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El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, si damos una mirada retrospectiva a la evolución política de Chile, es fácil constatar en ella la presencia de lo errático en algunas ocasiones, de lo caótico en otras, y de lo conflictivo, junto a la irrupción, simultánea o alternativa, de elementos de carácter retrógrado y progresista, para no hacer referencia al juego dialéctico entre reacción y revolución.
Sin titubeos, podemos sostener que nuestra historia política ha girado en dirección de todos los vientos. Basta recordar, como prueba de lo anterior, la diversidad político-ideológica de los líderes, partidos y coaliciones que se sucedieron en el ejercicio del poder entre 1946 y 1973; período en el cual el país buscó, con esperanza e incertidumbre a la vez, una fórmula política de gobierno nacional, unitario, democrático y con sentido social.
En el curso de este itinerario, un largo historial de encuentros y desencuentros nos ha llevado en forma oscilante al progreso o al regreso, al imperio del derecho o al desconocimiento de la legalidad, a la paz o a la violencia.
Mientras describimos este escenario, a pesar de los más de 20 años transcurridos, volvemos a sentir la cercanía del quiebre institucional de 1973. De hecho, sus consecuencias y secuelas todavía nos acechan y persiguen intermitentemente. Sin embargo, y no obstante mostrar algunos progresos, falta aún mucho por caminar.
Gran parte de lo ocurrido se explica porque Chile ha carecido de una concepción histórica unitaria, imprescindible para construir un futuro grande; libre de sobresaltos, sin temor al pasado remoto o próximo.
Si Chile quiere consolidar y proyectar sus avances, dicha concepción histórica unitaria es básica. En la actual coyuntura es necesaria para resolver los asuntos pendientes en materia de derechos humanos, para recorrer y finalizar con éxito la etapa de transición a la democracia y para abrir las puertas al desarrollo premodernista que emerge, a pesar de los obstáculos descritos.
En estos momentos, lo importante es la disposición anímica de espíritu y de sentimientos con que se enfrente la cuestión específica de las relaciones político-militares, porque son éstas las que se encuentran en una crisis no resuelta.
Asimismo, una verdadera y auténtica reconciliación está supeditada al bien común nacional y a la paz social, entendiendo que hay valores como la verdad y la justicia que sólo tendrán sentido en la medida en que se subordinen a los fines mencionados y no los alteren o destruyan.
La reconciliación requiere que los distintos actores muestren disposición a la misma, pues ella no se impone ni por decreto ni por ley ni por acto administrativo alguno. Hemos conseguido avances y logros.
Hoy, los familiares de detenidos desaparecidos sólo claman conocer la verdad de lo sucedido; no piden revancha ni claman por venganza, y sólo en la medida de lo posible aspiran al castigo de los culpables.
Los políticos concertacionistas hemos ido reconociendo que tuvimos parte de responsabilidad en el quiebre de 1973, y hemos hecho al interior de nuestras colectividades procesos de autocrítica que nos han conducido a renovaciones ideológicas y políticas. La propia Derecha, que en el pasado negó y desconoció la existencia de atrocidades que el tiempo y la paciencia de investigadores han ido develando, hoy nos plantea la necesidad de solucionar el problema de los detenidos desaparecidos.
Sin embargo, no vemos la misma evolución en otros sectores que insisten en que ellas fueron producto de una guerra, inexistente para muchos de nosotros, y no de excesos cometidos, como si los degollados hubieran caído en el campo de batalla o Tucapel Jiménez hubiera sido sorprendido armado hasta los dientes y no secuestrado en un modesto taxi que trabajaba.
Esto no facilita, ciertamente, la reconciliación ni crea condiciones para ello. Tampoco creemos que las opiniones del Comandante en Jefe del Ejército, dichas recientemente en Viña del Mar, contribuyan a solucionar el problema.
Por eso, los democratacristianos, nos felicitamos por la actitud del Presidente de la República de no promover soluciones que no pasen por conocer la verdad y las circunstancias en que se cometieron los atropellos y violaciones al derecho a la vida. Por lo demás, el Jefe de Estado sólo ha expresado que su Gobierno no tomará iniciativas en este tema y se ha limitado, por lo tanto, a fijar su propia actitud.
En ningún momento ha prohibido -porque no podría hacerlo- ni se ha opuesto anticipadamente a que los sectores políticos, a quiénes -entiendo- les compete principalmente resolver esta cuestión, puedan avanzar con pasos concretos hacia la reconciliación. A este respecto, los democratacristianos estaremos siempre dispuestos a proseguir el diálogo en este terreno, y en tal sentido respaldamos la posición dada a conocer por nuestro presidente, Alejandro Foxley .
En un estado de derecho como el nuestro, aún imperfecto por cierto, el Poder Judicial debe cumplir su rol. No tiene fundamento la pretensión de los partidos de la Oposición de que sea el actor político el que determine cómo hay que hacer justicia. Podremos opinar y expresar nuestros puntos de vista, pero bajo ninguna circunstancia es atribución nuestra impartir justicia, como se pretende que lo hagamos a través de una supuesta ley interpretativa de la Ley de Amnistía.
Preferir que ello suceda no puede ser motivo para descalificaciones ni sarcasmos de la Derecha hacia nuestro Presidente de la República, máxima autoridad del país. No dejaremos pasar estos "gustitos" de la Oposición. Nunca antes se preocuparon de esta situación, pero hoy les ha bajado una desesperación que los hace descomedirse: el burro diciéndole orejón al conejo.
Tampoco es aceptable la utilización política que se pretende hacer de la desgracia ajena, propiciando perdonazos fundados en que ellos serán una contribución al clima de estabilidad política del país. Nadie tiene derecho a sacar provecho partidista de esta cuestión. Rechazamos las actitudes de quienes pretenden subirse por el chorro. Sólo un análisis y reflexión en serenidad; sin la presión de fantasmas que amenacen la institucionalidad del Estado de derecho posibilitará que avancemos sobre el particular.
Obviamente, la ausencia de histrionismos, y su tratamiento por la prensa y los medios de comunicación, también facilitará que los sectores políticos busquemos las bases de un consenso de compromiso nacional, sin exclusiones de ninguna especie, en virtud del cual visualicemos soluciones justas y fundadas en la verdad a tan dramático problema. Mientras ello no suceda, nuestra actual institucionalidad jurídica será encargada, en consecuencia, de resolver los asuntos que se le planteen. Si ello significará tener una permanente tensión, tendremos que afiatar nuestros espíritus para no caer en excesos o extremismos, confiando en que instituciones autónomas, soberanas e independientes, como el Poder Judicial, resuelvan los casos que se someten a su jurisdicción.
Por nuestra parte, acataremos sus fallos, aun cuando ellos puedan no gustarnos, con la tranquilidad de que hemos hecho los esfuerzos a nuestro alcance en pro de la tan anhelada reconciliación. Ojalá nuestro espíritu cristiano nos ilumine y oriente para construir, sobre la verdad y la justicia, nuestras futuras relaciones sociales.
Si la intención es avanzar hacia la democracia y el desarrollo, se requiere, por consiguiente, un gran esfuerzo nacional para desprenderse de los ideologismos extremos, y una inmensa predisposición intelectual y síquica para comprender que la verdad es un valor que nadie puede administrar mediante artificios, como si ella perteneciera en forma exclusiva a un solo grupo.
He dicho.
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