REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 335ª, ORDINARIA
Sesión 13ª, en martes 1 de julio de 1997
(Ordinaria, de 11.09 a 14.13 horas)
Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg;
Arancibia Calderón, don Armando, y Rocha Manrique, don Jaime.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ACUERDOS DE COMITÉS
VI.FÁCIL DESPACHO
VII.ORDEN DEL DÍA
VIII.PROYECTOS DE ACUERDO
IX.INCIDENTES
X.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia9
II. Apertura de la sesión11
III. Actas11
IV.Cuenta
Archivo de proyectos11
Permiso constitucional11
Prórroga de plazo a Comisión de Derechos Humanos11
V.Acuerdos de los Comités.11
VI.Fácil Despacho.
Convenio entre el Gobierno de Chile y la Cruz Roja sobre cooperación humanitaria internacional. Segundo trámite constitucional12
Convenio de cooperación contra la contaminación por hidrocarburos. Primer trámite constitucional15
VII.Orden del Día.
Reducción del mandato presidencial. Primer trámite constitucional (Continuación)17
VIII.Proyectos de acuerdo.
Incorporación de nociones de legislación laboral en programas de la enseñanza media31
Difusión de la ley Nº 19.366, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas32
Becas de especialización para médicos generales de zona32
Mandato a Comisión de Educación para investigar crisis de universidades34
IX.Incidentes.
Enfermedades catastróficas. Oficio36
Medidas para solucionar problemas de agricultores afectados por inundaciones. Oficio37
Arriendo de inmueble fiscal a particulares en comuna de La Unión. Oficios 38
Informes de Contraloría sobre bases de licitación para construcción de viviendas Serviu. Oficio40
Determinación de responsabilidades en fiscalización de calidad de viviendas sociales dañadas por los temporales. Oficios40
Pág.
Daños en viviendas sociales y obras públicas de la Región Metropolitana a raíz de los temporales. Oficios41
Reapertura del paso fronterizo de San Fabián de Alico. Oficios43
Reinstalación de oficina del Servicio de Impuestos Internos en Quirihue. Oficio44
Finiquito de trabajadores del ferrocarril Arica-La Paz. Oficios44
Medidas preventivas por efectos de corriente “El Niño”. Oficios44
Comercialización de medicamentos. Oficio45
Pago de asignación de zona a funcionarios de salud primaria. Oficios46
Antecedentes sobre trabajos en red ferroviaria. Oficio46
Reconstrucción de la infraestructura productiva y de servicios y habilitación de pasos fronterizos alternativos. Oficios47
X.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, por el cual inicia la tramitación de un proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre conservación de hitos en la frontera común suscrito entre Chile y el Perú, en Santiago, el 6 de marzo de 1997 (boletín Nº 2042-10).51
Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales retira y hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 
2.Reforma la Constitución Política de la República en materia de administración comunal (boletín Nº 1608-06)(S).54
3.Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre Cooperación Humanitaria Internacional, suscrito en Santiago, el 10 de noviembre de 1995 (boletín Nº 1800-10)(S).54
4.Aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular África, adoptado en París, el 17 de junio de 1994 (boletín Nº 1858-10)(S).55
5.Copropiedad inmobiliaria (boletín Nº 1627-14).55
6.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en lo relativo al costo de los servicios que prestan las Administradoras de Fondos de Pensiones (boletín Nº 1656-13)(S).56
7.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto sobre reajuste e incremento de las remuneraciones del Poder Judicial (boletín Nº 2006-07). 56
8.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que modifica el Código de Aguas (boletín Nº 876-09).56
Pág.
9.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y su anexo, y del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de dicha Convención, y su anexo (boletín Nº 1425-10).57
10.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto sobre copropiedad inmobiliaria (boletín Nº 1627-14).57
11.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas en la tramitación del proyecto que modifica el artículo 1325, del Código Civil, entregando a la justicia ordinaria la partición de los bienes de una herencia, cuando la cuantía de los bienes de la masa hereditaria no exceda el monto que señala (boletín Nº 1346-07).73
12.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias producidas en la tramitación del proyecto que integra representantes del Congreso Nacional al Consejo de la Editorial Jurídica de Chile (boletín Nº 1513-07). 73
13.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, adoptada en París el 17 de junio de 1994 (boletín Nº 1858-10).74
14.Informe de la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto que condona deudas por créditos de pequeños mineros, de que es titular la Empresa Nacional de Minería, y autoriza a la Empresa para renegociar los saldos insolutos de las mismas (boletín Nº 2034-08).74
15.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que condona deudas por créditos de pequeños mineros, de que es titular la Empresa Nacional de Minería, y autoriza a la Empresa para renegociar los saldos insolutos de las mismas (boletín Nº 2034-08).83


XI.Otros documentos de la Cuenta.

1.Comunicación:
Del Diputado señor León quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 2 de julio en curso. 
2.Oficios:
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por el cual propone a la Sala de la Corporación el archivo de las mociones que a continuación se indican, por haberse incorporado a otros proyectos y haber perdido, en consecuencia, su oportunidad:
a)Constitución jurídica de iglesias y organizaciones religiosas (boletín Nº 1108-07).
b)Establece normas de constitución jurídica y financiamiento de las iglesias y organizaciones religiosas (boletín Nº 1104-07).
c)Consagra la igualdad de derechos entre todas las iglesias, confesiones e instituciones religiosas en el país (boletín Nº 872-07).
d)Regula la libertad de culto en Chile. (boletines Nºs 826-07 y Nº 760-07).
e)Reconoce a las iglesias evangélicas el derecho a gozar de personalidad jurídica de derecho público (boletín Nº 649-07).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por el cual comunica que acordó solicitar a la Corporación que amplíe, por 30 días, a partir del 8 de julio en curso, el plazo para investigar las denuncias de maltratos a conscriptos que cumplen su servicio militar obligatorio y proponer las modificaciones legales y reglamentarias que resguarden su integridad física.
De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual comunica que acordó extender el horario de término de sus sesiones ordinarias hasta las 20 horas, las que se realizarán entre las 15.30 y las 20 horas de los martes de cada semana, excluyendo la distrital. 
De las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, encargadas del estudio del proyecto que establece una nueva ley de matrimonio civil (boletín Nº 1759-18), por el cual comunican que trasladaron sus sesiones ordinarias para los días miércoles de cada semana de 18.30 a 22 horas. 
Contraloría General de la República
Del Diputado señor Bayo, investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Torácica.
Del Diputado señor Víctor Pérez, licitaciones asignadas a la Empresa Gevinco Ltda., en Programa Mejoramiento de Barrios.
Del Diputado señor Masferrer, presuntas irregularidades en entrega de certificados de inscripción en el registro de transporte público detectadas en la Quinta Región.
Del Diputado señor Pizarro, sumario en Dirección del puerto de Coquimbo.
Del Diputado señor Rocha, investigación Programa Mejoramiento de Barrios, Región del Biobío.
De los Diputados señores Prokuriça, Bayo, Galilea, Masferrer y Vargas, irregularidades empresa Metro S.A.
De los Diputados señores Salvador Urrutia, Jürgensen, Bayo, Alvarado, García-Huidobro, Barrueto, Galilea, Leay, Ascencio y Ramón Pérez, contratación de obras por parte de Gendarmería de Chile.
Ministerio del Interior.
Del Diputado señor Alvarado, reposición escuela rural ubicada en el sector de Chumeldén, comuna de Chaitén; inclusión de programas a financiar próximamente por el Fnds en la Décima Región.
Del Diputado señor Hernández, participación que le cupo a los profesores de la Escuela Luis Cruz Martínez en la elaboración de la Propuesta de Desarrollo Educativo para la Región de la Araucanía.
De los Diputados señores Andrés Palma, Navarro y Ortiz, sanciones para culpables de acciones de violencia con ocasión de encuentros deportivos en la ciudad de Santiago.
Del Diputado señor Galilea, razones de la no entrega de la reconstruida Escuela de Liucura, comuna de Lonquimay; alternativas para 10 familias del sector Santa Ema, comuna de Curacautín.
Del Diputado señor García-Ruminot, programa de inversión multisectorial para el mejoramiento urbano y desarrollo del centro cívico de la reciente creada comuna de Padre Las Casas.
Del Diputado señor Soria, directorios de empresas del Estado; medidas de monitoreo por contaminación ambiental producida en el curso inferior del río Loa.
Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, cuentas públicas y balance de gestión administrativa y contable de las Municipalidades de la provincia de Talca.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Del Diputado señor Paya, Terminal Pesquero Metropolitano.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Del Diputado señor Paya, Terminal Pesquero Metropolitano. 
Ministerio de Educación
Del Diputado señor García-Huidobro, subvención financiamiento compartido en la Sexta Región, enero 1997.
De los Diputados señores Víctor Pérez y Ulloa, jornada escolar completa diurna.
Ministerio de Defensa Nacional
Del Diputado señor Ramón Pérez, equipamiento para pueblo de Cancosa, Primera Región.
Del Diputado señor Ojeda, reimplantación del sistema de perseguidora.
Ministerio de Bienes Nacionales
Del Diputado señor Ribera, regularización de títulos de dominio en Villa Las Araucarias, comuna de Carahue.
Del Diputado señor Galilea, saneamiento de títulos de dominio en Lonquimay, Novena Región.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Del Diputado señor Kuschel, situación de Compañía Naviera Puerto Montt S. A.
Ministerio de Minería
Del Diputado señor Prokuriça, diagnóstico de la calidad del aire en la Tercera Región.
Del Diputado señor Joaquín Palma, diversas materias relacionadas con Enami.
Del Diputado señor Kuschel, conveniencia de considerar un funcionario de Enami de Puerto Montt para atender la Décima Región.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Del Diputado señor Seguel, proyecto Mejoramiento Eje Gran Avenida y Par San Diego-Nataniel, comuna de Santiago.
Del Diputado señor Encina, acceso a proyectos de obras públicas a empresas de la Cuarta Región.
Del Diputado señor Raúl Urrutia, saneamiento del Campamento Sor Teresa de la comuna de San Antonio.
De los Diputados señores Salvador Urrutia y Valcarce, plan de construcción de viviendas para Pobladores Cerro La Cruz.
Del Diputado señor José García, casetas de Lanín en la ciudad de Temuco.
Del Diputado señor Navarro, mantención acceso sector Schwager.
Ministerio de Planificación y Cooperación
Del Diputado señor Valcarce, proyecto de regularización de aguas. 
Corporación de Fomento de la Producción
Del Diputado señor Cardemil, estudios de impacto ambiental extensión línea 5 del Metro. 
Del Diputado señor Jürgensen, contaminación planta de tratamiento de aguas servidas.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Calderón, Armando
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Aylwin Azócar, Andrés
--Aylwin Oyarzún, Mariana
--Balbontín Arteaga, Ignacio
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Chadwick Piñera, Andrés
--De la Maza Maillet, Iván
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Ángel
--Ferrada, Valenzuela, Luis Valentín
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gutiérrez Román, Homero
--Hamuy Berr, Mario
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Hurtado Ruiz-Tagle, José María
--Jara Wolf, Octavio
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Jürgensen Caesar, Harry
--Karelovic Vrandecic, Vicente
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Makluf Campos, José
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Matthei Fornet, Evelyn
--Melero Abaroa, Patricio
--Montes Cisternas, Carlos
--Morales Morales, Sergio
--Moreira Barros, Iván
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokuriça Prokuriça, Baldo
--Rebolledo Leyton, Romy
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Solís Cabezas, Valentín
--Soria Macchiavello, Jorge
--Sota Barros, Vicente
--Taladriz García, Juan Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Venegas Rubio, Samuel
--VieraGallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villegas González, Erick
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Wörner Tapia, Martita
--Zambrano Opazo, Héctor
Con permiso constitucional estuvo ausente la Diputada señorita María Antonieta Saa.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente). En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 9ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 10ª se encuentra a disposición de los señores diputados y diputadas.


IV. CUENTA

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.


ARCHIVO DE PROYECTOS.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar la proposición de archivo de proyectos de la Comisión de Derechos Humanos.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en la última sesión se discutió latamente en la Sala una comunicación de la Comisión de Trabajo que recomienda archivar varios proyectos.
Solicito una vez más, por intermedio de su Señoría, la anuencia de la Sala para que, en la misma forma como respalda peticiones similares se proceda en este caso, puesto que las iniciativas de que se trata fueron estudiadas o se encuentran incorporadas en otros proyectos que se han transformado en leyes.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.


PERMISO CONSTITUCIONAL.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para conceder al Diputado señor León permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días.
Acordado.


PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- La Comisión de Derechos Humanos solicita el acuerdo de la Sala para ampliar en treinta días el plazo que le fue conferido para investigar las denuncias de maltrato a conscriptos que cumplen con el Servicio Militar Obligatorio y proponer las modificaciones legales y reglamentarias que resguarden la integridad de los jóvenes reclutas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Me permito informar a la Sala que los Comités parlamentarios han adoptado los siguientes acuerdos:
Primero, enviar a la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano, hasta el próximo jueves 3 del presente, el proyecto de ley sobre copropiedad inmobiliaria para que informe sobre las enmiendas introducidas por el Senado a dicha iniciativa.
Segundo, votar, a más tardar, a las 12.45 horas de hoy, el proyecto de reforma constitucional que reduce el mandato presidencial, el cual figura en el primer lugar del Orden del Día.
Acordado.


VI. FÁCIL DESPACHO


CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE CHILE Y LA CRUZ ROJA SOBRE COOPERACIÓN HUMANITARIA INTERNACIONAL. Segundo trámite constitucional.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre cooperación humanitaria internacional.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Salvador Urrutia.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín Nº 1800-10(S), sesión 6ª, en 10 de junio de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 7.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 12ª, en 19 de junio de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente). Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre el Gobierno de Chile y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre cooperación humanitaria internacional, suscrito el 10 de noviembre de 1995, que conocemos en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de “suma”.
El Comité Internacional de la Cruz Roja es una institución independiente, neutral e imparcial, que tiene por objeto brindar protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia o de catástrofes naturales o humanas.
Esta acción humanitaria se fundamenta en los cuatro convenios de Ginebra, de 1949, y en sus dos protocolos adicionales, de 1977, que regulan el trato de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña y de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, el de los prisioneros de guerra y la protección de civiles en conflictos armados internacionales e internos. Nuestro país es Estado parte en todos ellos, por lo que esos convenios rigen como leyes de la República.
La acción de la Cruz Roja Internacional en el territorio nacional se rige, además, por el Acuerdo de sede celebrado con el Gobierno de Chile, en 1985, que permite el funcionamiento en el país de la oficina de su representante permanente.
El Presidente de la República señala en el mensaje que con la adopción de este instrumento nuestro país se une a otros Estados que hacen suyo un aspecto ético de especial relevancia en su accionar externo, innovando en materia de relaciones internacionales al acentuar la acción solidaria de la sociedad civil chilena y establecer las bases para que chilenos puedan trabajar con ciudadanos de otros países en atenuar los efectos nefastos de las catástrofes naturales o provocadas por el hombre.
Cabe hacer presente que el Senado aprobó por unanimidad este instrumento internacional en sus Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y en su Sala.
Con respecto a los compromisos específicos principales que contrae nuestro país, en los tres primeros artículos del convenio se definen los propósitos generales que orientarán la relación permanente de cooperación con miras a la realización de las operaciones humanitarias que el Comité ejecute, para lo cual actuarán mancomunadamente, favoreciendo la movilización humanitaria internacional, la definición de estrategias coherentes con los objetivos que se persigan, así como el desarrollo progresivo del derecho internacional humanitario.
La cooperación del Gobierno chileno podrá consistir, según el caso, en una contribución financiera, en la destinación de personal calificado al servicio del Comité Internacional, o en la provisión de material o equipo que corresponda a las necesidades de la acción humanitaria emprendida por el Comité, el cual inspira su accionar en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.
La contribución financiera de Chile consistirá en un aporte anual a las operaciones humanitarias del Comité Internacional de la Cruz Roja, equivalente, por lo menos, al 0,01 por ciento del presupuesto operacional que determine el Comité en diciembre de cada año.
En 1994, dicho aporte fue de 20 mil dólares anuales, y con el nuevo mecanismo de cálculo subirá a 50 mil dólares anuales. Estos recursos se gastarán dentro del país y serán utilizados por el Gobierno para adquirir equipos y mantener las remuneraciones habituales de los chilenos que intervienen en las operaciones humanitarias.
Además, el Gobierno de Chile se obliga a cooperar en la formación de personal calificado que facilite la aplicación del convenio o participe en las actividades y operaciones humanitarias del Comité, y en la difusión, ante la opinión pública nacional e internacional, de su cooperación otorgada a las operaciones humanitarias.
También se compromete a resolver cualquier controversia con el Comité sobre interpretación o aplicación del convenio, mediante conversaciones directas entre las partes contratantes.
Finalmente, se dispone que las partes contratantes podrán celebrar los acuerdos complementarios que estimen necesarios y que éstos y el convenio mismo regirán hasta seis meses después de su denuncia por alguna de ellas.
Nuestra Comisión aprobó por unanimidad el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos que lo hizo el Senado.
Visto lo anterior, y resaltando los humanitarios fines del Comité Internacional de la Cruz Roja, recomendamos a la honorable Sala aprobar por unanimidad el artículo único del convenio, que apunta a valores que nuestra sociedad privilegia.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, de la lectura del proyecto de acuerdo se concluye su importancia para la aplicación de los principios internacionales del derecho internacional humanitario y de los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra.
El proyecto es oportuno y muy necesario, dadas la acción que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja cuyo objeto es brindar protección efectiva y asistencia a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia o de catástrofes naturales o provocadas por el hombre y la necesidad de nuestro país de recibir atención de instituciones de socorro. Es indispensable, además, porque permite también que dicho organismo internacional realice una ayuda efectiva en nuestro país.
Quiero destacar la acción de la Cruz Roja Internacional. Hemos comprobado cómo ese organismo ha intervenido en cuanto conflicto internacional armado ha existido en el mundo, y cómo, a riesgo de la propia vida de sus integrantes y sorteando peligros, ha ido en socorro y asistencia de los afligidos, lo cual es lógico, porque esta institución internacional surge como reacción al drama, al dolor y a la muerte. Hemos visto cómo ha intervenido para prestar ayuda a los damnificados en los últimos temporales que ha sufrido gran parte del país.
Esa respuesta al herido y al afligido se identifica con los recuerdos de la batalla de Solferino. Henri Dunant escribió sobre ella y, como consecuencia de la cruel y brutal impresión que le dejó, ideó la creación de esta institución universal.
La acción de la Cruz Roja Internacional se fundamenta en los cuatro convenios de Ginebra, de 1949, y de sus protocolos adicionales, de 1977. Estos últimos fueron ratificados por el Congreso Nacional y varios diputados fuimos protagonistas o actores de su discusión y análisis en el primer período parlamentario, después de la larga interrupción que tuvo la institucionalidad chilena.
El proyecto de acuerdo es positivo, sobre todo por la contribución financiera que asciende de 20 mil a 50 mil dólares anuales y la destinación de personal calificado chileno al servicio del Comité Internacional de la Cruz Roja. También lo es por la provisión de materiales y equipos que se emplearán en las actividades y operaciones humanitarias del Comité. 
En esta ley marco se señalan los lineamientos generales de cooperación y los mecanismos institucionales que se establecerán mediante acuerdos complementarios, los cuales se celebrarán durante su vigencia. Representa una manera de hacer efectiva la aplicación de los principios contenidos en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, a fin de contar con el ejercicio absoluto de los fundamentos de la doctrina del derecho internacional humanitario, en cuanto al derecho interno, que aún está muy poco desarrollado, pero que es de relevancia bastante apreciable.
El proyecto constituye, entonces, una forma de procurar con facilidad y expedición la acción de socorro humanitaria de la Cruz Roja Internacional, y una demostración de que el Estado de Chile desea aplicar en plenitud los convenios y protocolos correspondientes para que no sean letra muerta. 
Por otro lado, representa también una señal de protección y de respeto a las instituciones intermedias que el Estado debe amparar y a las que desea facilitar su acción. 
Por la importancia que reviste el proyecto de acuerdo, estoy por su aprobación.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente). Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista votará con entusiasmo a favor de este proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre el Gobierno de Chile y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre cooperación humanitaria internacional.
Además de las razones expresadas, tanto por el diputado informante como por el colega Sergio Ojeda, quiero señalar que Chile tiene una gran deuda con la Cruz Roja Internacional. 
En momentos difíciles de la historia del país, cuando ha afrontado catástrofes naturales muy agudas y su población ha requerido colaboración y ayuda humanitaria internacional, como por qué no recordarlo cuando un segmento importante de compatriotas vivió momentos difíciles con motivo de una crisis política, la Cruz Roja Internacional colaboró con su aporte humanitario de manera significativa. Hay miembros de mi propia bancada que personalmente recibieron esa solidaridad. Por lo mismo, es de singular relevancia para nosotros dar nuestro voto a favor y aprobar el convenio.
Por este instrumento, nuestro país se obliga a la contribución financiera, como se ha recordado, del 0,01 por ciento del presupuesto operacional de la Cruz Roja en torno a los 50 mil dólares y a la destinación de personal calificado a su servicio o provisión de material y equipo correspondiente.
Los roles humanitarios son decisivos en conflictos bélicos no resueltos, por desgracia, en distintos puntos del orbe. De tal manera que Chile sólo devuelve la mano, a través de la Cruz Roja Internacional, a pueblos y naciones del mundo que requieren ayuda.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.


CONVENIO DE COOPERACIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS. 

Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos y sus anexos.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Longton.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 1856-10, sesión 71ª, en 8 de mayo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 9ª, en 17 de junio de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente). Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON. Señor Presidente, el proyecto de acuerdo propone aprobar el tratado multilateral denominado “convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos”, adoptado en el seno de la Organización Marítima Internacional, OMI, el 30 de noviembre de 1990 y sometido a la consideración de la Corporación en primer trámite constitucional.
La OMI es una organización especializada de las Naciones Unidas, en la que Chile participa como uno de sus estados miembros. En tal virtud, no sólo ha incorporado al orden jurídico interno su convenio constitutivo, sino también diversos tratados multilaterales aprobados en su seno, entre los cuales cabe mencionar los que tienden a facilitar el tráfico marítimo internacional, a resguardar la seguridad de la vida humana en el mar o a preservar el medio ambiente marino de los riesgos de contaminación causados por la navegación. Entre estos últimos, se encuentran los referidos a la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos o por vertimientos de desechos y otras materias contaminantes, y el relativo a la responsabilidad civil por daños causados por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.
La Ley de Navegación, de 1978, hace expresamente aplicable esta normativa en nuestro país y encarga a la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante velar por su cumplimiento.
Anteriormente, el Congreso Nacional aprobó el convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos, de 1969, promulgado por el decreto supremo N° 358, de 1995.
El problema de la contaminación marina adquiere cada vez mayor importancia por los hidrocarburos que se vierten a raíz de las operaciones de carga y descarga de los buques, de los procesos de limpieza de éstos y, principalmente, de los frecuentes accidentes que se producen en alta mar, lo que no significa restar importancia a los vertidos de petróleo en tierra.
Resulta útil considerar que estadísticas de 1990 indican que accidentalmente se vertieron, en todo el mundo, alrededor de 111.000 toneladas de petróleo. De ellas, 46.000 toneladas, es decir, el 41 por ciento, se vertieron en accidentes de petroleros en el mar.
A esto hay que agregar los accidentes que se producen en las plataformas petroleras situadas en mar abierto, como sucedió en la explosión de Ekofisk, en el Mar del Norte, el 22 de abril de 1977, donde se vertieron de 15.000 a 21.000 toneladas, y en la explosión de Ixtoe I, en el Golfo de México, en 1979, en que se vertieron cerca de 475.000 toneladas de petróleo durante un período de 290 días, uno de los mayores vertidos de petróleo de los dos últimos decenios.
Otra consideración importante es que los vertimientos de petróleo en el mar dañan los procesos fotosintéticos, la flora y la fauna marinas y provocan la lluvia ácida que altera los procesos químicos, razón por la cual las partes del instrumento de que se trata reconocen la seria amenaza que representa para el medio la contaminación por hidrocarburos y han propuesto adoptar este convenio que tiende a fomentar la cooperación internacional y a mejorar los medios existentes a escala regional, nacional y mundial para la preparación y lucha contra ella, teniendo en cuenta, como lo señalan en su preámbulo, las necesidades especiales de los países en desarrollo y, en particular, de los pequeños estados insulares.
El Presidente de la República señala en su mensaje que, dentro de la región latinoamericana y en el marco de la cooperación regional de la Organización Marítima Internacional, se están llevando a cabo diversas actividades encaminadas a facilitar la implementación de este convenio internacional y que la adhesión de nuestro país a él no demandará mayor gasto fiscal.
Entre los principales compromisos que contraen las partes del convenio, podemos señalar los siguientes:
a)Exigir planes de emergencia para casos de contaminación por hidrocarburos a los barcos, a las empresas explotadoras de las unidades de mar adentro y a las autoridades y empresas a cargo de puertos marítimos e instalaciones de manipulación de hidrocarburos.
b)Exigir que se notifique al estado ribereño más próximo o a aquél bajo cuya jurisdicción esté la unidad y a la autoridad competente, de todo evento que haya producido o sea probable que produzca descargas de hidrocarburos o dé lugar a su presencia.
c)Evaluar la naturaleza, magnitud y posibles consecuencias del evento contaminante e informar a todos los Estados, cuyos intereses sean o puedan ser afectados, como asimismo, a la Organización Marítima Internacional.
d)Establecer un sistema nacional para hacer frente, con prontitud y de manera eficaz, a un suceso de contaminación por hidrocarburos que contenga un plan de preparación y lucha por contingencias, conforme a las directrices elaboradas por la OMI.
e)Contemplar un nivel mínimo de equipo preemplazado, un programa de ejercicio para las organizaciones encargadas, planes pormenorizados y medios de comunicación para hacer frente a un suceso de este tipo y un mecanismo de coordinación para enfrentar estas situaciones.
Finalmente, las partes se comprometen a participar en la cooperación internacional que se organice para difundir e intercambiar informaciones sobre los resultados de la investigación y desarrollo en la esfera de la preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos, lo mismo que a facilitar la asistencia técnica necesaria para la formación de personal, entre otros fines. Esto no se aplica a los buques de guerra, a las unidades navales auxiliares ni a los buques de propiedad de un Estado.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el artículo único del proyecto de acuerdo por unanimidad, sólo con modificaciones formales menores que tienen por objeto principal indicar, por razones de certeza jurídica, la fecha en que el tratado fue aprobado por la Organización Marítima Internacional.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.


VII. ORDEN DEL DÍA


REDUCCIÓN DEL MANDATO PRESIDENCIAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde continuar el debate del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que reduce el mandato presidencial y hace coincidir las elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados.
La Mesa tiene el registro de los inscritos en la sesión anterior para participar en el debate. Por lo tanto, dará la palabra en ese orden.
Recuerdo a los señores diputados que, según el acuerdo de los Comités dado a conocer al comienzo de la sesión, el proyecto se votará a las 12.45 horas.
El primer Diputado inscrito, el señor Viera-Gallo, no está presente.
Por lo tanto, tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.
El señor CORNEJO. Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional que nos ocupa, como saben los señores diputados, persigue dos objetivos fundamentales. En primer lugar, la reducción del mandato o período presidencial, de seis a cuatro años, y en segundo lugar, el establecimiento de la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la de Presidente de la República. 
Salvo el mecanismo de la segunda vuelta consagrado en la Constitución Política del Estado, no existen incentivos en el sistema político nacional para constituir coaliciones de gobierno estables, y la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la presidencial, sin duda, puede estimular la conformación de alianzas o coaliciones de gobierno que aseguren estabilidad para el país. 
De hecho, de alguna manera, mediante procesos de negociación política y de contrapesos y equilibrios, puede generarse una coalición de gobierno, como, por ejemplo, la que ha existido en los dos últimos períodos presidenciales.
Creemos conveniente la simultaneidad de las elecciones parlamentarias y presidencial porque implica, además, una probabilidad razonable de que la mayoría del Parlamento corresponda o sea del mismo signo político de la del Presidente de la República, del Ejecutivo, de modo de asegurar la gobernabilidad y eficacia del gobierno durante su gestión. Precisamente, como contrapeso a este fenómeno, está la elección de la mitad del Senado cada vez.
De hecho, es inconveniente para la eficacia del actual Gobierno que alrededor de dos años antes del término de su mandato deba efectuarse una elección parlamentaria. Existe incertidumbre, porque perfectamente podría perder su mayoría parlamentaria y ver dificultada la eficacia y eficiencia de su gestión. 
La simultaneidad, en síntesis, constituye un incentivo, que no existe en nuestro sistema político, para la conformación de coaliciones de gobierno que den estabilidad al país y aseguren, de alguna manera, la eficacia y eficiencia de los gobiernos para desarrollar sus programas, con el contrapeso de la elección de la mitad del Senado en cada ocasión.
Respecto de la duración del período presidencial, por las actuales circunstancias, no están dadas las condiciones para la existencia de gobiernos que requieran plazos muy largos para desarrollar proyectos fundacionales, como ocurrió en décadas anteriores. Consensos básicos en diversas materias permiten asegurar, con certeza, que cuatro años es un tiempo más que razonable para implementar políticas. No son necesarios seis u ocho años, como en algún momento se pensó y se consagró en nuestro ordenamiento jurídico.
Por otra parte, a mayor duración de los períodos presidenciales, en un sistema como el nuestro, no existen mecanismos de resolución de conflictos políticos. Por lo tanto, un período más corto, además, puede contribuir a generar mecanismos fáciles y rápidos para solucionar cualquier crisis política que se pueda producir durante determinado mandato. No hay que olvidar que nuestro sistema político, por razones obvias, no permite la disolución anticipada del Congreso Nacional, que en los regímenes parlamentarios constituye el mecanismo para resolver crisis políticas. De modo que una reducción del período presidencial, en nuestra opinión, contribuye a aumentar la estabilidad política de los gobiernos.
Finalmente, el proyecto prohíbe la reelección inmediata del Presidente de la República. Es importante consagrar esto, porque la posibilidad de reelección, deja expuesto al Jefe de Estado a tentaciones electorales o a incurrir en políticas populistas para obtener dividendos con el fin de asegurar su triunfo en el corto plazo, pero generando un perjuicio al país en el largo plazo.
En segundo lugar, puede contribuir a aumentar la conflictividad del sistema político nacional, ya que no cabe duda de que la posibilidad de reelegir al Presidente de la República será un incentivo para que la Oposición centralice en él su accionar, con el objeto de tratar de evitar la reelección, dañando indirectamente una institución de tanto prestigio en nuestro sistema político como es la del Presidente de la República.
En síntesis, somos partidarios de aprobar esta reforma constitucional por cuanto la simultaneidad de las elecciones parlamentaria y presidencial, la no reelección del Presidente de la República y la disminución del período presidencial son tres factores que contribuirán a dar mayor estabilidad y eficacia al sistema político nacional.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).- Informo a los señores diputados que se está concediendo el uso de la palabra de acuerdo con el orden de inscripción que quedó fijado en la sesión anterior.
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA. Señor Presidente, anuncio mi voto en contra del proyecto de reforma constitucional que reduce el mandato presidencial y hace coincidir las elecciones presidenciales y parlamentarias.
En primer lugar, valga una explicación técnica. En el informe entregado a los señores parlamentarios, aparezco dando la unanimidad y emitiendo una opinión favorable a esta reforma, lo cual no es así. Concurrí a la discusión del proyecto, pero no a su votación y al igual que mi colega Chadwick, en aras de una mayor reflexión respecto del sentido de la reforma, anuncié que plantearía nuestro punto de vista durante su debate en la Sala.
Por lo tanto, quiero que quede claro para efectos del acta y de la versión que no hay ninguna contradicción cuando señalo mi voto negativo a esta reforma con el hecho de haber estado presente cuando fue aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ya que en ese momento no emití una opinión.
¿Cuáles son los argumentos que me hacen tener la convicción de que este proyecto no debe ser aprobado?
En primer lugar, creo especialmente oportuno hacer presente que este tema se discutió en forma muy exhaustiva hace poco más de tres años, con motivo de la reforma constitucional que fijó la duración del mandato presidencial en seis años, el que, de acuerdo con la Constitución de 1980, era de ocho años. En esa ocasión, por una votación de 86 votos a favor y sólo 2 en contra se coincidió en que, dadas las circunstancias del país, ése era el lapso que generaba mayor acuerdo en ese instante.
De manera que me sorprende que tres años después de una votación de esa envergadura, se vuelva a plantear el tema, aparentemente con argumentaciones distintas o por lo menos discrepantes de lo que en ese momento se postuló como un voto mayoritario.
Me parece complicado y negativo como país que luego de tres años de haber discutido la duración del mandato presidencial y aprobado por 86 votos contra 2 que se extienda por seis años, estemos discutiendo nuevamente el punto como si se tratara de una materia que se pudiera analizar cada cierto tiempo, independiente de la circunstancia que debemos tener en cuenta: la duración del período presidencial, más allá de la contingencia.
Considero complejo, dificultoso e inadecuado que, cada tres años, se cambie de criterio en un tema de tanta envergadura, porque le quita la estabilidad que debe tener una norma constitucional de esta importancia. Nada asegura, entonces, que si hoy se aprueba un mandato presidencial de cuatro años, en tres años estemos discutiendo que dure ocho o dos años. A mi juicio, ésa no es la forma de dar estabilidad a los gobiernos.
Sin embargo, tengo dos discrepancias muy de fondo respecto de este proyecto, en cuanto a la argumentación planteada en el mensaje respectivo y a la discusión que ya ha tenido lugar en la Corporación. 
Se dice que la finalidad de modificar la duración del período presidencial es disminuir el número de elecciones que debe verificarse en el país, impulsando la simultaneidad de dichos eventos. Desde mi perspectiva, es absolutamente insuficiente y equivocado el argumento de que para hacer coincidir las elecciones se altere lo que debería ser nuestra preocupación prioritaria: la duración del mandato presidencial.
Este tema era absolutamente previsible hace tres años. En la sesión del miércoles 15 de diciembre de 1993 se señaló específicamente que uno de los efectos que iba a generar esta reforma iba a ser la multiplicidad de elecciones en fechas distintas. Sin perjuicio de ello, se aprobó en su momento. Por lo tanto, no me parece consistente ni consecuente que tres años después se diga que, como hay muchas elecciones, se debe modificar o disminuir la extensión del período presidencial para que haya menos, en circunstancias de que esto era absolutamente previsible cuando se aprobó el proyecto respectivo en diciembre de 1993.
Hay formas más lógicas de variar la duración de los períodos electorales de determinadas autoridades públicas para lograr el objetivo planteado. Me parece más razonable modificar el momento en que se eligen los parlamentarios y senadores o la duración de los cargos de alcaldes y concejales y adecuarlo al mandato presidencial, en lugar de cambiar lo que debería ser el centro de la preocupación de toda autoridad pública al discutir la duración de los mandatos. No cabe duda de que el Presidente de la República es la autoridad más importante del país y, por tanto, lo prioritario en el debate es cuánto debe durar en su cargo. A partir de ahí, si queremos que no haya muchas elecciones, pero sí una simultaneidad de ellas, debemos adecuar la elección de esas autoridades a lo que hayamos decidido anteriormente respecto del Jefe de Estado.
Pero aquí se está siguiendo el camino absolutamente inverso. Se está discutiendo la duración en sus cargos de los parlamentarios, los alcaldes y concejales y adecuándola a la del cargo de Presidente de la República a lo que resulte más cómodo a las autoridades que de esta manera han sido elegidas. Me parece un procedimiento profundamente errado y no cabe duda que genera daños muy de fondo.
En tercer lugar, me parece completamente contradictorio este proyecto respecto del cual una mayoría importante de la Cámara de Diputados manifestó una opinión favorable. Se nos dice que debe haber pocas elecciones para no tensionar el ambiente político y, paralelamente, junto con el cambio en la duración del mandato presidencial, se plantean primarias públicas, a través de una elección distinta.
No entiendo cómo los mismos que proponen la disminución del período presidencial a cuatro años para que en Chile coincidan las elecciones parlamentarias sabemos que los diputados duran cuatro años y los senadores, ocho con las presidenciales, para que haya menos contiendas electorales, en la Cámara de Diputados, con una importante mayoría, a través de un proyecto traten de establecer las primarias obligatorias. O sea, que además de la elección presidencial haya una preelección presidencial para determinar el candidato del bloque suponiendo que hay bloques de gobierno y de oposición que tenga más apoyo entre la ciudadanía.
Por tanto, me parece completamente contradictorio plantear con tanto énfasis este proyecto, y, al mismo tiempo, otro que genera más comicios.
Cabe destinar algunos minutos a reflexionar sobre cuánto debe durar un Presidente de la República en su cargo. Para concluir en que ésta no es una posición ideologizada, quiero remitirme a lo expresado por un ex parlamentario de la Democracia Cristiana que en este tema era muy estudioso, el señor Bosselin.
En ese momento, argumentando en nombre de su partido el porqué de la reforma de ocho a seis años, decía: “No cabe la menor duda de que es necesario que los gobiernos dispongan del tiempo suficiente para ejecutar sus programas políticos, económicos, sociales y culturales, a fin de que produzcan los efectos de bien público que se buscan a través de su gestión. Un período de seis años, en mi concepto, permite la realización de dichos programas políticos, económicos y sociales, porque es un tiempo prudente, adecuado y conveniente”.
Comparto plenamente lo dicho por el ex Diputado señor Bosselin. Por la experiencia que tuve en el Consejo de Estado, quiero traer a colación lo que decía don Jorge Alessandri al momento de debatir el tema del período presidencial. Él señalaba, con especial preocupación, que en los países como el nuestro, armar equipos de gobierno es tremendamente dificultoso, y que no cabe duda de que los primeros dos años son de puesta a punto de un sistema de gobierno o de un conjunto de proyectos políticos, económicos y sociales, para tener efecto. Don Jorge Alessandri expresaba que por el carácter especial del chileno, que le encantan las elecciones, los últimos dos años están todos los ministros y la gente vinculada al gobierno pensando en qué viene después.
Entonces, quiero expresar mi acuerdo con ese período. No me parece razonable permitir que un equipo de gobierno demore en afiatarse, y una vez que lo está, inmediatamente generar incentivos para despreocuparse de su labor de gobierno y pensar en lo que viene hacia adelante.
Me parece que un período de cuatro años es extraordinariamente breve para que un presidente, de cualquier signo, desarrolle un programa coherente y consecuente, con sentido de futuro, en materias política, económica y social. Me parece mucho más sano mantener un período de seis años, y dar a otras elecciones una mayor simultaneidad. Por otro lado, tampoco creo que se produzca tanto trauma por el hecho de que haya elecciones presidenciales cada seis años, aun cuando una de éstas, en un período de doce, no coincida con la elección parlamentaria, como ocurrirá en 1999, porque después, la siguiente, bien sabemos que coincidirá.
Aun cuando sé que tengo una posición minoritaria en esta materia, quiero llamar la atención de la Cámara de Diputados respecto de los alcances precisos de este proyecto. No me parece conveniente aprobar la disminución del período presidencial de seis a cuatro años, en circunstancias de que hace tres años hubo un profundo debate que concluyó con una votación de 86 contra dos, para establecerlo en seis años.
No me parece prudente ni coherente que el argumento para generar esta disminución sea básicamente la simultaneidad de elecciones y de que haya menos contiendas electorales, cuando lo prioritario al hablar de un período presidencial debería ser determinar cuál es el tiempo necesario para que el Jefe de Estado pueda desarrollar sus planes en materias política, económica y social.
Tampoco me parece coherente votar a favor del proyecto y, paralelamente, presentar una iniciativa que postula elecciones primarias que, irónicamente, generan más elecciones y complican la simultaneidad tan cacareada por aquellos que plantean este proyecto.
Por último, este tema merece un debate completamente distinto. Invito a mis colegas a discutir sin ningún tipo de ataduras ideológicas cuánto debe durar el período de un Presidente de la República. A partir de ahí, los invito a que adecuemos y como partido tenemos la mejor disposición para hacerlo las próximas elecciones, sean parlamentarias o municipales, a la conclusión a que se llegue en ese debate en forma mayoritaria.
Por eso, anuncio mi voto en contra e invito a los señores parlamentarios a reflexionar sobre si en este proyecto estamos partiendo por la cabeza o por la cola.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, respecto de este proyecto de reforma constitucional, que trata de postular una menor frecuencia de las elecciones en nuestro país, cabe preguntarse si el pueblo chileno desea tener más o menos consultas y con qué frecuencia deben hacerse.
Quiero recordar que antes de 1973, en 15 años, se celebraron en nuestro país once elecciones: en 1958, presidencial; en 1960, municipales; en 1961, parlamentarias; en 1963, municipales; en 1964, presidencial; en 1965, parlamentarias; en 1967, municipales; en 1969, parlamentarias; en 1970, presidencial; en 1971, municipales, y en 1973, parlamentarias. Es decir, la frecuencia de las elecciones era superior a la que actualmente disponen nuestra Constitución y la ley electoral. Entonces, necesariamente debemos reflexionar sobre la soberanía y la forma de ejercerla.
En la Constitución de 1925, la soberanía residía esencialmente en la Nación y ésta delegaba su ejercicio. En cambio, en la de 1980, su artículo 5º cambió esencialmente este concepto y se introdujeron diversas modificaciones que implicaron que las elecciones del pueblo sólo constituyen una parte de la soberanía nacional. Así, dice: “Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional estaría ejerciendo la soberanía, lo mismo que la Corte Suprema y una serie de órganos establecidos en la Constitución Política, porque la concepción fue dejar al pueblo un poco marginado mientras adquiriera la cultura suficiente. Esta afirmación queda demostrada con las palabras de don Jaime Guzmán, en un escrito, publicado en 1979 por la revista “La Realidad”, cuando abordaba la nueva institucionalidad. Decía: “El sistema democrático basado en la generación de las autoridades por un sufragio popular realmente libre constituye un ideal que sólo funciona adecuadamente en países de alto desarrollo económico, social y cultural”. En consecuencia, mientras no alcanzáramos ese desarrollo económico, social y cultural, en nuestro país había que restringir las elecciones y también a los representantes que fueran elegidos como resultado de ese ejercicio de la soberanía popular por parte del pueblo.
Más adelante agregaba: “Mirando la realidad de la democracia contemporánea y meditando en la crisis sufrida por la nuestra, se advierte que el sufragio universal para elegir las autoridades políticas debe representar la culminación de la nueva institucionalidad y no su punto de partida”.
Cuando él decía esto, en 1979, sobre la base del proyecto de nueva Carta Fundamental, que se estaba elaborando y que empezó a regir en 1981, recién estábamos en el punto de partida del ejercicio de esta soberanía popular. De tal manera que para el ideólogo y filósofo político de la UDI, el ejercicio del sufragio universal para elegir todas las autoridades que la Constitución establece, solamente se podría realizar en el momento en que el país adquiriera un desarrollo económico, social y cultural que se comprometiera con esa forma de elección.
Recuerdo que don Manuel José Irarrázaval, autor de la comuna autónoma en el siglo pasado, criticaba a sus adversarios políticos que sostenían que las municipalidades no podían ser autónomas porque el pueblo no estaba preparado, ni educado, ni tenía la cultura suficiente para decidir por sí mismo su destino. Eso ocurría en 1891. “Sin embargo, decía después de 80 años desde nuestra Independencia, aun cuando fuimos capaces de liberarnos del imperio español, aquí se nos está diciendo que todavía no estamos preparados para gobernar las municipalidades. Los que piensan así agregaba Irarrázaval siempre lo van a sostener y va a ser imposible alcanzar el grado de desarrollo, educación y de cultura necesario para elegir a través del sufragio universal”. En esa época se hablaba del sufragio censitario, de tal manera que la crítica era muy fuerte, por cuanto expresaban que nunca podrían gobernarse eligiendo ellos mismos la totalidad del pueblo a sus autoridades.
Hoy, después de cumplir casi un bicentenario de nuestra Independencia, escuchamos lo mismo: que nuestro pueblo no está preparado para enfrentar las elecciones.
Tengo mis dudas respecto de este proyecto, en el sentido de que no ha habido ningún estudio, encuesta ni análisis político, filosófico o doctrinario que nos lleve a concluir si las elecciones frecuentes son mejores o peores. Si uno piensa en un Estado plenamente democrático, mientras más elecciones existan, más democrático, y más pronta será la respuesta que tendremos por parte de los gobernados respecto de las decisiones importantes que se deben tomar en un país. Desde luego, mientras más frecuentes sean, más participación habrá.
Al respecto, Rousseau y los pensadores socialistas sostenían que el principio contenido en nuestra Constitución de que la soberanía reside esencialmente en la nación y que su ejercicio se delega, era una especie de renuncia de los representados para los representantes y, en definitiva, eran los representantes quienes asumían en verdad la plenitud del poder. En consecuencia, cuanto más se alejan, en el tiempo, los representantes de los representados se produce una distancia que no permite a los representantes observar con prolijidad, seriedad y responsabilidad la opinión de los gobernados y, en general, cuanto más se dilaten estos períodos, es posible que los representantes se crean con una especie de derecho divino de estar en sus puestos y no ser juzgados por quienes los eligieron.
Si el pueblo está renunciando o abdicando según Rousseau en favor de sus representantes, conviene hacerlo participar, y una de las formas instrumentales de hacerlo en democracia son las elecciones. Además, la autoridad podrá auscultar la opinión o juicio de los representados respecto de las acciones desarrolladas por ella. Mientras más se distancien las elecciones en el tiempo, no habrá posibilidad de este examen por el que deben pasar las autoridades cada cierto tiempo. Asimismo, se crea una especie de oligarquía sucede tanto al interior de los partidos políticos como hacia afuera y, generalmente, es un mismo círculo de personas que aparecen como las destinadas a conducir el país, el Poder Legislativo o las municipalidades. Es algo que estamos constatando. A comienzos de siglo, el filósofo político alemán Roberto Michels estableció, en un análisis sobre la oligarquía, que ella se forma mediante el alejamiento de las elecciones.
En nuestro país, desde que se implantó el sufragio universal a partir de 1888, complementado después por la ley Nº 9.222, que concedió el derecho a voto a las mujeres, la idea es que la soberanía popular se exprese en forma frecuente, y cuanto más frecuente sea tendremos una mejor opinión respecto de la forma en que se están conduciendo los destinos del país.
Planteo estas observaciones porque no ha habido un estudio serio en cuanto a si el pueblo desea elecciones más frecuentes o, por el contrario, períodos más prolongados.
En la reforma constitucional sobre las municipalidades se implementa un sistema de consulta no vinculante, que también es una forma de participación de las personas. Lo que debería promoverse en nuestro país si se dilata esa participación con este proyecto de reforma constitucional, es el establecimiento del plebiscito; o sea, un mecanismo que permita adoptar decisiones que, a veces, los cuerpos colegiados, los representantes, por distintas razones no pueden dilucidar. También debería existir un plebiscito por iniciativa popular, que sería muy conveniente para hacer participar a la comunidad chilena y terminar con una serie de conflictos que hoy no se pueden resolver mediante la votación de los estamentos colegiados.
De esa manera, también podríamos sacarnos el sambenito de los senadores designados y de los quórum altísimos para modificar la Constitución o, incluso, leyes orgánicas que sólo permiten, mediante el mecanismo de un voto ponderado, conservar el statu quo.
Aprobaré el proyecto con las indicaciones que presentaré, a fin de que en Chile exista el plebiscito en la forma que he señalado.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, hemos impulsado el proyecto de reforma constitucional por razones tal vez más modestas, pero más realistas, que las expresadas por el Diputado señor Elgueta. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hubo consenso en estimar que la iniciativa no toca cuestiones profundas, relativas a principios, a visiones contrapuestas del ordenamiento constitucional que han estado en el debate público.
Espero que con visiones distintas, confrontadas en el terreno de las ideas, vaya saliendo a luz una institucionalidad adecuada para Chile. Hay quienes piensan que al país le conviene una especie de regresión a la institucionalidad de 1925, una expresión de la voluntad colectiva por la vía de las mayorías que constituyan todos los poderes públicos y que, en definitiva, entronice y consolide el poder de los partidos políticos que las controlan en el juego gobierno oposición.
Hay otros que pensamos y planteo el punto al honorable señor Elgueta que en lo moderno lo eficaz es seguir desarrollando la línea de la Carta Fundamental de 1980, que establece poderes políticos el Presidente de la República y el Congreso Nacional, poderes neutros y apolíticos los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional, el Banco Central y ahora, por una excelente decisión de la Cámara de Diputados, la Fiscalía Nacional, que es un poder neutro por generación y funcionamiento que ayuden a determinar que las decisiones públicas sean tomadas no sólo a través de las mayorías y poderes políticos, sino también por decisiones de Estado, de poderes no políticos, pero que tienen gran significado en la nación jurídicamente constituida.
Por eso, fuimos mucho más modestos en nuestras pretensiones. ¿Qué planteamos?
La democracia chilena no resiste un programa de elecciones como el previsto para los próximos años. La democracia hay que cuidarla. La participación ciudadana es muy importante para agotarla o acosarla a cada rato. Es fundamental establecer un ordenamiento en el programa de elecciones que se avecina, y los ejes de la decisión fueron muy simples: Primero, disminuir la actual secuencia electoral. Segundo, establecer la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, ambas de carácter político. Tercero, separar las elecciones parlamentarias de las municipales, pues son de distinta naturaleza: las municipales dicen relación con los gobiernos locales; las políticas, con el gobierno nacional. Tienen características, funciones y naturaleza distintas y no conviene mezclarlas, para despolitizar la función municipal. Cuarto, mantener la duración de los actuales mandatos de senadores y diputados, en ocho y cuatro años, respectivamente. Quinto, impulsar una fórmula que opere de modo automático para el reordenamiento electoral, es decir, a contar del año 2005, dado que se avecina una elección presidencial en 1999. Legislamos para el año 2005 y no para arreglarle la montura a la Concertación o a la Oposición en las próximas elecciones. Sexto, ajustar la separación entre las elecciones municipales y parlamentarias en el año 2000, reduciendo en un año el mandato de las primeras, con el fin de evitar coincidencias a futuro y establecer un itinerario electoral que contemple comicios generales cada dos años.
Obviamente me hago cargo de las inquietudes, muy lícitas, por lo demás, del Diputado señor Coloma, esto significa pronunciarse sobre una cuestión de fondo. No estamos atendiendo a lo accesorio para ordenar lo principal. También nos estamos pronunciando sobre lo principal, la duración del mandato presidencial, y la Cámara será llamada a ello. Éste es un tema opinable. Con muy buenas razones, algunos se inclinan por un mandato de seis años; otros sostienen que debe ser de cuatro, sin reelección. Otros, como yo, pensamos que es bueno un período presidencial de cuatro años, con la posibilidad de reelección.
Ésta es la posición que sostuve en la Comisión. La indicación a la cual adherí reitera dicho postulado. No veo por qué un excelente Presidente de la República no puede tener la posibilidad democrática de ser reelegido por otros cuatro años. A mi juicio, ésa es la solución ideal. Es bueno que haya períodos presidenciales largos. Soy partidario del sistema presidencial de gobierno. Siempre, por una cuestión histórica, he sido partidario de un poder presidencial fuerte, arbitral entre los partidos y los conflictos sociales.
Creo que un mandato presidencial de cuatro años con posibilidad de reelección asegura ambas cosas: elección periódica, de acuerdo con los tiempos, del Presidente de la República, y que un buen Presidente pueda ser reelegido, de manera de asegurar un período presidencial más largo.
Esto significa pronunciarse sobre el fondo del tema, pero también sobre la forma y lo adjetivo.
En definitiva, la mayoría de la Comisión propone modificar el artículo 25 de la Constitución Política, con el objeto de reducir el mandato presidencial de seis a cuatro años. Estoy de acuerdo en la reducción del mandato lo he dicho, pero plantearé la reelección presidencial. Es muy importante un reordenamiento completo del cuadro electoral, con los ajustes correspondientes. 
Otro aspecto muy de fondo, pero que no ha sido destacado, se refiere a una carencia de nuestra Constitución. 
Todos los constitucionalistas y los parlamentarios saben que no está regulada la vacancia del cargo de Presidente de la República y la designación de su sucesor, en caso de que éste falte por los motivos establecidos en nuestra Carta Fundamental.
El proyecto soluciona dicha carencia mediante un sistema adecuado, en la forma siguiente: 
En primer lugar, si la vacancia se produjere faltando menos de ciento ochenta días para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente de la República, esto es, el ministro titular a quien corresponda su subrogación, dura en el cargo hasta noventa días después de dicha elección presidencial. Se trata de una sucesión automática, sin traumas, que le da continuidad al gobierno del Presidente que falleció y dejó vacante el cargo.
En segundo lugar, si la vacancia se produjere faltando ciento ochenta días o más, pero menos de dos años para la próxima elección presidencial, es decir, un período largo que no pudo ser desarrollado por el Presidente de la República electo, corresponderá al Congreso Pleno elegir al sucesor, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el precepto que se someterá a la consideración de la Sala.
En tercer lugar, si la vacancia se produjere faltando dos o más años para la próxima elección presidencial, el sucesor es designado mediante una elección general, a celebrarse acorde con el procedimiento que se establece, durando en el cargo hasta completar el mandato presidencial.
Ésta es una buena solución, pues consagra una norma que no existe y que mucha falta hace en nuestra Constitución.
En resumen, primero, hay un ejercicio de realismo, no la persecución de utopías políticas ni planteamientos que cambien en forma dramática las posiciones que están en el debate constitucional; ya habrá otro momento para ello.
Segundo, se produce un reordenamiento de lo adjetivo, pero muy importante, que es todo el cuadro de elecciones presidenciales, que nuestra democracia sencillamente no resiste.
Tercero, se aborda el problema de fondo, la duración del mandato presidencial, respecto del cual hay posiciones legítimas, encontradas, que deberán ser votadas por la Sala.
Cuarto, se propone un procedimiento que esperamos sea aceptado por todos los diputados que conforman esta honorable Cámara, pues llena un vacío constitucional al consagrar las normas que regirán en caso de vacancia del cargo de Presidente de la República. 
Creo que todos nuestros diputados votarán favorablemente este proyecto de reforma constitucional.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).- Quiero dar la bienvenida a los honorables miembros de la Cámara de Representantes de Colombia señores Jorge Olarte, Emiliano Holguín, Luis Serrano Silva, Rafael Antonio Díaz, Albeiro Valencia y a la señora Zoraida Zamorano, que se encuentran en las tribunas, y desearles que su estadía sea de la mayor utilidad para las actividades que los han traído al país.
Aplausos.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, votaré favorablemente esta reforma constitucional, por cuanto está claro que estamos en una sociedad moderna, en la cual la velocidad del cambio es enorme. Antes los mandatos de los representantes populares podían ser largos; pero ahora, en que todo cambia tan rápidamente, no podemos esperar períodos muy extensos para que aquéllos sean sometidos al veredicto de sus representados.
Para evitar uno de los mayores males de la democracia, cual es que aquellos que están gobernando una nación no sean quienes interpretan mejor a la ciudadanía, lo que causa tensión, crisis y desgobierno, debemos reducir los mandatos presidenciales. Acortarlos a cuatro años es una buena medida y apunta en el sentido correcto, sobre todo si consideramos que en la actualidad, cuatro años equivalen probablemente a veinte en el siglo pasado. Sería peligroso dejar pasar la oportunidad de disminuir el período de gobierno de seis a cuatro años, porque en Chile, especialmente el Presidente de la República es una autoridad de enorme gravitación, prácticamente un monarca moderno. Ello hace aún más imperativo que la cabeza del país esté respaldada y represente realmente a la ciudadanía.
Me alegro de que se haya presentado esta reforma constitucional y felicito a sus autores, porque recoge un mecanismo muy importante de protección de la democracia.
También quiero destacar el otro aspecto que contiene, cual es el de hacer coincidir las elecciones. 
En Chile tenemos una anacrónica y complicada metodología y normativa sobre elecciones populares. Votar se está transformando más en una obligación que en un derecho. Participar como vocales ya no es una tarea agradable, sino una carga; no es un mérito, sino una obligación que se está haciendo desagradable.
Para que esta carga no se haga efectiva cada 18 meses, debemos aprobar esta reforma que amplía el ciclo a cuatro años y trabajar para que haya una participación ciudadana entusiasta en las elecciones, para lo cual debemos simplificar y modernizar los actos eleccionarios; hacerlos más fáciles, más libres, más sencillos y más rápidos, y quitarles toda esta parafernalia actual que, repito, está provocando en la ciudadanía el sentimiento de que votar es una carga y no un derecho, el cual se debería cumplir con entusiasmo, porque se está eligiendo a quienes regirán los destinos de toda la sociedad, nada menos y nada más.
Debemos avanzar en este punto para que las elecciones retomen el carácter que tienen en toda sociedad que desea vivir democráticamente.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, en la reforma de 1993, que culminó a principios de 1994, en el Congreso Pleno, fui el único parlamentario que se manifestó en contra de reducir el período presidencial a seis años. En aquella ocasión expresé los inconvenientes que se generarían. Dije claramente que era importante hacer coincidir las elecciones parlamentarias con la presidencial y señalé, me parece que hasta el año 2005, las votaciones que se debían realizar.
En consecuencia, ya en aquel tiempo anunciaba, sin ninguna duda, que acuerdos instrumentales como aquél, finalmente iban a terminar en el descrédito, y es lo que hoy estoy viendo.
¿Cuál fue la versión de la Democracia Cristiana en aquella época? Dicha colectividad, a través de uno de sus diputados, el señor Cornejo, quien intervino en la sesión del 15 de diciembre de 1993, dijo lo siguiente: “Soy de los que creen que el introducir como plazo presidencial los seis años, eliminando la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la presidencial, desde un punto de vista institucional, es crear condiciones similares a las existentes al año 1973, en que puede darse el caso de tener Presidente por seis años con minoría en el Parlamento al no existir la simultaneidad, o que parte de su período, a lo menos los dos últimos años, pudiera eventualmente no tener mayoría en el Parlamento. Al eliminar la simultaneidad, de una u otra forma, vamos establecer un incentivo para que se afecte de manera muy importante la estabilidad de las coaliciones de gobierno o de oposición.”
Opiniones parecidas señalaron otros parlamentarios. En aquel minuto tuve posiciones discrepantes, incluso con mi partido, porque también votó a favor de una reforma que, a todas luces, parecía perniciosa.
Sin embargo, hoy, al parecer, con una conducta bastante impropia de una Cámara que tiene la responsabilidad política de conducir y de dirigir la institucionalidad del país, nuevamente nos vemos enfrentados a otras propuestas de cambio, las que, sin mayor profundización en los estudios y en forma muy ligera, se están planteando y aceptando, con una Sala prácticamente vacía, con señores parlamentarios que no prestan atención y, en consecuencia, no hacen sino depositar la confianza en algunas personas respecto de un tema tan relevante como éste.
Al respecto, siento una profunda decepción, básicamente porque estamos en presencia de una reforma de enorme importancia para el desarrollo institucional del país, y en este sentido, nadie ha argumentado ni entregado visiones acerca de que el desarrollo debe ser planificado por períodos de largo plazo.
Aquí nadie ha dicho que una elección por cuatro años, con o sin reelección del Presidente de la República, va a significar un ejercicio de gobierno de dos años, ya que al cabo de los cuales vamos a encontrar a un Ejecutivo, si hay reelección, destinado exclusivamente a autoelegirse nuevamente; y si no se permite la reelección, intentando otorgar sus preferencias, como ocurrió en el siglo pasado durante los decenios, a quien le interese que se mantenga en el poder.
Por esta razón, creo indispensable señalar que fijar objetivos de desarrollo a largo plazo que deben materializarse es la conducta necesaria de un gobierno. El desarrollo es un imperativo de los gobiernos.
Mi impresión es que esta materia no se va a conseguir.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Ferrada.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Puede usar de la interrupción el Diputado señor Ferrada.
El señor FERRADA.- Señor Presidente, sólo deseo hacer una aclaración histórica y advertir con este testimonio que sí estamos siguiendo muy atentamente el debate que nos propone el Diputado señor Ulloa.
Durante el siglo pasado y hasta 1920, todos los gobiernos duraron cinco años. Los cuatro primeros decenios, de Prieto, Bulnes, Montt y Pérez, corresponden a mandatos presidenciales por cinco años, que luego fueron renovados por otros cinco. Después, hasta 1920, los sucesores presidenciales sólo fueron elegidos por cinco años.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El Diputado señor Ulloa recupera el uso de la palabra.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, con su intervención queda muy claro que el Diputado señor Ferrada no estaba atento, porque dije exactamente lo que él señaló.
Quiero mantener mi postura, en el sentido de señalar que esta discusión es absolutamente anormal, desde el punto de vista de su significado, y, por esta razón, estimo imprescindible que no se tome a la ligera la decisión que se debe adoptar al respecto; que se tenga claro que lo que se está persiguiendo ahora es exactamente lo contrario de lo que se señaló en 1993 y que, incluso, el actual Presidente de nuestra Cámara lo expresó en uno de sus discursos exactamente al revés.
Creo firmemente que es un imperativo para nuestro país establecer la simultaneidad; sin embargo, ella debe ser acorde con todo el resto de la institucionalidad vigente en la Carta Fundamental de 1980.
Por esa razón, quiero insistir en lo provechoso, en lo significativo que sería fijar en ocho años el período presidencial, porque permitiría desarrollar proyectos y objetivos de largo plazo, y, en segundo lugar, porque, sin ninguna duda, se evitarían los desaciertos y los desatinos que han sido bastante frecuentes en nuestra conducta política, sobre todo cuando se trata de la intervención del Poder Ejecutivo en materias tan delicadas como es el sistema de elecciones.
Votaré por el rechazo de esta iniciativa, pero quiero dejar sentado que mantengo mi opinión, como lo he hecho siempre, de que es prudente para un país como el nuestro, un mandato presidencial de ocho años, porque permite salvar todos los inconvenientes que se manifestaron aquí hoy día, así como los expuestos en la otra reforma constitucional por los mismos que hoy cambian sus dichos de ayer.
En consecuencia, solicito se estudie el tema, no pensando en intereses de corto plazo, no pensando si estamos trabajando para determinado candidato y después para reelegir a otro, sino que considerando el bienestar de Chile.
Por esas razones, votaré que no, manteniendo mi línea argumental desde 1993, y pido a todos mis colegas que, por favor, no borren con el codo lo que escribieron ayer.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín.
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, seré muy breve, porque la argumentación dada en la Sala es suficientemente contundente. Sólo quiero agregar que me parece muy importante tomar en consideración los antecedentes estadísticos, matemáticos para hacer coincidir elecciones, por lo que anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
Además de eso, es importante considerar en esta votación el problema del agotamiento que existe entre la sociedad y la política. Desde ese punto de vista, la superabundancia de elecciones es un factor que, muchas veces, agrava en demasía la sensibilidad popular, y, por lo tanto, produce un determinado cansancio.
Asimismo, la separación entre la política y la sociedad se produce por los debates habidos, y por los que se avecinan, todos, a mi juicio, trascendentales.
Por eso, es muy importante que el 2001 haya posibilidades de definir, con claridad, la estructura de poder del país, de modo que, haciendo coincidir las elecciones parlamentarias con las presidenciales, se pueda también dar solución a los problemas que sobre estructura del régimen institucional venimos arrastrando, es decir, terminar con las rémoras del pasado. Precisamente, por las razones que expuso el Diputado señor Ulloa, estoy absolutamente en contra de su posición.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, concuerdo en general con el proyecto de reforma constitucional presentado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; pero, al mismo tiempo, quiero plantear que no estimamos inconsecuente debatir nuevamente un tema discutido hace tres años. Por el contrario, creo que ello es una demostración de racionalidad, de honestidad intelectual y de búsqueda del perfeccionamiento ante una realidad vivida por todos nuestros compatriotas en los últimos años, y que no podemos eludirla. Ella aconseja aceptar lo propuesto en el proyecto de reforma constitucional: la no simultaneidad de las elecciones municipales con las parlamentarias y presidenciales y la forma de enfrentar una eventual vacancia del cargo de Presidente de la República.
Deseo respaldar lo planteado aquí por algunos oradores, en el sentido de promover la posibilidad de reelección del Jefe de Estado. Quienes sostienen lo contrario olvidan lo que se vivió en Chile en 1965, cuando, debido a una tremenda presión del gobernante de turno, aun cuando no participó en forma directa en la contienda electoral, se logró tal mayoría en el Congreso que éste se transformó en una simple caja de resonancia del Ejecutivo.
Por lo tanto, pensar que la reelección es un riesgo no parece sustentable y hemos adherido a la indicación del Diputado señor Errázuriz que plantea dicha reelección con la eliminación del vocablo “no” en el inciso segundo del artículo 25 de la Carta Fundamental.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, comparto el criterio o las opiniones vertidas por mis colegas durante la discusión del proyecto, y destaco que ameritaba que la Corporación dedicara, al menos, dos sesiones ordinarias a su discusión y análisis.
Al mismo tiempo, quiero sostener que la Constitución Política es el fiel reflejo de una sociedad, de su dinámica y desarrollo, y que no deberíamos tener reticencias o sentir temor alguno de que pueda ser cambiada y adecuada a los tiempos que se viven. Sin embargo, parece que cada vez que se habla de reformas constitucionales, en algunos se produce cierto temor.
La Constitución no es un documento estático, inflexible e intocable; por el contrario, es susceptible de toda reforma que permita el desenvolvimiento y desarrollo político, social y económico de una sociedad determinada.
Quiero destacar que esta moción que también hemos suscrito soluciona un problema largamente discutido, que dice relación con la vacancia del cargo de Presidente de la República, y no creo equivocarme al señalar que la forma como se soluciona dicho problema es quizá el acierto más meritorio de ella.
Por último, quiero señalar que ojalá los propios legisladores podamos presentar más iniciativas tendientes a reformar la Constitución y a perfeccionar sus disposiciones. En especial, echo de menos reformas relacionadas con el retorno de ciertas facultades del Congreso Nacional que, a mi juicio, le fueron usurpadas en la Constitución del 80, sin que ello signifique reeditar la Constitución de 1925.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto de reforma constitucional.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado en general.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló, Allamand, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Caminondo, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Encina, Errázuriz, Escalona, Estévez, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Munizaga, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera, Rocha, Rodríguez, Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Vega, Vilches, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Alvarado, Coloma, Correa, Leay, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Melero, Orpis, Pérez (don Víctor) y Ulloa.
Se abstuvo el Diputado señor Álvarez-Salamanca.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a Comisión.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo único
1.Del Diputado señor Orpis, don Jaime, para reemplazar el artículo único por el siguiente:
“La elección de diputados coincidirá con las elecciones municipales a partir del año 2001.
Para tal efecto, el actual período de alcaldes y concejales se extenderá hasta dicha fecha.”.
Letra a)
2.Del Diputado señor Palma, don Andrés, para reemplazar su punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar a continuación la frase que se indica:“y suprímese la expresión “no”.”.
3.De los Diputados señores Cardemil, don Alberto, Errázuriz, don Maximiano, y Bayo, don Francisco, en el mismo sentido de la indicación anterior, en orden a eliminar del inciso 2º, del artículo 25 de la Carta Fundamental, el vocablo “no”.
Letra b)
Inciso segundo
4.Del Diputado señor Palma, don Andrés, para suprimir la frase “pero menos de dos años”.
Inciso Final
5.Del Diputado señor Palma, don Andrés, para eliminarlo.
Letra c)
6.Del Diputado Palma, don Andrés, en la disposición trigesimasexta transitoria, que se agrega, para sustituir la expresión “así como el que corresponda elegir a continuación” por “así como el que asuma el cargo el 11 de marzo del 2000”.
7.Del Diputado señor Palma, don Andrés, para reemplazar la disposición trigesimoséptima transitoria, que se agrega, por la siguiente:
“Trigesimaséptima
El período del Presidente de la República que se elija el año 1999 y el de los senadores que se elijan en 1997, como el de los diputados que se elijan en el año 2001, terminará el 21 de mayo del año 2006.
El período de los concejales y alcaldes que se elijan en octubre del año 2000 terminará el 21 de mayo del año 2004.
Las elecciones se realizarán siempre el domingo siguiente al primer lunes de marzo del año que corresponda.”.


VIII. PROYECTOS DE ACUERDO


INCORPORACIÓN DE NOCIONES DE LEGISLACIÓN LABORAL EN PROGRAMAS DE LA ENSEÑANZA MEDIA.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar los proyectos de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Está pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 530 de los señores Arancibia, Navarro, Viera-Gallo y de otros señores diputados.
El texto de este proyecto de acuerdo figura en la versión de la sesión 12ª, celebrada en jueves 19 de junio pasado.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. 
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Alvarado, Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Bayo, Ceroni, Correa, Estévez, Girardi, Gutiérrez, Hamuy, Huenchumilla, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Masferrer, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Rocha, Soria, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.
Votó por la negativa la Diputada señora Matthei (doña Evelyn).
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca y García (don José).


DIFUSIÓN DE LA LEY Nº 19.366, SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS

El señor ROCHA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario). Proyecto de acuerdo Nº 531 de los Diputados señores Rodríguez, Kuschel, Urrutia, don Raúl; Tohá, señora Pollarolo, señores Correa, Reyes, Pérez, don Ramón; Villouta, Karelovic, Moreira, Munizaga, Errázuriz, Zambrano, Morales, Álvarez-Salamanca, Jürgensen, Valcarce, Urrutia, don Salvador; Hurtado, señora Cristi, señores Caminondo, Hamuy, Taladriz, Balbontín, Alvarado, García, don René; Solís, García-Huidobro, Salas, Sabag, Gutiérrez, Letelier, don Felipe; Bombal, señoras Wörner y Allende, señores Viera-Gallo, Naranjo y Makluf.
“Considerando:
Que la ley Nº 19.366 sobre tráfico de drogas y estupefacientes que entrara en vigencia hace más de dos años a la fecha resulta prácticamente desconocida, no sólo por los organismos llamados a velar por su aplicación y observancia, sino sobre todo por la mayoría de la población del país.
Que para combatir adecuadamente este flagelo que afecta a nuestra sociedad, se requiere de la concurrencia activa de todos los integrantes de la comunidad y en especial de quienes ejercen cargos de dirección en los organismos intermedios, tales como las Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos y otras organizaciones comunitarias y en quienes están en permanente contacto con nuestros niños y jóvenes, principales víctimas de los narcotraficantes, como son padres y profesores.
Que para obtener este compromiso y participación de la sociedad resulta indispensable el oportuno y cabal conocimiento de la legislación existente, de manera tal que los mecanismos que ésta consagra puedan ser utilizados por todos a quienes directa o indirectamente pueda afectar este problema.
Que en este entendido, al aprobarse por esta Cámara el proyecto en cuestión, hace casi tres años, esta Sala acordó, mediante Acuerdo Nº 93, solicitar a la Ministra de Justicia presente en la sesión, la implementación de un programa de amplia difusión de las normas contenidas en la ley, especialmente respecto de las obligaciones y penalidades que afectarán a quienes vendan o consuman cualquier tipo de drogas sancionadas en la ley, desarrollando un sistema de información similar al vigente para la ley de alcoholes.
Que a la fecha dichos mecanismos aún no se han implantado y que pese a la publicación de la ley, ésta continúa siendo desconocida.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ejecutivo se implemente a la brevedad un programa de amplia difusión de la ley Nº 19.366 sobre tráfico y consumo de drogas y estupefacientes, especialmente respecto de las obligaciones y penalidades que pueden afectar a quienes vendan o consuman cualquier tipo de drogas sancionadas en esta ley y desarrollar un mecanismo de información similar al vigente para la ley de alcoholes.”
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.


BECAS DE ESPECIALIZACIÓN PARA MÉDICOS GENERALES DE ZONA.

El señor ROCHA (Vicepresidente). El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario). Proyecto de acuerdo Nº 532 de los señores Prokuriça, Munizaga, Kuschel, señora Prochelle, señores Ávila, Navarro, Coloma, Urrutia, don Salvador; Longton, Pérez Opazo, don Ramón; Karelovic, Moreira, Caminondo, Errázuriz, Morales, García, don René; Valcarce, Hurtado, Hamuy, Alvarado, Ortiz, Huenchumilla, Zambrano, Jürgensen, Solís, Villouta, García-Huidobro, Correa, Gutiérrez, Letelier, don Felipe; Naranjo y Álvarez-Salamanca.
“Considerando:
1.La Constitución establece en su artículo 19, Nº 9 el derecho a la protección de la salud para todas las personas.
2.Que para cumplir con esta garantía, y producto de nuestra realidad de país con muchos sectores rurales, el Estado creó la figura del médico general de zona que permite atraer a los profesionales de la salud, a zonas alejadas del país.
3.Que en la actualidad casi el 15% de los médicos generales de zona, que han cumplido con el número de años que establece el convenio con el Estado, no tienen cupo para especializarse en un hospital público.
4.Que esta situación está haciendo colapsar la institución del médico general de zona, al no dar seguridad alguna a los profesionales médicos de su posterior especialización, derecho a tener una atención de salud digna.
5.Que de continuar esta situación se lesionará seriamente el derecho de miles de chilenos, que viven en lugares apartados, de tener una atención de salud digna.
6.Por tanto y en virtud de lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que adopte las medidas necesarias y conducentes, para asegurar a todos los profesionales que hoy sirven en el sistema de médicos generales de zona, la especialización convenida con el Ministro de Salud.”
El señor ROCHA (Vicepresidente). Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Prokuriça.
El señor PROKURIÇA. Señor Presidente, nuestra Constitución, en el número 9º de su artículo 19, asegura a las personas el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, producto de su geografía, en nuestro país hay lugares en que, por su ruralidad, se hace difícil conseguir médicos. 
Hace más de treinta años se creó el llamado sistema de médicos generales de zona, que ha permitido a ciudadanos que viven en áreas aisladas tener una asistencia de salud. Miles de médicos trabajan en localidades apartadas, lo que implica sacrificio porque están lejos del centro del país, del perfeccionamiento y de la tecnología, a cambio de un convenio que han celebrado con el Estado, que les permite, después de haber ejercido cierto período en esos lugares, optar a una especialización. Sin embargo, aproximadamente a un 17 por ciento de los médicos generales de zona que han celebrado tal convenio y cumplido varios años asistiendo a chilenos que viven en sectores lejanos y rurales, no se le ha entregado el perfeccionamiento necesario y, por lo tanto, no pueden especializarse. 
Además del daño a ellos, en el futuro muchos médicos, con afán de servicio e interés de asistir a chilenos que viven en lugares apartados, no celebrarán más ese tipo de convenio. En la práctica, eso significará un tremendo daño, por cuanto no darán la asistencia médica que corresponde.
Por eso, pedimos que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que adopte las medidas necesarias para que a ese casi 17 por ciento de médicos, con afán de servicio y espíritu de cooperación con los chilenos que viven en lugares alejados, se le cumpla el convenio y no se interrumpa un sistema tan positivo para nuestro país.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Por dos minutos, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, como ex médico general de zona beneficiado por una de las becas, debo reforzar lo planteado por el Diputado señor Prokuriça.
Además de no recibir los médicos generales de zona sus becas de perfeccionamiento, se perjudicará a todas las regiones que carecen de especialistas para atender las múltiples enfermedades, por cuanto demorará más su formación. 
El Gobierno debe hacer un gran esfuerzo en esta materia y tomar medidas adecuadas para solucionar el problema y cubrir el déficit de especialistas en las regiones. Para ello, deben otorgarse becas en el extranjero cuando no existan en el país médicos con capacidad para atender determinadas especialidades. 
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente). Ofrezco la palabra a algún señor diputado que quiera hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ávila, Bayo, Caminondo, Ceroni, Correa, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Masferrer, Melero, Morales, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Rodríguez, Salas, Silva, Solís, Soria, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Vilches, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.


MANDATO A COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA INVESTIGAR CRISIS DE UNIVERSIDADES.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 533, de los señores Errázuriz, Morales, Soria, Jürgensen, Rocha, Karelovic, Silva, Sabag, Villouta, Hurtado, Munizaga, Álvarez-Salamanca, Valcarce, Urrutia, don Salvador; señoras Wörner y Cristi, señores Caminondo, Hamuy, Balbontín, Alvarado, Ortiz, Huenchumilla, Encina, Zambrano, García, don René; Solís, Pérez, don Ramón; García-Huidobro, Balbontín, Salas, Correa, Gutiérrez, Letelier, don Felipe; Bombal, Rodríguez, Muñoz y Ojeda.
“Considerando:
1.Que diversas universidades de la Metropolitana y de otras regiones del país han paralizado sus actividades en un movimiento que amenaza extenderse a otros planteles de educación superior;
2.Que los conflictos envuelven a estudiantes, actualmente en un número superior a 25 mil y profesores con grave riesgo del éxito académico;
3.Que el origen de dichos problemas es variado sin que pueda precisarse, con exactitud, si se trata de problemas de financiamiento, de administración, del Estatuto o de participación;
4.Que la Cámara de Diputados no puede permanecer ajena ante una situación que además de convulsionar la sociedad, deteriora seriamente la imagen de los establecimientos de educación superior del país, muchos de los cuales reciben importantes recursos del Estado;
5.Que la Comisión de Educación acordó solicitar a la Sala que la mandate para actuar como Comisión especial que evacue un informe sobre la situación universitaria en el país, para ser votada por la Sala.
La Cámara acuerda:
1.Mandatar a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación para que actúe como comisión especial y emita un informe a la Sala sobre la situación de crisis que viven las universidades chilenas indicando sus causas y posibles soluciones, y
2.Dar un plazo de 45 días a dicha comisión para que envíe su informe a la Sala.”
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo nació, precisamente, en la Comisión de Educación, cuando comenzaron los problemas en las universidades, los que se han agudizado.
Para evitar la creación de una Comisión especial que trate el grave problema universitario, que ha mantenido a más de 50 mil alumnos sin clases, y estudie la legislación marco de las universidades y los demás aspectos que nos interesa abordar, nos pareció prudente que la Comisión de Educación, en un lapso de un mes y medio, hiciera un informe al respecto para que lo conociera la Sala, sin perjuicio de solicitar al Ministro de Educación que el proyecto respectivo lo envíe a la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, aun cuando el proyecto de acuerdo tiene mucho sentido, me llama la atención que se hayan considerado dos aspectos fundamentales, expuestos en forma reiterada en la Sala, como les consta a los colegas que asisten habitualmente a sesiones.
En primer lugar, el problema universitario no sólo dice relación con la educación superior, sino que también con el desarrollo del país en lo que respecta a investigación en ciencias y tecnología. Por ello, en múltiples ocasiones hemos sostenido que debe ser abordado simultáneamente por las comisiones de Educación y de Ciencias y Tecnología.
En segundo lugar, no cabe duda de que corresponde garantizar en la Comisión de Educación la discusión del proyecto de ley marco para el desarrollo de las universidades estatales, por cuanto lo que caracteriza la crisis de estos días es, precisamente, su motivación y el compromiso que el Estado tiene con ellas.
Por eso, quiero saber si los patrocinantes del proyecto tienen inconveniente en que el análisis de la situación lo hagan en conjunto las Comisiones de Educación y de Ciencias y Tecnología. Así, tendríamos la posibilidad de abordarla en forma integral y no sólo referida a aspectos relacionados con la educación superior.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Ferrada.
El señor FERRADA.- Señor Presidente, compartiría las motivaciones del proyecto de acuerdo, pero no hay duda de que, por lo planteado por el Diputado señor Latorre y por la razón que añadiré, el procedimiento que establece no es satisfactorio.
La única manera que tiene la Cámara de analizar a fondo este gravísimo problema es a través de la discusión de la futura ley marco, de un análisis completo, con soluciones y caminos a seguir, porque, aunque la inspiración del proyecto de acuerdo sea correcta, sus resultados serán perfectamente inútiles, como en tantas otras iniciativas de este tipo, con análisis genéricos y repetición de cosas que ya sabemos.
La prensa ha informado hasta la saciedad, durante los últimos años, acerca de la naturaleza y alcances del problema universitario; pero la Cámara, la instancia política que debe expresarse con proposiciones de leyes concretas, no lo ha hecho.
En consecuencia, el proyecto de acuerdo, en términos generales, está bien inspirado, pero mal orientado y expresado; y lo que cabría sería pedir a su Excelencia el Presidente de la República que, a la mayor brevedad, envíe al debate legislativo el mensaje que contenga el conjunto de soluciones a la crisis universitaria chilena.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- ¿La Sala daría su consentimiento para conceder la palabra, por un minuto, al Diputado señor Errázuriz?
No hay unanimidad.
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- No ha habido quórum. Se repetirá la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Álvarez-Salamanca, Ávila, Bayo, Caminondo, Ceroni, Coloma, Correa, Chadwick, Errázuriz, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Melero, Montes, Morales, Munizaga, Muñoz, Navarro, Ojeda, Orpis, Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Silva, Solís, Soria, Tohá, Urrutia (don Salvador), Vilches, Villouta y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Ferrada y Seguel.
Se abstuvieron los Diputados señores: Pizarro y Walker.


IX. INCIDENTES


ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. Oficio.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Prokuriça.
El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, en esta oportunidad me referiré a un hecho que considero de la mayor gravedad. Se trata de un caso puntual de enfermedad catastrófica como se han denominado que afecta a don Astolfo Villalobos Rojas, de la localidad de Caldera, al cual, en 1992, se le practicó un transplante renal y para mantenerlo vivo debe administrársele un medicamento cuyo valor es de 132 mil pesos. 
Mediante un convenio que existía entre los hospitales San José del área norte de Santiago y José Joaquín Aguirre, el señor Villalobos compraba el medicamento que le permitía prolongar su vida pagando la suma de 30 mil pesos, pero, como consecuencia del término del convenio, las personas asimiladas a dicho beneficio quedaron sin posibilidad de adquirirlos. Tal es el caso de este ciudadano, quien, por lo demás, percibe una pensión de invalidez que asciende a 131 mil pesos, con la cual viven él y su grupo familiar.
La medida adoptada por esos hospitales, de dejar repentinamente sin efecto estos convenios, perjudica gravemente a quienes creyeron que el Estado, en forma seria y organizada, les ayudaría a prolongar su vida en forma digna. Resulta francamente incomprensible que el sistema público de salud haga un tremendo esfuerzo económico en financiar un trasplante, para después abandonar a su suerte al paciente, como es la consecuencia de la caducidad de un convenio entre dos instituciones, en una determinación que no ha tenido en cuenta las consecuencias que tendría para las personas que dependían de esa ayuda.
Entonces, ¿para qué se opera a esta persona, conociendo los riesgos que ello significa, y se le expone a perder la vida por falta de medicamentos? ¿Por qué no se lo dejó en su tratamiento de diálisis?
Frente a este hecho y a miles de otros casos similares que afectan a chilenos, hoy nace con más fuerza que nunca la necesidad de obtener el patrocinio del Ejecutivo para el proyecto de ley sobre enfermedades catastróficas que, hace más de un año, presentamos en conjunto con varios diputados de Renovación Nacional y de otros partidos políticos. 
Ante lo lamentable que resultan estos hechos, solicito que se oficie al Ministro de Salud para que se pronuncie sobre el particular y, luego del estudio de los antecedentes expuestos, resuelva en el más breve plazo, por el alto riesgo de perder la vida a que están enfrentadas personas que, como don Astolfo Villalobos, están impedidas de adquirir sus medicamentos.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vilches, Ojeda, Bayo, Jürgensen, Caminondo, García, don René Manuel; Álvarez-Salamanca, Masferrer, Coloma, Ascencio, Huenchumilla, Muñoz, Soria y Munizaga.


MEDIDAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE AGRICULTORES AFECTADOS POR INUNDACIONES. Oficio.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, últimamente todo el país se ha conmovido debido al desastre causado por las inundaciones. Las imágenes en la televisión nos emocionan, porque lo que se ve son las lágrimas del cielo; pero aquellas que no se perciben son las de los pequeños y medianos agricultores del sur, a quienes, de tanto llorar, se les han secado los ojos.
Muchos temas, de tanto ser debatidos, al final se olvidan y va quedando atrás lo que realmente interesa a las personas. Cuando se habla de la agricultura, de cuánto significa para nuestra zona, al parecer los santiaguinos están anestesiados ante el tema. Sin embargo, cuando se trata de una inundación, el ministro y mucha gente dice que los agricultores van a especular con las hortalizas. Aquí no hay cómo apuntarle. Por una parte puede ser bueno para la agricultura; por la otra, pésimo.
Si observamos las cifras que se están gastando en reparar los daños causados por las recientes inundaciones, vemos que sólo en obras públicas alcanzan a casi un millón 200 mil pesos por damnificado, mucho más de lo que se necesita para salvar la agricultura.
Creo que ha llegado el momento de las acciones concretas. La gente no quiere más discursos, no desea que en los diarios aparezcan peleando la Sociedad Nacional de Agricultura con la Sofo o la Sago hablando de lo mismo, enfrentados al Ministro y éste disculpándose, pero sin dar soluciones.
Por lo anterior, solicito tres cosas muy concretas, que fueron prometidas y ofrecidas por el Gobierno en todos los programas agrícolas.
Primero, que se oficie al Ministro de Agricultura a fin de que informe, cómo operará el sistema de condonación de deudas con Indap, ofrecido a los pequeños agricultores en las zonas declaradas de catástrofe por el Gobierno. No hemos visto que se haya actuado con la eficiencia esperada.
Segundo, que informe cómo deberá proceder la gente que, no pudiendo pagar el servicio de sus deudas a causa de las inundaciones, optará por un crédito de Indap, en circunstancias de que hoy, si no han pagado sus deudas y se encuentran morosas, no tienen derecho a él. Deseo saber cuál será el sistema que se usará en este caso.
Tercero esto es lo que más me preocupa, hemos incentivado en la zona costera de Cautín, de Toltén y de otras localidades, la siembra de papas. Pero hoy, al pequeño agricultor y al mapuche les sale más a cuenta darla en medias, porque sacarla es más caro que su venta en sacos.
Entonces, quiero saber qué medidas concretas tomará el Ministro de Agricultura para incentivar y proteger al pequeño agricultor, porque si no abrimos una verdadera comercialización la pequeña y mediana agriculturas desaparecerán a muy corto plazo, por cuanto es lo único que las está sustentando. En consecuencia, deseo que el señor Ministro informe sobre los proyectos para favorecer al pequeño y mediano agricultor en las distintas zonas, mediante la comercialización.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Galilea, Caminondo, Bayo, Jürgensen, Soria, Correa, Huenchumilla y Munizaga.


ARRIENDO DE INMUEBLE FISCAL A PARTICULARES EN COMUNA DE LA UNIÓN. Oficios.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Caminondo.
El señor CAMINONDO.- Señor Presidente, he querido intervenir en esta sesión para dar a conocer un hecho lamentable que ocurre en la comuna de La Unión.
En la calle Esmeralda Nº 812, esquina de Angamos, existe un inmueble que fue confiscado al Partido Demócrata Cristiano en 1977, el cual se encuentra inscrito en el conservador de bienes raíces de La Unión a nombre del Fisco de Chile, a fojas 118 Nº 141, de 1978.
Según consta en los contratos que obran en mi poder, dicha propiedad ha sido arrendada por personas que no tienen derecho alguno sobre ella. En consecuencia, han percibido de modo ilícito rentas de un bien raíz fiscal.
Existen antecedentes irrefutables que demuestran que, desde 1991 a la fecha, se han instalado en el lugar diversos locales comerciales, cuyos propietarios han pagado mensualmente las respectivas rentas de arrendamiento a personas que, en forma ilegal, se han atribuido la calidad de dueños del citado inmueble.
La situación descrita es extremadamente grave, sobre todo si se considera que en algunos de estos contratos asume la calidad de arrendador el presidente de un importante partido político, quien aparece actuando en representación de esa entidad.
En efecto, en 1993, don Mario Eduardo Koscina Gallardo, en su calidad de presidente y representante legal del Partido Demócrata Cristiano en la comuna de La Unión, arrendó una parte de esa propiedad a un particular, el señor José Romualdo Ferrada Sepúlveda. 
Por su parte, en 1996, la corredora de propiedades, señora María Eloísa Vicuña, al parecer, también en representación de ese partido político, entregó en arriendo el mismo inmueble a otro particular, don Carlos Morani Cepeda.
Tan irregulares son estos hechos, que la señora María Eloísa Vicuña, que aparece como arrendadora en algunos de estos contratos, habría ocupado ese bien raíz entre febrero de 1993 y enero de 1995, en calidad de arrendataria. Es decir, pasados dos años se transformó en propietaria, casi por arte de magia.
Además, resulta sorprendente que luego de las solicitudes hechas por don José Romualdo Ferrada a la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales en la Décima Región para que se le traspasara a título gratuito el referido inmueble, basado en que había ocupado dicho bien raíz por más de cinco años, ese secretario, don Miguel González Castro, le responde por oficio ordinario Nº 1.151, de 24 de abril de 1997, que: “Lamentablemente no es posible acceder a su petición, toda vez que esa propiedad fue confiscada por el Fisco al Partido Demócrata Cristiano y, por tanto, cuando se promulgue la ley sobre restitución de bienes confiscados el citado inmueble deberá ser devuelto a sus antiguos dueños”.
No deja de asombrar esa respuesta, primero, porque alude a un proyecto que se encuentra en actual tramitación en el Congreso Nacional. En otras palabras, a través del oficio se le señala a este particular que esa Secretaría Regional Ministerial se preocupará de cuidar el inmueble para que sea devuelto a la Democracia Cristiana, si es que el Congreso Nacional estima adecuado despachar ese proyecto. ¿Ésa es la función de las autoridades respecto de los bienes fiscales? ¿Por qué no tuvieron la misma diligencia para cuidar el patrimonio fiscal?
La segunda inquietud nace del hecho de que el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales nada dice en su respuesta acerca de si el solicitante cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente para acceder a una transferencia gratuita de ese inmueble fiscal. ¿Esto significa que si se tratara de un bien fiscal que no hubiese sido confiscado anteriormente a la Democracia Cristiana, el Ministerio de Bienes Nacionales hubiera podido regalarle ese inmueble fiscal a un particular?
Es necesario aclarar éstas y otras interrogantes, por lo cual solicito se oficie en mi nombre, acompañando copia íntegra de esta intervención y de los documentos que dejo a disposición de la Secretaría de la Corporación, a la Ministra de Bienes Nacionales y a la Contraloría General de la República para que adopten las medidas necesarias para determinar las responsabilidades administrativas y penales que puedan existir como consecuencia de los hechos descritos. Asimismo, solicito que se oficie a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado para que estudie la factibilidad de ejercer las acciones judiciales que permitan reparar el menoscabo sufrido en el patrimonio fiscal y sancionar a los responsables de estos hechos.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente). Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Jürgensen.


INFORMES DE CONTRALORÍA SOBRE BASES DE LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SERVIU. Oficio.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, solicito al Diputado señor Munizaga cambiarme un minuto de su tiempo para hacer uso de la palabra en este momento.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- ¿Es posible, señor Munizaga?
El señor MUNIZAGA.- Sí, señor Presidente.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en relación al tema de la calidad de la vivienda, pido que se oficie al Contralor General de la República a fin de que haga llegar a esta Cámara los informes que existen en ese organismo, de 1993 y 1994, donde le representa al Serviu sus aprensiones acerca de cómo se están desarrollando las bases de licitación para la construcción de viviendas.
Asimismo, que se hagan llegar a esta Corporación las respuestas del Serviu a los informes de la Contraloría de 1993 y 1994. Esto, en relación con la polémica suscitada sobre la construcción de viviendas.
En síntesis, que se envíe todo lo existente en Contraloría respecto de informes de 1993 y 1994, en cuanto a construcción de viviendas, y las respectivas respuestas del Serviu.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente). Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Palma, don Joaquín; Jürgensen, Caminondo, Melero, Bayo, Munizaga, Latorre, Pizarro y Morales.


DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN FISCALIZACIÓN DE CALIDAD DE VIVIENDAS SOCIALES DAÑADAS POR LOS TEMPORALES. Oficios.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- En la lista figuraba el Diputado señor Munizaga, pero tengo entendido que cedió el tiempo al Diputado señor Bayo.
Tiene la palabra el Diputado señor Bayo por dos minutos.
El señor BAYO.- Señor Presidente, el tema de la calidad de la vivienda recordado por el Diputado señor Bombalha sido recurrente en los últimos años. Tan cierto es ello, que el Congreso legisló sobre la materia y generó la ley N° 19.472, en septiembre de 1996; sin embargo, la dictación de su reglamento y esto quiero destacarlo aún está pendiente.
Creo que la experiencia vivida en los últimos días ha desnudado en toda su crudeza la pobreza que todavía existe en nuestro país y de ello son testigos todos los chilenos. 
No me referiré a las adjetivaciones publicadas en la prensa en forma profusa pero, realmente, repito, ha quedado desnudada la pobreza que aún existe en nuestro país y de eso, todos somos responsables.
Además, los temporales recientes han dejado en evidencia las diferencias de sus efectos en las diferentes regiones.
Por ejemplo, en La Araucanía, donde ocupa el cargo de Secretario Regional de Vivienda nuestro amigo y ex colega parlamentario, don José Peña, prácticamente no hubo ningún problema, porque se actuó en forma preventiva y con una actitud digna de nuestros aplausos y sinceras felicitaciones.
Pero no podemos callar lo que hemos visto en otras regiones y lugares del país, respecto de lo cual todo el mundo se lava las manos y culpa a terceros. Aquí hay responsables, y el problema de la calidad habitacional exige un serio esfuerzo en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
Ya se pidió a la Contraloría el envío de antecedentes; pero dentro de nuestras facultades podemos formular otras peticiones. Por ello, solicito se envíe un oficio al señor Ministro de Vivienda, con el objeto de que remita el listado completo de los funcionarios responsables de la recepción de las viviendas construidas con subsidio Serviu que hayan resultado afectadas por los temporales recientes.
En segundo lugar, que se oficie al señor Ministro de Hacienda, solicitándole los decretos de confirmación presupuestaria que deberían existir para hacer frente a la emergencia en la forma en que ya se está haciendo y cómo se piensa proceder a futuro.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores García-Huidobro, Jürgensen, Caminondo, Pérez, don Ramón; Munizaga y Pizarro.


DAÑOS EN VIVIENDAS SOCIALES Y OBRAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA A RAÍZ DE LOS TEMPORALES. Oficios.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, quiero referirme a las graves consecuencias que generó el reciente frente de mal tiempo que afectó a una vasta zona del país, en particular, a la Región Metropolitana y como es de conocimiento de la opinión pública en forma muy especial, a comunas que represento en el Parlamento, específicamente de la provincia de Chacabuco, Colina, Lampa y Tiltil, como también a Quilicura y Pudahuel.
Los efectos del temporal se expresaron de distinta forma, según se tratare del sector urbano o del rural.
Además de la inundación de calles, de pasajes, de pasos bajo nivel y otras situaciones de ese tipo, el impacto más fuerte en el sector urbano, sin lugar a dudas, se expresó sobre las viviendas construidas o mandatadas construir por el Serviu, acogidas a subsidios habitacionales, así como las afectas a subsidios PET, que evidenciaron diversas deficiencias de construcción, especialmente filtración de las aguas lluvia a través de los muros, divisiones de viviendas, en particular en conjuntos de blocks, como también pandeo de muros y de losas.
En las visitas que efectué durante la semana pasada, pude constatar personalmente estos efectos en distintas villas de las comunas de Quilicura, Colina y Pudahuel, y de acuerdo con el informe evacuado por la Dirección de Obras de Quilicura, concretamente, en poblaciones Serviu y PET, construidas en ese sector, específicamente, las villas “Pascual Gambino”, “Valle de la Luna”, “Las Praderas”, “Pucará”, “Parinacota I” y “Parinacota II” y “San Enrique”, sufrieron la filtración de muros, lo que generó serios trastornos al interior de las viviendas: humedad, destrucción de pinturas y enyesados que los vecinos habían hecho por su propia cuenta.
Las llamadas “viviendas plásticas” por la necesidad de los vecinos de tener que recurrir a proteger con plásticos el exterior para evitar estas filtraciones han causado un perjuicio innegable a personas que realizaron un esfuerzo por largo tiempo para reunir el ahorro previo que para estas viviendas se exige, obtener el subsidio y pagar sus dividendos.
Producto de esto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio a conocer el pasado 26 de junio un programa denominado “Acción frente a la emergencia” que, específicamente, en lo que se refiere a la reparación de las viviendas del Serviu, establece que, previa evaluación técnica de los daños de cada conjunto y/o edificio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo financiará aquellas mejoras tendientes a evitar que se originen daños en futuros temporales, con un financiamiento subvencionado de hasta doce unidades de fomento por vivienda, dando también la opción de que esto se haga a través de una empresa constructora, o aquellas personas que no estimen satisfactoria esta solución, podrán hacerlo de manera particular, accediendo al mismo beneficio.
Indudablemente, esto ha generado gran inquietud en los alcaldes, juntas de vecinos y, en forma muy especial, en los pobladores de esas y otras villas. Por esa razón, pido que la respuesta al oficio que solicitaré, incluya a villas de las comunas de Colina y Pudahuel.
En específico, solicito que se oficie al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo a fin de que informe a la Cámara y al diputado que habla, acerca del estado de la evaluación técnica de los daños, de acuerdo con el Serviu, registrados en las siguientes villas:
En Quilicura, “Pascual Gambino”, “Valle de la Luna”, “Las Praderas”, y las poblaciones “Pucará”, “Parinacota I” y “Parinacota II” y “San Enrique”.
En Pudahuel, para que indique todos los subsidios Serviu y PET sobre viviendas ubicadas en la zona de Pudahuel Sur, y en Colina, concretamente, la evaluación técnica que el Serviu tenga de las poblaciones “Claudio Arrau I” y “Claudio Arrau II”, como también de la población “Fuentes Guerra”. Esto, con el objeto de orientar a los vecinos respecto de la forma en que se aplicará este subsidio de las doce unidades de fomento, porque entiendo que es condición previa el tener la evaluación técnica de los daños de cada conjunto y edificios, y eso determinará si podrán o no tener acceso a él. Si así es y el informe es favorable respecto de las poblaciones mencionadas, que el Ministro de Vivienda me señale en detalle cómo operará este mecanismo, en qué fecha se podrá postular a él y de qué forma se implementará la contratación particular de los trabajos, cómo se acreditará su realización y si la certificación será responsabilidad de la Dirección de Obras de cada municipio o qué sistema se impondrá.
Por otra parte, también se inundaron distintas zonas de Colina, Lampa y Tiltil, que, de acuerdo con el plano intercomunal de la provincia de Chacabuco, recientemente sometido por el Ministerio de Vivienda a la aprobación del Consejo Metropolitano, habían quedado establecidas como zonas de desarrollo condicionado, de uso urbano. 
En razón de esto, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda y al Intendente de la Región Metropolitana y, por consiguiente, al Consejo Metropolitano, para que se reestudie el actual plano intercomunal de la provincia de Chacabuco, en proceso de aprobación, con el objeto de determinar qué zonas se inundaron para que se efectúen los trabajos de evacuación de aguas lluvia, a fin de que no se repitan los problemas ocurridos.
El Ministerio de Obras Públicas es, sin duda, la otra Cartera que afecta, especialmente, a la agricultura, aunque parezca paradójico. Es el responsable de las aguas en parte importante de los canales, tranques de regadío también hay una responsabilidad muy importante del sector privado y es, además, el responsable de los caminos secundarios que permiten el acceso, a los sectores agrícolas.
En específico, solicito que se oficie al Ministro de Obras de Públicas y, en concreto, a la Dirección de Vialidad, que depende de ese Ministerio, para que me informe de su evaluación respecto del estado de los caminos secundarios de la provincia de Chacabuco, por su importancia agrícola, como también de los caminos rurales secundarios del sector de Noviciado, Peralito y Peralillo, de Pudahuel, a objeto de conocer la fecha en que se iniciará la reparación de esos caminos para tener un libre y fluido tráfico de los productos.
Con motivo de la visita de su Excelencia el Presidente de la República a Lampa, solicito que el Ministerio de Obras Públicas me informe respecto de la sugerencia del Jefe de Estado de estudiar la eventual construcción de un puente sobre el estero de Lampa, que permita el cruce expedito desde allí hacia la localidad de Lucero, que queda absolutamente aislada.
Finalmente, pido que se oficie al Ministro de Agricultura, para que nos dé a conocer las medidas concretas que en beneficio y apoyo de los agricultores de Chacabuco, especialmente de los pequeños, se implementarán, más allá de la ayuda que, personalmente, el señor Ministro llevó la semana pasada, consistente en fardos. También quiero saber cuál será la política crediticia que Indap tendrá respecto de los agricultores siniestrados o afectados, así como las políticas que se implementarán para la limpieza de los cauces en el sector agrícola de la provincia.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


REAPERTURA DEL PASO FRONTERIZO DE SAN FABIÁN DE ALICO. Oficios

El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, la integración económica que impulsa el país, sin duda, representa uno de los principales desafíos para nuestros agricultores y, especialmente, para los pequeños.
Los tratados comerciales suscritos por Chile, particularmente el que se refiere al Mercosur, constituyen un gran desafío y grandes oportunidades para acrecentar nuestras potencialidades exportadoras, dinamizar nuestra economía, diversificar la producción e involucrar nuevos actores. Acceder a nuevos mercados constituye un desafío para los productores, en particular para los pequeños y medianos agricultores, quienes deberán realizar grandes esfuerzos para incorporarse a este proceso. Junto con conquistar nuevos mercados, deberán competir exitosamente con productores que poseen una ventajosa experiencia en los poderosos mercados de Brasil y de Argentina.
Mucho se ha hablado de las oportunidades que representa para los productores regionales la cercanía con el mercado argentino, pero en el caso de la Región del Biobío, en especial de los productores de Ñuble, San Carlos y San Fabián de Alico, esta proximidad sólo se refleja en los mapas y documentos cartográficos.
Para que el Mercosur no se transforme en una fuente de frustraciones, el Estado debe realizar esfuerzos concretos con el fin de asegurar a los productores, sobre todo de regiones, un acceso expedito a los nuevos mercados.
Para los agricultores de la zona resulta indispensable contar con un paso fronterizo accesible, cercano y seguro. Hace diez años, en el incipiente intercambio comercial con Argentina, que se expresaba en transacciones basadas en el trueque, se disponía del paso fronterizo de San Fabián de Alico. Hoy, nuestros publicitados anhelos de integración y nuestras metas comerciales nos demandan con urgencia reponer esta importante vía de comunicación con el país vecino.
Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Relaciones Exteriores, señor José Miguel Insulza, con el fin de que disponga la ejecución de los estudios pertinentes para la reapertura del paso fronterizo de San Fabián de Alico, que comunica con la localidad de Ovejería, en la República de Argentina.
Además, pido que se oficie al Ministro de Hacienda a fin de que considere la reinstalación del servicio aduanero en esa localidad.
El señor ROCHA (Vicepresidente). Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


REINSTALACIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN QUIRIHUE. Oficio.

El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Hacienda para que considere la reinstalación de la oficina del Servicio de Impuestos Internos en la comuna de Quirihue, que hasta hace pocos años existía y beneficiaba a las comunas de Cobquecura, Coelemu, Treguaco, Ninhue y Quirihue.
Para los contribuyentes es de vital importancia disponer de dicha entidad fiscal, que facilite el inicio y desarrollo de la actividad económica en la zona, como asimismo el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.


FINIQUITO DE TRABAJADORES DEL FERROCARRIL ARICA-LA PAZ. Oficios.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República y al Ministro de Transportes para que se atiendan en forma rápida las solicitudes de los trabajadores del ferrocarril Arica-La Paz, respecto de las condiciones en que serán finiquitados cuando la empresa pase al sector privado. Ellos cuentan con el respaldo unánime de la comunidad de Arica, y a él se han sumado los cuatro parlamentarios de la zona.
La actual comisión negociadora de la Empresa de Ferrocarriles del Estado necesita ser reforzada por el Gobierno para cumplir con el propósito de una negociación exitosa, en que los derechos y la dignidad de los trabajadores sean respetados, como lo han sido siempre en los gobiernos de la Concertación.
Solicito que se acompañe al oficio el texto de mi intervención.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría.


MEDIDAS PREVENTIVAS POR EFECTOS DE CORRIENTE “EL NIÑO”. Oficios.

El señor URRUTIA (don Salvador).- En segundo lugar, solicito que se oficie al Ministro del Interior, al director de la Oficina Nacional de Emergencia, al Ministro de Vivienda y Urbanismo, al Ministro de Obras Públicas y al Subsecretario de Pesca, a través del Ministerio de Economía, para que se comiencen a estudiar y adoptar medidas preventivas sobre los posibles daños que puede provocar la corriente “El Niño” en las regiones Primera, Segunda y Tercera, en especial en Arica y Parinacota, que ya han sufrido las consecuencias de este fenómeno climático.
Sabemos que en Estados Unidos una organización de estudios, la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica, ha pronosticado que en el segundo trimestre de este año y en el primero del próximo, el fenómeno “El Niño” será más intenso que en el verano 19821983, cuando se produjo un enorme daño a la pesca y a todos los recursos marinos, además de fenómenos atmosféricos de mucho peligro para las viviendas, infraestructura, vida y seguridad de los habitantes de esas regiones. Por ello, es fundamental empezar ahora a tomar medidas para prevenir sus efectos.
Solicito que se acompañe al oficio el texto de mi intervención.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría, con el texto de su intervención.


COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS. Oficio.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ.- Señor Presidente, hasta 1985, de acuerdo con la legislación de la época, se autorizaba el funcionamiento de farmacias a cargo de un práctico farmacéutico en localidades donde no existían químicos farmacéuticos.
En marzo de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo Nº 166, que corresponde al reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados, y que en la actualidad regula la comercialización de los medicamentos.
Hasta 1985, la población de Porvenir, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes, se abastecía de medicamentos a través de un práctico de farmacia. El problema se creó a partir de 1985, cuando comenzó a aplicarse el decreto supremo Nº 466, que establece que en aquellas localidades donde no hay farmacias legalmente establecidas, la Dirección de Salud podrá autorizar el funcionamiento de un almacén farmacéutico a cargo de un práctico de farmacia. Este almacén no puede comercializar fármacos de tipo A, o sea aquellos que para su expendio requieren receta médica.
En 1995, el almacén farmacéutico de la comuna de Porvenir, a través de su representante legal, solicitó a la Dirección de Salud de la región el cierre temporal del establecimiento. En estas condiciones, se autorizó al hospital Marcos Chamorro Iglesias, de la misma comuna, a poner en funcionamiento una farmacia a cargo del director de dicho establecimiento.
En mayo de 1997, se vuelve a autorizar el funcionamiento del almacén farmacéutico, lo que obliga a la Dirección de Salud a cerrar la farmacia del hospital.
Esta situación deja a los habitantes de Porvenir sin la posibilidad de acceder al expendio de los medicamentos que requieren receta médica, razón por la cual se ven obligados a viajar a la ciudad de Punta Arenas para obtener remedios que la mayoría de las veces se requieren en forma urgente.
Por lo expuesto, solicito que se oficie en mi nombre y en el de los colegas que lo deseen, al Ministro de Salud, con el objeto de que proponga modificar el artículo 6º del decreto supremo Nº 466, para especificar claramente que en aquellos lugares donde existan almacenes farmacéuticos se autorice al centro asistencial de la localidad a vender aquellos medicamentos que les son prohibidos comercializar a esos almacenes.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Navarro, Arancibia, Letelier, don Felipe; Pizarro, Elgueta y Reyes.


PAGO DE ASIGNACIÓN DE ZONA A FUNCIONARIOS DE SALUD PRIMARIA. Oficios.

El señor ROCHA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, deseo referirme a una situación discriminatoria que afecta a los funcionarios acogidos al estatuto de atención primaria de la comuna de Vallenar y, además, según tengo información, de otras comunas del país.
Esta misma Corporación aprobó hace unos años un proyecto que se tradujo en la ley Nº 19.354, que modificó las bases de cálculo de la asignación de zona para los servidores públicos, lo que significó un incremento del beneficio.
Debido a que hasta el momento de publicarse la normativa que aumentó la asignación de zona se regían por el Código del Trabajo, y que la ley Nº 19.378 se promulgó con posterioridad, los funcionarios de la salud primaria no quedaron acogidos a este beneficio.
Se solicitó una interpretación de esta normativa a la Contraloría General de la República que inicialmente acogió lo que era obvio: hacer extensivo a los funcionarios de salud primaria de Vallenar y de otras comunas esta nueva fórmula que significa un incremento de la asignación de zona.
Después de ese pronunciamiento favorable, con otros antecedentes la Contraloría llegó a la conclusión de que no era posible hacer extensivo este beneficio a los servidores de la atención primaria de salud, por considerar que la norma que al particular se había dictado en la ley Nº 19.354 no le era aplicable, no obstante que el texto expreso de la ley Nº 19.378 así lo indicaría.
Luego de diversas consultas y gestiones se concluyó que es necesario el envío de un proyecto que permita resolver esta situación de evidente discriminación.
Por lo expuesto, solicito que se oficie a los Ministros de Salud y de Hacienda, a fin de que tengan a bien estudiar el envío de un proyecto o la adopción de otra medida con el objeto de hacer posible el pago de la asignación de zona a los funcionarios de salud primaria de la Municipalidad de Vallenar y de otras comunas del país, en los términos que establece la ley Nº 19.354. Más aún si se considera que en esa misma comuna los demás funcionarios municipales y también los del hospital reciben una asignación de zona considerablemente mayor.
He dicho. 
El señor ROCHA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Navarro, Muñoz, Pizarro, Reyes y Elgueta.


ANTECEDENTES SOBRE TRABAJOS EN RED FERROVIARIA. Oficio

El señor ROCHA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que aclare una situación que produce inquietud en el valle central y en el sur del país.
En su Mensaje, el Presidente de la República afirmó que el servicio de pasajeros en la red sur entre Santiago y Puerto Montt será licitado próximamente a privados. 
Para facilitar este proceso, el Estado invertirá también una suma cercana a los 150 millones de dólares en la recuperación de la infraestructura ferroviaria. En una primera etapa, el esfuerzo mayor se centrará en el tramo Santiago-Chillán. Por su parte, en el anexo al Mensaje presidencial, en lo referente al Ministerio de Transportes, en la página 368, sobre el plan de concesiones, se dice que se iniciaron las gestiones para incorporar inversionistas privados en el corredor sur Santiago-Puerto Montt, mediante licitación pública internacional, en la provisión de infraestructura y en la operación de los servicios de pasajeros.
Pues bien, en distintos medios de la zona hay inquietud, pues al parecer sólo se verificarán trabajos en el tramo Santiago-Chillán. Los últimos temporales hacen necesario e imprescindible el tren entre Santiago y Puerto Montt.
Por lo anterior, solicito que el Ministro de Transportes informe si la licitación y los trabajos de infraestructura sólo comprenden el tramo entre Santiago y Chillán, lo que consideramos inadmisible, o entre Santiago y Puerto Montt.
Esta intervención la hago en representación de los Diputados señores Exequiel Silva, Sergio Ojeda, Víctor Reyes y de quien habla, con el objeto de que se recabe la información a través del oficio que he señalado.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en los términos solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Navarro.


RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS Y HABILITACIÓN DE PASOS FRONTERIZOS ALTERNATIVOS. Oficios.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, el discurso pronunciado por el Presidente de la República respecto de la necesidad de solucionar los daños producidos por los temporales en la infraestructura productiva y de servicios, busca restablecer la normalidad en un país que no está en condiciones de soportar temporales o emergencias como las que vivimos en los últimos días. Lamentablemente, es probable que esta situación se repita. 
Por eso es sumamente importante su anuncio de destinar extraordinariamente 80 mil millones de pesos para enfrentar, en los próximos doce meses, los trabajos en colectores de aguas lluvias, la reconstrucción de caminos, de puentes, de canales de regadíos, en fin. Además, es una oportunidad histórica para mejorar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura en Chile y tomar plena conciencia del nivel en que nos encontramos para enfrentar las futuras etapas de desarrollo.
Si realmente queremos transformar este país en un ente exportador, con una economía internacionalizada, que cada día introduce valor agregado a sus materias primas lo que las hace más rentables, por cuanto mejora la calidad del empleo, necesariamente debemos mejorar la infraestructura del país.
En este aspecto, la relativa a la Cuarta Región ha sido, tal vez, la más perjudicada. Prácticamente todos los caminos terciarios y secundarios interiores de la Cuarta Región, al igual que los que va de cordillera a mar, se encuentran cortados, destruidos o en un nivel de funcionamiento mínimo. Hay más de cien localidades aisladas en los sectores precordilleranos y la imposibilidad de encauzar ríos y quebradas ha generado pérdidas en producciones agrícolas, deterioro casi completo de viviendas y de localidades.
Ciudades completas, incluso cabeceras de comunas tan importantes como la de Combarbalá, estuvieron total y absolutamente aisladas durante cuatro días, lo que, en la práctica, ha generado la necesidad de destinar alrededor de 4 mil a 4.500 millones de pesos para reparar todo lo que es vialidad, aparte de recuperar y restablecer el funcionamiento de los sistemas de regadío en nuestra región.
Es paradójico que durante cinco años de extrema sequía en nuestra zona hayamos desarrollado proyectos de mejoramiento de la infraestructura de regadío para aprovechar el recurso hídrico, y que hoy, cuando tenemos nieve en las montañas, agua en los ríos y que los embalses se han ido recuperando, no tengamos canales a fin de distribuir esas aguas para que lleguen a la producción agrícola. La razón es que el temporal significó embancamientos, aterramientos y destrucción de canales, desaparecimiento de compuertas, lo que también obliga a recuperar el funcionamiento de esos canales, a más tardar en los meses de agosto o septiembre. De lo contrario, lisa y llanamente desperdiciaremos el recurso hídrico y el gran efecto positivo que tuvo la lluvia en la región puede verse absolutamente perjudicado. Según estimaciones de la propia Dirección de Riego regional se requieren alrededor de 1.400 millones de pesos para estas obras.
También los municipios y gobernaciones necesitan enfrentar, de manera urgente, la contratación de maquinaria pesada y mano de obra para restablecer la normalidad en muchas quebradas y cauces de ríos que están amenazando la seguridad de las personas.
A propósito de este tema, debemos aprovechar la oportunidad, como país, para analizar la situación de aislamiento físico en que nos encontramos con respecto al resto de América, fundamentalmente del Cono Sur, y nuestra participación en el Mercosur.
Si analizamos fríamente que llevamos 22 días seguidos con nuestro principal paso terrestre absolutamente colapsado, lo que ha impedido el transporte de pasajeros, de carga y de vehículos livianos; que se plantea el paso Puyehue como alternativa al de Los Libertadores, nexo principal que tiene nuestro país para todo su comercio exterior con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, necesariamente se llega a la conclusión de que en Chile no hay pasos alternativos al de Los Libertadores, porque el funcionamiento del Puyehue ha sido francamente desastroso en esta oportunidad. En años normales, en promedio, transitan alrededor de 12 a 14 camiones diarios. Hoy, en que la necesidad de circulación es de 400 a 500 camiones diarios, como sucede en el paso Los Libertadores normalmente, se ha producido un colapso total y absoluto, lo cual ha evidenciado no sólo problemas de coordinación, sino de responsabilidades por parte de quienes tienen la obligación de mantener habilitado el paso Puyehue frente a emergencias de este tipo. Hace un año, el propio Ministro de Obras Públicas nos informó que ese paso era la gran vía alternativa, que formaba parte de los acuerdos del Mercosur y que a estas alturas ya tendría que estar asfaltado para impedir que se produjeran cortes en el camino. Sin embargo, la empresa a cargo de esta operación no ha resuelto el problema; por el contrario, en un momento estuvo obligada a entregar nuevamente a la Dirección de Vialidad el manejo del camino y la apertura de la ruta.
A propósito de esta materia y a fin de establecer responsabilidades, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que nos informe por qué se produjo el atochamiento y la imposibilidad de usar el paso Puyehue como alternativa; qué pasó con la empresa Ingecol, la concesionaria que tenía que asfaltar este camino; por qué se demoraron más de cinco días en tomar la decisión de que entraran las máquinas barredoras de nieves para habilitar el paso; de qué manera la Dirección de Vialidad está solucionando la situación de los 400 a 450 camiones que hoy no pueden pasar entre Argentina y Chile, y el riesgo físico que les ha significado a los choferes de transporte de carga al no ser socorridos ni contar con ningún apoyo.
Lo anterior nos lleva a analizar la situación del propio paso Los Libertadores. Objetivamente, el despeje de la nieve en dicho paso ha sido extraordinariamente lento y las máquinas, insuficientes en un momento determinado. Las medidas de última hora, como consecuencia de la presión del sector transporte, de los exportadores de nuestro país y de la gente que requiere materias primas, han llevado a que la propia Dirección de Vialidad ponga un mayor empeño en el despeje de las vías. Sin embargo, nos hemos encontrado hasta con problemas domésticos, tales como por qué los trabajadores no laboran en dos turnos, día y noche. Los operarios de las máquinas trabajan alrededor de seis a siete horas, por lo que el rendimiento o avance en el despeje de la nieve es extraordinariamente lento, a diferencia de la forma en que lo hacen en Argentina, cuyos trabajadores ya llegaron al túnel, mientras que nosotros, al día de hoy, no tenemos esperanza de despejar el camino hasta el sábado próximo. 
Lo anterior ha generado un daño enorme, toda vez que por el paso Los Libertadores transitan un promedio diario de alrededor de 400 camiones. Esto significa que en los más de 20 días que lleva cerrado el paso, se ha perdido el viaje de 8 mil camiones que podrían haber circulando llevando o trayendo mercaderías que son fundamentales para el normal desenvolvimiento económico del país. Las pérdidas estimadas son del orden de 150 millones de dólares. 
La situación es bastante crítica para el sector exportador y también para las relaciones con el Mercosur, ya que demuestra la fragilidad de nuestra infraestructura.
Al respecto, no me cabe duda de que debe haber una aclaración de parte del Ministerio de Obras Públicas, sobre su responsabilidad en estas situaciones y en cuanto a fijar las prioridades.
Si el paso de Puyehue, que se encuentra a más de mil kilómetros del de Los Libertadores, en forma objetiva no es una alternativa, le hemos hecho ver al Ministro de Obras Públicas, hasta el cansancio, la necesidad de buscar otro hacia el norte, fundamentalmente en el Cuarta Región, donde hay dos posibilidades viables. Incluso existe el compromiso de habilitar un paso en la Tercera Región y de establecer vías alternativas que, en la práctica, funcionen durante todo el año, como es el caso del paso de Aguas Negras. En la provincia del Limarí también se puede pasar la cordillera por el sector de Tulahuén.
En los acuerdos con el Mercosur se establecieron prioridades respecto de diez pasos fronterizos, y de doce hasta el año 2000. En la práctica, hoy, después de un mes de los temporales, llegamos a la conclusión de que el Ministerio de Obras Públicas no ha sido capaz de habilitar ni un solo paso que permita la integración física, el libre comercio y el desarrollo de nuestra empresa exportadora.
También quiero que se oficie al Presidente de la República para que, en este programa de reconstrucción de la infraestructura productiva y de servicios, fije prioridad total y absoluta para la habilitación de otro paso en el norte, alternativo al de Los Libertadores. Si es en la Cuarta Región, bienvenido sea, porque es nuestra aspiración más sentida; si es en la Tercera Región, también será bienvenido, porque va en beneficio del país. Pero no se puede obviar el tema y esconder la cabeza bajo la tierra, como las avestruces, diciendo que no pasa absolutamente nada cuando, en la práctica, todo el esfuerzo exportador del país hacia el Mercosur, que es nuestro mercado natural, está lisa y llanamente imposibilitado, debido a las carencias en infraestructura. Respecto de esta materia venimos hablando desde hace muchos años y se ha hecho ver esa situación a las autoridades de Gobierno en repetidas oportunidades, fundamentalmente del Ministerio de Obras Públicas.
El país no merece frente a todo el esfuerzo que hace el Estado en su conjunto: el sector privado, los trabajadores y la gente, que cifran esperanzas muy grandes en lo que puede ser nuestro acceso al Mercosur que por un problema de orden físico, dado que la naturaleza, en un momento determinado, ha sido más generosa en lluvias que lo habitual, quedemos incapacitados para seguir ejerciendo nuestras funciones y nuestro desarrollo económico y social.
Quiero que se acompañe mi intervención al oficio dirigido al Ministro de Obras Públicos, en el caso de Puyehue y de las responsabilidades que corresponden a Vialidad y a las empresas particulares que debían realizar las obras para habilitar los pasos cordilleranos. También pido lo mismo respecto del oficio dirigido al Presidente de la República, para justificar que, dentro del plan de reconstrucción que ha planteado al país para los próximos doce meses, se considere prioritario establecer un paso alternativo en la Cuarta Región, como se ha planteado reiteradamente.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Víctor Reyes.
En el tiempo de la Democracia Cristiana, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión.


Se levantó la sesión a las 14.13 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.