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El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Corresponde continuar el debate del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que reduce el mandato presidencial y hace coincidir las elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados.
La Mesa tiene el registro de los inscritos en la sesión anterior para participar en el debate. Por lo tanto, dará la palabra en ese orden.
Recuerdo a los señores diputados que, según el acuerdo de los Comités dado a conocer al comienzo de la sesión, el proyecto se votará a las 12.45 horas.
El primer Diputado inscrito, el señor Viera-Gallo , no está presente.
Por lo tanto, tiene la palabra el Diputado señor Cornejo .
El señor CORNEJO.
Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional que nos ocupa, como saben los señores diputados, persigue dos objetivos fundamentales. En primer lugar, la reducción del mandato o período presidencial, de seis a cuatro años, y en segundo lugar, el establecimiento de la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la de Presidente de la República.
Salvo el mecanismo de la segunda vuelta consagrado en la Constitución Política del Estado, no existen incentivos en el sistema político nacional para constituir coaliciones de gobierno estables, y la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la presidencial, sin duda, puede estimular la conformación de alianzas o coaliciones de gobierno que aseguren estabilidad para el país.
De hecho, de alguna manera, mediante procesos de negociación política y de contrapesos y equilibrios, puede generarse una coalición de gobierno, como, por ejemplo, la que ha existido en los dos últimos períodos presidenciales.
Creemos conveniente la simultaneidad de las elecciones parlamentarias y presidencial porque implica, además, una probabilidad razonable de que la mayoría del Parlamento corresponda o sea del mismo signo político de la del Presidente de la República, del Ejecutivo, de modo de asegurar la gobernabilidad y eficacia del gobierno durante su gestión. Precisamente, como contrapeso a este fenómeno, está la elección de la mitad del Senado cada vez.
De hecho, es inconveniente para la eficacia del actual Gobierno que alrededor de dos años antes del término de su mandato deba efectuarse una elección parlamentaria. Existe incertidumbre, porque perfectamente podría perder su mayoría parlamentaria y ver dificultada la eficacia y eficiencia de su gestión.
La simultaneidad, en síntesis, constituye un incentivo, que no existe en nuestro sistema político, para la conformación de coaliciones de gobierno que den estabilidad al país y aseguren, de alguna manera, la eficacia y eficiencia de los gobiernos para desarrollar sus programas, con el contrapeso de la elección de la mitad del Senado en cada ocasión.
Respecto de la duración del período presidencial, por las actuales circunstancias, no están dadas las condiciones para la existencia de gobiernos que requieran plazos muy largos para desarrollar proyectos fundacionales, como ocurrió en décadas anteriores. Consensos básicos en diversas materias permiten asegurar, con certeza, que cuatro años es un tiempo más que razonable para implementar políticas. No son necesarios seis u ocho años, como en algún momento se pensó y se consagró en nuestro ordenamiento jurídico.
Por otra parte, a mayor duración de los períodos presidenciales, en un sistema como el nuestro, no existen mecanismos de resolución de conflictos políticos. Por lo tanto, un período más corto, además, puede contribuir a generar mecanismos fáciles y rápidos para solucionar cualquier crisis política que se pueda producir durante determinado mandato. No hay que olvidar que nuestro sistema político, por razones obvias, no permite la disolución anticipada del Congreso Nacional, que en los regímenes parlamentarios constituye el mecanismo para resolver crisis políticas. De modo que una reducción del período presidencial, en nuestra opinión, contribuye a aumentar la estabilidad política de los gobiernos.
Finalmente, el proyecto prohíbe la reelección inmediata del Presidente de la República. Es importante consagrar esto, porque la posibilidad de reelección, deja expuesto al Jefe de Estado a tentaciones electorales o a incurrir en políticas populistas para obtener dividendos con el fin de asegurar su triunfo en el corto plazo, pero generando un perjuicio al país en el largo plazo.
En segundo lugar, puede contribuir a aumentar la conflictividad del sistema político nacional, ya que no cabe duda de que la posibilidad de reelegir al Presidente de la República será un incentivo para que la Oposición centralice en él su accionar, con el objeto de tratar de evitar la reelección, dañando indirectamente una institución de tanto prestigio en nuestro sistema político como es la del Presidente de la República.
En síntesis, somos partidarios de aprobar esta reforma constitucional por cuanto la simultaneidad de las elecciones parlamentaria y presidencial, la no reelección del Presidente de la República y la disminución del período presidencial son tres factores que contribuirán a dar mayor estabilidad y eficacia al sistema político nacional.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Informo a los señores diputados que se está concediendo el uso de la palabra de acuerdo con el orden de inscripción que quedó fijado en la sesión anterior.
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma .
El señor COLOMA.
Señor Presidente, anuncio mi voto en contra del proyecto de reforma constitucional que reduce el mandato presidencial y hace coincidir las elecciones presidenciales y parlamentarias.
En primer lugar, valga una explicación técnica. En el informe entregado a los señores parlamentarios, aparezco dando la unanimidad y emitiendo una opinión favorable a esta reforma, lo cual no es así. Concurrí a la discusión del proyecto, pero no a su votación y al igual que mi colega Chadwick , en aras de una mayor reflexión respecto del sentido de la reforma, anuncié que plantearía nuestro punto de vista durante su debate en la Sala.
Por lo tanto, quiero que quede claro para efectos del acta y de la versión que no hay ninguna contradicción cuando señalo mi voto negativo a esta reforma con el hecho de haber estado presente cuando fue aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ya que en ese momento no emití una opinión.
¿Cuáles son los argumentos que me hacen tener la convicción de que este proyecto no debe ser aprobado?
En primer lugar, creo especialmente oportuno hacer presente que este tema se discutió en forma muy exhaustiva hace poco más de tres años, con motivo de la reforma constitucional que fijó la duración del mandato presidencial en seis años, el que, de acuerdo con la Constitución de 1980, era de ocho años. En esa ocasión, por una votación de 86 votos a favor y sólo 2 en contra se coincidió en que, dadas las circunstancias del país, ése era el lapso que generaba mayor acuerdo en ese instante.
De manera que me sorprende que tres años después de una votación de esa envergadura, se vuelva a plantear el tema, aparentemente con argumentaciones distintas o por lo menos discrepantes de lo que en ese momento se postuló como un voto mayoritario.
Me parece complicado y negativo como país que luego de tres años de haber discutido la duración del mandato presidencial y aprobado por 86 votos contra 2 que se extienda por seis años, estemos discutiendo nuevamente el punto como si se tratara de una materia que se pudiera analizar cada cierto tiempo, independiente de la circunstancia que debemos tener en cuenta: la duración del período presidencial, más allá de la contingencia.
Considero complejo, dificultoso e inadecuado que, cada tres años, se cambie de criterio en un tema de tanta envergadura, porque le quita la estabilidad que debe tener una norma constitucional de esta importancia. Nada asegura, entonces, que si hoy se aprueba un mandato presidencial de cuatro años, en tres años estemos discutiendo que dure ocho o dos años. A mi juicio, ésa no es la forma de dar estabilidad a los gobiernos.
Sin embargo, tengo dos discrepancias muy de fondo respecto de este proyecto, en cuanto a la argumentación planteada en el mensaje respectivo y a la discusión que ya ha tenido lugar en la Corporación.
Se dice que la finalidad de modificar la duración del período presidencial es disminuir el número de elecciones que debe verificarse en el país, impulsando la simultaneidad de dichos eventos. Desde mi perspectiva, es absolutamente insuficiente y equivocado el argumento de que para hacer coincidir las elecciones se altere lo que debería ser nuestra preocupación prioritaria: la duración del mandato presidencial.
Este tema era absolutamente previsible hace tres años. En la sesión del miércoles 15 de diciembre de 1993 se señaló específicamente que uno de los efectos que iba a generar esta reforma iba a ser la multiplicidad de elecciones en fechas distintas. Sin perjuicio de ello, se aprobó en su momento. Por lo tanto, no me parece consistente ni consecuente que tres años después se diga que, como hay muchas elecciones, se debe modificar o disminuir la extensión del período presidencial para que haya menos, en circunstancias de que esto era absolutamente previsible cuando se aprobó el proyecto respectivo en diciembre de 1993.
Hay formas más lógicas de variar la duración de los períodos electorales de determinadas autoridades públicas para lograr el objetivo planteado. Me parece más razonable modificar el momento en que se eligen los parlamentarios y senadores o la duración de los cargos de alcaldes y concejales y adecuarlo al mandato presidencial, en lugar de cambiar lo que debería ser el centro de la preocupación de toda autoridad pública al discutir la duración de los mandatos. No cabe duda de que el Presidente de la República es la autoridad más importante del país y, por tanto, lo prioritario en el debate es cuánto debe durar en su cargo. A partir de ahí, si queremos que no haya muchas elecciones, pero sí una simultaneidad de ellas, debemos adecuar la elección de esas autoridades a lo que hayamos decidido anteriormente respecto del Jefe de Estado.
Pero aquí se está siguiendo el camino absolutamente inverso. Se está discutiendo la duración en sus cargos de los parlamentarios, los alcaldes y concejales y adecuándola a la del cargo de Presidente de la República a lo que resulte más cómodo a las autoridades que de esta manera han sido elegidas. Me parece un procedimiento profundamente errado y no cabe duda que genera daños muy de fondo.
En tercer lugar, me parece completamente contradictorio este proyecto respecto del cual una mayoría importante de la Cámara de Diputados manifestó una opinión favorable. Se nos dice que debe haber pocas elecciones para no tensionar el ambiente político y, paralelamente, junto con el cambio en la duración del mandato presidencial, se plantean primarias públicas, a través de una elección distinta.
No entiendo cómo los mismos que proponen la disminución del período presidencial a cuatro años para que en Chile coincidan las elecciones parlamentarias sabemos que los diputados duran cuatro años y los senadores, ocho con las presidenciales, para que haya menos contiendas electorales, en la Cámara de Diputados, con una importante mayoría, a través de un proyecto traten de establecer las primarias obligatorias. O sea, que además de la elección presidencial haya una preelección presidencial para determinar el candidato del bloque suponiendo que hay bloques de gobierno y de oposición que tenga más apoyo entre la ciudadanía.
Por tanto, me parece completamente contradictorio plantear con tanto énfasis este proyecto, y, al mismo tiempo, otro que genera más comicios.
Cabe destinar algunos minutos a reflexionar sobre cuánto debe durar un Presidente de la República en su cargo. Para concluir en que ésta no es una posición ideologizada, quiero remitirme a lo expresado por un ex parlamentario de la Democracia Cristiana que en este tema era muy estudioso, el señor Bosselin .
En ese momento, argumentando en nombre de su partido el porqué de la reforma de ocho a seis años, decía: “No cabe la menor duda de que es necesario que los gobiernos dispongan del tiempo suficiente para ejecutar sus programas políticos, económicos, sociales y culturales, a fin de que produzcan los efectos de bien público que se buscan a través de su gestión. Un período de seis años, en mi concepto, permite la realización de dichos programas políticos, económicos y sociales, porque es un tiempo prudente, adecuado y conveniente”.
Comparto plenamente lo dicho por el ex Diputado señor Bosselin . Por la experiencia que tuve en el Consejo de Estado, quiero traer a colación lo que decía don Jorge Alessandri al momento de debatir el tema del período presidencial. Él señalaba, con especial preocupación, que en los países como el nuestro, armar equipos de gobierno es tremendamente dificultoso, y que no cabe duda de que los primeros dos años son de puesta a punto de un sistema de gobierno o de un conjunto de proyectos políticos, económicos y sociales, para tener efecto. Don Jorge Alessandri expresaba que por el carácter especial del chileno, que le encantan las elecciones, los últimos dos años están todos los ministros y la gente vinculada al gobierno pensando en qué viene después.
Entonces, quiero expresar mi acuerdo con ese período. No me parece razonable permitir que un equipo de gobierno demore en afiatarse, y una vez que lo está, inmediatamente generar incentivos para despreocuparse de su labor de gobierno y pensar en lo que viene hacia adelante.
Me parece que un período de cuatro años es extraordinariamente breve para que un presidente, de cualquier signo, desarrolle un programa coherente y consecuente, con sentido de futuro, en materias política, económica y social. Me parece mucho más sano mantener un período de seis años, y dar a otras elecciones una mayor simultaneidad. Por otro lado, tampoco creo que se produzca tanto trauma por el hecho de que haya elecciones presidenciales cada seis años, aun cuando una de éstas, en un período de doce, no coincida con la elección parlamentaria, como ocurrirá en 1999, porque después, la siguiente, bien sabemos que coincidirá.
Aun cuando sé que tengo una posición minoritaria en esta materia, quiero llamar la atención de la Cámara de Diputados respecto de los alcances precisos de este proyecto. No me parece conveniente aprobar la disminución del período presidencial de seis a cuatro años, en circunstancias de que hace tres años hubo un profundo debate que concluyó con una votación de 86 contra dos, para establecerlo en seis años.
No me parece prudente ni coherente que el argumento para generar esta disminución sea básicamente la simultaneidad de elecciones y de que haya menos contiendas electorales, cuando lo prioritario al hablar de un período presidencial debería ser determinar cuál es el tiempo necesario para que el Jefe de Estado pueda desarrollar sus planes en materias política, económica y social.
Tampoco me parece coherente votar a favor del proyecto y, paralelamente, presentar una iniciativa que postula elecciones primarias que, irónicamente, generan más elecciones y complican la simultaneidad tan cacareada por aquellos que plantean este proyecto.
Por último, este tema merece un debate completamente distinto. Invito a mis colegas a discutir sin ningún tipo de ataduras ideológicas cuánto debe durar el período de un Presidente de la República. A partir de ahí, los invito a que adecuemos y como partido tenemos la mejor disposición para hacerlo las próximas elecciones, sean parlamentarias o municipales, a la conclusión a que se llegue en ese debate en forma mayoritaria.
Por eso, anuncio mi voto en contra e invito a los señores parlamentarios a reflexionar sobre si en este proyecto estamos partiendo por la cabeza o por la cola.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, respecto de este proyecto de reforma constitucional, que trata de postular una menor frecuencia de las elecciones en nuestro país, cabe preguntarse si el pueblo chileno desea tener más o menos consultas y con qué frecuencia deben hacerse.
Quiero recordar que antes de 1973, en 15 años, se celebraron en nuestro país once elecciones: en 1958, presidencial; en 1960, municipales; en 1961, parlamentarias; en 1963, municipales; en 1964, presidencial; en 1965, parlamentarias; en 1967, municipales; en 1969, parlamentarias; en 1970, presidencial; en 1971, municipales, y en 1973, parlamentarias. Es decir, la frecuencia de las elecciones era superior a la que actualmente disponen nuestra Constitución y la ley electoral. Entonces, necesariamente debemos reflexionar sobre la soberanía y la forma de ejercerla.
En la Constitución de 1925, la soberanía residía esencialmente en la Nación y ésta delegaba su ejercicio. En cambio, en la de 1980, su artículo 5º cambió esencialmente este concepto y se introdujeron diversas modificaciones que implicaron que las elecciones del pueblo sólo constituyen una parte de la soberanía nacional. Así, dice: “Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional estaría ejerciendo la soberanía, lo mismo que la Corte Suprema y una serie de órganos establecidos en la Constitución Política, porque la concepción fue dejar al pueblo un poco marginado mientras adquiriera la cultura suficiente. Esta afirmación queda demostrada con las palabras de don Jaime Guzmán , en un escrito, publicado en 1979 por la revista “La Realidad”, cuando abordaba la nueva institucionalidad. Decía: “El sistema democrático basado en la generación de las autoridades por un sufragio popular realmente libre constituye un ideal que sólo funciona adecuadamente en países de alto desarrollo económico, social y cultural”. En consecuencia, mientras no alcanzáramos ese desarrollo económico, social y cultural, en nuestro país había que restringir las elecciones y también a los representantes que fueran elegidos como resultado de ese ejercicio de la soberanía popular por parte del pueblo.
Más adelante agregaba: “Mirando la realidad de la democracia contemporánea y meditando en la crisis sufrida por la nuestra, se advierte que el sufragio universal para elegir las autoridades políticas debe representar la culminación de la nueva institucionalidad y no su punto de partida”.
Cuando él decía esto, en 1979, sobre la base del proyecto de nueva Carta Fundamental, que se estaba elaborando y que empezó a regir en 1981, recién estábamos en el punto de partida del ejercicio de esta soberanía popular. De tal manera que para el ideólogo y filósofo político de la UDI, el ejercicio del sufragio universal para elegir todas las autoridades que la Constitución establece, solamente se podría realizar en el momento en que el país adquiriera un desarrollo económico, social y cultural que se comprometiera con esa forma de elección.
Recuerdo que don Manuel José Irarrázaval , autor de la comuna autónoma en el siglo pasado, criticaba a sus adversarios políticos que sostenían que las municipalidades no podían ser autónomas porque el pueblo no estaba preparado, ni educado, ni tenía la cultura suficiente para decidir por sí mismo su destino. Eso ocurría en 1891. “Sin embargo, decía después de 80 años desde nuestra Independencia, aun cuando fuimos capaces de liberarnos del imperio español, aquí se nos está diciendo que todavía no estamos preparados para gobernar las municipalidades. Los que piensan así agregaba Irarrázaval siempre lo van a sostener y va a ser imposible alcanzar el grado de desarrollo, educación y de cultura necesario para elegir a través del sufragio universal”. En esa época se hablaba del sufragio censitario, de tal manera que la crítica era muy fuerte, por cuanto expresaban que nunca podrían gobernarse eligiendo ellos mismos la totalidad del pueblo a sus autoridades.
Hoy, después de cumplir casi un bicentenario de nuestra Independencia, escuchamos lo mismo: que nuestro pueblo no está preparado para enfrentar las elecciones.
Tengo mis dudas respecto de este proyecto, en el sentido de que no ha habido ningún estudio, encuesta ni análisis político, filosófico o doctrinario que nos lleve a concluir si las elecciones frecuentes son mejores o peores. Si uno piensa en un Estado plenamente democrático, mientras más elecciones existan, más democrático, y más pronta será la respuesta que tendremos por parte de los gobernados respecto de las decisiones importantes que se deben tomar en un país. Desde luego, mientras más frecuentes sean, más participación habrá.
Al respecto, Rousseau y los pensadores socialistas sostenían que el principio contenido en nuestra Constitución de que la soberanía reside esencialmente en la nación y que su ejercicio se delega, era una especie de renuncia de los representados para los representantes y, en definitiva, eran los representantes quienes asumían en verdad la plenitud del poder. En consecuencia, cuanto más se alejan, en el tiempo, los representantes de los representados se produce una distancia que no permite a los representantes observar con prolijidad, seriedad y responsabilidad la opinión de los gobernados y, en general, cuanto más se dilaten estos períodos, es posible que los representantes se crean con una especie de derecho divino de estar en sus puestos y no ser juzgados por quienes los eligieron.
Si el pueblo está renunciando o abdicando según Rousseau en favor de sus representantes, conviene hacerlo participar, y una de las formas instrumentales de hacerlo en democracia son las elecciones. Además, la autoridad podrá auscultar la opinión o juicio de los representados respecto de las acciones desarrolladas por ella. Mientras más se distancien las elecciones en el tiempo, no habrá posibilidad de este examen por el que deben pasar las autoridades cada cierto tiempo. Asimismo, se crea una especie de oligarquía sucede tanto al interior de los partidos políticos como hacia afuera y, generalmente, es un mismo círculo de personas que aparecen como las destinadas a conducir el país, el Poder Legislativo o las municipalidades. Es algo que estamos constatando. A comienzos de siglo, el filósofo político alemán Roberto Michels estableció, en un análisis sobre la oligarquía, que ella se forma mediante el alejamiento de las elecciones.
En nuestro país, desde que se implantó el sufragio universal a partir de 1888, complementado después por la ley Nº 9.222, que concedió el derecho a voto a las mujeres, la idea es que la soberanía popular se exprese en forma frecuente, y cuanto más frecuente sea tendremos una mejor opinión respecto de la forma en que se están conduciendo los destinos del país.
Planteo estas observaciones porque no ha habido un estudio serio en cuanto a si el pueblo desea elecciones más frecuentes o, por el contrario, períodos más prolongados.
En la reforma constitucional sobre las municipalidades se implementa un sistema de consulta no vinculante, que también es una forma de participación de las personas. Lo que debería promoverse en nuestro país si se dilata esa participación con este proyecto de reforma constitucional, es el establecimiento del plebiscito; o sea, un mecanismo que permita adoptar decisiones que, a veces, los cuerpos colegiados, los representantes, por distintas razones no pueden dilucidar. También debería existir un plebiscito por iniciativa popular, que sería muy conveniente para hacer participar a la comunidad chilena y terminar con una serie de conflictos que hoy no se pueden resolver mediante la votación de los estamentos colegiados.
De esa manera, también podríamos sacarnos el sambenito de los senadores designados y de los quórum altísimos para modificar la Constitución o, incluso, leyes orgánicas que sólo permiten, mediante el mecanismo de un voto ponderado, conservar el statu quo.
Aprobaré el proyecto con las indicaciones que presentaré, a fin de que en Chile exista el plebiscito en la forma que he señalado.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, hemos impulsado el proyecto de reforma constitucional por razones tal vez más modestas, pero más realistas, que las expresadas por el Diputado señor Elgueta . En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hubo consenso en estimar que la iniciativa no toca cuestiones profundas, relativas a principios, a visiones contrapuestas del ordenamiento constitucional que han estado en el debate público.
Espero que con visiones distintas, confrontadas en el terreno de las ideas, vaya saliendo a luz una institucionalidad adecuada para Chile. Hay quienes piensan que al país le conviene una especie de regresión a la institucionalidad de 1925, una expresión de la voluntad colectiva por la vía de las mayorías que constituyan todos los poderes públicos y que, en definitiva, entronice y consolide el poder de los partidos políticos que las controlan en el juego gobierno oposición.
Hay otros que pensamos y planteo el punto al honorable señor Elgueta que en lo moderno lo eficaz es seguir desarrollando la línea de la Carta Fundamental de 1980, que establece poderes políticos el Presidente de la República y el Congreso Nacional, poderes neutros y apolíticos los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional, el Banco Central y ahora, por una excelente decisión de la Cámara de Diputados, la Fiscalía Nacional, que es un poder neutro por generación y funcionamiento que ayuden a determinar que las decisiones públicas sean tomadas no sólo a través de las mayorías y poderes políticos, sino también por decisiones de Estado, de poderes no políticos, pero que tienen gran significado en la nación jurídicamente constituida.
Por eso, fuimos mucho más modestos en nuestras pretensiones. ¿Qué planteamos?
La democracia chilena no resiste un programa de elecciones como el previsto para los próximos años. La democracia hay que cuidarla. La participación ciudadana es muy importante para agotarla o acosarla a cada rato. Es fundamental establecer un ordenamiento en el programa de elecciones que se avecina, y los ejes de la decisión fueron muy simples: Primero, disminuir la actual secuencia electoral. Segundo, establecer la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, ambas de carácter político. Tercero, separar las elecciones parlamentarias de las municipales, pues son de distinta naturaleza: las municipales dicen relación con los gobiernos locales; las políticas, con el gobierno nacional. Tienen características, funciones y naturaleza distintas y no conviene mezclarlas, para despolitizar la función municipal. Cuarto, mantener la duración de los actuales mandatos de senadores y diputados, en ocho y cuatro años, respectivamente. Quinto, impulsar una fórmula que opere de modo automático para el reordenamiento electoral, es decir, a contar del año 2005, dado que se avecina una elección presidencial en 1999. Legislamos para el año 2005 y no para arreglarle la montura a la Concertación o a la Oposición en las próximas elecciones. Sexto, ajustar la separación entre las elecciones municipales y parlamentarias en el año 2000, reduciendo en un año el mandato de las primeras, con el fin de evitar coincidencias a futuro y establecer un itinerario electoral que contemple comicios generales cada dos años.
Obviamente me hago cargo de las inquietudes, muy lícitas, por lo demás, del Diputado señor Coloma , esto significa pronunciarse sobre una cuestión de fondo. No estamos atendiendo a lo accesorio para ordenar lo principal. También nos estamos pronunciando sobre lo principal, la duración del mandato presidencial, y la Cámara será llamada a ello. Éste es un tema opinable. Con muy buenas razones, algunos se inclinan por un mandato de seis años; otros sostienen que debe ser de cuatro, sin reelección. Otros, como yo, pensamos que es bueno un período presidencial de cuatro años, con la posibilidad de reelección.
Ésta es la posición que sostuve en la Comisión. La indicación a la cual adherí reitera dicho postulado. No veo por qué un excelente Presidente de la República no puede tener la posibilidad democrática de ser reelegido por otros cuatro años. A mi juicio, ésa es la solución ideal. Es bueno que haya períodos presidenciales largos. Soy partidario del sistema presidencial de gobierno. Siempre, por una cuestión histórica, he sido partidario de un poder presidencial fuerte, arbitral entre los partidos y los conflictos sociales.
Creo que un mandato presidencial de cuatro años con posibilidad de reelección asegura ambas cosas: elección periódica, de acuerdo con los tiempos, del Presidente de la República, y que un buen Presidente pueda ser reelegido, de manera de asegurar un período presidencial más largo.
Esto significa pronunciarse sobre el fondo del tema, pero también sobre la forma y lo adjetivo.
En definitiva, la mayoría de la Comisión propone modificar el artículo 25 de la Constitución Política, con el objeto de reducir el mandato presidencial de seis a cuatro años. Estoy de acuerdo en la reducción del mandato lo he dicho, pero plantearé la reelección presidencial. Es muy importante un reordenamiento completo del cuadro electoral, con los ajustes correspondientes.
Otro aspecto muy de fondo, pero que no ha sido destacado, se refiere a una carencia de nuestra Constitución.
Todos los constitucionalistas y los parlamentarios saben que no está regulada la vacancia del cargo de Presidente de la República y la designación de su sucesor, en caso de que éste falte por los motivos establecidos en nuestra Carta Fundamental.
El proyecto soluciona dicha carencia mediante un sistema adecuado, en la forma siguiente:
En primer lugar, si la vacancia se produjere faltando menos de ciento ochenta días para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente de la República, esto es, el ministro titular a quien corresponda su subrogación, dura en el cargo hasta noventa días después de dicha elección presidencial. Se trata de una sucesión automática, sin traumas, que le da continuidad al gobierno del Presidente que falleció y dejó vacante el cargo.
En segundo lugar, si la vacancia se produjere faltando ciento ochenta días o más, pero menos de dos años para la próxima elección presidencial, es decir, un período largo que no pudo ser desarrollado por el Presidente de la República electo, corresponderá al Congreso Pleno elegir al sucesor, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el precepto que se someterá a la consideración de la Sala.
En tercer lugar, si la vacancia se produjere faltando dos o más años para la próxima elección presidencial, el sucesor es designado mediante una elección general, a celebrarse acorde con el procedimiento que se establece, durando en el cargo hasta completar el mandato presidencial.
Ésta es una buena solución, pues consagra una norma que no existe y que mucha falta hace en nuestra Constitución.
En resumen, primero, hay un ejercicio de realismo, no la persecución de utopías políticas ni planteamientos que cambien en forma dramática las posiciones que están en el debate constitucional; ya habrá otro momento para ello.
Segundo, se produce un reordenamiento de lo adjetivo, pero muy importante, que es todo el cuadro de elecciones presidenciales, que nuestra democracia sencillamente no resiste.
Tercero, se aborda el problema de fondo, la duración del mandato presidencial, respecto del cual hay posiciones legítimas, encontradas, que deberán ser votadas por la Sala.
Cuarto, se propone un procedimiento que esperamos sea aceptado por todos los diputados que conforman esta honorable Cámara, pues llena un vacío constitucional al consagrar las normas que regirán en caso de vacancia del cargo de Presidente de la República.
Creo que todos nuestros diputados votarán favorablemente este proyecto de reforma constitucional.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Quiero dar la bienvenida a los honorables miembros de la Cámara de Representantes de Colombia señores Jorge Olarte , Emiliano Holguín , Luis Serrano Silva , Rafael Antonio Díaz , Albeiro Valencia y a la señora Zoraida Zamorano , que se encuentran en las tribunas, y desearles que su estadía sea de la mayor utilidad para las actividades que los han traído al país.
Aplausos.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia .
El señor URRUTIA (don Salvador).-
Señor Presidente, votaré favorablemente esta reforma constitucional, por cuanto está claro que estamos en una sociedad moderna, en la cual la velocidad del cambio es enorme. Antes los mandatos de los representantes populares podían ser largos; pero ahora, en que todo cambia tan rápidamente, no podemos esperar períodos muy extensos para que aquéllos sean sometidos al veredicto de sus representados.
Para evitar uno de los mayores males de la democracia, cual es que aquellos que están gobernando una nación no sean quienes interpretan mejor a la ciudadanía, lo que causa tensión, crisis y desgobierno, debemos reducir los mandatos presidenciales. Acortarlos a cuatro años es una buena medida y apunta en el sentido correcto, sobre todo si consideramos que en la actualidad, cuatro años equivalen probablemente a veinte en el siglo pasado. Sería peligroso dejar pasar la oportunidad de disminuir el período de gobierno de seis a cuatro años, porque en Chile, especialmente el Presidente de la República es una autoridad de enorme gravitación, prácticamente un monarca moderno. Ello hace aún más imperativo que la cabeza del país esté respaldada y represente realmente a la ciudadanía.
Me alegro de que se haya presentado esta reforma constitucional y felicito a sus autores, porque recoge un mecanismo muy importante de protección de la democracia.
También quiero destacar el otro aspecto que contiene, cual es el de hacer coincidir las elecciones.
En Chile tenemos una anacrónica y complicada metodología y normativa sobre elecciones populares. Votar se está transformando más en una obligación que en un derecho. Participar como vocales ya no es una tarea agradable, sino una carga; no es un mérito, sino una obligación que se está haciendo desagradable.
Para que esta carga no se haga efectiva cada 18 meses, debemos aprobar esta reforma que amplía el ciclo a cuatro años y trabajar para que haya una participación ciudadana entusiasta en las elecciones, para lo cual debemos simplificar y modernizar los actos eleccionarios; hacerlos más fáciles, más libres, más sencillos y más rápidos, y quitarles toda esta parafernalia actual que, repito, está provocando en la ciudadanía el sentimiento de que votar es una carga y no un derecho, el cual se debería cumplir con entusiasmo, porque se está eligiendo a quienes regirán los destinos de toda la sociedad, nada menos y nada más.
Debemos avanzar en este punto para que las elecciones retomen el carácter que tienen en toda sociedad que desea vivir democráticamente.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en la reforma de 1993, que culminó a principios de 1994, en el Congreso Pleno, fui el único parlamentario que se manifestó en contra de reducir el período presidencial a seis años. En aquella ocasión expresé los inconvenientes que se generarían. Dije claramente que era importante hacer coincidir las elecciones parlamentarias con la presidencial y señalé, me parece que hasta el año 2005, las votaciones que se debían realizar.
En consecuencia, ya en aquel tiempo anunciaba, sin ninguna duda, que acuerdos instrumentales como aquél, finalmente iban a terminar en el descrédito, y es lo que hoy estoy viendo.
¿Cuál fue la versión de la Democracia Cristiana en aquella época? Dicha colectividad, a través de uno de sus diputados, el señor Cornejo , quien intervino en la sesión del 15 de diciembre de 1993, dijo lo siguiente: “Soy de los que creen que el introducir como plazo presidencial los seis años, eliminando la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la presidencial, desde un punto de vista institucional, es crear condiciones similares a las existentes al año 1973, en que puede darse el caso de tener Presidente por seis años con minoría en el Parlamento al no existir la simultaneidad, o que parte de su período, a lo menos los dos últimos años, pudiera eventualmente no tener mayoría en el Parlamento. Al eliminar la simultaneidad, de una u otra forma, vamos establecer un incentivo para que se afecte de manera muy importante la estabilidad de las coaliciones de gobierno o de oposición.”
Opiniones parecidas señalaron otros parlamentarios. En aquel minuto tuve posiciones discrepantes, incluso con mi partido, porque también votó a favor de una reforma que, a todas luces, parecía perniciosa.
Sin embargo, hoy, al parecer, con una conducta bastante impropia de una Cámara que tiene la responsabilidad política de conducir y de dirigir la institucionalidad del país, nuevamente nos vemos enfrentados a otras propuestas de cambio, las que, sin mayor profundización en los estudios y en forma muy ligera, se están planteando y aceptando, con una Sala prácticamente vacía, con señores parlamentarios que no prestan atención y, en consecuencia, no hacen sino depositar la confianza en algunas personas respecto de un tema tan relevante como éste.
Al respecto, siento una profunda decepción, básicamente porque estamos en presencia de una reforma de enorme importancia para el desarrollo institucional del país, y en este sentido, nadie ha argumentado ni entregado visiones acerca de que el desarrollo debe ser planificado por períodos de largo plazo.
Aquí nadie ha dicho que una elección por cuatro años, con o sin reelección del Presidente de la República, va a significar un ejercicio de gobierno de dos años, ya que al cabo de los cuales vamos a encontrar a un Ejecutivo, si hay reelección, destinado exclusivamente a autoelegirse nuevamente; y si no se permite la reelección, intentando otorgar sus preferencias, como ocurrió en el siglo pasado durante los decenios, a quien le interese que se mantenga en el poder.
Por esta razón, creo indispensable señalar que fijar objetivos de desarrollo a largo plazo que deben materializarse es la conducta necesaria de un gobierno. El desarrollo es un imperativo de los gobiernos.
Mi impresión es que esta materia no se va a conseguir.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Ferrada .
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Puede usar de la interrupción el Diputado señor Ferrada .
El señor FERRADA.-
Señor Presidente, sólo deseo hacer una aclaración histórica y advertir con este testimonio que sí estamos siguiendo muy atentamente el debate que nos propone el Diputado señor Ulloa .
Durante el siglo pasado y hasta 1920, todos los gobiernos duraron cinco años. Los cuatro primeros decenios, de Prieto, Bulnes , Montt y Pérez , corresponden a mandatos presidenciales por cinco años, que luego fueron renovados por otros cinco. Después, hasta 1920, los sucesores presidenciales sólo fueron elegidos por cinco años.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
El Diputado señor Ulloa recupera el uso de la palabra.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, con su intervención queda muy claro que el Diputado señor Ferrada no estaba atento, porque dije exactamente lo que él señaló.
Quiero mantener mi postura, en el sentido de señalar que esta discusión es absolutamente anormal, desde el punto de vista de su significado, y, por esta razón, estimo imprescindible que no se tome a la ligera la decisión que se debe adoptar al respecto; que se tenga claro que lo que se está persiguiendo ahora es exactamente lo contrario de lo que se señaló en 1993 y que, incluso, el actual Presidente de nuestra Cámara lo expresó en uno de sus discursos exactamente al revés.
Creo firmemente que es un imperativo para nuestro país establecer la simultaneidad; sin embargo, ella debe ser acorde con todo el resto de la institucionalidad vigente en la Carta Fundamental de 1980.
Por esa razón, quiero insistir en lo provechoso, en lo significativo que sería fijar en ocho años el período presidencial, porque permitiría desarrollar proyectos y objetivos de largo plazo, y, en segundo lugar, porque, sin ninguna duda, se evitarían los desaciertos y los desatinos que han sido bastante frecuentes en nuestra conducta política, sobre todo cuando se trata de la intervención del Poder Ejecutivo en materias tan delicadas como es el sistema de elecciones.
Votaré por el rechazo de esta iniciativa, pero quiero dejar sentado que mantengo mi opinión, como lo he hecho siempre, de que es prudente para un país como el nuestro, un mandato presidencial de ocho años, porque permite salvar todos los inconvenientes que se manifestaron aquí hoy día, así como los expuestos en la otra reforma constitucional por los mismos que hoy cambian sus dichos de ayer.
En consecuencia, solicito se estudie el tema, no pensando en intereses de corto plazo, no pensando si estamos trabajando para determinado candidato y después para reelegir a otro, sino que considerando el bienestar de Chile.
Por esas razones, votaré que no, manteniendo mi línea argumental desde 1993, y pido a todos mis colegas que, por favor, no borren con el codo lo que escribieron ayer.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín .
El señor BALBONTÍN.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque la argumentación dada en la Sala es suficientemente contundente. Sólo quiero agregar que me parece muy importante tomar en consideración los antecedentes estadísticos, matemáticos para hacer coincidir elecciones, por lo que anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
Además de eso, es importante considerar en esta votación el problema del agotamiento que existe entre la sociedad y la política. Desde ese punto de vista, la superabundancia de elecciones es un factor que, muchas veces, agrava en demasía la sensibilidad popular, y, por lo tanto, produce un determinado cansancio.
Asimismo, la separación entre la política y la sociedad se produce por los debates habidos, y por los que se avecinan, todos, a mi juicio, trascendentales.
Por eso, es muy importante que el 2001 haya posibilidades de definir, con claridad, la estructura de poder del país, de modo que, haciendo coincidir las elecciones parlamentarias con las presidenciales, se pueda también dar solución a los problemas que sobre estructura del régimen institucional venimos arrastrando, es decir, terminar con las rémoras del pasado. Precisamente, por las razones que expuso el Diputado señor Ulloa , estoy absolutamente en contra de su posición.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, concuerdo en general con el proyecto de reforma constitucional presentado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; pero, al mismo tiempo, quiero plantear que no estimamos inconsecuente debatir nuevamente un tema discutido hace tres años. Por el contrario, creo que ello es una demostración de racionalidad, de honestidad intelectual y de búsqueda del perfeccionamiento ante una realidad vivida por todos nuestros compatriotas en los últimos años, y que no podemos eludirla. Ella aconseja aceptar lo propuesto en el proyecto de reforma constitucional: la no simultaneidad de las elecciones municipales con las parlamentarias y presidenciales y la forma de enfrentar una eventual vacancia del cargo de Presidente de la República.
Deseo respaldar lo planteado aquí por algunos oradores, en el sentido de promover la posibilidad de reelección del Jefe de Estado. Quienes sostienen lo contrario olvidan lo que se vivió en Chile en 1965, cuando, debido a una tremenda presión del gobernante de turno, aun cuando no participó en forma directa en la contienda electoral, se logró tal mayoría en el Congreso que éste se transformó en una simple caja de resonancia del Ejecutivo.
Por lo tanto, pensar que la reelección es un riesgo no parece sustentable y hemos adherido a la indicación del Diputado señor Errázuriz que plantea dicha reelección con la eliminación del vocablo “no” en el inciso segundo del artículo 25 de la Carta Fundamental.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Renán Fuentealba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, comparto el criterio o las opiniones vertidas por mis colegas durante la discusión del proyecto, y destaco que ameritaba que la Corporación dedicara, al menos, dos sesiones ordinarias a su discusión y análisis.
Al mismo tiempo, quiero sostener que la Constitución Política es el fiel reflejo de una sociedad, de su dinámica y desarrollo, y que no deberíamos tener reticencias o sentir temor alguno de que pueda ser cambiada y adecuada a los tiempos que se viven. Sin embargo, parece que cada vez que se habla de reformas constitucionales, en algunos se produce cierto temor.
La Constitución no es un documento estático, inflexible e intocable; por el contrario, es susceptible de toda reforma que permita el desenvolvimiento y desarrollo político, social y económico de una sociedad determinada.
Quiero destacar que esta moción que también hemos suscrito soluciona un problema largamente discutido, que dice relación con la vacancia del cargo de Presidente de la República, y no creo equivocarme al señalar que la forma como se soluciona dicho problema es quizá el acierto más meritorio de ella.
Por último, quiero señalar que ojalá los propios legisladores podamos presentar más iniciativas tendientes a reformar la Constitución y a perfeccionar sus disposiciones. En especial, echo de menos reformas relacionadas con el retorno de ciertas facultades del Congreso Nacional que, a mi juicio, le fueron usurpadas en la Constitución del 80, sin que ello signifique reeditar la Constitución de 1925.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto de reforma constitucional.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Aprobado en general.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña , Aguiló , Allamand , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Aylwin (doña Mariana) , Balbontín , Bayo , Caminondo , Ceroni , Cornejo , De la Maza , Dupré , Elgueta , Encina , Errázuriz , Escalona , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Huenchumilla , Hurtado, Jara, Jürgensen , Karelovic , Kuschel , Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Luksic , Makluf , Martínez ( don Gutenberg) , Montes, Morales , Munizaga , Naranjo , Ojeda , Ortiz , Pérez (don Aníbal) , Pizarro , Pollarolo ( doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokuriça , Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera , Rocha , Rodríguez , Salas, Seguel , Silva, Solís , Soria , Sota , Taladriz , Tohá , Urrutia (don Salvador) , Valenzuela , Vargas , Vega , Vilches , Villouta , Walker , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano .
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Alvarado , Coloma , Correa, Leay , Masferrer , Matthei ( doña Evelyn) , Melero , Orpis , Pérez (don Víctor) y Ulloa .
Se abstuvo el Diputado señor Álvarez-Salamanca .
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a Comisión.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo único
1.Del Diputado señor Orpis, don Jaime , para reemplazar el artículo único por el siguiente:
“La elección de diputados coincidirá con las elecciones municipales a partir del año 2001.
Para tal efecto, el actual período de alcaldes y concejales se extenderá hasta dicha fecha.”.
Letra a)
2. Del Diputado señor Palma, don Andrés
, para reemplazar su punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar a continuación la frase que se indica:“y suprímese la expresión “no”.”.
3.De los Diputados señores Cardemil, don Alberto , Errázuriz, don Maximiano , y Bayo, don Francisco , en el mismo sentido de la indicación anterior, en orden a eliminar del inciso 2º, del artículo 25 de la Carta Fundamental, el vocablo “no”.
Letra b)
Inciso segundo
4. Del Diputado señor Palma, don Andrés
, para suprimir la frase “pero menos de dos años”.
Inciso Final
5.Del Diputado señor Palma, don Andrés , para eliminarlo.
Letra c)
6. Del Diputado Palma, don Andrés
, en la disposición trigesimasexta transitoria, que se agrega, para sustituir la expresión “así como el que corresponda elegir a continuación” por “así como el que asuma el cargo el 11 de marzo del 2000”.
7.Del Diputado señor Palma, don Andrés , para reemplazar la disposición trigesimoséptima transitoria, que se agrega, por la siguiente:
“Trigesimaséptima
El período del Presidente de la República que se elija el año 1999 y el de los senadores que se elijan en 1997, como el de los diputados que se elijan en el año 2001, terminará el 21 de mayo del año 2006.
El período de los concejales y alcaldes que se elijan en octubre del año 2000 terminará el 21 de mayo del año 2004.
Las elecciones se realizarán siempre el domingo siguiente al primer lunes de marzo del año que corresponda.”.
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