REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 332ª, EXTRAORDINARIA Sesión 50ª, en miércoles 6 de marzo de 1996 (Ordinaria, de 10.30 a 14.09 horas) Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime; Ortiz Novoa, don José Miguel, y Ribera Neumann, don Teodoro. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.HOMENAJE VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia8 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Ampliación de plazo a Comisión Investigadora de Esval9 V.Orden del Día. Modificación del decreto ley Nº 1.350, de 1976, que creó la Corporación del Cobre de Chile. Primer trámite constitucional12 VI.Proyectos de acuerdo. Apoyo al Gobierno por condena ante derribamiento de dos aviones civiles por aeronaves cubanas35 Condena por atentados terroristas en Israel39 VII.Homenaje. Homenaje a la ciudad de Río Negro, en el centenario de su fundación40 VIII.Incidentes. Situación previsional de chilenos en la República Argentina. Oficios47 Medidas en favor de campesinos. Oficio48 Retraso en obra vial de Pucón. Oficio49 Alcances a proyecto de acuerdo por derribamiento de avionetas civiles en Cuba. Oficio50 Incumplimiento de normas del Estatuto Docente sobre jubilación de profesores. Oficio51 Costo de campaña televisiva de la Dirección General de Movilización Nacional. Oficio52 Juzgado de Policía Local en comuna de Tierra Amarilla. Oficio53 Suspensión de obligación de pequeños y medianos agricultores relacionada con asistencia técnica. Oficio54 Antecedentes sobre incendios en regiones. Oficio55 Investigación sobre concesión del Casino Municipal de Viña del Mar. Oficios56 Pág. Información fidedigna de los medios de comunicación a los campesinos57 IX.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, respecto de las observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo relativo a la generación de autoridades (boletín N° 167406).59 Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los que hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos : 2.Modifica el decreto ley N° 701, de 1974, sobre fomento forestal (boletín N° 1594-01).59 3.Transforma a Codelco en conglomerado de empresas (boletín N° 120408).60 4.Moderniza el sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica (boletín N° 176709).60 Oficios de S.E. el Presidente de la República, con los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos : 5.Crea los Fondos de Inversión Internacional (boletín N° 165505).61 6.Crea Juzgados de Policía Local en las comunas que señala (boletín N° 178906).61 7.Moderniza el sector portuario estatal (boletín N° 168809).62 8.Fija nuevo estatuto para los médicos cirujanos, cirujanos dentistas, farmacéuticos y bioquímicos que se desempeñan en los establecimientos asistenciales de los servicios de salud (boletín N° 171011).62 9.Modifica el artículo 38 del Código del Trabajo, en materia de descanso dominical (boletín N° 176113).63 10.Moción de los Diputados señores Orpis, Melero, Longueira, Masferrer, Paya y Leay, por la que establece sanciones legales a las pandillas violentas (boletín N° 180407).63 11.Moción de los Diputados señores Valcarce y Urrutia (don Salvador), con la cual establece normas de protección del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico nacional (boletín N° 180512).66 X.Otros documentos de la Cuenta. Oficios: De la Contraloría General de la República. Del Diputado señor Pérez (don Ramón), relativo a la efectividad de la eliminación por vía resolutiva del tope de horas extraordinarias fiscales; sobre reparación del estanque de almacenamiento de agua potable de la localidad de Pisagua. De los Diputados señores Pérez (don Víctor), Ulloa, Longueira y Munizaga, acerca de la gestión financiera y administrativa del Servicio de Salud del Biobío. Del Diputado señor Valcarce, referente a problemas de profesores que laboran en el Servicio Municipal de Educación de Arica. De la Corte Marcial de la Armada. Comunica haberse constituido y nombrado su presidente al Ministro don Rafael Lobos Domínguez. Del Ministerio del Interior. De las Diputadas señoras Wörner y Matthei y Diputados señores Navarro, Ceroni, Ascencio, León, Naranjo y Reyes, sobre incidentes en fuga de colono ex Colonia Dignidad. De los Diputados señores Elizalde, Hamuy, Cardemil, García-Huidobro, Ferrada, Bombal, Bayo, García (don René), Pérez (don Ramón), Galilea, Letelier (don Felipe), León, Jocelyn-Holt, Taladriz, Álvarez-Salamanca, Pizarro, Ascencio, Villegas, Palma (don Joaquín), Latorre y Valcarce, sobre toma ilegal de terrenos en comuna de Huechuraba. De los Diputados señores Alvarado, Longueira, García-Huidobro y Solís, condición que afecta a los habitantes de la Isla Talcán, ubicada en la comuna de Chaitén. Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del Diputado señor Kuschel, acerca del estado de avance de las negociaciones con Alemania. Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Del Diputado señor Kuschel, referente a encuesta nacional del empleo, Décima Región. Del Diputado señor Ulloa, relativo a prohibición de arrastre artesanal sobre merluza común. Del Ministerio de Hacienda. Del Diputado señor Pérez (don Ramón), respecto de obligaciones pendientes de la Caja Central de Ahorros y Préstamos. Del Diputado señor Jürgensen, sobre sistema de difusión adoptado por el Banco del Estado de Chile para el otorgamiento de los préstamos especiales destinados a la pequeña agricultura. De los Diputados señores Ceroni, Jara, Tuma, Barrueto y Urrutia (don Salvador), acerca de negociaciones del Mercosur. Del Ministerio de Educación. Del Diputado señor Jürgensen, respecto de subvención de internados. Del Diputado señor Huenchumilla, referente a situación de Escuela E464 de Temuco. Del Diputado señor Navarro, relativo a Escuela de Colico Alto, comuna de Santa Juana. Del Diputado señor Letelier (don Felipe), sobre creación de establecimiento educacional técnico-profesional en la Región del Biobío. De la Corporación, acerca de saneamiento de aguas de consumo en escuelas del sector rural. Del Ministerio de Justicia. Del Diputado señor Kuschel, respecto de sistemas computacionales para Tribunales de Llanquihue. Del Diputado señor Moreira, referente a balances anuales de la Fundación Orlando Letelier del Solar. Del Diputado señor Huenchumilla, sobre ampliación de programa de asistencia jurídica, Novena Región. Del Diputado señor Villouta, acerca de recursos 94 y 95 de Polla a entidades jurídicas. Del Ministerio de Defensa Nacional. Del Diputado señor Galilea, relativo al término de obras en el Estadio Municipal de Lautaro. De los Diputados señores Melero, Letelier (don Juan Pablo), Navarro, Moreira y Tuma, referente a la calificación de urgencia para proyecto que modifica la ley de control de armas y explosivos, prohibiendo la venta de fuegos artificiales a menores de edad. Del Ministerio de Obras Públicas. De las Diputadas señora Wörner y señorita Saa y Diputados señores Salas, Makluf, Villouta, Ortiz, Navarro, Ceroni, Elizalde y Bayo, sobre programa de reinserción laboral ex mineros de Schwager año 1996, Octava Región. Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, acerca de puente sobre Quebrada Honda, localidad de La Isla, comuna San Clemente, relativo a vía caminera por la ribera norte del río Maule, Séptima Región; referente a agua potable rural en la localidad de Colín, comuna de Maule, Séptima Región. Del Diputado señor Elizalde, respecto de proyecto Costanera Norte, área Metropolitana de Santiago. Del Diputado señor Ribera, relativo a pavimentación de la ruta Carahue-Puerto Saavedra, Novena Región. Del Diputado señor Kuschel, referente a programa de construcción de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, comunas de la Décima Región. Del Diputado señor Pérez (don Ramón), acerca de corredores bioceánicos en la provincia de Iquique, Primera Región. Del Diputado señor Letelier (don Felipe), sobre camino Lajuela-Los Marcos, comuna de Bulnes, Octava Región. Del Diputado señor Jürgensen, respecto de construcción de un puente sobre el río Blanco; acerca del plan piloto de mantención de caminos en la comuna de Los Muermos; sobre corporaciones de desarrollo vial, Décima Región. Del Diputado señor Rodríguez, sobre cierre temporal del túnel Chacabuco; acerca de la construcción de túnel a baja altura Juncal Horcones, Quinta Región. De los Diputados señores Allamand, Girardi, Reyes, Ascencio, Ortiz, relativo al servicio de agua potable empresa Lo Castillo. Del Diputado señor Munizaga, relativo al nuevo estudio del trazado de la variante Puclaro, Cuarta Región. De los Diputados señores Jürgensen y Reyes, referente a caminos de la Décima Región que podrían constituirse en pasos internacionales. Del Diputado señor Alvarado, sobre estado actual del puente Quillaico, comuna de Dalcahue, Décima Región. De la Corporación, acerca del proyecto de ley general de caminos. Respuestas del Ministerio de Obras Públicas a consultas realizadas por los señores parlamentarios y autoridades en general. Del Ministerio de Agricultura. Del Diputado señor Kuschel, referente a proyectos desarrollados en Calbuco, Décima Región; relativo a sequía zona sur; acerca de lluvias artificiales, Décima Región. Del Diputado señor Pérez (don Ramón), sobre problemas Perales Huaviña, Primera Región. Del Diputado señor Jürgensen, respecto de la sequía, Décima Región; relativo a consultores de programas de transferencia tecnológica; referente a centros de acopio; acerca de informe de incendios forestales en la Décima Región; sobre convenio IndapFosis. Del Diputado señor Palma (don Joaquín), respecto del concurso de la ley de fomento al riego y drenaje destinado solamente a proyectos de la provincias Huasco, Elqui y Limarí; sobre proyecto Fida. De los Diputados señores Ceroni, Letelier (don Felipe), Hernández, Ortiz, Pizarro, León, Arancibia y Valcarce, acerca de implementación de nuevas oficinas de Indap en las distintas regiones del país y en especial en la comuna de Longaví, Séptima Región. Del Director de Presupuestos, por el que remite ejecución presupuestaria 1995, de acuerdo a lo señalado en el artículo 25 de la ley Nº 19. 356. I. ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: (105) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Allamand Zavala, Andrés --Arancibia Calderón, Armando --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Aylwin Azócar, Andrés --Balbontín Arteaga, Ignacio --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Caminondo Sáez, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés --De la Maza Maillet, Iván --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Ferrada Valenzuela, Luis Valentín --Fuentealba Vildósola, Renán --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --González Rodríguez, José Luis --Gutiérrez Román, Homero --Hamuy Berr, Mario --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado Ruiz-Tagle, José María --Jara Wolf, Octavio --Jeame Barrueto, Víctor --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Jürgensen Caesar, Harry --Karelovic Vrandecic, Vicente --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longueira Montes, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Makluf Campos, José --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Matthei Fornet, Evelyn --Melero Abaroa, Patricio --Montes Cisternas, Carlos --Morales Morales, Sergio --Moreira Barros, Iván --Munizaga Rodríguez, Eugenio --Muñoz Aburto, Pedro --Naranjo Ortiz, Jaime --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pizarro Soto, Jorge --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokuriça Prokuriça, Baldo --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Solís Cabezas, Valentín --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Ávila, Raúl --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos --Villegas González, Erick --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Wörner Tapia, Martita --Zambrano Opazo, Héctor Asistió, además, el Ministro de Minería Subrogante, señor Sergio Hernández. II. APERTURA DE LA SESIÓN. Se abrió a las 10.30. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El acta de la sesión 46ª se declara aprobada. El acta de la sesión 47ª se encuentra a disposición de los señores Diputados. IV. CUENTA. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE ESVAL. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- La Comisión Investigadora de la situación que afecta a Esval por la paralización de las obras del colector solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 15 días el plazo de que dispone para evacuar su informe, con el objeto de terminar el ciclo de invitaciones que tiene previsto y procesar los antecedentes que ha recibido. Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, sobre esta materia, quiero dar a conocer la opinión de la bancada democratacristiana. En primer lugar, deseamos saber en qué se van a utilizar los 15 días que está pidiendo la Comisión Investigadora. Creemos que debe haber un plan de trabajo detallado así se lo hemos pedido al señor presidente de la Comisión en el día de ayer, sin el cual no estaríamos en condiciones de autorizar la prórroga. El presidente tiene facultades para citar a la Comisión a sesiones extraordinarias no sólo los días martes, miércoles y algunos jueves, sino cualquier día de la semana. En segundo lugar, como es de público conocimiento, la bancada de Diputados democratacristianos hizo una denuncia que está conociendo el Sexto Juzgado del Crimen de Valparaíso y se adhirió a una querella que también presentó el partido Renovación Nacional. Es decir, hay dos instancias judiciales que están conociendo e investigando el asunto relacionado con el colector de Esval. Incluso más, el Sexto Juzgado del Crimen ha citado a declarar a numerosas personas, más que la Comisión propiamente tal, y ha recogido antecedentes que le han permitido conformar hasta el momento un voluminoso sumario. Por consiguiente, si no existiera una debida justificación para pedir esos 15 días, los Diputados democratacristianos no estaríamos en condiciones de dar nuestra aprobación. En consecuencia, solicito que primero se dé a conocer ese plan de trabajo y que la votación se produzca una vez que conozcamos en qué se va a utilizar el tiempo que se está requiriendo. El señor PROKURIÇA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, sobre este punto no corresponde debate, pero para ser equitativo le voy a dar la palabra a fin de que, proporcionalmente, intervenga alguien que tenga una opinión contraria y después tomaremos una decisión. Tiene la palabra el Diputado señor Prokuriça. El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, lamentamos que nunca antes la bancada de la Democracia Cristiana haya pedido estos requisitos para ampliar los plazos de las comisiones investigadoras, en especial porque creemos que éstas deben contar con el tiempo necesario para conseguir el objetivo que se pretende. Tampoco es necesaria la unanimidad de la Sala para ampliar el plazo. Por lo tanto, solicito que se ponga en votación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Muy bien. Entonces, voy a poner en votación la petición de la Comisión Investigadora. El señor FERRADA.- ¿Me permite, señor Presidente? Ahora que se encuentra en la Sala el señor presidente de la comisión investigadora, sería conveniente que, antes de la votación, nos informara sobre las razones por las cuales solicita la ampliación del plazo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El problema es que no puede haber debate sobre la materia, salvo que la Sala lo acuerde. En vista de que el Diputado señor Fuentealba fundamentó su posición, con el acuerdo de la Sala concederé algunos minutos al Diputado señor Ávila para que explique las razones de su petición. Tiene la palabra el Diputado señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, en verdad no es preciso hacer un largo razonamiento para fundamentar la necesidad de prolongar el plazo de trabajo de la comisión. Simplemente deseo señalar que aún faltan testimonios relevantes y necesarios, y el plazo que le queda no posibilita llevar a cabo ese trámite. En consecuencia, solicitamos un margen muy razonable de tiempo para concluir la investigación y, en mi concepto, no deberían existir problemas para acceder a concederlo. De ahí que exhorto a los colegas a votar favorablemente la petición. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación la solicitud de la comisión investigadora para prolongar por 15 días su mandato. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Arancibia, Ávila, Caminondo, Ceroni, Correa, Chadwick, Estévez, Ferrada, García (don René Manuel), García-Huidobro, González, Jürgensen, Karelovic, Leay, Masferrer, Montes, Morales, Moreira, Munizaga, Muñoz, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prokuriça, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Solís, Taladriz, Tohá, Valenzuela, Viera-Gallo y Wörner (doña Martita). Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Balbontín, Cornejo, De la Maza, Elgueta, Fuentealba, Gajardo, Luksic, Makluf, Ortiz, Palma (don Andrés), Seguel, Silva, Venegas y Villegas. Se abstuvieron los Diputados señores: Elizalde, Gutiérrez, Ojeda y Zambrano. V. ORDEN DEL DÍA. MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 1.350, DE 1976, QUE CREÓ LA CORPORACIÓN DEL COBRE DE CHILE. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el Orden del Día corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.350, de 1976, que creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Villegas. Antecedentes: Segundos informes de las Comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda, boletín Nº 120408, sesión 49ª, en 5 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 19 y 20. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se encuentra en la Sala el Ministro de Minería subrogante, señor Sergio Hernández. Solicito el acuerdo de los señores Diputados para que puedan ingresar a la Sala el Vicepresidente de Asuntos Legales de Codelco, señor Waldo Fortín, y el asesor de la Presidencia Ejecutiva, señor Mario Cabezas. Acordado. Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Minería. El señor VILLEGAS.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Minería y Energía de esta honorable Corporación, me corresponde informar, en segundo trámite reglamentario y primero constitucional, el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 1.350, de 1976, que creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Fue iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma” en todos sus trámites. En el estudio del proyecto en su segundo trámite reglamentario, la Comisión contó con la asistencia y colaboración permanentes del Ministro de Minería, don Benjamín Teplizky; del Presidente Ejecutivo de Codelco, don Juan Villarzú; del Vicepresidente de Asuntos Legales de Codelco, don Waldo Fortín, y del Asesor de la Presidencia Ejecutiva de Codelco, don Mario Cabezas. Además participaron, por la Federación de Trabajadores del Cobre, los señores Raimundo Espinoza, presidente; Héctor Fernández, secretario general, y Héctor Olivares, asesor. Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones. En esta situación se encuentran los N°s 5º, 6º, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 permanentes del artículo primero y los artículos 1º, 2º, 3º y 4º transitorios del artículo primero y el artículo segundo del proyecto. Hago presente a la honorable Sala que, por error tipográfico, en la primera página del informe se señala que no fue objeto de modificación ni de indicación el artículo 34, en circunstancias de que debiera decir artículo 24. Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. La Comisión estimó que el proyecto no contiene normas ni de uno ni de otro carácter. Artículos suprimidos. No hay artículos que se encuentren en esa situación. Cabe hacer presente que este proyecto de ley, en el primer informe, fue objeto de un largo y extenso debate en la Comisión de Minería, donde se fueron decantando diversas materias relacionadas con el patrimonio de Codelco, con el régimen cambiario y presupuestario, con el régimen de fiscalización y con el régimen de administración de los directorios de Codelco, tanto en su casa matriz como en sus filiales. En ese sentido, en el segundo trámite reglamentario la Comisión de Minería se abocó al estudio de 24 indicaciones presentadas, 11 de las cuales fueron aprobadas y 13 rechazadas. Respecto de las indicaciones aprobadas, éstas se refieren básicamente a modificaciones del artículo primero, relacionadas con los artículos 1º, 7º, 8º, 9º, 11, 26 y 27. Indicaciones aprobadas. Los Diputados señora Pollarolo y señores Villegas, Valenzuela y Gajardo formularon indicación para sustituir el inciso primero del artículo 1º, con la finalidad de precisar que Codelco Chile es una empresa del Estado, cuyo objeto es realizar actividades mineras, industriales y comerciales. Cabe recordar que en el primer informe, respecto del inciso primero del artículo 1º, no se especificó esta situación. En este sentido, la Comisión tuvo en consideración que la determinación del objeto y carácter de Codelco Chile se encuentran consagrados en el artículo 1º del decreto ley Nº 1.350, de 1976, que se está modificando. Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por mayoría de votos. A su vez, el Ejecutivo formuló indicación para sustituir el inciso tercero del artículo 7º del artículo primero. Tiene como objetivo que los directores de Codelco perciban una remuneración acorde con las que se pagan en las tres empresas con mayor valor bursátil del mercado dedicadas a este rubro, con el objeto de hacer posible que los directores sean de la más alta calidad y eficiencia. En el proyecto de ley se establecía que la remuneración de los directores sería equivalente a la de un ministro de Estado, con todas sus asignaciones. Como es una materia de enorme importancia dentro de las indicaciones aprobadas, señalaré su contenido: “Los directores de Codelco tendrán derecho a una remuneración anual, expresada en unidades de fomento y pagadera en mensualidades iguales, equivalente al promedio aritmético de los pagos que en los últimos tres años hayan percibido anualmente los directores, excluido el presidente del directorio, de las tres sociedades anónimas abiertas con mayor valor bursátil y cuyas acciones sean susceptibles de ser adquiridas por las Administradoras de Fondos de Pensiones. Para determinar este promedio anual, se tomarán en cuenta todas las asignaciones que correspondan a los directores con motivo de su participación en los respectivos directorios. Antes del 30 de marzo de cada año, la Superintendencia de Valores y Seguros efectuará el cálculo de la remuneración de la manera antes indicada e informará al Presidente del directorio sobre el monto resultante, para su aplicación a contar del 1 de abril siguiente. La remuneración de los directores de las filiales será fijada por el directorio de Codelco, por acuerdo fundado.” Esta primera parte de la indicación, básicamente, dice relación con la inquietud surgida tanto en la Comisión de Hacienda como en las demás instancias, inquietud que fue recogida por el Ejecutivo, relacionada con el monto que realmente perciben los directores de Codelco en la actualidad y también con la remuneración que debe corresponder al presidente del directorio, que se establece más adelante, quien percibirá el doble de lo que le corresponde a un director. La segunda parte de la indicación sustituye, en el inciso final, la expresión inicial “El Vicepresidente Ejecutivo” por la frase “Los directores de Codelco, el Vicepresidente Ejecutivo”. Con ello se pretende impedir que estas personas tengan doble remuneración por participar en más de un directorio de Codelco o de sus filiales. Puesta en votación la indicación fue aprobada por mayoría de votos. Por otra parte, la Comisión de Hacienda propone intercalar, en el artículo 8º, un inciso cuarto, pasando a ser quinto el actual cuarto, a fin de establecer la forma cómo se elegirán o definirán los representantes de los trabajadores en el directorio. Básicamente, señala que la Federación de Trabajadores del Cobre o su sucesora y la Federación de Supervisores del Cobre o su sucesora deberán presentar sendas quinas al Presidente de la República para que designe a los directores titular y suplente. En este sentido, se estableció la forma más democrática, que es la elección universal, teniendo derecho a participar en cada una de las elecciones todos los trabajadores afiliados a cada una de las mencionadas organizaciones sindicales. Puesta en votación la indicación fue aprobada por mayoría de votos. Además, la Comisión de Hacienda formuló indicación para reemplazar, en el inciso cuarto del artículo 8º, la expresión “inciso anterior” por “inciso tercero de este artículo”. Es una adecuación del texto, atendida la indicación precedente. Puesta en votación la indicación fue aprobada, sin discusión, por la unanimidad de los Diputados presentes. Asimismo, el Ejecutivo formuló indicación para incorporar, en el artículo 8º, a continuación del inciso quinto, los incisos sexto, séptimo y octavo. Ésta es una de las materias centrales del segundo informe, en atención a que en el proyecto se establecía que el presidente del directorio sería elegido por los directores designados por el Presidente de la República. Dicha elección se realizaba en la primera sesión constitutiva. La indicación presentada por el Ejecutivo establece lo siguiente: “El Presidente de la República nombrará al presidente del directorio de entre los directores de su libre designación, pudiendo removerlo en cualquier tiempo, sin expresión de causa, caso en el cual cesará también en su cargo de director. Producida la vacancia, se reemplazará al director saliente de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, procediéndose a nombrar al nuevo presidente del directorio de acuerdo a lo dispuesto en este inciso.” Como dije, esta materia es de enorme relevancia, por lo cual se abrió un extenso debate al interior de la Comisión, toda vez que algunos señores Diputados formularon sus aprensiones frente a la indicación del Ejecutivo, en el sentido de que podría significar un retroceso respecto de la autonomía real que se le quería entregar a la principal empresa pública del Estado, en atención a que si el presidente del directorio era designado directamente por el Presidente de la República, quizás ello iba a importar un menoscabo o una limitación. Otros señores parlamentarios sostuvieron que, atendida la circunstancia de que la plenitud de las facultades de la junta de accionistas quedan radicadas en el Presidente de la República, con las limitaciones establecidas en el proyecto, significaba una responsabilidad directa del Primer Mandatario en cuanto a designar específicamente a su representante en Codelco. La indicación agrega lo siguiente: “El cargo de presidente del directorio será de tiempo completo y tendrá una remuneración única equivalente al doble de la que corresponde a los directores de conformidad al inciso tercero del artículo anterior.” En atención a la relevancia del cargo de presidente del directorio, a quien además se le amplían sus facultades y se le fija jornada completa, el Ejecutivo dispuso que percibirá el doble de la remuneración que corresponde a cada director, de acuerdo con el inciso tercero del artículo anterior. La indicación agrega: “Sin perjuicio de las facultades que la ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas abiertas, esta ley y los Estatutos de Codelco otorgan al presidente del directorio, a éste le corresponderá la representación de Codelco ante entidades gubernamentales nacionales o extranjeras; organizaciones de productores, comerciales o industriales; organizaciones internacionales, y otras entidades en que Codelco participe o con las cuales se relacione en razón de su naturaleza y fines. El presidente del directorio podrá delegar estas facultades de representación en otros directores o ejecutivos de Codelco.” Respecto de este punto, se debatió en qué consistía básicamente la representación del presidente del directorio, porque en el proyecto se señala claramente que la representación legal de Codelco le corresponde al vicepresidente ejecutivo, el cual es nombrado por el directorio. Ello está consignado en el artículo 10, letra b), inciso segundo, del proyecto en comento. Con posterioridad, se estableció claramente y así lo informaron el Ministro de Minería y los ejecutivos de Codelco que esta representación del presidente del directorio se refería básicamente a sus relaciones nacionales e internacionales en los asuntos propios de su competencia, como contratos, convenciones y otras materias contenidas en el informe. Este cambio significó que la figura del presidente del directorio no quedará como estaba consagrada en el informe anterior, pues ya no será sólo un director más, sino que, como manifesté, tendrá una calidad, una investidura, una responsabilidad y una jornada de trabajo más completa. Como esta materia es de enorme importancia, se solicitó la división de la votación. Puesto en votación el nuevo inciso sexto del artículo 8º, fue aprobado por mayoría de votos. A su vez, la Diputada señora Pollarolo y los Diputados señores Valenzuela, Leay, Viera-Gallo y Villegas formularon indicación para agregar al nuevo inciso séptimo del Ejecutivo, a continuación de las palabras “tiempo completo”, una coma, y la frase “de dedicación exclusiva”. Esta materia también fue largamente debatida en la Comisión. Se señaló claramente que esta indicación podía significar que ninguna persona se interesara en desempeñar este cargo, atendida esta limitación. Se argumentó por algunos señores parlamentarios que la dedicación exclusiva impedía desempeñar este cargo a personas de alto nivel o responsabilidad, dado que las coartaba para ejercer cargos en alguna sociedad o, incluso, para desempeñarse en actividades académicas. Por otra parte, los Diputados patrocinantes de la indicación sostuvieron que el cargo de presidente del directorio de Codelco Chile es de enorme relevancia e importancia, porque significa la conducción o la representación de la principal empresa pública del Estado. En ese sentido, se adujo que si en el proyecto original la remuneración de este director era la que correspondía a un ministro de Estado, más un 50 por ciento, con todas sus asignaciones, en este proyecto se indica claramente que percibirá el doble de lo que tiene derecho cada director, de acuerdo con el promedio de las remuneraciones percibidas por los directores de las tres sociedades más grandes del país, según la determinación de la Superintendencia de Valores y Seguros. Como señalé, incluso los ejecutivos de Codelco Chile sostuvieron que esta materia significaría, probablemente, un entrabamiento en cuanto a la persona que ocuparía un cargo de esa relevancia. Después de un intercambio de posiciones, la Comisión votó el nuevo inciso séptimo del artículo 8º, con la indicación relativa a la dedicación exclusiva, la cual fue aprobada por mayoría de votos. El nuevo inciso octavo del artículo 8º fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. Asimismo, el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir el inciso primero del artículo 9º, en atención a que el artículo 9º original disponía que el directorio tenía que elegir a su presidente en su primera sesión constitutiva. Como he señalado precedentemente, a través de la indicación del Ejecutivo aprobada por la Comisión de Minería, el presidente del directorio será designado directamente por el Presidente de la República. En consecuencia, el actual artículo 9º establece que en la primera sesión constitutiva del directorio se determinará sólo el orden de precedencia para reemplazar a su presidente en caso de ausencia, como la norma anterior. Hay un cambio menor en la primera parte, al señalarse que el directorio podrá sesionar con asistencia de a lo menos cinco de sus miembros, en circunstancias de que el proyecto original establecía que debía sesionar con un quórum de cinco de sus miembros. Es una precisión menor. Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por mayoría de votos. A su vez, la Comisión de Hacienda formuló una indicación para reemplazar el inciso segundo del artículo 11. Esta materia, al igual que la de las quinas presentadas por la Federación de Trabajadores del Cobre y la Federación de Supervisores del Cobre al directorio de la casa matriz, se refiere a los directores titular y suplente que representan a los trabajadores en las respectivas filiales. El procedimiento es el mismo, vale decir, los integrantes de las quinas de cada una de las organizaciones sindicales serán elegidos en votación universal y secreta en la misma forma y modalidad establecida para los directores titular y suplente de la casa matriz. Puesta en votación esta indicación fue aprobada, sin debate, por mayoría de votos. Asimismo, la Comisión de Hacienda formuló una indicación para intercalar en el artículo 26 un inciso cuarto, pasando a ser quinto el actual cuarto. Se refiere a la obligación de Codelco Chile y de cada una de sus filiales de publicar, trimestralmente y con la mayor transparencia, en un diario de circulación nacional, sus balances y estados financieros, realizados de acuerdo con las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas. La segunda parte dice: “La misma información deberá ser presentada dentro del plazo de treinta días, contado desde el vencimiento del trimestre respectivo, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.” El objeto de la indicación es dar mayor transparencia a los balances a través de su publicación en un diario de circulación nacional, de acuerdo con las normas que regulan a todas las sociedades anónimas abiertas. La ley Nº 18.046 será aplicable a la empresa de modo fundamental y la legislación común en forma supletoria. En consecuencia, se manifestó la conveniencia de esta indicación. Sin embargo, respecto de su parte final, relacionada con la información que debería ser presentada a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara, del debate habido en la Comisión de Minería surgieron dos posiciones. Una, señala la conveniencia de la información, y la otra expresa que la Comisión del Senado no tiene facultades fiscalizadoras. Por lo tanto, teniendo presente en forma específica que tal información debería ser publicada en un diario de circulación nacional, por lo que será conocida por todos los habitantes del país, ella perfectamente podría llegar a cada uno de los integrantes de las Comisiones. Además, se argumentó que si se establecía esta obligación, las Comisiones de Hacienda del Congreso deberían verificar la información. En caso de no examinar los balances, la responsabilidad recaería sobre ellas, lo que no corresponde. Puesta en votación la indicación, su primera parte se aprobó por unanimidad, desde la expresión “Sin perjuicio” hasta “Mercado de Valores”. Respecto de la información que debía ser entregada a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara, se acordó, por unanimidad, su rechazo. El Ejecutivo formuló indicación para intercalar, entre los incisos primero y segundo del artículo 27, un inciso segundo nuevo, el cual se refiere a las gratificaciones legales que les corresponde percibir a los trabajadores de Codelco Chile y de sus filiales. Éstas se encuentran regidas por lo dispuesto en el artículo 11 del decreto ley Nº 2.759 y en la letra a) del artículo 5º del decreto ley Nº 2.950, ambos de 1979. La discusión sobre esta indicación surgió por lo que se establece en su última parte: “Para los efectos del pago de dichas gratificaciones se considerará el balance consolidado de Codelco y para determinar la renta líquida de ésta no procederá la deducción de los aportes efectuados de conformidad a la ley Nº 13.196.” El Presidente Ejecutivo de Codelco manifestó que para determinar las gratificaciones legales de Codelco Chile se aplican esos cuerpos legales. Asimismo, señaló que la gratificación legal que corresponde en general a los trabajadores asciende a 4,75 ingresos mínimos mensuales, y los trabajadores de Codelco Chile tienen derecho a percibir 7,92 ingresos mínimos mensuales por esta legislación especial. Además, se consideró el presupuesto consolidado en atención al concepto de las utilidades que corresponden en forma igualitaria y equitativa a todos los trabajadores de la empresa, que está conformando un holding. Se estimó procedente la última parte de la indicación, en el sentido de que para los efectos del cálculo y determinación de la gratificación no se debía considerar la deducción de los aportes que por la ley Nº 13.196 Codelco Chile debe efectuar a las Fuerzas Armadas. Se refiere, en síntesis, al 10 por ciento de las utilidades por las ventas brutas que realiza en el exterior que va en beneficio de las Fuerzas Armadas y que ni siquiera pasa por Codelco Chile, sino que la Tesorería General de la República remite directamente a nombre de las Fuerzas Armadas, en la forma señalada en la disposición legal. Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados de la Comisión. Quiero hacer presente que en esta disposición se acordó facultar al Secretario de la Comisión para sustituir en el inciso segundo del artículo 27, que pasó a ser 3º, en virtud de la indicación aprobada, el guarismo “304” por “384”. Por error tipográfico aparece en el informe “304”, pero debe decir “384”, tal como fue aprobado en la Comisión de Minería. Artículos nuevos introducidos. El Ejecutivo formuló una indicación para incorporar el siguiente artículo 5º transitorio, nuevo: “Artículo...- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial, la Superintendencia de Valores y Seguros proporcionará al presidente del directorio la información a que se refiere el inciso tercero del artículo 7º de esta ley, para los efectos de establecer la remuneración de los directores que integren el primer directorio nombrado en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º.” Es una información necesaria para la determinación de las remuneraciones de los directores y, consecuencialmente, del presidente del directorio. Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por mayoría de votos. Artículos del proyecto que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda. La Comisión acordó enviar a la Comisión mencionada los artículos 7º, 8º y 27. Indicaciones rechazadas. Fueron rechazadas, de acuerdo con lo que se señala en el informe, indicaciones de Diputados de Oposición, de la Comisión de Hacienda y del Ejecutivo. La primera de ellas es al artículo 2º y se refiere al cambio de la naturaleza jurídica de Codelco Chile. Había sido rechazada en la Comisión de Minería en el primer informe y no se consideró en la Sala, pero fue renovada. Se refiere a la transformación de Codelco Chile en una sociedad anónima, con el 70 por ciento de capital de Codelco y el 30 por ciento de capital de Corfo; básicamente, a la división de las acciones. La segunda indicación rechazada era para eliminar, en la letra g) del artículo 3º, la frase “o que sean necesarias o convenientes para la Empresa”. Fue rechazada, sin debate, por mayoría de votos. La tercera indicación sustituía el artículo 4º, relativo a los yacimientos destinados a los planes de reposición de Codelco. Fue rechazada, al igual que en el primer informe. La cuarta indicación rechazada tenía el objeto de reemplazar en el inciso segundo del artículo 8º, la expresión “seis años” por “tres años renovables”. La Comisión de Hacienda formuló indicación para agregar lo siguiente en el inciso tercero del artículo 8º: “La designación de director titular y suplente deberá recaer, en forma rotativa y para cada período sucesivo, en uno de los integrantes de las quinas mencionadas anteriormente.” Fue rechazada por la Comisión. Otra indicación rechazada se refería a la remuneración del director suplente: “En dicho caso, percibirá la remuneración correspondiente al 10 por ciento del sueldo del director titular, la que deberá ser descontada a éste.” La Comisión de Hacienda formuló indicación para agregar, en la letra d) del inciso primero del artículo 11, la siguiente oración: “La condición de titular o de suplente, para cada período sucesivo, recaerá en forma rotativa en los integrantes de las quinas antes mencionadas.” Fue rechazada, sin debate, por mayoría de votos. Algunos señores parlamentarios formularon indicación para agregar el siguiente artículo 25 bis: “Para los efectos de las responsabilidades civiles y penales, los trabajadores de Codelco y de sus filiales serán considerados como funcionarios públicos, afectándoles para dichos efectos las normas que se les aplican a quienes se desempeñan en funciones públicas o que sean calificados como equivalentes a ellos”. Puesta en votación la indicación fue rechazada por mayoría de votos. Se formuló una indicación parlamentaria en el siguiente sentido: “Codelco Chile y sus filiales quedarán sometidas a la fiscalización directa de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia de Valores y Seguros”. Como esta materia fue largamente debatida en el primer informe, lo que consta en la historia fidedigna de la tramitación del proyecto, la indicación fue rechazada por mayoría de votos. Otra indicación presentada decía: “Las empresas, sociedades, y organismos a que se refiere esta ley que tengan participación mayoritaria estatal o de sus organismos deberán tener unidades de control interno, encargadas de su fiscalización, las que serán responsables de proporcionar toda la información que requiera a la Cámara de Diputados para el cumplimiento de sus cometidos.” Por los antecedentes señalados respecto del tema de la fiscalización, que fue ampliamente debatido, esta indicación fue rechazada por mayoría de votos. El Ejecutivo formuló una para sustituir el inciso final del artículo 26 por el siguiente: “La Superintendencia de Valores y Seguros ejercerá la fiscalización de Codelco y de sus filiales, con las facultades y atribuciones que le corresponden respecto de las sociedades anónimas abiertas, a fin de que éstas o sus filiales proporcionen al público la misma información a que están obligadas aquéllas”. Después de un debate extenso sobre esta materia, la indicación se rechazó sin más trámite por mayoría de votos. Algunos señores parlamentarios presentaron una indicación referida a la responsabilidad penal de los funcionarios que presten servicios en las empresas, sociedades y organismos a que se refiere esta ley. Puesta en votación, fue rechazada por mayoría de votos. Otra indicación parlamentaria decía: “Codelco Chile y sus filiales quedarán sujetas a la fiscalización, control y vigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros, de conformidad a las normas pertinentes de la ley Nº 18.046 y del decreto ley Nº 3.538, de 1980”. “Asimismo, la Contraloría General de la República podrá solicitar todos los antecedentes que requiera para las investigaciones que realice, sean éstas de carácter permanente o esporádico, pudiendo también ejercer funciones de fiscalización, control y vigilancia sobre la matriz o las filiales respectivas”. Como el tema ya estaba resuelto en una norma anterior aprobada por la Comisión, sólo se puso en votación el inciso segundo. En este punto se argumentó largamente sobre la exposición de los representantes de la Contraloría General de la República en el debate suscitado en el primer informe, y se dejó claramente establecido que la Contraloría General de la República ejerce fiscalización sobre Codelco Chile a través de Cochilco y sólo en casos calificados, tiene facultades para actuar directamente. Puesta en votación, también fue rechazada la segunda parte de la indicación. En representación de la Comisión de Minería y Energía, deseo agradecer al señor Ministro de Minería, a los señores Juan Villarzú, Waldo Fortín, Mario Cabezas y a los demás funcionarios del Ministerio de Minería, conjuntamente con el Ministro de Minería subrogante, señor Sergio Hernández, por la permanente presencia y colaboración que se tuvo a lo largo del período de discusión de todo el proyecto. Fue muy rico para la Comisión contar con la colaboración de estos personeros de Gobierno, quienes nos ilustraron sobre la orientación que el Ejecutivo quería imprimir a esta iniciativa. Tanto es así, que si consideramos el proyecto original que envió el Ejecutivo en 1994 con el que hoy se entrega en el segundo informe, indudablemente veremos que este último contiene normas sustanciales que van a permitir que Codelco Chile sea la principal empresa pública del país: eficiente, moderna, descentralizada, con responsabilidades de los directores claramente definidas y con un grado de participación, incluso de los trabajadores, en lo que significa el directorio de la casa matriz con las filiales que, indudablemente, responden a un interés histórico y a la alianza estratégica que tiene Codelco Chile con sus trabajadores. En tal sentido, quiero hacer resaltar la colaboración prestada por los parlamentarios integrantes de la Comisión, tanto de Gobierno como de Oposición, para que el segundo informe pudiera ser emitido independientemente de las diferencias de opinión y de aspectos conceptuales sobre el fondo del proyecto. Ello constituirá un gran aporte para la modernización de la principal empresa pública del país: Codelco Chile. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Armando Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda analizó los artículos 7º, 8º y 27 que la Comisión técnica acordó someter a su conocimiento. Asimismo, acordó incorporar a su estudio los artículos 11 y 26, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del Reglamento de la Corporación. El artículo 7º se refiere fundamentalmente a los mecanismos para determinar las remuneraciones del directorio de Codelco. Además, extiende algunas incompatibilidades de remuneración que afectaban sólo al Vicepresidente Ejecutivo, a los directores de la Corporación del Cobre, respecto de su participación en las filiales. La Comisión recibió los antecedentes respecto de aquellas empresas principales con mayor valor bursátil y cuyas acciones sean susceptibles de ser adquiridas por las Administradoras de Fondos de Pensiones que, de acuerdo con la información de 1994 porque la correspondiente al año pasado aún no ha sido publicada son Copec, Endesa y Compañía de Teléfonos de Chile, determinando una remuneración para los directores del orden de los dos millones de pesos bruto y del doble para el presidente. La Comisión estimó acertada la indicación del Ejecutivo. Además, manifestó su preocupación por considerar que esta suma no se considera del todo adecuada, atendiendo el tipo, nivel y dedicación de directores que requiere la más importante empresa de nuestro país. Puesta en votación la indicación fue aprobada por unanimidad. En el artículo 8º la Comisión técnica acogió una indicación del Ejecutivo que incorpora tres nuevos incisos. Por el primero, se determina el nombramiento del presidente ejecutivo del directorio por el Presidente de la República. Por el segundo, se establece que el cargo será de tiempo completo y de dedicación exclusiva y tendrá una remuneración única equivalente al doble de la que corresponde a los directores. Por el tercero, se regula la facultad de representación del presidente del directorio. Esta disposición fue sometida a un extenso debate. A instancias de los Diputados señores Andrés Palma y del que habla, se presentó una indicación para reafirmar un criterio, ya establecido anteriormente por la Comisión de Hacienda, respecto de los representantes de los trabajadores y de los supervisores en el directorio. En este sentido, se propuso que en la designación de director titular y suplente de estos dos estamentos se alternará en la titularidad cada tres años. Es decir, habrá una rotación cada tres años entre el representante de la Federación de Trabajadores del Cobre y el representante de la Federación de Supervisores o quien sea su sucesor legal. Por otra parte, la Comisión debatió extensamente la conveniencia de exigir dedicación exclusiva al presidente del directorio, ya que si bien es fundamental que el directorio, y sobre todo su presidente, haga del quehacer en Codelco su gestión principal, dedicando gran parte de su tiempo a ello, no se le puede exigir exclusividad, porque significaría limitar la participación de profesionales, de técnicos o de un ejecutivo de alto nivel, al obligarlos a renunciar a actividades como las docentes. Por lo tanto, se acordó, por unanimidad, suprimir la referencia a la exigencia de dedicación exclusiva del presidente del directorio, incorporada a través de una indicación presentada por la Diputada señora Rebolledo y los Diputados señores Jürgensen, Kuschel, Montes, Palma, don Andrés; Sota y por quien habla. Respecto de la rotación en la titularidad entre el representante de los trabajadores y el de los supervisores, por unanimidad se acordó reponerla para las filiales de Codelco. Se insistió en el criterio de que también en las filiales de Codelco se produjera una rotación anual en la titularidad entre el representante de los trabajadores y de los supervisores, en la forma allí indicada. En el artículo 26 la Comisión técnica aprobó sólo una parte de la indicación que propuso en su primer informe la de Hacienda. Ésta acordó insistir en que Codelco no sólo debe publicar trimestralmente en un diario de circulación nacional los balances y estados financieros, sino en que dicha información debe ser proporcionada a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, porque, además de considerarse una medida sana para que estos poderes estén informados de la actividad de una empresa fundamental de nuestro país, se mantiene el cumplimiento de una normativa general que existe en nuestra legislación respecto de las empresas del Estado. El artículo 27 contiene dos elementos: uno, que establece que se aplicará a la determinación de las gratificaciones de los trabajadores de Codelco la normativa especial contenida en dos decretos leyes dictados en 1979, que establece que a los trabajadores de Codelco se les pagará una gratificación que a lo menos representa el 30 por ciento de las utilidades, con un máximo de 7,92 ingresos mínimos, lo que está por encima de la norma general de la legislación laboral. La Comisión aprobó, por unanimidad, la primera parte de esta indicación. Sin embargo, en lo que concierne al resto de esta nueva norma introducida por la indicación, la Comisión manifestó dos diferencias: Se introdujo una indicación por la Diputada señora Rebolledo y los Diputados señores Jürgensen y Palma, don Andrés, en orden a suprimir la determinación de las gratificaciones en relación con el balance consolidado de Codelco y sus filiales. Es decir, se plantea que las gratificaciones se paguen a los trabajadores de las filiales en función de su respectivo nivel de utilidades y no del conglomerado. En segundo lugar, se suprime la determinación de la renta líquida. Es decir, se suprime la deducción de los aportes efectuados por la ley Nº 13.196, reservada para las Fuerzas Armadas. Esta indicación que reitero suprime o modifica el criterio aprobado por la Comisión técnica de calcular las gratificaciones de acuerdo con el balance consolidado del conjunto de Codelco y sus filiales y que elimina la deducción de la ley reservada para determinadas gratificaciones, fue aprobada por cuatro votos a favor y dos en contra. Respecto de esta última modificación, vale la pena recalcar que los representantes de la Corporación del Cobre y del Ejecutivo insistieron en que, en primer lugar, ésta era una norma de carácter general que se hallaba establecida en acuerdo con los trabajadores; que esto resguardaba un derecho y una norma que venía aplicándose en la práctica, de mantener y preservar los derechos a gratificación que los trabajadores del cobre tienen y, en segundo lugar, que no parece justo deducir para los cálculos de las gratificaciones los gastos o la erogación que para Codelco significa el aporte de la ley Nº 13.196, cuando además existe un criterio como fue expresado por algunos señores miembros de la Comisión de que esta normativa debería modificarse. Por lo tanto, no tiene sentido reafirmar su vigencia por la vía de deducir el aporte de la ley reservada en el cálculo de las gratificaciones. Es cuanto puedo informar. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, en el artículo 27 Su Señoría señaló que para los efectos de determinar la renta líquida no procederá la deducción de los aportes que establece la ley N° 13.196, lo que implicaría un mayor gasto. ¿Dicha norma corresponde a una moción parlamentaria? El señor ARANCIBIA.- Efectivamente, fue una indicación de la Diputada señora Rebolledo y de los Diputados señores Jürgensen y Andrés Palma. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Luego veremos la admisibilidad de dicha indicación. Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los artículos 5º, 6º, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 permanentes del artículo primero, y los artículos 1º, 2º, 3º y 4º transitorios, también del artículo primero, y el artículo segundo. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, ¿me permite? El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, para la debida comprensión de la modificación introducida al artículo 27, debo señalar que no implica mayor gasto, sino menor, por cuanto, eventualmente, se reduce el monto de la gratificación. O sea, se hace una deducción que antes no se efectuaba. Según esta indicación, a diferencia de la normativa propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Comisión técnica, previamente habría que deducir los aportes de la ley Nº 13.196 para determinar las utilidades y el monto de la gratificación. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Para opinar sobre este punto, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, la indicación que presentamos con el Diputado señor Jürgensen y la Diputada señora Rebolledo no se refiere a la deducción de los aportes de la ley Nº 13.196, incluida en el mensaje del Ejecutivo, sino a que no se considere el balance consolidado para el cálculo de las gratificaciones que deban pagar según la normativa vigente las empresas en las cuales se va a transformar Codelco. Para tal efecto, deberán basarse en sus propios balances. El mensaje del Ejecutivo y la norma aprobada por la Comisión de Minería, señala: “Para los efectos del pago de dichas gratificaciones se considerará el balance consolidado de Codelco y para determinar la renta líquida de ésta no procederá la deducción de los aportes efectuados de conformidad a la ley Nº 13.196.” La indicación acogida por la Comisión de Hacienda dispone que para los efectos del pago de dichas gratificaciones se considerará el balance consolidado de Codelco, pero no introduce modificación respecto de la determinación de la renta líquida. Por lo tanto, es un problema de distribución de recursos para el cálculo de las gratificaciones, pero no tiene incidencia en el gasto de la empresa. He dicho. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, tiene toda la razón el Diputado señor Palma. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En cualquier caso, me parece que si bien no afecta el gasto de la empresa, incide en las remuneraciones del personal, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según el número 4º del artículo 62 de la Constitución, que dice: “Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepíos, en su caso, de la administración pública y demás organismos anteriormente señalados,...”. La disposición es clara y haría inadmisible esta indicación. Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, si bien coincido con la Mesa en que sería inadmisible si propusiéramos innovar sobre el punto, hay que tener presente que es el Ejecutivo quien nos propone un sistema que podemos aceptar o rechazar que la Comisión de Hacienda ha rechazado. Al respecto, el texto aprobado por la Comisión de Minería expresa : “Las gratificaciones legales de los trabajadores de Codelco Chile y de sus filiales se regirán por lo dispuesto en el artículo 11 del decreto ley Nº 2.759 y en la letra e) del artículo 5º del decreto ley Nº 2.950, ambos de 1979.” Es decir, por las normas aplicables a las sociedades anónimas y, en general, a las empresas. Eso es lo que el Ejecutivo plantea sobre el otorgamiento de las gratificaciones. Pero, además, nos propone innovar en cuanto a que se considere el balance consolidado y no el de cada empresa. En esto podemos estar o no de acuerdo. Lo estamos en que las gratificaciones se determinen en conformidad con lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas y en las leyes laborales existentes; pero no en considerar el balance consolidado de Codelco. Esa es una idea diferente de la primera, que podemos aceptar o rechazar. En consecuencia, solicito que no se declare la inadmisibilidad de la indicación y debatir el tema cuando se discuta el artículo 27. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Vamos a avanzar en el despacho del proyecto, mientras la Mesa estudia la admisibilidad de la indicación. Ofrezco la palabra sobre el artículo 1º. Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, la modificación aprobada en la Comisión, como bien lo establece el informe, es nada más que una precisión de lo ya aprobado por la Sala en cuanto a la naturaleza jurídica de la empresa. Por lo tanto, no debería haber mayor objeción de quienes aprobaron la indicación. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, es correcto lo señalado por el Diputado señor Viera-Gallo. Se trata de una precisión, pero muy redundante, ya que nuestra Constitución Política, en sus artículos transitorios, establece claramente que los yacimientos y pertenencias de Codelco Chile son del Estado. Por lo tanto, es una redundancia mencionar este punto en su ley orgánica. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villegas. El señor VILLEGAS.- Señor Presidente, cuando la Comisión de Minería debatió este tema tuvo especial consideración que se trataba de un punto básico de la nueva ley orgánica de Codelco Chile y que, en definitiva, era absolutamente necesario e imprescindible especificar y puntualizar su real naturaleza y, como consecuencia de ello, las actividades que puede realizar. Por ese motivo precisó que Codelco Chile es una empresa del Estado, industrial, comercial y minera. En ese sentido, la Comisión estimó correcta la definición que se hacía de Codelco Chile sobre esta materia en el artículo 1º del decreto ley Nº 1.350, de 1976, que estableció su naturaleza en los mismos términos que he señalado. No basta que se precise este punto en la Constitución Política, sino que debe, además, estar expresamente señalado en su ley orgánica, con el objeto de que no quepa ninguna duda al respecto. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo. La señora POLLAROLO.- Señor Presidente, en la misma línea de pensamiento del Diputado señor Villegas, quiero señalar que se trata de una precisión que no es menor y que tiene todo un significado. En la discusión de esta iniciativa la Derecha ha planteado permanentemente la necesidad de privatizar Codelco, descalificando lo que es una empresa del Estado. El tema de la privatización de Codelco ha estado en el debate en forma tácita o explícita. Todos hemos sido observadores de las actuaciones de los grandes intereses económicos que, naturalmente, dentro de su lógica, quieren acceder a uno de los mejores negocios que hoy existen en el mundo. Se trata insisto de una precisión necesaria por muchas razones, y, aunque constituya una redundancia, en este caso ella adquiere su más pleno valor. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, para complementar lo expresado por el Diputado señor Leay, quiero señalar que en la parte final del inciso primero del artículo 1º se señala expresamente que su principal objeto será ejercido “en conformidad con la disposición tercera transitoria de la Constitución Política de la República.” Es decir, lo señalado por el proyecto de ley no está en contradicción con la Carta Fundamental, sino, por el contrario, la complementa. Por otra parte, el hecho de que se precise su carácter de empresa minera, industrial y comercial, entrega la amplitud necesaria para que la Corporación, sin perjuicio de pertenecer al Estado, negocie tanto con empresas estatales internacionales como privadas. Por lo anteriormente señalado, aprobaremos la disposición propuesta. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, discutimos un proyecto relativo a la empresa estatal más importante del país, que continúa siendo líder en el mundo, de lo cual los chilenos nos sentimos orgullosos. Los Diputados de Renovación Nacional hemos sido reiterativos en defender y en esto contradiré a la Diputada señora Pollarolo el carácter de propiedad estatal de esta empresa. Ahora lo señalaré en esta Sala: vamos a defender la propiedad de Codelco Chile como patrimonio del Estado. Lo que nos interesa particularmente es su gestión. Ella se avala con la formación de sociedades anónimas, autónomas, para que tengan la posibilidad de tomar sus propias decisiones, y, así, darles la gran oportunidad de competir con las empresas privadas de la gran minería del cobre. Por eso, hemos calificado a este proyecto como una iniciativa híbrida, porque señala que la empresa funcionará como una sociedad anónima, sin serlo. Por tal motivo, en relación con el artículo 1º, cuyo tema hemos discutido largamente en el país, queremos decirle a Chile que Renovación Nacional defenderá a Codelco como empresa del Estado, pero seguirá luchando por que tenga la gran oportunidad de poder competir, y no dejarla con las manos amarradas, como ha ocurrido hasta el momento, en que sus decisiones para los grandes proyectos a que tiene que abocarse dependen de determinaciones políticas del gobierno de turno. Por eso, reiteramos nuestra decisión de seguir luchando por la formación de sociedades anónimas y esperamos que en el Senado se haga esta corrección. Pero, insisto, ante las opiniones de la Concertación y de la Diputada señora Pollarolo en esta oportunidad, que no existen afanes dogmáticos por privatizar a Codelco Chile. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, me alegro de que el colega Vilches haya planteado, no sólo la defensa de la calidad estatal de la empresa, sino también el tema de la sociedad anónima, que hemos rechazado, porque tememos que, por la vía de las resoluciones judiciales interpretativas de la ley, lo que nace como sociedad anónima se transforme después, de hecho, en una privatización. Podríamos aceptar una sociedad anónima como se estableció en una ley dictada en el período anterior, pero en este caso creemos que se corre el riesgo de que, al decir los tribunales que las sociedades anónimas se caracterizan por ser de capitales y, por tanto, pueden transferirlo como elemento de su esencia, de la noche a la mañana una sociedad anónima puede transformarse, vender de a poco sus acciones, obligar al Estado, primero, a retener un paquete accionario menor y, finalmente, a la venta total. Por eso, queremos reafirmar no sólo el carácter estatal de la empresa, sino también el hecho de que podrá actuar como sociedad anónima sin serlo, para evitar repito la interpretación judicial, incluso del Tribunal Constitucional, que podría, de hecho, privatizarla, contraviniendo el espíritu del legislador. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Minería subrogante. El señor HERNÁNDEZ (Ministro de Minería subrogante).- Señor Presidente, para el Gobierno es importante que el artículo 1º contenga todos los elementos esenciales de la definición de la empresa y de su naturaleza jurídica. No es irrelevante que en el artículo que encabeza el proyecto aparezca con precisión terminológica la naturaleza jurídica de la empresa en cuanto a que es del Estado. Ése es el título rector, criterio que no ha sido discutido por la bancada de Renovación Nacional y es un hecho que el Gobierno reconoce desde los primeros debates en el seno de la Comisión de Minería. Sin embargo, quiere dejar constancia de que no es opinión unánime de la Oposición. Ha habido señores Diputados que en la Comisión de Minería han opinado con claridad que Codelco debe ser una empresa privatizada. Al respecto, es válido lo expuesto por la Diputada señora Pollarolo en cuanto al temor de que pudieran existir interpretaciones posteriores de la ley. No debe quedar lugar a dudas de que Codelco es una empresa del Estado, y ése es un elemento esencial de la estructura de la naturaleza jurídica de la empresa, contenido en el artículo 1º del proyecto. Otro de los elementos esenciales de la definición y de la naturaleza jurídica de la empresa figura en el inciso segundo del artículo 1º, en el cual se establece que la Corporación del Cobre y sus filiales se regirán por las disposiciones de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas. El hecho de que por el proyecto se cree una empresa del Estado que no posea la naturaleza jurídica de una sociedad anónima, pero que se rija por sus normas, tiene una importancia capital. ¿Qué nos interesa? ¿Que la sociedad tenga el nombre de anónima o que se rija por el estatuto jurídico integral que permite a las sociedades anónimas ser plenamente flexibles en su operación? Sin duda, es lo segundo: el contenido y no la denominación. Además, ¿por qué creemos que la denominación no es sólo eso, sino que podría generar dificultades en contradicción con el inciso primero, que la declara empresa del Estado? Porque, si bien es posible establecer normas que impidan la enajenación de las acciones en el texto mismo de la ley, nos parece sumamente dudoso que esas disposiciones permanezcan incólumes ante dificultades de interpretación constitucional. Me explico. A nuestro juicio, una interpretación posible es considerar que cuando una sociedad anónima tiene su capital dividido en acciones, su enajenabilidad, transferibilidad y transmisibilidad son de la esencia de su acción. Recuerdo que durante la discusión de la ley Nº 18.046 en las comisiones legislativas del gobierno militar, el tema sobre la posibilidad de limitar la cesión de las acciones a ciertos pactos entre accionistas dirigió el debate de la modernización de las empresas anónimas en ese entonces, y se dispuso que no era posible que la ley limitara hasta lo absoluto e impidiera su enajenación, porque la enajenabilidad es de la esencia de la acción. En consecuencia, esa ley no pudo sino permitir pactos que limitan la cesibilidad de las acciones, pero que por ningún motivo la impiden, porque podía ser declarada en contra de la esencia de la sociedad anónima y, por lo tanto, desvirtuar su naturaleza jurídica. Con la misma fuerza, creemos que si se establece una norma que impida la enajenación de las acciones para llegar a un consenso en cuanto a que Codelco y sus filiales sean efectivamente sociedades anónimas, podría haber dificultades de interpretación sumamente serias. De manera que el Gobierno propone que el artículo 1º contenga como lo sugiere la Comisión de Minería en su segundo informelos elementos integrales de la naturaleza jurídica de la empresa, en el sentido de reconocer que es del Estado no hay por qué evitarlo y entregarle toda la normativa vigente de las sociedades anónimas, sin estructurarla como tal, por el peligro de interpretación que haría incoherente la relación entre los incisos primero y segundo del artículo 1º. Gracias, señor Presidente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, el señor Subsecretario y Ministro de Minería subrogante ha tocado parte de la intervención que iba a efectuar, pero creo que, en esta materia, lo que abunda no daña. En el artículo 1º queremos reafirmar realmente la propiedad estatal de Codelco y evitar con ello su potencial o probable privatización. Las razones que nos inspiran son fundamentalmente las siguientes: En primer lugar, hubo consenso de parte de las federaciones de trabajadores del cobre, de los sindicatos y de numerosos invitados que asistieron a la Comisión con algunas excepciones en que Codelco debía mantenerse como propiedad del Estado. Precisamente, los Diputados de la Concertación hemos compartido esa aspiración y tratado de materializarla en la redacción del artículo 1º. Eso no impide, en ningún caso y bajo ningún pretexto, que la empresa pueda ser eficiente, productiva, que mejore sus índices de productividad y baje sus costos de operación. Creemos que con el esquema que hemos ideado y formulado, pionero en materia de empresas públicas, en cuanto a cómo conformar la empresa Codelco Chile en el futuro, lograremos los objetivos que estamos señalando. En segundo lugar, la otra razón para mantener la empresa en poder del Estado es porque constituye una de las principales fuentes de financiamiento del poder estatal y, por ende, de todos los programas que de ahí deriven. Creemos que la contribución de Codelco al financiamiento del Estado no sería igual o similar si la empresa estuviera en manos privadas. Por último, el hecho de mantener la propiedad estatal, no impedirá que se lleve a cabo el proyecto de modernización de Codelco, el cual ha sido conocido exhaustivamente por los miembros de la Comisión de Minería. Creo que ese hecho no impide, desde ningún punto de vista repito, los niveles de eficiencia y de productividad que pretendemos que alcance, al igual que otras empresas públicas, situación que será discutida en su oportunidad por el Congreso Nacional. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, me impresiona la habilidad de la Concertación para distraernos del tema en estudio. En verdad, la modificación a la ley orgánica de Codelco en nada dice relación con la privatización de la empresa, por cuanto estamos dando una orgánica distinta a su ordenamiento y administración. Dentro de ese contexto, presentamos un proyecto, alternativo al del Ejecutivo que dice relación con una orgánica distinta para Codelco, cual es la conformación de sociedades anónimas estatales que, a nuestro juicio, le permiten mayor flexibilidad, evitar su exceso de centralismo y, fundamentalmente, darle la transparencia que necesita una empresa pública de esta naturaleza y envergadura. Tenemos el mismo interés de la Concertación y creo que todos los chilenos en que ésta sea una empresa eficiente, que efectivamente combata el deterioro que su productividad ha sufrido en los últimos años y que, en definitiva, entregue al Gobierno los recursos necesarios para que éste pueda efectivamente hacer una distribución equitativa en sus programas sociales. Entonces, aquí nunca ha estado en discusión la propiedad de la empresa, sino cuál es la mejor organización o estructura para combatir el deterioro que el propio Ejecutivo hace mención en su mensaje. Por lo tanto, lo planteado por la Diputada señora Pollarolo son cosas que debiéramos discutir si el día de mañana estudiáramos verdaderamente una modificación a la Constitución Política. Ése sería el tema de fondo. Como hoy no está en debate, debiéramos referirnos exclusivamente al contenido del articulado. También es importante señalar que la disposición tercera transitoria de la Constitución Política de la República a que hace mención el artículo 1ºestablece que los actuales yacimientos de Codelco que fueron nacionalizados son de propiedad del Estado. Por lo tanto, Codelco Chile es una empresa pública y está de más colocar ese elemento en su ley orgánica, porque ya se encuentra establecido en la ley matriz del país. A eso he hecho referencia y nada dice relación con su privatización. Aquí también se indicó que crear una sociedad anónima estatal puede inducir a que el Tribunal Constitucional u otras instituciones del país puedan entender que se pueda privatizar. Ése es un error tremendo, porque hoy la única manera de enajenar parte o la totalidad de Codelco es mediante una modificación de la Constitución Política de la República. Lo demás son fantasmas que persiguen a la Concertación. Pero aquí no hay que trabajar sobre la base de fantasmas, sino basados en la legalidad establecida en nuestra Constitución Política. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, pensé que este tema no sería discutido, puesto que advertí que sólo se trataba de una precisión; sin embargo, ha abierto un debate en el cual los fantasmas de la Oposición han vuelto con mucha fuerza. ¿Cuál es el núcleo de la discusión en este momento? En primer lugar, en el país hay un debate pendiente acerca de si Codelco debe ser estatal o privada independientemente de lo que diga la Constitución, y muchos personeros de la Derecha me atrevería a decir que la mayoría, a pesar de lo que manifestó el Diputado señor Vilches son partidarios de privatizarla o, al menos, de asociar el capital privado a su gestión pública. Basta leer la prensa para ver lo que han dicho los Senadores Ignacio Pérez, Sebastián Piñera y tantos otros. Incluso, me atrevería a decir que un eventual informe del Instituto Libertad y Desarrollo al respecto, los editoriales de “El Mercurio” o cualquier otro personero económico o político de la Derecha, serían partidarios si pudiera hacerse de privatizar Codelco y de modificar la Constitución. Pero el Diputado señor Leay es realista y dice que eso no es posible. Entonces, partiendo de la base de que esto no se puede hacer, ¿en qué se ha centrado la discusión? Primero, en que todos hemos aceptado, unos con entusiasmo, otros diríamos a regañadientes, que la empresa es estatal. Segundo, en que el inciso segundo del artículo 1º establece que, a pesar de ser estatal, Codelco se regirá por las normas de la ley de sociedades anónimas, como muy bien lo dijo el Ministro subrogante. Es decir, le damos la mayor flexibilidad posible a la empresa para que pueda competir en el mercado. ¿Qué quiere la Oposición? Que, siendo estatal, sea en sí misma sociedad anónima. ¿Con qué objetivo? Creo que es muy simple: que el día de mañana los dueños de la empresa puedan enajenar una parte de ella. El señor LEAY.- ¡No pueden hacerlo! El señor VIERA-GALLO.- Pueden hacerlo, por una razón muy simple. Lo que la Constitución establece como propiedad estatal no es la empresa Codelco propiamente tal, sino los yacimientos nacionalizados. Por lo tanto tal como ocurre en el caso de Tocopilla, podrían perfectamente enajenar parte de su patrimonio y vender cierta cantidad de sus acciones, como ha ocurrido con otras empresas públicas que funcionan como sociedades anónimas. Este debate, que para la opinión pública puede parecer muy hermético entre quienes quieren que a pesar de ser estatal la empresa funcione como sociedad anónima, y quienes desean que no obstante ser estatal sea derechamente sociedad anónima, en verdad, esconde una discrepancia de fondo entre la Derecha y la Concertación, esto es, si debe haber o no capitales privados en Codelco Chile. Por eso, es mejor que las cosas se digan por su nombre. Sé que el Diputado señor Vilches no es partidario de que existan capitales privados en Codelco. Sin embargo, hay muchos parlamentarios de la Oposición que sí lo son, tal como lo manifestaron reiteradamente en la Comisión. Ahora, en el caso de la Concertación, la inmensa mayoría de sus parlamentarios y dirigentes son partidarios de que Codelco siga siendo íntegramente estatal. Y digo la inmensa mayoría, porque algunos de sus parlamentarios han sido partidarios de que exista algún tipo de asociación de las AFP en el paquete accionario de Codelco. Por lo tanto, no se trata de un debate absoluta y definitivamente clausurado, y estoy cierto de que el tema se replanteará en el Senado. Lo que aquí se ha configurado es una mayoría muy amplia de la Concertación que es partidaria de mantener a esta empresa como estatal, pero que funcione como sociedad anónima sin serlo. ¿Para qué? Para que el propietario no pueda vender parte de sus acciones. ¿Cuál será el debate en el Senado al respecto? Hoy no podemos preverlo. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo. La señora POLLAROLO.- Señor Presidente, que el deseo de la Derecha de privatizar Codelco ha estado presente en este debate es algo que no se puede discutir. Por lo demás, ya lo hemos leído reiteradamente en la prensa y escuchado en la Comisión. Es una realidad. De manera que, en primer lugar, me sorprende que lo que dije haya causado esta reacción. En segundo lugar, luego de las expresiones del Diputado señor Vilches, ojalá que a estas alturas ellas no hayan quedado sólo como un deseo irrealizable. Pero la verdad es que frente a la oposición de algunos Diputados a la modificación del artículo 1º, se tiene el pleno derecho a pensar que no es un fantasma y que el tema de la privatización está presente. Por lo tanto, es perfectamente válido dar un argumento más para hacer esta precisión en el proyecto. Ha sido nuestro razonamiento, creo que tiene bastante lógica y no tiene por qué provocar tanto escándalo, por lo menos por parte de Renovación Nacional. Espero que las expresiones del Diputado señor Vilches no sean sólo personales y, ojalá, haya convencido a Senadores como el señor Pérez Walker y otros de que la privatización es un deseo irrealizable que debe postergarse en el tiempo. En ese caso, seamos coherentes y modifiquemos el artículo 1º; no hay ninguna razón para no hacerlo. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, en este tema es importante hablar con claridad. Por lo menos, yo me cuento entre los parlamentarios partidarios de la privatización de Codelco. En ese sentido, presenté las indicaciones correspondientes en la Comisión de Hacienda. En relación con el artículo 1º quiero aclarar varios conceptos. En verdad, aquí ha habido un debate, originado especialmente por los Diputados de la Concertación, que son absolutamente enemigos de la privatización de Codelco; sin embargo, no se han dado cuenta de que ya privatizaron gran parte de Codelco cuando aprobaron la ley que permitió su asociación con terceros. Digo esto por una razón muy simple: porque hasta ese momento prácticamente todas las pertenencias mineras el 40 ó 50 por ciento eran de Codelco, y sólo ella podía desarrollarlas; pero a partir de la aprobación de dicha ley tengo entendido que en 1992en términos relativos, hoy Codelco tiene mucha menos importancia. Es decir, ha perdido importancia en relación con el sector privado. De manera que lo único estatal que queda de Codelco son los yacimientos de reposición, que deben especificarse mediante iniciativa del Ejecutivo. En estos casos no se permite la asociación con terceros; pero en los restantes sí. Por lo tanto, en los hechos, sin darnos cuenta y con la aprobación de la Concertación, se está permitiendo privatizar toda la gran minería del cobre, porque al hablar de Codelco estamos hablando de ella. Ahora, respecto del tema de la Derecha y las privatizaciones, no sólo algunos parlamentarios han sido partidarios de privatizarla para fines específicos por ejemplo, para el fondo de la educación; la propia Comisión Brunner formula dentro de sus propuestas la privatización de Codelco para dar con esos fondos un gran salto en el tema de la educación. De manera que como se ha hablado tanto de fantasmas, al menos quise dar estos antecedentes, porque, por una parte, indirectamente la propia Concertación aprobó la privatización de Codelco y, por otra, no sólo la Derecha sino también personeros de otras entidades políticas han sido partidarios de privatizar Codelco para destinar los fondos a la educación. Señor Presidente, el Diputado señor Leay me ha solicitado una interrupción y, por su intermedio, se la concedo. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, las interrupciones se dan sólo para contradecir a quienes las conceden. Como presumo que no es el caso, reglamentariamente no corresponde. En todo caso, se la concedo, por un máximo de dos minutos, siempre que sea para refutar al Diputado señor Orpis. Tiene la palabra el Diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, en el fondo voy a contradecir al Diputado señor Orpis incluso tomando algunas palabras del Diputado señor Viera-Gallo, en cuanto a que es efectivo que lo que no se puede enajenar son los yacimientos nacionalizados. El artículo 1º de la ley orgánica de Codelco establece que ella es una empresa del Estado. El Diputado señor Viera-Gallo señaló que con la formación de sociedades anónimas estatales podría enajenarse parte de su patrimonio. No obstante, hoy ello se hace. De hecho, Codelco Chile ha enajenado la parte correspondiente a la termoeléctrica Tocopilla. Por lo tanto, esto no es tan malo. Codelco tiene que dedicarse a lo que establece claramente su ley orgánica: que es una empresa minera, industrial y comercial. Y obviamente la generación de energía, los talleres de Rancagua, etcétera, son elementos ajenos a sus funciones propias. De manera que no debe existir temor de que lo haga como empresa del Estado, pues como tal siempre tiene que ir orientando su trabajo al fin específico que busca. Desde esa perspectiva, como empresa del Estado, no hay problema en que enajene, porque si fuera sociedad anónima haría lo mismo que hoy como empresa estatal. Gracias, señor Presidente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villegas. El señor VILLEGAS.- Señor Presidente, en este segundo trámite reglamentario se repite en parte la larga discusión ocurrida en la Comisión de Minería y en la Sala durante el primer informe. Es muy importante señalar que los parlamentarios de Oposición insisten en que la transformación de Codelco Chile en sociedad anónima es el único camino para modernizarla. Examinando los antecedentes entregados durante toda la discusión del proyecto, se puede concluir que la proposición que ellos formulan es dejar el 70 por ciento de propiedad en manos de Codelco y el 30 por ciento de la Corfo, en caso de transformarse en sociedad anónima. Entonces, cabe preguntarse por qué razón quieren dejar ese porcentaje en la Corfo, cuál es la experiencia de ese Ministerio en materia de minería, cuál será su representación real en el directorio, etcétera. En ese sentido, nos parece absolutamente improcedente y fuera de lugar que vuelva a plantearse el tema de la naturaleza jurídica de la empresa. Otro argumento repetitivo señalado aquí es que el hecho de transformar Codelco en sociedad anónima significa dividir su capital en acciones, lo que en verdad se contrapone con el proceso de nacionalización de la gran minería del cobre. El hecho de transferir a la Corfo el 30 por ciento de sus acciones en el evento de que se transformara en sociedad anónima, significaría que no habría ninguna garantía constitucional de resguardo de la propiedad, porque eventualmente tales acciones podrían transferirse debido a que la esencia de las sociedades anónimas es ofrecer acciones para que sean captadas por el público. Desde esa perspectiva, resulta absolutamente improcedente tal proposición. Por otra parte, ¿cuál es su objetivo central, si ya fue aprobada la ley Nº l9.137 que permite a Codelco Chile hacer asociaciones con terceros en los grandes yacimientos o en los que están en actual prospección o explotación? Hoy el señor Villarzú, Presidente Ejecutivo de Codelco, no pudo concurrir a esta sesión, porque se encuentra en Tocopilla firmando los contratos definitivos de asociación de la empresa con otra japonesa. Como se puede ver, el sector privado tiene un amplio campo para participar con sus capitales en todos los futuros negocios que puedan establecerse. Entonces, ¿cuál es la razón para que quiera participar en todos los yacimientos en los cuales Codelco Chile tiene excelentes utilidades y sabe perfectamente que son buenos negocios? ¿Hay un problema de recursos? No hay ninguna indicación al respecto aprobada en la Comisión de Minería o en la de Hacienda, en el segundo trámite reglamentario, que se refiera específicamente al plan sexenal de Codelco, es decir, al régimen cambiario presupuestario. En consecuencia, dicho plan se encuentra aprobado, y una vez que se hubo entregado los informes, el Presidente declaró que el Estado entregará a la empresa los recursos necesarios para su administración. Entonces, no se trata de que se necesiten capitales para desarrollar los actuales establecimientos en explotación de Codelco Chile. ¿Cuál es la razón? Se trata de participar en buenos proyectos, pues es muy grande la cantidad de millones de dólares que Codelco reporta de utilidad al país y que se destinan a financiar los proyectos sociales consignados en el presupuesto nacional. Pero la verdad de las cosas es que el sector privado nacional debe interesarse en Codelco. El Presidente de la República, al inaugurar la planta de lixiviación en El Salvador, le hizo un llamado a participar en las futuras asociaciones que realice Codelco porque, hasta el momento, en su gran mayoría las ha realizado con empresas extranjeras. Se necesita entonces que los inversionistas del sector privado participen en los negocios futuros de la empresa. Y así se dispone tanto en el artículo 4º del proyecto como en la ley Nº 19.137; es decir, dejar abierta la posibilidad para que este sector se pueda asociar con Codelco, crear empresas y explotar sus recursos. Por las razones expuestas, nos parece absolutamente improcedente la proposición, por cuanto significa una alteración de la propiedad de Codelco, la cual requeriría de una reforma constitucional. El país sabe que no existe la voluntad política para privatizar Codelco, que, por lo demás, tampoco aparece consignado dentro del programa de la Concertación. En consecuencia, la única razón por la cual los Diputados que han participado en esta discusión quieren que Codelco sea sociedad anónima, es sólo por un problema de emisión de acciones, tal como lo señaló el Diputado señor Huenchumilla al intervenir en el primer informe. Si realmente interesa la modernización de Codelco, cabe precisar que todas las normas de las sociedades anónimas, sus leyes complementarias y la fiscalización están absolutamente resguardadas en el proyecto. ¿Cuál es la otra posibilidad? Rechazar la idea de legislar, manteniendo una Codelco anquilosada, afectada por un gigantismo y un centralismo excesivos. Entonces, ¿cuál es la mejor opción que tiene el país para desarrollar esta empresa? La que estamos proponiendo, que permite una modernización real y efectiva con normas claras y precisas, con responsabilidades, inhabilidades y prohibiciones que se aplican a los directores de todas las empresas públicas y sociedades anónimas. En consecuencia, desde esa perspectiva, quiero rescatar el tema de fondo, que ha sido el objetivo de quienes presentamos la indicación. La orgánica de Codelco debe precisar claramente que se trata de una empresa del Estado, industrial, minera y comercial con personalidad jurídica y patrimonio propio, y no como aparece en este momento, una persona jurídica ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como lo define el Código Civil. Eso es lo que nos interesa resguardar. Por eso, vamos a votar favorablemente esta indicación, porque nos parece que es la mejor garantía para resguardar el patrimonio estatal a las futuras generaciones. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se ha pedido el cierre del debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Cerrado el debate. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Elgueta, Elizalde, Estévez, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Letelier (don Felipe), Morales, Ojeda, Ortiz, Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Salas, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Viera-Gallo, Villouta, Walker y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Dupré, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García-Huidobro, Karelovic, Kuschel, Leay, Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Orpis, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokuriça, Ulloa, Vilches y Villegas. Se abstuvieron los Diputados señores: Coloma, Prochelle (doña Marina) y Valcarce. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación el artículo 1º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 21 votos. No hubo abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado el artículo 1º. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gajardo, González, Gutiérrez, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Salas, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Cardemil, Coloma, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García-Huidobro, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Orpis, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokuriça, Sabag, Ulloa y Vilches. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación el artículo 2º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 20 votos. No hubo abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado el artículo 2º. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Cardemil, Coloma, Correa, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García-Huidobro, Karelovic, Kuschel, Leay, Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Orpis, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokuriça, Ulloa y Vilches. El señor LEAY.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, no corresponde abrir debate. El señor LEAY.- Señor Presidente, no quiero abrir debate, sino señalar que formulé una indicación a la letra g) del artículo 3º que fue rechazada por la Comisión. Por tanto, solicito separar la votación respecto de esta letra. No sé si es factible. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, le asiste el derecho de pedir votación separada de la letra g). El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, la indicación del Diputado señor Leay y quienes la firmamos fue votada en contra en la Comisión. Por lo tanto, dividir la votación no tiene objeto. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Pero el señor Diputado tiene el derecho a pedirla. Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 3º, con excepción de su letra g). Aprobado. En votación la letra g). Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobada la letra g) y, por ende, todo el artículo 3º. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gajardo, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, León, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Morales, Naranjo, Ortiz, Palma (don Andrés), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:Cantero, Cardemil, Coloma, Correa, Errázuriz, Galilea, García (don René Manuel), García-Huidobro, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Matthei (doña Evelyn), Melero, Orpis, Pérez (don Ramón), Prokuriça, Ulloa y Vilches. Se abstuvieron los Diputados señores: Moreira, Ojeda y Pérez (don Víctor). El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación el artículo 4º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 19 votos. No hubo abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado el artículo 4º. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gajardo, González, Gutiérrez, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Cantero, Coloma, Correa, Errázuriz, Galilea, García (don René Manuel), García-Huidobro, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Orpis, Pérez (don Víctor), Prokuriça, Ulloa y Vilches. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Los artículos 5º y 6º se encuentran aprobados, por no haber sido objeto de modificaciones. A continuación corresponde tratar el artículo 7º. El señor PALMA (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente? El inciso tercero del artículo 7º dispone tal como lo expresaron los Diputados informantes que los directores de Codelco percibirán una remuneración equivalente al promedio que en los últimos tres años hayan recibido anualmente los directores de las tres sociedades anónimas con mayor patrimonio. Estas empresas son Copec, Endesa y CTC. Teniendo en vista esta norma, el sueldo que tendría hoy un director de Codelco sería el equivalente al promedio de los directores de esas empresas: en cifras redondas, 1 millón 800 mil pesos mensuales brutos. Y el presidente del directorio de Codelco, al que esta disposición y las que siguen le exigen dedicación exclusiva, percibiría el doble: 3 millones 600 mil pesos brutos. Al respecto debo señalar que el principio me parece adecuado, pero como Copec, Endesa y CTC son conglomerados, sus directores pueden participar, a la vez, en otros directorios de las mismas empresas, cuestión que les estamos prohibiendo a los de Codelco en esta disposición. O, si lo hacen, no pueden recibir remuneración. Al respecto, entregar la gestión de la empresa a personas que van a recibir por ejemplo, el presidente del directorio de Codelco3 millones 600 mil pesos brutos para que se dedique exclusivamente a Codelco, pienso que es una remuneración baja para la principal empresa y conglomerado del país. Señor Presidente, si bien voy a votar a favor de esta disposición porque los parlamentarios no tenemos capacidad de iniciativa en esta materia, pido al Ejecutivo que reestudie esta norma en consideración al análisis concreto que ha hecho Codelco sobre las remuneraciones de los directores de estos conglomerados, porque si bien el principio me parece adecuado, las remuneraciones van a impedir una buena gestión del directorio de esta empresa. Es una remuneración que puede ser abultada para la mayoría de los chilenos, pero por el grado de responsabilidad que tienen con el país se les debe asignar una cantidad mayor como única manera de garantizar competencia y dedicación. Dejo planteada esta inquietud con la esperanza de que el Ejecutivo la tenga en consideración en el próximo trámite. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Resta un minuto para el término del Orden del Día, de manera que el tratamiento de este proyecto continuará en la sesión de mañana. Tengo entendido que hoy en la tarde la Comisión de Gobierno Interior tratará el veto presidencial al proyecto sobre generación de autoridades municipales. Como tiene discusión inmediata y requiere un quórum elevado, será puesto en el primer lugar de la Tabla de mañana y a continuación se seguirá tratando el proyecto de Codelco. VI. PROYECTOS DE ACUERDO. APOYO AL GOBIERNO POR CONDENA DERRIBAMIENTO DE DOS AVIONES CIVILES POR AERONAVES CUBANAS. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo. El señor Prosecretario dará lectura al primero de ellos. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 384, de los señores Moreira, Pérez, don Víctor; Chadwick, Ulloa, Caminondo, Alvarado, Valcarce, Coloma, Vilches, Álvarez-Salamanca, Prokuriça, García-Huidobro, García, don René; Karelovic, Longueira, Pérez, don Ramón; Orpis, Correa, Seguel, Solís, Jürgensen, Hamuy y Melero. Considerando: 1.- Que, como es de conocimiento público, con fecha de febrero de 1996 aviones de guerra de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles que, aparentemente, habrían violado el espacio aéreo de ese país. 2.- Que, como consecuencia de lo anterior, fallecieron las respectivas tripulaciones de ambas aeronaves civiles. 3.- Que, más allá del legítimo derecho que la Comunidad Internacional debe reconocerle al Estado cubano para resguardar su soberanía, el empleo de la fuerza militar contra civiles constituye un recurso extremo que debe utilizarse sólo como última medida y cuando está efectivamente amenazada la seguridad del Estado. 4.- Que la gravedad de este incidente debe motivar a las Naciones Unidas a determinar exactamente las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y a tomar todas las medidas que estén dentro del ámbito de su competencia para evitar que vuelvan a repetirse. 5.- Que nuestro país debe seguir teniendo una participación activa, como efectivamente ha ocurrido hasta ahora, condenando el uso irracional y desproporcionado de la fuerza, tanto en los organismos internacionales como en nuestras relaciones bilaterales con Cuba. 6.- Que Naciones Unidas debe sancionar la violación a los Derechos Humanos que constituye la agresión a civiles desarmados por parte de las fuerzas armadas cubanas. En mérito de las consideraciones anteriores, la Honorable Cámara de Diputados acuerda: “Oficiar a S.E. el Presidente de la República manifestándole el apoyo de esta Corporación a la inmediata reacción de condena que nuestro país tuvo por intermedio de la Cancillería y de nuestro representante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente al derribamiento de dos avionetas civiles por parte de aeronaves de guerra cubanas, y solicitarle que Chile propicie activamente la investigación de las circunstancias en que estos hechos sucedieron, a fin de que la Organización de las Naciones Unidas sancione esta violación a los Derechos Humanos y tome las medidas que estén dentro de su competencia para asegurar que el gobierno cubano, en lo sucesivo, asegurará su soberanía empleando medios racionales y proporcionados a las circunstancias, con pleno respeto del Derecho Internacional.” El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, los Diputados de la UDI, junto a otros parlamentarios, hemos tratado de consensuar este proyecto de acuerdo a fin de contar con la unanimidad de la Sala para su aprobación. El tema de los derechos humanos no puede tratarse ni medirse con la vara de la conveniencia partidaria. Hace algunos días, el mundo entero ha repudiado una violación de los derechos humanos cuando aviones de guerra de la Fuerza Aérea cubana abatieron dos aviones civiles, sin armamentos, que volaban sobre aguas internacionales, dando muerte a sus ocupantes, cuando efectuaban un acto más bien simbólico en favor de los miles y miles de cubanos que aspiran a la libertad. Es importante destacar que, al margen de las diferencias que como partido hemos tenido en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, hay algunos aspectos que debemos consignar. El régimen de Fidel Castro no respeta los derechos humanos ni desea el cambio. Hace algunas semanas nos impusimos por la prensa de que un grupo de disidentes cubanos fue encarcelado y castigado por el régimen sólo por pensar distinto. Son personas que por la vía pacífica buscan el cambio en Cuba. Ahora el mundo entero y las Naciones Unidas han debido rechazar públicamente este verdadero acto de terrorismo internacional. Al respecto, como partido, destacamos el hecho de que Chile y Costa Rica fueron los primeros países en repudiar enérgicamente el atentado. Más allá del legítimo derecho que la comunidad internacional reconoce al Estado cubano de resguardar su soberanía, el empleo de la fuerza militar contra civiles constituye un recurso extremo que debe utilizarse sólo como última medida y cuando esté efectivamente amenazada la seguridad del Estado. Estos dos aviones estaban desarmados y no se encontraba en riesgo la seguridad del Estado cubano, pero finalmente la actitud militar de Fidel Castro y de su gobierno determinó la muerte de los ocupantes de las avionetas. Esta es una clara demostración de no respeto a los derechos humanos, por lo cual esperamos que especialmente la Concertación sea consecuente en esta materia. Por tal motivo, hacemos un llamado a la Concertación, en particular al Partido Socialista, para que vote unánimemente en favor de este proyecto de acuerdo que sanciona la violación de los derechos humanos en Cuba. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra a otro señor Diputado que quiera argumentar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que lo impugne. Tiene la palabra el Diputado señor Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero hacer dos alcances y una propuesta, con el objeto de que la Corporación pueda pronunciarse unánimemente sobre un hecho puntual que amerita una condena, porque se ha hecho un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Antes de referirme a la propuesta, que persigue una modificación del texto del proyecto a fin de lograr un acuerdo unánime sobre la materia, quiero expresar que cuando se habla de los derechos humanos es muy importante tener la capacidad de ser consistentes con lo que se dice y hace en la vida. No es bueno tratar de erigirse como un paladín de la defensa de ciertos derechos que son universales cuando se es capaz de golpear a un colega por la espalda porque critica a un dictador reconocido mundialmente como el Jefe de un Estado que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de sus conciudadanos. Por tanto, considero muy relevante que este tema se debata con altura de miras y con cierta consistencia y coherencia ética y moral. Por desgracia, a veces, el confundir los planos hace que esta clase de tópicos no los podamos concordar como es debido. En tal sentido, debo lamentar algunos de los conceptos vertidos en su intervención por el Diputado señor Moreira. Lo que ocurre al interior de Cuba es un tema que amerita diferentes juicios. Muchos somos partidarios de que se avance en materia de cambios, pero, por sobre cualquier consideración, existe el apego a los principios que han guiado a nuestro país en el campo del derecho internacional, particularmente el de la autodeterminación de los pueblos. No obstante, esta discusión es distinta de la que aquí se nos sugiere. Estamos llamados a pronunciarnos frente al hecho puntual de cómo la Fuerza Aérea cubana derribó dos aviones civiles en un espacio aéreo. A la larga, da lo mismo si éste pertenecía o no a territorio cubano. En todo caso, se ha demostrado que así era, razón por la cual Estados Unidos se vio obligado a cambiar sus declaraciones originales para decir ahora que el problema radica en el uso desmedido de la fuerza. Lo importante es que el hecho amerita por parte nuestra una crítica profunda, porque hemos vivido en muchas ocasiones y en carne propia el uso desmedido de la fuerza contra ciudadanos de nuestro país. Lo que ha sido aplicado en el país y en esto es necesario ser consistentes lo creemos aplicable al derecho internacional. En cuanto a la redacción del proyecto de acuerdo, queremos proponer una modificación. Tal intención se la manifesté a uno de los patrocinantes de la UDI, mi colega de distrito, Diputado Andrés Chadwick. Dicha enmienda dice relación con la calificación de este acto. El Gobierno de Chile, a través del Canciller y de su embajador en las Naciones Unidas, lo ha condenado, pero es un hecho que nosotros no calificamos como una violación a los derechos humanos. Se trata de una situación condenable, relativa a un criterio sobre el derecho internacional, pero que no la calificamos nosotros como lo hace el proyecto, esto es, como un hecho constitutivo de violación a los derechos humanos. Somos partidarios de respaldar la posición del Gobierno del Presidente Frei, de su Canciller y del embajador de Chile ante las Naciones Unidas, don Juan Somavía, la que ha sido consistente en relación con el derecho internacional. Pero no deben confundirse los planos: uno es nuestro juicio sobre la evolución política interna del Gobierno cubano; el otro son los hechos puntuales que, a mi juicio, ameritan la condena internacional por el uso indebido de la fuerza. Si los colegas patrocinantes de este proyecto de acuerdo están dispuestos a cambiar su redacción, concurriremos con nuestros votos favorables, con el objeto de que la Corporación emita un pronunciamiento unánime para que este hecho internacional sea calificado como corresponde, tal como lo han hecho hasta ahora todos los gobiernos del mundo que han condenado este acto, al que nunca han calificado como violación de los derechos humanos, sino como un crimen, un hecho bárbaro, un exceso de fuerza, todos calificativos que pueden corresponder a la acción señalada, pero no al ejercicio de la fuerza de un Estado contra sus ciudadanos, contra las personas que ejercen sus derechos políticos. Aquí se derribaron dos aviones. Eso es lo que debemos denunciar, porque ha sido un acto absolutamente contrario al derecho internacional. He dicho. El señor MOREIRA.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Moreira, no puede haber debate sobre la materia. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en la argumentación en contrario hubo un ataque personal. No caeré en ese juego, como tampoco estoy de acuerdo con lo planteado por el Diputado señor Juan Pablo Letelier, por una sola razón: porque cuando la Izquierda mata, no hay El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Moreira, no puede replicar. No hay acuerdo a la propuesta del Diputado señor Letelier. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 11 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Bayo, Cardemil, Coloma, Correa, Dupré, Elgueta, Elizalde, Ferrada, García (don René Manuel), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Hurtado, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, León, Makluf, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Ojeda, Orpis, Pérez (don Víctor), Prokuriça, Reyes, Ribera, Salas, Solís, Taladriz, Ulloa, Vargas, Vilches, Villouta y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Ceroni, Errázuriz y Morales. Se abstuvieron los Diputados señores: Aguiló, González, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Muñoz, Naranjo, Ortiz, Saa (doña María Antonieta), Tohá, Urrutia (don Salvador) y Walker. El señor MOREIRA.- Pido copia de la votación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Moreira, se le dará una copia, sin perjuicio de señalarle que en todos los boletines de sesiones aparece la votación completa, de acuerdo con el nuevo Reglamento. CONDENA POR ATENTADOS TERRORISTAS EN ISRAEL. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 385, de los Diputados señores Bayo, Makluf, Tuma, Valenzuela, Dupré, Huenchumilla, Vilches, Ojeda, Hamuy, Letelier, don Juan Pablo; Ribera, Prokuriça, García-Huidobro, Zambrano, Karelovic, Longueira, Orpis, Moreira, Sabag, Pérez, don Ramón; Acuña, Elizalde, Correa, Morales, Balbontín, Seguel, Caminondo, Solís, Jürgensen, Valcarce, Urrutia, don Salvador; Errázuriz, Villouta, Taladriz, Salas y León. “Considerando: 1.- La conmoción que hoy envuelve al mundo frente a la ola de atentados terroristas que en los últimos diez días han costado la vida a decenas de ciudadanos israelitas y dejado con serias heridas a centenares de ellos. 2.- La relación directa de estos hechos con la participación de movimientos violentistas que se oponen por completo al proceso de paz en el Medio Oriente, no trepidando en poner término a la vida de inocentes para lograr su objetivo. 3.- Las declaraciones del Premier Shimon Peres y del líder palestino Yasser Arafat que, además de condenar estos hechos, expresaron claramente su intención de “actuar” para combatir el extremismo. 4.- El inalienable derecho a la vida que consagra la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, y por el que luchamos especialmente todos los que representamos a nuestros conciudadanos. 5.- Que es indispensable entregar una señal clara al mundo de hoy para que siga caminando por la senda del bien, del respeto y la tolerancia, camino en el cual no tienen cabida los violentistas de ninguna especie. La Cámara de Diputados acuerda: 1.- Condenar enérgicamente el actuar de los grupos terroristas causantes de este verdadero atentado a la humanidad, orientado a debilitar el proceso de paz en el Medio Oriente. 2.- Llamar a los gobiernos de Israel y de Palestina, a reforzar sus esfuerzos en pro de la paz, instándolos a arbitrar las medidas pertinentes para terminar con todos los extremismos que atentan contra la libertad, la vida de inocentes y la de los que luchan por éstas. 3.- Oficiar al señor Embajador de Israel en Chile, don Pinchas Avivi; al señor representante de la OLP, don Hussein Abdel Khader; al señor Premier don Shimon Peres; al señor Presidente de la ANP, don Yasser Arafat, y al señor Presidente de la KNESET, señor Schevah Weiss, comunicándoles este acuerdo y apoyándoles irrestrictamente en el proceso de paz.” El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Entiendo que hay unanimidad para aprobar este proyecto. Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para variar un poco lo que dispone el Reglamento y ofreceré la palabra a los presidentes de los grupos parlamentarios chileno-israelí y chileno-árabe, respectivamente. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Bayo, presidente del grupo parlamentario chileno-israelí. El señor BAYO.- Señor Presidente, estimo que el proyecto de acuerdo se explica por sí mismo. Por eso, seré muy breve. Sólo quiero destacar que este Poder del Estado no puede dejar de expresar su condena a estos hechos y su respaldo irrestricto a todas las acciones que tiendan a terminar con las actividades de estos grupos terroristas. Esta actitud es consecuente con la que siempre ha tenido la Cámara frente a situaciones similares. Por eso, confío en que el proyecto de acuerdo será aprobado por unanimidad. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Makluf, presidente del grupo parlamentario chileno-árabe. El señor MAKLUF.- Señor Presidente, como presidente del grupo chileno-palestino de la Cámara de Diputados, he redactado con el Diputado señor Bayo este proyecto de acuerdo, con el objeto de solidarizar con la gente afectada por la trágica situación que vive esa zona del Medio Oriente, que por tantos años ha pasado por distintas guerras y conflictos y que hoy vislumbra un proceso de negociación directa, de paz, entre las partes involucradas, que el Parlamento chileno tiene la obligación de respaldar. Para ello, debemos repudiar estos actos terroristas que en nada contribuyen a una sana convivencia entre esos pueblos ni apoyan el proceso de consolidación de un nuevo Estado, como el palestino, que el 20 de enero realizó su primer acto electoral con amplia participación de sus ciudadanos; que en nada contribuyen a que esa zona tan importante para el conjunto de las religiones y creencias del mundo tenga la posibilidad de convivir en paz y tranquilidad. Adherimos plenamente a los conceptos, considerandos y propósitos del proyecto de acuerdo, y esperamos que los responsables involucrados en estos temas adopten las medidas necesarias para evitar estos actos de terrorismo tan lamentables y llegar a una convivencia pacífica y a una cooperación que permita el desarrollo de esa parte del mundo tan querida para tantos chilenos y latinoamericanos. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. Ha terminado el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo. VII. HOMENAJE. HOMENAJE A LA CIUDAD DE RÍO NEGRO EN EL CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde rendir homenaje a la ciudad de Río Negro, Décima Región, en el centenario de su fundación. Se encuentran presentes en las tribunas el alcalde de la comuna y otras autoridades que lo acompañan. Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen. El señor JÜRGENSEN (de pie).- Señor Presidente, señor alcalde de Río Negro, señores concejales, estimada reina del centenario de la ciudad, Amelita I, estimados colegas: En esta oportunidad, quiero cumplir con un acto de justicia, como habitante del sur que soy, al rendir un cordial y respetuoso homenaje a la ciudad de Río Negro en mi calidad de vecino de esa comuna, de habitante de la Décima Región de Los Lagos y de parlamentario, en ese orden. El 12 de marzo próximo se cumplen cien años de la fundación de la ciudad de Río Negro. Esto, en el archivo espiritual de los que vivimos en el sur, implica un deber. Ningún ciudadano nuestro se siente ajeno a estos hitos de la historia regional, porque somos parte de una tradición integral de cultura, de camaradería y de trabajo, que se nos hace casi familiar. Dicho de otro modo, nadie que viva en nuestra región se puede sentir extraño. Lo prueba la gran cantidad de inmigrantes que por más de un siglo se establecieron allá cuya memoria hoy está plasmada en cada esquina de calles y avenidas, como un testimonio de su presencia y de su acción, y, lógicamente, la participación de nuestros grandes y nobles criollos que honran nuestras tradiciones regionales y locales. El 30 de marzo de 1884, don José Miguel Alderete, considerado el fundador de la ciudad, compró el fundo Río Negro y construyó allí su casa, donde hoy está la Plaza de Armas. El 12 de marzo de 1896 entregó en donación al fisco una cuadra para la escuela y otra para la cárcel; al obispado de Ancud donó otra cuadra para la iglesia y comenzó a vender sitios entre los ríos Chifín y Forrahue, allí por donde alguna vez pasó don Alonso de Ercilla y Zúñiga, guiado por un indígena que lo quiso engañar conduciéndolo a la costa. En ese lugar se fundó Río Negro. Es cierto que ni la historia de una ciudad ni de una comuna revolucionan la marcha del país, pero sí tiene un gran valor para sus habitantes, desde el comienzo mismo del poblamiento de Chile. Las tradiciones son las vigas de nuestro pasado, donde se asientan las estructuras de nuestra República, y en el sur de Chile sabemos y valoramos lo que ello representa. La comuna de Río Negro, con una superficie de 12.975 kilómetros cuadrados, pertenece a la provincia de Osorno y cobija una población de más de 16 mil personas. Su producción ha sabido adecuarse a los tiempos que vive, pues, además de tecnificarse, ha aumentado el arco de sus potencialidades en el campo de la agricultura, de la ganadería, de la horticultura, de la fruticultura y del área forestal. Es deseo de sus habitantes que la comuna de Río Negro, en un futuro cercano, llame la atención de los inversionistas y de los hombres de empresa para que miren hacia allá, porque hoy, de alguna manera, Río Negro sigue siendo “la gran desconocida”. Desde siempre y por razones históricas, los chilenos establecimos que en la Novena Región estaba “la frontera”. De allí hacia el sur, en los inicios republicanos comenzaba otro país, cuyas potencialidades eran sólo referenciales. Eran los tiempos en que circulaba de Arica a Magallanes esa vieja frase acuñada por todos los provincianos, que denunciaba limitaciones y postergaciones: “Santiago es Chile”. Lo que hoy es la Décima Región de Los Lagos vino a ser entonces “la frontera de la frontera”, porque sus habitantes debieron abrirse paso al mundo moderno sólo con su empuje, más el aporte de sus autoridades y de sus viejos troncos parlamentarios regionales, a los cuales se les debe parte de su progreso. Así, la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio realizaban sus actividades no sólo en las cabeceras provinciales, sino también en aquellas localidades más pequeñas, en aquellas villas desperdigadas en la zona sur, para incorporarse al mundo de la competencia, para reclamar la oportunidad que estas villas no encontraban. Por eso, hoy Río Negro está cumpliendo cien años. ¿Por qué Río Negro es “la gran desconocida”? Porque esta comuna es una especie de tercera frontera, cuando estamos en las postrimerías del siglo XX y aproximándonos al XXI. Existen allí lugares a los que aún no llega la vitalidad circulante de nuevos caminos, porque sus riquezas no han sido todas dimensionadas; porque su superficie agrícola está limitada por el aislamiento, especialmente en el sector oeste; porque sus potencialidades pesqueras aún permanecen ignoradas, ya que todavía siguen esperando un camino al mar; porque aún hay sectores costeros y lugares a los que se accede sólo a caballo, porque todavía hay muchos lugares aislados, donde irónicamente los chilenos realizan una labor de soberanía mientras esperan que alguna vez un gobierno les abra las puertas del gran mercado. Quiero hacer público mi homenaje a los rionegrinos, porque deben conservarse vivos los recuerdos de sus activos prohombres, de aquellos que lucharon y lograron la formación de su cuerpo de bomberos, del club de Río Negro, de su banda de músicos, de su Cruz Roja, de sus clubes deportivos; de aquellos que establecieron sus industrias y negocios, como los señores Hitschfel e Irigoin, que en 1897 instalaron la fábrica de cerveza que con posterioridad fue adquirida por don Carlos Alt; como el Molino Exss, fundado en 1895; el molino de los señores SaintJean, Irigoin y Alt. Recordar también el negocio de frutos del país, del señor Enrique Müller; la tienda de don Adolfo Santibáñez; la botica de don Teodoro Busch, y la fábrica de lino montada en 1921; las ferias de ganado de los señores Jordán, Wulf y Hoffman, y el molino Schott, fundado en 1934. De todas estas industrias, sólo el molino Schott permanece en actividad. De ahí que hoy Río Negro carece de fuentes de trabajo, lo que obliga a miles de rionegrinos a abandonar muy temprano su ciudad para trasladarse a trabajar al campo y a las ciudades vecinas. Esto explica la razón de que muchos trabajos se transformen en subempleos, ya que los trabajadores deben cargar con el costo de su traslado. Así, Río Negro duerme de día y despierta con el crepúsculo, con la llegada de su gente a sus hogares. Vaya mi homenaje también a las autoridades comunales y departamentales, recordando a su primer alcalde, don Pedro Alejandrino González, y a su primer gobernador, don Baltazar Puig Ruiz. Todos ellos fueron perfilando lo que era una pequeña villa, mojada, curiosamente, no por las aguas del Río Negro, sino por la de los ríos Forrahue, Llaillay y Chifín, en una ciudad que se va encumbrando por sobre sus dificultades y limitaciones con una empresa privada porfiada que insiste en que Río Negro es tierra de futuro. Un poco más al oeste, su querida hermana, Riachuelo, la que quedó al cuidado de Río Negro cuando desapareció como comuna, y su alcalde de entonces, don Conrado Hubach, entregó todos los haberes municipales al alcalde de Río Negro, don Carlos Alt, el 12 de enero de 1928. Un homenaje, igualmente, a sus viejos tercios, a sus profesionales, a sus agricultores, a sus trabajadores, a sus instituciones sociales y de beneficencia, a sus deportistas, a sus mujeres y a sus jóvenes. Saludo a todos los hombres y mujeres que dedicaron su tiempo y recursos al desarrollo de la comunidad, a las familias de los inmigrantes árabes, españoles, franceses y alemanes, y a los mapuches que siguen cultivando la tierra de la costa de Río Negro. Saludo a cada uno de los habitantes, a la muy noble ciudad de Río Negro. Saludo a quienes dejaron allí su huella de trabajo, que desoyendo el llamado de la gran ciudad o de la gran capital, optaron por tomar las herramientas del progreso local para realizar su propia historia, la que simboliza muy bien el escudo de Río Negro, dividido en cinco partes: bellas flores, un chamanto, espuela y un sombrero de huaso, una cabeza de vacuno, una gavilla de trigo y una antorcha. Esta última presagia los triunfos, especialmente los deportivos, porque Río Negro es cuna de campeones: en boxeo, atletismo, fútbol, básquetbol y rodeo. El primer reglamento del Club Deportivo Arco Iris, por allá por 1900, decía: “El equipo debe trasladarse a caballo, con otro jugador al anca, a cumplir los compromisos a aquellos lugares en que no se puede viajar en tren. Cada jugador debe pagar una cuota de 2 pesos para comprar la pelota que habrá que disputar. El equipo se compromete a participar en los desfiles patrióticos, cuando así lo solicite el párroco.” Varias ciudades del sur se identifican, felizmente, con las expresiones culturales. Así, Frutillar con la música clásica, a través de sus semanas musicales; Puerto Varas, con la pintura del sur; Llanquihue, con el folclor; Purranque, con su artesanía, y Río Negro, con nuestro baile nacional: la cueca chilena, ya que organiza anualmente encuentros de cueca y sus clubes participan en todos los campeonatos regionales y nacionales, logrando muchos triunfos. Vaya un reconocimiento especial al Club de folclor y cueca “Clara Solovera”, de Río Negro. Pude haber hablado de cifras y estadísticas, de otras necesidades que vengo planteando a los respectivos servicios públicos y a los ministerios; pero he preferido no hacerlo, para rendir un homenaje a esta ciudad centenaria, que debe seguir adelante, impulsada por todos sus habitantes, a quienes aprecio por su incansable compromiso con esta tierra que tanto queremos, con el deseo de que próximamente deje de ser “la gran desconocida”, y que reciba atención y consideración para que quede en condiciones de entregar realmente todo lo que puede dar. Como muy bien dice la distinguida investigadora rionegrina Herta Vásquez Turra, “La historia de Río Negro, como la de todas las ciudades, seguirá escribiéndose”. Espero muy sinceramente, para bien de su gente y de sus instituciones, con quienes comparto el privilegio de residir y de trabajar allí, que la historia futura sea efectivamente de prosperidad y de bienestar para toda su gente. “Río Negro, Río Negro”, como lo dice uno de los versos de su tonada, “entre tus lomas perdido, he de llevarte prendido, a las lomas del recuerdo”. He dicho. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Reyes. El señor REYES (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, señor alcalde y representantes de Río Negro que se encuentran en las tribunas. El próximo 12 de marzo, la ciudad de Río Negro, capital de la comuna del mismo nombre, en la provincia de Osorno, cumple el primer centenario de su fundación. Como Diputado del distrito, que en dos oportunidades consecutivas ha recibido el respaldo y la confianza de los ciudadanos de Río Negro para representarlos en esta Corporación, y ante tan importante como significativo acontecimiento, quiero elevar mi voz para adherir a la celebración del centenario, para recordar y rendir justo y merecido homenaje a quienes durante un siglo han hecho posible su existencia y desarrollo, y para saludar, con especial afecto y cariño, a sus autoridades, a sus instituciones y a todos sus habitantes, quienes, sin excepción ninguna, tienen justificados motivos para sentirse orgullosos de la tierra que los vio nacer o en la cual se han avecindado, y que hoy celebra, con alegría, cien años desde la fecha en que su historia comienza a escribirse. El poblado de Río Negro, llamado así por el color oscuro e impenetrable del cauce que lo recorre, comienza a gestarse hacia las postrimerías del siglo pasado, en las posesiones de don José Miguel Alderete y de don José Ambrosio Burgos, dueños ambos de grandes extensiones que los aborígenes de la zona conocían como Curileufu o Curuleufu, palabras indígenas que identificaban el color azabache de las aguas del río que da nombre a la naciente localidad. En 1896, y después de resuelta por la autoridad una disputa o pleito entre ambos terratenientes, se decide instalar el poblado que comenzaba a surgir, en las tierras del señor Alderete, quien, para refrendar dicha resolución, procedió a donar al Fisco sendos retazos para una escuela y una cárcel, y al Obispado de Ancud, otro para la construcción de una iglesia. Esta última donación, que se inscribe con fecha 12 de marzo del mismo año, pasa a constituirse en el hito histórico que marca la fundación de Río Negro y la fecha misma pasa a ser reconocida oficialmente como el punto de partida de una historia que cumple próximamente sus primeros cien años. Largo tiempo es, sin duda, una centuria, y seguramente son muchos los acontecimientos y los personajes que durante ella han hecho posible lo que es hoy Río Negro. Cien años de una ciudad es un tiempo suficiente para forjar una identidad, para moldear una personalidad, para configurar rasgos propios que permitan distinguirla de otras y que, al mismo tiempo, van definiendo el carácter de sus hijos, de sus habitantes, de sus instituciones, de todos quienes van construyendo, en el día a día y en el quehacer cotidiano, las respuestas a las necesidades, requerimientos, anhelos y esperanzas de un pueblo. Creo que Río Negro ha logrado con creces constituirse en una comunidad humana, en que existe sentido de pertenencia, en que se percibe un orgullo por ser hijo de sus tierras o por vivir en sus territorios, en que se nota el deseo y la voluntad de salir adelante, de superar las dificultades y de lograr construir un futuro que ofrezca oportunidades a quienes deseen tomarlas. Todo ello es producto de cien años de existencia, la que a partir del esfuerzo de los que comenzaron y de los que posteriormente han continuado la tarea, ha logrado dar forma paulatina a una comunidad organizada, activa y homogénea, en que conviven familias originarias de los primeros habitantes de nuestras tierras con otras que proceden de latitudes lejanas, en que se conjugan adecuadamente el carácter agrario de la comuna con los servicios que proporciona la ciudad capital, en que existen sueños, anhelos, intereses y esperanzas comunes que unen, motivan y entusiasman a sus habitantes, autoridades o instituciones. No quiero detenerme en esta oportunidad en el relato de los hechos que marcan los cien años de la historia de Río Negro, muy bien recogidos por los cronistas locales, así como tampoco en la mención especial de personas e instituciones, atendido el riesgo de omisiones que podrían parecer injustas. Lo que deseo es poder recoger, de algún modo, lo que es el Río Negro de hoy y su proyección futura; como uno lo percibe al conversar con sus autoridades y habitantes, al recorrer sus campos y poblaciones, al reunirse con sus organizaciones en diálogos que se caracterizan por su franqueza, por su espontaneidad y por las notas de optimismo y esperanza que invariablemente los acompañan. Sin duda, el carácter agrario de la región marca también la identidad y vocación de Río Negro, y es precisamente en torno al trabajo de la tierra como la ciudad y la comuna se han ido desarrollando y consolidando. En ese contexto, conviven empresarios agrícolas que se modernizan y que invierten para competir y responder a los requerimientos del mercado, con una extensa gama de pequeños productores que difícilmente subsisten y que carecen de elementos mínimos de organización, capacitación y capital para enfrentar los desafíos de los tiempos que corren, produciéndose en ese sentido, desequilibrios que deben ser recogidos y superados para lograr un desarrollo con equidad. Existen también importantes comunidades indígenas que, por sus condiciones de abandono histórico, necesitan de un especial apoyo, el que se les comienza a prestar a partir de la ley Nº 19.253, pero se requieren de mayores medios e instrumentos para el logro de los resultados a que se aspira. En el ámbito urbano, hay un activo comercio y funciona la mayoría de los servicios; pero resulta evidente que Río Negro ha sido una ciudad y una comuna fuertemente afectada por tres situaciones concretas: la primera, ocurrida en la década de los 50 y a comienzos de los 60, cuando se construyó la ruta longitudinal sur, cuyo trazado, producto de presiones políticas y económicas de la época, pasó a siete kilómetros de la ciudad, alejándola insensatamente del área de influencia que significa la cercanía a la principal ruta vial del país; la segunda, a fines de los 80, con el cese del servicio ferroviario, con todo lo que implicaba para la economía local, y la tercera, su cercanía con la capital provincial, la que, a través de los servicios y comercio que ofrece, ha afectado también las posibilidades de un mayor crecimiento. Las situaciones descritas son dificultades objetivas, las que para ser enfrentadas requieren de una visión diferente para el futuro de Río Negro, ciudad y comuna que deben prepararse para potenciar la agroindustria a través de una política de promoción de inversiones en el rubro; para propiciar alternativas industriales para su enorme riqueza forestal; para impulsar proyectos que permitan desarrollar recursos minerales existentes en su precordillera; para generar iniciativas que permitan mejorar las condiciones de trabajo y comercialización de la pequeña agricultura, especialmente a través de la organización y capacitación de los pequeños productores; para materializar soluciones de fondo a sus carencias de infraestructura básica, particularmente en materia vial. Las autoridades locales, encabezadas por el señor alcalde de la comuna y por el cuerpo de concejales, han recogido tal realidad y están trabajando en forma muy activa para superarla a través de un plan de desarrollo comunal, ofreciendo exención de derechos municipales; gestionando inversión pública en materia de infraestructura caminera, de vivienda, de educación y de salud; impulsando la constitución de villorrios rurales; avanzando decididamente en materia de electrificación, agua potable y telefonía rural; propiciando la ejecución de proyectos para la pavimentación asfáltica de caminos interiores de carácter productivo y también planteando a los niveles regional y nacional los estudios necesarios para la construcción de un camino al mar, obra que permitiría incorporar áreas extensas e importantes, hoy inaccesibles, al desarrollo agropecuario, forestal y turístico de Río Negro. Señor Presidente, hace pocos días el Presidente de la República, don Eduardo Frei, visitó la ciudad para expresar su adhesión y la del Gobierno al acontecimiento que hoy une a los rionegrinos. En la ocasión, el Primer Mandatario pudo comprobar que Río Negro no sólo tiene una hermosa historia, de la cual puede sentir legítimo orgullo, sino que percibir también, a través de la cuenta pública entregada por el alcalde, que hay un futuro promisorio por delante. Sobre la base sólida que proporcionan cien años de existencia, queda ese futuro por construir; y él depende, más que de la voluntad o de la decisión de unos pocos, de la voluntad de decisión de su gente, de sus profesionales, de sus jóvenes, de sus mujeres, de sus obreros, de sus empresarios, de sus campesinos. Por eso, con motivo del Centenario de Río Negro, quiero rendir merecido homenaje a quienes durante la centuria han hecho posible lo que es hoy la ciudad y extender un muy afectuoso saludo a todos sus habitantes, a los que viven en las poblaciones Lagos de Chile, Aleuy, Alejandrino González, Hubach, Valentín Letelier, Bernardo O’Higgins y Gabriela Mistral; a los vecinos de los barrios Punta Arenas, Pedro Aguirre Cerda, Portales y Pedro Montt; a los que residen en los sectores rurales, en las localidades de Riachuelo, Ñancuán, Huilma, Pichi Huilma, Rincón Chahuilco, Chan Chan, Costa Río Blanco, Huellelhue, Caleta Huellelhue, Casa de Lata, Quisquilelfún, Chapaco, Tres Esteros, Los Parrones, Llahualco, Hualinto, El Bolsón, Monteverde y otras que se me pueden escapar. También quiero saludar a todas y a cada una de sus instituciones, organizaciones comunitarias, establecimientos educacionales y de salud, clubes deportivos, culturales y de difusión folclórica, asociaciones voluntarias, agrupaciones sindicales y juveniles, funcionarios públicos, profesionales y trabajadores; en fin, a todos quienes con su actividad y trabajo cotidiano, en el pasado y ahora, han logrado construir un Río Negro grande y progresista que se proyecta con seguridad hacia el porvenir. Por último, deseo saludar en este acto la presencia del señor alcalde de la comuna, don Arturo Andrade Cano, y de la delegación que lo acompaña, integrada por los concejales señores Renán Villarruel y Juan Licandeo; por el señor presidente del Centro para el Progreso, don Alejandro Navarro; por el señor presidente de la Unión Comunal de Pequeños Productores Agrícolas, don Dagoberto Catalán, y por la Reina del Centenario, su Majestad Melita Primera, en quienes simbolizo mi homenaje al Centenario de Río Negro y a quienes pido lo hagan extensivo a todos sus conciudadanos. He dicho. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado don Claudio Alvarado. El señor ALVARADO (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, señor alcalde, concejales y vecinos de Río Negro que nos acompañan: la bancada de la Unión Demócrata Independiente adhiere al homenaje que nuestra Corporación rinde hoy a la comuna de Río Negro, con motivo de celebrarse el próximo 12 de marzo cien años de su fundación. El desarrollo del sur de Chile, en general, ha sido una verdadera epopeya de esfuerzo y tenacidad, debiéndose luchar contra dos elementos naturales constantes: primero, la lejanía de la capital, del centro geográfico y político del país, lo que conlleva, sin duda, aislamiento y postergación. En seguida, el clima inclemente durante la mayor parte del año, que una y mil veces destruye lo que la mano del hombre crea. Río Negro, por supuesto, no ha sido la excepción. Ubicada en la Décima Región, en la provincia de Osorno, la ciudad es una verdadera avanzada que se interna en la espesura del bosque y de la Cordillera de la Costa hacia el Océano Pacífico. La belleza del paisaje parece ser la compensación de una naturaleza que a ratos golpea con dureza y después acaricia con la magnificencia propia de la creación. Un día de marzo de 1896, en terrenos de propiedad de don José Miguel Alderete, nace el pueblo de Río Negro y, siete años más tarde, cobra vida la comuna del mismo nombre. La instalación de una oficina del Registro Civil constituye su primer gran paso, que permite a sus esforzados habitantes liberarse de la necesidad de ir a Puerto Octay para realizar gran parte de sus trámites legales. La vida de la naciente comunidad estuvo marcada por el tesón y la solidaridad existentes entre sus habitantes. Un ejemplo ilustrativo y simbólico de ello lo constituye el hecho de que, domingo a domingo, los colonos se reunían en distintas casas para escuchar la Santa Misa, celebrada en improvisados templos, cuyo calor, sin duda, fecundó las almas de aquellos primeros hombres en un espíritu que se conserva y se siente hasta hoy. Las aguas del río Rahue vieron pasar, a fines del siglo pasado, a los pequeños vapores que transportaban el alimento y los enseres necesarios. Constituyeron en aquella época el único medio de comunicación con Osorno y, por ende, con el resto del país. El ferrocarril sería, posteriormente, la gran palanca de desarrollo, ya que los caminos transitables aún hoy no logran penetrar en toda la comuna de Río Negro y se mantienen zonas de aislamiento y de difícil acceso. Los obstáculos han sido superados y generaciones de compatriotas han dado vida a una comuna hermosa y pujante. Sin embargo, los problemas subsisten. La sequía, las dificultades que enfrenta el sector agropecuario, las necesidades de mayores niveles de integración y acceso a mejor educación, salud, infraestructura y políticas efectivas de desarrollo rural, preocupan a los habitantes de Río Negro y constituyen legítimas aspiraciones. Un siglo de sacrificios, luchando por nuestro país, da derecho a pretender mejores condiciones de vida para sus hijos. Una política audaz de descentralización, que otorgue a las comunas y a las regiones capacidad de decisión, constituye un camino que todos debemos hacer realidad. Señor Presidente, vaya desde esta Sala el saludo y el aprecio de la bancada de la Unión Demócrata Independiente a todos los habitantes de Río Negro. En cien años han realizado una obra magnífica, que esperamos siga creciendo y sea ejemplo imperecedero para las generaciones de hombres del sur de Chile que los sucederán. He dicho. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Así, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a la ciudad de Río Negro, en el centenario de su fundación. Agradecemos la presencia en las tribunas del señor alcalde de Río Negro, de sus concejales y, especialmente, de su reina comunal. VIII. INCIDENTES. SITUACIÓN PREVISIONAL DE CHILENOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. Oficios. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, me quiero referir a un problema que afecta a muchas personas en edad de jubilar y que han trabajado parte de su vida en la República Argentina. En efecto, numerosos chilenos en edad superior a los 65 años no pueden jubilar, a pesar de que existe un convenio con Argentina en el aspecto previsional de mutuo reconocimiento. A mi juicio, las razones derivan del hecho de que en Argentina, en general, y en algunas provincias, en particular, no se pagan los sueldos a los empleados públicos o se pagan con varios meses de retraso. Esto también sucede con el sector pasivo argentino. Por tanto, el reconocimiento particular previsional a trabajadores chilenos pasa, en definitiva, al olvido. Conozco casos de chilenos que han trabajado en Argentina y están tramitando su jubilación en Chile desde 1990, y ahora, en 1996, aún no pueden obtenerla. Iniciaron el trámite con 65 años y ya tienen 71. Además, están casi en el aire, porque en Chile les proponen el otorgamiento de una pensión asistencial, equivalente a la mínima, llamada pensión autónoma. A mi juicio, esto atenta directamente contra personas que merecen un trato digno y justo por su trabajo, por haber hecho todas sus imposiciones aquí y allá y, obviamente, por su edad. En una oportunidad hice presente la misma aprensión en la Cámara frente a un convenio internacional relacionado con aspectos laborales que aprobamos. Es seguro que en países europeos esto funciona bien, pero no sucede lo mismo con nuestro vecino. Solicito que se oficie a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y del Trabajo, para que nos informen qué se está haciendo al respecto y si Argentina está dando cumplimiento a la parte previsional con los ciudadanos chilenos, que necesitan ese reconocimiento para obtener la justa jubilación que les corresponde y que hoy no pueden recibir. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. MEDIDAS EN FAVOR DE CAMPESINOS. Oficio. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Teodoro Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente, en el día de ayer, en el Congreso Nacional tuvo lugar una reunión a la que concurrió el señor Ministro de Agricultura, don Emiliano Ortega, quien expuso la posición del Gobierno ante la agenda para el desarrollo de la agricultura y la ruralidad chilenas, que fue elaborada por las Comisiones de Agricultura del Senado y de la Cámara de Diputados. En el evento, participaron, además, organizaciones campesinas, la Sociedad Nacional de Agricultura y expertos políticos de los diversos partidos. Manifestaron su parecer sobre la crisis que afecta a la agricultura chilena y propusieron soluciones al problema acuciante que sufren miles de familias campesinas. En este sentido, hace pocos días recibí una carta de la Sociedad Nacional de Agricultura. En ella se señala que, a pesar de los múltiples esfuerzos que ha realizado para presentar proposiciones directamente a Su Excelencia el Presidente de la República, no ha sido posible obtener una entrevista, lo que no se atribuye a su falta de interés, sino a lo recargado de su agenda o a los funcionarios que están en su entorno. Me preocupa que en la exposición de ayer del señor Ministro de Agricultura se hiciera el anuncio de que no se van a condonar las deudas de los pequeños agricultores con el Indap, por cuanto se podría producir un desincentivo a pagar, lo que disminuiría la cantidad de dinero para otorgar créditos a futuro. La solución de las consecuencias de las nevadas del año pasado y de la actual sequía y helada que han afectado severamente los cultivos del sur, es algo que no admite mayor dilación por parte de la autoridad. A pesar de su buena voluntad en repetidas ocasiones ha sobrevolado las zonas en helicóptero y se ha reunido con representantes de organismos públicos en las capitales regionales o de provincias, en verdad el pequeño campesino y los campesinos mapuches desconocen absolutamente cuál será su futuro; si recibirán o no ayuda, si se les condonarán o no las deudas y si se les darán o no nuevos créditos para reiniciar su ciclo productivo. Todos sabemos que el Indap exige el pago de los créditos del año anterior antes del 5 de mayo del siguiente; pero el 5 de mayo en esta ocasión es tarde, porque como me lo han señalado los Diputados Taladriz y René Manuel García, hombres vinculados de por vida y familiarmente a la agricultura si los campesinos no reciben pronto un crédito para producir pasto, sencillamente, dentro de dos o tres meses, no quedará animal en pie en la Novena y Décima Regiones, porque carecerán de forraje. En consecuencia, el precio del ganado seguirá cayendo en perjuicio del campesinado que está endeudado, que no ha recibido el fruto de las siembras y que carece de capital para seguir trabajando. El problema es serio. Por eso, la deuda de arrastre de los campesinos debe condonarse total o parcialmente, de todas maneras, porque es imposible pedirles futuro si no aliviamos el peso de su mochila. En segundo lugar, el Indap debe adoptar medidas de aplicación inmediata, para posibilitar el reinicio del ciclo productivo y asegurar que los campesinos sin perjuicio de revisar cada caso reciban nuevos créditos, aunque no paguen su deuda al 5 de mayo, y subsidios para empastadas. Si no se enfrenta el problema en forma inmediata, habrá hambruna, los campesinos se verán obligados a vender sus predios y, en definitiva, la agricultura de la zona sur no tendrá remedio. Recogemos con agrado las palabras de buena voluntad del Ministro de Agricultura, pero debemos manifestarle que se necesita ayuda concreta. Se habla de crisis agrícola y de millones y millones de pesos, pero los campesinos se preguntan, ¿qué recibimos nosotros? El campesinado de la Novena y Décima Regiones, especialmente el pequeño agricultor y el mapuche, no han recibido ni siquiera la esperanza de que se les condonarán total o parcialmente sus deudas, ni aún la esperanza de que recibirán créditos aunque no paguen lo que deben al 5 de mayo. Por estas razones, pido que en el oficio al Ministro de Agricultura se incluya mi intervención para que sepa que consideramos fundamental avanzar en la rápida implementación de medidas tendientes a solucionar la crisis agrícola. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Enrique Taladriz, René Manuel García, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Víctor Pérez, Iván Moreira, Edmundo Villouta, señora Martita Wörner, señores Zarco Luksic, Jorge Pizarro, Carlos Dupré, Ramón Elizalde, Juan Pablo Letelier y quien habla. RETRASO EN OBRA VIAL DE PUCÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García, por los cinco minutos que restan a su Comité. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, me referiré a un problema puntual que afecta a la comuna de Pucón. El anuncio de nuevas obras causa gran expectación y alegría en la población; pero, a medida que el tiempo pasa y no se concretan, la tardanza, la demora, los problemas causados a los veraneantes los han soportado estoicamente, les provocan desilusión. Me refiero a la construcción del camino que va desde la avenida principal de Pucón hacia el aeropuerto, el cual incluye ciclovías y obras de arte. He realizado varias visitas y he comprobado que la empresa Bitumic, que se adjudicó la propuesta, tiene prácticamente paralizadas las obras, lo que ocasiona un perjuicio evidente, sobre todo si se considera que el asfalto debe usarse caliente y no puede aplicarse en tiempo de lluvia. Los veraneantes y la gente del pueblo han querido que esto se haga lo más rápido posible, porque no están dispuestos a soportar otro verano más con incomodidades, considerando lo que representa Pucón para el turismo de la Novena Región. Por lo tanto, solicito que se oficie en forma inmediata al señor Ministro de Obras Públicas para que la ejecución de las obras se fiscalice y se controlen los retardos en que ha incurrido esta empresa. Sabemos que no se han vencido los plazos, pero en el tiempo que resta es imposible que se logre terminar las obras. Cabe destacar que existe otra empresa que se encuentra asfaltando el camino hacia el lago Caburga, que representa el doble del kilometraje del anterior, no obstante lo cual se encuentra prácticamente finalizado. Es preocupante que obras de esta envergadura, que son de adelanto y de progreso, incurran en retrasos. Ayer recibí una llamada del alcalde de Pucón, don Carlos Barra, quien ha efectuado una gran gestión por el turismo de esa ciudad. Hoy, la gente le reclama a él los retrasos en la obra, lo cual constituye una injusticia, porque ni el alcalde ni el cuerpo de concejales y es bueno que la gente lo sepa pueden intervenir para que se aceleren las obras. Son los distintos ministerios y los parlamentarios los que debemos fiscalizar estas materias. Los conceptos que aquí he vertido no han sido dichos con el ánimo de molestar a la empresa o a la gente que está realizando ese proyecto, quienes se preocupan por el bien de la comuna y el buen uso de los recursos fiscales que se están empleando, con el fin de que esta obra sea efectuada a la brevedad posible. Esto es lo que me inspira: que Pucón tenga su camino a la brevedad para así no tener que soportar otro verano con las molestias que ha causado a los miles y miles de veraneantes que concurren a esa zona. He dicho. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. ALCANCES A PROYECTO DE ACUERDO POR DERRIBAMIENTO DE AVIONETAS CIVILES EN CUBA. Oficio. El señor RIBERA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, intervendré brevemente antes de que haga uso de la palabra el Diputado señor Víctor Pérez. Cuando la Izquierda ataca y mata, ahí no existen derechos humanos, y le molesta cuando se usan esos términos. Hace algunos momentos hemos votado un proyecto de acuerdo a través del cual, gracias al voto favorable de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y de la UDI hemos podido condenar, como lo han hecho las Naciones Unidas y el mundo entero, un acto criminal que ocurrió en aguas internacionales y que consistió en derribar aviones civiles con la consiguiente pérdida de vidas humanas. Aquí ha quedado expresamente consignado quienes se abstuvieron: el Partido por la Democracia, el Partido Socialista y otros tres Diputados que votaron en contra. Es bueno tener estos antecedentes. Así, cuando se debatan temas sobre los derechos humanos, veremos con qué vara se mide, porque de la misma forma en que se procede en Chile hay que hacerlo en todas partes. Sin embargo, no se trata de llegar a una discusión, porque ésta ya la tuvimos. Ha quedado de manifiesto que lo que verdaderamente sucedió en aguas territoriales internacionales fue un acto criminal contra el derecho a la vida, lo mismo que dicen defender algunos paladines de la Izquierda a la hora de abordar el tema de los derechos humanos. Ellos se confunden cuando se tratan cuestiones en las cuales están involucradas ideologías que apoyan. Señor Presidente, deseo que el proyecto de acuerdo, aprobado hoy mayoritariamente, sea enviado con un oficio de la Presidencia de esta Cámara al señor embajador de los Estados Unidos en Chile, a fin de hacer llegar este documento a la organización que hoy se encuentra de duelo, “Hermanos al Rescate”, cuya sede se halla en Miami. He dicho. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL ESTATUTO DOCENTE SOBRE JUBILACIÓN DE PROFESORES. Oficio. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, cuando discutimos en el Parlamento las modificaciones al Estatuto Docente, aprobadas en agosto de 1995, expresamos en esta Sala, en el Senado y públicamente, que muchas de sus normas sólo lograrían generar conflicto entre el Colegio de Profesores y el Gobierno, los profesores y las municipalidades y, por ende, entre las municipalidades y el Ejecutivo, puesto que entrababan de manera manifiesta la administración educacional. Por otra parte, teniendo presente que el espíritu que animaba tales modificaciones era reducir la dotación de docentes, señalamos que se generarían mecanismos que, por una parte, provocarían expectativas en los docentes, pero, por otra, no se contaría con los recursos suficientes para aplicarlas en su integridad. Dentro de los artículos que modificaron el Estatuto Docente se establecieron algunas normas transitorias. El artículo 7º transitorio dispone que los profesores que reúnen todos los requisitos para jubilar, de acuerdo con las municipalidades incluso la municipalidad directamente puede poner término a la relación laboral, recibirán una indemnización por años de servicio, sin tope, por el hecho de abandonar antes del 28 de febrero de 1997 la dotación de los establecimientos educacionales bajo la administración municipal. El artículo 9º transitorio establece que los profesores que sin reunir los requisitos para jubilar quieran abandonar la administración educacional, recibirán una indemnización con un tope de 11 meses, incrementada en un 25 por ciento. El artículo 12 transitorio dispone que si las municipalidades no cuentan con los recursos para tales efectos, se los pedirán al Fisco, el cual dictará un decreto supremo del Ministerio de Educación, avalado por el Ministerio de Hacienda, en el cual se establecerá el procedimiento, la selección de los municipios, etcétera. Pues bien, como no escapará al juicio de Su Señoría, este mecanismo tiene como fecha tope el 28 de febrero de 1997, razón por la cual muchos profesores han querido ejercer los derechos que les señalan estas normas transitorias. Sólo en el caso de la comuna de Los Ángeles, que me honro en representar, 130 profesores han manifestado su voluntad de acogerse ya sea al artículo 7º o al 9º transitorios. He tenido conocimiento de que esta situación también se ha llevado a efecto en muchas otras comunas del país, puesto que hay interés por obtener estas indemnizaciones especiales. La respuesta de la Municipalidad de Los Ángeles, en este caso, es que carece de recursos para cumplir tales disposiciones. A su vez, la respuesta que ha recibido dicha municipalidad de las autoridades de Gobierno, en especial del Ministerio de Educación, es que no existe financiamiento. Por lo tanto, estamos en presencia de una situación particularmente grave, por cuanto se motiva a los profesores a exigir un derecho que, en definitiva, no pueden ejercer. Más aún, tal como dije en esta Sala, en muchas municipalidades, en caso de contar con estos recursos, se provocará un problema muy serio, puesto que esos dineros están destinados a un fondo de readecuación. Por ende, un municipio que tiene una dotación coherente con sus necesidades educacionales no podrá permitir que los profesores ejerzan ese derecho, puesto que al jubilar o al renunciar voluntariamente se llevan sus horas, castigando, por lo tanto, a los municipios eficientes. Esta situación, que se está viviendo en muchas comunas del país y que he ejemplificado en la comuna de Los Ángeles, debe ser resuelta para no generar una nueva frustración de los profesores por las normas del Estatuto Docente y sus modificaciones. Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Educación y que se le acompañe copia de mi intervención, para que informe a la Corporación sobre cuál será el criterio del Gobierno en la materia, ojalá en el más breve plazo posible, porque no se puede jugar con las expectativas de docentes, de profesores que quieren terminar sus años de servicios obteniendo una indemnización que nunca antes pudieron conseguir y que después del 28 de febrero de 1997 y por razones de falta de recursos y de aplicación de un decreto supremo extremadamente engorroso del Ministerio de Educación, publicado la semana pasada, no podrán ejercer debidamente su derecho. He dicho. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría a la autoridad que indica, incluyendo su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Moreira, Bartolucci y Ribera. COSTO DE CAMPAÑA TELEVISIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL. Oficio. El señor RIBERA (Vicepresidente).- En el turno del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, en fecha reciente, con ocasión de un nuevo llamado de la Dirección General de Movilización para el cumplimiento del servicio militar obligatorio, hemos sido testigos de un debate nacional creciente sobre esta institución. Uno de los motivos que han estimulado dicho debate es una campaña publicitaria millonaria en los canales de televisión, cuyo propósito declarado es incentivar a los jóvenes de nuestro país a que cumplan con el referido deber legal. Evidentemente, ello es el mejor reflejo de la preocupación de ciertos círculos frente a una actitud crítica de muy amplios sectores del país no sólo de los jóvenes respecto de la legitimidad, validez y utilidad del reclutamiento forzoso de ciudadanos para cumplir con lo que se ha llamado el deber militar. Es importante conocer las razones que tuvo el Ministerio de Defensa para llevar a cabo esta millonaria campaña, porque siento que detrás de ella se esconde la necesidad de que en el país haya un debate franco sobre la vigencia y utilidad de esta institución. Como es sabido, no soy partidario del servicio militar obligatorio, y al plantear que no comparto la necesidad de un ejército que entre sus principales elementos tenga un cuerpo de conscriptos, no se pone en discusión no es mi voluntad la existencia de las Fuerzas Armadas ni de cada una de sus instituciones, sino cuál es el mejor modelo de fuerzas armadas y el mejor instrumento para garantizar la seguridad y defensa nacionales. No creo que el servicio militar obligatorio sea el más adecuado. En estas decisiones del Ministerio de Defensa, así como en las de otros sectores del país, se esconde el temor a un debate cara a cara sobre la vigencia o no de esta institución, sobre la necesidad de introducirle modificaciones y de discutir efectivamente un hecho de fondo: no todos los chilenos cumplen con el deber militar. En primer término, las mujeres están exentas por razones de género. En segundo lugar, sólo uno de cada cuatro jóvenes lo hacen y, curiosamente, la abrumadora mayoría son trabajadores, hijos de trabajadores, de campesinos y, por cierto, es muy difícil encontrar un hijo de médico que lo cumpla. Es una discriminación social que no ocurría en las décadas de los años 30 y 40 en el país, lo cual debe llevarnos a abrir un debate sobre la utilidad, legitimidad y validez de esta institución. Con el propósito de avanzar en este debate, solicito que se oficie al Ministro de Defensa para que nos informe acerca del costo de la campaña publicitaria que se está llevando a cabo por la Dirección General de Movilización Nacional en diferentes canales de televisión, y nos entregue las estadísticas, si las tuviera, de cuántos jóvenes reclutados en los últimos diez años para cumplir la conscripción militar estaban estudiando en la educación media, porque, por desgracia, son miles los que ven interrumpida su oportunidad de terminar sus estudios por este deber militar que, supuestamente, va en beneficio de todos. He dicho. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Comunico a la Sala que se encuentra en la tribuna una delegación de la Unión de Mujeres de Vietnam, integrada por su vicepresidenta y por su subdirectora de Relaciones Exteriores. Recuerdo a los señores Diputados que nuestro país ha incrementado nexos diplomáticos con Vietnam, a través de la apertura de una misión más permanente. Aplausos. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL PARA COMUNA DE TIERRA AMARILLA. Oficio. El señor RIBERA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, en esta oportunidad me referiré al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo del que hoy la Corporación ha tomado conocimiento que crea nuevos juzgados de policía local en diversas comunas del país. Sorprendentemente, en esa iniciativa no está incorporada la comuna de Tierra Amarilla de la Tercera Región, que ha efectuado diversas gestiones, tanto a través de su concejo y alcalde, como del parlamentario que habla, además de entregar distintos antecedentes requeridos por el Ministerio del Interior, para justificar la creación de este tribunal, que es fundamental en la vida de una comunidad, con la tierra amarilla. Todos debemos saber que, más allá de sus serios problemas, esta comuna muestra una creciente actividad económica. La gran minería ha tenido un gran impulso lamentablemente, no la de los pequeños mineros y pirquineros con la reciente instalación de La Candelaria, que se suma a otras medidas y grandes explotaciones. Además, se realiza una intensa actividad exportadora frutícola, particularmente de uva de mesa. Esta comuna tiene una población migratoria o temporal, que crece mucho en los períodos de cosechas; un transporte creciente, sobre todo por carreteras, no sólo por la producción agrícola que ha tenido un fuerte auge, sino, además, por una minería en ascenso. Es cierto que por su interior no atraviesa la Carretera Panamericana, pero sí un camino productivo de extraordinaria importancia. En suma, es una comuna con actividad económica, con transporte, con un gran población flotante. Sin embargo, no tiene un juzgado de policía local letrado, lo que obliga a quienes se ven compelidos a comparecer ante ese tribunal, a trasladarse a Copiapó, que está a 16 kilómetros de distancia, y cuyos juzgados de policía local ya están suficientemente saturados. Eso significa recargarlos, menores ingresos para la municipalidad de Tierra Amarilla por las infracciones que allí se cometen y gasto adicional para los afectados. Por lo expuesto, solicito que se oficie al Ministro del Interior y se le adjunte mi intervención, a fin de que informe sobre las razones que motivaron la no inclusión de la comuna de Tierra Amarilla en el proyecto de ley que crea juzgados de policía local, iniciativa que hoy comienza a discutir el Congreso, en circunstancias de que todos los antecedentes indican que es plena y urgentemente necesario. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio y su intervención al Ministro del Interior. SUSPENSIÓN DE OBLIGACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES RELACIONADA CON ASISTENCIA TÉCNICA. Oficio. El señor RIBERA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la señora Wörner. La señora WÖRNER (doña Martita).- Señor Presidente, la asistencia técnica que se da a la agricultura a través de empresas especializadas, tiene un doble financiamiento: por una parte, un subsidio fiscal; y por la otra, un porcentaje menor, de cargo de los agricultores. Esta asistencia técnica es indispensable para elevar la calidad de la agricultura y de los productos derivados de ella, y tiene particular importancia cuando estamos tratando de mejorar la mediana y pequeña agricultura. Los grandes agricultores insertos en el comercio exterior cuentan con recursos suficientes para proporcionarse en forma privada esta asesoría. Hasta 1995, Indap que controla y entrega el subsidio estatal para el cofinanciamiento dejó a criterio de las empresas que prestan estas asesorías el cobro de la parte de cargo de los agricultores. Y en la casi generalidad de los casos asumieron este porcentaje como costo de operaciones. Ello garantizó el acceso a la asesoría técnica de miles de pequeños y medianos agricultores. Esta política cambió. A partir de 1996, el Estado hace exigible el porcentaje de cofinanciamiento que debe aportar el agricultor, bajo apercibimiento de sanción aplicable a las empresas asesoras. No me pronunciaré acerca de la justicia o no de la exigencia de pago a los pequeños y medianos agricultores de este porcentaje de cofinanciamiento, sino sólo a la inconveniencia de hacerlo ahora, cuando el Gobierno está disponiendo medidas de excepción, a las que Su Señoría aludió en su intervención, para ir en ayuda de la agricultura, afectada por la sequía y por el llamado “terremoto blanco”. Con la misma objetividad con que el Gobierno ha reconocido las pérdidas y la crisis del sector agrario, debería concluirse que hacer exigible este cofinanciamiento impide que esta necesaria asistencia técnica llegue a los sectores que hoy la requieren. Según antecedentes de Indap, en la provincia de Arauco, que represento, hay 1.600 pequeños y medianos agricultores que necesitan con urgencia seguir contando con esta asistencia técnica, pero como fueron afectados por las condiciones climáticas, principalmente por la última sequía, en este momento no disponen de los recursos que les permitan pagar el porcentaje que les corresponde en ese cofinanciamiento y que, por las razones que expliqué, nunca antes pagaron. Era un acuerdo entre Indap y las empresas, que no afectaba la finalidad del Estado al subsidiar esta actividad. Por lo anteriormente expuesto y por las consideraciones que seguramente no escapan al criterio de las autoridades del área, pido que se envíe oficio al Ministro de Agricultura para que disponga las medidas pertinentes a cumplir por el señor Director Nacional de Indap, con el fin de que, si no es posible dejar sin efecto esta exigencia, se suspenda su obligatoriedad por el presente año a los pequeños y medianos agricultores, que están siendo considerados en esta política de excepción y de ayuda especial a los afectados por el “terremoto blanco” y la sequía, para que continúen recibiendo esa necesaria asesoría técnica que hoy quedarían sin recibir si el Estado no decreta lo solicitado. En todo caso, apelo a la conciencia que existe en el Gobierno de que este sector requiere contar con asesoría técnica en forma permanente, para que se estudie la posibilidad de dejar sin efecto esta medida y, en definitiva, se siga entregando sin la obligatoriedad del cofinanciamiento y con el mismo criterio con que las empresas han evaluado cada caso en particular. He dicho. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Makluf, Hernández, Villouta, Jeame Barrueto, Elizalde y Ribera. En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ANTECEDENTES SOBRE INCENDIOS EN REGIONES. Oficio. El señor RIBERA (Vicepresidente).- En el turno correspondiente al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, el fin de 1995 y el comienzo de 1996 han sido verdaderamente desastrosos para la agricultura, en especial por la cantidad exagerada de incendios forestales. En noviembre, hubo algunos incendios que, por la sequía, demoraron en ser apagados, porque todavía no se habían suscrito los contratos habituales con las empresas que realizan las inspecciones aéreas. Por otra parte, los incendios, en especial desde la Octava hasta la Décima Regiones, han aumentado en forma excesiva. Al respecto, Conaf debería entregar un informe exhaustivo al 31 de marzo, por regiones, de la cantidad de incendios producidos, las hectáreas afectadas, y sugerir las medidas que se podrían tomar para enfrentar esta situación, que ha llegado a un nivel bastante peligroso. Además, en Angol y sus alrededores la sequía sigue siendo bastante grave, no así en otros sectores como Traiguén, Victoria, etcétera. El lunes recién pasado hubo un incendio de gran envergadura que obligó al uso de más de seis aviones y de una cantidad extraordinaria de voluntarios de Conaf y de bomberos. Sería interesante que Conaf revisara la legislación y entregara una proposición, que podría agregarse al decreto con fuerza de ley Nº 701, que está tratando la Comisión respectiva de la Cámara, para aumentar la distancia entre las plantaciones de bosques y los caminos longitudinal, y secundarios o vecinales. En mi distrito, hay plantaciones a diez metros del camino. Asimismo, no se han respetado las distancias que deben existir entre los diversos bloques de plantaciones, lo que indudablemente facilita, cuando hay mucho viento, que el fuego se propague con una velocidad excesiva, y hace prácticamente imposible la labor de la gente que trabaja en su extinción. Por lo expuesto, solicito que se oficie a Conaf con el fin de que envíe los antecedentes que he indicado para que se realicen los estudios respecto de las distancias que en este momento se exigen y las que se podrían requerir para futuras plantaciones, y también para que se verifique si las plantaciones existentes respetan las distancias ideales entre un bloque de plantación y otro. He dicho. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Makluf, Hernández, Elizalde y Ribera. INVESTIGACIÓN SOBRE CONCESIÓN DEL CASINO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR. Oficios. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Makluf. El señor MAKLUF.- Señor Presidente, deseo referirme a un hecho particularmente grave que se inscribe dentro del contexto del debate que hoy se vive en el país sobre el tema de la corrupción y, por ende, de la ética pública. Como es de conocimiento general, diversas denuncias sobre irregularidades han afectado en los últimos meses a la Municipalidad de Viña del Mar, algunas de las cuales se encuentran en distintos ámbitos de investigación. En el diario “La Segunda” del 4 de marzo, el ex presidente regional del Partido por la Democracia, señor Tomás De Rementería, afirma en una entrevista que la renovación de la concesión del Casino Municipal de Viña del Mar habría sido una “negociación del partido”, según versión que le proporcionara el ex alcalde de ese municipio, actual concejal señor Rodrigo González Torres, también ligado al señor Rementería por militancia política, bajo cuya administración se renovó está concesión mucho antes de cumplirse el plazo fijado para su término. Como se comprenderá, esta denuncia reviste extrema gravedad, toda vez que estaríamos frente a una seria alteración del proceso de toma de decisiones que deben realizar todos aquellos organismos que se encuentran investidos de autoridad o poder. Lógicamente, las autoridades deben tender invariablemente a garantizar el bien común y no someter este principio básico a intereses políticos partidistas, como queda reflejado en la denuncia del señor de Rementería. En mi calidad de Diputado por el distrito de Viña del Mar, constituye mi deber solicitar la total aclaración de estos dichos, en consideración a que, por ejemplo, en ellos se utilizan términos como “negociación”, que en el ámbito de los negocios y del comercio implica la existencia de contraprestaciones por algo que se da a cambio de algo que se recibe. Obviamente, un acto de negociación de esta especie aparece como inaceptable para quienes administren cualquiera municipalidad, y muy especialmente en el caso de Viña del Mar, que es una de las más importantes del país. Por atentar contra el principio de confianza de la ciudadanía en sus representantes, resulta extremadamente importante conocer públicamente y con la mayor transparencia todo el proceso de la última renovación en la concesiòn del Casino Municipal de Viña del Mar. Particularmente relevante es determinar qué profesionales participaron en los diversos trámites previos a la decisión final, especialmente los abogados que realizaron los estudios de los respectivos contratos. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito que la Contraloría Regional de Valparaíso realice una investigación, a fin de determinar si se cometieron irregularidades en el proceso de concesión del Casino Municipal de Viña del Mar. Del mismo modo, solicito que se oficie al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que inicie las acciones tendientes a determinar si dicho proceso de concesión afectó el interés público. Por último, pido que se oficie a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar a fin de que se den a conocer todos los pasos seguidos para otorgar la concesión. En todos estos oficios solicito que se pida la individualización de los profesionales y abogados que realizaron, revisaron y aprobaron los trámites de preparación de las respectivas minutas y redacción de los respectivos contratos. He dicho. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Se enviarán los tres oficios solicitados por Su Señoría, que cuentan con el apoyo de los Diputados señores Hernández y Elizalde. INFORMACIÓN FIDEDIGNA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS CAMPESINOS. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Miguel Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, afortunadamente, nuestro país ha tomado plena conciencia de la situación de emergencia que se vive en la zona comprendida entre las Regiones Octava y Undécima, como consecuencia de la sequía que la ha afectado. El Gobierno ha tomado diversas medidas para enfrentar la situación. El aparato público se está moviendo, pero al ritmo de la burocracia: lento, a raíz de la pesadez del aparato burocrático. Y ello es un problema porque los programas que se están adoptando encuentran dificultades para que la gente, los agricultores, fundamentalmente los pequeños campesinos y mapuches de nuestra Novena Región de La Araucanía, los reciban implementados en forma adecuada y en el tiempo correspondiente. Todos los parlamentarios que representamos a regiones agrícolas hemos manifestado preocupación por lo que se está viviendo en nuestras zonas, y todos coincidimos ayer quedó expresado en la reunión que sostuvimos con el señor Ministro de Agricultura, en conjunto con las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado, en que el Gobierno ha tomado las medidas adecuadas al respecto. Pero hay un elemento que quiero poner en el tapete de la discusión. El aparato burocrático, que es lento, pesado, en el sentido de que cuesta implementar en forma conveniente las medidas que se proyectan, debe enfrentar un elemento que para mi gusto es preocupante, cual es la vertiginosidad con que la información llega a la gente y la utilización que se hace de los medios de comunicación cuando los parlamentarios y las diversas instituciones y sus directivos anuncian las medidas adoptadas. ¡Ojo con lo que sucede! La gente del campo no recibe la información correcta y muchas veces le damos falsas expectativas que a la larga provocan su frustración, lo cual no ayuda a que el pesado aparato burocrático del Estado funcione con prontitud y eficiencia, originando la dificultad que antes señalé. La gente no sabe lo que está sucediendo y, en definitiva, cuáles son las medidas y en qué se traducen como hechos concretos. Consciente de la necesidad de hacer un adecuado manejo de los medios de comunicación, fundamentalmente, cuando es a la gente de campo a quienes debemos informar, cuyo lenguaje o forma de expresión y velocidad son diferentes, he querido expresar en el seno de esta Cámara mi intención de invitar a los colegas parlamentarios y a los diferentes e importantes medios de comunicación a hacer un esfuerzo para que las noticias que se entreguen sean adecuadas y dichos medios se pongan efectivamente al servicio de la gente, de nuestros campesinos y mapuches, a fin de que en definitiva reciban la información real de cómo el Gobierno, el Estado de nuestro país, está enfrentando las diversas situaciones. Los esfuerzos que se hacen son importantes, pero si no somos capaces de informar adecuadamente a nuestros campesinos, estaremos haciéndoles un flaco favor. He dicho. El señor RIBERA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Se levantó a las 14.09 horas.