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- rdf:value = " De las Diputadas señoras Rebolledo, Pollarolo y Wörner y de los Diputados señores Ribera, Venegas, Ortiz, Tuma, Gutiérrez, García, don René; Munizaga, León, Zambrano, Villegas, Longton, Palma, don Andrés; Arancibia, Sota, Montes, Letelier, don Juan Pablo; Paya, Aylwin, don Andrés; Sabag, Letelier, don Felipe; Huenchumilla, Acuña, Makluf, Walker, Villouta, Karelovic, Pérez, don Víctor; Caminondo, Jürgensen, Ojeda, Seguel, Fuentealba, Elizalde, Vargas y Vega.
"Considerando:
Que mediante el decreto ley N° 1975, de 1977, y el decreto supremo N° 1309, de 1979, del Ministerio de Justicia, se declaró disuelta y se canceló la personalidad jurídica de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, y se incautaron sus bienes.
Que por decreto N° 253 del Ministerio de Justicia, de fecha 27 de marzo de 1991, se restituyó la personalidad jurídica a dicha Asociación.
Que la incautación de los bienes de la ANFUP fue realizada por un acto facultativo de la autoridad, en un contexto en que el gobierno de la época realizó una serie de confiscaciones e incautaciones de bienes a personas naturales y jurídicas, invocando motivos políticos para ello.
Que el proyecto de ley iniciado en el Mensaje del Ejecutivo que dispone la restitución o indemnización de bienes confiscados y adquiridos por el Estado (Boletín N° 378-12), no contempla la situación que afectó a la ANFUP.
Que habiéndose devuelto la personalidad jurídica a la ANFUP y existiendo un proyecto de ley que soluciona este tipo de problemas a otras personas naturales y jurídicas, parece de toda lógica y de mínima justicia que se incorpore a esta organización gremial en el mencionado proyecto de ley, a fin de que se restituyan los bienes confiscados.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a V.E. que si lo tiene a bien y lo estima procedente, se sirva formular una indicación al proyecto de ley que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes N°s 77, de 1973; 1967, de 1977; 12 y 133; de 1973, y 2.346, de 1978 (Boletín N° 3781-2), en el sentido de incluir en sus disposiciones la situación que afectó a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, por causa de la aplicación del decreto ley N° 1.975, de 1977 y del decreto supremo N° 1309, de 1979, del Ministerio de Justicia."
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