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rdf:value = " CREACIÓN DE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN OFICIAL DE CONFORMIDAD DE EXPORTACIONES. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que crea un sistema de certificación oficial de conformidad de las exportaciones. Diputado informante de la Comisión de Economía es el señor Aníbal Pérez . Antecedentes: Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1468-03, sesión 25ª, en 13 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 2. Informe de la Comisión de Economía, sesión 5ª en 6 de junio de 1995. Documentos de la Cuenta N°18. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. Pasa a presidir, en forma accidental, el Diputado señor Viera-Gallo . El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente como miembro de la Comisión de Economía, me corresponde informar sobre el proyecto, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que crea un sistema de certificación oficial de conformidad de las exportaciones. Durante su estudio, se contó con la asesoría de funcionarios del Ministerio de Economía y, para una mejor comprensión de las materias que abordada iniciativa y los efectos que se podrían producir con su aplicación, la Comisión acordó escuchar exposiciones de diferentes organismos relacionados con el tema, entre otros, la Sociedad de Fomento Fabril, la Asociación de Exportadores de Chile, la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta de Chile, la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana y Pequeña Industria, Servicios y Artesanado y el Servicio Agrícola y Ganadero. El proyecto es de gran trascendencia para el sector exportador, dado el crecimiento sostenido que ha tenido nuestra economía en el último tiempo, en el sentido de abrir mercados en países donde hasta la fecha no existía intercambio comercial, lo cual ha significado competir abiertamente con productos de otro origen, los que a veces tienen una mayor recepción en esos mercados debido a que traen un respaldo de certificación de calidad. Este desarrollo de exportaciones, presionado fuertemente por la competitividad de productos similares, se une a un aumento de la productividad, que exige altos niveles de calidad. Obtener esta meta obliga a todos los sectores a participar, tanto al público como al privado, con el fin último de que los productos que el país vaya a exportar tengan las condiciones exigidas por los mercados de destino. En consecuencia, es necesario que el Estado disponga de normas claras y precisas que den fuerza legal a las exigencias que se imponen a cada producto para ser exportado a otro país. Se ve con claridad, entonces la necesidad de insistir en esta idea, máxime cuando no sólo es importante entrar en nuevos mercados con productos nacionales de buena calidad, sino que, además, es imprescindible poder mantenerse en ellos y no ser desplazado por la competencia. No debemos olvidar que en toda transacción comercial, sea ésta nacional o internacional, intervienen varios factores, siendo los más importantes el precio y la calidad. Respecto del primero, se podría decir que es fácilmente determinable por las partes que intervienen en la operación, pero, en cuanto al segundo, es más difícil la determinación, dadas sus características. Es cierto que pueden influir innumerables elementos que inclinen a un sector u otro por la calidad final de un producto que se encuentra en el mercado: En definitiva, el sistema no busca encuadrar un producto como bueno o malo, sino, más bien, se pretende precisar que éste se encuentra dentro de las especificaciones determinadas por él. En tal caso, es aceptado por el medio comercial o, al contrario, no reúne estas condiciones, por lo que el producto es malo o defectuoso y es rechazado por el mercado. El Gobierno, eh los considerandos del mensaje que acompaña al proyecto de ley en estudio, señala que éste busca establecer un sistema de certificación oficial de conformidad de las exportaciones que se realicen, que mejore notoriamente lo existente a la fecha. Esta certificación de conformidad, que no está referida a la calidad de la materia objeto de la revisión, pretende ser una alternativa a la que hoy se aplica en el país con respecto a las exportaciones, pero que tiene carácter de privada. En tal sentido el Estado conforme a la necesidad qué ha detectado, en la materia, estima necesario contar con este sistema que, sin oponerse al vigente, se puede aplicar en determinados casos, como ser: a)Que la legislación del país de destino de una mercadería nacional lo exija. b)Que una autoridad del país de destino de la misma, lo requiera para autorizar su internación. c) Que exista un convenio suscrito entre Chile y el país de destino, que haga exigible la certificación oficial. d)Que se requiera la certificación, a juicio del Ministerio de Economía, para facilitar el ingreso de un1 determinado producto al país de destino. Se aclara que este sistema tendrá carácter voluntario, se someterá a patrones internacionales dé funcionamiento y contará con una fuerte representación del sector privado, a través de los Comités Técnicos de Calificación. En concreto, esta iniciativa legal comprende los siguientes aspectos: 1°.- Se fija el campo en el cual puede actuar la certificación oficial, referida a productos y sistema de aseguramiento de calidad. 2°.- Se precisa cuándo será necesaria esta certificación oficial, limitándola a aquellos productos que expresamente lo requieran por exigencia del mercado al cual accederán o exista una razón comercial que justifique tal medida. 3°.- Se establecen peritos que, teniendo la especialidad técnica, realicen informes de evaluación en las entidades certificadoras. 4°.- Se constituyen Comités Técnicos de Calificación, que tendrán por misión asesorar al Ministerio de Economía en el proceso de acreditación. 5°.- Se establecen normas para sancionar las infracciones que se cometiesen contra las disposiciones de la ley. La Comisión efectuó un estudio detenido de la iniciativa legal y, para tal efecto, recibió a representantes de sectores vinculados con la materia; con el objeto de que entregasen sus opiniones y posibles sugerencias de modificaciones que mejoraran el texto. El Ministro de Economía señaló que, en el orden internacional, se ha ido requiriendo una certificación cada vez más exigente, tanto por la competencia de los productos exportados como por los tratados o convenios que se han celebrado con otros países. Por otra parte, existen diversos estudios que demuestran que nuestro país ha ido perdiendo parte de los recursos que provienen de sus exportaciones al no diferenciar en debida forma su oferta exportable, según el tipo de calidad de los productos que ofrece en el mercado exterior. Es así que al no certificar la calidad y, en consecuencia, no diferenciar bienes según calidad, a la larga se tiende a castigar las mercaderías o servicios que se ofrecen con una mayor calidad, equiparando a éstas con aquéllas de inferior calidad. Este hecho, según el Ejecutivo, ha llevado a que diversos sectores empresariales soliciten un sistema de certificación de conformidad oficial que complemente al ya existente, de carácter privado. Hoy existen varios métodos de certificación en el mundo, con predominio del denominado «certificación oficial», el cual se complementa con otros sistemas privados que se han ido desarrollando en forma simultánea. Se debe tener presente que el método más usado es aquel que realizan las propias industrias con las mercaderías que exportan. En otro ámbito, se informó que la función del certificador es dar fe de que un determinado producto cumple con las condiciones que dice tener y para el cual fue creado y, a su vez, lo que le da el carácter oficial es que el Estado reconoce y avala que quien certifica es idóneo para ejercer tal función. Se señaló, además, respecto de la incidencia económica que tendría en el mercado el disponer o no de un sistema de certificación oficial de conformidad de exportaciones, que el sector hortofrutícola estima en 200 millones de dólares la pérdida que ha tenido por no disponer de un sistema de certificación oficial vigente. Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril expresó su posición contraria a que se legisle" sobre la materia, argumentando que al Estado rio le corresponde intervenir en una materia que es de competencia de los particulares y que la función reguladora de éste sólo tiene sentido y se justifica cuando el mercado no funciona en forma eficaz en situaciones de monopolios y ausencia de información. Insistió en que son los particulares interesados quienes deben velar por la calidad de los productos exportados o, si es necesario, recurrir voluntariamente a algún mecanismo de certificación de calidad. Además, estima que existe una legislación para solucionar los problemas que se presenten. La Comisión analizó la iniciativa con los antecedentes que le proporcionaron tanto el Ejecutivo como los representantes de instituciones que tienen alguna vinculación con la materia. Cabe hacer una diferenciación “en épocas en relación con el tema. En la década de los 80, el sector exportador fue favorecido con un tipo de cambio bastante alto y salarios deprimidos, como consecuencia de una crisis de balanza de pagos y de tasas de desempleo en aumento. Esa situación favoreció a los sectores productores y exportadores y se pudo constatar una expansión de las exportaciones, lo que trajo como consecuencia una mejor rentabilidad que no reflejó exigencias de calidad de la mercadería exportada. Otra realidad se presenta hoy, muy diferente a la analizada: la caída del tipo de cambio real; el aumento progresivo de las remuneraciones; la economía seguida por el país es tomada por otras naciones como modelo, lo que se ha traducido en una fuerte competitividad, obligando a que esos países tomen medidas para exigir calidad de los bienes que reciben por vía de importación. Frente a esta realidad, nuestro país ha debido tomar una nueva estrategia para exportar productos de mejor calidad y de mayor valor agregado. Ahí aparece, entonces, el tema de la certificación de calidad, que va a mejorar la información que recibe el comprador respecto de las características del producto ofrecido y su diferencia con otros aparentemente similares que, a veces, es difícil de distinguir. En consecuencia, se justifica plenamente la existencia de un sistema oficial de certificación de calidad que considere mecanismos de acreditación. Determinado el hecho anterior, corresponde analizar el alcance que deberá tener una legislación referida a la certificación de calidad de bienes que se exporten. Esta debe responder a una metodología establecida sobre la base de las normas que para el efecto se aplican en el país. Él procedimiento práctico deberá ser considerado en los reglamentos que para tal efecto se dicten y cuando se certifique un proceso de calidad se deberá analizar en su conjunto: en cambio, cuanto éste corresponda a un producto, deberán realizarle análisis según el producto, por lo que en cada caso deberá aplicarse una metodología distinta. Es importante establecer con claridad el distingo que existe entre certificación y control de calidad, como también sobre normas y reglamento técnico. Se debe tener presente que el proyecto de ley, tiene por objeto central ofrecer al mercado un sistema de certificación de calidad oficial. Quien decide las caracter��sticas que debe tener éste, son los exportadores nacionales y los compradores extranjeros, y el Estado sólo tiene responsabilidad sobre el sistema de acreditación de peritos, pero no así en cuanto a la certificación y las consecuencias que puedan emanar de ella, ya que al Estado le interesa la credibilidad del sistema, que es la base fundamental de toda la institucionalidad que se crea en el proyecto de ley. La Comisión consideró los aspectos antes analizados y, además, otros que apoyan la iniciativa legal y concluyó que, sin perjuicio de existir algunas dudas en cuanto a la implementación y manejo del sistema, ellas se irán disipando en el tiempo, pero sí estimó conveniente establecer en el país un procedimiento que permita una real y efectiva certificación de conformidad con respecto a las exportaciones. Consecuente con esta posición, aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la materia. El proyecto no contiene artículos que deba conocer la Comisión de Hacienda, ni tampoco disposiciones calificadas como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. En cuanto a su discusión en particular, los señores Diputados formularon una serie de indicaciones y alcances que contribuyeron a enriquecer esta importante iniciativa. Por las razones expuestas, y como miembro de la Comisión, solicito su aprobación en general. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- De conformidad con el Reglamento, habiendo sido aprobado por unanimidad, corresponde media hora de discusión. No obstante, en el entendido de que existe unanimidad y bastante urgencia en aprobarlo, quizás sería conveniente votarlo de inmediato puesto que el Orden del Día termina a las 12.30. Tiene la palabra el Diputado señor Ávila . El señor ÁVILA.- Señor Presidente, ¿es posible que yo exponga mi punto de vista sobre la materia? El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Eso siempre es posible, señor Diputado. Como el Orden del Día termina a las 12.30 puede insertar su discurso o exponer en los minutos que restan. Tiene la palabra Su Señoría. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el paisaje de desolación que vemos en las bancadas de la Oposición obviamente no se aviene con la importancia extraordinaria que tiene esta iniciativa para la agricultura de exportación. Sin embargo, creo oportuno expresar algunos puntos de vista que estimo no sólo legítimos, sino también de interés para los colegas. El productor, dentro del sistema de comercialización hortícola, ha venido singularizándose por un raro privilegio: acumular todos los riesgos del negocio. Ello, sumado al agravamiento de tres variables que coexisten perversamente: costos de producción que suben, precios de mercado que bajan y dólar que en los últimos diez años aumentó en 159 por ciento, mientras la UF lo hizo en 355 por ciento. En 1985 se necesitaban 16 dólares para adquirir una UF; hoy se requieren 32 dólares para adquirir esa misma UF, es decir, el doble. El resultado no puede sino ser un escenario de crisis donde el mayor daño lo sufre el mundo social, dramáticamente ligado a esta actividad: los trabajadores temporeros. Hoy estamos exportando más de 130 millones de cajas de fruta. Nadie ignora que es un suicidio económico enviar mercaderías sin las condiciones sanitarias y de calidad que el mercado necesita. Por ello, ha surgido con fuerza la idea de establecer un control de calidad. El Ejecutivo se ha hecho eco de los criterios sustentados por la Asociación de Exportadores. En consecuencia/ el proyecto que analizamos representa con mayor fidelidad esos intereses. Sería arriesgado decir que también satisface en plenitud a los productores. No es así. Esta actividad es una cadena con muchos eslabones de valor agregado, siendo el primero -quien produce- el que da vida a todo el resto. Sin el productor y los trabajadores de la fruta no hay negocio. Es bueno aclarar que el productor debe comprar todos los insumos a precios^ en firme; en cambio, éste debe enviar en consignación el resultado de todo un año de esfuerzo. Como se sabe, de un tiempo a esta parte los retornos ya no están pagando los costos. Esto explica el alto endeudamiento que afecta a un significativo porcentaje de propietarios de tierra. Muchos de ellos, tal vez, no podrán resistir una temporada más. El control de calidad, tal cual está planteado significará una suma cercana a los 10 millones de dólares, lo que representará una nueva carga para los productores y un excelente negocio para las empresas certificadoras. Se intenta encasillar la producción frutícola del país en determinados tipos de calidad, obviamente, conforme a los intereses globales de los grandes exportadores. Sólo ellos determinarían lo que va y lo que queda. Cualquier disminución que decidan hacer no les afecta, por cuanto el colchón de los gastos sin rendición de cuentas absorbe fácilmente una merma del volumen exportable. De todas formas, ello responderá siempre a una estrategia global de marketing, en la cual la oferta chilena es una parte muy importante, pero no la única. La representación de los productores en la instancia decisoria es una ficción. Fedefruta no pasa de ser una sigla, cuya conducta no podrá ser autónoma de los exportadores, porque quienes integran su directorio también tienen ese carácter. Se pretende homogeneizar la oferta, pero tal propósito contradice el carácter heterogéneo de los mercados. Hay compradores para distintas variedades y tamaños de frutas. El problema no es seleccionar única y exclusivamente la calidad aceptable, supeditando tan decisivo procesó a la discrecionalidad de quienes manejan el negocio. El esfuerzo debe ir dirigido a identificar clara, veraz y responsablemente las calidades que van a los mercados externos. Ello sin otorgar facultades excesivas a quienes no han tenido una relación transparente con los productores. Por lo tanto, entregar este control a las transnacionales del rubro significa cerrar el círculo de sometimientos a los productores. Además merced a una visión restringida e interesada, la iniciativa consagra un tratamiento parcial del problema, deja fuera de toda fiscalización los aspectos de calidad y transparencia del proceso que más importan a quienes producen. ¿Quién certificará el frío que prestan las exportadoras en sus plantas? Se sabe que es insuficiente y malo, con grave repercusión en la conservación de la fruta y su precio. ¿Quién certificará la calidad del frío de las naves frigoríficas? Es conocido que en un viaje que dura once días el sistema es des conectado cinco días antes del arribo a Filadelfia. También esto genera un daño que luego se traduce en menor valor. Y lo más importante, ¿quién certificará la calidad de los precios en destino para que los retornos sean de valores reales, con rendición de cuentas claras y no acomodadas al gusto del exportador? En síntesis, la certificación de calidad, tal como se concibe por las transnacionales, podría convertirse en un obstáculo para la recuperación del sector; implicaría exportar sólo frutas de características superiores, en circunstancias de que hay mercados para variedades y calidades diferentes, teniendo cada cual su precio sobre todo en Estados Unidos, donde hay una supervisión del Usda. De acuerdo con ella, lo que no cumple cierto estándar queda fuera del grado, pero igual se comercializa. Por eso, si vamos a legislar acerca de la calidad, hagámoslo, pero sobre todas las partes del proceso, no sólo sobre aquellas que resientan aún más al productor y a los trabajadores de la fruta. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia . El señor URRUTIA.- Señor Presidente, lamentablemente, y por rara coincidencia, hoy se han tratado dos proyectos que, de una u otra forma, dicen directa relación con el problema agrícola. El país sabe perfectamente bien cuál ha sido la posición de Renovación Nacional y de la Oposición, en general, respecto de la agricultura. Por lo tanto, todas las expresiones vertidas en la Sala, tanto en el estudio del proyecto anterior como de éste, tienen, sin duda, una finalidad única y exclusivamente política, de demostrar algo imposible por quienes jamás han tenido una actitud favorable hacia los productores agrícolas del país. Los Diputados de Renovación Nacional vamos a. votar favorablemente el proyecto, porque no beneficiará sólo al sector agrícola, sino también a otros cuya finalidad fundamental es exportar productos al extranjero, lo que ha permitido, al país lograr un crecimiento económico tan importante en los últimos años. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Ha terminado el Orden del Día, lo que no obsta para que los, señores Diputados puedan enviar por escrito sus intervenciones para incorporarlas en la versión. Si le parece a la Sala, el proyecto se aprobará en general, por unanimidad. Aprobado. Si le parece a la Sala, el proyecto se aprobará en particular por unanimidad, con excepción del artículo 7°, sobre el cual existe una indicación del Diputado señor Errázuriz , que se podría votar de inmediato para que la iniciativa no vuelva a Comisión. Si le parece a la Sala, así se procederá. Aprobado en particular. Acordado. El señor Secretario dará lectura a la indicación. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación del honorable Diputado señor Errázuriz tiene por finalidad sustituir el inciso cuarto del artículo 7° por el siguiente: "La acreditación se mantendrá mientras se cumplan los requisitos establecidos en el inciso primero." El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz para explicar su indicación. El señor ERRÁZURIZ. Señor Presidente, el objetivo del procedimiento de acreditación es confirmar que el candidato cumple con los requisitos legales para ser certificador oficial. Ello implica exhibir antecedentes y ser objeto de un informe adecuado por peritos especialistas en el rubro relativo a la certificación. Además, se debe pagar una tarifa por el costo del proceso. Sin embargo, el proyecto otorga a este procedimiento una vigencia de cinco años, al cabo de los cuales se debe renovar la acreditación. La iniciativa ordena expresamente efectuar de nuevo todo el proceso, pues podría haberse entendido que sólo bastaría con volver a pagar los derechos o tarifas de acreditación, lo que constituye un desincentivo. Por lo demás, la Subsecretaría de Economía tiene los mecanismos para fiscalizar el comportamiento de los certificadores; ordenar que se efectúen visitas inspectivas a los laboratorios y aplicar las demás medidas necesarias para hacer cumplir las disposiciones vigentes. De ahí, entonces, que no se vea la necesidad de otorgar un plazo de duración limitada -en este caso de cinco años- a la acreditación de un certificador oficial, pues, o constituye un mero trámite sin mayor contenido, o demuestra falta de confianza en el sector privado al obligarlo a acreditar periódicamente que sigue contando con laboratorio y profesionales idóneos para el desempeño de su actividad. Ese es el objeto de la indicación. El señor ÁVILA.- Pido la palabra. El señor VIERA-GÁLLO (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, sólo quiero expresar mi oposición a la propuesta del Diputado señor Errázuriz , por cuanto considero qué lo establecido en el proyecto es mucho más sano. Este es un tema sumamente delicado, que se puede prestar para injerencias indebidas, y quien está efectuando certificaciones debe contar siempre con equipos técnicos que se adecúen rigurosamente a las normas éticas que también deben estar presentes en este cometido. Por lo tanto, es bueno y sano que cada cierto tiempo se efectúe una repostulación. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma . El señor TUMA.- Señor Presidente, en la Comisión se debatió largamente la materia que trata la indicación del Diputado señor Errázuriz , y hubo consenso en no otorgar vigencia indefinida a la calidad de certificador, sino cinco años en la primera acreditación para así verificar el comportamiento y cumplimiento de la normativa, como asimismo la renovación e innovación tecnológica que la certificadora pudiese tener. De manera que estimo altamente inconveniente aprobar una indicación como la presentada por mi estimado y Honorable colega señor Errázuriz . El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- En votación la indicación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 1 abstención. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Rechazada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Ceroni , Errázuriz , Letelier (don Felipe) , Montes y Ulloa . Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Cornejo , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Fuentealba , Gajardo , González , Gutiérrez , Hernández , Huenchumilla , jara, Jeame Barrueto , Luksic , Morales , Naranjo , Navarro , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Rebolledo ( doña Romy ), Saa (doña María Antonieta) , Sabag , Salas, Silva, Tohá , Tuma , Urrutia (don Salvador) , Valenzuela , Villegas , Villouta y Zambrano . Se abstuvo el Diputado señor Walker . El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En votación el artículo 7°. Si le parece a la Sala, se aprobará con la votación inversa. Aprobado. Despachado el proyecto. "
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