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- rdf:value = " ARRIENDO DE INMUEBLE FISCAL A PARTICULARES EN COMUNA DE LA UNIÓN. Oficios.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Caminondo .
El señor CAMINONDO.-
Señor Presidente, he querido intervenir en esta sesión para dar a conocer un hecho lamentable que ocurre en la comuna de La Unión.
En la calle Esmeralda Nº 812, esquina de Angamos, existe un inmueble que fue confiscado al Partido Demócrata Cristiano en 1977, el cual se encuentra inscrito en el conservador de bienes raíces de La Unión a nombre del Fisco de Chile, a fojas 118 Nº 141, de 1978.
Según consta en los contratos que obran en mi poder, dicha propiedad ha sido arrendada por personas que no tienen derecho alguno sobre ella. En consecuencia, han percibido de modo ilícito rentas de un bien raíz fiscal.
Existen antecedentes irrefutables que demuestran que, desde 1991 a la fecha, se han instalado en el lugar diversos locales comerciales, cuyos propietarios han pagado mensualmente las respectivas rentas de arrendamiento a personas que, en forma ilegal, se han atribuido la calidad de dueños del citado inmueble.
La situación descrita es extremadamente grave, sobre todo si se considera que en algunos de estos contratos asume la calidad de arrendador el presidente de un importante partido político, quien aparece actuando en representación de esa entidad.
En efecto, en 1993, don Mario Eduardo Koscina Gallardo , en su calidad de presidente y representante legal del Partido Demócrata Cristiano en la comuna de La Unión, arrendó una parte de esa propiedad a un particular, el señor José Romualdo Ferrada Sepúlveda .
Por su parte, en 1996, la corredora de propiedades, señora María Eloísa Vicuña , al parecer, también en representación de ese partido político, entregó en arriendo el mismo inmueble a otro particular, don Carlos Morani Cepeda .
Tan irregulares son estos hechos, que la señora María Eloísa Vicuña , que aparece como arrendadora en algunos de estos contratos, habría ocupado ese bien raíz entre febrero de 1993 y enero de 1995, en calidad de arrendataria. Es decir, pasados dos años se transformó en propietaria, casi por arte de magia.
Además, resulta sorprendente que luego de las solicitudes hechas por don José Romualdo Ferrada a la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales en la Décima Región para que se le traspasara a título gratuito el referido inmueble, basado en que había ocupado dicho bien raíz por más de cinco años, ese secretario, don Miguel González Castro , le responde por oficio ordinario Nº 1.151, de 24 de abril de 1997, que: “Lamentablemente no es posible acceder a su petición, toda vez que esa propiedad fue confiscada por el Fisco al Partido Demócrata Cristiano y, por tanto, cuando se promulgue la ley sobre restitución de bienes confiscados el citado inmueble deberá ser devuelto a sus antiguos dueños”.
No deja de asombrar esa respuesta, primero, porque alude a un proyecto que se encuentra en actual tramitación en el Congreso Nacional. En otras palabras, a través del oficio se le señala a este particular que esa Secretaría Regional Ministerial se preocupará de cuidar el inmueble para que sea devuelto a la Democracia Cristiana, si es que el Congreso Nacional estima adecuado despachar ese proyecto. ¿Ésa es la función de las autoridades respecto de los bienes fiscales? ¿Por qué no tuvieron la misma diligencia para cuidar el patrimonio fiscal?
La segunda inquietud nace del hecho de que el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales nada dice en su respuesta acerca de si el solicitante cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente para acceder a una transferencia gratuita de ese inmueble fiscal. ¿Esto significa que si se tratara de un bien fiscal que no hubiese sido confiscado anteriormente a la Democracia Cristiana, el Ministerio de Bienes Nacionales hubiera podido regalarle ese inmueble fiscal a un particular?
Es necesario aclarar éstas y otras interrogantes, por lo cual solicito se oficie en mi nombre, acompañando copia íntegra de esta intervención y de los documentos que dejo a disposición de la Secretaría de la Corporación, a la Ministra de Bienes Nacionales y a la Contraloría General de la República para que adopten las medidas necesarias para determinar las responsabilidades administrativas y penales que puedan existir como consecuencia de los hechos descritos. Asimismo, solicito que se oficie a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado para que estudie la factibilidad de ejercer las acciones judiciales que permitan reparar el menoscabo sufrido en el patrimonio fiscal y sancionar a los responsables de estos hechos.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Jürgensen .
"
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