REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 333ª, ORDINARIA Sesión 29ª, en martes 27 de agosto de 1996 (Ordinaria, de 11.10 a 14.14 horas) Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime; Huenchumilla Jaramillo, don Francisco, y Chadwick Piñera, don Andrés. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ACUERDOS DE LOS COMITÉS VI.-FÁCIL DESPACHO VII.-ORDEN DEL DÍA VIII.-INCIDENTES IX.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I. Asistencia9 II. Apertura de la sesión11 III. Actas11 IV. Cuenta11 V. Acuerdos de los Comités.11 VI.Fácil Despacho Ratificación de convenios adoptados en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Primer trámite constitucional11 VII.Orden del Día. Sistema satelital para naves pesqueras. Segundo trámite constitucional19 VIII.Incidentes. Mantención e instalación de retenes de Carabineros en localidades de la Décima Región. Oficios34 Pago de beneficios previsionales a ex funcionarios de Carabineros. Oficios34 Alcance a declaraciones formuladas por Embajador en Colombia. Oficio35 Información sobre asignación de viviendas en Purranque. Oficios36 Estado de avance de obras y proyectos en Décima Región. Oficios37 Antecedentes de muerte del General Bonilla. Aplicación del artículo 48, inciso primero, de la Constitución. Oficio37 Desconocimiento de calidad de funcionario público del ciudadano español Carmelo Soria en fallo judicial. Oficio39 Asignación adeudada a profesores municipalizados. Oficios.39 Estudios para construcción de puente sobre el río Perquilauquén. Oficio41 Reiteración de oficios a Ministerio de Economía respecto de sobreexplotación de recurso pesquero. Oficio41 Transferencia de terrenos de Laguna Carén a Corporación de ayuda a personas discapacitadas. Oficio42 Desconocimiento de aportes previsionales e información sobre aplicación de ley sobre morosidad previsional. Oficio43 Agresión a fiscalizador del Ministerio del Trabajo. Oficios44 Enajenación del ex mercado municipal de Concepción. Oficios46 Rechazo a expresiones del Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos47 Pág. IX.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que moderniza el sector portuario estatal (boletín N° 168809).49 2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de "suma", para el despacho del proyecto que moderniza el sector portuario estatal (boletín N° 168809).49 3.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, con "suma urgencia", que modifica las leyes N°s 19.410 y 19.430, con el objeto de que las instituciones subvencionadas puedan financiar su Programa de Adecuación Docente (boletín N° 187504).49 4.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, con "suma urgencia", que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas (boletín N° 137405).50 Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaídos en los siguientes proyectos: 5.Aprobación de los Cuarto y Quinto Protocolos Adicionales a la Constitución de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (boletín N° 134110)(S)71 6.Acuerdo de Cooperación cultural, científica y educativa entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Turquía (boletín N° 158410)(S)84 7.Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Portuguesa sobre la promoción y protección recíproca de inversiones y su protocolo, suscritos en Lisboa, Portugal, el 28 de abril de 1995 (boletín N° 167510).89 8.Acuerdo básico de cooperación internacional entre los Gobiernos de la República de Chile y de Flandes, suscrito en Santiago el 2 de octubre de 1995 (boletín N° 174910).97 9.Acuerdo celebrado entre el Gobierno de la República de Chile y el Reino de los Países Bajos, por intercambio de notas efectuado en La Haya, el 26 de octubre de 1995, por el cual se autoriza a los miembros de familia dependientes de un funcionario diplomático, consular de carrera o del personal administrativo, técnico y de servicio de las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en ambos países para realizar actividades remuneradas en el estado receptor (boletín N° 177610).102 10.Acuerdo que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Argentina, suscritos en Buenos Aires, el 26 de abril de 1996 (boletín N° 188210).107 11.Acuerdo que aprueba las actas del XXI Congreso de la Unión Postal Universal, celebrado en Seúl, República de Corea, entre el 22 de agosto y el 14 de septiembre de 1994 (boletín N° 188410).110 12.Acuerdo aprobatorio de la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado (boletín N° 185710). 114 Pág. 13.Acuerdo aprobatorio del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre las Repúblicas de Chile y de Nicaragua (boletín N° 126910)(S).126 14.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en los siguientes acuerdos:143 Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de Paraguay para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Asunción, el 7 de agosto de 1995 (boletín N° 175010). Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Oriental del Uruguay para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Santiago, el 26 de octubre de 1995 (boletín N° 179710). Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Filipinas sobre la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Manila, el 20 de octubre de 1995 (boletín N° 180810). Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Polonia para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Varsovia, el 5 de julio y 28 de noviembre de 1995, respectivamente (boletín N° 181010). Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y Ucrania sobre promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Santiago, el 30 de octubre de 1995 (boletín N° 181110). 15.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el Convenio entre los Gobiernos de Chile y del Ecuador y la Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de actividades técnicas y científicas en salud, suscrito en Santiago el 28 de mayo de 1993 (boletín N° 138210)(S).154 16.Informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el Convenio entre los Gobiernos de Chile y del Ecuador y la Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de actividades técnicas y científicas en salud, suscrito en Santiago el 28 de mayo de 1993 (boletín N° 138210)(S).163 17.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el Convenio por el cual se establece la Constitución del Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros en América Latina y El Caribe, adoptado en San José, Costa Rica, el 18 de febrero de 1994 (boletín N° 163310).164 18.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el Convenio por el cual se establece la Constitución del Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros en América Latina y El Caribe, adoptado en San José, Costa Rica, el 18 de febrero de 1994 (boletín N° 163310).215 Pág. 19.Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto que limita la ejecución de trabajos por empresas contratistas en las faenas que indica (boletín N° 98131).216 20.Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.296, sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado (boletín N° 1843131).222 X.Otros Documentos de la Cuenta. 1.Comunicación: De los Diputados señores Martínez (don Gutenberg) y Ribera quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informan que se ausentarán del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 16 y 22 de agosto en curso, respectivamente. Del Diputado señor Montes quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 26 del agosto en curso. 2.Oficios: Contraloría General de la República. Del Diputado señor Prokuriça, encasillamiento del funcionario de la Municipalidad de Lo Espejo don David López Sepúlveda. De los Diputados señores Pérez (don Víctor) y Ulloa, inversión sectorial de asignación regional. De los Diputados señores Bayo, García-Huidobro, Vilches, Ferrada, Pérez (don Víctor), Soria y Bartolucci, adquisición de terrenos y dominios de agua con cargo al Fondo artículo 20 ley N° 19.253. Del Diputado señor Rodríguez, aplicación del Estatuto de los Profesionales de la Educación a los profesores reincorporados al sistema luego de haberse acogido a jubilación. Del Diputado señor Correa, licitación pública del proyecto de diseño e infraestructura técnica del Hospital de Cauquenes. Del Diputado señor Ávila, antecedentes relacionados con sumarios donde se propuso medidas de carácter expulsivo. Del Diputado señor Jürgensen, pago de patentes municipales de agricultores. Del Diputado señor Bombal, naturaleza jurídica de la Empresa Nacional del Carbón. Ministerio del Interior. De los Diputados señores Palma (don Joaquín), Elizalde, Villegas y Villouta, mecanismos de desarrollo para personas que habitan las zonas de secano, particularmente en la Tercera y Cuarta Regiones. Del Diputado señor Kuschel, proyecto de electrificación rural de lugares de las comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt. Del Diputado señor Pérez (don Ramón), reparación de multicancha ubicada en la localidad de Huaviña, comuna de Huara; traslado de 22 familias de un total de 61 de la Población Moisés González, comuna de Iquique. Del Diputado señor Hurtado, disposiciones contenidas en la ley N° 19.234, de exonerados políticos. Del Diputado señor Jürgensen, pasarela sobre el Río Blanco, comuna de Purranque, y construcción camino que une las localidades de El Poncho y Las Gaviotas, comuna Puerto Octay. De los Diputados señores Bayo, Letelier (don Juan Pablo), Galilea y Kuschel, instrucciones sobre actuaciones funcionarias en el marco del próximo proceso electoral municipal. Ministerio de Relaciones Exteriores. Diputada señora Allende y Diputados señores Arancibia, Encina, Longton, Munizaga, Palma (don Joaquín), Pizarro, Prokuriça y Vilches, tratamiento de países de la Unión Europea a bebidas alcohólicas en materia de aranceles. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Del Diputado señor Jara, problemas agricultores Región del Biobío. Del Diputado señor Navarro, suministro de energía eléctrica a la Población 18 de Septiembre de la comuna de Hualqui. Del Diputado señor Villegas, aportes de empresas extranjeras que beneficien a regiones donde se localizan inversiones extranjeras de carácter minero. Del Diputado señor Jürgensen, situación expendedora de combustibles, Décima Región; fiscalización a que están afectas las cooperativas de vivienda. Ministerio de Educación. Del Diputado señor Martínez (don Rosauro), reposición Escuela F408 de la localidad de El Carmen, Octava Región. Ministerio de Justicia. Del Diputado señor Pérez (don Ramón), Hogar del Niño, comuna de Iquique. Del Diputado señor Melero, terreno de Colina. Del Diputado señor Kuschel, fechas atención Registro Civil. Ministerio de Defensa Nacional. De los Diputados señores Kuschel, Jürgensen, Navarro, Elgueta y Caminondo, mecanismos de control y fiscalización de sectores que se dedican a la pesca artesanal. Ministerio de Obras Públicas. Cuadro resumen de oficios MOP emitidos en el mes de julio a Parlamentarios y autoridades en general. Ministerio de Agricultura. De los Diputados señores García (don José), Masferrer y Munizaga, medidas adoptadas como consecuencia de la sequía que afectó a las Regiones Octava, Novena y Décima. Del Diputado señor Tohá, ayuda a agricultores de Chillinhue, Octava Región. Del Diputado señor Jürgensen, nómina de consultores inscritos en Indap, Décima Región. De los Diputados señores Jürgensen y Álvarez-Salamanca, bonificación para empastadas en la Décima Región. De la Corporación, programas contra la sequía. Ministerio de Bienes Nacionales. Del Diputado señor Ascencio, saneamiento de títulos de dominio en Palena, Décima Región. Del Diputado señor Solís, desafectación Parque Nacional Isla Magdalena en la Región de Aisén. Del Diputado señor Caminondo, informes relativos al predio Culán. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Del Diputado señor Pérez (don Ramón), situación que afecta a jubilados de la ex Capremer de Iquique. Pág. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores Diputados: (101) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Allamand Zavala, Andrés --Arancibia Calderón, Armando --Ávila Contreras, Nelson --Aylwin Azócar, Andrés --Balbontín Arteaga, Ignacio --Bartolucci Johnston, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés --De la Maza Maillet, Iván --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Ángel --Ferrada Valenzuela, Luis Valentín --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Rodríguez, José Luis --Gutiérrez Román, Homero --Hamuy Berr, Mario --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado RuizTagle, José María --Jürgensen Caesar, Harry --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Makluf Campos, José --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Matthei Fornet, Evelyn --Melero Abaroa, Patricio --Montes Cisternas, Carlos --Morales Morales, Sergio --Moreira Barros, Iván --Muñoz Aburto, Pedro --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pizarro Soto, Jorge --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokuriça Prokuriça, Baldo --Rebolledo Leyton, Romy --Reyes Alvarado, Víctor --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Solís Cabezas, Valentín --Soria Macchiavello, Jorge --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Ávila, Raúl --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos --Villegas González, Erick --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Wörner Tapia, Martita --Zambrano Opazo, Héctor Asistieron, además, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Jorge Arrate, y el Senador don Sergio Páez. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.10 horas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El acta de la sesión 25ª se declara aprobada. El acta de la sesión 26ª queda a disposición de los señores Diputados. IV. CUENTA El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor ESTÉVEZ (Presidente) El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del Diputado señor Estévez, adoptaron los siguientes acuerdos: 1.Considerar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana los siguientes proyectos: a)Modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto que modifica las leyes Nºs. 19.410 y 19.430, con el objeto de que las instituciones subvencionadas puedan financiar su programa de adecuación docente, y b)Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Argentina. 2.Destinar el tiempo correspondiente a los proyectos de acuerdo y a la hora de Incidentes de la sesión ordinaria del jueves 5 de septiembre, a considerar el informe de la Comisión especial encargada de investigar los problemas administrativos en la Empresa Nacional del Carbón S.A. VI. FÁCIL DESPACHO RATIFICACIÓN DE CONVENIOS ADOPTADOS EN LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativo a diversos Convenios Internacionales del Trabajo, adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, y del Trabajo, son los señores Fuentealba y Gajardo, respectivamente. Antecedentes: Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 1864-10, sesión 3ª, en 4 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 1. Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, y del Trabajo, sesión 23ª, en 6 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nos. 7 y 8, respectivamente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El Ministro del Trabajo, señor Jorge Arrate, presente en la Sala, solicita autorización para que ingrese a ella el Subsecretario, señor Guillermo Pérez. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo, quien informará por ambas Comisiones. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, el Supremo Gobierno ha enviado a ratificación parlamentaria cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo: El Convenio Nº 121, relativo a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, adoptado el 8 de julio de 1964; el Convenio Nº 131, relativo a la fijación de salarios mínimos, con especial referencia a los países en vías de desarrollo, adoptado el 22 de junio de 1970; el Convenio Nº 135, relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, adoptado el 23 de junio de 1971; el Convenio Nº 140, relativo a la licencia pagada de estudios, adoptado el 24 de junio de 1974, y el Convenio Nº 161, sobre los servicios de salud en el trabajo, adoptado el 26 de junio de 1985. En el Mensaje, Su Excelencia el Presidente de la República señala que la legislación nacional cumple a cabalidad con lo dispuesto en estos convenios, razón por la cual es altamente conveniente ratificarlos. Respecto del Convenio Nº 121, relativo a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, los términos de la ley Nº 16.744, su reglamento y el reglamento Nº 109, de 1968, sobre evaluación y calificación de las enfermedades profesionales, permiten concluir que la legislación chilena se ajusta al contenido de dicho instrumento internacional. A los accidentados y enfermos se les garantiza atención médica completa, subsidios por incapacidad laboral, sin el requisito de carencia, así como indemnizaciones globales, pensiones parciales, totales; incrementos por gran invalidez, pensiones en beneficio de los sobrevivientes y cuotas mortuorias, en su caso. Debemos recordar que el Congreso Nacional aprobó la ley Nº 19.345, mediante la cual se incorporó a los trabajadores del sector público al régimen de la ley Nº 16.744. Asimismo, cabe hacer presente que diversos decretos supremos y decretos con fuerza de ley han hecho lo propio con sectores de trabajadores independientes. Atendido lo anterior, se propone la ratificación de dicho instrumento internacional. El segundo convenio es el Nº 131, relativo a la fijación de salarios mínimos. El Nº 1 de su artículo 1º señala: “Todo Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación del sistema.” Su artículo 4º alude a un sistema para ajustar cada cierto tiempo los salarios mínimos. Desde hace varias décadas, la legislación chilena ha establecido sistemas generales de fijación de salarios mínimos. Además, la práctica de los últimos años demuestra que, para su fijación por ley, se ha consultado previamente a las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, lo que se ha convertido en una práctica nacional. En consecuencia, nuestras normativas y prácticas nacionales se amoldan a los aspectos medulares señalados en dicho convenio, como también a sus disposiciones particulares. El tercer convenio, el Nº 135, versa sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa. Esta materia está debidamente normada en nuestra legislación, específicamente en el Código del Trabajo, cuando se refiere a los fueros y permisos que se otorgan a los dirigentes sindicales y a los delegados sindicales y del personal. En efecto, sabemos que los directores sindicales gozan de fuero previamente, como simples candidatos, desde el momento en que se comunica al empleador la fecha de la elección, la que puede ser con una antelación no mayor de 15 días. Tal fuero se mantiene durante todo el período del mandato y hasta seis meses después de expirado. Dicho fuero también protege al delegado sindical del sindicato de trabajadores interempresa y de trabajadores eventuales o transitorios. Asimismo, durante dicho lapso el empleador no puede utilizar respecto de ellos el ius variandi, es decir, la posibilidad de cambiar el lugar de trabajo o la naturaleza de los servicios, contemplado en el artículo 12 de dicho Código. El artículo 302 del Código del Trabajo se refiere al delegado del personal que pueden elegir los trabajadores que optaren por no organizarse sindicalmente. Este delegado, que tiene la calidad de representante elegido y no de director sindical, también goza del fuero laboral a que se refiere el artículo 243 del citado Código. Además, los artículos 249, 250, 251 y 252 del Código del Trabajo regulan en forma detallada, dentro de un marco de racionalidad, los permisos que el empleador, obligatoriamente, debe conceder a los dirigentes sindicales para cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que deben adicionarse con el tiempo ocupado por citaciones de las autoridades públicas. También se regulan sistemas de permisos adicionales que pueden convenir las partes. El Convenio N° 140, relativo a la licencia pagada de estudios, señala en su artículo 2°: “Cada Miembro deberá formular y llevar a cabo una política para fomentar, según métodos apropiados a las condiciones y prácticas mencionadas, y de ser necesario por etapas, la concesión de licencia pagada de estudios con fines: a)de formación profesional a todos los niveles; b)de educación general, social o cívica; c)de educación sindical”. Las normas contenidas en el título VI del Libro I del Código del Trabajo, en sí mismo considerado y en relación con el Estatuto de Capacitación y Empleo, y la aplicación práctica que de éste ha efectuado el Sence, satisfacen los requerimientos de este instrumento, cuyo contenido es amplísimo, pero dúctil y flexible. Indica, además, que en lo relacionado con la educación sindical, dicho Código permite a los dirigentes sindicales obtener permisos adicionales con esa finalidad específica. Debemos agregar que este Congreso Nacional aprobó una ley que establece un fondo para la educación sindical. El Convenio N° 161, dice relación con los servicios de salud en el trabajo. El sistema chileno de seguridad social refleja los siguientes aspectos en virtud de los cuales se da plenamente cumplimiento a las normas de ese convenio. El artículo 10° de la ley N°18.469, señala: “Se incluyen entre las prestaciones de salud que proporciona el Régimen aquellas acciones de promoción, protección y otras relativas a las personas o al ambiente, que se determinen en los programas y planes que fije el Ministerio de Salud,...”. En segundo lugar, están las normas sobre prevención, contenidas en la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y su reglamento N°40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, relativas a la prevención, medicina del trabajo, rehabilitación, seguridad en el trabajo, etcétera; así como las contenidas en el decreto supremo N°745, de 1993, del Ministerio de Salud, sobre condiciones ambientales y la aplicación que de tales normativas ha creado el sector mutual. Estos convenios fueron aprobados por ambas Comisiones. Los convenios 121 y 161, que contienen normas que inciden en el derecho a la seguridad social, para su aprobación, deben contar con quórum calificado. Por estas razones y por aquellas contenidas en los informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Trabajo y Seguridad Social, se recomienda a la Sala la aprobación de los cinco convenios que el Gobierno ha enviado para ratificación parlamentaria. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, en general, la discusión y aprobación de este tipo de convenios suele ser bastante simple y sin ninguna alternativa especial. Sin embargo, no es el caso de estos cuatro convenios, y por lo tanto mi voto será negativo. En beneficio de la brevedad, para justificarlo me remitiré a las respuestas que dieron los representantes del Gobierno en la Comisión a algunas preguntas que les formulé. La primera fue qué cambio sustantivo en las leyes chilenas implicaría la aprobación de estos convenios. La respuesta fue bastante clara: ninguno. La segunda, si los mismos concedían a los trabajadores chilenos algún derecho que hoy no tengan. La respuesta fue igualmente clara: ninguno; por el contrario, prácticamente en todas las materias comprendidas en ellos la legislación chilena incluso está bastante más avanzada. Entonces consulté si dichos convenios tienen un carácter puramente declarativo o estético, sin efectos prácticos reales. La respuesta que se dio en la Comisión fue que su efecto práctico es el de establecer un piso –esa fue la expresión que se usó de carácter internacional en algunos ámbitos de las leyes laborales. Se dijo que eran una manera de impedir el “dumping social” ése fue el concepto que se usó que pueden efectuar algunos países, y por esa vía ser más competitivos que otros que no reconocen algunas leyes laborales. Un ejemplo de “dumping social” bastante gráfico, citado por el presidente de la Comisión, fue el registrado hace algunos años en Taiwán, donde se pagaban sueldos tan bajos que a los productos de países como Chile, les era imposible competir con los taiwaneses. Al establecerse un piso internacional por la vía de estos convenios, conductas como la de Taiwán, que le permitían ser tan competitivo, no tendrían lugar. Quiero precisar que al votar en contra de estos convenios no se perjudica en nada a los trabajadores chilenos es muy importante clarificarlo; no se les quita ningún derecho que tengan actualmente ni se les priva de ninguno nuevo que se les quiera conceder a ellos. Sin embargo, decir que en dichos convenios no se concede ningún derecho no es lo mismo que afirmar que ellos no tienen ningún efecto práctico relevante, puesto que en alguna medida se rigidizan las normas laborales mediante nuestra incorporación a este piso internacional. Hemos señalado en forma reiterada que no nos gustan las rigideces, menos aun cuando lo que se está rigidizando es una normativa laboral a la que repetidamente hemos objetado por ser demasiado rígida. Suena tautológico, pero se está haciendo más difícil cambiar algo que de por sí tiene el defecto de ser muy rígido. Reiteradamente la Oposición ha manifestado que la flexibilización de nuestras relaciones laborales es un paso necesario para avanzar, desarrollarnos y progresar económicamente, y la aprobación de estos convenios nos parece que es un paso en el sentido exactamente inverso. Así como no nos gustan las rigideces, tampoco nos agradan los pisos, menos aún los establecidos por estándares internacionales. Ahora bien, sin ánimo de crear una polémica, quiero decir que si Chile siempre hubiera estado condenado, fundamentalmente en el último par de décadas, a seguir las pautas de los organismos internacionales, a acatar a pie juntillas los pisos establecidos y los estándares, por ejemplo, de la OIT; habría permanecido hasta hoy en una situación de subdesarrollo bastante más grave y no estaría en el sitial económico que ocupa ni tendría perspectivas de progreso. Chile ha sido un buen ejemplo que ha permitido a los organismos internacionales corregir estos estándares, justamente porque no se ha visto atado a ellos, circunstancia que le ha permitido progresar. Esto puede sonar desagradable a la gente que tiene un particular aprecio por la OIT, pero es la verdad. Los pisos internacionales siempre son establecidos por países más desarrollados, por los que tienen ventajas, y el concepto de “dumping social” es una manera efectista de descalificar a los que tienen la oportunidad real no creada por ley de ser más competitivos. Hoy, los trabajadores de Taiwán país al que se acusa de haber practicado este “dumping social” porque pagaba sueldos muy bajos perciben remuneraciones muy superiores a las de los países que siguen los pisos internacionales. China, país que también se da como ejemplo de “dumping social”, obviamente no firmará estos convenios. Nos guste o no, tenemos que aceptar el hecho de que tarde o temprano deberemos competir con los productos de ese país. Entonces, en qué condiciones competiremos si permanentemente nos estamos atando, autorrestringiendo y autoimponiéndonos pisos que nos impiden ser más competitivos. Nuestra experiencia nos indica que, más que en estándares internacionales, debemos confiar en el buen criterio de los actores políticos nacionales. La Concertación, la Oposición, este Gobierno y el anterior han demostrado capacidad para legislar con responsabilidad y buen criterio en materias laborales y nos parece que por esta vía debemos continuar el desarrollo alcanzado por Chile en los últimos veinte años. También creemos que es útil preservar la mayor libertad posible para todos los chilenos, de manera que, actuando con la misma responsabilidad con que se ha hecho en estos años, definamos las leyes laborales más convenientes para el desarrollo del país. Por lo dicho, mi voto será contrario a la aprobación de estos convenios. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, después de escuchar con todo respeto y atención al Diputado señor Paya, podría concluirse en algo similar a lo que ocurre con los recién casados que llegan al hotel, cuando el novio le dice a la novia: “Por fin solos, mi amor”. Sin embargo, no creo que eso pueda aplicarse en materia de convenios internacionales. El proyecto del Ejecutivo somete a nuestra consideración diversos convenios internacionales aprobados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Chile adhirió a esa Organización el 9 de octubre de 1919, organización que tuvo la excepcional característica de haber nacido como organismo especializado de la vieja Sociedad de las Naciones, a la que, sin duda, por su trascendencia e importancia, sobrevivió, y al crearse, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, fue reconocida como organismo especializado del sistema. La organización fue creada en la parte XIII del Tratado de Versalles, en el convencimiento de que no puede haber paz sin justicia social. Las composiciones de sus organismos: la Conferencia Internacional organismo legislativo, el Consejo de Administración organismo de gestión y las restantes reparticiones especializadas, son siempre tripartitas. Es sobradamente conocida la gran influencia del derecho internacional del trabajo, emanado de los convenios y recomendaciones de la organización, en el desarrollo y evolución del derecho del trabajo de todos los países, incluido Chile. La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne anualmente en asamblea tripartita, con representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, y cumple, entre otras, una función asimilable a la legislativa, al aprobar, como lo ha hecho, convenios y recomendaciones. Desde 1919 hasta 1995, la Conferencia ha aprobado 174 convenios que versan sobre las más variadas cuestiones relacionadas con el derecho individual del trabajo, con el derecho colectivo del trabajo, con la seguridad social y con otros ámbitos de la vida social. Parte significativa de nuestra primera legislación social, aprobada el 8 de septiembre de 1924 mediante las leyes Nºs 4.053, 4.054, 4.055, 4.056, 4.057 y 4.059, estuvo influida por la normativa internacional de la OIT, la que se plasmó en forma más intensa con la aprobación del Código del Trabajo, en 1931. El 10 de agosto de 1925, Chile inicia el proceso de ratificación oficial de convenios, ratificando ocho de los ya aprobados. En 1931, ratificó cinco más. Este intenso proceso, que mostraba cómo nuestro ordenamiento se conformaba de acuerdo con el derecho internacional del trabajo, no siguió en las décadas siguientes con la misma intensidad. En la actualidad, Chile ha ratificado 48 convenios internacionales. En 1992, ratificó el Convenio Nº 144 publicado en el Diario Oficial del 7 de septiembre de dicho año sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo, adoptado por la Conferencia General de la OIT el 21 de junio de 1976. La ratificación de dicho convenio y la estructuración de la comisión tripartita, integrada por representantes del Ministerio del Trabajo, de la Confederación de la Producción y del Comercio y de la Central Unitaria de Trabajadores, sirvieron de base al Gobierno para enviar al Congreso Nacional, para su aprobación, los siguientes convenios: el Nº 42, sobre indemnización por enfermedades profesionales; el Nº 103, relativo a la protección de la maternidad; el Nº 115, sobre protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes; el Nº 136, referente a la protección contra los riesgos de intoxicación por benceno; el Nº 156, sobre igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares; el Nº 159, relativo a readaptación profesional y empleo de personas inválidas, y el Nº 162, sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad. Ahora, nos encontramos ante un segundo grupo de convenios internacionales del trabajo, que también fueron analizados por la comisión tripartita del convenio Nº 144. Así, se someten a la consideración de la Corporación los siguientes convenios: el Nº 121, relativo a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el Nº 131, sobre fijación de salarios mínimos, con especial referencia a los países en vías de desarrollo; el Nº 135, respecto de la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa; el Nº 140, en cuanto a la licencia pagada de estudios, y el Nº 161, sobre los servicios de salud en el trabajo. No es del caso entrar a analizar pormenorizadamente cada convenio, a efecto de hacer un examen comparativo con las diversas normas del ordenamiento jurídico chileno. Como se trata de instrumentos internacionales aprobados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, a la Cámara sólo le cabe su aprobación o rechazo. En todo caso, interesa destacar, aunque sea en forma somera, las razones que justifican la aprobación de estos convenios. El Convenio Nº 121 es seguido rigurosamente por la ley Nº 16.744, que establece el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la cual cumple con los diversos aspectos de la norma internacional: regímenes de prestaciones médicas, subsidios, indemnizaciones y pensiones. Por su parte, el Convenio Nº 161, sobre servicios de salud en el trabajo, representa el complemento del anterior en cuanto consulta las normas sobre prevención, higiene y seguridad en el trabajo, normativa que es seguida por la ley Nº 16.744 y su reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. El Convenio Nº 131, relativo a la fijación de salarios mínimos, es ratificado por Chile, cuya legislación actual no establece excepciones de pago del mínimo correspondiente. Cabe hacer notar que dicho convenio no fija montos mínimos de remuneraciones, sino que alude a que cada Estado debe fijarlo con plena independencia, acorde con su situación socioeconómica. Lo que se busca es que las partes no puedan pactar en el contrato de trabajo condiciones inferiores al monto del respectivo ingreso mínimo. El Convenio Nº 135, relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, se encuentra considerado en la legislación chilena en las normas sobre fuero que protege a los dirigentes sindicales y al delegado del personal y en las relativas a los permisos a que tienen derecho. El Convenio Nº 140, respecto de la licencia pagada de estudios, es un convenio programático, cuyo artículo 2º señala que cada Estado debe formular y llevar a cabo una política para fomentar la concesión de licencia pagada de estudios con fines de formación profesional a todos los niveles: educación general, social o cívica y sindical. En nuestros diversos medios existen variadas muestras de esfuerzos por formular y llevar a cabo tales políticas, entre la que cabe consignar el estatuto de capacitación y empleo y su aplicación práctica efectuada por el Sence. Quiero detenerme en este punto, porque es importante recordar que dentro de los doce proyectos que desde hace varios meses permanecen en el Senado, existe uno que debe ser aprobado a la brevedad, por lo cual le solicito gentilmente que apure un poco su tramitación. Se establece la obligación de capacitación ocupacional de los trabajadores de la empresa, con cargo a ella, regulada en el título VI del libro I del Código del Trabajo, y que los permisos a dirigentes sindicales, previstos en la letra b) del artículo 250 de dicho Código, de hasta una semana en el año calendario, deberán destinarse para su perfeccionamiento en su calidad de tales. Con esta aprobación, se da un paso importante en la evolución de nuestro derecho social, desde el punto de vista de su nivelación con el derecho internacional del trabajo. Luego, se destaca que sobre las materias que versan estos convenios todas ellas muy básicas y fundamentales, Chile estaría obligado, además, por un convenio internacional del trabajo, lo que es consustancial con el mejor reconocimiento de los derechos sociales que asisten a las grandes mayorías. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro del Trabajo, señor Jorge Arrate. El señor ARRATE (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, quiero fundamentar las razones por las cuales el Gobierno ha enviado a la ratificación del Congreso Nacional los convenios que ahora se discuten, continuando así una política que permitió el año pasado ratificar siete convenios de la Organización Internacional del Trabajo y, en los años anteriores, el Convenio 144 sobre consultas tripartitas, actualmente en pleno funcionamiento en nuestro país. Como se dijo en la Comisión y se ha señalado aquí, los convenios que hoy sometemos a ratificación no implican cambios en la actual legislación laboral, no están en contradicción con ella y no conceden derechos más allá de los que en la actualidad tienen los trabajadores chilenos. En todo caso, me parece sorprendente anunciar, como razón para votarlos en contra, que no proponen cambios. Tengo la impresión de que cuando no se promueven modificaciones se vota en contra porque no las hay, y cuando se sugieren cambios, se vota en contra porque los mismos no gustan. Como ha sido tradicional, los convenios se someten, en su proceso de ratificación, a la consideración de las Comisiones de Relaciones Exteriores de las respectivas cámaras. En este caso, la Comisión de Trabajo ha solicitado también tomar conocimiento de estos convenios; pero quiero poner énfasis en que el trámite normal de ratificación de un tratado de hecho lo es cada uno de estos convenios es someterlo al conocimiento de la instancia especializada de ambas cámaras, que dice relación con las relaciones exteriores del país. Si bien internamente puede parecer que estos convenios no agregan nada a los derechos que ya tienen los trabajadores, desde el punto de vista de la proyección internacional de Chile es valioso que el país cumpla con la obligación establecida en los estatutos de la OIT, de someter a ratificación los convenios de esta organización, porque está comprometido a hacerlo. En segundo lugar, para el país, es valioso aparecer, internacionalmente, ratificando y dando cumplimiento a instrumentos internacionales que muchos países de todos los continentes ya han ratificado. En la medida en que el mundo se ha hecho más pequeño por las comunicaciones, y en que vivimos un proceso de globalización e internacionalización, no significa neutralidad que un país demuestre mayor o menor adhesión a instrumentos aprobados por organismos internacionales de tan larga existencia como la Organización Internacional del Trabajo. Lo que buscamos con la ratificación de estos convenios no es modificar la legislación nacional, sino que Chile aparezca ante la comunidad internacional como un país que mantiene la tendencia, ya establecida, de ratificar convenios de gran aceptación en el mundo entero. Aprovecho esta ocasión para advertir a los señores Diputados sobre la importancia de algunos de los temas mencionados en el debate. No quiero que el Congreso no tenga plena conciencia del carácter del debate que se da hoy a nivel internacional, porque para decirlo con mucha franqueza creo que esta mañana se han expresado algunos argumentos absolutamente impresentables en cualquier foro internacional o país del mundo, como me atrevería a decir. La idea de que los convenios internacionales establecen pisos está en la esencia del derecho social y en todo tratado o convenio internacional que fija mínimos consensuales a que se comprometen los países. Objetar la filosofía de estos convenios es cuestionar la existencia de una organización internacional en materias laborales; pero iría más allá: es poner en duda toda legislación laboral a nivel nacional, porque lo que establece son normas uniformes y mínimas a las cuales deben dar cumplimiento todas las unidades productivas de un país. La flexibilidad no puede ni debe ser entendida, en ninguna parte del mundo, como la no existencia de normas mínimas. Además, no puedo dejar de señalar que argumentos de esta naturaleza representan un grave riesgo para la normal continuidad, desarrollo y proyección de nuestro comercio internacional y de nuestra integración al mundo económico internacional. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Nafta, contiene un acuerdo laboral complementario, que Chile, si desea ingresar a él, deberá ratificar. Ese acuerdo establece sanciones para los países del Nafta, a lo menos en tres materias referidas al cumplimiento de la propia legislación: trabajo infantil, salario mínimo y seguridad del trabajo. Si se llegara a firmar el acuerdo bilateral comercial que hoy se negocia con Canadá, deberá contener un acuerdo laboral complementario equivalente al del Nafta, aplicado a la realidad bilateral de Chile y Canadá. Quien lea los documentos y acuerdos de la Unión Europea; los análisis, estudios y proposiciones que surgen hoy de la OSD; las discusiones que se dan en la Organización Internacional del Trabajo y en la Organización Mundial de Comercio; el último discurso del Presidente de Francia, Jacques Chirac, en la reciente conferencia internacional del trabajo, en junio, encontrará la ineludible presencia de la cuestión de ciertos pisos mínimos, que deberán tener un carácter internacional para permitir efectivamente un libre comercio en condiciones de lealtad. No ignoro que, para algunos, tras esta idea a mi juicio, legítima existe un afán de carácter neoproteccionista, en cuanto a que estos conceptos puedan ser utilizados para impedir la libertad de comercio que favorece a los países de menor desarrollo. El fondo de la argumentación, su punto central, es que el progreso del libre comercio en el mundo, la creciente inserción económica de los países, el progresivo crecimiento de nuestras exportaciones y de nuestra presencia económica en el mundo, requerirá y eso es lo que quiero decir esta mañana una conciencia nacional, en el sentido de que debemos ir mejorando progresivamente en el cumplimiento de nuestras normas laborales y medioambientales. No es ésta la voluntad de un Ministro del Trabajo ni de un Gobierno, sino lo que indica el debate que ahora se da en el mundo, donde argumentos como los esgrimidos en la mañana simplemente no se escuchan en otros ámbitos. Estamos proponiendo la ratificación de convenios que no modifican nuestra legislación laboral, para que Chile aparezca ante la comunidad internacional como un país interesado en cumplir aquellos pisos muy básicos que la mayor parte de los países han aprobado como bases de su convivencia y de su progreso moral y económico. Ésa es la razón, y esperamos que sean votados favorablemente por la Honorable Cámara. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Solicito a los señores Comités acercarse a la Mesa. Se suspende la sesión por tres minutos. Transcurrido el tiempo de suspensión. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se reanuda la sesión. Ha terminado el tiempo de Fácil Despacho. Por lo tanto, la votación del proyecto se efectuará en la próxima sesión en que la Mesa lo coloque en Fácil Despacho. VII. ORDEN DEL DÍA SISTEMA SATELITAL PARA NAVES PESQUERAS. Segundo trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que establece la obligación de instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático, con apoyo satelital, en naves mayores. Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca es el señor Gutiérrez, y de la de Hacienda, la señora Rebolledo. Antecedentes: Proyecto del Senado, boletín Nº 1199-03 (S), sesión 70ª, en 7 de mayo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 9. Informes de las Comisiones de Agricultura, y de Hacienda, sesión 22ª, en 1 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 2 y 3, respectivamente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Solicito la autorización para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario de Pesca, señor Patricio Bernal. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, vuestra Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca pasa a informar acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, remitido por el Honorable Senado, originado en una moción de los Senadores señores Bitar, Horvath, Lagos, Mc Intyre y Ruiz de Giorgio, que establece la obligación de instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital, en naves mayores. Para el despacho de esta iniciativa legal, el Presidente de la República hizo presente la urgencia, calificándola de “suma” en todos sus trámites constitucionales. Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Patricio Bernal Ponce, Subsecretario de Pesca, y de los asesores de esa Subsecretaría, doña Edith Saa y don Aldo Valle. Asimismo, concurrieron a la Comisión, en representación de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, el Vicealmirante señor Ariel Rosas Mascaró, y por el Servicio Nacional de Pesca, don Alejandro Covarrubias, Jefe del Departamento de Fiscalización e Inspección Pesquera. Se escuchó también la opinión de representantes de la Sociedad Nacional de Pesca Sonapesca, de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de Alta Mar Anapesca, y de dirigentes sindicales de la Corporación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach. La idea matriz de esta iniciativa es introducir modificaciones en la Ley General de Pesca y Acuicultura para establecer la obligación de instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital en determinadas naves pesqueras. Los fundamentos que los Senadores consideraron como relevantes para la proposición de esta iniciativa fueron los siguientes: 1.El desarrollo tecnológico y de comunicaciones permite contar con instrumentos que registran el posicionamiento geográfico en espacio y tiempo, y resultan de costo bajo respecto a la inversión que significan las naves mayores. 2.La necesidad y conveniencia de contar con información fidedigna que refleje la trayectoria de las naves para facilitar el control y fiscalización de sus actividades. 3.Este control se hace necesario y muchas veces imprescindible para fijar las áreas de pesca o exploración y para determinar las trayectorias de naves o de las posibles causas de accidentes, o de derrames de hidrocarburos y de elementos peligrosos y contaminantes, y 4.La necesidad de armonizar el control y la reserva de actividades privadas de carácter económico o de investigación. El proyecto remitido por el Senado consta de cuatro artículos permanentes y uno transitorio, mediante los cuales se formalizan las modificaciones de la Ley General de Pesca. Por el artículo 1º se agregan los artículos 64 A, 64 B, 64 C y 64 D, cuyo contenido es el siguiente: El artículo 64 A dispone que habrá un sistema de posicionamiento automático en naves pesqueras y de investigación pesquera en el mar que se regirá por las normas de la presente ley. El artículo 64 B señala las naves que estarán afectas a esta obligación, su área de acción y sus características. En principio, estarán exceptuadas de esta obligación las naves que operan exclusivamente sobre recursos pelágicos. El artículo 64 C establece la administración del sistema por parte de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con recepción simultánea por el Servicio Nacional de Pesca, encomendando al reglamento la forma y modalidades de operación del sistema. Al respecto, la Subsecretaría de Pesca podrá requerir la información procesada para fines de administración y manejo de recursos hidrobiológicos. El artículo 64 D se refiere a la información, que debe ser reservada, y a las penas y sanciones en caso de su sustracción, destrucción o divulgación. El artículo 2º que modifica el artículo 110 de la Ley General de Pesca y Acuicultura se refiere a las sanciones, en el caso de alterar algunas de las disposiciones establecidas en la ley, como por ejemplo operar una nave sin mantener en funcionamiento el sistema de posicionamiento automático en el mar. El artículo 3º se refiere a las sanciones que se aplicarán a los responsables de información falsa acerca de la posición de la nave en situaciones previstas en los artículos 64 B y 64 D. El artículo 4º agrega un nuevo motivo de caducidad de contrato, que consiste en reincidir en la entrega de información falsa acerca de la posición de las naves. Finalmente, el artículo transitorio determina que la ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial. La Comisión determinó, por unanimidad, que no hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado. En relación con las opiniones escuchadas por la Comisión, el señor Patricio Bernal Ponce, Subsecretario de Pesca, expuso que el proyecto se orienta a disponer la instalación de un instrumento de posicionamiento automático en el mar en las naves mayores que operan en las pesquerías nacionales y que durante su larga discusión y tramitación en el Senado hubo algunas dudas acerca de su constitucionalidad. Al respecto, existe un importante informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que es conveniente tener a la vista durante el estudio de la iniciativa. La Subsecretaría prestó su apoyo al trabajo de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, con el fin de aunar criterios y de perfeccionar, desde el punto de vista técnico, el ámbito de su aplicación. Respecto de los principales objetivos del uso del posicionamiento en el mar, se estima que el posicionador satelital a bordo de las naves es el único medio idóneo y eficaz para la fiscalización de la actividad pesquera y presenta las siguientes ventajas: Verificar que las naves desarrollen sus actividades en las áreas autorizadas; Verificar el respeto de la flota industrial a las áreas de reserva de la pesca artesanal. Esto ha sido materia de preocupación pública. En las primeras cinco millas del territorio marítimo existe un área de privilegio para la actividad extractiva artesanal, llamada “área de reserva de la pesca artesanal”. Fiscalizar su cumplimiento presenta una dificultad operativa mayor a los organismos fiscalizadores; Verificar que el origen de las capturas de las especies sujetas a cuotas globales anuales de captura corresponda a las áreas en que fueron establecidas; Verificar el respeto a las vedas de reclutamiento o reproductivas, indispensables para el cumplimiento de los objetivos de conservación; Impedir que se proporcione información falsa respecto de las áreas en que efectivamente operan las naves pesqueras, y Garantizar el cumplimiento, por parte de naves pesqueras de pabellón nacional, de los tratados internacionales ratificados por Chile. El señor Subsecretario destacó, además, que el proyecto, tal como fue despachado en el Senado, restringe la aplicación del sistema a un conjunto bastante pequeño de naves pesqueras en el país: 12 de un total de 600 a 700. El trabajo del Senado dio como resultado un proyecto de alto consenso en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, que implicaba la instalación en el corto plazo del instrumento en un total de 110 naves. En un plazo de dos años se extendía su instalación en todo el sector industrial, compuesto por aproximadamente 520 naves. Este plazo se consideró importante para permitir una adaptación progresiva. Cuando se presentó en la Sala del Senado, en la segunda votación en la primera no obtuvo resultados, fue aprobada una indicación del Senador Diez, que restringió el ámbito de aplicación del sistema a un número muy pequeño de naves. El señor Subsecretario dijo que recuperar el total o una parte de la eficacia del proyecto sería un objetivo de la más alta relevancia. El Vicealmirante Ariel Rosas Mascaró, Director Nacional del Territorio Marítimo y Marina Mercante, expresó que la reglamentación nacional, a través de un decreto supremo, de 7 de agosto de 1987, considera la obligación de todas las naves chilenas, mercantes y pesqueras, de dar a conocer su posición geográfica dos veces al día a las 8.00 y a las 20.00 horas, según un reglamento general de radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo. El sistema chileno de notificación de la situación de los buques, operado por la Dirección del Territorio Marítimo, insta a las naves extranjeras a dar su posición en estos mismos horarios, para los efectos de mantener actualizado el panorama de superficie del Servicio de Búsqueda y Rescate Marítimo. La Dirección a su cargo es parte del sistema de fiscalización. La ley le impone la obligación de control, pero es un instrumento del Servicio Nacional de Pesca para contribuir a la fiscalización de las faenas que realizan los buques pesqueros en el mar. Sin embargo advierte, un reporte dos veces al día no permite conocer la posición de los buques con suficiente detalle. El señor Ariel Rosas agregó que se propone tener algún mecanismo de mayor control de las naves que actualmente operan en nuestro litoral o alejadas del mismo. Para ello, el proyecto establece mantener funcionando un dispositivo de posicionamiento y transmisión automática durante el desarrollo de sus actividades pesqueras. Además, en la Comisión se escuchó la opinión del señor Alejandro Covarrubias, Jefe del Departamento de Fiscalización e Inspección Pesquera del Servicio Nacional de Pesca, quien se explayó acerca del detalle del articulado del proyecto. Se escuchó también la opinión del presidente de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de Alta Mar, Anapesca, señor Oscar Bull, quien observó que esta moción, aprobada por el Senado, pretendiendo ser originalmente un avance en la aplicación de modernos medios tecnológicos para la conservación de los recursos pesqueros y prevenirlos de sobreexplotación, lamentablemente, a juicio de su asociación gremial, merece serios reparos, por cuanto desdibuja un objetivo superior. Planteó que el proyecto de ley, en su aplicabilidad práctica, está reducido a menos del 2 por ciento de la flota pesquera nacional. Beneficiaría principalmente a las flotas extranjeras que compiten con la nuestra en un mismo recurso, lo cual constituiría un criterio de innegable discriminación legal. El señor Bull abundó en información sobre el sistema que se implantaría, el cual es más bien negativo para las naves de carácter industrial que él representa. Postula que debería incorporarse este sistema en forma paulatina, por ejemplo, en los planes de manejo de pesquerías, cuyo inteligente diseño, con participación de los agentes del sector, permitiría un empleo voluntario y deseado por los pesqueros, como ha ocurrido en diferentes países donde exitosamente se ha aplicado el sistema de posicionamiento satelital, cuando se ha buscado un consenso. Un plazo transitorio de uso voluntario ayudaría dice a su más efectiva implantación. Se escuchó también la opinión del secretario de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, quien señaló que en el tema pesquero pareciera que existe un divorcio entre el legislador y las personas que mayoritariamente explotan dichos recursos. La coherencia y el sentido común apuntan a tomar medidas tales como controlar el esfuerzo, restringir el acceso y realizar una eficiente fiscalización de los organismos competentes. Lo contrario sería creer, inocentemente, que los recursos son infinitos e independientes del esfuerzo. Las medidas que se implementen deben ser acertivas y concretas. El representante de Conapach agrega que en lo relativo al sistema de posicionamiento satelital, éste es de suma importancia para el futuro de las pesquerías en Chile. La incapacidad y fiscalización de las operaciones de pesca de embarcaciones mayores es una realidad, hecho que queda demostrado en la velocidad de respuesta frente a infracciones diversas, como también en los naufragios o accidentes marítimos. La espera pasiva dice de un consenso general y real en torno a este tema es de largo aliento y los problemas de sobreexplotación, que merman nuestras pesquerías, son inmediatos. El Consejo Nacional de Pesca planteó la siguiente opinión: “Concurrir con su aprobación a la idea de legislar en relación con establecer la exigencia de que las naves pesqueras cuenten con un sistema de posicionamiento satelital; “Que se aplique un criterio de gradualidad en el tiempo en la puesta en marcha de dicho sistema por unidades de pesquería; “Que en el diseño global del sistema se considere la libertad de elección, por parte de los usuarios, entre las distintas tecnologías que, siendo compatibles y equivalentes, estén disponibles en el mercado; “Que la ley contemple normas estrictas para el manejo de la información y severas sanciones de carácter penal que aseguren el carácter confidencial de dicha información, y “Que, previa consulta al Consejo Nacional de Pesca, se establezca, por la vía reglamentaria, la forma, requisitos y condiciones de su implementación.” Después de escuchar las opiniones que he resumido, la Comisión de Agricultura acordó dar su aprobación unánime al proyecto. Se presentaron algunas indicaciones. Dos de ellas, de los Diputados que se señalan, fueron rechazadas, como se explicita en el informe. En la discusión en particular el artículo 64 A fue aprobado por unanimidad en la forma despachada por el Senado. El artículo 64 B se aprobó con indicaciones de los Diputados señores Felipe Letelier y Juan Pablo Letelier, para sustituir sus incisos primero, segundo, tecero y cuarto; de los Diputados señores José García, Álvarez-Salamanca, Felipe Letelier y Melero para agregar en el inciso tercero la siguiente oración: “No obstante, la decodificación de la información del sistema por parte de la estación fiscalizadora se hará siempre con un desfase de, a lo menos, seis horas.”; del Ejecutivo, para agregar el siguiente inciso final, nuevo: “La instalación y mantención del dispositivo de posicionamiento y transmisión automática, así como la transmisión de la señal al satélite, serán de cargo del armador. La transmisión desde el satélite a las estaciones de fiscalización será de cargo del Estado.” Los artículos 64 C y 64 D fueron aprobados en los mismos términos despachados por el Senado. En los artículos 2º, 3º, 4º y transitorio, se aprobó el texto del Senado. En consecuencia, presentamos a consideración de la Sala un proyecto que modifica la ley Nº 18.892, agregándole por el artículo 1º un artículo 64 A, que instituye la instalación de un sistema de posicionamiento automático de naves pesqueras y de investigación; un artículo 64 B, que señala a qué tipo de naves se aplica este sistema, el que con la modificación de los Diputados señores Felipe Letelier y Juan Pablo Letelier ha sufrido un cambio bastante importante ya que hace extensiva la aplicación del sistema satelital a la mayor cantidad de naves que operan sobre recursos en nuestro mar. También se agrega el desfase de la decodificación y los costos de la instalación y mantención del dispositivo de posicionamiento y transmisión automática; un artículo 64 C, que establece que la administración de este sistema estará a cargo de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y que el Servicio Nacional de Pesca será receptor simultáneo de la información que registre dicho sistema. También señala que un reglamento determinará la forma y modalidades de operar el sistema entre estos dos organismos. Agrega que ambas instituciones podrán suscribir protocolos adicionales en todo aquello que no esté señalado en el reglamento, y que la Subsecretaría de Pesca podrá requerir la información procesada que suministre el sistema para fines de administración y manejo de los recursos hidrobiológicos, y finalmente un artículo 64 D, que señala que la información que se obtenga mediante este sistema será reservada y que su destrucción, sustracción o mal uso será sancionada. El resto del articulado es el mismo que venía del Senado. Ese es el informe que se puede rendir sobre este proyecto. Por lo tanto, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca recomienda a la Sala su aprobación, por cuanto éste es un sistema moderno de fiscalización de las actividades de pesca en el mar. He dicho. El señor CHADWICK (Vicepresidente).- A continuación, corresponde rendir el informe de la Comisión de Hacienda. Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, el Diputado informante de la Comisión técnica ha entregado los principales elementos y contenidos de esta iniciativa y de los cambios que experimentó su texto durante su estudio en Comisiones. Como sabemos, el proyecto original fue objeto de importantes modificaciones en el Senado, y ha sido en la Cámara donde se ha repuesto su sentido inicial. Su finalidad es establecer un sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital en determinadas naves pesqueras, para contar con información fidedigna que refleje la trayectoria de las naves y facilitar el control y fiscalización de sus actividades. En la Comisión se sostuvo que el instrumento de control propuesto es imprescindible para garantizar la conservación de nuestros recursos pesqueros y conseguir la eficacia de la Ley de Pesca en estas materias. En la actualidad, operan alrededor de 750 naves inscritas en el Registro Pesquero Industrial, de las cuales 520 estarían obligadas al uso del dispositivo. Durante 1995, las exportaciones derivadas de las actividades pesqueras alcanzaron cifras superiores a los 800 millones de dólares. De ahí que resulte de extraordinaria relevancia manejar adecuadamente los recursos hidrobiológicos. La Comisión efectuó el análisis de costos de la iniciativa basada en la información proporcionada por la Subsecretaría de Pesca, cuya minuta se adjunta al presente informe, y concluyó que las alternativas de fiscalización mediante patrullaje marítimo y control aéreo significan montos superiores y espacios inferiores de cobertura, comparados con la aplicación de un sistema de posicionamiento automático en el mar, como el propuesto en el proyecto. La Comisión técnica dispuso que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del artículo 64 B), que se propone incorporar a la ley Nº 18.892, mediante el artículo 1º del proyecto. Este artículo establece que los armadores de naves mayores o menores no artesanales matriculados en Chile que desarrollen actividades pesqueras en aguas de jurisdicción nacional sobre recursos que indica, deberán instalar a bordo y mantener en funcionamiento un dispositivo de posicionamiento automático en el mar. Su inciso segundo dispone que igual obligación deberán cumplir los armadores de naves matriculadas en Chile que operen en aguas no jurisdiccionales; los que realicen pesca de investigación dentro o fuera de las aguas jurisdiccionales, y a los armadores de buques fábricas que operen en aguas jurisdiccionales o en la alta mar. Dicha obligación se extiende a los armadores que señala, de pabellón extranjero, autorizados a recalar en los puertos del país. Los incisos tercero y cuarto regulan la aplicación del sistema de posicionamiento geográfico automático. El inciso quinto señala la obligación de instalar un posicionador geográfico automático en naves pesqueras mayores, que el juez competente sancione como reincidente por actuar ilegalmente en un área reservada a los pescadores artesanales o por infringir el Título IX de la ley General de Pesca y Acuicultura. El inciso sexto establece que la instalación y mantención del dispositivo correspondiente, así como la transmisión de la señal al satélite, serán de cargo del armador, y la transmisión desde el satélite a las estaciones de fiscalización será de cargo del Estado. Respecto de este último inciso, la Comisión tuvo presente que, según el informe técnico, la aplicación del sistema significará para el erario, en el escenario más activo que comprendería doce transmisiones de posición al día, 359 mil dólares, y en un escenario de seis transmisiones de posición de información acumulada de cuatro horas de comunicaciones entre el móvil y el centro de procesamiento, 196 mil dólares. Según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, el gasto fiscal involucrado en el proyecto, considerando un escenario de seis transmisiones diarias de posición con información acumulada, se estima en 80 millones de pesos anuales, que se financiará mediante reasignaciones de los recursos presupuestarios de la Subsecretaría de Pesca correspondientes al presente año. En consecuencia, el proyecto en informe no irrogará un mayor gasto fiscal en 1996. Puesto en votación el artículo 64 B, fue aprobado por 6 votos a favor y una abstención. Es cuanto puedo informar. El señor CHADWICK (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. Tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, el proyecto en debate, originado en moción, fue acotado en el Senado en cuanto a aumentar los instrumentos de fiscalización sobre todo en la pesquería sur austral, y en forma específica en las pesquerías licitadas del bacalao de profundidad en las cuales tenían ingerencia naves internacionales que copaban las cuotas. Por consiguiente, era muy atendible que por la vía del posicionador satelital se mejoraran los instrumentos de fiscalización. Lo mismo sucede con la pesquería de investigación y de desarrollo incipiente, y el hecho de contar con este nuevo instrumento el posicionador satelital en las naves que entrega información automática respecto de su ubicación, permite una mejor administración de las pesquerías nacionales. Sin embargo, me parece importante recordar un precedente para la mejor ilustración y conocimiento de esta materia. Nuestro país dio un paso muy contundente y gravitante, de relevancia tanto para la comunidad nacional como para la internacional, cuando el Congreso introdujo a la Ley General de Pesca y Acuicultura, una serie de novedosos mecanismos de administración. De manera que no estamos aquí frente a una falta de resguardo en la administración de los recursos pesqueros, ni creando una especie de régimen policial para ello. Fue la misma Ley de Pesca que aprobamos la que en su artículo 1º transitorio, incorporó el concepto de “pesquerías en plena explotación”, otorgó cuotas anuales de captura, creó mecanismos de licitación, generó nuevos tipos de pesquerías como la de desarrollo incipiente y de investigación; en fin, acotó, normó y creó un consejo nacional y regionales de pesca. De forma tal que, me atrevería a decir, nuestra legislación pesquera está a la cabeza de las legislaciones del mundo. Asimismo, hemos hecho un esfuerzo importante por preservar los recursos y lograr un justo equilibrio entre una actividad económica relevante, que genera muchos empleos y divisas para el país, con el compromiso nacional de evitar su sobre explotación y colapso, como ocurrió en Chile antes de que tuviéramos una legislación pesquera. Por lo tanto, no hay anarquía en la administración pesquera, sino que existe un marco regulatorio muy importante. Lo que hoy se quiere con esta iniciativa es dar un paso más; es decir, ¿por qué no aprovechar lo que la ciencia y la tecnología permiten a través del satélite para saber dónde están las naves a fin de administrar mejor los recursos del mar? Es un objetivo loable, ponderado y bien encaminado. En este mismo sentido, quiero informar y darles a conocer por qué me inclino más por el proyecto del Senado, en los términos en que lo aprobó, que por la indicación propuesta por un grupo de parlamentarios en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, que amplía el posicionador satelital a gran parte de la flota pesquera nacional. Es decir, de 750 naves inscritas, según el informe entregado por la Subsecretaría de Pesca, esto afectaría a 520. ¿Es bueno, es malo, apunta al objetivo el hecho de ampliar el sistema o es mejor restringirlo a algunas pesquerías? Mi opinión es que debe restringirse, y deseo explicar por qué. En la actualidad, todas las naves chilenas deben informar su posición dos veces al día a la Armada de Chile, a través del sistema radial Chilerep. Los detractores de este sistema argumentan que se miente al informar la posición de las naves, que la radio da para mucho, que es fácil decir que está en una zona en circunstancias de que se encuentra en otra y que, por consiguiente, el sistema es altamente vulnerable. Puede ser cierta esa afirmación y es probable que muchos no informen su verdadera posición. Sin embargo, esto lleva a que víctimas y victimarios queden en igual situación, pues se presume que todos son infractores. Mi posición frente a esta materia es que la ley no puede basarse en el principio de la mala fe. Si una nave miente e informa que se encuentra en una ubicación distinta de la verdadera, sobre esa nave debe recaer la pena y, por lo tanto, deberá llevar un posicionador satelital. Pero, ¿qué sentido tiene controlar, desde el esquema de la burocracia del Estado, a través de una transmisión satelital que llegará a la Armada de Chile, al Servicio Nacional de Pesca y a la Subsecretaría de Pesca respecto de la ubicación de todas las naves? En segundo lugar, la información relativa a la ubicación y a los caladeros de pesca es relevante y constituye un secreto importante que manejan las empresas. Es más, ellas destinan cuantiosos recursos a la investigación pesquera, en aeronaves que sobrevuelan los territorios marítimos de Chile, para buscar los caladeros y encontrar los cardúmenes. Obviamente, el negocio y el lucro en esta actividad que son lícitos se obtienen en la medida en que se pesque, y una flota en alta mar que no pesca no es rentable. Entonces, ¿puede el Estado regular, normar y controlar las ubicaciones amparado en el secreto de esa información que es relevante para quienes la utilizan? ¿No estaremos lo señalo con el mayor respeto, pues no quiero que se me malinterprete generando un posible foco de corrupción? No lo digo respecto de las actuales autoridades, pero debe considerarse que el negocio pesquero maneja miles de millones de dólares. ¿Es relevante o no que un funcionario del Estado, de cualquiera de sus reparticiones, posea información respecto de la ubicación de una nave pesquera y que en el lapso de 24 ó 48 horas esa información se filtre y llegue a la competencia? La prudencia aconseja que en lugar de contar con un sistema de posicionamiento geográfico automático e inmediato, éste sea diferido, es decir, que la nave lleve una especie de caja negra que resuma la información. Si existieran dudas respecto de su ubicación, el juez podrá solicitar el récord de la información y verificar si se salió de las áreas autorizadas. El riesgo se minimiza mucho si se utiliza un sistema diferido en vez de uno automático que está entregando información inmediata. De lo contrario, incorporaremos al sector industrial del país un elemento de mayor burocracia, que afectará su competitividad y puede generar una suerte de corrupción no deseable. Más allá de estas aprensiones, también existe una suerte de discriminación cuando ponemos todo el peso de la prueba sobre la flota industrial y nada decimos de la artesanal. Todos sabemos que existen naves artesanales mayores y menores. No me refiero al bongo a remo o con un motor, sino a naves artesanales de 18 metros de eslora, que navegan y surcan las aguas de Talcahuano, del norte, del sur, y que, en verdad, por decirlo de algún modo, son semi industriales. Y cuestan varios millones de pesos; no son bongos de pescadores artesanales empobrecidos. Pero para ellos no hay nada, no hay posicionador satelital, pese a que no son pocos, sino muchos miles. Entonces, ¿por qué generar cierta suerte de discriminación al controlar a los grandes y dejar que los chicos hagan lo que quieran? Desde ese punto de vista, también hay una discriminación odiosa. Algunos podrán decir que el objetivo es muy bueno, porque esta exigencia permitirá evitar la depredación y el abuso, y preservará mejor nuestros recursos pesqueros. Al respecto, quiero señalar que la mejor forma de controlar y evitar la depredación está en el desembarque. Si una nave salió vacía y volvió con tantas toneladas, debe informar lo que pescó al momento del desembarque. Si sobrepasa la cuota global o lo que le permite su licitación, se le multa. No hay mejor forma de control más que vigilar dónde están las naves que ver cuánto pescaron y cuánto desembarcaron. Ésa es la mejor herramienta que la propia Ley de Pesca nos proporciona. Por lo demás, aquí se cae en una presunción. Si una nave informa su posición por el satélite y está fuera del área licitada o de la que le corresponde, ¿por qué presumir que está pescando? Respecto de esa presunción, cualquier abogado en un tribunal puede alegar con fundamentos que la nave salió del área autorizada por problemas técnicos, por un temporal o por trasladar a un enfermo. Sin embargo, la van a multar sólo por haber salido de su posición, porque se presumirá que estaba pescando. Eso también es delicado desde el punto de vista de los derechos y de las acciones judiciales. Estoy de acuerdo con la regulación, pero no con la sobrerregulación. ¿Qué sentido tiene ampliarla tanto, en circunstancias de que las regulaciones que establece la propia ley, los embarques, los desembarques, el Chilerep y una serie de otras cosas apuntan en la dirección correcta? Regulación sí, pero una sobrerregulación que termine asfixiando y generando una situación compleja para las empresas nacionales en esta materia va en dirección contraria a un sector que ha demostrado dinamismo e importancia en el tiempo. En síntesis, todas estas consideraciones han llevado a un grupo de Diputados a presentar una indicación con una solución intermedia entre lo que aprobó el Honorable Senado y lo que aprobó la Comisión. Ni tan poco ni mucho: no todas las naves ni sólo unas pocas, como era restringir el sistema al bacalao de profundidad y a las pesquerías de investigación o de desarrollo incipiente. ¿Qué proponemos? Regular y fiscalizar donde es importante hacerlo; liberar y dejar que la competencia actúe donde lícitamente no se ponen en riesgo los recursos pesqueros nacionales y donde es importante el control satelital. Por lo demás hago un paréntesis, ésta es una experiencia aplicada en pocos países. La Subsecretaría de Economía nos ha entregado un resumen de los diversos países que lo aplican, y si bien el listado es largo –Francia, Irán, Japón, Perú, Taiwán, África Oeste, Unión Europea, Noruega, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, lo circunscriben a determinadas pesquerías. No nos hagamos la idea de que el mundo está utilizando el sistema satelital en forma masiva, pues lo está haciendo de manera restringida a determinadas pesquerías y recién está dando los primeros pasos en la materia. Nosotros queremos ser los adalides y constituirnos entre los primeros cuatro países del mundo que cuentan con este tipo de acciones. Con esto no quiero dar la sensación de que hay voluntad de impedir un adecuado control. Por el contrario, controlemos lo que sea necesario. ¿A qué apunta la propuesta? A circunscribir la acción del posicionador satelital a aquellos armadores pesqueros y naves industriales matriculadas en Chile cuando en el desarrollo de sus actividades pesqueras declaren operación en aguas extrajurisdiccionales sobre especies sujetas a cuotas individuales de pesca. Lo mismo proponemos respecto de los armadores que operen sus naves en aguas extrajurisdiccionales sometidas a convenciones internacionales de las que Chile forme parte, y para todos aquellos que realicen actividades de pesca de investigación autorizadas por el Ministerio. Esto es importante. Muchas veces la pesquería de investigación se presta para subterfugios, pues bajo su amparo se pesca con fines lucrativos. Desde luego, en el marco de las convenciones internacionales es importante el posicionador. También queremos que esta obligación se aplique a quienes operen sus naves en aguas extrajurisdiccionales sobre especies respecto de las cuales no cuenten con autorización para operar en aguas nacionales no queremos que invadan nuestras aguas nacionales, sino que estén en el territorio de las extrajurisdiccionales; a los que operen sobre especies declaradas en plena explotación, sujetas a cuotas globales, en aguas contiguas a unidades de pesquerías con cuotas individuales ahí es donde el margen y el control sí son importantes, y a los que operen sobre especies demersales en plena explotación sujetas a cuotas anuales en unidades de pesquerías colindantes. Donde los límites son difíciles de determinar, ahí sí corresponde el control. Reitero el principio que señalaba al comienzo de mi intervención: En aquellos casos en que el juez competente sancione como reincidente a alguna nave pesquera por actuar ilegalmente en una área reservada a los pescadores artesanales, su propietario deberá instalar un posicionador geográfico automático. La reincidencia y la invasión de las aguas destinadas a los pescadores artesanales implica la instalación del dispositivo. Ahí está el peso de la prueba, el principio de la buena fe: Al que lo viola se le aplica esta norma, porque, efectivamente, es un industrial o un artesanal que no está respetando la regulación establecida. En definitiva, todas estas situaciones nos llevan a votar favorablemente la idea de legislar. Creemos que es bueno aprovechar un instrumento de fiscalización, pero, en concreto, lo que queremos es acotarlo, circunscribirlo, fijar el principio de la buena fe y castigar al que no lo respete. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).- Señor Presidente, anuncio mi voto a favor del proyecto en general, y dejo pendiente la discusión respecto de la reciente intervención del colega señor Melero en cuanto a cuál de las alternativas técnicas planteadas pudiera ser la mejor. En síntesis, quiero hacer el siguiente enunciado: Esto se inscribe en una determinada concepción de lo que debe significar el desarrollo futuro de nuestro país, en cuanto debe ser capaz de armonizar los elementos de crecimiento económico, de desarrollo territorial equilibrado, de equidad social y de sustentabilidad ambiental. Sobre esa base, en la idea del desarrollo sustentable, es indispensable la preservación de los recursos naturales. Para esos efectos, en el área de la pesca se dictó una ley sobre la cual el Congreso tuvo un exhaustivo debate y definición hace algunos años. En las conclusiones de ese debate, algunos quedamos con una duda a futuro en cuanto a la necesidad de que, transcurrido un tiempo razonable, hubiera que evaluar la eficacia de la norma en lo relativo al cumplimiento de su objetivo fundamental de preservar los recursos pesqueros. En ese contexto, considero extremadamente prudente y responsable por parte del Gobierno, del Ministerio y de la Subsecretaría correspondiente, el respaldo de una iniciativa de este tipo, con el objeto de mejorar los sistemas de fiscalización para preservar estos recursos. Creo que el bien común es claro sobre la materia. Entonces, en cuanto al sistema de posicionamiento más eficiente, debemos privilegiar el que cumpla mejor dicha finalidad, cual es preservar los recursos naturales, subordinando los intereses particulares al bien común. En ese sentido, reitero mi anuncio de que votaré favorablemente el proyecto. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el proyecto adquiere especial relevancia en estos momentos, en que el colapso de los recursos pesqueros está afectando a vastos sectores de la pesca artesanal e industrial me refiero a la merluza del sur y al jurel situación que tiene confundidos a muchos industriales, y desesperados a los pescadores artesanales. Esto requiere una urgente mediación y regulación sobre algunos tipos de pesca que, de no mediar una adecuada fiscalización, colapsarán, como lo ha planteado el Diputado señor Melero. Hay estabilidad económica cuando existe explotación de los recursos pesqueros. En caso contrario, no habrá tema de discusión, sino cesantía y un impacto en la economía que todos lamentaremos. En este sentido, insisto en que la situación es más grave de lo que se ha señalado. Los industriales del jurel no tienen información científica confiable. Han organizado tareas de monitoreo con barcos que regresan con mil toneladas de pesca, pero con un 48 por ciento bajo la talla mínima de los 26 centímetros. En definitiva, después de eso, no logran dilucidar por qué el jurel se arranca tan lejos de la costa ni pueden comprender por qué y éste es un tema para analizar con la Subsecretaría de Pesca se autoriza la pesca de la merluza del sur en aguas exteriores, precisamente donde esa especie desova y se reproduce, lo cual, en definitiva, afecta directamente la posibilidad de abundancia de este recurso. ¿Qué hacer? Por una parte, hay necesidad de fiscalización. Las autoridades que lo hacen, entre ellas están la Armada de Chile, Sernac y Carabineros de Chile, monitorean en aquellos lugares recónditos en donde, por jurisdicción, les corresponde fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Pesca. Resulta altamente importante rescatar un tema que es una verdad a gritos: la posibilidad real y concreta de fiscalizar el cumplimiento de la ley es absolutamente precaria. El vicealmirante señor Ariel Rosas Mascaró, director del Territorio Marítimo y Marina Mercante, informó en la Comisión que los actuales métodos de fiscalización no tienen ninguna confiabilidad, por cuanto se falsean los QTH y se ha detectado, a raíz de accidentes, que la posición informada al momento de hacer la pesca es muy diferente de la real cuando se encuentra el barco accidentado. Por lo tanto, hay una limitada capacidad de los servicios para efectuar una fiscalización efectiva y real. Entonces, debemos preocuparnos de las afirmaciones del Diputado señor Melero, quien señala que los actuales sistemas de radio posibilitan rastrear a los que infringen la ley y, por lo tanto, no podemos perjudicar, pensar mal ni poner en duda la capacidad de aquellos que no cometen ese delito. Queda claro por lo que han informado el vicealmirante señor Ariel Rosas y la gente de Sernac que el sistema no da confiabilidad a nadie. Un manto de dudas tienen todos los que ejercen el oficio de la pesca o la faena de explotación pesquera, tanto en altamar como a cualquiera distancia de la costa. En este sentido, el proyecto busca un mecanismo de fiscalización confiable que proteja el recurso y establezca condiciones de competitividad leal dentro del desarrollo de la explotación pesquera, para que así el mercado de la pesca subsista, le otorgue empleo a los trabajadores y proporcione utilidades a los armadores e industriales. No resultan comprensibles los argumentos en cuanto a que debiéramos limitar esta acción tan sólo a doce barcos, como planteó el Diputado señor Melero y lo sostuvo el Senador Diez al fundar su indicación en el Senado. Lo aprobado por la Comisión del Senado posibilitaba un desarrollo progresivo: en un comienzo, 110 naves de un total de 600 ó 700, y en el plazo de dos años, mediante un acuerdo conversado, aumentar esa cantidad hasta completar 520. Resultan sorprendentes los argumentos del Senador Diez al formular la indicación para limitar a 12 las naves que quedarán sometidas a este registro. Se ha hablado de corrupción, de la posibilidad de que los funcionarios públicos sean sometidos a presiones para entregar información privilegiada a algunos interesados en saber dónde están los caladeros, es decir, los lugares donde se cala la red. Sin duda, aquellos que se oponen a la fiscalización, a que se sepa cómo se está explotando el recurso o a que se conozca la forma en que se está infringiendo la ley, estarían en el mismo ámbito planteado por el Diputado señor Melero. O sea, al no existir fiscalización, el manto de dudas no sólo recae hoy sobre los que pescan, sino también sobre los que impiden la posibilidad de aplicar la facultad de la autoridad para fiscalizar. Por eso, me parecen muy graves las restricciones propuestas por el Senado en este sentido. Por otra parte, se ha planteado el tema de los costos. Se ha dicho que un mecanismo de fiscalización es de costo elevado. En el caso del sistema Argos, la instalación de la boya o baliza al interior de la nave asciende a 1.150 dólares y el acceso al sistema cuesta 15 dólares diarios. ¡Este monto es elevado para los industriales y para algunos Senadores que propician que no haya fiscalización! No lo es cuando se está acabando con un recurso, cuando se está dejando en la más absoluta desprotección recursos pesqueros que valen miles de millones de dólares, lo que, en definitiva, es matar la gallina de los huevos de oro. Lo que los industriales pesqueros deben entender de una vez es que están matando la gallina de los huevos de oro al llevar a la extinción de los peces. En esta materia, no cabe otra cosa que reafirmar con mucha fuerza la indicación aprobada en la Comisión de la Cámara de Diputados que restablece lo que ya había acordado la Sala del Senado: que el sistema de fiscalización se implemente en un número mayor de naves, a fin de que pueda ponerse en acción un sistema adecuado que, por lo demás, está ampliamente difundido en el mundo. Los países en desarrollo, aquellos que compiten con Chile respecto de la venta y de la captura del recurso, han aplicado la tecnología satelital hace muchos años y con alto grado de eficiencia. Tenemos los casos de Francia, Japón, Corea y Perú, donde el Ministerio de Pesca se encuentra monitoreando las actividades de la flota extranjera; Rusia, Taiwán, la Unión Europea y Noruega, con toda la importancia que tienen en el ámbito de la pesca mundial, han incorporado la tecnología satelital desde 1991, con el objeto de controlar las actividades pesqueras. También lo han hecho Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Es decir, los países que compiten con Chile en el mercado de la pesca han adoptado este sistema sin ningún problema, porque han comprendido la necesidad y la importancia de cautelar la preservación del recurso. Por otra parte, los pescadores artesanales han señalado que esta medida también debería extenderse a los recursos pelágicos y aplicarse el sistema a los barcos que pescan en el ámbito de las cinco millas. Parece razonable discutir esa idea en Comisión Mixta. Quiero anunciar el voto favorable de la bancada socialista al informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Cámara, porque parece ser necesario que en la Comisión Mixta se debatan algunos aspectos que no quedaron del todo resueltos en la discusión de la Comisión técnica, a fin de avanzar en la búsqueda de mejorar lo ya aprobado; pero no puede excluirse, reitero, la obligatoriedad de un sistema de fiscalización. Respecto del costo, más vale pensar que el argumento no ha sido suficientemente debatido, porque, en verdad, resulta ridículo argumentar que ese monto, más aún cuando la transmisión desde el barco hasta el lugar de la fiscalización será de cargo del Estado, representará una amenaza para las utilidades de quienes desarrollan la actividad. Creo que estamos tratando algo muy importante respecto de las posturas reales, no sólo de la pesca, cuyo tema, a través del proyecto, dice relación directa con el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, al momento de votar, no sólo debe tenerse presente que está en cuestión un tema relativo a la cantidad de peces que hay en el mar, a las cuotas de captura que pueden asignarse o a la capacidad de control sobre algunos barcos pesqueros. Aquí planteamos si estamos dispuestos o no a preservar el medio ambiente marino, y si estamos dispuestos o no a cautelar los bienes, los recursos que hoy pueblan los mares del mundo, no sólo el mar chileno. En consecuencia, creo que es del todo claro que éste no es sólo un asunto económico, sino que conlleva la estabilidad del medio ambiente, la protección de los recursos y también dice relación con una decisión política. En ese sentido, no creo que exista otra alternativa para la Cámara y el Congreso que aprobar a la brevedad el proyecto en los términos planteados por nuestra Comisión, toda vez que es urgente establecer medidas de fiscalización y un control más exhaustivo, para no tener que lamentarnos después de aquellas cosas que no estuvimos en condiciones de evitar. Junto con reafirmar el voto positivo de mi bancada, hago presente la necesidad de contar con este dispositivo en forma inmediata. Los argumentos planteados para oponerse a la iniciativa se desdicen por sí solos. Las autoridades de pesca y los propios armadores, de uno u otro modo, reconocen la necesidad de este sistema, pero se confunden en una neblina argumentativa para decir por qué no ahora, pero sí mucho después, y por qué yo no, pero sí el otro. Creo que el que nada hace, nada teme. Nadie debiera negarse al tema de la fiscalización. La transparencia del rol del Estado y las posibilidades de corrupción no sólo pueden ser atribuidas al aparato de fiscalización estatal, porque, como aquí se ha dicho, cuando hay corrupción en el Estado es porque un particular ha actuado para corromper a un funcionario. Por lo tanto, también hay responsabilidad ética, en la medida en que el sector industrial pesquero y los armadores pueden incurrir en ese tipo de conductas. Los beneficiarios y los perjudicados son siempre del sector privado. No se trata de perseguir a un sector tan importante de la economía como es el pesquero industrial. Por el contrario, queremos fortalecer su estabilidad, aunque no sé si su desarrollo progresivo, porque el número de barcos y de bodegas que tiene dicho sector hace casi imposible proteger el recurso en la actualidad. Se requiere que sigan teniendo utilidades, desarrollen la pesca y den empleo a miles y miles de trabajadores chilenos, pero queremos que esto sea permanente en el tiempo, para lo cual es necesario proteger nuestros recursos. En ese sentido, el posicionador satelital cumple una tarea que no puede hacer ningún otro medio: ni la radio ni las naves en alta mar, porque no existen recursos para ello. En cambio, éste es un sistema económico para controlar la pesca indiscriminada o ilegal en que algunos pueden incurrir. Por eso, el proyecto debe ser aprobado a la brevedad por la Cámara de Diputados, y con mayor razón en Comisión Mixta. Sin embargo, temo que esta última retarde la aprobación del proyecto y que lo discutido en ella caiga en el ámbito de meros intereses económicos. Aquí no estamos debatiendo el interés económico de un sector, sino el bien del país y la estabilidad de una actividad económica. No hay prejuicios. Tal como lo planteó el Diputado señor Melero, el tema de las embarcaciones mayores y de la pesca artesanal debe ser abordado, pero no debemos concluir, como lo hizo él, en que esto se puede seguir dilatando en el tiempo y que es necesario rechazar el proyecto para lograr lo anterior. Más allá de aprobar la idea de legislar, requerimos la aprobación del proyecto, ya que hacer lo contrario significará, aunque se diga “sí”, que en el fondo se dirá “no” a la fiscalización. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto ha tenido su origen no sólo en la necesidad de incorporar elementos tecnológicos propios de la modernidad en un área importante del sector pesquero, sino también en las dificultades que han tenido los pescadores artesanales por la invasión de sus territorios y en las que han tenido los organismos del Estado para realizar una adecuada fiscalización y asegurar la preservación del recurso. En otras palabras, los objetivos fundamentales del proyecto no son sólo la modernización del sector, sino también tratar de solucionar las enormes y reiteradas dificultades producidas en esta actividad en los últimos tiempos, de las cuales ha sido testigo el propio Parlamento debido a las visitas de los pescadores artesanales de casi todo el país. Todos los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, han manifestado su aprobación a la idea de legislar y la necesidad de modernizar los mecanismos de fiscalización. Incluso, también lo ha mencionado el Diputado señor Melero. Sin embargo, este parlamentario ... El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, ha llegado el término del Orden del Día. Como mañana debemos tratar el proyecto de la Emporchi y, eventualmente, el de Aduanas, y me parece que esta materia cuenta, al menos, en general, con amplio apoyo, solicito el asentimiento de la Sala para que el Diputado señor Tuma termine su exposición, para autorizar la intervención de algún señor Diputado de Renovación Nacional y para que los señores Diputados inscritos inserten sus discursos, de manera de votar el proyecto hoy. ¿Habría acuerdo sobre este procedimiento? Varios señores DIPUTADOS.- No. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No hay acuerdo. Quizás, si autorizáramos además al Diputado señor Elgueta para que intervenga por cinco minutos... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No hay acuerdo. Entonces, deberemos citar a una sesión especial, porque es imposible despachar los proyectos citados en el plazo previsto. Tiene la palabra el Diputado señor De la Maza sobre procedimiento. El señor DE LA MAZA.- Señor Presidente, la fórmula es buena, pero este proyecto, debido a su importancia, debe ser discutido latamente. Por lo tanto, me niego a cualquier fórmula que limite su discusión. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día. Queda pendiente la discusión. VIII. INCIDENTES MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE RETENES DE CARABINEROS EN LOCALIDADES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, deseo referirme a un tema que preocupa en forma muy especial a los pobladores de algunas comunas del distrito Nº 56: el cierre de retenes de Carabineros en Parga, comuna de Fresia, y en Casma, comuna de Frutillar, y la necesidad de instalar retenes en Hueyusca, comuna de Purranque, y en el sector residencial de Puerto Chico, en la ciudad de Puerto Varas. En recientes reuniones efectuadas en mi recorrido distrital, diferentes sectores de esas comunas me manifestaron su inquietud por la aparente existencia de una decisión del alto mando de Carabineros de Chile por cierto, no confirmada relativa al cierre del retén de Carabineros de Parga, comuna de Fresia, que atiende a una amplia zona donde habitualmente ocurren numerosos delitos como hurtos, abigeatos, riñas, etcétera, no obstante que la sola presencia de Carabineros, a través de sus retenes rurales, disminuye las acciones delictuales y permite mayor tranquilidad y seguridad de vida a los vecinos. El cierre del retén de Parga obligaría a la unidad de Fresia a asumir el control policial de la zona, lo que, naturalmente, provocará un aumento de los delitos. Situación similar ocurre en el sector de Casma, comuna de Frutillar, en que un antiguo retén ubicado en esa villa garantiza el orden y la disminución de delitos. Si bien es cierto que en algunos casos las estadísticas policiales podrían indicar descenso en la ocurrencia de delitos, no lo es menos que repito, como consecuencia de la presencia de Carabineros, decrece la acción delictual, muy común en zonas y lugares donde existen retenes. Por otra parte, el aumento de delitos en la zona rural de Hueyusca, comuna de Purranque, y en los barrios residenciales de Puerto Chico, en la ciudad de Puerto Varas, requiere la urgente presencia policial a través de nuevos retenes de Carabineros. En consideración a los antecedentes delictuales, se hace necesario mantener el funcionamiento de los retenes a los cuales se pretende poner término y la creación de otros dos, para Hueyusca y Puerto Varas. Por tanto, solicito que se oficie a los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional, a fin de que informen al respecto y estudien la posibilidad de modificar la aparente decisión del alto mando de Carabineros, que signifique mantener los retenes de Parga y de Casma, y la instalación de otros, en Hueyusca y en Puerto Chico, en Puerto Varas. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. PAGO DE BENEFICIOS PREVISIONALES A EX FUNCIONARIOS DE CARABINEROS. Oficios. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, solicito que se oficie a los Ministros de Defensa y de Hacienda a fin de exponerles la situación que enfrentan ex funcionarios de Carabineros de Chile que se acogieron a retiro en los primeros meses del presente año. Dichos funcionarios han solicitado el pago de los beneficios previsionales a que tienen derecho en conformidad con la legislación vigente, particularmente el desahucio. Sin embargo, se han encontrado con la sorpresa de que la fecha de pago se les fijó para marzo del próximo año, es decir, con una demora de entre doce y catorce meses, sin que durante ese lapso perciban reajuste alguno, es decir, los montos correspondientes quedan congelados a sus valores históricos. No es posible que esos funcionarios, después de una vida de trabajo al servicio del país, de su Institución, protegiendo a la ciudadanía, brindando seguridad ciudadana, hoy se vean expuestos a esta situación. Es bueno recordar lo que en la oportunidad se informó a la opinión pública en el sentido de que una de las últimas intervenciones del ex General Director señor Rodolfo Stange, antes de su retiro de la institución, había sido precisamente convenir con el Presidente de la República que a contar de noviembre de 1995, y por siete meses, el Ministerio de Hacienda entregaría a Carabineros la suma de 500 millones de pesos mensuales, hasta completar 3.500 millones de pesos, con el fin de cancelar las pensiones y desahucios al personal que se acogía a retiro, y de esta forma terminar con la demora que existía en su pago. Todo parece indicar que ese acuerdo no se está cumpliendo, o que si los referidos fondos se entregaron, han sido desviados a otros fines. Pero, lo cierto y concreto reitero es que los funcionarios que se han acogido a retiro durante el presente año, no han recibido el beneficio que en justicia les corresponde. Por lo tanto, solicito que se oficie a los señores Ministros de Defensa y de Hacienda, con el propósito de que se corrija a la brevedad esta situación, enteramente anómala, y se paguen los beneficios a los funcionarios de Carabineros que se acogen a retiro. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión del Comité de Renovación Nacional y de los Diputados señores Ulloa y Felipe Letelier. ALCANCE A DECLARACIONES FORMULADAS POR EMBAJADOR EN COLOMBIA. Oficio. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, en esta ocasión, con bastante perplejidad por decir lo menos, me veo obligado a referirme a declaraciones, a mi entender muy poco afortunadas, que formulara nuestro embajador en Colombia, don Juan Pablo Lira Bianchi. En dicho país acaba de aparecer la revista Aurora del Sur, cuyo director es el citado diplomático y que se financia con erogaciones de la colonia chilena residente. En una entrevista titulada “¿Quién es Juan Pablo Lira?”, dentro del contexto de varias preguntas que se le formulan, se inquiere por lo siguiente: “¿Por qué estudió derecho?” Textualmente responde: “Muy honestamente, no porque crea en el derecho; sigo sin creer en él. Considero que la estructura jurídica de nuestras sociedades es injusta e inequitativa y el derecho no la facilita”. A mi entender, tan osada como tajante afirmación no se compadece con la tradición jurídica de Chile ni tampoco interpreta en nada la correcta filosofía que sobre el particular asume el Gobierno del Presidente Frei. Por otra parte, afirmo que tan peregrina tesis es la menos adecuada para un país de tan peculiares características como Colombia. En efecto, la inmensa mayoría de sus habitantes se rige por los dictados democráticos de la Constitución y la ley. Existe allí una institucionalidad con sus tradicionales tres poderes públicos que pugna por permanecer y hacerse respetar frente al vil y cruento ataque de personas y truculentas minorías que, sin respeto alguno por los derechos humanos, tratan de abrirse paso vulnerando la autoridad constituida. El narcotráfico, a través de sus carteles, empaña el prestigio de la República, y las fuerzas armadas Revolucionarias Colombianas y el Ejército de Liberación Nacional se disputan, en medio de verdaderos baños de sangre, una absurda e inalcanzable preeminencia. Surge, entonces, una clara interrogante: ¿Es que poniéndose al margen del derecho es a esos montoneros a quienes el señor embajador dirige sus pintorescas declaraciones? Frente a tal situación, quiero recordar el buen nombre de la institucionalidad chilena republicana, basada precisamente en el respeto al derecho y que surgió diáfana de la mente de Rodó cuando exclamó: “Chile, maestra de naciones y ejemplo de América Latina”. En estas circunstancias, y adjuntando fotocopias del original de la publicación aludida, solicito que se envíe oficio, al señor Ministro de Relaciones Exteriores y si hubiere oposición, en el mío, para que, previa investigación, se informe a la Honorable Cámara sobre este tan desafortunado proceder. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por el señor Diputado con la adhesión de los Diputados señores Kuschel y Jürgensen. El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, sólo en nombre de los señores Diputados. INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS EN PURRANQUE. Oficios. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, en una reunión ampliada efectuada recientemente en Purranque, Décima Región, tomé conocimiento del profundo malestar e indignación que siente la casi totalidad del comité de allegados Saturnino Aburto, compuesto por 52 familias que fueron ilusionadas por el alcalde de Purranque con el sueño de que la casa propia se haría realidad con la entrega de viviendas de la nueva población “Los Volcanes” de dicha comuna, el 17 del presente. Grande fue la sorpresa para ese comité al constatar que sólo 10 de las 52 familias fueron favorecidas con la entrega de viviendas básicas, porque todas reunían los requisitos exigidos por el Serviu y porque en reuniones realizadas para el efecto, en más de cuatro ocasiones, el señor alcalde de la comuna les aseguró a sus integrantes la asignación de la mayoría de las viviendas. Ese incumplimiento le ha causado gran frustración y un sentimiento de incredulidad hacia las autoridades. Pero ésa no es la irregularidad a que deseo referirme, sino a la asignación indebida de viviendas a personas que hace poco obtuvieron un subsidio habitacional y que ahora nuevamente fueron beneficiadas, a pesar de que ya tienen su casa. Es inaceptable que el Serviu discrimine de esta forma en contra de las familias más necesitadas de viviendas. Ello hace necesario una amplia investigación para determinar las razones que motivaron a ese servicio a privilegiar tan abiertamente y en forma ilegal a algunas personas, probablemente más cercanas al régimen. Aquí no es válida la explicación de que las fichas Cas no habrían sido presentadas oportunamente, ya que las encuestas fueron realizadas en 1995 y los antecedentes se encontraban en poder de las autoridades, ni tampoco que el ahorro era insuficiente, dado que todos cumplían ambos requisitos. Pero, por último, incluso si estuvieran incumplidos, ello tampoco justificaría la arbitrariedad aplicada en la asignación de las viviendas. Es necesario corregir a la brevedad la anormalidad denunciada, permitiendo a los miembros del comité “Saturnino Aburto”, discriminados con la asignación de casas, el pronto y seguro acceso a la casa propia. Solicito que se envíen oficios, adjuntando copia de mi intervención, al Ministro de Vivienda y Urbanismo, al Intendente de la Décima Región y al Alcalde de Purranque, a fin de que entreguen una completa información respecto de la materia denunciada. Además, solicito del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, información respecto de la próxima construcción de viviendas en Purranque y la seguridad de que éstas se asignen efectivamente a los miembros del comité que fueron perjudicados en la asignación anterior, y en especial, acerca del método que se aplicará para corregir la grave irregularidad cometida al asignar viviendas y subsidios a personas que ya habían recibido el beneficio. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Restan dos minutos al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito que por oficio se pida al Ministro de Obras Públicas que informe sobre el estado de avance de las obras de reposición de las rampas de Quenuir alto, que se encuentran en muy mal estado, y de Quenuir bajo, derrumbadas; al señor Ministro de Planificación sobre el estado de avance de los proyectos de electrificación rural en las comunas de Maullín, Cochamó, Puerto Montt y Calbuco, y a la señora Ministra de Bienes Nacionales sobre el estado de avance de los proyectos de saneamiento de títulos, en especial en la comuna de Cochamó. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. ANTECEDENTES DE MUERTE DEL GENERAL BONILLA. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 48, INCISO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN. Oficio. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Naranjo. El señor NARANJO.- Señor Presidente, voy a solicitar el envío de un oficio, en nombre de la Cámara, a raíz de la siguiente situación. En mayo de este año, un hijo del General Oscar Bonilla, fallecido trágicamente, puso en duda la causa de muerte de su padre. A raíz de esto, el Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet, y el fiscal Torres, en declaraciones públicas aparecidas en junio, señalaron que cualquier persona que tuviera dudas sobre el caso podía solicitar antecedentes a la institución por los conductos regulares. En razón de esa información, en junio envié un oficio a través de la Cámara de Diputados al Ministro de Defensa para que solicitara los antecedentes respectivos. En los primeros días de agosto, en oficio reservado, el señor Ministro de Defensa ha contestado que el Ejército no enviará tales antecedentes y que, de acuerdo con el numeral 1) del artículo 48 de la Constitución Política, sólo lo hará si lo solicita un tercio de los Diputados presentes en la Sala. Debido a este cambio tan drástico y sorprendente, ya que primero se dijo que dichos antecedentes podía requerirlos cualquier persona y ahora se señala que sólo se enviarán si lo pide un tercio de los Diputados presentes, solicito que se reitere el oficio, y se envíe en nombre de la Cámara, porque al país y a la institución les hará bien aclarar cualquier duda que haya sobre esos hechos. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- El señor Diputado basa su petición en el artículo 48 de la Constitución y, por lo tanto, debe votarse. El señor WALKER.- Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor WALKER.- Señor Presidente, antes de votarse la solicitud del Diputado señor Naranjo, debe leerse el oficio de que se trata. Si se requiere un tercio para su aprobación, se enviará en nombre de la Cámara. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es leerlo. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la solicitud del señor Diputado debe votarse. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Por no haberse reunido el quórum, se repetirá la votación. En votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Ha vuelto a resultar ineficaz la votación. Se llamará a los señores Diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación la petición del Diputado señor Naranjo de solicitar, en nombre de la Cámara, el conocimiento del sumario por la muerte del General Bonilla. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 7 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, De la Maza, Dupré, Elizalde, Encina, Estévez, Girardi, Hernández, Huenchumilla, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rocha, Seguel, Silva, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Viera-Gallo, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano. Votó por la negativa el Diputado señor Orpis. Votaron por la abstención los siguientes señores Diputados: Cristi (doña María Angélica), Espina, Longton, Matthei (doña Evelyn), Prochelle (doña Marina), Prokuriça y Vargas. DESCONOCIMIENTO DE CALIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO DEL CIUDADANO ESPAÑOL CARMELO SORIA EN FALLO JUDICIAL. Oficio. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Restan cuarenta segundos. Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, todo el tiempo que hemos esperado no es imputable a la intervención de la bancada socialista, sino que solamente el que demoró el colega señor Naranjo en explicar y fundamentar los oficios que ha solicitado. De ese tiempo, restan bastantes minutos y no cuarenta segundos, como Su Señoría señala. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, el Prosecretario toma el tiempo. Me señala que ha descontado el de su interrupción y tengo que proceder según ese informe. Quedaría un minuto. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, voy a intentar fundamentar, en sesenta segundos, el oficio que solicitaré. En días recientes, la sala penal de la Corte Suprema ha confirmado la aplicación de la ley de amnistía en el caso del asesinato del funcionario español Carmelo Soria. En la fundamentación del fallo, la Corte Suprema no desconoce los tratados internacionales que Chile ha suscrito y que brindan protección a los funcionarios internacionales acreditados en nuestro país. Sin embargo, en un hecho insólito y sin precedentes, la Segunda Sala del tribunal superior de justicia ha desconocido el carácter de funcionario internacional del señor Carmelo Soria. No obstante, su familia y defensa han acreditado suficientemente tal calidad a través de una certificación firmada por el propio director de la Cepal. Independientemente de la extrema gravedad del crimen, y de sus consecuencias éticas, morales y políticas, hay un hecho de extraordinaria gravedad: la Corte Suprema, como poder del Estado, con este fallo deja en la indefensión a los funcionarios internacionales acreditados en nuestro país, toda vez que ha decidido desconocer la acreditación firmada por el Director Internacional de la Cepal. En consecuencia, solicito que se oficie al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de que informe si el señor Carmelo Soria era funcionario de la Cepal acreditado en nuestro país, con carácter y fuero de funcionario internacional, y para que el mismo señor Ministro y Canciller de la República proceda a pedir a la Organización de las Naciones Unidas la acreditación y confirmación del carácter de funcionario internacional del señor Carmelo Soria. Pido, formalmente, que el oficio sea remitido al señor Canciller en nombre de la bancada del Partido Socialista y de los demás colegas que deseen adherirse. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Comités Socialista, del Partido por la Democracia y Demócrata Cristiano. ASIGNACIÓN ADEUDADA A PROFESORES MUNICIPALIZADOS. Oficios. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el Diputado señor Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, voy a exponer el problema que afecta a un número bastante importante de profesores del distrito que represento, particularmente de las comunas de Parral, Cauquenes, Chanco, Pelluhue y Retiro. Quiero mencionar que dichos profesores fueron funcionarios del Ministerio de Educación hasta el 30 de junio de 1981, fecha en la que sus respectivas escuelas fueron traspasadas a las municipalidades pertinentes en virtud de lo establecido en el artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, y su respectivo reglamento. Con esa misma fecha, fueron notificados de que sus cargos habían sido declarados vacantes. Al día siguiente, es decir, el 1º de julio de 1981, fueron contratados por las municipalidades correspondientes, no existiendo, por lo tanto, ninguna interrupción laboral, pues siguieron prestando idénticos servicios educacionales en el mismo colegio y a los mismos alumnos. Los decretos que aprobaron los convenios de traspasos entre el Ministerio de Educación y las municipalidades dejaron implícitamente establecido que los profesores ahora municipalizados y sujetos a la ley laboral común mantendrían las mismas remuneraciones que gozaban al momento de la declaración de vacancia de sus cargos. Y tanto fue así que en cada contrato se estableció la remuneración con relación al grado de la escala única de sueldos que tenían al momento del traspaso, grado que se dejó consignado en la notificación que a cada profesor se le practicó el 30 de junio de 1981. Hay que dejar constancia de que jamás estuvo expresamente dicho, ni tampoco fue el espíritu del legislador, que las remuneraciones de los profesores municipalizados se rebajarían bajo circunstancia alguna, por cuanto la idea era conservar las condiciones económicas de los profesores al momento del traspaso. Sucede que en dicho momento los profesores traspasados, en su calidad de servidores públicos, disfrutaban, entre otros beneficios pecuniarios, de la asignación prevista en el artículo 40 del decreto ley Nº 3.551, de 1981, en un carácter no imponible, variable en su monto según el escalafón aplicable sobre el sueldo base del grado, la asignación docente y las asignaciones establecidas en el decreto ley Nº 2.411, de 1978. Esta asignación se les pagó solamente hasta el año 1984, completándose el 25 por ciento de ella. No obstante, sin ningún tipo de explicación y en forma unilateral e intempestiva, se les suspendió el pago de esa asignación. Posteriormente, estos profesores demandaron a los municipios y en diversos juicios fueron ganadas las pretensiones de los profesores, declarándose que debía pagárseles esta asignación que se les adeudaba. Lamentablemente, los municipios carecen de fondos para pagar esa asignación y ahora nos encontramos frente al hecho de que, habiendo sido demandados y al no contar con los recursos necesarios, no se ve cómo podrán pagar la asignación. Existen situaciones muy impactantes, por cuanto muchos municipios tienen embargados algunos bienes de uso para la comunidad, tales como viviendas, que en algunas comunas estaban destinadas a casas de la cultura. Si bien sobre este tema, desde el punto de vista legal, no tendría por qué responder el Ministerio de Educación, considero que, en justicia, el Gobierno debiera buscarle una solución y proporcionar a los municipios los fondos para que puedan pagar este derecho reconocido por los tribunales de justicia por lo menos en mi distrito a más de 600 profesores. Estos juicios también se han realizado en otras comunas del país. Por tanto, solicito que se oficie al Ministro de Educación para que adopte las medidas tendientes a dar solución a este problema, y a los Ministros del Interior y de Hacienda, y también al Presidente de la República, a fin de que tomen conocimiento de esta situación. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de la bancada del Partido por la Democracia y, además, de los Diputados señores Ulloa, Ortiz, De la Maza, Elizalde y Leay. ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO PERQUILAUQUÉN. Oficio. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, cuando en este Poder del Estado legislamos en torno a que las grandes obras públicas debieran ser concesionadas, siempre pensamos que esos recursos tendrían que destinarse, en forma especial, a los sectores rurales y agrícolas para inyectar recursos a la construcción de caminos secundarios, puentes y obras que vayan en directo beneficio de los campesinos y agricultores. En el sector del secano interior, entre la Séptima y Octava Regiones, concretamente entre las provincias de Cauquenes y de Ñuble, en los sectores de Vaquería y de Comillaum, comuna de Ñiquén, respectivamente, se hace muy necesario instalar un puente para que los habitantes de ambos sectores puedan transitar y, fundamentalmente, trasladar sus mercaderías y producciones. Por ello, el Diputado señor Ceroni y quien les habla sostuvimos una reunión la semana pasada, con el objeto de que se considere la posibilidad de construir un puente en el río Perquilauquén, que colinda con las regiones Séptima y Octava. Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas, a fin de que se elaboren los estudios de factibilidad y viabilidad para la posterior construcción del puente en ese punto geográfico. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de su Comité. REITERACIÓN DE OFICIOS A MINISTERIO DE ECONOMÍA RESPECTO DE SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSO PESQUERO. Oficio. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- En el turno correspondiente al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor De la Maza. El señor DE LA MAZA.- Señor Presidente, lamentablemente, trataré un tema recurrente: la falta de absoluta deferencia de la Subsecretaría de Pesca y, por lo tanto, de todo el Ministerio de Economía, en relación con las consultas que se formulan en esta Cámara. En sesiones pasadas, el Diputado señor Ceroni, en forma coincidente con un oficio que pedí remitir al señor Ministro, trató un tema fundamental: el problema de la merluza del sur, producto de óptima calidad y altamente cotizado en los mercados internacionales que se da como lo señala su nombre en la zona austral del país. Este producto es sometido a una extensa e intensa pesquería por barcos, cuyo control es muy difícil. Lo menciono por cuanto hoy discutimos el tema del posicionador satelital, relacionado con la preservación de los recursos que 15 de los 25 barcos autorizados sólo 22 pueden hacerlo sigan pescando, 11 de los cuales son los más depredadores del recurso porque usan sistemas de arrastre, y paradójicamente lo hacen en la zona en que la propia Subsecretaría estima que están los principales lugares de desove de la merluza. Frente a esta situación, le planteamos una cantidad de interrogantes a la Subsecretaría y, por ende, al Ministro. En primer lugar, le pedimos que explicara los fundamentos biológicos pesqueros que permitieron cambiar el informe técnico que indicaba la urgente necesidad de decretar la veda reproductiva en toda el área de distribución de la merluza del sur. En segundo lugar, que adjuntara el informe de los organismos técnicos de las regiones Décima, Undécima y Duodécima autorizados por la ley para opinar sobre la materia referido al artículo transitorio. En tercer lugar, que explicara los fundamentos que se tomaron en consideración para cambiar la medida de administración pesquera dada a conocer en mayo, cuando la mayoría de los empresarios pesqueros había planificado la operación de sus flotas para agosto, eliminando los barcos que operaban en esa área. Por último, la forma de fiscalización del área de operación de las naves en las zonas autorizadas por el mencionado artículo transitorio que permite la irrupción de barcos pesqueros en épocas de veda. Todo esto es absolutamente contradictorio con una política de preservación. A raíz de la presentación hecha por el Diputado señor Ceroni, por oficio de la Cámara pedimos al Ministro que suspendiera la aplicación del artículo transitorio, como una forma de ser consecuentes con la política de preservación impulsada por la Subsecretaría cuando habla de la sobreexplotación del recurso y de la posibilidad de que éste desaparezca si no se establecen períodos de veda. El llamado de atención que hacemos se debe fundamentalmente a la falta de interés por un problema que constituye una violación flagrante de políticas y medidas que la propia Subsecretaría nos llama a tomar en cuenta al legislar. Asimismo, esto está íntimamente ligado con las declaraciones públicas que no se compadecen con las medidas tomadas para preservar la biomasa pesquera y fiscalizar las naves que operan en el mar chileno. Por estas razones, junto con reclamar formalmente, pido que se oficie a la brevedad al Ministro de Economía, a fin de hacerle presente la falta de deferencia y comunicación permanentes de la Subsecretaría de Pesca, que no responde los oficios y no nos da a conocer a tiempo sus criterios. Mediante el subterfugio de no responder los oficios, ha pasado el mes completo de la teórica veda, permitiéndose la pesca de un recurso sobreexplotado según los dichos de la propia Subsecretaría. Al mismo tiempo, pido que se revisen los anteriores oficios enviados en el mismo sentido, en los cuales hemos pedido información a la Subsecretaría, la que hemos recibido. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Seguel, Reyes, Elizalde y Ulloa. La Secretaría hará el análisis respecto de los oficios a que se refirió Su Señoría, los cuales no han sido respondidos. TRANSFERENCIA DE TERRENOS DE LAGUNA CAREN A CORPORACIÓN DE AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS. Oficio. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, antes que todo informo a la Sala que mañana la Democracia Cristiana responderá las falsas, imprudentes y osadas imputaciones formuladas por el Diputado señor Errázuriz en la hora de Incidentes, referidas al Embajador de Chile ante la hermana República de Colombia. A continuación, solicito que, en mi nombre, se oficie a la señora Ministra de Bienes Nacionales, a fin de que responda las interrogantes planteadas por el rector de una universidad. Hace algunos días efectué una intervención en la cual solicité que algunos terrenos de la laguna Carén fueran entregados a una corporación que está trabajando por la integración social de las personas discapacitadas. Es de conocimiento público que el Ministerio de Bienes Nacionales transfirió a la Universidad de Chile 1.100 hectáreas en la laguna Carén. Ese traspaso permitirá que en el transcurso de los próximos días esa universidad anuncie la implementación de un gran proyecto que implicará el traslado de gran parte de sus sedes universitarias, la habilitación y construcción de grandes centros tecnológicos y la generación de una ciudad empresarial vinculada al trabajo universitario. Sin embargo, junto con la cesión de esas 1.100 hectáreas de terrenos, el Ministerio exigió que a lo menos 200 deben ser destinadas a parques, en circunstancias de que está claro que en ninguna ciudad del mundo existe un parque de esa extensión, puesto que sus costos de creación y mantención serían prácticamente imposibles de solventar, sea por organismos privados o públicos. Todos tienen buenas intenciones. La Municipalidad de Pudahuel solicitó que esas 200 hectáreas fueran habilitadas, pero todos conocemos la situación precaria en que hoy se encuentra ese municipio, lo que hace imposible que efectivamente pueda invertir en un parque de esa naturaleza. También se consultó al gobierno regional, el cual no está en condiciones de asumir ni siquiera en parte su construcción. Por otra parte, también es difícil que pueda ser asumida por el Ministerio de Vivienda u otros. Sin embargo, hay una proposición concreta y específica para que parte de esos terrenos sean transferidos a una corporación que se encuentra trabajando en la integración social de las personas discapacitadas, cuestión que planteé en una intervención anterior. La universidad estaría en condiciones de cederles parte importante de esos terrenos, siempre que el Ministerio de Bienes Nacionales le indique la forma en que puede hacerlo: en comodato o mediante venta o licitación, para que ese parque tan necesario para la Región Metropolitana sea una realidad, más aun si se considera que el proyecto contempla el traslado del zoológico. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. DESCONOCIMIENTO DE APORTES PREVISIONALES E INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LEY SOBRE MOROSIDAD PREVISIONAL. Oficio. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, existen miles de personas que al momento de hacer efectiva su jubilación se encuentran con que gran parte de su vida laboral no es tomada en cuenta y que sus aportes previsionales no les permiten acceder a una pensión equivalente a sus años de trabajo. Tengo en mi poder los documentos del señor Edgardo Aroca Leyton, quien ha trabajado durante toda su vida; sin embargo, el INP le certificó una cobertura que no corresponde a la realidad. Así, aparece como no haciendo imposiciones entre los años 1957 y 1984, en circunstancias de que tengo en mi poder los documentos que indican las empresas donde efectivamente trabajó, todas ellas relacionadas con el rubro del calzado, que es su actividad. En efecto, trabajó durante dos años en calzados Tencha; uno en calzados Rabito; uno en calzados Johnson y otro en calzados Doreti; sin embargo, ninguna de esas imposiciones ha sido certificada por el INP, a pesar de que esa persona trabajó efectivamente en dichas empresas e hizo los aportes previsionales respectivos. Esta situación significa que no puede obtener el bono de reconocimiento que le permita hoy, ya cercano a los 65 años, acogerse a la pensión que legítimamente le corresponde. Por lo tanto, me permitiré entregar a la Mesa estos antecedentes, a fin de que se oficie al Ministro del Trabajo dándole cuenta de este caso, para que se certifiquen los años efectivamente trabajados y esta persona pueda ejercer los derechos previsionales que le corresponden. Quiero recordar que, en atención a denuncias de situaciones permanentes de robo y de lagunas previsionales que sufrían los trabajadores, durante el gobierno del ex Presidente Aylwin se promulgó la ley sobre morosidad previsional, en la cual se aplicaron multas y sanciones para tratar de recuperar dineros que hasta ese momento no habían sido incorporados a las AFP. En consecuencia, quiero que el Ministerio del Trabajo nos informe sobre los resultados concretos de la aplicación de la ley sobre morosidad previsional, acerca de las cotizaciones que se ha logrado recuperar y, en definitiva, si los transgresores han sido sancionados como la ley estableció con las multas pertinentes, las cuales iban a ser traspasadas a las cuentas individuales de las personas afectadas. Deseo saber si la ley está corrigiendo abusos que durante tantos años ocurrieron en nuestro país y si las personas podrán optar legítimamente a una jubilación digna, acorde a sus esfuerzos y al aporte previsional hecho durante su vida laboral. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría en lo relativo a los resultados de la aplicación de la ley sobre morosidad previsional. En cuanto a su petición sobre una persona en particular, a la Mesa le asiste una duda de constitucionalidad, de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 57 de la Constitución. Por lo tanto, le solicito dar tiempo a la Mesa para estudiar más detenidamente el punto y responder su petición en Incidentes de la sesión de mañana. El señor ELIZALDE.- En todo caso, quiero señalar que de todos modos fotocopiaré los documentos que tengo en mi poder y los remitiré directamente al Ministro del Trabajo, a pesar de que creo que en una materia de esta naturaleza, en la que están involucrados tantos miles de chilenos, debería existir una posición unánime de la Cámara, lo que solicitaré oportunamente. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, tal vez la situación particular planteada por el Diputado señor Elizalde podría ser considerada a modo ejemplo. En tal sentido, creo que es absolutamente válido. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Señor Diputado, la Mesa sólo ha hecho presente su duda sobre una petición concreta del Diputado señor Elizalde relacionada con una persona determinada, y que tiene que ver con un asunto administrativo planteado a la autoridad administrativa. Pero el tema se ha resuelto con su intervención. AGRESIÓN A FISCALIZADOR DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. Oficios. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la atención de la Sala ante la denuncia que daré a conocer. El 20 de agosto recién pasado, entre las 10.30 y las 11 horas, se constituyó en la empresa Comanej Limitada, de Osorno, el fiscalizador don Luis Elías Medina Smith, con el objeto de realizar las labores que le son propias. Según la información de que dispongo, luego de haber fiscalizado correctamente la oficina 4, pasó a la oficina 11, donde se encontró con don Aldo Barría, representante legal de Comanej Limitada, empresa que, entre otros, presta servicios de cobranza y aseo a la Municipalidad de Osorno. Al ver a ese funcionario realizar su trabajo de fiscalización, Aldo Barría matón prepotente lo agredió. Trataré de leer textualmente: “En ese instante me tomó de la parka, a la altura del cuello, tirándome contra la puerta principal. Luego, me sacó a empellones, me tomó del cuero cabelludo y me propinó un puñete en el pómulo izquierdo. Posteriormente, siguieron varios zamarrones, para lanzarme un puntapié entre los genitales.” Dicho fiscalizador, don Luis Elías Medina Smith, fue llevado en forma inmediata a la posta de urgencia del hospital base de Osorno, donde fue atendido por el doctor Herrera, quien diagnosticó contusión facial izquierda y contusión testicular simple. Esta denuncia me llegó a través de los trabajadores de la Dirección del Trabajo de Osorno. Se la comuniqué al Ministro del Trabajo el viernes recién pasado, le solicité hacerse parte en la querella que presentó la Dirección del Trabajo de Osorno y que, a su vez, pidiera la participación del Consejo de Defensa del Estado en esta materia, pues se trata de un trabajador fiscal. Por la inmoralidad que implican y el dolor que me provocan estas actitudes, pedí información, de la cual se deduce que en Chile nunca se había conocido este tipo de matonaje. Al respecto, me parece conveniente que los empresarios del país se pronuncien sobre este tema. Por esa razón, solicito que se oficie al Ministro del Interior para que haga llegar esta denuncia a la Confederación de la Producción y el Comercio, con el fin de que expresen públicamente si aceptan a este tipo de empresarios en el país. Para que no actúe este tipo de matones en Chile, estamos pidiendo más fiscalizadores, con mayores atribuciones. Además, pido que se oficie al Ministro del Trabajo para que informe a la Cámara qué medidas van a tomar el Ministerio y la Dirección del Trabajo, en particular, sobre la evolución del estado de salud del trabajador; y a la municipalidad de Osorno, para que nos entregue todos los informes y señale qué actitud adoptará con respecto a esta denuncia. Por otra parte, también solicito que se oficie a la Asociación de Municipalidades, presidida por don Jaime Ravinet, para que nos haga llegar toda la información pertinente acerca de los medios que tienen los municipios para asegurar que las empresas, contratistas o subcontratistas que les prestan servicios, paguen lo que corresponde en sueldos, previsión y salud. Hechos como éste ponen por el suelo cualquier actividad, vocabulario o presentación que hagan los empresarios chilenos. Así como en otras oportunidades los trabajadores cometen errores, en ésta, los empresarios deben fijar su posición respecto de estos matones, gente indeseable para el país y para el empresariado chileno. Hago esta denuncia con mucho dolor. Junto con eso, solicito que se envíe a los funcionarios, a través del Ministerio del Trabajo, mi respaldo, solidaridad y cariño, especialmente a don Luis Elías Medina Smith. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Elizalde, Ortiz, Reyes, Villouta y Ulloa. ENAJENACIÓN DEL EX MERCADO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. Oficios. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, desde hace ya bastante tiempo, en Concepción se viene comentando un problema que, sin duda, ha escapado claramente al marco legal y que, traspasando la inquietud lógica de los afectados, se ha convertido en un tema de ciudad, donde las interrogantes continúan día a día y el buen nombre de las personas e instituciones, incluso, de nuestra administración de justicia, se encuentran en entredicho. Me refiero a la enajenación del ex mercado municipal de Concepción, tema que generó una preocupación inédita en la ciudad, como que el principal periódico de la zona, El Sur, publicó el 7 de julio un suplemento especial de 12 páginas enteramente dedicado a mostrar a la opinión pública regional que la situación no sólo es confusa, sino que ha dado lugar a que se entrecrucen influencias, fraudes, negocios irregulares, mandatos incumplidos, probable pérdida para el municipio del área más importante de la ciudad de Concepción, intervención de un importante funcionario del Ministerio del Interior como abogado de una de las partes, y lo que es peor, en aquel reportaje, uno de los personajes involucrados, reconoce que fue invitado al mercado municipal para conocer el proyecto el ministro de la Corte Suprema don Luis Correa Bulo, el cual, el año pasado, en una entrevista personal, me señaló que había asistido, pero que nada sabía del proceso negociador. En consecuencia, alguien miente. Peor aún: un entrevistado reconoce que el ministro Correa Bulo asistió a una reunión de accionistas de la empresa Concepción 2000, que, a la sazón, ya estaba en un proceso judicial. Por otro lado, también se señaló en ese reportaje que un señor Diputado de ese distrito estaba informado de lo ocurrido y que había tratado de ayudar para que los comerciantes locatarios no perdieran el mercado por deudas impagas. Lamentablemente, se produjo la pérdida de ese preciado bien inmueble, que quedó en manos de una sociedad de cuyos integrantes poco se sabe. Tampoco se sabe qué ocurrirá con los comerciantes que tienen locales que bordean el sector externo del mercado y, sin embargo, forman parte de él. Muchos de ellos son dueños de esos locales, como consta en las respectivas escrituras. Esto no es todo: uno de los abogados que representaron a los locatarios ha señalado públicamente que es tan irregular la negociación emprendida que la sociedad que se crearía en el área del mercado tendría fondos provenientes del lavado de dinero. “Es una conclusión a la que inevitablemente se llega”, indicó. Como puede apreciarse, la situación tan genéricamente expuesta es sólo un esbozo de este complejo asunto, en que existen opiniones tan radicales como las de presumir la existencia de un complot con el objeto de hacer prácticamente imposible la cancelación de las cuotas adeudadas por los locatarios al municipio, sólo para que la propiedad fuera traspasada a terceros con la intención de eliminar el mercado municipal y desarrollar allí proyectos de mayor rentabilidad. Señor Presidente, tan importante ha sido para la opinión pública regional la situación generada respecto del mercado municipal, que una encuesta realizada por la Universidad de Concepción y dada a conocer el 14 de julio señala que el 80,7 por ciento de los encuestados estima que el tema no está terminado; el 64,7 por ciento, que hay poca claridad en el tema y, finalmente, el 72 por ciento, que es necesario contar con un mercado. Por último, en nombre del Diputado señor Víctor Pérez, de la concejala señora Jacqueline van Rysselberghe y de quien habla, solicito se inserte completamente en la versión de esta sesión el reportaje publicado por el diario El Sur, el 7 de julio, en el cuerpo Actual, titulado “Mercado central de Concepción, la historia en blanco y negro”, que tengo en mi poder y que dejaré a disposición de la Mesa para que, junto con esta intervención, sean remitidos al presidente de la Corte Suprema con el objeto de que en virtud de lo expuesto y por la gravedad de sus contenidos, como asimismo del fuerte impacto que ha provocado, se nombre un ministro en visita de ese máximo tribunal, con el fin de que se aboque al conocimiento de los hechos y a la determinación de probables responsabilidades penales o administrativas. También solicito que la Contraloría General de la República efectúe una fiscalización para determinar responsabilidades administrativas frente a una eventual pérdida de patrimonio municipal. Además, pido que se envíe copia de esta intervención al Superintendente de Valores y Seguros para que efectúe una completa investigación de las sociedades involucradas y se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que fiscalice el estricto cumplimiento de las normas tributarias aplicables a estas negociaciones. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada. Sin embargo, respecto de la inserción que Su Señoría solicita, debe requerirse el acuerdo de la Sala. El señor ULLOA.- ¿Me permite? El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ULLOA.- Señor Presidente, los documentos señalados quedan a disposición de la Mesa. El resto del tiempo de la UDI se lo cedo al Diputado señor Errázuriz. RECHAZO A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Resta un minuto y medio al Comité de la UDI. Tiene la palabra al Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, en la página 2 del diario La Nación del 21 de agosto pasado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del país, don Jaime Castillo Velasco, se queja porque “un pobre diablo mató a un niñito rico”. En verdad, resulta inconcebible que una declaración de esta especie no haya provocado una mayor conmoción en el país. Si no fuera rico el niño, ¿entonces sería condenable?, porque él aparece justificándolo. ¿Cómo es posible que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del país haga una afirmación de esta especie? ¿Puede estimarse que quien hace una aseveración de esa naturaleza se encuentra con sus facultades mentales en orden? ¿Cómo es posible que no haya corregido lo que publicó La Nación o, acaso, eso fue exactamente lo que dijo? De ser así, quiere decir que el señor Castillo Velasco es un resentido, un amargado, lleno de odio, enfermo y alterado. ¿Cómo un sujeto que dice una cosa así puede presidir la Comisión de Derechos Humanos del país? Estoy cierto que ni la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara... El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Diputado. Le ruego redondear la idea. El señor ERRÁZURIZ.- ...ni tampoco esta Corporación pueden compartir tan descriteriadas declaraciones. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.14 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.