ALCANCES A DENUNCIA SOBRE CONTROL DE ESTUPEFACIENTES El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, en los últimos días, la opinión pública ha conocido una denuncia formulada por dos parlamentarios de Oposición acerca de una presunta negligencia en que habrían incurrido autoridades nacionales en materia de control de estupefacientes o exportaciones de psicotrópicos o precursores químicos, fundamentalmente a Bolivia. En primer lugar, no obstante la legitimidad que tienen los parlamentarios para ejercer actos de fiscalización sobre actuaciones de gobierno, la denuncia hecha por los dos señores Diputados es, a mi juicio, enteramente irresponsable. Chile ha estado comprometido en una lucha permanente contra el tráfico de drogas. El Consejo Nacional de Estupefacientes sesiona habitual y periódicamente, presidido por el Ministro del Interior; en él actúan las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, se diseñan estrategias y se adoptan medidas para fiscalizar, con la mayor atención posible, eventuales actuaciones del narcotráfico. En segundo lugar, es irresponsable porque afecta la imagen internacional del país el hecho de que dos señores Diputados pongan en tela de juicio la actuación del Gobierno en esta materia. Chile forma parte del Comité de Control de Estupefacientes de las Naciones Unidas, órgano al cual se integró con el apoyo de la mayoría más amplia que haya tenido un país. Ese consejo estudia la problemática de la droga a nivel mundial, adopta decisiones estratégicas y canaliza la asistencia técnica y la cooperación internacional en la lucha y prevención de este flagelo. Nuestra imagen se pone en tela de juicio. No se reconocen los esfuerzos de los gobiernos democráticos de los Presidentes Aylwin y Frei para impulsar iniciativas que se traduzcan en leyes que nos permitan un mayor control y fiscalización en materia de narcotráfico. Se echa por la borda la preocupación que han tenido las autoridades, en especial el Subsecretario del Interior y el Director Nacional de Aduanas en materia de exportación de sustancias químicas controladas y precursores químicos a Bolivia. Al respecto y sólo a vía de ejemplo, cabe señalar que no me cabe la menor duda de que los dos funcionarios han actuado con la más absoluta diligencia en este campo. El 9 de agosto de 1995 el señor Pablo Lagos , asesor jurídico del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, fue informado por el Jefe del Departamento Nacional de Control de Drogas de todas las exportaciones de sustancias químicas controladas y de precursores que se habían efectuado a Bolivia, con el número de orden, la fecha de envío, los productos que comprendieron, la cantidad de kilos involucrados y las aduanas por las cuales transitaron. El 6 de marzo de 1992 el Subsecretario del Interior, don Belisario Velasco, se dirigió al Subsecretario de Defensa Social del Ministerio del Interior de la República de Bolivia, don Gonzalo Torrico, para informarle que la firma chilena Muñoz, Montero y Compañía Limitada exportó 100 toneladas de ácido sulfúrico a ese país; que actuó como importadora la compañía boliviana Tierra S.A., situada en Apacheta, cantón Quentena, departamento de Potosí; y señalarle que esta materia, tan delicada para nuestros gobiernos, debe ser controlada con la mayor acuciosidad posible, al mismo tiempo que le solicita que se realicen las investigaciones necesarias para que permitan comprobar que los productos exportados se utilizaron en actividades lícitas. Podría cansar a esta Honorable Corporación con una serie de antecedentes que obran en mi poder y que comprueban la eficacia, diligencia y responsabilidad con que han actuado el Subsecretario del Interior y el Director Nacional de Aduanas. Se establece en esta denuncia que no se ha hecho absolutamente nada y que el paso por el cual se realizan parte de estas exportaciones no cuenta con resguardo policial. Obra en mi poder el oficio reservado N° 411, de 8 de agosto de 1995, del Jefe del Departamento de Control de Drogas y Prevención Delictual del OS7, al asesor jurídico del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, señalando, precisamente, que el Paso de Tocorpurí -que denuncian los Diputados-, cuenta con el resguardo de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, y que, no existen, a esa fecha, antecedentes concretos sobre desvío ilícito de precursores o sustancias químicas. En fin, por los antecedentes de que dispongo, estoy en condiciones de afirmar que las denuncias formuladas por estos parlamentarios carecen de fundamento. En tercer lugar, estimo que la actuación parlamentaria debe ser ejercida con altura de miras; y la fiscalización que podamos llevar a cabo, con responsabilidad, para darle credibilidad a la función que desempeñamos. No podemos tirar denuncias "al voleo"; tampoco podemos enlodar o poner en duda el prestigio de funcionarios de nuestra Administración, a los cuales defenderemos siempre cuando tengan la razón, por cuanto son funcionarios que están ejerciendo sus labores, y nos consta que así lo están haciendo. En nombre de mi bancada rechazo, en la forma más enérgica posible, estas denuncias infundadas y carentes de contenido de dos parlamentarios de Oposición y que ponen en tela de juicio la honorabilidad de funcionarios de la Administración y, sobre todo, afectan y deterioran la imagen del país, construida con tanto esfuerzo respecto a la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes. He dicho.