REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 331a, ORDINARIA Sesión 27a, en jueves 10 de agosto de 1995 (Ordinaria, de 10.30 a 13.35 horas) Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime, y Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. PUBLICACIÓN OFICIAL REDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.FÁCIL DESPACHO VI.ORDEN DEL DÍA VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.Asistencia 6 II.Apertura de la sesión 8 III.Actas 8 IV.Cuenta 8 Permiso constitucional 8 Réplicas a alusiones personales 8 V.Fácil Despacho. Modificación al Código Penal para tipificar y sancionar el delito de trata de blancas. Tercer trámite constitucional 10 Cambios en la Tabla 10 VI.Orden del Día. Apoyo a las funciones municipales de comunas de bajos ingresos. Segundo trámite constitucional 11 Aguinaldo de Fiestas Patrias. Primer trámite constitucional 31 Preferencia para tratar proyecto de ley. 32 VII.Proyectos de acuerdo. Inclusión de Asociación nacional de funcionarios penitenciarios en iniciativa sobre restitución de bienes confiscados 32 Declaración condenatoria de ensayos nucleares en atolón de Mururoa 33 Beneficios a mujeres de tercera edad y menores inválidos pertenecientes a familias de escasos recursos 35 VIII.Incidentes. Reconstrucción de puente en Loncoche (Novena Región). Oficio 37 Falta de recursos para consultorios de salud primaria en Curicó. Oficio 37 Información sobre ayuda gubernamental para las regiones declaradas en estado de emergencia. Oficios 38 Condiciones para alcanzar la reconciliación nacional 39 Detención de periodistas en Cuba. Oficios 40 Extensión de aguinaldo a pensionados de A.F.P. 41 Homenaje en el Día del minero. Oficios 42 Alcances a denuncia sobre control de estupefacientes 43 Recursos para zonas afectadas por fenómeno no climático. Oficios 44 Evaluación de programa de mantención de caminos en Décima Región. Oficios45 Discriminación en otorgamiento de subsidios habitacionales a trabajadores de Iquique. Oficio 46 Mayores recursos para Contraloría General de la República. Oficios 46 IX.Documentos de la Cuenta. 1.Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto, con urgencia calificada de "suma", que modifica la ley N° 18.695, Orgánica constitucional de municipalidades, en lo relativo a la generación de autoridades (boletín N° 1674-06) 48 2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que comunica que ha resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que modifica las normas contenidas en los Libros I y V del Código del Trabajo y el artículo 9° de la ley N° 17.322, con el objeto de agilizar el procedimiento en las causas laborales (boletín N° 1545-13) (S) 50 Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos: 3.Modifica el Código Penal con el objeto de sancionar de manera autónoma el delito de receptación (boletín N° 1363-07) 50 4.Modifica el Código de Procedimiento Penal con el objeto de facilitar las denuncias por los delitos de hurto y robo (boletín N° 1528-07) 51 5.Crea los Servicios de Salud de Arauco y de Araucanía Norte (boletín N° 1128-11).52 6.Oficio del Senado con el que comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que autoriza la construcción de tres monumentos en memoria de don Bernardo Leigton Guzmán en Santiago, Nacimiento y Los Angeles (boletín N° 1529-04) (S) 52 7.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.070, y decreto con fuerza de ley N° 5 de Educación, de 1993, y establece beneficios que indica (boletín N° 1196-04) 52 8.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas (boletín N° 1374-05) 53 9.Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que otorga un aguinaldo de Fiestas Patrias a los trabajadores y pensionados que indica (boletín N°1672-05) 84 10.Oficio del Grupo Interparlamentario chileno-francés por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el texto de la respuesta del Embajador de Francia en Chile, al acuerdo que rechaza la reanudación de los ensayos nucleares en el atolón de Mururoa 87 11.Moción del Diputado señor Barrueto, suscrita por los Diputados señores Viera-Gallo, Palma (don Andrés), Silva, Vilches, Ascencio, Longton, las señoras Allende, Wörner, y la señorita Saa, que dispone una reforma constitucional para garantizar el derecho a la no discriminación arbitraria (boletín N° 1673-07) 93 X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicaciones: De la Comisión Especial sobre el problema de la droga por la cual comunica que ha procedido a elegir como Presidente al Diputado señor Reyes. Del Diputado señor Ascencio quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, del Reglamento de la Corporación y 57, de la Constitución Política de la República, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 11 de agosto en curso. 2.Oficios. De la Contraloría General de la República por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: De los señores Galilea, Solís y el Comité parlamentario del Partido Renovación Nacional, referente a actuaciones de la Dirección del Trabajo y pronunciamiento acerca de la legalidad de la resolución N° 83 de fecha 15 de junio de 1994. Del señor Longton, relativo a cobro de horas extraordinarias y viáticos en el período 1992 a 1995 por parte de los alcaldes de las comunas de Quilpué y Villa Alemana. Del señor Vargas, sobre procedimiento de elección de alcaldes. Del señor Naranjo, respecto de pagos por concepto de honorarios y horas extraordinarias efectuados por la Municipalidad de Linares. Del señor Errázuriz, acerca de la utilización de establecimientos educacionales, fiscales o municipales en actividades políticopartidistas. De los señores Bayo, Pizarro, Villouta, Pérez (don Víctor) y Masferrer, referente a las irregularidades en el uso de vehículos municipales. Del Ministerio del Interior, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Jürgensen, sobre problemas de aguas servidas que afecta a los habitantes de la Población N° 2 de Corte alto, comuna de Purranque, relativo a la situación de recursos especiales con motivo de la conmemoración del primer centenario de Río Negro. De los señores Montes, Latorre y Gutiérrez, acerca de la carencia de establecimientos educacionales públicos en la Región Metropolitana, especialmente en la comuna de La Florida. Del señor Martínez (don Gutenberg), respecto de las medidas adoptadas para solucionar los problemas que causan los plátanos orientales, ubicados en calle Eduardo Castillo Velasco. Del señor Arancibia, sobre financiamiento que permita elevar a Subcomisaría la Tenencia de Carabineros de Caldera. Del Ministerio de Obras Públicas, con los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Kuschel, Ascencio, Ortiz y Ojeda, acerca del avance del proyecto de mejoramiento sobre canalización de Estero Lobo de Puerto Montt y proyecto de urbanización Población Pudeto Bajo en Ancud. Del señor Coloma, relativo a puente San Francisco y camino La Puntilla, Región Metropolitana. Del señor Alvarez-Salamanca, acerca de la reparación de caminos en la comuna de San Clemente; camino que une los sectores Picasso Bajo y La Isla, comuna de San Clemente. Del señor Galilea, respecto de la pavimentación de acceso a localidad de Pillanlelbún, comuna de Lautaro. Del señor Urrutia (don Raúl), referente a las obras viales en la Quinta Región. Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el que responde el enviado en nombre de la Diputada señora Wörner, relativo a número de personas que dejaron de percibir pensiones. Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante los cuales responde los enviados en nombre del Diputado señor Soria, sobre reemplazo de taxis. I.ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: (108) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Meló, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Alvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Allamand Zavala, Andrés --Allende Bussi, Isabel --Arancibia Calderón, Armando --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Aylwin Azocar, Andrés --Aylwin Oyarzún, Mariana --Balbontín Arteaga, Ignacio --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Caminondo Sáez, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Angel --Ferrada, Valenzuela, Luis Valentín --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --González Rodríguez, José Luis --Gutiérrez Román, Homero --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado Ruiz-Tagle, José María --Jara Wolf, Octavio --Jeame Barrueto, Víctor --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Jürgensen Caesar, Harry --Karelovic Vrandecic, Vicente --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Makluf Campos, José --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Matthei Fornet, Evelyn --Melero Abaroa, Patricio --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Munizaga Rodríguez, Eugenio --Muñoz Aburto, Pedro --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Várela, Víctor --Pizarro Soto, Jorge --Pollarolo Villa, Fanny --Prokurica Prokurica, Baldo --Rebolledo Leyton, Romy --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Solís Cabezas, Valentín --Sota Barros, Vicente --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro --Tuma Zeda, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valcarce Medina, Carlos --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villegas González, Erick --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Wörner Tapia, Martita --Zambrano Opazo, Héctor Asistieron, además, el Ministro de Educación, señor Sergio Molina y la Ministra Directora del Sernam, señora Josefina Bilbao. II.- APERTURA DE LA SESIÓN. Se abrió la sesión a las 10.30. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.ACTAS. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El acta de la sesión 24a se declara aprobada. IV.CUENTA. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑ1GA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Terminada la Cuenta. PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El Diputado señor Ascencio solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 11 del mes en curso. Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado. Acordado. RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento, han solicitado usar de la palabra los Diputados señores Elgueta y Aylwin. En primer lugar, tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en sucesivos editoriales de algunos diarios, en especial, en una entrevista dada por el señor Carlos Paul a "El Mercurio", de Valparaíso, se nos ha imputado una serie de acciones con variados calificativos en relación con el proyecto sobre Ley de Prensa. Señala, por ejemplo, que dicho proyecto está siendo "charqueado" en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; que en su estudio no hay rigor legislativo y que, en definitiva, lo único que estaríamos haciendo sería intentar un protagonismo personal. El origen de la irritación de estos editorialistas y del señor Paul está en la vieja confusión entre la libertad y la propiedad. El dueño siempre es soberbio. Dice: "El medio de comunicación es mío y publico lo que quiero". Yo elijo la noticia y la califico de tal. "Digo quién es importante o quién no lo es". En definitiva, se declara poseedor exclusivo de la libertad de expresión, de opinar, de informarse e informar. Sin embargo, esta soberbia propia de los dioses, oculta los poderes de la publicidad y del dinero. Siendo así el criterio de los dueños de los medios, tiene lógica que les disguste que se vele por el derecho de la comunidad a ser informada, que se salvaguarde sobre el pluralismo real de los medios en nuestra sociedad, que se pretenda favorecer al periodismo regional, que se regule la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que se sancionen sus contravenciones, que se vele por la transparencia del mercado comunicacional, que se asegure la correcta difusión de los datos y su reserva en el caso de los medios computacionales, que se establezca el derecho a reclamar contra el silencio deliberado de hechos relevantes de la vida nacional que son patentes para todos, pero que en esos medios, simplemente, no existen, porque no corresponden a sus convicciones políticas, económicas y sociales. La abogada Ángela Vivanco Martínez, autora del libro sobre la libertad de opinión y de información, dice que en esta materia existen los marginados, los pobres o los débiles en el campo de la información, que son aquellos que por imposibilidad económica, material, física, geográfica, etcétera, no tienen acceso a los medios informativos, ya sea para informarse o para ejercer su derecho a la expresión de ideas y de juicios. Vuelven aquí a resonar las viejas palabras de Condorcet: "En la lucha de los débiles contra los poderosos, es la libertad la que mata y sólo la ley la que salva". No impulso la información estatal, pero en el campo privado, los monopolios informativos, los abusos y sus manipulaciones sobre el público, el exceso de propaganda, la mentira deliberada, la destrucción de los pequeños medios por la presión económica, la desinformación, el silencio premeditado y otras acciones, denotan que lo que se trata de "charquear" no es el proyecto sobre la ley de prensa, sino la democracia misma y una real y auténtica libertad de expresión, sin la cual la primera muere ahogada en los criterios de unos pocos que son los dueños de los medios. Pareciera que, a juicio del señor Carlos Paul Lamas, Presidente de la Asociación Nacional de Prensa, la Constitución Política no asegura la libertad de expresión sino que el derecho al silenciamiento, y en consecuencia, los chilenos, en lugar de conocer la verdad y la posición de la comunidad nacional, tuviéramos que ser conducidos como hato de borregos por las ideas que escriben los dueños en sus periódicos o que leen en sus radios o en la televisión. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el mismo sentido, para vindicar su honor, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin. El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, como lo ha expresado el colega señor Elgueta, en la Cámara se encuentra en trámite un proyecto sobre libertad de expresión, al cual le hemos formulado un conjunto de indicaciones, las cuales tienen por objeto favorecer una información pluralista. En resumen, reivindicamos que la libertad de expresión no sólo tiene por objeto garantizar que los propietarios de los medios de comunicación puedan expresar sus ideas o informar libremente, sino que ello debe ser compatible también con el derecho de la sociedad toda a estar informada de manera pluralista. Este concepto, defendido por todos los tratadistas y constitucionalistas chilenos, como también por todos los autores que han escrito al respecto en Europa o en Estados Unidos, sin embargo, aquí ha llamado profundamente la atención, y en relación con las indicaciones mencionadas estamos recibiendo, semanalmente, tergiversaciones y ataques absolutamente infundados. En todo caso, éste es un debate que se mantiene en el terreno más o menos de las ideas; un debate muy especial, en que los que hablan por la prensa, los propietarios de los medios de comunicación, llegan a un millón de personas, y nosotros nos defendemos sólo ante 8, 10 o 15 personas. Por consiguiente, hay una cobardía moral en los ataques constantes que se nos hacen en relación con nuestras indicaciones. Esto se había mantenido casi en un clima de cierto respeto. Sin embargo, el señor Carlos Paul, Presidente de los medios de comunicación social, ha rebajado absolutamente el debate. En un ataque injusto, increíble, de una inaudita vulgaridad y francamente injurioso, pretende que toda nuestra lucha por la libertad de expresión, como nosotros la entendemos, no estaría sino motivada por el derecho, por el espacio que nosotros, el Diputado señor Elgueta, yo y otros, querríamos tener en los medios de comunicación. Se comprende, señor Presidente, que esto tiende a descalificarnos moralmente en nuestro propósito de hacer indicaciones con las cuales creemos estar defendiendo principios fundamentales de la democracia. Resultan absolutamente ridículos y absurdos los ataques que se nos hacen, pues esas indicaciones son una reacción frente a lo que muchos especialistas y personas invitadas han dicho en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El Presidente del Colegio de Periodista -lo he dicho otras veces en la Sala- ha expresado que en Chile existe concentración en la propiedad de los medios de comunicación y también en el mensaje ideológico. De ahí que no puede haber un cuestionamiento más grave que éste para la prensa nacional. Sin embargo, al señor Paul no le interesa eso; no le preocupa esa situación gravísima, y nos ataca porque estamos procurando encontrar alguna solución para el problema. El 34 por ciento de los diarios regionales son de propiedad exclusiva de una empresa radicada en Santiago. Los diarios regionales, que deben ser interpretativos de la cultura regional, de las inquietudes regionales, de la forma de ser de las regiones, sin embargo, todos, están en poder de otro diario que tiene domicilio en Santiago. Eso es lo que tratamos de solucionar o afrontar con nuestras indicaciones. Ante esa situación preocupante se nos ataca, tratando de descalificarnos personalmente. Por primera vez hago uso de estos cinco minutos he sido Diputado durante cinco períodos, y lo hago porque no acepto este ataque grosero y vulgar del señor Paul que pretende descalificarnos en un debate serio y, además, especialmente, porque constituye un amedrentamiento a todos los Diputados, que vamos a discutir la próxima semana, o en quince días más, la ley de libertad de expresión. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, ha terminado su tiempo. El señor AYLWIN (don Andrés).- El mensaje, absolutamente inaceptable, que nos envía el señor Paul a todos los Diputados, es que no podremos legislar libremente y que en caso de oponernos a los intereses creados que él representa, vamos a ser víctimas de todo tipo de ataques y tergiversaciones. Repito que es inaceptable y por eso protesto. He dicho. Aplausos. V.FÁCIL DESPACHO MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR EL DELITO DE TRATA DE BLANCAS. Tercer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En la tabla de Fácil Despacho corresponde ocuparse, en primer lugar, de las modificaciones del Senado al proyecto que introduce modificaciones al Código Penal con el objeto de tipificar y sancionar el delito de trata de blancas. Antecedente: Modificaciones del Senado, boletín N° 1324-07, sesión 26°, en 9 de septiembre de 1995. Documentos de la Cuenta N° 4. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Las enmiendas propuestas son de perfeccionamiento y no alteran las ideas aprobadas por la Cámara. Básicamente, consisten en cambiar la multa de 30 sueldos vitales por 20 unidades tributarias mensuales, y en aumentar la pena en un grado cuando el autor fuere ascendiente, descendiente, marido, hermano, tutor, curador o encargado de la educación de la víctima. Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad. Aprobadas. CAMBIOS EN LA TABLA El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el segundo lugar de la tabla de Fácil Despacho figura el proyecto que establece aportes extraordinarios para inversiones en las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado, pero, como lo hice presente ayer, resulta evidente que no tiene el carácter de "Fácil despacho", puesto que cinco o seis señores Diputados han pedido el uso de la palabra para referirse a él y, además, otro señor Diputado en su legítimo derecho ha presentado una indicación que requiere ser analizada en la Comisión de Hacienda. Entonces, como se trata de un proyecto de mucho interés para distintos señores parlamentarios y especialmente para las comunas pobres, propongo a la Sala que se trate hoy en el primer lugar del Orden del Día, otorgando 10 minutos a cada bancada, y 5 o 6 minutos más a los Diputados informantes, de manera que se despache en un tiempo breve que nos permita tratar el proyecto de discusión inmediata que otorga un aguinaldo de Fiestas Patrias, y que figura en el primer lugar del Orden del Día. El proyecto se votará en general y, como contiene indicaciones, se remitirá a Comisión. ¿Habría acuerdo? Acordado. VI.ORDEN DEL DÍA APOYO A LAS FUNCIONES MUNICIPALES DE COMUNAS DE BAJOS INGRESOS. Segundo trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto que establece aportes extraordinarios para inversiones en las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. Diputados informantes de las Comisiones de Gobierno Interior y de la Comisión de Hacienda, son los señores Ignacio Balbontín y José García, respectivamente. Antecedentes: Proyecto del Senado, boletín N° 1152-06 (S), sesión 25°, en 19 de mayo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 2. Informes de las Comisiones de Gobierno Interior, y de Hacienda, sesión 2°, en 30 de mayo de 1995. Documentos de la Cuenta N°s. 26 y 27. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior. El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Regional pasa a informar sobre el proyecto de ley, de origen en un mensaje presidencial y en segundo trámite constitucional, que establece aportes extraordinarios para inversiones en comunas pobres. Destaco esto último porque con las indicaciones de que fue objeto, en especial en la Comisión de Hacienda, el proyecto se refiere ahora fundamentalmente a un programa de apoyo a las funciones municipales de las comunas de bajos ingresos. Es decir, no beneficia sólo a Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, sin perjuicio de que estas comunas tienen prioridad inicial, por las razones que voy a indicar. El proyecto, originado en moción de los Senadores señores Zaldívar y Otero, y que contó con el patrocinio de los Diputados señores Luksic, Melero, Balbontín y Girardi, tiene fundamentos de carácter constitucional y de hechos muy sólidos. Los de carácter constitucional se refieren al artículo 19, número 20, de la Constitución, que garantiza la igual repartición de tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley y la igual repartición de las demás cargas públicas, prohibiendo el establecimiento de tributos claramente desproporcionados o injustos. Determina, además, que el destino de éstos será el patrimonio nacional, no pudiendo estar afectos a otros. No obstante, faculta a la ley para que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional o ser aplicados para el financiamiento de obras de desarrollo regional o local, dentro de los marcos que la misma ley señale y por las autoridades que especifica. Por su parte, el mismo artículo 22 repite, en cierto modo, el principio de no discriminación y señala que sólo en virtud de una ley se podrá autorizar este tipo de cargos. Finalmente, también hay una coordinación entre la Ley Orgánica de Municipalidades y la Carta Fundamental. A continuación, recalcaré algunos fundamentos de hecho. En primer lugar, en el conjunto de comunas pobres, hay más de 500 mil habitantes afectados por procesos de urbanización absolutamente irregulares por los loteos brujos; por las operaciones sitio; porque muchas poblaciones se constituyeron sobre la base de "tomas" y, finalmente, porque esas zonas concentraron las erradicaciones masivas efectuadas durante el gobierno del General Augusto Pinochet. Todo ello ha dado lugar a que se superpongan poblaciones que carecen de alcantarillado, de pavimentación adecuada, de iluminación y de una infraestructura suficientemente orgánica de carácter social para su propio desarrollo. De algunas de estas comunas se extrajeron los materiales suficientes para hacer la base del Aeropuerto de Pudahuel, lo cual causó un daño efectivo a esos sectores, puesto que quedaron con hoyos de enorme profundidad, que causan problemas al saneamiento ambiental y a la seguridad de los ciudadanos. Además de estos factores, que dicen relación con una cierta compatibilización de intereses, hay algo extraordinariamente importante, que la Comisión de Hacienda recogió, como lo va a relatar el señor Diputado informante. Ello significó una transformación del proyecto, que personalmente comparto; implica una discriminación positiva e inicia un proceso que, a mi juicio, es muy conveniente para el país. Desde el punto de vista de las políticas de pobreza, es indispensable tener claro que no solamente pueden ser asignados recursos para enfrentar problemas específicos, sino que se requiere, para la elaboración de políticas adecuadas, la concentración y coordinación de ellos en estas comunas de extrema pobreza. Esta idea, subyacente en el proyecto, permite su mejor aprovechamiento en estas zonas. Como me comprometí a entregar un informe breve para despachar el proyecto de ley que debemos tratar a continuación, sólo he destacado problemas claros y resueltos desde el punto de vista constitucional y financiero. Por lo tanto, este proyecto de ley debe llevar el nombre que corresponde. Al respecto, como Diputado informante pido que se siga lo planteado por la indicación del Ejecutivo, y que se refiere, fundamentalmente, a crear un programa de apoyo a las funciones municipales de las comunas de bajos ingresos. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Para entregar el informe de Hacienda, tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, tal como lo señaló el Diputado señor Balbontín, este proyecto sufrió profundas transformaciones en la Comisión de Hacienda, que son las que paso a informar. En primer lugar, se cambia el nombre y la finalidad del proyecto. Originalmente, se trataba de una iniciativa destinada a establecer un aporte extraordinario para las inversiones en las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. Ahora se plantea la creación de un programa de carácter nacional de apoyo a las inversiones municipales en las comunas de bajos ingresos. Es decir, de ser un proyecto que sólo favorecía y beneficiaba a tres comunas de la Región Metropolitana, se transformó en una iniciativa que busca favorecer, por lo menos, a las 71 comunas calificadas como las más pobres por el Ministerio de Planificación y Cooperación. En consecuencia, se sustituyó el artículo 1°, por el siguiente: "Créase un programa denominado de apoyo a las inversiones municipales en las comunas de bajos ingresos. A través de dicho programa se financiarán proyectos en las áreas de infraestructura vial, de alcantarillado y agua potable, vivienda, electrificación, educación, de salud, equipamiento comunitario, y otros servicios sociales, con el propósito de contribuir con aportes adicionales, al financiamiento de proyectos específicos, destinados a elevar los niveles de vida de dichas comunas. "Podrán postular a dicho programa las municipalidades de las comunas incluidas en el listado de Mideplan, caracterizadas por su condición de mayor pobreza relativa, ya sea en forma asociada o individualmente." El artículo 2° entrega la administración de este programa a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y tendrá una duración trienal, que comprenderá "los años 1995, 1996, y 1997. Podrán concurrir a este programa proyectos específicos presentados por las municipalidades señaladas en el inciso segundo del artículo 1° -es decir, las definidas como las más pobres relativamente-, debiendo considerarse en la asignación de los recursos las características de pobreza de la población a que atienden, el aporte de los recursos de contraparte para los proyectos que presenten al programa, que exhiban o comprometan eficiencia en su gestión, y que reúna el esfuerzo financiero de la propia municipalidad y de los beneficiarios directos de la inversión." El artículo 3° dispone que el mayor gasto que irrogue el proyecto durante 1995 se financiará con cargo al ítem señalado de la Partida Tesoro Público, y en los años 1996 y 1997 con los aportes que contemplen las respectivas leyes de presupuestos. Finalmente, el artículo transitorio dispone un aporte extraordinario a las municipalidades de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado por un monto anual que no podrá exceder los 465 millones de pesos conforme al siguiente detalle: Pudahuel, 126 millones; Cerro Navia, 213 millones; Lo Prado, 126 millones. Finalmente, se eleva de 465 millones que era el presupuesto original a 1.200 millones de pesos para el presente año, como consecuencia de la extensión del fondo a las comunas más pobres del país. La Comisión de Hacienda, por mayoría de votos, respalda este proyecto y recomienda a la Sala su aprobación. Es todo cuanto tengo que informar. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Jara. El señor JARA.- Señor Presidente, este es un proyecto de ley de la máxima importancia, por cuanto reconoce e institucionaliza en un cuerpo legal la dimensión territorial de la pobreza. Originalmente era una iniciativa restringida sólo a las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. En su segundo trámite constitucional, especialmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se reformuló en su esencia a través de una indicación del Ejecutivo recogida y perfeccionada por la Comisión, y la extendió a todas las comunas de bajos ingresos, lo que la convierte en un instrumento global y trascendente para impulsar un desarrollo equilibrado y equitativo. En efecto, se crea un nuevo programa para apoyar las inversiones en comunas de bajos ingresos y financiar proyectos en las áreas de infraestructura vial, de alcantarillado, agua potable, vivienda, electrificación, educación, salud, equipamiento comunitario y otros servicios sociales destinados a elevar los niveles de vida en dichas comunas. A este programa podrán postular las comunas caracterizadas por su condición de mayor pobreza relativa determinadas por Mideplán, será administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y tendrá carácter trienal, a partir de 1995. Más allá de las observaciones que se pudieran hacer al proyecto, lo cierto es que asume un problema real que padecen muchas zonas o territorios del país, las cuales, por su condición de pobreza, no pueden incorporarse al proceso de desarrollo nacional. En efecto, casi todos los programas sociales vigentes, se enfocan hacia las personas o familias de menores ingresos, y se resuelven o deciden principalmente por el número de beneficiados, lo que siempre posterga a las comunas más pequeñas o con menor densidad de población. Este proyecto introduce la variable territorial y se perfeccionan los instrumentos para apoyar un desarrollo territorial equilibrado. La iniciativa recoge la inquietud que, como Diputados planteáramos en octubre de 1993, cuando mediante oficio, solicitamos al Ministro de Planificación Nacional la creación de un subsidio especial para las cien comunas rurales más pobres del país. No cabe duda de que nuestro modelo de desarrollo, exitoso en el plano nacional, crea, sin embargo, enormes desigualdades v desequilibrios territoriales, dejando zonas y comunas enteras en una situación de atraso y pobreza. En este caso, al Estado le corresponde apoyarlas y generar condiciones que faciliten las inversiones, a partir de las cuales se crean riqueza, empleos y dinámicas económicas propias que inducen a un desarrollo endógeno o local, con una visión integral del desarrollo. El modelo de desarrollo que deseamos impulsar presenta contradicciones entre lo nacional y lo local. Las tasas de crecimiento y de empleo nacionales no son las mismas que exhiben la mayoría de las comunas del país, porque algunas se encuentran atadas estructuralmente a la pobreza, y cada vez serán más pobres si no media un programa especial, una especie, como lo ha señalado el Diputado informante, de discriminación positiva del Estado para apoyar e inducir al desarrollo de esas comunas o zonas. En tal sentido, este es un paso trascendental, por cuanto apunta a romper el círculo vicioso de la pobreza que se da en muchas de esas comunas. La carencia de infraestructura social básica impide las inversiones; si éstas no existen, no se genera riqueza ni empleo. Entonces, los jóvenes emigran a otros lugares en busca de oportunidades, y debido a eso, en la comuna no se hace inversión social. Por lo tanto, me parece conveniente y urgente institucionalizar la variable territorial para combatir la pobreza. Sin embargo, este instrumento de desarrollo debe ser perfeccionado con otras iniciativas. Estamos frente a un nuevo esfuerzo y compromiso del Gobierno para combatir la pobreza, pero erradicarla debe ser un compromiso de toda la sociedad, especialmente de los sectores de mayores ingresos. Por eso, estimo adecuado estimular el compromiso del sector productivo privado, para lo cual deben incentivarse, como lo propone una moción de los Senadores señores Zaldívar y Piñera, las donaciones a esas comunas, las que, desde el punto de vista tributario puedan rebajarse como gasto. En este sentido, como lo propusiéramos en octubre de 1993, podría crearse en cada una de las comunas un Fondo de Solidaridad Comunal, constituido por aportes municipales, de la comunidad y del sector productivo privado entre otros, para atender específicamente los bolsones de pobreza existentes en casi todas las comunas. Este Fondo de Solidaridad Comunal permitiría establecer un vínculo institucional entre la municipalidad y las grandes empresas que hoy nada aportan al desarrollo nacional, como el caso de Endesa en las comunas de Antuco y Tucapel, en Biobío. A partir de esta fórmula, bien podrían expresar su compromiso real con las comunas donde se ubican y de las que obtienen importantes utilidades, situación que hemos hecho presente en más de una oportunidad en la Corporación. Si al programa que estamos aprobando para las comunas pobres le agregáramos las donaciones e incentivos tributarios y el Fondo de Solidaridad Comunal, estaríamos ampliando la cobertura de comunas favorecidas y la eficiencia de los programas. Finalmente, las comunas pobres no superarán su condición sólo con más recursos, siendo indispensable pensar en entregarles y facilitarles asistencia técnica para que presenten proyectos competitivos. Esta situación se da especialmente en las comunas rurales, las que requieren de profesionales y técnicos y de convertir a sus municipalidades en instancias de fomento productivo y no sólo de asistencialidad. Creo que la iniciativa, aunque todavía es limitada, apunta en un sentido correcto y, por ello, no me cabe la menor duda de que concitará el consenso de todos los señores Diputados y, en particular, de los del Partido por la Democracia. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Vicepresidente).- Señor Diputado, ha ocupado seis minutos y medio del tiempo del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, la iniciativa tiene una motivación muy noble, porque busca formas de enfrentar los problemas de infraestructura y servicios sociales de las comunas pobres. Este tipo de proyectos me produce dudas, porque comparto los objetivos, pero discrepo de su mecanismo. Aquí hay un tema muy de fondo que no ha sido abordado en forma adecuada, y es quién se hace cargo de la pobreza en la vida cotidiana de nuestro país, porque los municipios no tienen un rol claro en esta materia, ni responsabilidad, ni obligación al respecto. Ha ocurrido el absurdo de que la Contraloría General de la República ha dicho que los municipios no pueden destinar recursos al financiamiento del traslado y sepultación de los indigentes, cuestión que ha provocado serios problemas en lo que va corrido de 1995. Recién, la Contraloría ha estado dispuesta a flexibilizar su visión del problema. ¿Pero qué ha ocurrido con ello? Que todos aquellos municipios que debían renovar el convenio con el Hogar de Cristo no pudieron hacerlo; por lo tanto, a los indigentes que fallecieron debieron trasladarlos a las comunas donde aún estaba vigente este convenio, porque no tenían otra forma de sepultarlos. Este es un ejemplo extremo de que, incluso, frente a estas situaciones, los municipios no tienen los instrumentos para asumir, ni la obligación, ni la responsabilidad. El sistema actual de asignación de recursos para acciones destinadas a enfrentar la pobreza es insuficiente. Hoy existe el Fondo Común, que sabemos es escaso. Tenemos otros fondos muy rígidos, como los recursos sectoriales, las Isar; los fondos del FNDR o del Fosis, que tienen un marco específico; los proyectos de mejoramiento urbano y de barrios, y qué decir de la transferencia de salud y de educación. Existe un conjunto de necesidades para implementar políticas sociales, tanto asistenciales como de inversión social, que no se logran cubrir con el sistema imperante. Hay problemas de recursos, pero también de rigideces o complejidades excesivas para articularlos en torno a determinados objetivos. La pobreza, en muchos sectores, requiere de programas integrados; no se trata de tener un mecanismo para pavimentación sin articularlo con otro plan orientado a superar problemas en la calidad de vida y en la situación de las comunidades. Los municipios tienen capacidad de diagnóstico y deberían contar con instrumentos de respuesta. Un ejemplo claro lo constituye el rol de los municipios en fomento productivo. La mala calidad de los empleos es uno de los principales problemas en muchas comunas, desde el punto de vista de la pobreza. ¿Qué posibilidad tienen hoy los municipios de hacer algo al respecto? En su época tuvieron los PEM, los POJH y los PIMO, que los podemos criticar desde muchos puntos de vista, pero como instrumentos para generar posibilidades y capacitar personas, jugaron un determinado papel. Otro ejemplo, en la Región Metropolitana, los sectores más pobres, no pueden acceder a la vivienda social. ¿Qué puede hacer hoy un municipio para permitir a estas personas acceder? No tienen instrumentos para ello. ¡Para qué hablar de la educación! Sabemos que el sistema de asignación de subvenciones significa que hay zonas de riesgo social con cursos de 47 alumnos. ¿Qué pueden hacer los municipios para revertir esto? Lo mismo ocurre en el tema de la capacitación laboral. Les digo a los Diputados informantes que estas materias no son de inversión en la conceptualización de nuestras cuentas, sino de gasto social. Por lo tanto, debemos asegurarnos que se modifique este mecanismo. También debo decir que esta insuficiencia no se presenta sólo en los municipios de las 71 comunas, sino también en otros que no tienen real margen de maniobras para ser más creativos y eficaces para enfrentar los temas de pobreza. Por ejemplo, en la comuna de La Florida -que no está en la lista de las 71-, hay una zona en que los niños no pueden ir a clases, porque no hay colegios. Después de tres o cuatro años de intentar que se destinen recursos, no se logra. ¿A qué recursos se puede acceder si los fondos del aparato central no logran priorizarse de la manera en que se debiera? Creo que el sistema de las 71 comunas perjudica especialmente a la Región Metropolitana. Aquí se postula un fondo administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Es una opción, pero no necesariamente la mejor. Otra cosa es que la Subdere cuente con mecanismos para evaluar el uso de los recursos y establecer los marcos normativos para su asignación, pero no para su administración. El vacío podría superarse con la creación de una especie de Isar (inversión sectorial de asignación regional), orientada a iniciativas de los municipios en este plano, para lo cual no se requiere de ley. Es decir, una partida de inversión sectorial de asignación regional, destinada a apoyar la iniciativa y creatividad de los municipios en esta materia, que les permita articular distintas iniciativas en torno de determinados objetivos, y podría tener cabida en el concepto de los fondos ya existentes, como el de mejoramiento urbano y de barrios, fondo social, y parte del Fosis. Las regiones podrían ser los lugares donde se evaluaran los municipios y sus zonas que más lo requieran. Como dije, el nivel central podría evaluar su aplicación en los sistemas de estímulo al mayor desempeño. Para terminar, reconozco que existen problemas en el sistema de asignación de recursos que fortalezca la capacidad de los municipios para enfrentar la pobreza, pero hay que precisar su rol en esta materia, elevar la magnitud de los recursos y superar las rigideces en su utilización, porque especialmente hoy, el tema de la pobreza requiere creatividad, imaginación y flexibilidad necesaria para lograr soluciones. Muchos municipios están en condiciones, pero no tienen los instrumentos de financiamiento adecuado. Discrepo de la fórmula propuesta, porque sugiere la administración de un ente central; existe una definición discutible de quiénes pueden acceder a este fondo según Mideplán, las municipalidades de las comunas más pobres, y porque su uso se restringe a determinados proyectos de inversión. Insisto, hay muchas zonas que están más allá de esos límites y que pueden dar muy interesantes, atractivas creativas y eficaces respuestas a los temas de pobreza, pero se requiere de más flexibilidad, y hay que incorporar áreas como fomento productivo, temas de vivienda y educación, y planes integrados para determinadas comunidades. También creo que los recursos son escasos y no se integran otros fondos preexistentes. Propongo que el Gobierno reestudie la propuesta y la supere creando una especie de Isar para estos efectos, dando responsabilidad a los gobiernos regionales, aumentando los recursos, garantizando flexibilidad para su destino, asegurando mecanismos muy rigurosos de evaluación y seguimiento del Gobierno central, a través de la Subdere, en términos de que sean eficaces en esta perspectiva. El proyecto, como está, sin lugar a dudas, es superior al de la Comisión de Gobierno Interior, y la Comisión de Hacienda ha permitido que esto sea así. Es una solución parcial que tiene sus ventajas, pero no da cuenta cabal del tema de fondo. Me abstendré en esta votación, por cuanto creo que hay un debate más de fondo que hacer, y no se resuelve de la manera que el proyecto lo pretende. Señor Presidente, el Diputado señor Balbontín me está pidiendo una interrupción. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- ¿Con cargo al tiempo restante del Partido Socialista? El señor MONTES.- No, señor Presidente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Entonces, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma, que estaba inscrito antes. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, como ha quedado claro en el debate, estamos en presencia de dos proyectos muy diferentes, tanto, que incluso el título ha cambiado. Uno, originalmente presentado por el Senador señor Andrés Zaldívar e impulsado particularmente por el Diputado señor Balbontín en su tramitación en la Cámara, que contenía un articulado muy limitado para beneficiar sólo a los municipios de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. Fue aprobado en esas condiciones por la Comisión de Gobierno Interior. Sin embargo, la Comisión de Hacienda lo modificó en lo sustancial, no sólo para que no se orientara únicamente a esas tres comunas -ni siquiera necesariamente a ellas- sino para establecer un nuevo instrumento de asignación de recursos públicos que, de ser aprobado, se llamará Programa de Apoyo a las Funciones o Inversiones Municipales en las comunas de bajos ingresos; pero es extremadamente limitado y creo que, teniendo una buena intención, no alcanzará para todo lo que planteaba el Diputado señor Jara en su intervención. Son sólo 1.200 millones de pesos por tres años. Por lo tanto, es una cantidad bastante ínfima y un recurso muy limitado en el tiempo. Si la Cámara aprueba la idea planteada en la Comisión de Hacienda, en una segunda discusión, podremos perfeccionar este instrumento para resolver problemas pendientes. El punto central es que todos sabemos que los hay, pero también debemos reflexionar más allá de ese hecho, y ver si efectivamente queremos asignar los escasos recursos referidos a las 71 comunas más pobres -como señala la Comisión de Hacienda- o a las que, siendo pobres, no tienen el apoyo de una serie de programas públicos otorgados a estas 75. Es decir, ¿a cuáles vamos a dirigir este fondo? Porque puede darse, como de hecho existe aún en el proyecto de la Comisión de Hacienda -por eso he presentado una indicación-, la contradicción de que los recursos se focalizaron en las 71 comunas más pobres, pero dos de las tres señaladas en el artículo transitorio, no figuran en ese listado. Se da entonces el absurdo de que sostenemos apoyarlas y, de partida, planteamos destinar la mitad de los recursos mencionados a dos comunas no incluidas en las 71 y que son extremadamente necesitadas, como lo es la de La Granja, con un 40 por ciento de población en extrema pobreza cuyos recursos propios alcanzan a menos del 10 por ciento del total de ingresos municipales. Entonces, si queremos entrar en una reflexión de fondo, como se ha invitado aquí -valoro que el proyecto irá a una segunda discusión a la Comisión de Gobierno Interior, y presumo, que también a la Comisión de Hacienda-, debemos entender que ésta es una buena idea, pero extremadamente limitada, muy insuficiente, y que tendremos que analizar en mayor profundidad para que, efectivamente, sirva al propósito de la Comisión de Hacienda, que es diferente del original. En esas condiciones, como una forma de perfeccionar las ideas de la Comisión de Hacienda, voy a aprobar el proyecto. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, originalmente, el proyecto establecía aportes extraordinarios, equivalentes al 10 por ciento del Fondo Común Municipal, durante tres años, sólo para las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. En mi opinión, tal como venía redactado, el proyecto era impresentable, porque son muchos los municipios que pueden apelar al mismo derecho. El Gobierno no debe actuar motivado por peticiones individuales, sino sobre la base del análisis global de los problemas, porque su obligación es velar por la satisfacción de las necesidades de todos los habitantes del país y no sólo de los de algunas comunas. Incluso, del artículo 2° se podía colegir que los aportes podrían originarse debido a una mala gestión de las municipalidades de las comunas mencionadas, lo que hacía más insustentable la iniciativa. Además, sentaba un nefasto precedente, ya que muchos otros municipios tendrían exactamente el mismo derecho. Por esas razones, en la Comisión de Hacienda aprobamos las indicaciones que cambiaron totalmente el sentido de la iniciativa original del Ejecutivo, pues permiten crear un programa de apoyo a las inversiones municipales en las comunas de más bajos ingresos, al que podrán postular todas las municipalidades de las comunas más pobres incluidas en el listado del Mideplan. En todo caso, deseo expresar mi opinión contrariaba recurrir en forma constante a estos procedimientos legales, ya que debería existir un solo mecanismo y un solo fondo: el Fondo Común Municipal, administrado por la Subdere, que resolviera los problemas financieros y la necesidad de incentivar el desarrollo de procesos de inversión precisamente en los municipios con problemas de equilibrio financiero, y no originar leyes especiales para cada caso, con enfoques y criterios diferentes, destinadas a favorecer a algunos municipios. Sin embargo, como el sentido del proyecto cambió totalmente de dirección y ahora pueden incorporarse todas las comunas más pobres registradas por el Mideplan, anuncio mi voto favorable. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, hace tres años, el honorable Senador señor Ruiz de Giorgio, por quien siento la mayor estima, presentó una moción para destinar a la Duodécima Región -que representa en el Senado- los ingresos provenientes de un impuesto especial al petróleo. Como la moción no podía ser presentada por un parlamentario, obtuvo el patrocinio del Ejecutivo. Hace dos años, los Senadores democratacristianos señores Páez y Lavandero presentaron una moción, a fin de que el Gobierno financiara la importación de maquinaria destinada a mejorar los caminos de las regiones Octava, Novena y Décima. Como constitucionalmente la moción tampoco podía ser presentada por ellos, el Senador señor Páez logró el patrocinio del Ejecutivo. Hace poco, los Senadores democratacristianos señores Paéz, Hormazábal, Ruiz de Giorgio y Ruiz-Esquide presentaron otra moción para rebajar impuestos a los pescadores artesanales. Ahora, estamos discutiendo un proyecto, originalmente fue una moción del excelente y estimado Senador de mi región, señor Andrés Zaldívar, que beneficia a algunas de las comunas que representa: Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. Como la iniciativa tampoco podía presentarla él, pidió el patrocinio del Ejecutivo que la acogió, y hoy estamos discutiendo un proyecto, originalmente pensado por el Senador señor Zaldívar. Durante su discusión en la Comisión de Hacienda, pedí la presencia de un representante del Ejecutivo que acogiera algunas de las indicaciones presentadas a la moción original del Senador. Como dicho representante no llegó, en señal de protesta me ausenté de la Sala y no participé en el debate posterior. Sin embargo, reitero lo que se ha dicho. El proyecto original fue mejorado en forma sustancial -diría cambiado completamente- en la Comisión de Hacienda, y gracias a la insistencia de la unanimidad de sus integrantes la iniciativa en discusión permite que no sólo tres comunas, sino todas las que se encuentran en situación de pobreza, puedan optar a los fondos indicados en el proyecto. Pues bien, pensando en que el Ejecutivo no sólo acoge ideas de Senadores democratacristianos, sino que seguramente de cualquier partido, voy a pedir que se oficie en mi nombre al Ejecutivo, para que entre las comunas que puedan acceder a los beneficios previstos en el proyecto se incluya a dos de las más pobres de la Región Metropolitana como son Alhué y Padre Hurtado. Pienso que las razones dadas por el Diputado señor Montes, Presidente de la Comisión de Hacienda, son de peso; pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Ahora, como no podemos modificar sustancialmente el proyecto, reitero que lo votaré favorablemente, a la espera de que las iniciativas propuestas por el señor Diputado sean acogidas por el Ejecutivo para beneficio efectivo de todas las comunas pobres de Chile. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para enviar el oficio solicitado por el Diputado señor Sota. El señor MONTES.- No, señor Presidente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, el proyecto en discusión ya no beneficia sólo a las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, sino que se ha extendido, al menos, a las 71 comunas más pobres del país y a todas aquellas que, a futuro, se incluyan en el listado que elabora el Mideplan. De ahí que es tan importante la modificación del título de la iniciativa, que ha pasado a denominarse "Proyecto que crea un programa de apoyo a las funciones municipales de las comunas de bajos ingresos", y no como originalmente se planteó: "Proyecto que establece aportes extraordinarios para inversiones en comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado". Es importante decirlo, porque una vez más es necesario insistir en que la iniciativa fue modificada sustancialmente, pues se pasa de una visión particular de la situación que afecta a tres comunas, a una general de cómo enfrentar el problema de la pobreza en Chile. En otras palabras, se pasa de una discriminación quizás arbitraria -sólo se le daban aportes a tres comunas- a una discriminación positiva, en virtud de la cual los fondos se destinarán a todas las que están en situación de pobreza. Hecha esta primera precisión, es importante entender que este programa, que tendrá una duración inicial de tres años -1995, 1996 y 1997-, se inicia con 1.200 millones de pesos, de los cuales, en virtud del artículo transitorio -es importante destacar que es transitorio- el beneficio que se entrega a las tres comunas es por un monto de 465 millones que se repartirán en la forma prevista en el proyecto. En primer lugar, me parece importante rescatar la legitimidad de los planteamientos de muchos señores Diputados, quienes han preguntado ¿Por qué el artículo transitorio? ¿Por qué se da este beneficio a Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado y no a mi comuna que es tanto o más pobre que ellas? En verdad, debido al cambio introducido al proyecto el beneficio se extiende a otras comunas y, por consiguiente, ganan todas las comunas pobres de Chile y no solamente las tres que tendrán apoyo en forma transitoria. En segundo lugar, es importante recoger la historia legislativa del Parlamento. Ha habido un sinnúmero de proyectos de ley discriminatorios en beneficio de determinadas regiones y comunas. Recordemos que le aprobamos más de 8 millones de dólares a la Octava Región para la adquisición de maquinarias utilizada en obras viales; aprobamos otro proyecto de discriminación positiva para las comunas que tienen patentes mineras importantes cuyos valores ahora recaudan los municipios; aprobamos recursos para los trabajadores del petróleo, del carbón, etcétera. A cada rato otorgamos beneficios a los profesores y al sector de la salud. En el período pasado aprobamos más de 18 proyectos que reajustaban las remuneraciones de determinados sectores del país por sobre el IPC. ¿Por qué discriminamos en favor de unos y no de otros? Porque lo creímos justo. De manera que el principio de discriminación usado como argumento para rechazar el proyecto afecta lo que hemos obrado en el pasado. Ahora, ¿por qué se otorga este beneficio a Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel por tres años? Quiero decirlo claramente: no es porque se le ocurrió al Senador Zaldívar, al Senador equis o al Diputado tal, sino porque nace de una ley antigua -la ley Buzeta- que establecía hasta 1964 un dólar por pasajero en beneficio de la comuna, pues el legislador de aquella época entendió que la existencia de un aeropuerto en determinada comuna generaba un recurso para su crecimiento. El aeropuerto de Pudahuel es de todos los chilenos. Está en una comuna que, por tenerlo, ve seriamente limitado su progreso y expansión. Pero el esfuerzo que hacemos en Pudahuel es en beneficio de todo Chile. Se ha legislado respecto de toda el área adyacente; no se pueden construir fábricas, industrias ni casas. ¿Por qué hacemos este sacrificio en Pudahuel? Por el beneficio y el progreso de Chile y de su aeropuerto internacional. Entonces, alguna compensación debe tener ese grupo de chilenos que está haciendo un sacrificio en beneficio de todos. Por eso la discriminación inicial. En tercer lugar, debemos preguntarnos: ¿Han sido eficientes los mecanismos de redistribución del ingreso a través del Fondo de Desarrollo Regional, del Fondo contra la extrema pobreza y de los planes especiales para combatirla? No lo han sido, pero hoy tenemos la posibilidad de lograrlo. Es cierto que 1.200 millones de pesos es poco. Algunos Senadores y Diputados pensamos que en el Presupuesto para 1996 este Fondo debería elevarse a unos 7 mil millones de pesos, repartidos, a través del plan concursable, entre las comunas más pobres y destinados a fines específicos. Las indicaciones aprobadas en la Comisión de Hacienda disminuirán todo riesgo de desfocalización. Alguien podría legítimamente preguntar qué pasaría si los fondos se gastan en burocracia o en honorarios. No señores, los fondos se destinan a obras específicas: pavimento, alcantarillado, agua potable, como dice el proyecto. No habrá más dinero para cosas innecesarias. ¿Quién controlará eso? La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. De manera que vamos a tener un monto importante, debidamente focalizado y controlado a través de una Subsecretaría, para que esas comunas gocen del beneficio: Por último, al final de cuentas -miren lo que voy a decir- las tres comunas menos beneficiadas serán las que en apariencia hoy aparecen como favorecidas: Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. Quiero explicar por qué. Supongamos que para el próximo año tenemos 7 mil millones de pesos. ¿Qué porcentaje es 465 millones de 7 mil millones? El 6,5 por ciento. El resto se va a destinar a las comunas más pobres de Chile, las que quedarán restringidas a aproximadamente 140 millones cada una. Al final, las comunas mencionadas se llevarán el 6,5 por ciento del total. Por consiguiente, es una falacia decir que hay una discriminación en beneficio de estas tres comunas. Por el contrario, la hay en favor de las comunas más pobres del país. Ese es el sentido del proyecto y por eso lo votaré favorablemente. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, a estas alturas del debate cada uno tiene su opinión. Sin embargo, quiero agregar lo siguiente: El Gobierno ha definido un programa de superación de la pobreza que ha recibido muchas críticas de todos los sectores políticos. Una de ellas, es rigurosamente cierta: el programa constituye un esfuerzo de coordinación de los distintos sectores públicos y de las municipalidades para concentrar sus esfuerzos en favor de determinados sectores o lugares en aquellas comunas donde hay concentración de población en extrema pobreza, pero sin financiamiento adicional, sin recursos extraordinarios. En la Comisión de Hacienda transformamos el proyecto en una herramienta que permita otorgar financiamiento a los programas que surgen de las propias juntas de vecinos, de la comunidad organizada, para que puedan postular, a través de las municipalidades, a obtener financiamiento y concretar iniciativas tendientes a superar la situación de extrema pobreza en que se encuentran. Desde este punto de vista, y como lo ha dicho muy bien el Diputado señor Melero, dado que en el Presupuesto de los años 1996¬1997 tendremos la posibilidad de incrementar sustancialmente este fondo para beneficiar en términos concretos a un mayor número de comunas del país, creo que este proyecto es mejor que nada. En consecuencia, anuncio mi voto favorable. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, como se sabe, el proyecto tuvo su origen en una moción del Senador señor Andrés Zaldívar, apoyada en forma inmediata por los Diputados que representan a las tres comunas beneficiadas, quienes lo han defendido ardorosamente. La iniciativa tendía a favorecer fundamentalmente a esas tres comunas, pero su sentido original, como se ha señalado, fue cambiado en forma sustancial en la Comisión de Hacienda de esta Corporación al crearse un fondo en beneficio de las comunas más pobres del país. En la Comisión de Hacienda voté favorablemente el artículo 1°, en el entendido de que no se refería sólo a las 71 comunas más pobres del país, sino a las de más bajos ingresos, que son alrededor de 171. Por lo tanto, el radio de posibilidades para que puedan acceder a este fondo es mucho más amplio. Se nos señaló que aquí se han aprobado otros proyectos discriminatorios. Efectivamente es así, porque mi zona ha sido favorecida con 9 millones de dólares destinados a la compra de maquinaria para la Octava, Novena y Décima Regiones. Quedé muy agradecido de la Corporación, porque nos ayudó con generosidad a aprobar ese proyecto. Por eso, también soy partidario de apoyar el que se ha presentado, porque hay razones de fondo para ello. Las tres comunas tenían una legislación especial, la "Ley Buzeta", que le destinaba recursos, porque resultaban perjudicadas en su desarrollo al estar instalado en sus inmediaciones el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo que les impide la instalación de grandes edificios o de gente más acomodada y le ha bajado el nivel de construcciones. Por esa razón se creó este Fondo. Con el mismo espíritu de generosidad con que se aprobó la ayuda a mi región, apoyaremos la que beneficia a esas tres comunas. Se trata de un fondo limitado, solamente por tres años, de 1.200 millones. Entonces, no veo por qué rasgar vestiduras por una cantidad tan pequeña, que con tanta justicia va en beneficio de esas tres comunas. Señor Presidente, con mucho agrado anuncio el voto favorable de los Diputados democratacristianos al proyecto. También quiero conceder, por su intermedio, una interrupción a los Diputados que representan a ese distrito. En primer lugar, al Diputado señor Balbontín. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, a la bancada de la Democracia Cristiana le restan dos minutos y están inscritos los Diputados señor Walker, Balbontín, Elizalde y Luksic. De modo que el Diputado señor Balbontín debe esperar el orden que le corresponde. El señor BALBONTIN.- Señor Presidente, he pedido una interrupción... El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Pero su bancada tendría que autorizarme, señor Diputado, porque el orden de inscripción es otro. Ahora, tiene la palabra el Diputado señor Orpis, y después la bancada democratacristiana. El señor ORPIS.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda el proyecto fue objeto de una modificación muy importante, a raíz de la cual ha cambiado la perspectiva del debate que se está desarrollando hoy en esta Honorable Sala. Por razones de tiempo, quiero rescatar solamente un elemento. Aquí se habla de las comunas pobres. Al respecto, debo señalar que para ser eficaces en el combate de la pobreza hay una premisa fundamental: la eficiencia. No sacamos nada con entregarle recursos a las comunas pobres si no realizan la gestión municipal con eficiencia. Por eso, el elemento más rescatable de la propuesta de la Comisión de Hacienda es que incorpora el concepto de eficiencia en el artículo 2°, cuando establece que para optar a estos recursos las comunas deben exhibir o comprometer eficiencia en su gestión. Ojalá este elemento se incorpore con mucha fuerza en la modificación que estamos realizando a la ley municipal. Señalo esto, porque he estudiado el tema. Si no incorporamos hoy estos elementos y rectificaciones en el sistema municipal, éste caerá en una etapa terminal. Y lo digo así de categórico. Por otra parte, quiero referirme concretamente al artículo transitorio. A diferencia de lo que establece la norma permanente, se les aseguran recursos a tres comunas de la Región Metropolitana, pero resulta que una de ellas, la de Lo Prado, es la segunda de la Región Metropolitana que exhibe peores grados de deficiencia en la gestión. Esto me preocupa, porque se van a entregar recursos sin conocer el grado de eficiencia en su inversión. Por lo tanto, en la segunda discusión tendremos que afinar muchísimo más el concepto de eficiencia, porque es lo único que puede asegurar que la gente pobre que vive en esas comunas pueda ir saliendo de esa condición. Anuncio que votaré favorablemente el proyecto, pero en la segunda discusión habrá que perfeccionar el requisito de eficiencia como condición para superar la pobreza. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité de la UDI. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor Urrutia. El señor ORTIZ (Vicepresidente).Advierto a Su Señoría que Renovación Nacional dispone de cinco minutos y medio. Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, seré muy breve. Es verdad, el proyecto es confuso, porque no sabemos si vamos a aprobar el propuesto por la Comisión de Gobierno Interior o el por la de Hacienda, pues las dos han emitido su informe, con textos distintos. En segundo lugar, si bien es cierto que la iniciativa se inspira en la necesidad de buscar una solución real a los problemas de las 71 comunas más pobres del país, no es menos cierto que es discriminatorio. No cabe duda de que Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado tienen un índice muy alto de pobreza, pero sucede que dentro de las 71 comunas más pobres también figura la de Viña del Mar, con un 26 por ciento de población en extrema pobreza, según los antecedentes proporcionados por el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Sin embargo, a pesar de ser discriminatorio, es importante entregar la posibilidad de ayudar efectivamente a las comunas más pobres, a través de los fondos del Estado. Es decir, en vez de gastar más en funcionarios públicos es mejor que se gaste en obras de alcantarillado y pavimentación. Debo señalar también que esto puede crear una gran ilusión en las tres comunas que, en conjunto, recibirán los 1.200 millones de pesos anuales, porque alcanzan para muy poco y sus necesidades de alcantarillado y pavimentación de pasajes y calles son inmensas. El Diputado señor José García señaló algo muy importante que, junto con el Diputado señor Montes ya habíamos manifestado en la Comisión de Gobierno Interior, tanto del Senado como de la Cámara, al tratar en la Comisión Mixta el proyecto sobre juntas de vecinos: la necesidad imperiosa de establecer en esta iniciativa un fondo de desarrollo vecinal -el Gobierno no lo ha querido hacer- pues ha dado buenos resultados para solucionar justamente problemas menores de localidades pequeñas a través de las juntas de vecinos. Por ejemplo, ha permitido que la comuna de Viña del Mar haya solucionado una serie de problemas, al otorgar una asignación de 2 millones de pesos anuales a cada unidad vecinal -existen 143 en Viña del Mar- con la cual los vecinos realizan las obras que estiman más necesarias e importantes. Por eso, creo que el proyecto es discriminatorio. Agradezco la interrupción que me concedió el Diputado señor Longton. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Longton. Resta 1 minuto 55 segundos a su Comité. El señor LONGTON.- Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado por mi colega señor Raúl Urrutia, en cuanto a que el proyecto es discriminatorio, porque nace de una especie de "lobby" hecho por un Senador ante el Gobierno y el Ministerio de Hacienda para favorecer a comunas de su circunscripción. Esta manera perversa de presentar los proyectos y de legislar para conseguir ayuda gubernamental sólo para ciertos distritos no me parece buena, porque resta seriedad a la legislación que estamos dictando. Este tipo de arreglos no se puede permitir. Por otra parte, como señaló el Diputado don Raúl Urrutia, existen dos proyectos paralelos: uno, de la Comisión de Hacienda, y otro, de la de Gobierno Interior. Sería importante que se nos aclare cómo vamos a votar; si votamos al mismo tiempo por dos proyectos; si uno se desecha o si el otro queda fuera al aprobarse el anterior. Los argumentos no convencen. Cuando el Diputado por Pudahuel, señor Melero, habla de compensación respecto del aeropuerto, le pregunto: ¿qué pasa con Quintero? Allí se ha contaminado desde hace más de 30 años; el campo está absolutamente exterminado y no hay ninguna compensación. ¿Qué pasa con Rancagua? Allí también las industrias han contaminado ¿Qué pasa con Copiapó, Tierra Amarilla? Allí también las industrias están contaminando desde hace bastantes años. También debiéramos exigir compensación para estos lugares. Me parece un abuso que sólo tres comunas se lleven el 50 por ciento de los 1.200 millones, en circunstancias de que más de 300 están esperando recursos, más aún cuando las favorecidas pertenecen a la Región Metropolitana. Es decir, una vez más somos testigos de una discriminación y de un centralismo que ya no tiene límites. Por lo anterior, votaré en contra de la iniciativa. He dicho. El señor MELERO.- Pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Quedan dos minutos a la Democracia Cristiana, pero como están inscritos varios señores Diputados para intervenir, en uso del Reglamento de la Corporación, podrán insertar sus discursos; vale decir, los Diputados señores Ignacio Balbontín, Ramón Elizalde y Zarko Luksic. Si algún señor Diputado de otro Comité desea insertar su discurso, puede hacerlo si lo solicita personalmente. Tiene la palabra el Diputado señor Melero para referirse a un asunto reglamentario, a quien solicito que señale el artículo del Reglamento en que se basa su intervención. El señor MELERO.- Señor Presidente, deseo aclarar la inquietud planteada por los Diputados señores Raúl Urrutia y Longton respecto de qué vamos a votar. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Ése no es un asunto de Reglamento, señor Diputado. No hagamos más uso de este mecanismo para dar opiniones sobre un proyecto. El señor MELERO.- Señor Presidente, si me escucha, se dará cuenta de que me referiré a una materia reglamentaria. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Le ofrezco la palabra sólo si alude a un problema reglamentario en la tramitación, pero no puede entrar en la discusión del proyecto. Si no es así, simplemente pondré término a su intervención. El señor MELERO.- Señor Presidente, advertirá que mi planteamiento es estrictamente reglamentario. Dice relación con la tramitación del proyecto. Los Diputados señores Urrutia y Longton han preguntado cuál es el proyecto que se va a votar. Obviamente se va a votar el texto de la iniciativa que figura en el informe de la Comisión de Hacienda, que no corresponde a las modificaciones de dicha Comisión, sino que es producto de una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, que sustituyó completamente el proyecto. En consecuencia, vamos a votar el proyecto que crea el plan de apoyo para combatir la pobreza, por lo que el informe de la Comisión de Gobierno Interior queda obsoleto. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Diputado señor Melero, lamentablemente no hizo mención al artículo del Reglamento que dice relación con la materia a que se refirió. Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez para referirse a un punto estrictamente reglamentario. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, la Sala ha dado el acuerdo para insertar los discursos de los Diputados democratacristianos inscritos, porque a su bancada le quedaban dos minutos. Concederle la palabra al Diputado señor Walker es, sin duda, una ventaja que Su Señoría da a su Comité. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Señor Diputado, he tratado de ser lo más transparente. Nombré a los inscritos, señalé los tiempos que quedaban y di la posibilidad de inscribirse a todos los parlamentarios presentes en la Sala para insertar sus discursos. Por lo tanto, no puedo aceptarle afirmaciones que no corresponden a la realidad. Eso es precisamente lo que tiene en tan bajo nivel al Poder Legislativo. En segundo término, el inciso cuarto del artículo 85 del Reglamento expresa claramente: "Los Diputados que durante la sesión no hayan hecho uso de la palabra deberán solicitar personalmente y antes del cierre del debate, la inserción de sus discursos en el Boletín de Sesiones, los que no podrán exceder de 6 páginas tamaño carta, escritas a máquina y a doble espacio, debiendo entregarlo en el plazo máximo de 24 horas." He aplicado dicha norma como corresponde. El señor FERRADA.- Señor Presidente, solicito la palabra para referirme a punto de Reglamento. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor FERRADA.- Señor Presidente, quiero plantearle en forma muy respetuosa que, igual que el resto de la Sala, en do? o tres ocasiones he tenido la oportunidad de escucharlo declarar y asumir que el Poder Legislativo y nuestra Honorable Cámara se encontrarían en un nivel muy bajo. Quiero decirle con mucha franqueza que estas declaraciones son inconvenientes, sobre todo si son hechas por quien ocupa un puesto en la testera de nuestra Cámara, porque es encontrar razón a una campaña que viene realizándose sin fundamento a través de distintos medios de prensa y de personas que, irresponsablemente, acusan a nuestra Corporación de hechos que carecen de fundamentos y que no son ciertos. Señor Presidente, es inconveniente que, desde su alto cargo, asuma que eso sea una realidad. En nuestra Sala, compuesta por parlamentarios muy caballerosos, podrá haber distintas opiniones, discusiones de Reglamento; incluso, podrá haber algunos excesos producto de la práctica parlamentaria, pero no asumamos, con caracteres de realidad y de sentencia, una acusación que, en conciencia, considero no sólo falsa, sino, además, parte de un ataque sostenido contra nuestra Cámara. He dicho. Aplausos. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Señor Diputado, asumo lo que he dicho, y lo hago en función de lo que he aprendido en los 27 días que soy Primer Vicepresidente de la Cámara: ver que somos culpables de muchas situaciones que se señalan en esa campaña, en la que no participo. Al revés, creo que cada uno debe asumir sus responsabilidades. Tiene la palabra el Diputado señor Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, celebro que estemos discutiendo este proyecto. A propósito del mismo, quiero plantear cuestiones muy fundamentales en el breve tiempo de que dispongo. En lo personal, quisiera que las tres comunas referidas tuvieran acceso a los 465 millones de pesos que aquí se contemplan. Sin duda, la indicación del Ejecutivo y de la Comisión de Hacienda han mejorado el proyecto, pero quiero manifestar cuatro aprensiones que me merece. En primer lugar, una cuestión fundamental de constitucionalidad. Me parece que lo preceptuado por el proyecto en el artículo transitorio de la Comisión de Hacienda sería inconstitucional, porque el número 20 del artículo 19 de la Constitución señala que los tributos "no podrán estar afectos a un destino determinado." La excepción que contempla esta norma es que "podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados" a esa misma finalidad. Pero no es el caso, porque la fuente de financiamiento del proyecto para el fondo de 1.200 millones de pesos es el Tesoro Público y no recursos provenientes de actividades locales. En segundo lugar, ésta fue una mala práctica histórica en el Congreso. Por eso la llamada "Ley Buzeta" no me dice mucho en cuanto a que empecemos a legislar en forma especial, porque atenta contra la generalidad de la ley, que es una de sus características fundamentales y que está contemplada en el artículo Io del Código Civil y en el artículo 60 de la Constitución, que dice: "Sólo son materias de ley: "20) Toda otra norma de carácter general..." Es decir, las normas de carácter especial, a mi juicio, atentan contra la generalidad de la ley. En tercer lugar, hay un gran centralismo en el modo como se administra este fondo a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Dejo planteado esto, no voy a votar en contra, sino que me abstendré, porque confío en que se pueda arreglar en la discusión en particular. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, Diputado señor Walker. El señor WALKER.- Redondearé la idea, señor Presidente. A mi juicio, esto atenta contra el número 20 del artículo 19 de la Constitución, contra el principio de generalidad de la ley y contra la descentralización en que estamos empeñados. Lo dejo planteado para que se debata y se resuelva con más calma en la discusión particular. He dicho. El señor PÉREZ (don Víctor).- Pido la palabra para plantear una cuestión reglamentaria. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, sólo quiero decir que la disposición que Su Señoría leyó no es aplicable en este momento, porque todos los Comités llegamos a acuerdo para que cada bancada tuviera 10 minutos. Su Señoría, al permitir la inserción de más discursos, sin duda entrega más tiempo a un determinado Comité. He dicho. El señor LUKSIC.- Pido la palabra sobre una cuestión de Reglamento. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, como el Diputado señor Walker ha planteado un tema de constitucionalidad respecto del proyecto, de acuerdo con el Reglamento los Diputados pueden defender la constitucionalidad de la norma aludida. Por eso, quiero defender, en muy poco tiempo, la constitucionalidad de la norma, porque, de acuerdo con el número 20 del artículo 19, la garantía constitucional aludida regula un tributo, mientras lo que se establece en el proyecto es un ingreso y una distribución a las comunas más pobres. Por lo tanto, no es aplicable el artículo 19, número 20), de la Constitución, toda vez que son muy claras la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a definir los tributos. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Diputado señor Luksic, debo interrumpirlo, porque Su Señoría no se está refiriendo a un tema reglamentario. En virtud del artículo 85 del Reglamento se inserta el siguiente discurso: El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, en concordancia con las observaciones formuladas, en este debate, el proyecto de ley que originalmente hacía mención con su epígrafe a las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado, como expuse en el informe, deberá denominarse de aquí en adelante "Proyecto de ley que crea un programa de apoyo a las funciones municipales de las comunas de bajos ingresos". A eso se refiere la indicación del Ejecutivo, formulada en la Comisión de Hacienda, que yo apoyé con mi voto junto a la mayoría de sus integrantes y que modificó lo obrado en la de Gobierno Interior. Por lo tanto, para evitar confusiones, creo que es necesario, en primer lugar, distinguir claramente el proyecto original del que estamos discutiendo ahora y que básicamente está considerado en la indicación hecha por el Ejecutivo, que modifica el original muy substancialmente. A eso es lo que debemos referirnos. En razón de eso es que debemos continuar la discusión. En segundo lugar, respecto de este nuevo enfoque del proyecto el Diputado señor Montes, señala con mucha razón, que el problema de las municipalidades pobres no sólo radica en las necesidades de inversión en infraestructura vial, alcantarillado, agua potable, vivienda, electrificación, educación, salud y equipamiento comunitario, sino que también los gastos adicionales que son necesarios para articular estas políticas de carácter social, a través de servicios de este carácter que permitan que se pueda elaborar proyectos, iniciativas, para llevar a cabo formas de participación, que hagan que la comunidad pueda ir haciendo uso de los beneficios que le prestan las distintas disposiciones de carácter legal dentro de su propia localidad. Esto es lo que se denomina una visión integral e integrada de la pobreza, de tal modo de atacarla por todas sus causas al mismo tiempo y no parcialmente según determinado tipo de indicadores. Este enfoque, señor Presidente, me parece un punto de la mayor importancia. Precisamente, que con este proyecto estamos abriendo un camino, iniciando un sendero que permita beneficiar a estas comunas y da la oportunidad a todas las que figuran en el listado de Mideplan como también a otras comunas pobres de presentar proyectos con cargo a este fondo. De allí que la observación del Diputado señor Montes, si bien es válida en la idea, está resuelta en el artículo 1° que señala específicamente después de la indicación del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda: "Crease un programa denominado de apoyo a las inversiones municipales en las comunas de bajos ingresos a través de dicho programa se financiarán proyectos en las áreas de infraestructura vial, alcantarillado, vivienda, educación, electrificación, agua potable, educacional, salud, equipamiento comunitario y otros servicios sociales, con el propósito de contribuir con aportes adicionales al financiamiento de proyectos específicos destinados a elevar el nivel de vida de dichas comunas". Creo que esta referencia puede resolver la duda que tenía el señor Montes. En tercer lugar, quiero referirme a algunas cuestiones más bien de carácter político. Yo no creo, como también lo han señalado otros señores Diputados, que haya habido un fracaso total en las políticas de pobreza. Lo que ha habido es un aprendizaje que el país ha ido haciendo de cuales son los mejores cauces a través de los cuales se puede ir dirigiendo con mayor precisión las capacidades para resolver los problemas en este campo. En este caso, se trata de priorizar el enfoque localizado. Es decir, con esta especie de compensación, materializada a través de un artículo transitorio incorporado en la propuesta de la Comisión de Hacienda, para las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, estamos realizando un acto de plena justicia. Según la encuesta CASEN, los niveles de pobres en estas comunas son los siguientes: en el caso de Pudahuel el 23,3%. La comuna de Cerro Navia se encuentra precisamente dentro de las 78 consideradas como pilotos para los planes de extrema pobreza de Mideplan. Lo Prado está entre las 178 más pobres. Junto con Quinta Normal configuran todo un sector o subregión de Santiago Metropolitano limitado en su desarrollo por el peso de la pobreza. Sin perjuicio de lo anterior, insisto en los fundamentos de hecho que tenía el proyecto original, y destaco el hecho de que estas comunas tienen un altísimo nivel de desintegración social derivado precisamente del proceso en virtud del cual se constituyeron. Se conforman primero por lo que fueron los llamados loteos brujos, es decir el engaño y la estafa de que fueron objeto los pobladores vendiéndole tres o cuatro veces un mismo sitio. En segundo lugar, por lo que fue Operación sitio, que permitió resolver estos problemas inicialmente con un sitio con servicios. En tercer lugar, por tomas que se produjeron especialmente a fines de los Gobiernos de don Eduardo Frei Montalva y de la Unidad Popular. Finalmente por las erradicaciones masivas que se produjeron durante el gobierno autoritario. Todos estos procesos dieron lugar a que se juntaran en estas comunas personas de muy diverso origen. Y hacer comuna, es decir, hacer vida en común para gente de muy diversos orígenes, de origen campesino o de distintos lugares dentro de la ciudad de Santiago, da lugar a un proceso de maduración social que implica un gran esfuerzo. Por eso, es necesario atacar el fenómeno desde sus distintas fuentes. Por eso, también, es que afecta tanto a estas comunas, amen de los problemas de origen que tuvieron, el hecho de que se les haya restado el aporte que tuvieron con la llamada Ley Buzeta, y el que hayan quedado heridas en su geografía con la construcción del propio Aeropuerto de Pudahuel, con hoyos que generan problemas de criminalidad, delincuencia e inseguridad ciudadana. Por eso es que las afecta tanto la contaminación acústica, de aguas y de aire. Señor Presidente, estimados colegas, hay dos cuestiones. Por una parte se establece un fondo al cual pueden postular todas las comunas pobres que figuren en el listado de Mideplan y eventualmente otras, por un monto inicial de mil doscientos millones de pesos, lo que no es mucho. Insisto en que solamente es un monto inicial, y que posteriormente ese fondo se distribuye durante tres años. 126 millones de pesos para Pudahuel, de acuerdo con este diez por ciento del fondo común municipal; 213 millones pesos para Cerro Navia, que es la más pobre, y 126 millones para Lo Prado. Dicho sea de paso, aquí un señor Diputado señaló que la comuna de Lo Prado estaba mal administrada por su alcalde. Yo quiero señalar que el señor Diputado está bastante equivocado. Puede que haya habido errores o problemas en ese municipio, como los han habido en todas las comunas pobres del país, pero el esfuerzo que se ha hecho en pavimentación, en desarrollo deportivo, en mejoramiento de los índices de educación, y en salud demuestra que ha habido un avance sustancial. Por lo tanto, me parece que es un agravio innecesario, sin fundamento, lo que acaba de decir un diputado de la Unión Democrática Independiente. Yo le pido a los señores Diputados que cuando nos referimos a algunas cosas hagamos afirmaciones con fundamento, sin dejar las cosas en el aire, en diálogo adecuado. En cuarto lugar, quiero hacerme cargo, señor Presidente y estimados colegas, de las observaciones de mi compañero de bancada señor Ignacio Walker, quien ha señalado, a mi juicio equivocadamente, que hay problemas de carácter jurídico, incluso constitucionales implícitos en este proyecto de ley. Yo quiero señalarle a mi distinguido colega que el artículo 19, N° 19, de la Constitución, al cual él se refirió, establece el derecho de sindicalizarse, de la afiliación sindical, y en el informe de la Comisión de Gobierno Interior hice mención al artículo 19, N° 20, que señala a la letra "la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o formas que fije la ley, y a la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado". Sin embargo, explícitamente agrega que, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar destinados afectados a fines propios de la defensa nacional, asimismo podrá autorizar que los que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos que la propia ley señale por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo". Precisamente lo que este proyecto de ley hace es usar la lógica del N° 22, del artículo 19 de la Constitución, en relación con el N° 20 del mismo artículo, se refiere a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica y que sólo en virtud de una ley se pueden autorizar determinado tipo de beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica. En este caso, las franquicias o beneficios provendrán de la Ley de Presupuestos. Lo que estamos haciendo es seguir la lógica de los números 20 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política en concordancia con disposiciones de la ley orgánica de Municipalidades, de la ley 18.695, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto supremo N° 662 del 27 de agosto de 1992 del Ministerio del Interior. Específicamente me refiero al párrafo 3, Título I, que trata del patrimonio y financiamiento municipales. Así, en el artículo 11, letra h, se dispone que tal patrimonio estará constituido, entre otros rubros, por los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes. Lo que estamos haciendo aquí es dictar una ley para asignar un beneficio, que por un lado sea una compensación a esas comunas, pero que al mismo tiempo genere recursos que van al presupuesto nacional y desde allí son asignados a las comunas pobres. El monto de esos recursos, tal como lo he señalado en reiteradas oportunidades, inicialmente puede ser pequeño. Sin embargo, podrá llegar a ser: 1.200 millones de pesos. De estos, sólo 465 millones van a las comunas que consideraba originalmente la iniciativa (prácticamente su tercera parte es ocupada anualmente en los tres primeros años por estas comunas) y el resto, es decir las dos terceras partes, pueden constituir un fondo al cual postulen otras comunas. Señor Presidente, estimados colegas, aquí no hay ningún principio de discriminación negativa. Al contrario, lo que estamos haciendo es una discriminación positiva que se atiene a las disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que corresponde a la lógica jurídica. Por lo tanto, no comparto las versiones entregadas aquí por mi colega el señor Walker. Además, el señor diputado se refirió al principio de la descentralización. La descentralización opera no solamente en lo que se refiere a las regiones (porque si es esa la consideración que hace el señor Walker, creo que está equivocado): se refiere también a las diferencias existentes entre cualquier centro privilegiado, por ejemplo, sabemos lo privilegiada que es la comuna de Santiago en término de las contribuciones de bienes raíces, o la comuna de Las Condes. En relación a otras localidades o centros, en términos de la radicación del poder, sea económico, social, político o cultural, o la suma de estos. Por lo tanto, cuando se descentraliza, se trata de entregar poder a estas otras localidades, de descentralizar dentro de las regiones. La descentralización es un concepto válido al interior de una gran ciudad, de una gran metrópolis. De eso se trata precisamente aquí en el caso de Santiago. Se trata de que comunas que no han sido privilegiadas desde su constitución, que han sido desmedradas en su evolución, comunas que han sufrido un daño, pero que han entregado un beneficio al país, localizando, por ejemplo, el aeropuerto internacional más importante del país, tengan las posibilidades de desarrollo a través de instrumentos que permiten potencias sus capacidades, fundamentalmente en lo que se refiere a infraestructuras y a servicios de carácter social. El concepto de descentralización no sólo se refiere a diferencias entre regiones del país sino también entre localidades dentro de ellas. Sabemos positivamente que hay provincias dentro de las distintas regiones del país que están muy desmedradas respecto de otras. En el caso de la ciudad de Santiago hay comunas que están desmedradas en relación a otras. Por lo tanto aquí lo que estamos haciendo es precisamente descentralizar. Creo que este concepto de la descentralización debe ser bien entendido para aplicarlo como corresponde. En este caso, en este proyecto de ley, a mi juicio, hay clara intención de orientarlo hacia un proceso de descentralización. Con estas aclaraciones, una cuestión que era de carácter particular se ha universalizado a través de las indicaciones del Ejecutivo y a través de las indicaciones de la Comisión de Hacienda. Se establece un principio de discriminación positiva que es legítima y autorizado por la Constitución, y un proceso de descentralización que permite focalizar mejor en forma territorial la pobreza. Creo que así se aclaran muchas de las dudas de los miembros de esta Sala. Me parece un proyecto extraordinariamente positivo y la bancada demócrata cristiana, con mi voto y el voto de muchos de los señores diputados lo va a respaldar. He dicho señor Presidente. El señor ORTIZ (Vicepresidente). En votación general el proyecto. Durante la votación El señor LONGTON.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a una materia de Reglamento. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Estamos en votación, señor Diputado. El señor ULLOA.- ¿Qué proyecto votamos, señor Presidente? El señor LONGTON.- Señor Presidente, ¿qué proyecto votamos? El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se vota el proyecto de la Comisión de Gobierno de Interior, porque, como saben los señores Diputados, la Comisión de Hacienda sólo ha formulado indicaciones que se tratarán en el segundo trámite. El señor ULLOA.- Señor Presidente, me parece que hay una equivocación. Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Estamos en votación. El señor LONGTON.- Pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Estamos en votación; no se puede. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- No hay quorum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 7 abstenciones. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Karelovic, Latorre, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Melero, Orpis, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Reyes, Rocha, Sabag, Seguel, Silva, Sota, Tuma, Ulloa, Vega y Venegas. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Munizaga y Vargas. Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Alvarez-Salamanca, Galilea, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Salís, Urrutia (don Raúl) y Wörner (doña Martita). Vuelve a Comisión para segundo informe. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Al artículo 1° 2.De la Comisión de Hacienda para reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 1°.- Créase un programa denominado de apoyo a las inversiones municipales en las comunas de bajos ingresos. A través de dicho programa se financiarán proyectos en las áreas de infraestructura vial, de alcantarillado y agua potable, vivienda, electrificación, educacional, de salud, equipamiento comunitario, y otros servicios sociales, con el propósito de contribuir con aportes adicionales, al financiamiento de proyectos específicos, destinados a elevar los niveles de vida de dichas comunas. Podrán postular a dicho programa las municipalidades de las comunas incluidas en el listado de MIDEPLAN, caracterizadas por su condición de mayor pobreza relativa, ya sea en forma asociada o individualmente.". 3.Del Ejecutivo para agregar en el inciso primero propuesto por la Comisión de Hacienda, entre las palabras "financiarán" y "proyectos", las palabras "estudio, programas y”. 4.Del Ejecutivo para suprimir en el inciso primero citado, la frase "dichas comunas" y el punto final (.), a continuación de ella, y agregar, en su reemplazo, la frase: "las comunas cuya población se caracterice por condiciones de mayor pobreza relativa.". 5.Del Ejecutivo para suprimir el inciso segundo propuesto por la Comisión de Hacienda. 6.Del señor Andrés Palma para reemplazar el inciso segundo propuesto por la Comisión de Hacienda, por el siguiente: "Podrán postular a dicho programa las municipalidades cuyos ingresos por patentes comerciales o mineras no representen más de un diez por ciento de los ingresos totales del Municipio, en el año anterior a la presentación, o que hayan recibido aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un porcentaje superior en el promedio de los dos últimos años precedentes.". 7.Del señor Elizalde para reemplazar en el inciso segundo propuesto por la Comisión de Hacienda, la frase "mayor pobreza relativa" por "mayor dependencia del Fondo Común Municipal". Al artículo 2° 8.De la Comisión de Hacienda para sustituirlo por el siguiente: "Artículo 2°.- El programa señalado en el artículo anterior será administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y tendrá una duración trienal, que abarcará los años 1995,1996 y 1997. Podrán concurrir a este programa proyectos específicos presentados por las municipalidades señaladas en el inciso segundo del artículo 1°, debiendo considerarse en la asignación de los recursos las características de pobreza de la población a que atienden, el aporte de los recursos de contraparte para los proyectos que presenten al programa, que exhiban o comprometan eficiencia en su gestión, y que reúnan el esfuerzo financiero de la propia municipalidad y de los beneficiarios directos de la inversión.". 9.Del Ejecutivo para reemplazar la segunda oración de este artículo por la siguiente: "Podrán postular a este programa, ya sea en forma asociada o individualmente, las municipalidades que determine la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, previo informe del Ministerio de Planificación y Cooperación, elaborado de conformidad con los indicadores de pobreza de que disponga dicho Ministerio.". 10.Del Ejecutivo para agregar los siguientes incisos segundo y tercero a este artículo: "Podrán concurrir al programa antes mencionado proyectos específicos presentados por las municipalidades señaladas en este artículo, según las pautas que determine un reglamento contenido en un decreto supremo emanado del Ministerio del Interior y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, el que podrá ser modificado de la misma forma. El referido reglamento deberá considerar para la asignación de los recursos, especialmente, las características de pobreza de la población a que atienden, el aporte de los recursos de contraparte para los proyectos que se presenten al programa, la complementariedad del proyecto con los de otras comunas y la debida coordinación de aquellos proyectos que tengan incidencia en más de una comuna y que exhiban o comprometan eficiencia en su gestión.". Al artículo 3° 11.De la Comisión de Hacienda para reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 3°.- El mayor gasto que irrogue la presente ley durante el año 1995, se financiará con cargo al ítem 50010325.33.104 de la Partida Tesoro Público del presupuesto de la Nación para dicho año. Para los años 1996 y 1997, los aportes al programa se establecerán en la Ley de Presupuestos respectiva.". Artículo nuevo. 12.De la Comisión de Hacienda para consultar el siguiente artículo transitorio: "Artículo transitorio.- Sin perjuicio de las normas de esta ley, con cargo a los recursos del programa establecido en el artículo 1°, podrá efectuarse un aporte anual durante los años 1995, 1996 y 1997, a las municipalidades de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado, para que ellas los transfieran a las municipalidades o a las asociaciones de municipalidades que, conforme a las normas de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, constituyan entre ellas, con el objeto de promover el desarrollo conjunto de dichas comunas de acuerdo a los criterios indicados en esta ley. Este aporte anual no podrá exceder del equivalente al 10% del Fondo Común Municipal que le correspondió durante el año 1993 a dichas municipalidades. En todo caso, para poder percibir este aporte, las municipalidades a que se refiere el inciso primero deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2° de esta ley.". 13.Del señor Andrés Palma para suprimir el artículo transitorio propuesto por la Comisión de Hacienda. AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS. Primer trámite constitucional. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de "discusión inmediata", que otorga un aguinaldo de Fiestas Patrias a los trabajadores y pensionados que indica. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Claudio Alvarado. Antecedentes: Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1672-05, sesión 26a, en 9 de agosto de 1995. Documentos de la Cuenta N° 1. Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 9, de esta sesión. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, el proyecto otorga un aguinaldo de Fiestas Patrias a los trabajadores del sector público, de las universidades y demás entidades de la educación superior que reciben aporte fiscal directo; al personal de sectores de la Administración del Estado traspasado a las municipalidades, a los trabajadores que se desempeñan en establecimientos particulares de enseñanza y en organismos reconocidos como colaboradores del Servicio Nacional de Menores y de Asistencia Legal Gratuita subvencionados por el Estado, y a los pensionados del INP, de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley N° 16.744, como también a los beneficiarios de las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, y de las leyes N°s. 19.123 y 19.129. Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor José Pablo Arellano, Director de Presupuesto. El objetivo del proyecto es conceder, por una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias de 20.500 pesos a aquellos trabajadores mencionados cuya remuneración líquida no exceda de 149 mil pesos, y de 15.600 pesos para los de remuneración líquida superior a dicha cantidad. Por otra parte, establece que el referido aguinaldo será de un monto básico de 6.200 pesos por pensionado, incrementado en 3.200 pesos por cada persona que tenga reconocida como causante de asignación familiar. La iniciativa consta de tres artículos. Fue ingresada con urgencia calificada de "discusión inmediata" y tanto la idea de legislar como su articulado en particular, fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Hacienda. En términos generales, dispone que el beneficio no se extiende a los trabajadores cuyas remuneraciones sean pagadas en moneda extranjera, que los servicios públicos con patrimonio propio absorberán el gasto con sus recursos. Si ello no fuere posible, el Fisco aportará las cantidades necesarias para su financiamiento. Para los aguinaldos de los trabajadores de establecimientos de enseñanza particular subvencionados por el Estado, de atención de menores y de asistencia judicial y legal, se dispone su financiamiento de cargo fiscal. Los beneficios que concede la iniciativa no serán imponibles ni tributables y se pagarán a las personas que tengan la calidad de trabajadores o pensionados a la fecha de publicación de la ley, aun cuando los primeros se encuentren en goce de subsidio por incapacidad laboral. Los trabajadores que en virtud de esta ley pueden impetrar el aguinaldo de dos o más entidades diferentes, podrán percibirla sólo en una de ellas, de acuerdo con los términos establecidos. En el caso en que el trabajador sea también pensionado, tendrá derecho a la parte del aguinaldo que exceda al que le corresponde en esta última calidad. El informe financiero señala que el aguinaldo beneficia a aproximadamente 501.500 trabajadores, de los cuales 317 mil poseen renta líquida igual o inferior a 149 mil pesos. Recibirán, en consecuencia, un aguinaldo de 20.500 pesos cada uno, con un costo de 6.498 millones de pesos. La diferencia de 184.500 trabajadores beneficiados poseen rentas superiores a 149 mil pesos; luego, recibirán un aguinaldo de 15.600 pesos, con un costo de 2.872 millones de pesos. Los pensionados beneficiados alcanzan a 1.325.000 personas, de las cuales aproximadamente 465 mil tienen derecho a monto adicional por ser causantes de asignación familiar. El costo para este sector es de 8.215 millones, por concepto de aguinaldo propiamente tal, y de 1.488 millones por asignación familiar. El costo total estimado del proyecto es del orden de 19.100 millones de pesos, desglosados en 9.376 millones para los trabajadores beneficiados y en 9.703 millones para los pensionados. Por último, el gasto fiscal de este monto será financiado con cargo a la provisión de fondos dispuesta en la partida presupuestaria correspondiente del Tesoro Público. Conviene hacer presente que ayer en la Comisión se manifestó la duda respecto de la incorporación de los funcionarios del Poder Legislativo en el artículo 1°. En este sentido, hoy se hizo llegar a la Corporación una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República que señala que también tienen el derecho a aguinaldo de Fiestas Patrias. Por todo lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el proyecto de ley. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto. Varios Comités han propuesto que el proyecto se apruebe por unanimidad, en general y en particular, sin discusión. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor Secretario dará lectura a la indicación presentada por Su Excelencia el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda. El señor LO YOL A (Secretario).- Es para agregar, en el artículo 1°, después de "la ley 18.962", lo siguiente: "a los del acuerdo complementario de la ley N° 19.297". El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En votación general y particular el proyecto, con la indicación. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobado. Despachado el proyecto. PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE LEY El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Restan sólo tres minutos para el término del Orden del Día. Corresponde tratar el proyecto de ley que regula el funcionamiento de las administradoras de recursos financieros de terceros para la adquisición de bienes. Si le parece a la Sala, se tratará en el primer lugar de la tabla de la próxima sesión. Acordado. VII. PROYECTOS DE ACUERDO. INCLUSIÓN DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS EN INICIATIVA SOBRE RESTITUCIÓN DE BIENES CONFISCADOS. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- De las Diputadas señoras Rebolledo, Pollarolo y Wörner y de los Diputados señores Ribera, Venegas, Ortiz, Tuma, Gutiérrez, García, don René; Munizaga, León, Zambrano, Villegas, Longton, Palma, don Andrés; Arancibia, Sota, Montes, Letelier, don Juan Pablo; Paya, Aylwin, don Andrés; Sabag, Letelier, don Felipe; Huenchumilla, Acuña, Makluf, Walker, Villouta, Karelovic, Pérez, don Víctor; Caminondo, Jürgensen, Ojeda, Seguel, Fuentealba, Elizalde, Vargas y Vega. "Considerando: Que mediante el decreto ley N° 1975, de 1977, y el decreto supremo N° 1309, de 1979, del Ministerio de Justicia, se declaró disuelta y se canceló la personalidad jurídica de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, y se incautaron sus bienes. Que por decreto N° 253 del Ministerio de Justicia, de fecha 27 de marzo de 1991, se restituyó la personalidad jurídica a dicha Asociación. Que la incautación de los bienes de la ANFUP fue realizada por un acto facultativo de la autoridad, en un contexto en que el gobierno de la época realizó una serie de confiscaciones e incautaciones de bienes a personas naturales y jurídicas, invocando motivos políticos para ello. Que el proyecto de ley iniciado en el Mensaje del Ejecutivo que dispone la restitución o indemnización de bienes confiscados y adquiridos por el Estado (Boletín N° 378-12), no contempla la situación que afectó a la ANFUP. Que habiéndose devuelto la personalidad jurídica a la ANFUP y existiendo un proyecto de ley que soluciona este tipo de problemas a otras personas naturales y jurídicas, parece de toda lógica y de mínima justicia que se incorpore a esta organización gremial en el mencionado proyecto de ley, a fin de que se restituyan los bienes confiscados. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a V.E. que si lo tiene a bien y lo estima procedente, se sirva formular una indicación al proyecto de ley que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes N°s 77, de 1973; 1967, de 1977; 12 y 133; de 1973, y 2.346, de 1978 (Boletín N° 3781-2), en el sentido de incluir en sus disposiciones la situación que afectó a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, por causa de la aplicación del decreto ley N° 1.975, de 1977 y del decreto supremo N° 1309, de 1979, del Ministerio de Justicia." El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El provecto está firmado prácticamente por todos los señores Diputados. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad? Aprobado. DECLARACIÓN CONDENATORIA DE ENSAYOS NUCLEARES EN ATOLÓN DE MURUROA. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- De los señores Munizaga, Bayo, Balbontín, señora Pollarolo, señor Gutenberg Martínez, señoras Cristi y Allende, señores Ortiz, Montes, Cardemil Sota, Prokurica, Coloma, Kuschel, Dupré, Longton, Muñoz, Jürgensen, Ojeda, Seguel, Fuentealba, Elizalde, León, Letelier, don Felipe, Villouta, Vargas, Sabag, Vega y Hurtado. Considerando: Que la decisión del Gobierno de Francia de reanudar sus experiencias nucleares en el atolón de Mururoa afecta en el largo plazo a todos los países ribereños de la cuenca del Océano Pacífico y constituye un retroceso para el desarrollo de las negociaciones sobre el Tratado de Proscripción Total de los Ensayos Nucleares, aspiración de la más alta prioridad para nuestro país, como lo ha declarado el Gobierno de Chile. Que la conducta del Gobierno de Francia implica una amenaza a la paz, a la cooperación internacional y a la preocupación mundial por la seguridad ambiental, y contradice la tendencia mundial de erradicar de la faz de la tierra el peligro atómico. Que a partir del anuncio de que en septiembre se reiniciarán los ensayos nucleares en el Océano Pacífico, la comunidad internacional ha reaccionado con indignación mediante declaraciones y actos de protesta ante la decisión del Gobierno de Francia. Que la ineficacia de estas acciones para conducir al Gobierno francés a revisar su decisión y la gravedad de la situación que se podría generar, hacen aconsejable impulsar una acción coordinada de los Parlamentos Nacionales de todos los países ribereños del Océano Pacífico. Que en estas condiciones parece conveniente que el Comité Ejecutivo del Foro de Líderes Parlamentarios del AsiaPacífico (APPLF) considere en su agenda de la reunión que debe realizar en el mes de septiembre próximo en Tailandia, el estudio de una declaración condenatoria de la decisión de reiniciar las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, como asimismo, el formular un llamado a todos los Parlamentos Nacionales de los países integrantes de dicho Foro a mantenerse en contacto permanente en torno a la situación que de ellas se derive. Los Diputados suscritos proponemos a la H. Cámara adoptar el siguiente acuerdo: La Cámara de Diputados de Chile solicita al Presidente del Foro de Líderes Parlamentarios del Asia Pacífico y Presidente de su Comité Ejecutivo, H. Yasuhiro Nakasone, que incluya en la agencia de la próxima reunión de dicho Comité un punto conducente a formular una declaración condenatoria de los ensayos nucleares que el Gobierno de Francia ha decidido llevar a cabo en el atolón de Mururoa, y formular un llamado a los Parlamentos Nacionales de sus países miembros a mantenerse en alerta y coordinar acciones comunes. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, los habitantes de los países de la Cuenca del Pacífico han visto con consternación que algo que parecía una pesadilla del pasado se vuelve a presentar en nuestro océano como una cruda realidad: los ensayos nucleares en el atolón de Mururoa. Esas experiencias no aportarán nada nuevo a la ciencia y obedecen exclusivamente al deseo del gobierno francés de perfeccionar tecnologías con fines bélicos, eligiendo como escenario para la prueba un lugar muy lejano a su país, pero próximo a los territorios de los diferentes Estados que conforman el Pacífico Sur. La comunidad internacional ha reaccionado con indignación ante el anuncio. Sin embargo, la ineficacia de estas acciones para conducir al Gobierno francés a revisar su decisión y la gravedad de la situación que se podría generar, hacen indispensable impulsar una acción coordinada de los parlamentos nacionales de todos los países ribereños del Pacífico, por lo que hemos considerado conveniente que el Comité Ejecutivo del Foro de Líderes Parlamentarios del Asia Pacífico considere en su agenda de la reunión que debe realizar en septiembre, en Tailandia, emitir una declaración condenatoria de la decisión de reiniciar las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, y, asimismo, formular un llamado a todos los parlamentos nacionales de los países integrantes de dicho Foro, a mantenerse en alerta y en contacto permanente, a fin de coordinar acciones comunes en Caso de no existir un cambio en la resolución francesa. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún otro señor Diputado que argumente a favor. Tiene la palabra el Diputado señor Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, solamente para señalar que adherimos al proyecto de acuerdo. La mayoría de los parlamentarios, si no la unanimidad, estamos en completo acuerdo para realizar todo tipo de acciones con el objeto de que, de una vez por todas, Francia entienda que en el mundo no puede hacer lo que se le ocurra. Los Diputados de la Democracia Cristiana queremos participar de estas acciones, en especial de este acuerdo, en el sentido de pedir al foro de líderes parlamentarios del AsiaPacífico que incluya en la agenda de la próxima reunión un punto de condena a la experiencia francesa en el atolón de Mururoa. Ello permite hacer un llamado de atención para realizar las acciones necesarias tendientes a impedir los ensayos nucleares. Este tema es demasiado grave. Se nos viene septiembre encima. Tengo la sensación de que todos los parlamentarios estaremos de acuerdo en llevar a cabo otras acciones que conduzcan a impedir los ensayos nucleares de Francia y en hacer saber a su Gobierno que, en definitiva, no puede hacer lo que se le ocurra. Por eso, los Diputados de la Democracia Cristiana votaremos favorablemente este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LATORRE.- Pido la palabra por un punto de Reglamento. El señor ORTIZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, solicito que se aplique el Reglamento para que este proyecto de acuerdo se vote. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Por no haberse reunido el quorum requerido, se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarez-Salamanca, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Cantero, Correa, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Kuschel, Latorre, Letelier (don Felipe), Longueira, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Munizaga, Ortiz, Palma (don Andrés), Prokurica, Reyes, Rocha, Sabag, Seguel, Silva, Solís, Sota, Urrutia (don Salvador), Vargas, Vega, Venegas, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano. BENEFICIOS A MUJERES DE TERCERA EDAD Y MENORES INVÁLIDOS PERTENECIENTES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 306. De las Diputadas señoras Aylwin, Pollarolo, Prochelle, Rebolledo, Wörner, Cristi, señorita Saa, y de los Diputados señores Ortiz, Hurtado y Correa. Considerando: 1.Que las personas de la tercera edad conforman un grupo de alta vulnerabilidad social. 2.La discriminación en contra de la mujer, que se refleja claramente en el hecho que perciben salarios equivalentes a dos tercios del salario de los varones por desempeñar trabajos equivalente. 3.La mayor precariedad de las mujeres adultas mayores en términos de ingreso y previsión social. Las estadísticas del INE indican que de las personas con 65 y más años de edad, sólo el 43,8% de las mujeres tienen pensión de viudez o jubilación, en tanto, cuentan con este beneficio un 69,5% de los hombres. Esta situación es aún más grave considerando que las mujeres viven más años. 4.El hecho que la mayoría de las mujeres de la tercera edad han desempeñado a lo largo de su vida labores domésticas, tarea muy subvalorada social y económicamente. 5.La discriminación existente entre las mujeres de la tercera edad ex-imponentes de la caja de seguro social, puesto que son las únicas que deben optar entre su propia jubilación y la pensión de viudez, para estos casos, incompatibles. 6.La necesidad de fortalecer la familia. 7.La extrema precariedad en que se encuentran los menores inválidos de familias en situación de extrema pobreza. 8.La difícil situación que enfrentan las viudas, ante la solicitud de devolución de la jubilación del causante, en un monto equivalente a los días del mes posteriores a su fallecimiento. Por lo anterior, es que las Diputadas y Diputados firmantes presentamos el siguiente Proyecto de Acuerdo. La Cámara de diputados acuerda oficiar a S.E. el Presidente de la República para que considere el envío de un proyecto de ley que otorgue a las mujeres de la tercera edad y menores inválidos, pertenecientes a familias de escasos recursos, los siguientes beneficios. 1.Pago de pensión hasta el último día del fallecimiento del causante. El costo estimativo de tal medida es de 697 millones anuales, favoreciendo a alrededor de 23.300 mujeres viudas. 2.Eliminación de la incompatibilidad para percibir dos o más pensiones en el ex-Servicio de Seguro Social. Considerando el stock de pensiones rechazadas durante los últimos 5 años, el costo asciende a 960 millones anuales, beneficiando a 2.115 mujeres. 3.Posibilidad de contraer matrimonio, sin perder el derecho a la pensión de viudez 4.Extensión del derecho a percibir subsidio familiar al menor inválido, hasta los 18 años de edad, elevando este beneficio al doble. Este beneficio implicaría aumentar los potenciales beneficiarios a 510 aproximadamente. A la vez, aumentar el valor del beneficio del subsidio familiar al doble de su valor, cuando se trate de beneficiarios inválidos, implicaría un mayor costo de $ 111,1 millones anuales, cifra que desglosa en $ 24,4 millones anuales por concepto de nuevos beneficiarios y $ 86,7 millones por la duplicación del subsidio. El señor SEGUEL.- Pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, debo destacar dos cuestiones de orden. En primer lugar, el proyecto no fue dado a conocer con anticipación a los parlamentarios. Y hay un acuerdo de no informar si no se conoce su contenido. En segundo lugar, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo están analizando este tipo de situaciones. Por tanto, sería conveniente que la Cámara acordara enviarlo a estas Comisiones para que allí se discuta y entreguen las conclusiones que hay que dar a conocer a esta Cámara. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene razón, desde el punto de vista reglamentario el Diputado señor Seguel. En virtud de tal acuerdo, será votado en la próxima sesión. El señor SEGUEL.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, he solicitado que este proyecto de acuerdo sea analizado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo. De no ser así, ella no tendría razón de ser. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Señor Diputado, tiene razón desde el punto de vista reglamentario. Tendría que discutirse el próximo miércoles. Además, sería bueno que su solicitud la recogieran las señoras parlamentarias que han redactado este proyecto de acuerdo, la evalúen, y vean en qué forma se puede acceder a su petición. La señora WÖRNER.- Señor Presidente, quiero hacer una observación. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. La señora WÖRNER.- Señor Presidente, la aprobación de este proyecto no significaría lo que ha precisado el Diputado señor Seguel en cuanto a las Comisiones citadas, por cuanto es para solicitarle al Presidente de la República que acoja esta petición, la estudie y envíe un proyecto de ley. Si la Comisión concluye en el mismo sentido, hará llegar su informe a la Sala y así se procederá en consecuencia. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Diputada señora Wörner, la discusión se realizará la próxima semana, oportunidad en que se votará el proyecto. VIII. INCIDENTES RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LONCOCHE (Novena Región). Oficio. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente. Hay una petición por escrito que hizo llegar al Presidente de esta Corporación el Jefe del Comité de la UDI, Diputado señor Víctor Pérez, por la que cede un minuto del tiempo de su Comité al Diputado señor René Manuel García. Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en la ciudad de Loncoche se encuentra en mal estado el puente Reyes, uno de los accesos principales y de vital importancia para la zona. Desgraciadamente no se puede reconstruir con recursos sectoriales porque se considera urbano. Es decir, la única manera de hacerlo es con fondos del Serviu. La importancia del puente radica en que es la única entrada para los camiones con productos agrícolas y lácteos que van a la planta de acopio ubicada en el extremo opuesto de Loncoche. En la actualidad se está construyendo la población Blas Reyes de 185 viviendas, la que prácticamente está aislada, ya que es imposible el paso de vehículos pesados por el puente en referencia. Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo en que se le pida destinar los recursos necesarios para reconstruir el puente, a la brevedad posible, ya que constituye un anhelo largamente esperado por los agricultores y por la comunidad de Loncoche. Agradezco a la UDI el minuto de tiempo que me concedió. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. FALTA DE RECURSOS PARA CONSULTORIOS DE SALUD PRIMARIA EN CURICÓ. Oficio. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, hace algún tiempo, también en Incidentes, me referí a una situación que se está dando en la provincia de Curicó con los consultorios de salud primaria. A raíz del cambio ordenado por el Ministerio de Salud, que entregaba recursos a los municipios para la administración de los establecimientos de salud primaria mediante el sistema denominado Fapem, sistema por facturación de atención, ahora debe hacerse por el sistema "per capita" o de población asignada, lo que está ocasionando graves trastornos a las municipalidades. Es el caso de la Municipalidad de Curicó que, al ver cercenados sus recursos de subvención por el Ministerio, debe enfrentar serios problemas de salud. Hace algún tiempo, en un consultorio que tenía alrededor de 20 funcionarios se les pidió la renuncia a 14, porque no tenía recursos para pagar sus sueldos, razón por la que intervinieron autoridades del Ministerio de Salud, con el fin de hacer una consultoría, lo que hasta la fecha no se ha hecho, manteniéndose la situación. Por lo anterior, la administración de salud de la comuna de Curicó ha debido destinar al pago del personal los recursos que normalmente se entregaban para la compra de medicamentos, con la consiguiente escasez de éstos en los consultorios. Así los enfermos no obtienen los remedios que necesitan ni tienen dinero para comprarlos. Como la situación es dramática, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, y es hora de que la Municipalidad o el Ministerio de Salud se preocupen del problema. Por las razones expuestas, solicito que se oficie al Ministro de Salud poniéndolo en antecedentes de esta denuncia. Señor Presidente, cedo el resto del tiempo al Diputado señor Galilea de Renovación Nacional. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Señor Diputado, el Comité de la Unión Demócrata Independiente le cedió tiempo. INFORMACIÓN SOBRE AYUDA GUBERNAMENTAL PARA LAS REGIONES DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA. Oficios. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El Comité de la Unión Demócrata Independiente ha cedido los cuatro minutos que le restan al Diputado de Renovación Nacional, señor Galilea. Tiene la palabra Su Señoría. El señor GALILEA.- Señor Presidente, agradezco al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Como es bien sabido, buena parte de las zonas sur y austral del país se encuentran fuertemente afectada por condiciones climáticas que superan largamente las situaciones que se presentan en un invierno normal. Sabemos también que el Gobierno ha declarado el estado de emergencia desde las regiones Séptima hasta la Duodécima, con el fin de destinar ayuda a las zonas afectadas, haciendo llegar alimentos y pasto para el ganado, todo lo cual ha movilizado a distintas autoridades a esas regiones. Sin embargo, tengo el convencimiento de que la información que manejamos de la situación la hemos recogido fundamentalmente de la prensa y de los medios de comunicación, y no estamos enterados a cabalidad de las acciones que se están llevando adelante como consecuencia de esta declaración de emergencia. Más allá del conocimiento que cada uno pueda tener, como resultado -quizás es mi caso- de haber conversado con autoridades de las comunas comprometidas, requerimos, como Corporación, saber si los esfuerzos que se hacen son suficientes, si están realmente aliviando la situación de miles de familias y, por cierto, cuáles son y en qué consisten las ayudas que se envían. En el caso del distrito que represento, al menos hay cuatro comunas afectadas: Lonquimay, Melipeuco, Curacautín y Vilcún, Sé lo que ocurre en la zona, pero también sé que hay localidades que, por no contar con el apoyo suficiente, no están siendo debidamente atendidas. A los municipios no se les puede pedir milagros. Un ejemplo de lo que señalo es que el martes recién pasado recibí una llamada telefónica desde la localidad de Troyo, comuna de Lonquimay, de un grupo de vecinos del sector de Llanquén, que solicitaban mi intervención ya que se sentían muy abandonados y les parecía que ese lugar no estaba siendo considerado como otros. Me indicaron que había al menos dos mujeres enfermas que requerían atención médica, que su único capital, el ganado, estaba en deplorables condiciones y que intercediera por ellos ante las autoridades competentes. De más está decir el enorme esfuerzo que estas personas debieron realizar para llegar a caballo, por la nieve, hasta el teléfono más cercano y poder llamar hasta Valparaíso. Me comuniqué con la municipalidad de Lonquimay con el objeto de ofrecer mi colaboración, y se me señaló que el sector sería atendido en sus principales requerimientos dentro de las posibilidades y considerando la magnitud del problema. Asimismo, he estado en contacto con Vilcún y ayer solicité, por intermedio de esta Cámara de Diputados, que esa comuna sea declarada zona en estado de emergencia, puesto que numerosos habitantes del sector cordillerano también lo están pasando muy mal. De igual modo, a través de personas que viven en las comunas de Melipeuco y Curacautín, me he impuesto de su situación, que en algunos lugares es muy grave. En definitiva, al menos, en las comunas de mi distrito hay personas sufriendo y, además, muchas de ellas están perdiendo los pocos bienes que poseen. Por las dificultades de acceso, la ayuda no llega a algunos lugares o lo que reciben les permite un alivio tan sólo por unos días, dado que, lamentablemente, las condiciones climáticas no parecen cambiar. No tengo la más mínima duda de que en otras regiones los problemas también son graves, por lo que es deber de esta Cámara imponerse de las acciones emprendidas por las autoridades y de sus resultados, con el objeto de evaluar si efectivamente se están tomando las medidas que la emergencia requiere. En atención a lo anterior, solicito, en nombre de los Diputados de Renovación Nacional y de los que deseen adherirse, y en atención a lo preceptuado en el N° 6 del artículo 41 de la Constitución Política, que señala: "El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso de las medidas adoptadas en virtud de los estados de emergencia y de catástrofes", se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para que se sirva poner en conocimiento de la Cámara los siguientes antecedentes: El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Señor Diputado, se terminó el tiempo de la UDI, puede continuar en el tiempo de Renovación Nacional. El señor GALILEA.- Termino inmediatamente, señor Presidente. Medidas concretas adoptadas para socorrer a los afectados, volumen de la ayuda dispuesta por el Gobierno, criterios utilizados para la asignación de esa ayuda y los resultados objetivos que se pretenden conseguir. Del mismo modo, solicito que se estudie la posibilidad de cambiar por "zonas de catástrofe" la declaración para las regiones más afectadas. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ramón Pérez, René Manuel García, Pedro Alvarez-Salamanca, Harry Jürgensen, señora Martita Wörner; señores Aníbal Pérez, Montes, Andrés Palma, Juan Carlos Latorre, Renán Fuentealba y José Miguel Ortiz y el Comité de la Democracia Cristiana. CONDICIONES PARA ALCANZAR LA RECONCILIACIÓN NACIONAL. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Socialista. Tiene la palabra el honorable Diputado señor José Antonio Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, estamos viviendo momentos bastante difíciles en el debate político, por cuanto es evidente para la opinión pública que en nuestra transición hay temas aún no resueltos. Para enfrentarlos adecuadamente es muy importante tener en cuenta que, en el pasado reciente, los chilenos nos dividimos muy profundamente. Sin embargo, esa división no puede ser considerada -por ningún sector- como justificación para violas los derechos humanos o para atentar contra la dignidad de las personas. La recuperación de la democracia y el trabajo en pos de la unidad nacional suponen que todos nos pongamos de acuerdo en dos principios básicos: que jamás el fin justifica los medios y que ningún sector puede avalar, amparar ni justificar el uso de la violencia para imponer sus ideas. A partir de estos principios, debemos enfrentar los problemas pendientes. El primero radica en los detenidos desaparecidos cuyo paradero aún no se conoce. Sólo se han descubierto los cuerpos de alrededor de 150 y quedan todavía alrededor de 900 por descubrir. Queremos que el país aproveche esta ocasión para buscar un camino adecuado, para que la verdad llegue y fluya en los procesos judiciales, de manera que el juez encuentre el destino de esas personas y dé satisfacción a los familiares de las víctimas. En tal sentido, nos parece que cualquiera iniciativa que contribuya a que la verdad emerja, debe ser analizada objetivamente, como asimismo con altura de miras y con sentido de Estado. Por el contrario, cualquiera iniciativa de ley que pretenda cerrar artificialmente los procesos, sin que se llegue a la verdad, sin que se conozca el paradero de los detenidos desaparecidos, no podrá encontrar consenso en el Parlamento y, en vez de contribuir a la reconciliación, puede convertirse en un obstáculo de su progreso. Por eso, nos parece importante que el debate político en curso pueda realizarse con serenidad, donde cada cual exponga sus puntos de vista con claridad. Y la piedra maestra, el parámetro, el paradigma conforme al cual podríamos encontrar solución a este punto que divide a la civilidad de las Fuerzas Armadas, consiste, simplemente, en lo siguiente: si la verdad llega a los tribunales por la vía que parezca más adecuada, en ese mismo momento, establecido el delito, conocido el destino del cuerpo de la persona detenida desaparecida, hoy -como dice la Conferencia Episcopal- presuntamente muerta, el juez podrá dictar el sobreseimiento definitivo de la causa, porque se sabe acerca del destino de la persona que sufrió la represión. Por el contrario, en justicia ni conforme a una norma ética, nadie puede pretender cerrar procesos sin que se sepa la verdad, sino sólo por un mal entendido realismo político. Creo que sería una injusticia considerar esa posición como intolerante o intransigente o como que fuera un impedimento para la reconciliación. Muy por el contrario, esa reconciliación sólo se podrá dar en la medida en que se acepte la verdad. He dicho. DETENCIÓN DE PERIODISTAS EN CUBA. Oficios. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- El Comité del Partido Socialista ha cedido su tiempo de tres minutos y medio del tiempo que le restan al Diputado señor Andrés Palma, quien, además, dispone de cinco minutos que le asignó el Comité de su Partido. Tiene la palabra Su Señoría. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, seré muy breve y agradezco a la bancada del Partido Socialista el tiempo que me ha otorgado. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación porque al menos dos periodistas pueden sufrir penas de reclusión, como presos de conciencia, con motivo de una aparente represión en Cuba contra las actividades de la prensa independiente. Rafael Solano, director de una agencia de noticias extraoficial llamada Habana Press, su compañero Héctor Peraza, coordinador de dicha agencia y otros cuatro periodistas que trabajaban allí, fueron detenidos en La Habana el 12 de julio de 1995. Se ha recibido confirmación de la posterior liberación de cinco de ellos, pero no está claro si el sexto, Héctor Peraza, continúa recluido o no. Rafael Solano fue detenido por agentes de seguridad del Estado en la mañana del 12 de julio, quienes lo trasladaron a la unidad policial N° 11 de San Miguel del Padrón, La Habana, para ser interrogado. Según los informes, los agentes no le mostraron una orden de detención firmada que, de acuerdo con la legislación cubana, se requiere para esos casos. Se señala que fue acusado de escribir "artículos perjudiciales para el sistema" para emisoras de radio y periódicos extranjeros catalogados de "subversivos", y que se le comunicó que en su contra se había iniciado una investigación oficial por difundir "propaganda enemiga", por lo cual podría cumplir una condena de entre uno y ocho años de cárcel. Héctor Peraza y otros tres periodistas corresponsales de Habana Press también fueron detenidos el 12 de julio, después de un registro de sus domicilios, donde les incautaron un fax, una cámara de video y más equipo fotográfico, así como pertenencias personales de uno de ellos. Por ahora, parece que no se van a presentar cargos contra los tres últimos, pero todavía no se ha podido aclarar la situación de Héctor Peraza. Asimismo, ese mismo día, agentes de seguridad del Estado detuvieron a Néstor Baguer, presidente de la Agencia -también extraoficial- de Prensa Independiente de Cuba, Apic, también extraoficial, después de ser registrado su domicilio y de que le incautaran un fax y algunos documentos. Desde entonces le han cortado el teléfono. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya presentado ningún cargo contra él. Por la información de que se dispone hasta el momento, Amnistía Internacional cree que si Rafael Solano y Héctor Peraza son encarcelados, serán presos de conciencia, detenidos únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Por esta razón, solicito que, en mi nombre, se oficie, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, al señor Roberto Robaina González, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y a la Embajada de Cuba en Santiago, con el objeto de que informen sobre la situación de esos periodistas, representándoles nuestra opinión en el sentido de que deben ejercer su derecho a la libertad de expresión. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por el Diputado señor Andrés Palma, con la adhesión de la bancada de la Democracia Cristiana y, en especial, de los Diputados Renán Fuentealba, Juan Carlos Latorre, Mario Acuña, Ramón Pérez, Eugenio Tuma y de quien habla. EXTENSIÓN DE AGUINALDO A PENSIONADOS DE A.F.P. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la honorable Diputada señora Martita Wörner. La señora WÖRNER.- Señor Presidente, hoy la Cámara, por unanimidad, prestó su aprobación al proyecto de ley que fija el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias a los trabajadores y pensionados que en él se indican. Me parece pertinente destacar como positivo que el Ejecutivo haya acogido una solicitud formulada el año pasado durante la discusión de un proyecto similar, en el sentido de conceder este beneficio en una sola iniciativa a los sectores pasivo y activo, como una forma de ir acercando los montos entre ambos, hasta que desaparezca la discriminación existente por razones económicas. También es interesante resaltar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, coherente con lo planteado por Su Excelencia el Presidente de la República en el Mensaje del 21 de Mayo, para entregar el máximo posible como monto de estos aguinaldos, como una manera de aliviar a los sectores más postergados, hacer justicia y mejorar las condiciones del sector pasivo. Sin embargo, me parece necesario llamar la atención sobre la inequidad -no obstante reconocer que no están dadas las condiciones para que en esta oportunidad se pueda atender esa situación, pero estimo necesario anotarla- que se produce con 12.687 personas que reciben pensión en el nuevo sistema por lo tanto, no tendrán derecho a este aguinaldo, que son parte de los 251.566 pensionados de las AFP. Al respecto, quiero señalar que estas 12.687 personas financian buena parte de su pensión mínima a través del beneficio de la garantía estatal. Esas pensiones se desglosan de la siguiente manera: 2.811 de vejez, 2.674 de invalidez, 3.770 de viudez, 1 como cónyuge inválido, 3.268 por hijos no inválidos, 52 por hijos inválidos, 5 como hijos inválidos parciales y 286 entregadas a otros hijos. En resumen, si hacemos presente que este universo se limita a 12.687 personas que -como dije- financian parte de su pensión con el beneficio de la garantía estatal, y lo comparamos con el 1.325.000 del sector pasivo que serán beneficiados con el proyecto que aprobamos hoy, no resulta tan gravoso para el Estado estudiar, en una próxima iniciativa, extender este tipo de beneficios o contemplar el otorgamiento de un aguinaldo parcial para los pensionados del nuevo sistema, en proporción al monto con el que concurre el Estado a través de esta garantía estatal. Ciertamente, esto genera una situación de marginación para un sector que, desde el momento en que está amparado por una garantía estatal, se reconoce que ha quedado perjudicado al tener que someterse al nuevo sistema, que es financiado a través de la capitalización y de la cuenta individual que corresponde a su ahorro personal. En atención a la situación de prosperidad y de crecimiento sostenido del país, reconocidos interna y externamente, formulo un llamado al sector empresarial que tiene trabajadores que no están negociando en forma colectiva, para que intenten, en un esfuerzo solidario, entregarles, con ocasión de las próximas Fiestas Patrias, un aguinaldo, si no igual, lo más cercano posible al que recibirá el sector al que beneficia este proyecto aprobado hoy por la Cámara. He dicho. HOMENAJE EN EL DÍA DEL MINERO. Oficios. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos La torre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, hoy se celebra el Día del Minero. Por ello, permítame, en este día de San Lorenzo, Patrón de los Mineros y cuidador de los tesoros de la Santa Madre Iglesia, entregar un reconocimiento y rendir un sincero homenaje a todos aquellos que trabajan en los minerales de nuestra tierra. Chile y su agreste pero esencial geografía es un mineral vestido de copihues, luces y poesía, que se desborda de la cordillera al mar, y que se extiende del desierto a las regiones antárticas. Así como la roca vertida en la mano del hombre se hace vida, el sacrificio, el ingenio y la habilidad de los trabajadores hacen que nuestros recursos se transformen en realidades y alegrías. El canto del minero, que en la profundidad del silencio peligroso se debate entre la existencia y el sacrificio, hace que la riqueza innata de la patria se transforme en bienestar para todos los ciudadanos, en escuelas y hospitales, en carreteras, puertos o universidades. Así es la generosidad de la vida de aquellos que son capaces de acariciar la superficie de la tierra o adentrarse en la profundidad misteriosa de sus entrañas para extraer, cual furtivos ingenieros de la sociedad, la composición roja, amarilla, verde o celeste, que permitirá al sueño transformarse en realidad. Si de solidaridad se trata, estos hombres son los hijos predilectos de San Lorenzo -quien en vida dedicó sus actos a los desvalidos y siguió a nuestro Señor Jesucristo hasta en el martirio-, los que nos entregan su máxima expresión, con su esfuerzo y sacrificio, al transformar el recurso natural en riqueza que se generaliza y hace crecer a la patria. Pero cuando hablamos del minero y de su patrono, no sólo pensamos en la gran minería y en aquellos que, protegidos por la tecnología moderna, se adentran en el socavón. También pensamos en aquellos que, con modestos recursos, luchan contra las inclemencias naturales por conseguir el tributo natural de la madre tierra. Por eso, como Diputado de una región con actividad minera, como integrante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en los últimos cinco años y medio, y en nombre de la Democracia Cristiana, permítaseme en este día de San Lorenzo rendir este modesto homenaje a quienes todo lo dan y todo lo arriesgan para darnos la savia de la tierra, la esperanza y la vida: los mineros de nuestra tierra. ¡Muchas gracias! Solicito que se envíe este homenaje al trabajador minero chileno, representado por las organizaciones nacionales de trabajadores mineros, a la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre y a sus filiales, al señor Ministro de Minería, a los ejecutivos de Enami, Codelco, y en general, a las empresas estatales del sector minero, así como también a los ejecutivos de las empresas del sector privado que realizan esta tan importante tarea en nuestro país. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviará su intervención a las personas y entidades señaladas, con la adhesión de los Diputados señores Renán Fuentealba, Mario Acuña, Martita Wörner, Salvador Urrutia, Ramón Pérez, Harry Jürgensen y de quien habla. ALCANCES A DENUNCIA SOBRE CONTROL DE ESTUPEFACIENTES El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, en los últimos días, la opinión pública ha conocido una denuncia formulada por dos parlamentarios de Oposición acerca de una presunta negligencia en que habrían incurrido autoridades nacionales en materia de control de estupefacientes o exportaciones de psicotrópicos o precursores químicos, fundamentalmente a Bolivia. En primer lugar, no obstante la legitimidad que tienen los parlamentarios para ejercer actos de fiscalización sobre actuaciones de gobierno, la denuncia hecha por los dos señores Diputados es, a mi juicio, enteramente irresponsable. Chile ha estado comprometido en una lucha permanente contra el tráfico de drogas. El Consejo Nacional de Estupefacientes sesiona habitual y periódicamente, presidido por el Ministro del Interior; en él actúan las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, se diseñan estrategias y se adoptan medidas para fiscalizar, con la mayor atención posible, eventuales actuaciones del narcotráfico. En segundo lugar, es irresponsable porque afecta la imagen internacional del país el hecho de que dos señores Diputados pongan en tela de juicio la actuación del Gobierno en esta materia. Chile forma parte del Comité de Control de Estupefacientes de las Naciones Unidas, órgano al cual se integró con el apoyo de la mayoría más amplia que haya tenido un país. Ese consejo estudia la problemática de la droga a nivel mundial, adopta decisiones estratégicas y canaliza la asistencia técnica y la cooperación internacional en la lucha y prevención de este flagelo. Nuestra imagen se pone en tela de juicio. No se reconocen los esfuerzos de los gobiernos democráticos de los Presidentes Aylwin y Frei para impulsar iniciativas que se traduzcan en leyes que nos permitan un mayor control y fiscalización en materia de narcotráfico. Se echa por la borda la preocupación que han tenido las autoridades, en especial el Subsecretario del Interior y el Director Nacional de Aduanas en materia de exportación de sustancias químicas controladas y precursores químicos a Bolivia. Al respecto y sólo a vía de ejemplo, cabe señalar que no me cabe la menor duda de que los dos funcionarios han actuado con la más absoluta diligencia en este campo. El 9 de agosto de 1995 el señor Pablo Lagos, asesor jurídico del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, fue informado por el Jefe del Departamento Nacional de Control de Drogas de todas las exportaciones de sustancias químicas controladas y de precursores que se habían efectuado a Bolivia, con el número de orden, la fecha de envío, los productos que comprendieron, la cantidad de kilos involucrados y las aduanas por las cuales transitaron. El 6 de marzo de 1992 el Subsecretario del Interior, don Belisario Velasco, se dirigió al Subsecretario de Defensa Social del Ministerio del Interior de la República de Bolivia, don Gonzalo Torrico, para informarle que la firma chilena Muñoz, Montero y Compañía Limitada exportó 100 toneladas de ácido sulfúrico a ese país; que actuó como importadora la compañía boliviana Tierra S.A., situada en Apacheta, cantón Quentena, departamento de Potosí; y señalarle que esta materia, tan delicada para nuestros gobiernos, debe ser controlada con la mayor acuciosidad posible, al mismo tiempo que le solicita que se realicen las investigaciones necesarias para que permitan comprobar que los productos exportados se utilizaron en actividades lícitas. Podría cansar a esta Honorable Corporación con una serie de antecedentes que obran en mi poder y que comprueban la eficacia, diligencia y responsabilidad con que han actuado el Subsecretario del Interior y el Director Nacional de Aduanas. Se establece en esta denuncia que no se ha hecho absolutamente nada y que el paso por el cual se realizan parte de estas exportaciones no cuenta con resguardo policial. Obra en mi poder el oficio reservado N° 411, de 8 de agosto de 1995, del Jefe del Departamento de Control de Drogas y Prevención Delictual del OS7, al asesor jurídico del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, señalando, precisamente, que el Paso de Tocorpurí -que denuncian los Diputados-, cuenta con el resguardo de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, y que, no existen, a esa fecha, antecedentes concretos sobre desvío ilícito de precursores o sustancias químicas. En fin, por los antecedentes de que dispongo, estoy en condiciones de afirmar que las denuncias formuladas por estos parlamentarios carecen de fundamento. En tercer lugar, estimo que la actuación parlamentaria debe ser ejercida con altura de miras; y la fiscalización que podamos llevar a cabo, con responsabilidad, para darle credibilidad a la función que desempeñamos. No podemos tirar denuncias "al voleo"; tampoco podemos enlodar o poner en duda el prestigio de funcionarios de nuestra Administración, a los cuales defenderemos siempre cuando tengan la razón, por cuanto son funcionarios que están ejerciendo sus labores, y nos consta que así lo están haciendo. En nombre de mi bancada rechazo, en la forma más enérgica posible, estas denuncias infundadas y carentes de contenido de dos parlamentarios de Oposición y que ponen en tela de juicio la honorabilidad de funcionarios de la Administración y, sobre todo, afectan y deterioran la imagen del país, construida con tanto esfuerzo respecto a la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes. He dicho. RECURSOS PARA ZONAS AFECTADAS POR FENOMENO CLIMÁTICO. Oficios. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Mario Acuña. El señor ACUÑA.- Señor Presidente, por especial encargo de mi bancada, he acompañado al Ministro de Agricultura y al Director de la Oficina Nacional de Emergencia, en un recorrido por la Novena Región, que se inserta en una extensa gira que están realizando junto al Director del Indap, desde las regiones Séptima a la Undécima, por la extraordinaria gravedad que reviste la actual situación en la precordillera y cordillera de nuestro país, con lo que se ha denominado "el terremoto blanco". Cuando uno tiene la oportunidad de constatar en el terreno el drama que están viviendo miles de compatriotas, sus enseres y animales, se recoge el corazón. Hay que considerar que la ayuda que el Supremo Gobierno ha entregado por intermedio de los gobiernos regionales, ha llegado muy eficientemente. Sin embargo, como aún se mantienen bajas las temperaturas y continúa el frente de mal tiempo, se prevé la permanencia de la nieve. Se estima que, al menos en la Novena Región, hay un millón de hectáreas bajo la nieve y los animales sólo disponen en muy poca cantidad de forraje conservado, sin posibilidad alguna de talaje directo. Aún no hay mucha mortandad de animales -hay que reconocerlo-, excepto de algunos ovinos registrada en la comuna de Melipeuco. La situación es crítica, porque de continuar el mal tiempo se prevé una alta mortandad de bovinos, ovinos, caprinos y caballares. Los informes metereológicos son preocupantes. En las diferentes comunas se está realizando la distribución de forraje y concentrado, tanto por profesionales de los municipios como del Indap. También se ha trabajado en equipo con Vialidad y el Ejército, además de la Fuerza Aérea y Carabineros, tanto para la distribución de estos elementos como en la manera de llegar a prestar ayuda a la gente más aislada. La masa amagada de animales comprende 40.701 bovinos; 19.508 ovinos; 32.750 caprinos, y 3.133, equinos. Además de las comunas ya declaradas en emergencia agrícola, se han agregado Collipulli, Vilcún, Angol, Los Sauces y Purén. Estas tres últimas han sufrido grandes nevazones, quedando aislados los sectores altos de la Cordillera de la Costa. Se ha solicitado al Gobierno del Presidente Frei que incluya a la comuna de Curarrehue en el plan de la extrema pobreza a nivel nacional. El prolongado período de frío, sumado a la alimentación insuficiente y de bajo contenido energético, ha producido trastornos en la salud de una gran cantidad de animales, tales como generación de grasa en el hígado, caquexia, timpanitis y congelamiento, que es preciso tratar con ayuda médica, para lo cual son indispensables los elementos farmacéuticos, además del forraje. Señor Presidente, resulta indispensable suplementar recursos para atender esta emergencia. Chile es un país que permanentemente está sufriendo terremotos, inundaciones, incendios, heladas, aluviones y erupciones volcánicas. Razón por la que un grupo de parlamentarios ha estimado necesario volver a introducir en nuestra legislación lo que se denomina "estado preventivo de catástrofe", que nos permitirá disponer de facultades y recursos para actuar de una manera más eficiente cuando se presenten estas situaciones. Señor Presidente, por su intermedio solicito que se oficie a los Ministros de Agricultura, de Obras Públicas, de Hacienda y del Interior con el objeto de asignar a las regiones amagadas, a la brevedad posible, a lo menos, 500 millones de pesos que se necesitan de acuerdo con la información proporcionada por los profesionales encargados de enfrentar esta situación. Señor Presidente, el Diputado Miguel Hernández, con quien hicimos gestiones hoy en la mañana en Santiago para la obtención de estos recursos, me ha solicitado sumarse a esta petición de oficio así como también el Diputado de mi distrito, señor René Manuel García. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, al cual adhieren los Diputados señores Miguel Hernández, René Manuel García, Francisco Bayo, Ramón Pérez y Harry Jürgensen. EVALUACIÓN DE PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE CAMINOS EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, una de las causas de los accidentes automovilísticos la constituye, sin duda, el mal estado de los caminos públicos, situación que se presenta todos los años, tanto en los de ripio como en los de asfalto, los cuales precisan de un programa de mantención permanente que, en estricto rigor, no se efectúa. En el distrito N° 56 los caminos en general, están en mal estado debido al alto tráfico de invierno, a la falta de reparaciones o a recargas de materiales inoportunos. En algunas comunas, como Los Muermos, Frutillar y Fresia, se llevó a efecto un plan piloto de conservación de caminos, recargándose de material los caminos de ripio y realizándose el bacheo en los de asfalto. Sería importante conocer la evaluación efectuada por el Ministerio de Obras Públicas respecto de este programa de mantención, ya que en el presente año, los caminos de asfalto como el de Puerto Montt a Los Muermos, de Cancura a Puerto Octay y de Puerto Octay a Frutillar, como los de ripio, se encuentran en muy mal estado de conservación; algunos a punto de cortarse. Para evitar fatales consecuencias, no debemos olvidar el accidente ocurrido en la ruta internacional 225 de Puerto Varas a Ensenada, el 7 de mayo pasado, cuyas causas y responsabilidades están siendo investigadas por un ministro en visita nombrado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Asimismo, conviene recordar que la Dirección de Vialidad es la responsable del mejoramiento, reparación, conservación y señalización de los caminos. No debemos esperar que ocurran los accidentes para tomar medidas como, por desgracia, ha ocurrido históricamente en nuestro país. No olvidemos que la ley N° 18.575, que consagra la llamada doctrina de la responsabilidad objetiva del Estado, en su artículo 4° establece la responsabilidad del Estado por los daños que causen a las personas los órganos de su administración en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, es perfectamente posible concluir que los usuarios de los caminos públicos tienen derecho a reclamar una indemnización legal por los daños que hayan sufrido, por la falta de reparación oportuna de los caminos o de señalización, o por no suspender oportunamente el tránsito por los caminos que presentan un alto grado de peligrosidad. El Ministerio de Obras Públicas no podrá seguir argumentando, simplemente, fuerza mayor o caso fortuito por las consecuencias de sus omisiones en la prevención de accidentes, ya que su responsabilidad es directa respecto de la debida mantención de los caminos. Señor Presidente, en mérito de lo expuesto, solicito que, en mi nombre, se oficie al Ministro de Obras Públicas, a fin de que dé su opinión respecto de lo señalado y, además, que se sirva enviar la información completa del programa de mantención y mejoramiento de los caminos con mayor tráfico de las comunas que integran el distrito N° 56, indicando las características de las obras, de la revisión de los puentes, de las alcantarillas, del desmalezado de la faja, de la mantención de las acequias, etcétera, indicando las fechas de su ejecución. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ramón Pérez y Francisco Bayo. DISCRIMINACIÓN EN OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES A TRABAJADORES DE IQUIQUE. Oficio. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ramón Pérez. El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, en reiteradas oportunidades el Gobierno ha manifestado, incluso en forma enérgica, la pluralidad de sus actuaciones, sobre todo, en lo relativo al otorgamiento de beneficios para los trabajadores y para la gente más modesta. Sin embargo, he recibido una denuncia formal por parte del presidente y dirigentes del sindicato de los Astilleros Marco Chilena, de la ciudad de Iquique, organismo laboral no afiliado a la CUT, pese a las presiones. (Por razones de buen entendimiento con la empresa, este sindicato nunca ha querido hacerlo). Como estos trabajadores necesitan acogerse al plan especial de vivienda, PEV, creado por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, cumplieron con todos los requisitos ante el Serviu Primera Región, correspondiéndoles sólo cuatro cupos a su sindicato. Pero en la entrega de los subsidios, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Primera Región, les informó que ya no son cuatro cupos, sino dos. Además, se les indicó que para acceder al beneficio otorgado, deben realizar todo el trámite a través de la CUT de Iquique, porque ese organismo es el encargado de la distribución de las viviendas, y como el Sindicato Marco Chilena no está afiliado a la CUT, es obvio que sus trabajadores no podrán acceder a las viviendas. Señor Presidente, como considero muy grave esta situación, solicito que se oficie a los señores Ministros de Vivienda y Urbanismo, para que informe a la Honorable Cámara acerca de la denuncia efectuada, y del Interior, a fin de que tome conocimiento de esta actitud que considero totalmente abusiva en contra de los trabajadores. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Jürgensen y Bayo. MAYORES RECURSOS PARA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Oficios. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, las frecuentes irregularidades detectadas en diferentes municipalidades de mi distrito me han inducido, en los últimos años, a requerir la intervención de la Contraloría General de la República, lo que me ha permitido conocer más de cerca su funcionamiento interno y comprobar su gran escasez de recursos humanos, materiales y económicos con que desarrolla sus funciones. Creo que en Chile muy pocos tienen conocimiento de las menguadas y casi indignas remuneraciones de sus funcionarios, no compatibles con la importancia de sus funciones, y pocos conocen sus dificultades para desplazarse de una comuna a otra en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, muy pocos saben que hay muchos funcionarios que, después de largos años de trabajo, quisieran alejarse en forma digna de una institución a la que han entregado gran parte de su vida, pero no lo pueden hacer, precisamente, por la situación que viven en la actualidad. Considero necesario adoptar medidas administrativas para adecuar sus actuales estructuras a las exigencias del presente, en lo cual los parlamentarios tenemos mucha responsabilidad, porque en la misma medida en que entregamos mayores facultades y recursos a las municipalidades, aumentamos la necesidad de controlar su buen uso. Sin embargo, a la entidad contralora no se le han entregado los mismos recursos. Estamos conscientes de que es imposible que en el curso del presente año se termine la tramitación del proyecto que establece nueva ley orgánica de la Contraloría, que hoy está en el Senado. Por ello, para corregir a la brevedad este serio problema, solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda, a fin de que considere en forma especial la situación de desmedro de la institución para que la tenga presente al confeccionar el Presupuesto de 1996 e incremente los recursos que se le asignan, porque lo merece y lo necesita con urgencia. Además, solicito que se envíe copia de mi intervención al señor Contralor General de la República. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Harry Jürgensen y Ramón Pérez. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Antes de levantar la sesión, en nombre de la Cámara, doy la bienvenida a los alumnos del Liceo Luis Cruz Martínez, de Curicó, que se encuentran en las tribunas, invitados por el Diputado señor Roberto León. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Se levantó la sesión a las 13.35 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.