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- rdf:value = " El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, nuestra bancada, Renovación Nacional, estima de la mayor importancia el debate nacional que se ha abierto sobre el tema de la corrupción y el interés de esta Honorable Cámara para analizar el fenómeno, como se ha venido haciendo esta mañana, en una perspectiva reflexiva en que no se descienda a la reiteración sistemática de acusaciones y descargos con que, a veces, el tema se aborda.
Asimismo, nos parece que un análisis serio debiera evitar el simplismo de atribuir este flagelo a uno u otro modelo de organización económica, pretendiendo establecer una falsa y única relación de causa y efecto.
Creemos también que el análisis de la corrupción no debe agotarse en la nómina de medidas y opciones necesarias para conjurarla, ni tampoco centrarse únicamente en la denuncia moral.
Nos parece necesario levantar la vista para enfocar el problema en su integridad e intentar apreciar mejor sus letales alcances en diversas dimensiones, ya que, de esta forma, efectuaremos un aporte a la tarea nacional de ponerle oportuno y global atajo.
En tal perspectiva, nos parece que la primera constatación significativa es que, hoy por hoy, la corrupción se alza, ni más ni menos, como la principal amenaza para el sistema democrático.
El mundo, gracias a Dios, vive una etapa de frontal rechazo a los autoritarismos y a los totalitarismos, de fuerte expansión de las libertades y de preocupación progresiva por el respeto de los derechos individuales.
Todos esos elementos configuran una etapa diferente y positiva en la evolución y en el desarrollo de la democracia. A su tumo, el derrumbe de algunos imperialismos ha disminuido la amenaza exógena que, en el pasado, a través de múltiples formas de subversión, afectaron el sistema. Sin embargo, este cuadro no permite concluir que la salud democrática esté inmune a todo peligro endógeno, esto es, proveniente de sus entrañas.
La democracia es el sistema político que mejor responde a la naturaleza del hombre, pero es, a la vez, aquel que exige mayores virtudes cívicas a los gobernantes y gobernados. Por esa simple y contundente razón, una sociedad en que la corrupción se generaliza, tarde o temprano termina cuestionando a fondo la legitimidad misma de su sistema de organización política, con todas las implicancias que ello tiene.
En segundo lugar, no hay que perder de vista que la extensión de las prácticas corruptas degrada la actividad política y desnaturaliza el rol del Estado.
La corrupción ha sido definida, en términos amplios, como la solución perversa de un conflicto de intereses. Surge cuando quien está legal, moral o políticamente obligado a cautelar un determinado interés público, falta a su compromiso y privilegia su interés privado propio o ajeno.
El sentido final de la política es el servicio abnegado del interés público, y, a su vez, el sentido natural de la acción de los gobiernos, cualquiera que sea la forma en que el poder se ejerza, es servir el interés de la sociedad en aras de alcanzar el bien común. Conformé con esa definición, es evidente que la corrupción pervierte el sentido final de la política y desnaturaliza la acción del Estado, la que, en vez de enfocarse al interés legítimo de todos, termina al servicio del interés espurio de unos pocos.
A su vez, esa desnaturalización genera confusiones muy negativas y alimenta una nebulosa en la cual se entremezclan y entran en conflicto el ámbito de lo público y lo privado.
La paradoja expuesta por el Premio Nobel de Economía Gunnar Myrdal refleja lo anterior. Según él, en los países subdesarrollados el sector privado es "estatista", porque aspira siempre a las protecciones y subsidios del Estado, y el sector público muchas veces es "privatista", porque lo anima el espíritu de lucro individual.
No pretendo sostener que la corrupción es un fenómeno que habita sólo en el ámbito de lo público. De hecho existen innumerables prácticas corruptas en el ámbito privado. Sin embargo, ambos fenómenos no son de idéntica entidad ni importancia.
La corrupción que tiene lugar en el sector privado puede ser controlada y castigada por el Estado. ¿Pero cómo?, se pregunta acertadamente un estudioso del tema, el argentino Mariano Brondona. Si los mecanismos del Estado están infiltrados por la corrupción, ¿quién puede controlar o castigar al propio Estado?
Entonces siempre es necesario distinguir entre acto corrupto y estado de corrupción. El primero apunta a una conducta individual y aislada, en tanto que el segundo se refiere a un fenómeno generalizado que se arraiga y virtualmente se institucionaliza a través de múltiples engranajes en el entramado del Estado y en el tejido de la sociedad.
Hay, pues, que diferenciar la corrupción que se genera en el Estado de la corrupción del Estado, asumiendo que la primera es hasta cierto punto inevitable, pero que la segunda debe y puede ser impedida.
El efecto concreto de la extensión de la corrupción es, ni más ni menos, la degradación de la política y la desnaturalización del rol del Estado.
En tercer lugar, es importante apreciar no sólo los aspectos políticos y morales que devienen de la corrupción generalizada o en aumento. Hay que mirar también los efectos sociales y económicos que trae consigo; para ello, nada mejor que el prisma de la actual situación de Chile.
Hoy nuestro país tiene por delante una auspiciosa oportunidad histórica para avanzar resueltamente en la ruta del progreso. Ello se debe no solamente a los activos más evidentes, como el buen pie de la economía. Esta oportunidad también se apoya en la existencia de elementos intangibles, cuya importancia supera la constatación empírica de que el país va a completar una década de crecimiento sostenido o que ha recuperado en plenitud su vida democrática.
En efecto, Chile tiene hoy, quizás como nunca, activos intangibles de gran valor, como la atmósfera de armonía política y estabilidad que hemos construido entre todos; el clima de colaboración entre el sector laboral y empresarial; la inexistencia de conflictos sociales y étnicos explosivos como los que han surgido en México y que se encuentran larvados en otros países de América Central; la falta de proliferación del narcotráfico, pese a su preocupante aumento, y, por cierto, el que la corrupción muestre comparativamente índices y magnitudes muy menores a los de otros países de América Latina.
Señor Presidente, la corrupción no sólo rebaja el clima moral del país: también degrada la política, desnaturaliza y debilita al Estado. Mucho más que eso, frena el flujo de inversiones sanas de origen legítimo y abre la puerta para las inversiones especulativas o de origen sospechoso. Asimismo, aumenta las desigualdades, toda vez que las prácticas corruptas siempre favorecen a algunos privilegiados en desmedro de los ciudadanos comunes y corrientes e, inevitablemente, hace más ineficaz la acción del Estado, ya que éste, en una atmósfera así, desvía y despilfarra cuantiosos recursos.
Es evidente que un combate eficaz contra esta lacra exige actuar en diversos ámbitos, algunos de los cuales se han señalado esta mañana. Es necesario aumentar el poder fiscalizador general de la sociedad; atribuir mayor eficacia punitiva a la acción de la justicia; perfeccionar figuras legales relativas a los delitos que cometan los funcionarios públicos; elaborar un estatuto de probidad administrativa; dictar leyes que reglamenten y otorguen transparencia al financiamiento de los partidos. Por último, hay que avanzar resueltamente en la modernización del Estado.
Un Estado hipertrofiado, por definición, es una estructura proclive a la falta de control. La existencia de innumerables facultades discrecionales en manos de los funcionarios públicos genera una peligrosa zona fronteriza con la arbitrariedad; en general, la falta de transparencia e información es una cobertura eficaz para las acciones de los deshonestos y el despliegue de las presiones ilegítimas.
Por último, dos reflexiones.
La primera, en cuanto al rol de la Honorable Cámara de Diputados. Sin duda, esta Corporación tiene mucho que decir en esta materia, tanto en lo que respecta a los aportes propiamente legislativos como al ejercicio eficaz de sus propias facultades de fiscalización. Sin embargo, si esta Cámara se propone exigir transparencia y un fiel y riguroso cumplimiento de la ley, debe partir por dar el ejemplo en su accionar, ya que, de lo contrario, se cuestionará su autoridad moral para cumplir con tan elevado propósito.
La segunda se relaciona con la necesidad de actuar en la dirección correcta y en forma oportuna. Es efectivo que la corrupción es como un cáncer. Si no se le extirpa a tiempo, se extiende por todo el cuerpo social, gestando una verdadera cultura de la corrupción, en la cual los ciudadanos honestos, a quienes debemos proteger, hastiados de las dificultades y desventajas que implica rechazar prácticas y hábitos que la mayoría asume y de las cuales ésta profita, terminan por sumarse resignadamente a las conductas indebidas. La experiencia enseña que cuando ello ocurre, se cruza un umbral de muy difícil retomo.
Renovación Nacional tiene la certeza de que impedir que tal deseado evento se materialice es una de las principales prioridades de Chile como nación, y desde ya compromete su voluntad política para trabajar a fondo en ese sentido.
He dicho.
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