendo el reajuste general de la administración pública del 11 por ciento.
En el caso de Carabineros que no tiene el beneficio de ese bono especial de salud, se estableció, en el proyecto de Presupuestos de este año, que será de cargo del Fisco el pago del rancho de los carabineros, el cual, hasta ahora, era de cargo de cada uno de ellos. Esto también equivale a un reajuste para Carabineros de Chile, equivalente a otro 3,5 por ciento; es decir, estamos hablando de un reajuste del 7 por ciento.
Sin embargo, si se tiene presente que el Gobierno había estimado el deterioro entre un 8 y un 12 por ciento, todavía faltaría un tramo por cubrir.
Termino señalando que, aparte de que obviamente vamos a respaldar la iniciativa del Gobierno, nos habría gustado que esto hubiera venido acompañado de una propuesta de racionalización de las plantas que significara una disminución del gasto global en personal; como decía la Diputada señora Matthei, quizás menos personal y más modernización. En segundo lugar, de alguna propuesta sobre la previsión de las Fuerzas Armadas, ya que no hay ninguna razón para que tengan un estatuto especial.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Baldo Prokuriça.
El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible.
En 1994, derivado de un proyecto de acuerdo que presentamos con otros señores Diputados, en relación con un carabinero que había muerto quien después de las horas de servicio se dedicaba a trabajar de taxista, la Comisión de Defensa de la Cámara recibió de la Sala el mandato de hacer un informe respecto de la situación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Durante casi un año como se ha explicado aquí recibió información y se entrevistó con representantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Su elocuente informe concluyó, entre otras cosas, en que, sin perjuicio de su distinta naturaleza y funciones, como regla general, los niveles de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Orden deben ser adecuadamente homologables con los que corresponden al resto de la administración del Estado, de conformidad con el artículo 52, de la ley Nº 18.575, sobre bases generales de la administración del Estado.
Del mismo modo, tal como en diferentes oportunidades, en los últimos diez años, se han resuelto situaciones de otros sectores que quedaron en algún momento desmejorados 
se había dicho rezagados, deben establecerse mecanismos compensatorios para nivelar todos aquellos que hubiesen experimentado igual situación, aunque se trate de programas que necesiten de un tiempo para desarrollarse completamente.
De los estudios efectuados y de los antecedentes recogidos, sin que corresponda a esta Comisión determinar exactamente la magnitud del desnivel producido, resulta evidente que en relación con el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, debido a programas de mejoramiento en diversos otros sectores de la administración, se ha producido una diferencia en distintos grados entre ellas con respecto al conjunto de las remuneraciones del sector público. 
Lo anterior hace necesario que la autoridad ejecutiva competente estudie y proponga un programa de efectiva solución. La autoridad ejecutiva debiera considerar en sus estudios que el desnivel advertido se ha producido no obstante que el poder adquisitivo del conjunto de la Administración Pública en los últimos años ha aumentado en relación al índice de precios al consumidor. 
Pero, más allá de las conclusiones de este informe, la realidad de las Fuerzas Armadas y de Orden en materia de sueldos es, a mi juicio, insostenible, no sólo por la gran cantidad de retiros a los que se ha hecho mención en la Sala, sino por la realidad que ellos están viviendo. Es cosa de ver lo que ocurre en las instituciones por la baja postulación. Incluso en el caso de Carabineros, han quedado muchas vacantes por llenar debido a que la gente no ha postulado por las bajas remuneraciones. 
En el caso de Carabineros e Investigaciones se trata de una situación muy complicada ya que, por los bajos sueldos, pueden ser presa fácil de la corrupción. La Diputada señora Matthei hacía mención a hechos muy lamentables ocurridos en esta última institución los últimos días, toda vez que desarrollan labores de fiscalización y de resguardo del orden público.
Este aumento resulta un esfuerzo del Ejecutivo que reconocemos y valoramos. Agradecemos que haya considerado en parte el informe de la Comisión de Defensa de la Cámara. Pero, de acuerdo con los informes que recibimos, la diferencia de remuneraciones con el resto de la Administración Pública sabemos que el Ministerio tiene una opinión distinta fluctúa entre el 25 y el 32 por ciento.
Renovación Nacional va a votar a favor de este proyecto, a pesar de considerar que no resuelve el problema de fondo, el que, a nuestro juicio, sólo tendrá una solución en base a una política de Estado permanente respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El Diputado señor Bayo me ha pedido una interrupción, la que por su intermedio concedo.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, sólo para plantear una inquietud relacionada con la redacción del artículo 1º, inciso primero, porque, de acuerdo con el buen uso del lenguaje, no me queda claro lo que se quiere decir cuando se habla de “beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles, imponibles para salud y pensiones o no imponibles”. En verdad, con este criterio se incluyen todas las retribuciones y podría, perfectamente, omitirse el uso de los conceptos de imponibles o no imponibles, porque lo son o no lo son y están incluidas todas. 
Por tal razón, estoy presentando una indicación para eliminar en este inciso la frase “imponibles para salud y pensiones”, con el objeto de que sea comprensible para todos, entendiéndose que se otorga este reajuste del 3,5 por ciento a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero imponibles o no imponibles.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Diputado señor Prokuriça.
¿Habría unanimidad de la Sala para que el Subsecretario de Guerra, don Jorge Burgos, pueda responder la inquietud del Diputado señor Bayo en representación del Ministerio de Defensa?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS (Subsecretario de Guerra).- Señor Presidente, lingüísticamente no hay duda de que la indicación, técnicamente redactada por personas del Ministerio de Hacienda, es correcta.
He hecho una consulta telefónica a esa Secretaría de Estado que me van a responder en un minuto si tiene algún sentido financiero o legal esa repetición, que lingüísticamente suena mal. Aclarado eso, podría pedir nuevamente la palabra para señalar si efectivamente no hay inconveniente en salvar ese problema de redacción.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, es necesario enfrentar este tema sin prejuicios, porque la defensa del país, la seguridad de carácter nacional, es un problema que nos incumbe a todos los chilenos. Pero este asunto ha estado siempre lleno de pasiones, lo cual nos impide tener un enfoque adecuado acerca de esta realidad.
Por de pronto, comparto el punto de vista del Ejecutivo, en términos de mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas a partir del criterio de que son miembros de la Administración Pública y de que forman parte, por lo tanto, de los servicios de carácter público.
Pero la discusión en torno al tema normalmente ha estado contaminada con dos tipos de visiones que se tienen acerca de las Fuerzas Armadas.
Una sería la perspectiva de carácter vocacional, que llega hasta el exceso de que semeja la condición de miembro de las Fuerzas Armadas con la de cualquiera otra de carácter religioso, por lo cual la hace muy asimilable a reacciones que no son de especialidad o de capacidades para desempeñar determinado tipo de función. Esta perspectiva de carácter vocacional es la que tiende a ligar sistemáticamente esta visión de las Fuerzas Armadas a una de garantes de la institucionalidad, que provoca, a su vez, el que cualquier tipo de visión que se tenga acerca de las remuneraciones o recursos que se invierten en Defensa Nacional esté contaminada por problemas de carácter ideológico.
Desde ese punto de vista, me parece sumamente importante lo que ha planteado la Diputada señora Matthei con lo cual han concordado muchos Diputados, en el sentido de discutir la materia con la mayor seriedad y profundidad. Tenemos que visualizar si acaso el problema es la ubicación de los encargados de la Defensa desde un punto de vista profesional, lo cual otorga la posibilidad de comparar sus remuneraciones con los requerimientos que tiene el mercado, que son mayores; por ejemplo, con algunas especialidades de la Aviación y de la Armada. Pero esto nos lleva a una visión de  
unas Fuerzas Armadas mucho más profesionalizadas. En segundo lugar, esto obliga a conocer cuál es la proporción entre inversión en capital o material de defensa, y remuneraciones, y a ver, sin prejuicio, la presencia de las Fuerzas Armadas en la realidad nacional y su eventual importancia, en el aspecto político.
A mi juicio, todas estas materias han estado contaminadas y dicen relación con aspectos ya tratados en la Sala: los problemas de la previsión y de los retiros, lo que significa algún tipo de granjerías establecidas en los listados, etcétera. Ha llegado el momento en que el país discuta todas estas cuestiones. 
Finalmente, debo decir que comparto el criterio de racionalidad planteado por el Ejecutivo. Se otorga un reajuste a las Fuerzas Armadas dentro de lo que la racionalidad recomienda, dentro de lo que es posible para el erario, sin discriminación de ninguna naturaleza. Pero, al mismo tiempo, no pretendamos poner a las Fuerzas Armadas de acuerdo con los requerimientos de la modernización del país, tal cual hoy se encuentra el sector privado, porque sería injusto.
Desde ese punto de vista, el tema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas debe ubicarse en un contexto bastante más amplio. Comparto el criterio del Ejecutivo, y comparto lo que se ha propuesto como proyecto de ley, pero invito a la Sala a una discusión más a fondo, que permita modernizar las Fuerzas Armadas, al igual que la reclamamos respecto de otros compartimentos del Estado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Recuerdo a los señores Diputados que, de acuerdo con el artículo 161 del Reglamento, la votación del proyecto en debate deberá ser secreta, a no ser que haya unanimidad para hacerla en forma pública.
Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, no cabe duda de que todo esfuerzo para mejorar las remuneraciones del sector público, bien vale la pena ser destacado y también apoyado. Entendemos que estos esfuerzos se hacen dentro de una disciplina fiscal, de manejo económico del Gobierno.
En esta perspectiva, distintos sectores de la administración pública han incrementado sus remuneraciones desde hace ya muchos años, lo cual se ha venido haciendo en forma parcelada. No se trata de una política que proviene sólo desde 1990, como de alguna manera se ha expresado, sino que es una realidad que se viene desarrollando desde 10 ó 12 años.
A través de leyes especiales algunas de las cuales nos ha tocado debatir y aprobar, distintos sectores han tenido un mejoramiento importante en sus remuneraciones, circunstancia que no ha favorecido al sector activo de las Fuerzas Armadas. Hace más de diez años que este sector no recibe un reajuste especial, lo que ha producido la llamada brecha o deterioro de las remuneraciones de ese sector con respecto del resto de los servidores públicos. Evidentemente, esta situación también se ha producido en el resto del país, sobre todo, con el sector privado.
De manera que es de toda justicia que hoy se nos proponga un reajuste especial para el sector activo de las Fuerzas Armadas, por encima del 11 por ciento que se va a otorgar a la administración pública.
Es importante tener bien en claro que la magnitud de este reajuste especial es sólo de un 3,5 por ciento. Aquí me voy a permitir corregir al Diputado señor Viera-Gallo, porque él suma a este porcentaje otro 3,5 por ciento que se va a estudiar tal vez mañana o al comienzo de las sesiones de enero, que es  
el porcentaje en que se aumentan las remuneraciones del sector activo de las Fuerzas Armadas con motivo de la mueva ley de salud. Pero lo que hay que decir, y el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo lo sabe, es que en esa misma ley de salud las cotizaciones del sector activo de las Fuerzas Armadas vienen aumentadas también en un 3,5 por ciento. De modo que el bono compensatorio de 3,5 por ciento de la ley de salud es para restituirles lo que están perdiendo con el aumento del 3,5 de sus cotizaciones. Es una compensación que deja las cosas exactamente iguales. No hay ningún aumento en la ley de salud. Eso debe quedar meridianamente claro para todos los señores parlamentarios. 
En segundo lugar, toda la Administración Pública va a tener un reajuste de 11 por ciento, incluidas las Fuerzas Armadas, pero el “plus” que estamos estudiando es de un 3,5 por ciento. No es más que eso. Evidentemente, es insuficiente. No cabe duda alguna. Desde cualquier parámetro que queramos analizarlo: desde el de las Fuerzas Armadas, que nos han entregado los guarismos que ya conocemos; desde el del Gobierno, que también tiene sus propios guarismos y que son muy superiores al 3,5 por ciento; desde el de la Comisión de Defensa, que si bien no señaló un guarismo expreso, porque no quiso hacerlo, quedó muy claro que el deterioro, que la brecha producida en el sector activo de las Fuerzas Armadas, en comparación con el resto de la Administración Pública, es muy superior a 3,5 por ciento. De modo que lo que se está haciendo es disminuir un poco, en justicia, el deterioro, la brecha que se ha producido, que es real desde cualquier perspectiva, desde cualquier análisis técnico o estadístico que quiera hacerse. 
¿Es insuficiente? Desde luego que lo es. No cabe la menor duda. El problema del éxodo, de los retiros, es real en todos los niveles, en todas las instituciones. Todo el personal técnico, el especializado, el que tiene una capacitación profesional, está retirándose de las Fuerzas Armadas porque tiene otras posibilidades en el sector privado que son inmensamente superiores y tentadoras.
No voy a hablar de desmotivación de las Fuerzas Armadas, porque conozco su vocación, pero no cabe duda de que se empiezan a tentar con otras posibilidades fuera de las instituciones o a tomar, al mismo tiempo, otros trabajos de asesorías, por ejemplo, que los llevan también a vincularse con el sector privado, y no voy a decir a no cumplir sus labores dentro de las Fuerzas Armadas, porque no me cabe duda de que las realizan efectivamente y a cabalidad, pero desarrollan una doble función al efectuar alguna asesoría en otro sector.
Conocemos el caso dramático de Carabineros, que hemos conversado y analizado tantas veces. El caso del cabo de Carabineros que se nos dio a conocer se está repitiendo en todos los niveles medios de las Fuerzas Armadas, pues los suboficiales buscan alguna alternativa paralela de asesoría en el sector privado, porque tienen un problema real de familia, del vivir diario. Entonces, van buscando y poniendo los ojos y la motivación en otras actividades.
También es real el tema de las postulaciones a las escuelas matrices, a las escuelas de especialidades. La motivación ya no es la misma; en la juventud no existe interés por pertenecer a las Fuerzas Armadas, porque ellos están viendo que la economía del país progresa y que pueden tener otras alternativas.
Entonces, ¿qué nos va a suceder cuando nuestros mejores oficiales, después que los hemos formado durante años, vayan dejando la institución?, ¿cuando los jóvenes no tengan interés en pertenecer a las instituciones? Creo que es un problema grave para la defensa nacional e, incluso, para la estabilidad, para la institucionalidad de nuestro país en fin, como queramos mirarlo o desde la perspectiva que queramos analizarlo, porque lo que necesitamos son Fuerzas Armadas altamente calificadas, con personal de primera, porque eso nos va a dar seguridad en defensa y una participación de ellas en el aspecto civil e institucional de nuestro país. Evidentemente, eso sólo se consigue cuando se les entrega una remuneración adecuada.
Lo que vamos a hacer esta mañana al votar el proyecto es sólo un primer paso. Yo quiero entenderlo así y anuncio el voto favorable de la bancada de la UDI a la iniciativa.
También quiero solicitar expresamente al Ministro que nos señale si dentro de sus estudios, análisis, perspectivas o intencionalidad futura de su cartera existe la predisposición y el interés real y concreto de ir avanzando en otros mejoramientos especiales, y si éste es sólo un primer paso o es el único. Me parece que ésa es una respuesta que debe darse en la Sala, porque tenemos claro que se trata de un paso muy insuficiente.
Quiero llamarlos a una meditación mínima.
Si tomamos el ejemplo de un oficial con el grado de mayor o de teniente, estamos hablando de remuneraciones que no alcanzan los 300 mil pesos. Pongámonos la mano en el corazón y preguntémonos si se evitará el éxodo y la desmotivación de un oficial por el hecho de que en virtud de este proyecto, en vez de ganar 300 mil, ahora recibirá 309 mil pesos. Preguntémonos si esos 9 mil pesos más efectivamente significarán mayor motivación y más juventud que quiera ingresar a las Fuerzas Armadas. En fin, son 9 mil pesos para un oficial en el grado de mayor o teniente coronel. ¡Eso es todo! Para que quede claro y no hayan equivocaciones de perspectiva, reitero: para una remuneración de 300 mil pesos, que es el sueldo promedio de los oficiales que están en el escalafón medio de las Fuerzas Armadas, esto no significa más que 9 mil pesos, y para los que están en el grado de coronel, que perciben 600 mil pesos, el proyecto les entrega no más de 18 mil pesos. Eso es todo lo que estamos haciendo; ése es el esfuerzo, el mejoramiento real que estamos entregando.
Es cierto que hay un aumento de 11 por ciento para toda la Administración Pública, pero como se planteaba hace un instante, tampoco significa un mejoramiento real. Si la inflación del país alcanza a 8 por ciento anual, van a recuperar lo que han perdido durante el año, es el deterioro que sus remuneraciones han sufrido durante ese lapso. Entonces, que el Diputado señor Viera-Gallo no me sume el 11 por ciento más el 3,5, más 3,5, y me entregue una cifra final de 18 por ciento para el sector de las Fuerzas Armadas. ¡Ésa es una falacia y una equivocación, y el Diputado señor Viera-Gallo sabe perfectamente lo que está haciendo con las cifras! Aquí tenemos sólo un 3,5 por ciento...
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Señor Diputado, han finalizado sus dos discursos de hasta cinco minutos. Le solicito que redondee la idea.
El señor BARTOLUCCI.- Finalizo mi intervención haciendo presente a los señores Diputados la realidad de lo que hoy se les está proponiendo. Reitero el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente al proyecto, y solicito al señor Ministro que nos señale si éste es el primer paso o es el único, y dejo en la conciencia de los señores Diputados la necesidad de perseverar en esta línea.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PÉREZ (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, para contribuir al debate sólo quiero decir que dentro de los planes del ministerio está el envío de una reforma al D.F.L. Nº 1, que es el Estatuto de las Fuerzas Armadas. Hemos trabajado durante todo el año con los directores de personal; se ha llegado a acuerdo en casi la totalidad del articulado, pero falta resolver algunos aspectos importantes que dicen relación con el fondo de este debate. Estamos buscando mejorar, ya no por la vía del aumento de sueldos por parejo, sino de asignaciones, algunas especialidades que están en crisis en este momento, pero también hay una serie de otras disposiciones que tienen que ver con la modernización de las Fuerzas Armadas.
En respuesta a todos los Diputados que han expresado sus inquietudes respecto del tema, puedo decirles que a lo largo de este año tendremos oportunidades más que suficientes para debatir temas como qué tipo de Fuerzas Armadas y qué política de Defensa queremos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En representación del Partido por la Democracia, tiene la palabra la Diputada señor Martita Wörner.
La señora WÖRNER.- Señor Presidente, todo lo dicho por los distintos honorables Diputados que me han precedido en el uso de la palabra es cierto; pero bien vale la pena mirar la situación desde todos los ángulos, porque de ello puede desprenderse una verdad.
Se ha señalado que el incremento de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas se justifica si miramos los reajustes extraordinarios y las variaciones reales de remuneraciones que distintos sectores del país han percibido durante el período 19911995. Se habla de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha tenido reajustes del orden del 75 por ciento; los docentes, de 70 por ciento, y que el Ministerio de Defensa sólo de 20 por ciento. Eso también es verdad. Lo que no se dice es que durante la década anterior a 1990, las Fuerzas Armadas percibieron reajustes extraordinarios que no percibieron los otros sectores que los gobiernos democráticos han debido mejorar. Por lo tanto, de acuerdo con los antecedentes que se nos han entregado y que repartió como una atención el Diputado señor Sota, por ejemplo, un cabo en el grado 18, último grado del escalafón, percibe como total de haberes la cantidad de 107.500 pesos. Si comparamos hacia arriba en todos los grados, concluiremos que este total de haberes equivale a lo que hoy percibe todo el sector público. Un directivo de un ministerio, con una antigüedad media, percibe lo mismo o similar que un integrante de las Fuerzas Armadas.
También es verdad lo que se dice en cuanto a que el éxodo es extraordinario y que ello gravita en la eficiencia de las Fuerzas Armadas, pero eso también ocurre en otros sectores de la Administración Pública. Hay funcionarios, con vocación de servicio, con gran especialización y experiencia, por ejemplo, en los Ministerios de Salud, de Obras Públicas, de Educación, en la educación pública y municipalizada, que perciben la remuneración media de todos los funcionarios del sector público y que también tienen la posibilidad de sentirse atraídos por el sector privado, al igual que el personal de las Fuerzas Armadas. O sea, hablamos de una situación generalizada, lo cual no significa que sea lo óptimo o lo suficientemente bien remunerado que todos quisiéramos para el sector público.
Hecha esta apreciación, fundada en los antecedentes que obran en nuestro poder, quiero señalar que las conclusiones de la Comisión de Defensa apuntan a la urgente necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y de Orden, de fijar la política de defensa, con una alta especialización, con una buena remuneración y con la posibilidad de responder a los desafíos futuros que el país tiene en el ámbito de defensa.
Pero me parece que, lamentablemente, aquí estamos poniendo y perdónenme que lo grafique asíla carreta antes que los bueyes. Estamos dando este incremento para, posteriormente, fijar la política que queremos en defensa y establecer un programa que en un período determinado tal como lo señala una de las conclusiones de la Comisión-mejore las remuneraciones de este importante sector del país.
La Comisión dice, en una de sus conclusiones, que deben establecerse mecanismos compensatorios para nivelar a todos aquellos que hubiesen experimentado un detrimento en sus remuneraciones, aunque se trate de programas que necesiten de un tiempo. Como se hizo en educación, como se está haciendo en salud, como se ha hecho en el Poder Judicial; con la diferencia de que estos últimos sectores enunciados han tenido un mejoramiento paulatino, de acuerdo con los programas establecidos y después de que se ha realizado una gran discusión sobre la política que se quiere tener en esas áreas del país.
Por lo tanto, lamento que este importante informe de la Comisión de Defensa, en cuya elaboración han invertido tanto tiempo el Ejecutivo y los parlamentarios no sea el que precede el debate de la Sala para determinar definitivamente este incremento o el reajuste que, en justicia, corresponderá entregar a las Fuerzas Armadas y de Orden. 
También lamento que entreguemos un incremento similar a las Fuerzas Armadas y a las de Orden y Seguridad, ya que estas últimas han estado en el tapete de la noticia debido a situaciones muy lamentables que, por cierto, no son justificables, pero que tuvieron como causa la baja remuneración y la postergación económica, lo que ha desviado a algunos de sus integrantes de la labor que les corresponde e involucrado en situaciones muy lamentables y no deseadas.
Por lo tanto, este reajuste real, que alcanza al 18 por ciento y que se aprobará en esta sesión, a mi juicio, debería ser entregado en tal forma que se favoreciera a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Reclamo del señor Ministro la urgente necesidad de atender a este último sector, petición formulada por la ciudadanía, para readecuarlo, reacondicionarlo y remunerarlo bien, así como para entregarle los elementos de infraestructura y de protección que necesita, porque deben responder con sus vidas por la política de seguridad ciudadana y arriesgarse todos los días en la calle para contrarrestar la delincuencia, además de que, en definitiva, tienen el contacto directo con la ciudadanía, por lo que, a mi juicio, hoy debiera dársele una atención expedita, urgente y definitiva.
Termino señalando que daré mi voto favorable, en el entendido de que habrá un mejoramiento integral y que el Ejecutivo se ha comprometido hoy en la Sala a realizar una discusión amplia y completa para proponer una política de defensa y de orden y seguridad pública que requiere el país.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Han llegado a la Mesa las solicitudes de los Comités de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia para poner término al debate.
En votación la clausura del debate.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 2 abstenciones.
Aprobado.
No se incluye la nómina de los votantes por haber tenido ésta el carácter de secreta.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- La Mesa tiene inscritos a 23 señores Diputados para hacer uso de la palabra, quienes, de acuerdo con el Reglamento, podrán insertar sus discursos para que sean parte de la historia fidedigna de esta ley.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no hecha en la Sala:
El señor VALCARCE.- Señor Presidente, he escuchado con bastante atención las intervenciones de los Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, y quisiera, antes de referirme al tema en cuestión, despejar algunas afirmaciones que aquí se han hecho y que se prestan para confusión.
El primer lugar, cuando se ha dicho que los funcionarios que se han retirado del Ejército durante el año 1994 alcanzan a mil doscientos noventa funcionarios y que el incremento que representa esta suma en relación al año 1990 es casi insignificante, puesto que fueron mil ochenta y cuatro los retiros, lo que no se menciona es que en la medida que se mantiene esta situación de bajos sueldos, la cuota normal de retiros ya no contiene a aquellos que poseen mala calificación, sino que detrás de esto empieza a crearse un problema de calidad de la gente que se va de las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Y esto no puede ser más perjudicial para ellas y por ende para el país.
En segundo lugar, cuando se habla del crecimiento del gasto en remuneraciones de este sector no se dice toda la verdad, pues no se menciona que este mayor aumento corresponde a la aprobación que esta misma Corporación hiciera para aumentar la dotación de personal de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.
Respecto al tema del aumento de 3,5% referente a la nueva ley de salud, creo que la explicación dada por el Diputado Bartolucci lo aclara perfectamente en el sentido de que no es un nuevo reajuste.
Se habla de que el estatuto especial de pensiones tiene un costo distinto al resto de la Administración Pública y que constituye un sistema privilegiado. No queda la menor duda de que es un sistema distinto, y no podría ser de otra manera, toda vez que estamos hablando de vida física útil de este funcionario público, el cual dentro de la media mundial finaliza su carrera a la edad de cincuenta y ocho años el más antiguo, salvo excepciones, por supuesto, como es el caso del actual Comandante en Jefe del Ejército, que todavía puede seguir en el mando por mucho tiempo más. Cualquier país del mundo que tenga sistema de ahorro previsional o capitalización individual, tendrá esta característica a no ser que dicho país pretenda tener Fuerzas Armadas ineficientes.
Se habla y se trata de hacer diferencias como que en la Fuerza Aérea el retiro de un piloto es una gran pérdida por el alto costo que ha significado su preparación y que se justificaría en estos casos sueldos diferenciados según las funciones de los miembros de las Fuerzas Armadas. Al respecto, es necesario aclarar lo siguiente; es muy probable que el retiro de un piloto sea grave por su costo, pero, ¿se han detenido a pensar cuánto cuesta el adiestramiento y capacitación de un clase de Ejército o de la Armada o de la Fuerza Aérea especialista en proyectiles o cohetes tierra-tierra o tierra-aire?; ¿cuánto es el costo de cada artefacto que él lanza durante su preparación y con posterioridad a ella para estar efectivamente capacitado en su función de defensa? Creo que todo personal especializado tiene un costo para el país y no se puede diferenciar a unos de otros, como tratando de dividir la situación de bajos sueldos que sufren las ramas de la Defensa Nacional. Cuando se trata de hacer diferencias, hay que tener cuidado: pilotos chilenos  
de las Fuerzas Armadas laboran en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea, en Carabineros y también en Investigaciones de Chile. El problema es común.
Debemos recordar que, así como se amplían las líneas aéreas y se llevan a nuestros pilotos, también se desarrolla la minería y se llevan a nuestros expertos en explosivos; a nuestros tanquistas que se convierten en conductores de equipos pesados de alta tecnología; a nuestros expertos en telecomunicaciones, etcétera. Es evidente que la empresa privada pasa a ser un factor determinante en el retiro de los funcionarios de las Fuerzas Armadas por los altos sueldos que ésta paga, pero también el problema son los bajos sueldos que el Estado paga a sus hombres de armas.
Se pretende confundir a la ciudadanía diciendo que las Fuerzas Armadas recibirán un dieciocho por ciento de reajuste, y con ello se trata de crear un clima de distorsión, de crear confusión entre los trabajadores, como que existe un sector privilegiado; pero todos sabemos que no es cierto. Se hace un daño grave al tratar de dividir, una vez más. Yo sugiero no seguir sembrando dudas, pues la cosecha a veces es desagradable.
Cuando se habla de combatir la droga, una vez más se pretende separar a unos de otros. Es evidente que un cabo de carabineros o un funcionario de la policía civil, recién egresado, no ganan suficiente y pueden verse tentados por el tráfico de drogas; pero nadie ha pensado que en una frontera muchas veces un cabo de Ejército es el que entrega a Carabineros un narcotraficante o la información necesaria para capturar a otros que han sido divisados. ¿O no es acaso un cabo de la Armada, el que en una inspección rutinaria de un buque descubre envíos de drogas? En fin, son hombres de nuestras instituciones que están prestos a colaborar y que, en rigor, por su situación estratégica, a veces están en  
lugares donde realmente el tráfico es de real importancia. Creo que no vale la pena tratar de seguir separando a nuestras Instituciones Armadas.
Todos estamos por una política de defensa que signifique Fuerzas Armadas de gran efectividad disuasiva y defensiva, con personal que tenga una moral en alto, que no tenga su frente interno deteriorado, ya que no podría cumplir como jefe de hogar para satisfacer a los suyos. Este tema tendremos que tocarlo en algún momento durante 1996. Por eso, votaré favorablemente este proyecto de ley, en el convencimiento de que este reajuste es una parte de un plan de reajuste de remuneraciones que se desarrollará en una etapa no superior a tres años. No nos olvidemos que los miembros de las fuerzas armadas no pueden hacer oír su voz como lo hace la CUT, ni pueden hacer paros como lo hacen los de la salud. Por lo tanto, merecen un trato distinto. Ironizar con referencia a ellas, es un acto de cobardía, pues no pueden responder como cualquier dirigente sindical, Valorar su acción y su rol es lo mínimo que se puede esperar de un patriota.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, aprobaremos el proyecto por unanimidad.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Que se vote!
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El artículo 161 del Reglamento expresa que la votación debe ser secreta, salvo que exista la unanimidad de la Sala para hacer lo contrario.
Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala para realizar la votación en forma pública.
Acordado.
En votación en general y en particular el proyecto, porque no ha sido objeto de indicaciones.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos. Hubo 1 abstención. No hubo votos por la negativa.
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Elizalde, Errázuriz, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jeame Barrueto, Karelovic, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Moreira, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Paya, Pérez (don Víctor), Pizarro, Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Rodríguez, Sabag, Salas, Seguel, Tohá, Ulloa, Valcarce, Venegas, Viera-Gallo, Villouta y Zambrano.
Se abstuvo el Diputado señor:
Kuschel.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa don Edmundo Pérez Yoma.
El señor PÉREZ (Ministro de Defensa).- Señor Presidente, agradezco a la Cámara de Diputados el pronto despacho de este proyecto, que es un paso importante en la política que impulsa el Ministerio de Defensa, así como la votación que le brindaron los señores Diputados.


CREACIÓN DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL. Tercer trámite constitucional.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para sancionar por unanimidad y en una sola votación, a solicitud de los señores Diputados de las respectivas regiones a que alude el tema, las modificaciones del Senado a los proyectos de ley que crean las comunas de San Rafael, en la provincia de Talca, Región del Maule; la de San Pedro de la Paz, en la provincia de Concepción, Región del Biobío, y la de Chillán Viejo, en la provincia de Ñuble, Región del Biobío.
El señor KUSCHEL.- No, señor Presidente.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Corresponde votar las modificaciones del Senado, porque no existe unanimidad para aprobarlas. 
En votación todas las modificaciones del Senado a los proyectos de ley que crean estas tres comunas.
La señora WÖRNER.- Señor Presidente, ¿cómo vamos a hacer una sola votación si son distintos proyectos?
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Las modificaciones del Senado a estos tres proyectos tienen que ver, en general, con fechas relacionadas con el Fondo Común Municipal. Además, existe acuerdo de todos los Diputados que han estado preocupados de la creación de estas tres comunas para formular esta petición a la Sala.
En votación las modificaciones del Senado a los proyectos que crean estas tres comunas.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. Hubo 4 abstenciones. No hubo votos por la negativa.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se va a repetir la votación, porque el quórum requerido es de 58 votos.
Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, le sugiero aplicar el Reglamento, con el objeto de votar una a una las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Así se procederá.
Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto que crea la comuna de San Rafael, en la provincia de Talca, Región del Maule.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1399-06, sesión 34ª, en 12 de diciembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Como dije, se requieren 58 votos para aprobarlas.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
El señor KUSCHEL.- No.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Bombal, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elizalde, Errázuriz, Fantuzzi, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Moreira, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Pizarro, Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Taladriz, Tohá, Valcarce, Vargas, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.
Votó por la negativa el Diputado señor: Kuschel.
Votaron por la abstención los Diputados señores:
Navarro, Paya, Pérez (don Víctor) y Ulloa.


CREACIÓN DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Tercer trámite constitucional.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto que crea la comuna de San Pedro de la Paz, en la provincia de Concepción, Región del Biobío.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1400-06. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para aprobarlas con la misma votación anterior.
El señor GALILEA.- No.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Cardemil, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Errázuriz, Fantuzzi, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jeame Barrueto, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Montes, Morales, Moreira, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pizarro, Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Taladriz, Tohá, Vargas, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.
Votó por la negativa el Diputado señor: Kuschel.
Votaron por la abstención los Diputados señores:
Bombal, Galilea, Paya, Ulloa y Valcarce.


CREACIÓN DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO. Tercer trámite constitucional.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto que crea la comuna de Chillán Viejo, en la provincia de Ñuble, Región del Biobío.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1401-06. Documentos de la Cuenta Nº 7.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Aprobadas las modificaciones, con el quórum constitucional requerido.
Despachado el proyecto.
Terminado el Orden del Día.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Cardemil, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Errázuriz, Fantuzzi, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Moreira, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Pizarro, Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Taladriz, Tohá, Valcarce, Vargas, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.
Votaron por la abstención los Diputados señores:
Bombal, Kuschel, Navarro, Paya, Pérez (don Víctor) y Ulloa.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO.


REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ISAPRES.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo, el señor Prosecretario dará lectura al primero de ellos.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 364, de los Diputados señores González, Álvarez-Salamanca, Zambrano, Tohá, Aguiló, señora Pollarolo; señores Salas, Sabag, Ascencio, Hamuy, Tuma, Villouta, Pérez Opazo, Huenchumilla, Gutiérrez, Ojeda, Solís y señora Allende:
“Honorable Cámara de Diputados:
“1. El día 3 de mayo de 1995 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 19.381, modificatoria de la ley Nº 18.933, que creó las instituciones de salud previsional (isapres). Esta ley comenzó a regir sólo a partir del 1º de agosto del presente año, esto es, pasados tres meses, y luego de una larga tramitación de más de dos años en el Congreso Nacional y ante esta propia Corporación.
“2. La ley en cuestión vino a establecer una serie de derechos, beneficios y garantías a los usuarios y afiliados al sistema de isapre, uno de los cuales consiste en que los excedentes generados por las cotizaciones del usuario no gastadas, se destinarán a una cuenta individual administrada por la isapre que tendrá por objeto mejorar los planes de salud, cubrir cotizaciones para casos de pérdida de empleo, ampliación de las coberturas, etc.
“3. La creación por ley de estas cuentas individuales constituye un perfeccionamiento notable al sistema, ya que permite al propio afiliado disponer de los excedentes generados por él, recursos que antes engrosaban las utilidades de las isapres.
“4. No obstante el largo período de tramitación de la ley, y su período de vacancia de tres meses, una vez que entró en vigencia plenamente, la Superintendencia de isapres dictó varias circulares para hacerla operativa. Sin embargo, algunas isapres reclamaron en contra de estas circulares y de los beneficios concedidos a los usuarios o afiliados de éstas, especialmente en lo referido a la cuenta individual de excedentes, aduciendo que la ley, la más importante fuente de las obligaciones, no operaba de inmediato, siendo necesaria la modificación de los contratos celebrados con anterioridad a ella.
“Por este subterfugio legal, algunas isapres interpusieron varios recursos de reposición ante la Superintendencia del ramo, los que fueron rechazados, interponiendo con posterioridad una reclamación de ilegalidad, con orden de no innovar, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya tramitación se encuentra pendiente.
“5. En los hechos, esto ha significado la inoperancia de la ley Nº 19.381, con el consiguiente perjuicio para los afiliados y  
usuarios del sistema de isapres, que han visto frustradas sus esperanzas de perfeccionamiento y cambio de estas instituciones.
“Asimismo, nosotros como parlamentarios hemos visto cómo una ley que discutimos con acuciosidad, estudio y seriedad, buscando el máximo de acuerdos y consensos, es convertida “en letra muerta” por parte de las isapres, a través de una “tinterillada” jurídica.
“6. En este contexto, resultan de extrema gravedad las denuncias hechas por numerosas personas a las cuales algunas isapres han obligado a renunciar a sus excedentes, a cambiarse a planes más caros o acceder a supuestos beneficios, todo con el fin de que los citados excedentes no queden en la cuenta individual del afiliado, sino en las arcas de las isapres.
“Por todas las consideraciones expuestas, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de acuerdo a vuestra consideración:
“Solicitar al Ministro de Salud, señor Carlos Massad Abud, que envíe a la brevedad un proyecto de ley, para discusión inmediata, interpretativo de la ley Nº 19.381, a fin de que los derechos y beneficios establecidos en ella a favor de los afiliados a las isapres operen de pleno derecho, entendiéndose incorporadas sus disposiciones en los respectivos contratos por el solo ministerio de la ley, especialmente en lo referido a la cuenta de excedentes.”
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, es de público conocimiento la larguísima tramitación que sufrió la actual ley Nº 19.381, que buscaba dar mayor transparencia al subsistema privado institucional de salud de las isapres para lograr un mejor equilibrio entre ellas y los cotizantes.
Sin embargo, a pesar de la larga tramitación y de la acuciosidad con que se estudió el proyecto por parte de las Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado y de la Comisión Mixta que debió conformarse para resolver las controversias, no fue suficientemente clara la redacción del artículo 32 bis, particularmente de su inciso séptimo, que estableció que las isapres podían cobrar a los cotizantes por la mantención de la cuenta de excedentes “un porcentaje, cuyo monto máximo sería fijado por la Superintendencia de isapres”.
Es indudable como lo ha sostenido en la Sala el señor Ministro de Salud que la enorme cantidad y diversidad de planes y de valores que ofrecen las isapres hace que la fijación de ese porcentaje introduzca un elemento de verdadera anarquía en el funcionamiento del subsector. La Superintendencia de isapres lo entendió así, y fijó una suma promedio del valor de la mantención de la cuenta de excedentes.
Si la actual directiva de la Asociación de isapres no sufriera una especie de manía persecutoria habría aceptado esa interpretación, que le permite, tanto a la Superintendencia como a las propias isapres, un mejor ordenamiento financiero y también administrativo, aspecto que ha sido muy cuestionado, dado que el subsector gasta un 20 por ciento de su ingreso en administración. Pero, por el contrario, en una verdadera leguleyada, ajena a la intención, al espíritu del legislador y al bien público, las isapres interpusieron recursos ante la Corte de Apelaciones que han impedido concretar este beneficio para los afiliados.
Por estas razones, creemos necesario que el Ministro de Salud envíe un proyecto interpretativo que impida la prosecución de estas maniobras y de otras. Entre ellas, el hecho de que algunas isapres han obligado a sus cotizantes a renunciar a sus excedentes, a cambiarse a planes más caros y a aceptar beneficios engañosos, que convierten el trabajo legislativo en letra muerta y las legítimas aspiraciones de los cotizantes en motivo de burla.
Por ello, hemos presentado este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Para argumentar en contra, tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, quiero expresar mi opinión contraria al proyecto de acuerdo por las siguientes razones.
En primer lugar, en los considerandos se establece que las isapres no estarían cumpliendo con la ley. Puedo asegurar que hoy superan los 22 mil contratos en los cuales están consignadas las cuentas especiales para los excedentes. De manera que esa afirmación no corresponde a la realidad.
En segundo término, deseo recordar, como lo expresan los considerandos del proyecto de acuerdo, que hoy existen en los tribunales de justicia, concretamente en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuatro juicios pendientes, de los cuales dos están en situación de fallo. Nos parece inadecuado que el Poder Legislativo adopte una decisión para influir o tratar de influir en las decisiones de otro Poder del Estado, como sería la aprobación de un proyecto de acuerdo de esta naturaleza.
Puedo ejemplarizar la seriedad de los recursos presentados por las isapres con un solo hecho.
La ley dice claramente que la Superintendencia de isapres fijará el monto máximo en porcentaje de las cotizaciones a las cuales debe recurrir para mantener la cuenta de excedentes; habla de porcentaje. La Superintendencia de isapres fijó una cantidad única, precisa, igual para todas las cuentas, independientemente del monto de la cotización, lo que por supuesto no está de acuerdo con la ley.
Éste es un ejemplo de la seriedad de la presentación de los institutos de salud previsional en este sentido.
Por eso, debemos esperar el fallo de la justicia antes de emitir opinión sólida al respecto.
En tercer lugar, también me opongo a aprobar el proyecto, porque se solicita al señor Ministro de Salud el envío de un proyecto de discusión inmediata interpretativo de la ley Nº 19.381, pero a la larga se termina diciéndole qué poner, pues se le pide que considere incorporadas sus disposiciones en los respectivos contratos por el solo ministerio de la ley, especialmente lo referido a la cuenta de excedentes.
Parece poco adecuado solicitar una ley interpretativa en la cual se consideren, precisamente, las observaciones o el pensamiento de los firmantes del proyecto de acuerdo.
Por estas razones, voy a votar en su contra, entendiendo la intranquilidad que causa a los patrocinantes y a gran parte de la ciudadanía la situación actual de la salud en Chile.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo Nº 364.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Arancibia, Ascencio, Balbontín, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Encina, González, Gutiérrez, Hernández, Jara, Jeame Barrueto, Letelier (don Felipe), Letelier (don Juan Pablo), Montes, Navarro, Ojeda, Ortiz, Salas, Silva, Solís, Venegas, Villegas, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Bayo, Fantuzzi, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Leay, Masferrer, Paya, Prokuriça, Taladriz y Vilches.
Se abstuvieron los Diputados señores:
Gajardo, Galilea, García (don René Manuel) y Vargas.
ASOCIACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO REGIONAL.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 366, porque el Nº 365 tiene que ver con un tema que será tratado en sesión especial de la Cámara.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 366, de los Diputados señores Jara, Balbontín, Huenchumilla, Tuma, Rocha, Pérez, don Víctor; Viera-Gallo, Tohá, Ferrada, Ceroni, Barrueto, señora Wörner; señores Salas, Sabag, Ascencio, Hamuy, Villouta, Pérez Opazo, Gutiérrez, Masferrer, Zambrano, señora Allende, señores Letelier, don Felipe; Navarro, Arancibia y Elizalde.
“Considerando:
“1. Que el desafío del desarrollo del país implica, necesariamente, la colaboración, complementación y coordinación entre el sector público y el sector productivo;
“2. Que, asimismo, para avanzar en el desarrollo nacional es preciso profundizar el proceso de descentralizar del país, comprometiendo a las instancias públicas y privadas con las estrategias de desarrollo regional;
“3. Que actualmente no existe un espacio institucional y formal de articulación entre el sector público y el sector productivo privado;
“4. Que los agentes productivos privados deben comprometerse con el proceso de descentralización, y las industrias y empresas deben ir construyendo un sentido mayor de pertenencia con las regiones y localidades donde se emplazan y generan sus recursos y utilidades;
“5. Que la Constitución Política en su artículo 104, inciso quinto, establece: “La ley podrá autorizar a los Gobiernos Regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares.
“6. Que esta institución no puede aplicarse porque no se ha dictado la ley que faculta a los Gobiernos Regionales y a las empresas públicas asociarse con los agentes privados para promover el desarrollo regional;
“7. Que es importante expresar la voluntad política de la Cámara de Diputados en orden a desarrollar los principios e instituciones establecidas en la Constitución.
“Por las consideraciones expuestas, los Diputados que suscriben vienen en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
“Solicitar a S.E. el Presidente de la República el pronto envío de un proyecto de ley que faculte a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional, conforme lo dispone el artículo 104, inciso quinto, de la Constitución Política.”
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que quiera opinar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.- Señor Presidente, la iniciativa es bastante obvia. La asociación está consagrada en nuestro actual ordenamiento jurídico, en el artículo 104 de la Constitución, que en parte dice: “La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional.”
En el proyecto de ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, presentado por el Ejecutivo al Parlamento, se autorizaban estas asociaciones, regulando pormenorizadamente sus objetivos, funcionamiento y atribuciones. Sin embargo, en el contexto de su tramitación en el Senado, se rechazó y definitivamente no fueron aprobadas.
En la práctica, se dejó sin regular una institución expresamente contemplada en la Constitución, la que hoy no puede operar, con lo cual se limita la autonomía regional y se priva a los gobiernos respectivos de un valioso instrumento para promover el desarrollo de las regiones.
La figura jurídica es nueva y posibilita la participación formal e institucional de los sectores público y privado y que, por lo mismo, puede convertirse en un instrumento importante para el desarrollo regional.
Desde luego, estas asociaciones regionales no pueden tener fines de lucro, y sólo  
podrían administrar y asignar determinados fondos para impulsar proyectos de desarrollo, particularmente en las regiones. Esta institución refuerza los gobiernos regionales, favorece su autonomía y les permite aplicar un valioso instrumento para gestionar su desarrollo.
En el país se ha ido construyendo un gran consenso para avanzar en el proceso descentralizador, y estas instituciones serían un importante instrumento de gestión para el desarrollo institucional. Estimo indispensable, necesaria o adecuada esta experiencia, que, como beneficio adicional tiene la ventaja de permitir un espacio institucional a partir del cual se superen los prejuicios y desconfianzas que a veces existen entre los sectores público y privado.
Por eso, hemos solicitado del Gobierno 
porque es una facultad privativa del Ejecutivo el envío de un proyecto para dar existencia práctica a estas instituciones que nos parecen de la más alta conveniencia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Queda exactamente un minuto para argumentar a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que lo impugne.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
Restan cuatro minutos para discutir proyectos de acuerdo.
Si le parece a la Sala, se dará término a su tratamiento.
Acordado.


VII. INCIDENTES.


INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En Incidentes, por acuerdo de los Comités, ratificado por la Sala, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial investigadora del plan de desarrollo estratégico de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Diputado informante es el señor Octavio Jara.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Especial Investigadora del Plan de Desarrollo Estratégico de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Documentos de la Cuenta Nº 12, de esta sesión.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara.
El señor JARA.- Señor Presidente, voy a tratar de ser breve y resumir las 120 páginas de este informe, para los efectos de que los señores Diputados tengan una visión global del trabajo de esta Comisión Especial.
Por mandato de la Comisión Especial investigadora del plan de desarrollo estratégico de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, creada por acuerdo adoptado por esta Corporación el martes 20 de junio de 1995, paso a informar acerca de los planes de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de la evaluación de los mismos, y de los programas futuros que se consideran entre la Empresa y el Gobierno.
Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión realizó seis sesiones y, además, sostuvo dos en Santiago y una en Valparaíso; escuchó las exposiciones de los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones, señor Narciso Irureta, y de Hacienda, señor Eduardo Aninat; del Secretario General de la Presidencia, señor Genaro Arriagada; del Subsecretario de Transportes, señor Claudio Hohman; del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Planificación e Inversiones en Infraestructura de Transportes, señor Daniel Fernández; del presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, señor Sergio González; del gerente de la misma, señor Enrique Méndez, y también de los representantes de los trabajadores de la Empresa.
Asimismo, la Comisión consideró los antecedentes recogidos por la Comisión de Obras Públicas de esta Corporación sobre esta materia.
Actual estatuto de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
En octubre de 1992, se promulgó la ley Nº 19.170, que modificó el decreto con fuerza de ley Nº 94, de 1960, la ley de administración de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y otras normas relativas a dicha empresa.
Este cuerpo legal, producto de un intenso debate en el anterior período legislativo, otorgó mayor flexibilidad a la empresa, facultándola para establecer, desarrollar, impulsar, mantener y explotar servicios de transporte de pasajeros y de carga, servicios de transporte complementario y actividades conexas necesarias para el cumplimiento de su finalidad.
Determinó que su objeto social podría realizarlo directamente o por intermedio de contratos o concesiones, mediante la constitución de sociedades anónimas sujetas a las normas de derecho privado, y bajo la tuición y fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Contraloría General de la República, cuando corresponda.
Asimismo, facultó a la empresa para vender en licitación pública aquellos inmuebles de su dominio estimados prescindibles para la operación ferroviaria, prohibiéndose expresamente la enajenación de la vía férrea, la franja de terreno adjunta, puentes y obras de arte que constituyan el trazado.
Este cuerpo legal establece en sus artículos transitorios un sistema de indemnización compensatorio para los trabajadores que al 31 de mayo de 1991 se encontraban prestando servicios para el caso de que, por necesidades de la empresa, fueran desahuciados dentro del plazo de tres años, a contar de la publicación de la ley.
Por último, impuso a Ferrocarriles del Estado la obligación de formular planes trienales de desarrollo, los cuales, si requieren de financiamiento fiscal, deben contar con la aprobación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La ley define los planes trienales como los instrumentos mediante los cuales se dictan las políticas de la empresa, determinando la base sobre la cual se construyen sus planes y programas y se establecen los compromisos que el Estado asume con la empresa.
Evaluación de los planes de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Para realizar una evaluación de la gestión de Ferrocarriles del Estado, a partir de la dictación referida y su primer plan trienal, y conforme a los antecedentes recogidos por la Comisión, podemos distinguir las áreas que dicen relación con la privatización del transporte de carga, la reducción de personal, la reestructuración de la deuda de corto plazo, el sistema de gestión y el plan mínimo de rehabilitación.
Privatización del transporte de carga.
Conforme al plan trienal, en septiembre de 1993 se constituyó la Empresa de Ferrocarriles del Pacífico S.A., Fepasa, con la participación del 99 por ciento de la empresa y del uno por ciento del Fisco.
En enero de 1994, Ferrocarriles del Estado inició el proceso de privatización del área de carga mediante un llamado a licitación internacional.
El Consorcio Transportes del Pacífico S.A., presentó la mejor oferta, adjudicándose el 51 por ciento del área de carga, en 30 millones de dólares. Este proceso concluyó el 23 de febrero de este año, luego de la suscripción del contrato de cesión del 51 por ciento de las acciones de Fepasa. En consecuencia, Ferrocarriles del Estado mantiene la propiedad del 49 por ciento restante.
En este proceso se tuvo en vista maximizar los flujos futuros por sobre el precio de venta, pues se deseaba que esos flujos provenientes de la empresa privada fueran lo suficientemente altos como para garantizar debidamente la mantención de las vías.
La oferta de Transportes del Pacífico S.A., respondió a este criterio, lo cual se tradujo en que cada año Fepasa debe pagar a Ferrocarriles del Estado, sólo por concepto de peaje y de canon, una suma que fluctúa entre los 12 y los 15 millones de dólares, sin considerar la posibilidad cierta de participación de futuras utilidades.
En este contexto, Ferrocarriles del Estado asumió la obligación con Fepasa de mantener las vías en un estándar mínimo, compromiso que significa, necesariamente, realizar una inversión inicial de 50 ó 60 millones de dólares.
Cabe consignar que el aporte neto del flujo de caja anual de Ferrocarriles del Estado, que generaba el transporte de carga, era del orden de los 8 ó 10 millones de dólares.
Reducción de personal.
El plan trienal consideró un egreso de l.594 personas de una dotación total de 6.594, en el supuesto de que l.500 trabajadores de la gerencia de carga se incorporaran a Fepasa sin solución de continuidad.
Conforme a la ley Nº19.170, durante el proceso preparatorio de la privatización hubo consenso en considerar que si los trabajadores se incorporaban con sus pasivos e indemnizaciones, eran muchas las rigideces que emanaban de sus contratos colectivos, por lo cual no fue posible avanzar en ese propósito.
Para asegurar el éxito del proceso, Ferrocarriles del Estado tuvo que considerar la venta de Fepasa, sin personal, lo que obligó a la empresa a mantener una evidente sobredotación hasta mayo de 1995, fecha en que el Gobierno aceptó la propuesta hecha por EFE, ampliando el financiamiento para tales egresos. El esquema acordado permitió disminuir la dotación a 2.284 trabajadores en octubre de 1995.
El estado de avance de los egresos y de lo programado para el resto del año permiten asegurar que el total de egresos será de 3.837 trabajadores. El proceso de disminución del personal tendrá, en definitiva, un costo para el Estado de 150 millones de dólares en un plazo de 17 años.
A partir de 1996, el costo máximo de la compensación contemplada en la ley ascenderá aproximadamente a 1.900.000 dólares al mes, lo que disminuirá a un millón de dólares mensuales a partir del 97.
Reestructuración de la deuda a corto plazo.
En 1990, Ferrocarriles del Estado estaba en virtual cesación de pago, producto de un endeudamiento de corto plazo, casi inmanejable, en razón de la eliminación de los subsidios del Estado y su magro resultado comercial.
Durante las décadas del 40 al 60, la empresa recibía del Estado un subsidio de 60, 80 e incluso hasta 100 millones de dólares anuales en valor actual. A partir del 79, la situación cambió drásticamente. El gobierno de la época suspendió el subsidio que anualmente otorgaba a la empresa, por lo cual su endeudamiento alcanzó ese año los 150 millones de dólares.
Durante la década del 80, no obstante haber vendido importantes activos, su deuda ascendía a 125 millones de dólares. Parte del endeudamiento se produjo sin el aval del Estado y con altísimas tasas de interés.
La ley Nº 19.170 estableció un traspaso significativo de recursos para Ferrocarriles del Estado, que alcanzaron los 17.553 millones de pesos en diciembre de 1992. De ellos, únicamente 2.280 millones fueron a inversiones. El resto se destinó al pago de intereses, amortizaciones y otras obligaciones financieras.
Por otra parte, los recursos provenientes de la enajenación del área de carga no se han destinado a inversión, sino al servicio de la deuda.
En la actualidad, la deuda de Ferrocarriles del Estado asciende a 140 millones de dólares, y se estima que el déficit operacional fluctuará entre los 2 mil y 3 mil millones de pesos.
Reestructuración de la deuda de corto plazo con el sistema financiero.
Con anterioridad a 1993, ascendía a 837.740 UF, mientras que en la actualidad es de cero, producto de la política implementada y conforme a los compromisos adquiridos en el plan trienal, en el sentido de evitar las deudas a corto plazo y financiar planes de rehabilitación y déficit operacionales con venta de activos, crédito externo y emisiones de bonos de largo plazo.
El endeudamiento de largo plazo se ha incrementado por la mayor utilización de instrumentos de oferta pública, alcanzando a 4.015.100 U.F. Esta medida aprovecha las condiciones favorables del mercado financiero para este tipo de instrumentos.
En cuanto al sistema de gestión, la empresa ha realizado importantes esfuerzos para mejorar el sistema en la idea de la unidad de negocio. Al efecto, se ha dividido en dos la Gerencia de Mantenimiento; una, destinada exclusivamente al tráfico; y la otra, al mantenimiento ordinario de la vía férrea. También se han introducido indicadores de gestión y sistemas de control operacional, fijándose indicadores específicos para cada una de las gerencias. Se ha desarrollado un sistema integrado, a fin de determinar costos e ingresos por unidad de negocio.
Asimismo, cabe destacar que, conforme al plan trienal, Ferrocarriles del Estado ha cumplido con las metas establecidas en cuanto a la intensificación de la venta de activos prescindibles, logrando ingresos adicionales por aproximadamente 1.500 millones de pesos, durante el primer semestre de este año, y por concepto de arriendo de propiedades, un incremento real de 406 millones de pesos en los primeros meses de l995.
Además, Ferrocarriles del Estado ha avanzado en el desarrollo de varios megaproyectos inmobiliarios, los que serán financiados por el sector privado, manteniendo la EFE una participación accionaria minoritaria, que asegure un flujo de dividendos continuo a través del tiempo, y en nuevos negocios, como la construcción de europallets y la utilización comercial de la faja vial.
Respecto del plan de rehabilitación, la falta de inversión durante más de 20 años ha hecho evidente el deterioro de la infraestructura, de los equipos y de la capacidad técnica y profesional especializada de la empresa, lo que ha provocado el consiguiente empeoramiento de la calidad del servicio.
Las locomotoras destinadas al servicio de pasajeros, actualmente en funciones, fueron adquiridas entre 1954 y 1973. El 89 por ciento de las locomotoras, el 26 por ciento de los automotores y casi la totalidad del equipo remolcado tiene más de 25 años de operación. Dos tercios del equipo tractor y la mitad del remolcado no están en operaciones; su antigüedad no aconseja ni siquiera mantenerlo.
Se estima que el déficit de la inversión acumulado en los últimos 20 años supera los 500 millones de dólares. 
El plan de rehabilitación es menor, absolutamente insuficiente para detener el progresivo deterioro de la infraestructura y equipo; sólo contempla reparaciones menores en seis automotores y dos locomotoras.
Gran parte de los recursos han sido destinados a la recuperación de vías. Además, se considera la instalación de un sistema de control de tráfico centralizado, suministros e instalación de un sistema de radiocomunicaciones, estudios y diseño de ingeniería y de obras civiles para subestaciones eléctricas, etcétera.
En este plan de rehabilitación menor se han invertido, hasta la fecha, alrededor de 40 millones de dólares, financiados con un crédito japonés de aproximadamente 80 millones de dólares.
Perspectiva de la empresa.
La actual situación de la empresa es la siguiente: Tiene a su cargo y bajo su responsabilidad una valiosa infraestructura para el transporte. Es dueña del 49 por ciento de las acciones de Fepasa, posee numerosas propiedades de gran valor comercial y se estima que su patrimonio inmobiliario es de 1.500 millones de dólares aproximadamente, sólo en activos prescindibles.
Opera un servicio de transporte de pasajeros de corta distancia: Merval, metrotren Santiago-Rancagua y otro de larga distancia, en el corredor Santiago-Puerto Montt. Actualmente su deuda a largo plazo asciende a 140 millones de dólares, pagaderos en 20 años.
Ante esta situación se plantean las siguientes opciones:
1º.Mantener y conservar la infraestructura ferroviaria para el transporte de carga, lo que requiere en todo caso, como se dijo, una necesaria inversión de, a lo menos, 50 millones de dólares para cumplir los estándares de calidad mínimos comprometidos con Fepasa.
2º.Mantener el servicio de pasajeros de corta y larga distancia en su estado actual, con leves mejorías, para lo cual se requiere una inversión de 70 millones de dólares aproximadamente.
Rehabilitar y recuperar el transporte de pasajeros y cumplir los compromisos con Fepasa requiere una inversión de aproximadamente 380 millones de dólares adicionales a los ya señalados y su costo de mantenimiento anual ascendería aproximadamente a 11 millones de dólares.
En la Comisión se expresó que el primer objetivo de la estrategia general de Ferrocarriles del Estado es desarrollar un sistema ferroviario de pasajeros que maximice su rentabilidad social y aproveche las ventajas que presenta, en cuanto al desarrollo urbano y regional, que se traduce en un factor gravitante de integración y desarrollo territorial.
En segundo término, maximizar la rentabilidad comercial de los activos prescindibles.
3º.Incorporar al sector privado con capital de riesgo y capacidad de gestión en todas aquellas áreas donde se presenten ventajas comparativas y, además, segregar los negocios o áreas de la actividad.
El potencial de crecimiento del transporte de pasajeros por la vía de ferrocarriles en consideración a la capacidad ociosa de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y la expansión del mercado, si se concretan los proyectos de rehabilitación que implican una reducción sustantiva en los tiempos de viaje, hará posible que su cobertura de pasajeros transportados se triplique en los próximos cinco a diez años.
La zona centro sur de Chile cuenta con un valioso patrimonio ferroviario, cuya área e influencia en el corredor Santiago-Puerto Montt alcanza aproximadamente al 85 por ciento de la población del país. Sin embargo, desde 1974 el volumen de transporte de pasajeros ha disminuido notablemente. En la actualidad, de los 58 millones de viajes que se realizan anualmente en el tramo Santiago-Puerto Montt, EFE sólo participa en no más de un 5 por ciento. 
Para enfrentar esta situación, Ferrocarriles del Estado ha desarrollado una estrategia global para abordar los servicios de pasajeros a futuro, lo que incluye un plan de inversión en infraestructura y equipo de aproximadamente 440 millones de dólares y la incorporación del sector privado para operar los servicios y financiar parte de estas inversiones. Se trata de una inversión, se dice, de baja rentabilidad privada, pero de alta rentabilidad social, menor congestión en carreteras, postergación de inversiones viales, mayor seguridad, disminución de la contaminación, etcétera, no susceptibles de reflejarse en la tarifa, por lo cual su materialización requiere de un subsidio fiscal.
Consideraciones y resoluciones finales:
La Comisión, al finalizar la investigación y tras el análisis de los antecedentes, tuvo presente, con el fin de adoptar sus resoluciones, las siguientes consideraciones:
1º.La Empresa de Ferrocarriles del Estado se encuentra en una gravísima situación de deterioro, debido al pésimo estado de la vía férrea, de los equipos rodantes, lo que permite ofrecer un servicio de transporte de pasajeros de mala calidad e inseguro. Su operación deficitaria ha originado un alto nivel de endeudamiento que se acumula desde fines de la década de los 70 y alcanza hoy día un valor superior a los 160 millones de dólares, el cual, al ritmo en que se incrementa, conducirá a la Empresa de Ferrocarriles del Estado al colapso financiero si no se adoptan las medidas del caso.
2º.Se constata una clara discriminación en el tratamiento otorgado a la infraestructura vial respecto de la ferroviaria. Su no incorporación a las políticas nacionales sobre infraestructura, le ha significado recibir un aporte estatal considerablemente distinto, producto de una situación de menoscabo evidente, a la que se suma el hecho de que las inversiones públicas y privadas en ferrocarriles han sido mínimas.
3º.Finalmente, las normas contenidas en la ley Nº 19.170, que privatizó el área de carga y disminuyó la planta funcionaria de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, no han sido suficientes para solucionar el problema que aqueja a esta empresa y a la actividad ferroviaria.
En virtud de estas consideraciones, la Comisión Especial Investigadora del Plan de Desarrollo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado resolvió:
“1º. Expresar su convencimiento unánime de que el sistema ferroviario debiera representar una excelente opción de desarrollo para el transporte de pasajeros, ya que:
“Dadas las características de la geografía nacional, es la tecnología de mayor eficiencia para gran parte del territorio y la que mejor responde a la búsqueda del desarrollo sustentable.
“Permite un servicio cómodo, seguro, rápido, sin problemas de congestión, no contaminante y de bajo índice de accidentes.
“De acuerdo con estudios recientes, tiene una alta rentabilidad social y superior a muchas inversiones en carreteras; es decir, ofrece un mejor uso alternativo de los recursos del Estado.
“Significa aprovechar terrenos e infraestructura de vías que, a pesar de su deterioro, con una inversión bien orientada, pueden proporcionar gran capacidad de transporte para las regiones más pobladas del país.
“Contribuye a crear una diversidad de opciones de inversión inmobiliaria y de desarrollo de nuevas actividades a lo largo del país y en sectores suburbanos que rodean a las principales ciudades: Santiago, Valparaíso y Concepción.
“2º. Se requiere que el país y el Gobierno adopten decisiones urgentes y definitivas dentro de este año, ya que:
“El crecimiento económico implica una mayor demanda y, por lo tanto, corresponde incrementar, a la brevedad, la capacidad del transporte ferroviario, a fin de dar de esa manera respuesta al aumento de la misma.” Posponer estas decisiones, limita gravemente esta posibilidad.
“Se están tomando medidas acerca de otras opciones de infraestructura, como son las concesiones de la ruta 5 sur, que no consideran el desarrollo del transporte ferroviario. De no adoptarse criterios semejantes, dentro de la mayor brevedad, se produciría un daño irreparable en el patrimonio nacional ferroviario. 
“3º. La decisión que al respecto se adopte debiera considerar los siguientes aspectos:
“Una definición clara y definitiva para reactivar el transporte ferroviario de pasajeros, considerando no sólo su rentabilidad económica directa, sino también los efectos que se deberían producir en el proceso de regionalización y descentralización que vive el país, dentro del concepto de desarrollo integral. Cabe mencionar que más del 80 por ciento de la población de nuestro país se localiza entre la Quinta y la Décima Regiones, por lo cual un buen sistema ferroviario puede generar un incremento inmediato en la calidad de vida de una gran mayoría de compatriotas, además de un sinnúmero de opciones de inversión para el sector privado. 
“Un cambio fundamental en el tratamiento de la infraestructura ferroviaria, la que debe situarse en el mismo nivel de decisión pública que la infraestructura vial. A su financiamiento deben aplicarse recursos públicos en la Ley de Presupuestos y recursos provenientes de la tarificación por su uso. De esta manera, carreteras y ferrovías se manejarían bajo el mismo concepto, entendiendo que ambas son un patrimonio público e infraestructuras de transporte y, en tal virtud, su costo debe distribuirse entre el Estado y los usuarios.
“El gran esfuerzo nacional que está detrás de recuperar un sistema de transporte de tanta importancia para el país como es el ferroviario, requiere el aporte de todos, en particular del sector privado. Si bien el carácter de servicio público que representa podría justificar un esfuerzo directo de inversión con recursos del Estado, se estima conveniente abrir todos los espacios para comprometer recursos financieros y de gestión privados, tanto nacionales como internacionales, asegurando aportes estatales, si fueren necesarios, de manera similar a lo que acontece en otras áreas de la infraestructura de transporte.
“La participación del sector privado en los servicios ferroviarios de pasajeros y la privatización ya ocurrida en el transporte de carga, además del interés ya demostrado en diversas concesiones solicitadas para el sector Santiago-Valparaíso, hacen necesario establecer el marco regulador que el Estado debe asumir para garantizar un nivel de servicio eficiente y seguro, tanto para los usuarios como para el propio sector privado. Cabe destacar, en particular, la conveniencia de revisar y actualizar la ley General de Ferrocarriles (decreto ley Nº 342, del 13 de marzo de 1925 y sus modificaciones). 
“La urgencia de abordar este tema exige que, antes de iniciar el próximo siglo, exista un ferrocarril digno de la realidad de nuestro país y que aproveche integralmente sus ventajas tecnológicas. Esto obliga a diseñar un cronograma de estudios y de inversiones, que debería partir con una pronta recuperación de la infraestructura de estándares que garanticen una mayor velocidad y seguridad.
“En el contexto de una mayor participación del sector privado, en particular en la provisión de los servicios de transporte, deberá quedar definido el nuevo papel de la actual Empresa de Ferrocarriles del Estado. Su transformación en una empresa eficiente y sustentable requiere de especial atención. Deben otorgársele los recursos necesarios y la capacidad técnica. En este proceso, habrá de tenerse debida cuenta de la situación e intereses de los trabajadores. 
“Especial consideración se debiera prestar al desafío que significa el desarrollo de los servicios interurbanos o suburbanos, áreas en las que se concentra la mayor cantidad de usuarios, como asimismo respecto de las políticas inmobiliarias que se deberán adoptar.  No hay que olvidar la posibilidad de rentabilidades positivas que ofrecen, por su aporte al descongestionamiento de vías con alta concentración de vehículos y por el bajo nivel de inversión para que el sistema opere con normalidad.
“4º. Finalmente, la Comisión, al tenor de las resoluciones anteriores, acuerda instar al Ejecutivo para que adopte una decisión urgente y definitiva sobre la materia, dentro de la mayor brevedad.” Es todo cuanto puedo informar.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En discusión el informe de la Comisión Especial 
Investigadora del plan de desarrollo estratégico de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, el informe ha sido amplio y exhaustivo en un tema de la mayor trascendencia. Sin embargo, quiero saber si en el trabajo de la Comisión se consideró o se hizo alguna alusión a la situación de la red norte del país, concretamente a Ferronor.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Para la comprensión total del tema, solicito al Diputado informante que conteste la consulta del Diputado señor Arancibia.
El señor JARA.- Señor Presidente, la situación de la red norte no se trató como una preocupación especial, pero en el marco del trabajo realizado por la Comisión, se analizó todo el problema del sistema ferroviario nacional. En ese contexto, las razones que se dieron para avanzar a la mayor brevedad en un proyecto de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros son las mismas que sirven de fundamento para agilizar la elaboración de un proyecto global de rehabilitación y recuperación de todo el sistema de transporte ferroviario nacional.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta previa al señor Diputado informante.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, consulto al Diputado informante si dentro de la enajenación de activos se estudió la posibilidad de que las casas-habitación en las que actualmente viven los ex o actuales funcionarios de Ferrocarriles les sean transferidas.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Diputado señor Jara, para no perder tiempo, el Diputado señor García-Huidobro puede entregarle por escrito su consulta.
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Gutenberg Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Diputado señor Jara por su informe.
En segundo lugar, destacar el hecho de que el informe sea unánime y el alto espíritu de consenso y de trabajo unitario que hubo entre todos los colegas Diputados que conformamos la Comisión. Vale la pena recordar que los Diputados señores Taladriz y Ulloa hicieron importantes aportes en materia de creación tecnológica, los cuales constan en las actas. Por lo tanto, simplemente, refrendo el informe del Diputado señor Jara, destacando, a mi juicio, la necesidad básica de tomar una decisión urgente sobre la materia, idealmente, en estos días.
Nosotros no sólo hacemos presente en el informe las grandes consideraciones respecto de por qué valorizar lo que significa la actividad ferroviaria por razones de contaminación, de congestión, de acceso directo a las ciudades, de velocidad, de comodidad, de energía, de rentabilidad social, etcétera, las cuales son muy determinantes. No tan sólo hemos influido en la necesidad de que estén presentes hoy, sino que también hemos constatado que la Empresa, e indirectamente la actividad ferroviaria, estaría al borde de un colapso si no se adoptan decisiones políticas que tienen implicancias financieras y legales en el corto plazo. Es decir, si esas decisiones no se adoptan, puede dañarse el patrimonio ferroviario nacional que es muy importante. Si así no se hiciere, habrá un daño evidente en lo que significan las políticas de crecimiento económico del país, porque la infraestructura de transporte tradicional, por más concesiones que se efectúen y carreteras que se construyan, no tiene viabilidad para soportar la carga y la cantidad de medios de transporte que el país requiere en la próxima década.
Por lo tanto, simplemente, quiero destacar la calidad de la exposición del Diputado informante. Las conclusiones que entrega el informe representan, a mi juicio, la seriedad de una Comisión investigadora que, sin pretender generar mucha bulla no hago referencia a ningún hecho que esté sucediendo hoy y sólo cumpliendo con su tarea y sus conclusiones, llega a buen puerto en el momento adecuado.
En ese contexto, sería importante que la Cámara hiciera suyas estas conclusiones y las hiciéramos llegar prontamente al Ejecutivo, que es quien debe encabezar la adopción de las decisiones urgentes al respecto.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Diputado señor García-Huidobro, ¿entregó por escrito la pregunta? Es bueno que las cosas no queden pendientes.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, lamento su respuesta. Le hice una consulta al Diputado informante y siento que no estuviera atento. Solicito hacerla nuevamente.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Vuélvala a hacer, entonces, ya que no la hizo por escrito.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en muchos sectores del país, especialmente en mi región, los trabajadores ferroviarios en servicio activo y jubilados viven en casas-habitaciones que pertenecen a la Empresa, pero, como sus activos serán sometidos a un proceso de enajenación, quiero consultarle al Diputado informante si en la Comisión se estudió la posibilidad de que sean enajenados de manera prioritaria a favor de sus actuales trabajadores o ex trabajadores.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.- Señor Presidente, le expreso, por su intermedio, mis excusas al Diputado señor García-Huidobro, puesto que no atendí su consulta en primera instancia.
La verdad es que ese tema no fue objeto de mayor preocupación de la Comisión porque está resuelto en la ley, en términos de que se faculta a la Empresa para enajenar todas las propiedades consideradas prescindibles para las operaciones ferroviarias. Si esos terrenos o propiedades son considerados prescindibles, deben sujetarse a los procedimientos de enajenación establecidos en la ley. La Empresa ha sido extraordinariamente criteriosa en relación con este punto y, en la práctica, su política ha sido dar opción preferente a los trabajadores para la adquisición de esas propiedades. Pero este aspecto, en el contexto global del problema que analizamos, es bastante menor y dice relación con resoluciones exclusivas de la Empresa, en función repito de las facultades que le señala la ley.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, durante el viaje de la Comisión con los directivos de Ferrocarriles se planteó este tema y mi impresión es que el presidente del directorio de la Empresa simplificó excesivamente la situación, pues se refirió sólo a los funcionarios que arriendan casas de la Empresa en terrenos aledaños a la red principal y, en muy pocos casos, a los ramales en desuso considerados activos prescindibles y a la situación de muchos ocupantes de esos activos prescindibles que han regularizado su situación mediante el pago de arriendo. Sin embargo, apreciamos que la situación es mucho más compleja. Es verdad que la ley faculta al presidente de la empresa para enajenar cualquiera de esos recintos. Sin embargo, tanto él como los directivos reconocieron que enajenar, llamar a licitación, especialmente ramales en desuso sin ningún valor comercial, significaría un problema social muy grande y un ingreso absolutamente marginal respecto del que puede representarle a la Empresa, por ejemplo, la venta de un gran terreno en pleno centro de Concepción. La situación es totalmente distinta si se refiere a ocupantes de ramales como el de Los Lagos-Riñihue, de Río Bueno-Crucero, etcétera.
A nuestro juicio, el acuerdo de la Cámara en relación con la Empresa, es que ésta debería considerar esa mayor complejidad de la situación y los trastornos que acarrearía si enajenara todos sus activos por igual, tanto sociales como los referidos a beneficios económicos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, aquí se han enredado en una respuesta demasiado simple. 
Cuando un bien es prescindible, puede enajenarse siempre que no exceda de 9 millones de pesos. Si una persona tiene esa cantidad y quiere comprarlo, basta el acuerdo del directorio para que ese bien le pueda ser enajenado. Pero si su valor sobrepasa los 9 millones de pesos, debe realizarse una licitación pública.
¿Qué pasa con respecto de aquellas casas que ocupan trabajadores de la Empresa, tema que es más profundo que las respuestas de los señores Diputados? Hay casas destruidas en terrenos que, de acuerdo con los planes de la Empresa, serán ocupados, a su vez, por las empresas inmobiliarias que constituirá con el sector privado. Dichos terrenos no podrían venderse porque quedaría un lunar, ni tampoco el resto podría ser ocupado con el fin de obtener mayores recursos para esas empresas inmobiliarias. Esa es la respuesta, indudablemente, dependiendo de dónde está el lugar que se quiera comprar. Sobre lo demás se pueden decir muchas cosas.
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo presenta dos ventajas muy grandes.
En primer lugar, 58 señores Diputados lo han suscrito y, posteriormente, la Cámara de Diputados lo aprobó en forma unánime.
En segundo lugar, el gran mérito de la Comisión es haber logrado sensibilizar a Su Excelencia el Presidente de la República y al Ministro de Hacienda en el sentido de que aportaran los medios necesarios para que el proyecto sea realidad. Podemos tener las mejores intenciones y voluntad para llevar a cabo la iniciativa, pero sin la venia del Ministro de Hacienda y del Presidente de la República no hubiera sido posible que sea una realidad en el corto plazo.
Si se analiza, una de las grandes conclusiones es que la inversión en vías férreas debe ser tanto privada como pública o del Gobierno, con la diferencia de que la inversión del sector público constituirá un incentivo y, en el fondo, un buen anzuelo para que la Empresa licite las vías y haya interesados en el área de pasajeros, porque, de otra forma, la inversión que deberá hacerse, para dejar las vías medianamente bien, asciende a 420 millones de dólares.
Pero, cuando se habla de concesiones, de que el país va progresando, de todas esas cosas, yo no puedo dejar pasar la ocasión para hacer un reconocimiento público a una persona que ha sido ampliamente olvidada por sectores de todas las tendencias políticas. Me refiero al ex Ministro de Obras Públicas don Carlos Hurtado, quien impulsó la ley de concesiones en el país que, posteriormente, se mejoró. Yo he asistido a muchas inauguraciones en las cuales no se ha dicho una sola palabra sobre el ex Ministro don Carlos Hurtado, a pesar de que las obras que hoy se entregan se iniciaron cuando él ocupaba la cartera de Obras Públicas. Estos reconocimientos hay que hacerlos; hay que decir la verdad. No debemos aplicar el “pago de Chile” a la gente que se ha esforzado por el país.
También queremos apoyar de manera efectiva y dar la unanimidad, como en la Comisión, al informe que ha rendido el Diputado señor Jara. El señor Remberto Echeverría tuvo una larga reunión con el Diputado señor Juan Enrique Taladriz y expuso concienzudamente la situación de la Empresa de los Ferrocarriles, debido a su larga experiencia en ella. Desgraciadamente, no pudo comunicarse con el Presidente de la Comisión, Diputado señor Gutenberg Martínez, porque coincidió que el Diputado estaba en ese momento en reunión con el señor Ministro, exponiendo los temas de la Comisión. Pero queremos destacar la paciencia del señor Remberto Echeverría y su tenacidad por haber logrado que la Comisión lo atendiera y, de ese modo, plantear sus puntos de vista. Y junto con esta materia, él se refirió al ferrocarril de Santiago a Valparaíso, la vía rápida, que hoy vemos que puede ser realidad.
Para resumir las cosas, si bien el área de pasajeros de la Empresa de los Ferrocarriles presenta un aspecto social, presenta también otros mucho más profundos. Si reactivamos la Empresa, invariablemente disminuirán los accidentes de tránsito, porque si hoy, con carreteras sobrerrecargadas de tráfico, contamos con un ferrocarril expedito, que demore un tiempo prudente, similar al de los buses de Puerto Montt a Santiago, la gente, indudablemente, en su gran mayoría, preferirá el ferrocarril. 
Otra de las conclusiones es que el ferrocarril es el medio de transporte que más proyecciones tiene en el país. Lo digo porque hoy transportan, aproximadamente, al 4 por ciento de los pasajeros. Es decir, con un mínimo de inversión y considerando las comodidades que generará, podríamos aumentar dicho transporte hasta en un 500 por ciento. O sea, es una inversión buena, rentable.
Nosotros queremos que esto se lleve a cabo lo más pronto posible. Así como esta Comisión ha cumplido lo que se le encomendó, también esperamos que las autoridades según el informe, todas se comprometieron a hacerlo apoyen este informe para que sus conclusiones sean realidad en el plazo más corto posible.
Creemos que se trata de un tema agotado en la discusión y en la investigación, y lo único que falta es que se materialicen las conclusiones de la Comisión, de modo que se efectúen las inversiones en el sector público que se comprometieron a hacer los ministros que participaron en ella.
Por lo tanto, Renovación Nacional aprobará que las conclusiones sean enviadas a Su Excelencia el Presidente de la República para que se ejecuten lo más pronto posible.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Propongo a la Sala como procedimiento que los cinco señores Diputados inscritos hasta este instante efectúen sus intervenciones, en lo posible, en no más de cinco minutos, de modo que quede tiempo para que haga uso de la palabra el Diputado informante, y llegar a un acuerdo respecto del informe.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Isidoro Tohá.
El señor TOHÁ.- Señor Presidente, Chile ha entrado en un proceso de desarrollo sostenido, hecho que lo obliga a adecuar sus políticas sobre infraestructura para poder responder a las crecientes necesidades en este aspecto.
El transporte es una actividad vital de un país, y es deber del Estado contribuir a crear las condiciones necesarias para que tanto la población como las actividades productivas y comerciales cuenten con los medios de transporte adecuados a las necesidades reales y a las condiciones geográficas de nuestro territorio.
Durante dos décadas la inversión en infraestructura fue muy deficitaria, lo que en el caso que hoy analizamos ha significado que no contemos con un servicio de transporte ferroviario acorde con los requerimientos del país y que nos encontremos muy lejos de la situación lograda gracias al avance tecnológico en que se hallan los ferrocarriles de países más desarrollados, con todas las ventajas de orden económico, de seguridad y de comodidad de los usuarios que ello implica.
No me referiré a los aspectos ya abordados por el Diputado informante, señor Octavio Jara, que ha rendido un informe con gran seriedad y responsabilidad. Como parlamentario que representa a un distrito de la zona central, sólo deseo poner énfasis en el hecho de que soy portador de un anhelo muy sentido por la mayoría de la gente de esa zona: contar con un buen servicio ferroviario que, junto con facilitarle un transporte más seguro, rápido y eficiente, contribuya a un desarrollo integrado y armónico del país que beneficie especialmente a las localidades más apartadas y deprimidas.
Sabemos que los recursos económicos de que se dispone son limitados, por lo que es imprescindible que sean invertidos con criterio racional, con gran objetividad y con el respaldo de estudios serios y profundos relacionados con la operabilidad y rentabilidad del sistema de transporte, pero sin dejar de lado en ningún momento el importante componente social de los proyectos.
Las decisiones a tomar, concernientes a crear un servicio moderno de pasajeros en el tramo Santiago-Puerto Montt, deben considerar complejas materias, una de las cuales es la relativa a los tramos. Chillán mi ciudad, por su ubicación geográfica, podría ser un punto de referencia dado que la perspectiva de rentabilidad es menor hacia el sur y, a la vez, en esa zona existe mayor necesidad social de desarrollo, hecho que justifica ampliamente reforzar el tramo hacia el extremo sur.
En relación con lo expuesto, creo indispensable definir temas tales como el rol regulador que le corresponde al Estado, que debe velar por el bien común; la participación privada y la operación de las vías en relación con las eventuales concesiones.
Frente a la cruda realidad actual de ferrocarriles, comparto plenamente las conclusiones de la Comisión que se resumen así:
Primero, dadas las características geográficas del país, el sistema ferroviario es una buena alternativa para el transporte de pasajeros, por sus posibilidades de dar un servicio rápido, seguro, sin problemas de congestión, no contaminante y de gran rentabilidad social.
Segundo, la gran demanda originada por el constante crecimiento económico obliga a que se tomen decisiones oportunas y rápidas en relación con el rol del transporte ferroviario, que se encuentra deteriorado, situación que podría empeorar y transformarse en irreversible si no se actúa a la brevedad posible.
Finalmente, apoyo decididamente el acuerdo de la Comisión de instar al Ejecutivo a tomar una decisión urgente al respecto.
Quiero terminar mi intervención haciendo resaltar que Ferrocarriles está íntimamente ligado a nuestra historia. Es así como el ferrocarril de Copiapó a Caldera fue el primero en Sudamérica. También quiero poner de relieve su gran contribución a la integración nacional en esta larga y angosta geografía nuestra, como asimismo el proceso de desarrollo que ha tenido gran influencia en lo social, constituyéndose en un elemento democratizador que la gente ha sentido como muy suyo, sentimiento que se puede traducir en un apoyo y no en un obstáculo para los proyectos de modernización que permitirán que Ferrocarriles siga existiendo, perdurando y fortaleciéndose en el tiempo, para bien de todos los chilenos.
Por todos estos motivos, los parlamentarios de la bancada socialista votaremos favorablemente el informe de la Comisión.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, en realidad, me felicito 
por supuesto, también a todos los Diputados que lo hicieron de haber suscrito este proyecto de acuerdo, por cuanto dice relación con un tema muy importante: la Empresa de Ferrocarriles del Estado que, como bien señaló el Diputado señor Tohá, está fuertemente ligada a la mejor etapa de progreso y desarrollo de nuestro país. Pero hay algo más: las condiciones geográficas y aerográficas del país lo hacen apto para el desarrollo del ferrocarril en las mejores condiciones.
Me da pena ver la cantidad de millones de dólares que se gastan en la importación de energéticos como el petróleo, en circunstancias de que en el pasado el grueso de la carga y del transporte se realizaba a través de este medio. Hoy consideramos positivo, a lo mejor con cierto grado de contradicción, ver las carreteras con muchos buses; sin embargo, también es bueno saber que existe un gran despilfarro de dinero en la importación de energéticos.
El ferrocarril no contamina, nunca lo hizo; sobre todo cuando se modernizó y la empresa contó con un sistema de electrificación.
Creo que llegó la hora de que el país se reencuentre definitivamente con uno de los servicios que más contribuyeron a su progreso y a su desarrollo. No es posible que nos quedemos en el discurso de los ferrocarriles franceses, alemanes, británicos o estadounidenses, que son del Estado. En muchos otros países los ferrocarriles también pertenecen al Estado y cumplen una labor social increíblemente grande.
En Chile, todos conocemos la etapa que vivió la Empresa de Ferrocarriles del Estado en la cual fue prácticamente desmantelada. Lamento que en su momento no se haya exigido una investigación a fondo sobre lo que pasó en determinada etapa de la Empresa, cuando los sindicatos y algunos funcionarios expresaban que entre gallos y medianoche se hizo un montón de cosas y se dejó sucumbir a esa empresa tan importante para el Estado.
Por eso, es bueno que nos reencontremos. Esta es una iniciativa muy importante, sobre todo porque el petróleo del cual el país tiene que importar más del 90 por ciento es un energético no renovable, y de repente se puede agotar y los precios internacionales pueden dispararse.
Yo no fui partícipe de la enajenación de la parte más importante de la Empresa de Ferrocarriles. Pero en fin, los hechos están consumados. 
Quiero preguntar al Diputado informante qué beneficios ha traído a la Empresa la enajenación de su parte más rentable, y si es posible mostrar a más de seiscientos días de la concreción de esa medida, sus resultados y efectos positivos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.
A continuación, le ofreceré la palabra al Diputado informante para que conteste las  
consultas formuladas. Asimismo, están inscritos los Diputados señores Kuschel y Salas.
El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, la verdad es que si fuera por esfuerzos parlamentarios, el tren de pasajeros estaría funcionando desde hace ya un par de años. No debemos olvidar que la Cámara ha aprobado en forma unánime dos proyectos de acuerdo sobre la materia, tanto en el período pasado como en el actual, y que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones también ha tratado el tema en ambos períodos. 
Sin embargo, nunca pudo constituirse una comisión tan bien estructurada y dirigida como la que presidió el Diputado Gutenberg Martínez, la cual llegó a conclusiones tan bien explicadas por el Diputado señor Jara, que estudió a fondo la materia en forma técnica y profesional, hecho que hay que destacar.
Además, como Diputado de provincia que anhela que el tren de pasajeros vuelva a circular por los pueblos y comunas de Chile, especialmente por la zona sur que represento, me siento gratificado y reconfortado al ver que Diputados de la importancia de don Gutenberg Martínez pueden conversar esto en forma amistosa y en un plano de igualdad aunque con el debido respeto con el Presidente de la República, con el Ministro de Hacienda y con los Secretarios Generales de la Presidencia y de Gobierno, lo cual me deja muy satisfecho porque de esa manera se logra un contacto directo y franco, especialmente considerando lo que pesa el Diputado señor Martínez y su amor por la Empresa, debido a situaciones familiares.
Aquí se ha señalado que la empresa está por el suelo, que ella es una necesidad del país, que se pueden hacer acciones sociales con las casas de los funcionarios o ex funcionarios, que se pueden llevar a cabo proyectos inmobiliarios con las estaciones; en fin, se puede hablar durante muchas horas sobre el tema. Sin embargo, sólo quiero destacar que todos estamos de acuerdo con el informe y que nos gustaría que una vez más la Cámara respaldara el trabajo concienzudo y profundo de una Comisión, pues todos los sectores políticos estamos por recuperar el ferrocarril, ya sea con esfuerzo del Estado o de éste con los privados.
Asimismo, quiero manifestar que antes de considerar exagerada una inversión de 430 millones de dólares, deberíamos tomar en cuenta que la inversión en la Línea 5 del Metro de Santiago alcanza a casi 500 millones de dólares, suma bastante similar a lo que significaría el esfuerzo del país para reactivar y modernizar el ferrocarril al sur. Las vías están en estado calamitoso y los equipos obsoletos, problemas que pudimos constatar los Diputados que viajamos al sur con el presidente de la compañía, pues quedamos en pana a mitad de camino y estuvimos esperando seis u ocho horas, hecho que motivó que todos los programas que la gente del sur había preparado en forma entusiasta 
porque se iba a reactivar el ferrocarril quedaran frustrados.
Por lo tanto, anuncio que Renovación Nacional apoyará unánimemente el informe de la Comisión. Y pide que la Cámara haga suyo este informe y a través de la Mesa lo haga llegar a Su Excelencia el Presidente de la República en el más breve plazo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Si le parece, señor Diputado, preferiría que usted cerrara el debate después de la intervención de los dos Diputados que aún no han hecho uso de la palabra. Así, podremos adoptar un acuerdo unánime respecto de la solicitud del Diputado Gutenberg Martínez, en orden a que la Corporación haga suyo este informe.
Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Salas.
El señor SALAS.- Señor Presidente, es muy breve lo que quiero explicar.
Hace unos tres años, con el alcalde de Tomé, don Héctor Aravena esta explicación es para el Diputado Letelier que no está y que tiene una inquietud frente a las viviendas que ocupan terrenos de ferrocarriles hicimos los trámites correspondientes, pero ha sido imposible que estas personas puedan adquirir estos terrenos para tener tranquilidad respecto de su problema habitacional.
Finalmente, hemos encontrado una solución que los señores Diputados podrían utilizar acá. Ferrocarriles no puede vender en forma privada a particulares; debe llamar a licitación, porque son muchos los trabajadores que están ocupando determinados terrenos y sobrepasan la cantidad que el Diputado señor García mencionó en este hemiciclo.
¿Cuál es la solución que estamos estudiando en este momento? Ya se promulgó la ley del leasing. A través de ella, Ferrocarriles podrá celebrar contratos de arrendamiento con sus trabajadores y proceder a la venta de los terrenos que están ocupando. Son muchos los trabajadores ferroviarios y ex ferroviarios que hoy tienen viviendas en las distintas comunas del país, en terrenos de propiedad de Ferrocarriles del Estado.
Por lo tanto, la solución de este problema sería conversar nosotros ya lo hemos hecho con el presidente del directorio de Ferrocarriles y con su gerente general para que en el caso de los terrenos que la Empresa esté dispuesta a vender, sus usuarios celebren contratos de arrendamiento y, en virtud de la ley del leasing, puedan llegar a ser dueños de estos terrenos.
Además, quiero destacar que el tema sobre la modernización de Ferrocarriles lo planteé cuando se aprobó la ley de privatización de la carga ferroviaria, y anticipé todo lo que iba a ocurrir. Efectivamente, han pasado más de tres años y esta ley aún no opera por negligencia y porque no ha habido voluntad, eficiencia, capacidad ni el deseo de modernizar Ferrocarriles. Lo que ayer costaba 100 millones de dólares, hoy vale 420 millones, según lo que aquí se ha dicho, y si pasan algunos años más, seguramente esa suma se elevará sobre los mil millones de dólares. Creo que urge que la Comisión y el estudio realizado motiven al Gobierno para entregar estos dineros con el objeto de proceder a la rápida modernización de Ferrocarriles.
No deseo ahondar más en el tema, porque de todo lo que planteé en esa oportunidad quedó constancia en el acta de la sesión en que se trató la privatización de la carga de Ferrocarriles.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable señor Diputado don Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, represento a la comuna de Puerto Montt, que en 1912, cuando llegó el ferrocarril, se denominaba Punta de Rieles. Ahora es el lugar donde el ferrocarril se marchitará y morirá, porque Puerto Montt se ha transformado sólo en un ramal de Temuco. El tren llega muy escasamente y en el tramo de Puerto Montt a Temuco se suceden las panas.
Me alegro de lo expresado por el Diputado señor Taladriz, y lo comparto, sobre todo lo que manifestó el Diputado señor Salas, porque pienso que en materia ferroviaria, hemos perdido el tiempo como en otros aspectos, pero en éste, sobre todo, debido a la enorme incapacidad, a la falta de iniciativa y a la pasividad demostrada por el Gobierno para iniciar acciones concretas y eficaces en la materia. 
Creo que cada vez tenemos menos ferrocarril, desde Temuco al sur, sobre todo; que rehabilitarlo será cada vez más difícil y costoso con el transcurso del tiempo; que el Gobierno, cuanto antes, debe generar un marco normativo legal apropiado para que se incorpore el sector privado, y no seguir invirtiendo y botando la plata, como lo ha hecho hasta ahora. Lamento que por estas indecisiones se hayan alejado los capitalistas que en un momento estuvieron interesados, procedentes de Japón, Francia y Alemania, y espero que, de una vez por todas, decidamos hacer algo con el tren. 
En Puerto Montt, cada año, aproximadamente, después del verano, cuando se ve el desastre de la operación del sistema ferroviario, llegan las autoridades de Ferrocarriles, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Ministerio del Interior y de la Intendencia, y nos cuentan maravillas de proyectos de urbanización, de loteo o de un condominio comercial, residencial, turístico, en fin, se nos habla de la nueva estación. Pero hasta hoy han pasado seis años sin avanzar, a los que agregaría otros más, en que también reclamábamos esta misma situación desde el sur.
Además de suscribir totalmente el informe de la Comisión, que lo encuentro razonable en los términos planteados por el Diputado señor Taladriz, quiero agregar los conceptos de dolor y de pesar que tenemos en Puerto Montt, porque a este ritmo, en unos cuantos meses más no digo años no llegará el tren a esa ciudad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag; a continuación, el señor Diputado informante.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que el informe de la Comisión Especial investigadora es serio, acabado y ha significado un trabajo acucioso de los parlamentarios.
Sin embargo, debo reconocer que el problema de Ferrocarriles es muy serio, de bastante envergadura y que rehabilitarlo prontamente, no es ni ha sido fácil.
Desde luego, despachamos una ley especial que permitió cambiar la norma jurídica de administración de la empresa, que ya está operando y ha posibilitado el retiro de más de dos mil funcionarios en muy buenas condiciones, según estimamos. Asimismo, se ha estado realizando el plan de rehabilitación establecido en esa ley.
Por lo menos, en ciudades importantes del país, como Concepción y Chillán, pasando por las localidades de Cabrero, Yumbel, los trabajos de arreglo de la vía ya se están viendo en el riel soldado y en la pintura de todos los puentes que son obras de arte realmente hermosas, que hoy se están recuperando con una inversión de 80 millones de dólares.
Sin embargo, es evidente que llegar a esto es lento. Hay mucha burocracia y ha sido difícil operar con maquinaria antigua, casi destruida.
Por esa razón, la Comisión Investigadora ha hecho un análisis serio para llegar a conclusiones profundas: ¿necesitamos y queremos ferrocarriles en Chile? ¿Sí o no? Es evidente que la respuesta es afirmativa, porque el país sigue creciendo aceleradamente, y aunque tenemos considerado construir la segunda vía terrestre desde La Serena a Puerto Montt, de 1.560 kilómetros, ello no es suficiente para el desarrollo del país.
En cambio, la vía férrea resulta indispensable, no tan solo por la carga, sino también por el desarrollo turístico. Pero eso implica una decisión del país: ¿podemos invertir 430 ó 480 millones de dólares nuevamente en ferrocarriles, fuera de lo que ya se ha invertido? Esa es la decisión.
Personalmente, soy partidario de hacer dicha inversión para recuperar Ferrocarriles. Así lo ha resuelto el directorio. Decidió formar cinco empresas, en las cuales, por supuesto, tendrá participación mayoritaria el sector privado, quedando Ferrocarriles reducido a la mínima expresión, para administrar indirectamente o participar en las sociedades que se formarán con estas cinco empresas.
Evidentemente, esperamos que con la participación de los privados, Ferrocarriles se recupere y haga su aporte al desarrollo productivo de la nación y, sobre todo, a lo que estimo será el gran “boom” del futuro de nuestra patria: el desarrollo turístico. Para eso necesitamos trenes rápidos, efectivos y seguros que lleguen a los distintos sectores del país.
El Diputado señor Kuschel se ha referido al problema del ferrocarril de Temuco a Puerto Montt, pero dicho servicio sólo se ha justificado en las épocas de verano. En invierno viaja muy poca gente, y hacer una gran inversión en ese tramo es una seria decisión que deberá tomar el Gobierno.
La Comisión postula que la Corporación haga suyo este acuerdo para eso estamos recabando el apoyo de la Sala, como una forma de ayudar al Gobierno a tomar la decisión de aportar los 430 ó 480 millones de dólares que se requieren para la rehabilitación de ferrocarriles.
No me cabe duda de que en ese plan estará contemplado el tramo de Temuco a Puerto Montt, el más caro, que hasta la fecha no ha sido rentable. Por eso se le ha dado preferencia, por lo menos hasta la zona de Concepción, con el riel soldado; se han reparado todos los durmientes recientemente se ha abierto una propuesta de más de 17 millones de dólares para colocar durmientes de concreto y se está mejorando la vía.
También existe el proyecto de comprar trenes de Alemania u otro lugar de Europa, en muy buenas condiciones, los cuales, pueden correr hasta 160 kilómetros por hora.
Como mi tiempo ha expirado, termino pidiendo a la Sala que apruebe el informe y así hagamos nuestra la resolución, en el sentido de pedir al Gobierno que destine los recursos para la rehabilitación definitiva de los ferrocarriles de nuestro país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Según lo acordado, restan siete minutos para el término de Incidentes, tiempo destinado para el debate del informe. Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala para que mañana, en primer lugar y ése es el espíritu de la Corporación, se adopte el acuerdo de que la Cámara haga suyo este informe.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.- Señor Presidente, deseo expresar mi opinión sobre el tema no lo pude hacer como Diputado informante y, además, contestar algunas aseveraciones formuladas aquí, a mi juicio, bastante ligeras, como las del Diputado señor Kuschel, que lamento que se haya retirado.
En primer lugar, quiero destacar un elemento de carácter político. Durante todo el proceso de debate hecho en torno a ferrocarriles desde 1990 en adelante, se ha ido formando en el país la convicción más plena de que los trenes constituyen una alternativa real, eficiente y efectiva de transporte y, por lo tanto, que es conveniente y deseable para el país recuperar, modernizar y desarrollar nuestro sistema ferroviario.
Nadie, ningún sector o persona, ha expresado opinión en contrario. Existe en el país el más pleno, amplio y absoluto consenso político nacional para recuperar, modernizar y desarrollar el transporte ferroviario. Es la posición del Ejecutivo, del gobierno anterior y de éste, del Congreso Nacional, al menos de la Cámara de Diputados en reiteradas oportunidades, de los sectores de Gobierno y de los de Oposición.
Para implementar este amplio y pleno consenso, es indispensable y urgente resolver y tener claro el tratamiento público que debemos dar a la infraestructura ferroviaria que, por lo demás, es de propiedad del Estado.
En este sentido, deberíamos coincidir también en que la infraestructura ferroviaria debe abordarse con los mismos criterios y consideraciones económicas que se aplican a la infraestructura vial, pues ambas constituyen un valioso patrimonio nacional acumulado, que es necesario preservar y mejorar, y ambas son infraestructuras básicas, productivas y socialmente indispensables para el desarrollo de las políticas de transporte del país.
Actualmente, eso no es así; existe un tratamiento discriminatorio, no equitativo, no equivalente respecto de la infraestructura ferroviaria.
El organismo responsable de la infraestructura vial es el Ministerio de Obras Públicas, y de la infraestructura ferroviaria, una empresa, la cual no tiene ninguna posibilidad de financiar su conservación y mejoramiento.
Los recursos públicos destinados a la construcción y mantención de carreteras son inversiones públicas. En cambio, los recursos públicos para la infraestructura ferroviaria son entendidos como subsidios a una empresa estatal.
Mientras el Estado invierte más de 400 millones de dólares anuales para construir y conservar carreteras, el Estado sólo destina 8 millones, 10 a lo más, de dólares anuales para la infraestructura ferroviaria.
Se estima que el déficit acumulado de inversión en ferrocarriles durante los últimos veinte años es del orden de los 500 millones de dólares. Esta situación no puede ser imputable al gobierno del ex Presidente Aylwin, menos al del Presidente Frei. De ella debe hacerse responsable el gobierno militar, por cuanto durante los diecisiete años en que ejerció el poder no hizo ninguna inversión importante en ferrocarriles. Y si ahora estamos analizando esta situación, es producto precisamente de esa falta de inversión.
Luego, aquí se requiere de un cambio fundamental para entender que carreteras y ferrovías deben manejarse con los mismos criterios. Primero, con un concepto de responsabilidad pública. Su ámbito de decisión debe radicarse en un ministerio o instancia de mayor nivel. Segundo, la infraestructura ferroviaria debe separarse de la operación del servicio de transporte. Tercero, se debe incorporar capital y gestión privados, al igual que se hace con la infraestructura vial. Cuarto, su financiamiento debe provenir tanto de recursos públicos como de los provenientes de la tarificación por su uso, como por lo demás se está haciendo en la infraestructura vial.
En este marco se debe analizar la actual situación de nuestro sistema de ferrocarriles de carga y de pasajeros.
Creo que se han ido cumpliendo los objetivos principales que inspiraron y se tuvieron en vista para la dictación de la ley Nº 19.170, en octubre de 1992.
Aquí discrepo de algunas apreciaciones que se han hecho en términos de que el Estado ha votado plata y despilfarrado recursos en ferrocarriles. Eso no ha sido así.
De una virtual situación de colapso y de cesación de pagos en que se encontraba en 1990, la Empresa de Ferrocarriles vive ahora condiciones difíciles, pero es viable; ha disminuido notablemente su personal a menos de 2.500 funcionarios, cuyo costo no pasa más allá del cuarenta por ciento de los gastos de operación en circunstancias de que antes era de los dos tercios.
Se ha reestructurado la deuda de corto plazo que teníamos en el período 19901992, ascendente a más de 125 millones de dólares, proyectándola en una deuda de largo plazo, pudiendo ser asumida por una empresa con proyección.
Se ha mejorado notablemente la gestión de la Empresa de Ferrocarriles del Estado; se ha culminado el proceso de privatización de carga y podemos decir que ahora tenemos un transporte ferroviario de carga absolutamente viable. Aquí contesto la inquietud del Diputado señor Letelier: la privatización ha sido un éxito, porque ha permitido ahora contar con un transporte ferroviario de carga posible y viable. Se tiene proyectado invertir en los próximos años más de 80 millones de dólares, lo que hace que este aspecto del transporte ferroviario nacional esté relativamente resuelto.
En el contexto de la limitación de recursos, tal cual lo señalaba el Diputado señor Sabag, se han hecho importantes esfuerzos para mejorar la infraestructura y los equipos.
En suma, hoy tenemos un servicio de transporte ferroviario de carga con un plan de desarrollo y un programa de inversiones para concretar, que lo hace plenamente viable.
Sin embargo, no existe una definición equivalente respecto del servicio ferroviario de pasajeros. Actualmente está colapsado; no puede continuar como está: las vías, los durmientes, las señalizaciones, los trazados, equipos, etcétera, no están en condiciones adecuadas para un transporte ferroviario de pasajeros. En las condiciones actuales no es una alternativa real de transporte. Hay inseguridad en los horarios, en los tiempos de viaje, pésimas condiciones de los equipos, carros, etcétera. En suma, no es un modo competitivo de transporte.
De los 58 millones de viajes anuales realizados en el tramo Santiago-Puerto Montt, EFE sólo participa con menos de un cinco por ciento, y pierde cada día mas participación en el mercado del transporte.
El servicio de pasajeros deja una pérdida anual de aproximadamente 10 millones de dólares. Incluso, por el estado de las vías, se plantean signos preocupantes de inseguridad, que se constata con el aumento de los descarrilamientos que se han producido durante los últimos años. Todo indica que esto no puede continuar en las actuales condiciones. Es indispensable para el bien del país recuperar, modernizar, desarrollar el transporte ferroviario de pasajeros. Ésta es la única respuesta razonable a los requerimientos del transporte nacional.
Se calcula que con las tasas de crecimiento del PGB de un 4,5 por ciento, que es moderada, la demanda de viajes y de pasajeros superará el 7,5 por ciento. Luego, en diez años, se duplicará la demanda de transporte en el país.
Es imposible, como aquí se ha señalado, dar respuesta a esas demandas sólo construyendo más carreteras, porque tenemos limitaciones de recursos, y porque ello significaría aumentar los graves problemas de congestión, contaminación y accidentes de tránsito.
Se estima que con un transporte ferroviario competitivo, en términos de tiempo de viaje, seguridad en los horarios, calidad en el servicio, se podría triplicar la actual participación en el mercado, llegando a transportar un 15 ó 20 por ciento de la demanda de transporte.
De otro lado, tenemos una infraestructura ferroviaria subutilizada. El país tiene 3.483 kilómetros de línea férrea, 1.362 kilómetros de vías electrificadas y 726 soldadas. Esto es un patrimonio nacional de un valor incalculable, que no podemos perder. Es necesario recuperar, aprovechar esa capacidad ociosa que es una infraestructura indispensable para el desarrollo nacional.
Es cierto que el proyecto de recuperación del transporte de pasajeros tiene una mayor rentabilidad social que económica, pero esta situación es igual en todo el mundo. Por cada cien dólares que genera el ferrocarril, el Estado aporta 242 dólares en Italia, 100 en Bélgica, 30 en Estados Unidos, 50 en Suiza y 67 en Dinamarca. Esto ocurre porque la rentabilidad social del transporte ferroviario es enorme y porque también tiene un fundamento económico. Un proyecto de alta rentabilidad social, como es la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros, genera un importante ahorro en el consumo neto de recursos que hace la sociedad en su conjunto.
En otras palabras, es posible mantener e incrementar la oferta de transporte nacional, incluso con un menor costo social del que actualmente tiene. Un transporte ferroviario de pasajeros adecuado hará disminuir los accidentes carreteros, que tienen un costo anual para el país superior a los 350 millones de dólares, y las presiones para construir más infraestructura vial. El país gastará menos recursos en combustible, lubricantes, flotas de buses; las personas utilizarán mejor el tiempo productivo. En suma, la tecnología más rápida, segura y cómoda de transporte terrestre es el de carácter ferroviario.
Además, el proyecto tiene otros beneficios adicionales. Desde luego, favorece las políticas de regionalización y descentralización; facilita las actividades turísticas; disminuye la contaminación ambiental y la congestión de carreteras. En suma, mejora la calidad de vida de la gente.
Existen distintas opciones de desarrollo del modo de transporte y diferentes alternativas de gestión institucional y financiera. Estamos abiertos a cualesquiera de estas  
fórmulas, en el entendido de que el proyecto es conveniente para el país, y que para ser implementado debe haber una coordinación y complementación del Estado con el sector privado.
Finalmente, quiero expresar las excusas del Ministro de Transportes, que no pudo estar presente en esta sesión, pero que estuvo permanentemente preocupado de los trabajos de la Comisión, y señalar también que el Gobierno, en los próximos días, hará importantes anuncios respecto de esta materia que ha sido preocupación de la Comisión y de esta Corporación.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En nombre de la Mesa, felicito a la Comisión Especial Investigadora del plan de desarrollo estratégico de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, presidida por el Diputado señor Gutenberg Martínez. Debo informar que este proyecto se votará mañana en primer lugar.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.


Se levantó a las 14.13 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.