REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 328ª, EXTRAORDINARIA Sesión 3ª, en martes 22 de marzo de 1994. (Ordinaria, de 11.30 a 13.57 horas) Presidencia de los señores Schaulsohn Brodsky, don Jorge, y Latorre Carmona, don Juan Carlos. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Alvarez, don Adrián. INDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS VI.ORDEN DEL DÍA VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA INDICE GENERAL Pág. I.- Asistencia 209 II.- Apertura de la sesión 211 III.- Actas 211 IV.- Cuenta 211 V.- Acuerdos de los Comités 211 VI.- Orden del Día 1.Regularización de posesión de inmuebles destinados a equipamiento comunitario. Primer trámite constitucional 211 2.Modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en cuanto al control de la calidad de la construcción. Primer trámite constitucional 215 3.Modificación de la Ley de Bancos en lo relativo a la defensa judicial de los deudores hipotecarios. Primer trámite constitucional 232 VII.- Incidentes 1 Efectos de la sequía y construcción de caminos en Novena y Décima Regiones. Oficios 235 2.Efectos de la sequía en el abastecimiento de agua potable en la Décima Región. Oficios 236 3.Reasignación de recursos para hospital de Ancud (Décima Región). Oficio 237 4.Ayuda al atleta Cristián Bustos. Oficio 237 5.Colocación en tabla de proyecto de ley sobre deudores hipotecarios 238 6.Cumbre de Desarrollo Social 239 7.Nombramiento de secretarios regionales ministeriales de la Décima Región. Oficios 240 8.Investigación en la Municipalidad de Purén. Oficios 241 9.Zona de emergencia por sequía en Osorno. Oficios 241 10.Presunto delito de acción pública en sociedad de responsabilidad limitada en Arica 242 11.Problema de abastecimiento de agua potable en Ancud (Décima Región). Oficios 243 12.Denuncias en contra de servicio de Hospital Clínico de Concepción. Oficio 244 13.Alhajamiento de oficinas de Diputados 245 14.Alcance sobre denuncia hecha en Comisión Investigadora de Codelco; 246 15.Recaudación de fondos por la señora Margaret Thatcher 248 16.Envío a Comisión de proyecto sobre deudores hipotecarios 248 17.Medidas para prestigiar la labor legislativa 248 18.Tramitación de proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar 249 VIII.- Documentos de la Cuenta 1.Oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, mediante el cual informa haber constituido el Grupo Interparlamentario Chileno-Griego 251 2.Moción del Diputado señor Alvarez-Salamanca, por la que inicia un proyecto que autoriza el establecimiento de un casino de juegos en Constitución (boletín N° 1173-06) 251 3.Moción de los Diputados señores Hamuy, Ojeda, Sabag, Aguiló, Elizalde, León, Vargas, De la Maza, Huenchumilla y Longton, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 19.175, sobre gobierno y administración regional (boletín N° 1174-06) 252 IX.- Otros documentos de la Cuenta 1.Comunicaciones. De la Diputada señora Prochelle, con la que adhiere a la moción que modifica la ley N° 18.700, que establece la renovación parcial de los vocales de mesas receptoras de sufragios (boletín N° 1171-06). Del Diputado señor Valcarce, con la que adhiere a las siguientes mociones: a)Protección de menores en materia penal (boletín N° 1172-07) b)Responsabilidad penal de empleados particulares de empresas públicas (boletín N° 1154-13). 2.Oficios: De la Contraloría General de la República, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Ramón Pérez, rendimiento de cuentas festival de tunas y estudiantinas y del carnaval efectuado en la ciudad de Iquique; desarrollo de la feria exposición industrial realizada en noviembre pasado en la ciudad de Iquique. Del señor Bombal, titularidad del cargo de rector del Internado Nacional Barros Arana. Del Ministerio del Interior, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Letelier, permisos para extracción de áridos en la ribera sur del río Cachapoal. Del señor Ramón Pérez, situación que afecta a los habitantes del pueblo de Quillagua, ubicado en el límite entre la Primera y Segunda regiones. Del Ministerio del Interior, referente a mecanismos que permiten reducir los costos del transporte en la Undécima Región; proyectos para localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico; trabajos en la localidad de la Tapera; trabajos en la localidad de Amengual; electrificación rural sector valle Pangal. Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Kuschel sobre reducción del valor de patentes de acuicultura para cultivo de algas. Del Ministerio de Educación, por los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Bayo, posibilidad de transformar en Liceo Técnico-Profesional al Liceo Humanístico Científico C-14 de la comuna de Lonquimay. Del señor Seguel, situación educacional de las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, Región Metropolitana. Del Ministerio de Educación, referente a la disolución de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna de Cochrane, Undécima Región. Del Ministerio de Obras Públicas, por los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Masferrer, paso vehicular bajo nivel entre la intersección del camino internacional y camino al Aeropuerto de Torquemada, Quinta Región. Del señor Latorre, mejoramiento ruta I-72, Santa Cruz-Lolol, Sexta Región. Del señor Correa, contrato conservación caminos comunas Hualañé, Licantén y Vichuquén, provincia de Curicó. Del señor Kuschel, situación de caminos en provincia de Llanquihue, Décima Región. Del señor Sota, agua potable rural para Villa Alhué, provincia de Melipilla. De los señores Letelier y Masferrer, programa de agua potable rural Isar-Mop, 1994. Del Ministerio de Obras Públicas, relativos a fondos de fomento para la reconstrucción de caminos, Undécima Región; trabajos localidad Villa Amengual; mejoramiento sistema agua potable rural de Villa Mañihuales, Undécima Región; pavimentación camino Salamanca-Chellepín, Cuarta Región. Del Ministerio de Agricultura, por los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Valcarce, situación deudores de los valles de Azapa y Lluta, del señor Munizaga, proyecto agrícola Guayaquil S.A. Del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Arancibia, compra de terrenos fiscales por la Cooperativa Abierta de Vivienda Habitacoop. Del señor Munizaga, venta de terrenos en la localidad de Pelicana, Valle de Elqui, comuna de Vicuña. De los señores Kuschel y Elgueta, títulos de dominio en la localidad de Quenuir, comuna de Maullín. Del señor Cantero, construcción de retén de carabineros en Calama, Segunda Región. Del Ministerio de Bienes Nacionales, sobre regularización de títulos en Castro-Chiloé y saneamiento de títulos localidad El Salto, Undécima Región. Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Arancibia, situación laboral de trabajadores de la Empresa Soc. Sakamoto y Cía. Ltda., sistema de capacitación ocupacional. Del señor Letelier, fiscalizaciones en favor de trabajadores temporeros del sector agrícola. Del Ministerio de Salud, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Munizaga, referente a la naturaleza y forma de contaminación que ha experimentado el cauce del río Elqui. Del señor Ramón Pérez, contaminación área circundante a la planta elevadora de aguas servidas zona residencial de Cavancha, comuna Iquique. Del Ministerio de Salud, sobre ampliación sistema captación de agua potable rural Villa Mañihuales, Undécima Región. Del Ministerio de Minería, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Claudio Rodríguez, referente a expansión de la División Andina de Codelco. Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Chadwick, sobre informe técnico de construcción de viviendas progresivas para comité unión comunal de allegados de Machalí, provincia de Cachapoal. De la Corporación de Fomento de la Producción, por el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Arancibia, respecto de enajenación activos de Ferronor S.A. Del Servicio Electoral, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Kuschel sobre creación de juntas inscriptoras en escuelas de Llanquihue. Del Servicio Electoral, con el que remite calendario de inscripción electoral del año 1994. De la municipalidad, de Alhué, mediante el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Sota referente a catastro de organizaciones comunitarias de dicha comuna. I.ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores Diputados: (112): --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Meló, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Alvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Allamand Zavala, Andrés --Allende Bussi, Isabel --Arancibia Calderón, Armando --Ascencio Mansilla, Gabriel --Avila Contreras, Nelson --Aylwin Azocar, Andrés --Aylwin Oyarzún, Mariana --Balbontín Arteaga, Ignacio --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés --De la Maza Maillet, Iván --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Angel --Ferrada Valenzuela, Luis Valentín --Fuentealba Vildósola, Renán --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Rodríguez, José Luis --Gutiérrez Román, Homero --Hamuy Berr, Mario --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado Ruiz-Tagle, José María --Jara Wolff, Octavio --Jeame Barrueto, Víctor --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Jürgensen Caesar, Harry --Karelovic Vrandecic, Vicente --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian --León Ramírez, Roberto --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Makluf Campos, José --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Matthei Fornet, Evelyn --Melero Abaroa, Patricio --Montes Cisternas, Carlos --Morales Morales, Sergio --Moreira Barros, Iván --Munizaga Rodríguez, Eugenio --Muñoz Aburto, Pedro --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchon, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Rebolledo Leyton, Romy --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Rodríguez Cataldo, Claudio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Solís Cabezas, Valentín --Soria Macchiavello, Jorge --Sota Barros, Vicente --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Avila, Raúl --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Venegas Rubio, Samuel --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos --Villegas González, Erick --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Wörner Tapia, Martita --Zambrano Opazo, Héctor Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Camilo Escalona y Jaime Rocha. Asistieron, además, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Edmundo Hermosilla, y el Senador señor Ignacio Pérez Walker. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 11. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.ACTAS. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Las actas de las sesiones 1ª y 2ª quedan a disposición de los señores Diputados. IV.CUENTA. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ALVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Terminada la lectura de la Cuenta. V.ACUERDOS DE LOS COMITES. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos adoptados en forma unánime por los jefes de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Schaulsohn, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 1° Destinar la hora de Incidentes de los jueves de cada semana a tratar un tema de interés general. Se avisará con la debida anticipación qué materia se analizará en cada oportunidad. Los señores Diputados podrán hacer uso de la palabra alternadamente, sin sujeción a determinado orden, en el tiempo que a cada bancada le corresponde. 2° Iniciar el mecanismo propuesto el próximo jueves 24 del mes en curso, con el tema "Probidad administrativa". El jueves 7 de abril se considerará "La cumbre social y temas de pobreza". VI.ORDEN DEL DIA. 1.REGULARIZACION DE POSESION DE INMUEBLES DESTINADOS A EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. Primer trámite constitucional. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que autoriza regularizar la posesión de inmuebles municipales. Esta iniciativa tuvo su origen en una moción de las señoras Caraball y Cristi y de los señores García Ruminot, Correa, García García, Montes, Elizalde, Alvarez-Salamanca, Navarrete y Villouta. Diputado informante es el señor Montes. Antecedentes: Moción, boletín N° 805-14, sesión 43ª, en 16 de septiembre de 1992. Documentos de la Cuenta N°13. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 55ª, en 17 de marzo de 1993. Documentos de la Cuenta N°7. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto que tiene por objeto regularizar la posesión de bienes inmuebles municipales. Su origen es la moción del señor José García, suscrita por los Diputados que indicó el señor Presidente. Durante su estudio, la Comisión contó con la participación del Alcalde de Temuco, don René Saffirio; del Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Ernesto Labbé, y de los asesores de esa cartera, señores Vicente Domínguez y Leonardo Moreno. El proyecto pretende solucionar la situación de un alto porcentaje de propiedades con problemas de regularización. Aun cuando la estimación no es precisa, se podría decir que afecta al 60 por ciento de ellas. Por ejemplo, las autoconstrucciones realizadas en terrenos que originalmente fueron "operaciones sitios" nunca han sido regularizadas. Lo mismo ocurre con la mayor parte de los colegios, iglesias, jardines infantiles y muchos otros inmuebles. La situación gravita en el mercado de la vivienda y en las transacciones de estas propiedades. Por eso, busca el camino para regularizar la posesión de todos aquellos terrenos que, en los planos de urbanización, se destinaron gratuitamente a equipamiento, circulación y áreas verdes, conforme con las superficies que señala la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En la medida en que estas propiedades no están regularizadas, los municipios no pueden desarrollar inversiones en ellas. El origen del problema está en los terrenos que no fueron oportunamente transferidos o inscritos en los respectivos conservadores de bienes raíces por parte de los municipios. Existen en el país muchos terrenos que por años no han sido regularizados. Sin embargo, no contamos con estadísticas para saber su cantidad. ¿Qué solución plantea el proyecto? El artículo 1° se refiere a las superficies de terrenos que, en una urbanización, fueron destinadas a equipamiento y no se inscribieron oportunamente en el conservador de bienes raíces a nombre de la respectiva municipalidad. El artículo 2° define los requisitos que deben cumplir los terrenos para su inscripción: que la municipalidad esté en posesión de ellos, a lo menos, durante tres años, que exista plano de urbanización archivado en el conservador de bienes raíces en que se individualicen expresamente los espacios destinados a equipamiento, que no exista litigio pendiente en que se discuta su dominio o posesión y que no sean inmuebles fiscales. El artículo 3° establece el procedimiento para la regularización. El proyecto original proponía la aplicación de las disposiciones del decreto ley N° 2.695, de 1979. Esta fórmula se descartó, por cuanto algunos de sus preceptos han sido declarados, por lo menos en dos ocasiones, inconstitucionales por la Corte Suprema. Alternativamente se planteó un procedimiento especial para regularizar, que consiste en solicitar la inscripción del terreno al juez de letras, con los antecedentes correspondientes. El juez ordena publicar la solicitud en el diario. El aviso debe individualizar claramente el terreno. Si no hubiera oposición dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde la fecha del último aviso, el juez dictará resolución de inscripción. Si hubiera oposición, hay término probatorio y se hacen aplicables las normas del juicio sumario. Además de resolver la situación de los terrenos no regularizados en el pasado, el proyecto busca modificar el artículo 135 del decreto con fuerza de ley N° 458, con el objeto de impedir que esta situación se repita en el futuro. Además, establece que, una vez recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales, quedarán incorporadas al dominio nacional de uso público las superficies cedidas gratuitamente, correspondientes a las vías de tránsito y áreas verdes de uso público. Dispone que quedarán incorporadas al dominio municipal las superficies cedidas para equipamiento, sin perjuicio de las inscripciones que deban practicar los conservadores de bienes raíces, a requerimiento del municipio, con el solo mérito del certificado de recepción definitiva de la urbanización y del plano correspondiente. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión. No contiene artículos de quorum calificado ni tampoco materias que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda. Es cuanto puedo informar. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García; en seguida el Diputado señor Elizalde. El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, esta moción parlamentaria tuvo su origen en un trabajo que efectuamos con la ex Diputada señora Caraball, al cual después fueron adhiriendo distintos señores parlamentarios. Su objeto original fue establecer un procedimiento que permitiera a las municipalidades una rápida regularización de aquellos inmuebles destinados a equipamiento comunitario en distintos loteos que nunca fueron inscritos en los registros conservatorios, lo que impide concretar inversiones municipales, como construcción de sedes comunitarias, de establecimientos educacionales, etcétera. Sin embargo, durante su discusión en el seno de la Comisión de Vivienda se advirtió que con la moción sólo se iba a regularizar la situación actual, pero no evitaba que ésta se repitiera en el futuro. La Comisión de Vivienda ha mejorado sustancialmente el proyecto y ha agregado que una vez que la dirección de Obras Municipales recepcione los futuros proyectos de loteo, se procedan a inscribir en favor del Fisco los bienes nacionales de uso público destinados a tránsito público y a áreas verdes, y en favor de las municipalidades aquellos terrenos destinados a equipamiento comunitario. Los parlamentarios de Renovación Nacional votaremos a favor, porque las municipalidades podrán regularizar aquellos terrenos que fueron loteados hace 40, 50 o 60 años y no se inscribieron a su nombre, motivo por el cual nunca pudieron invertir en ellos, y porque establece la obligatoriedad de que, por el solo ministerio de la ley, se puedan inscribir en beneficio del Fisco superficies destinadas al tránsito público y a áreas verdes, y en beneficio municipal aquellas destinadas a equipamiento comunitario. El proyecto regularizará situaciones que existen e impedirá que se produzcan irregularidades en el futuro. En este sentido, ordenará enormemente la situación de los bienes, tanto en beneficio fiscal como municipal. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde; a continuación, el Diputado señor Andrés Palma. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, con bastante satisfacción aprobaremos el proyecto, porque en todas las comunas hay innumerables terrenos desocupados convertidos en basurales, sin que nadie se responsabilice de ellos. Además, las diferentes comunidades no tienen espacio para habilitar o construir una sede que les permita cobijarse y desarrollar su acción. La moción ha sido mejorada y hoy se presenta un proyecto que supera los problemas que existen y posibilita que con la sola aprobación del plano definitivo de la comunidad o población sean inscritos en favor del Estado los bienes de uso público, y de los municipios los terrenos destinados a equipamiento comunitario. Espero que la modificación de la ley de juntas de vecinos sea promulgada en los próximos días para que su accionar fortalezca la democracia que estamos viviendo, permita llegar a la base social, y el municipio y el Estado asuman la obligatoriedad de construir las sedes vecinales necesarias. En este sentido, el proyecto permitirá satisfacer los anhelos y aspiraciones de todas las juntas de vecinos que hoy no tienen espacio donde realizar sus actividades. Además de la promulgación de esa ley, ojalá el Ejecutivo dé en el Senado la urgencia que corresponde al proyecto, a fin de hacer coincidir las facultades que entregamos a aquéllas con las que damos a los municipios para inscribir estos bienes y construir sedes. Por las razones expuestas, la bancada democratacristiana respaldará el proyecto. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, tal como lo han señalado el Diputado informante y los Diputados señores José García y Elizalde, el proyecto tiende a resolver un problema generalizado en todas las ciudades. Por intermedio de Su Señoría quiero consultar al señor Diputado informante si el proyecto resuelve el problema que paso a exponer. El fin de semana pasado tuve oportunidad de reunirme con la junta de vecinos de la Villa Esmeralda N° 2, en la comuna de La Granja. Se solicitó la pavimentación de sus calles y los fondos para tal efecto fueron aprobados; los vecinos hicieron el aporte correspondiente. Pero como los terrenos de las calles son comunitarios, porque se trata de un loteo y, por lo tanto, no hay subdivisión, no se ha podido pavimentar. No se pueden transferir esas calles a la municipalidad para que invierta en ellas. Es un círculo vicioso: los vecinos juntan los recursos para resolver su problema, la municipalidad asume el compromiso de apoyarlos, pero no puede realizar la inversión porque el terreno aún es privado. Esta es una materia que la gran parte de los parlamentarios que estamos en contacto con organizaciones vecinales hemos enfrentado en nuestros distritos y los que no lo han hecho, probablemente lo harán en el futuro. Quiero saber si este problema se resuelve mediante el proyecto y de qué manera, porque el artículo 135, nuevo, del decreto con fuerza de ley N° 458 se refiere a las correspondientes vías de tránsito y áreas verdes de uso público, pero no sé si este procedimiento permitiría regularizar su situación; es decir, que los municipios, a través de la aplicación del artículo 2°, pudieran tomar posesión de las vías de circulación que hoy son privadas. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- La consulta está dirigida al Diputado informante. Tiene la palabra su señoría. El señor MONTES.- Señor Presidente, habría que conocer el caso específico en detalle. Sin embargo, si las vías y las áreas de equipamiento de la población hubieran sido cedidas al municipio con anterioridad y éste no las hubiera asumido, se aplicaría el proyecto. Mi impresión es que el problema es distinto. No hay recepción municipal de un conjunto, de una villa, y, por lo tanto, aún no ha sido cedida como tal esa parte pública. Además, me parece extraño que exista requisito de pavimentación para la recepción municipal, por cuanto recién en septiembre de 1992 se estableció dicha obligación. Por lo tanto, mi respuesta es que el proyecto sería útil si la villa estuviera urbanizada, si existiera cesión gratuita y ésta no hubiera sido regularizada por parte del municipio; pero, si el problema se refiere a recepción municipal, a mi juicio, tiene que ver con el proyecto que vamos a ver a continuación. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, pido la palabra para complementar la información. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- El Honorable señor Elizalde complementará la información. A continuación, si le parece a la Sala, se cerrará el debate y se procederá a votar. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, nosotros aprobamos modificaciones a la ley sobre poblaciones en situación irregular o de loteos brujos. Justamente, respecto del caso que plantea el Diputado señor Andrés Palma, junto con aprobarse la destinación de determinados recursos, se entrega una autorización al intendente. Bastaría que él considerara que esa población no ha regularizado definitivamente los títulos de dominio individuales para que se pudieran utilizar recursos del Estado y efectuar la urbanización. De tal manera que habría que acogerse a la normativa vigente. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En votación general el proyecto. Por encontrarse presentes más de 70 señores Diputados y dado que, al parecer, todos están de acuerdo, sería innecesario efectuar la votación. En consecuencia, si le parece a la Sala, se aprobará en general por unanimidad. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular. Despachado en general y en particular. 2.MODIFICACION DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN CUANTO AL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION. Primer Trámite constitucional. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 24 del decreto ley N° 1.305, con el fin de favorecer la mejor calidad de la construcción. Su origen es una moción de la señora Caraball y de los señores Yunge, Leblanc, Elizalde, Gajardo, Hamuy, Palma, don Andrés; Dupré, Cardemil y Ortiz. Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el Señor Ojeda. Antecedentes: Moción, boletín N° 738-14, sesión 14ª, en 7 de julio de 1992. Documentos de la Cuenta N°13. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 38ª, en 14 de septiembre de 1993. Documentos de la Cuenta N° 6. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, el proyecto de ley modifica diferentes artículos del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de favorecer la mejor calidad de la construcción. Su origen es una moción de los señores Diputados ya indicados por el señor Presidente. Su fundamento es la urgente necesidad de establecer normas legales tendientes a elevar el nivel mínimo de exigencias para la construcción de viviendas, puesto que entre el 5 y el 8 por ciento de ellas adolecen de problemas de variada índole. Lo más grave -por no decir injusto- es que la mala calidad se concentra en viviendas cuyos valores oscilan entre 400 y 600 unidades de fomento y en aquéllas con subsidio estatal, fundamentalmente de las comunas de Puente Alto, La Pintana, La Florida, Maipú y otras de la Región Metropolitana y del resto del país. Los autores del proyecto -que cuestionan la calidad de las viviendas- proponen un justo equilibrio entre la cantidad máxima de viviendas por construir y la calidad que les permita ser permanentes. Para lograrlo y mejorar la calidad, sugieren una tarea compartida por diversos sectores de la actividad nacional: los adquirentes de viviendas, las universidades, los centros de investigación, las empresas constructoras y los profesionales ligados al sector de la construcción. Asimismo, se contempla la participación del Poder Ejecutivo, al cual le compete ejercer la potestad reglamentaria para el control de la actividad de la construcción. Agregan que de este modo se corregirán las anomalías advertidas en el rubro y se propenderá paulatinamente a mejorar la calidad de las viviendas. Proponen introducir las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones: 1.Las empresas cuyo giro sea la actividad de la construcción no podrán constituirse como sociedades de responsabilidad limitada. En una norma transitoria, se obliga a aquéllas que, a la fecha de la publicación de la ley estuvieron establecidas en dicha forma, a constituirse en conformidad con la ley, dentro del plazo de un año. De esta manera –dicen- se suprimirían de raíz las empresas constructoras denominadas fantasmas, de fugaz vida y, en la práctica, irresponsables ante terceros. 2.Hacer extensiva la responsabilidad profesional establecida en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones a los proveedores de materiales de construcción, por la calidad de los productos vendidos, y a cualquier profesional que haya participado en la construcción de la obra. 3.Elevar a rango legal la norma del artículo 15 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, que establece la responsabilidad solidaria, por vicios en las construcciones, de las empresas constructoras o proyectistas con el profesional que actúe por encargo de ellas. 4.Tipificar la figura de cuasidelito para sancionar a los profesionales que cometan errores injustificables en el diseño o en la ejecución de obras de construcción, por los perjuicios que con ello provoquen a terceros cuando, por imprudencia temeraria, fueren causantes de vicios o de errores significativos, sancionándoseles conforme con el número 1° del artículo 490 del Código Penal. 5.Aumentar de cinco a ocho años el plazo de prescripción de las acciones en contra de los responsables de vicios en la construcción. 6.Remediar el problema procesal que significa perseguir la responsabilidad por vicios en la construcción. Para ello, y como una manera de hacerla efectiva, se establece la aplicación del procedimiento sumario con las modificaciones que se señalan en el proyecto. Ello se debe a que cualquier responsabilidad de este tipo debe hacerse actualmente conforme al procedimiento ordinario o común, que es largo y costoso. 7.Aumentar al doble los plazos de que dispone la municipalidad para otorgar permisos de construcción, y ampliar de una a tres las inspecciones de obras de construcción de conjuntos habitacionales. Es necesario señalar que, originalmente, la moción se conformó de dos artículos permanentes y uno transitorio. El número 1 del artículo 1° agregaba un inciso final al artículo 5° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de obligar a las municipalidades a responder pecuniariamente frente a los permisos y a las recepciones de obras proyectadas o ejecutadas con infracción de las normas legales y reglamentarias. Este precepto fue declarado inadmisible, en su oportunidad, por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados. La unanimidad de los integrantes de la Comisión acordó aprobar la idea de legislar sobre esta materia. En la discusión particular se tuvieron en consideración los siguientes antecedentes, los cuales terminaron por modificar en varias partes la moción, que al inicio de su discusión se componía de un artículo único y uno transitorio. Con el objeto de rescatar la idea contenida en el número 1 del artículo 1°, original, de la moción declarada inadmisible, el Ejecutivo presentó una indicación que sustituye el artículo 15 de la Ley General de Urbanismos y Construcciones. Con ello se pretende ampliar la fiscalización del cumplimiento de las normas sobre urbanismo y construcciones, que la ley radica en la División de Desarrollo Urbano y en las respectivas secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo, a todos los funcionarios municipales que, en el ejercicio de sus funciones, pudieran tener conocimiento de alguna infracción a esa ley general. En este caso, se podrán solicitar sumarios administrativos a la Controlaría General de la República, la que determinará las sanciones que correspondan, incluso la destitución que deberá aplicar el municipio, suspendiendo el pago de las remuneraciones, cuando procediere. Respecto del número 2 del artículo único de la moción por el cual se proponía agregar un inciso final al artículo 16, que prohíbe a las empresas constructoras constituirse como sociedades anónimas de responsabilidad limitada, hubo consenso en la Comisión de que dicha prohibición podría ser considerada inconstitucional, en razón de que vulneraría el derecho de asociación y la libertad de trabajo consagrados en los números 15 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Puesto en votación este inciso, fue rechazado por unanimidad. Respecto del número 3, hubo unanimidad para no extender la responsabilidad del artículo 18 a los proveedores de materiales de construcción, como se había propuesto en la moción respectiva, por entenderse que éstos tienen la calidad de meros intermediarios, cuya conducta puede ser perseguida de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 18.223, sobre protección al consumidor. Tampoco se considera procedente tipificar como delito la imprudencia temeraria del profesional causante de vicios o de errores significativos en una obra de construcción, puesto que constituiría una reiteración de la figura cuasidelictual tipificada en los artículos 490 y siguientes del Código Penal. En virtud de ello, y por indicación de los Diputados señores Concha, Elizalde, Kuschel, Montes, Ojeda y Peña, se propuso una nueva redacción con el propósito de responsabilizar por los daños derivados de la calidad de una obra al que ha encomendado su ejecución, quien deberá asumir la responsabilidad por los fabricantes, proyectistas y constructores, sin perjuicio de las acciones que tuviere en contra de ellos, acogiéndose así las ideas manifestadas por los autores de la moción. Se sostiene la responsabilidad solidaria respecto de los vicios de construcción, errores de diseño y perjuicios que con ellos se causaren, no exigiéndose que dichas personas jurídicas deban estar constituidas como empresas constructoras o proyectistas. La indicación fue aprobada por unanimidad. Respecto del N° 4 del artículo único de la moción, artículo 19 de la ley, hubo consenso en mantener el plazo de cinco años de prescripción de las acciones para hacer efectiva la responsabilidad por vicios de construcción, errores de diseño o mala calidad de los materiales, que consagra la legislación común vigente en los artículos 2.003, regla tercera, y 2.515 del Código Civil. Se mantiene la idea de establecer el procedimiento sumario para perseguir la responsabilidad consagrada en el artículo 18, que también la moción sostiene y señala en su artículo pertinente. Por indicación de los Diputados señores Concha, Elizalde, Montes, Ojeda, Peña y Kuschel, se adecúan los incisos y quedan de la manera establecida en el informe aprobado por unanimidad. En cuanto del artículo 20 de la ley, el Ejecutivo propuso reemplazar su texto con el objeto de actualizar el monto de las multas por infracciones a la ley General de Urbanismo y Construcciones y demás instrumentos de planificación urbana. La sanción será una multa a beneficio municipal, no inferior a tres ni superior a sesenta y cinco unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la paralización o demolición de toda o parte de la obra, según procediere, además de las sanciones penales y administrativas pertinentes. Puesta en votación la indicación sustitutiva del artículo 20, fue aprobada por unanimidad. En el artículo 25, se procuró precisar en la Comisión en contra de quién deberán dirigirse las acciones para hacer efectiva la responsabilidad de las personas jurídicas. También los señores Diputados ya mencionados anteriormente patrocinaron una indicación, aprobada por unanimidad, que señala que esta responsabilidad se seguirá en contra del o de los representantes legales de ellas. Además estas personas jurídicas no podrán disolverse voluntariamente, mientras esté pendiente el plazo de prescripción respectivo. En el artículo 26, el Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar su texto, que establece una prescripción de cinco años desde que fue cometida la infracción, por la responsabilidad en la infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a su Ordenanza a los instrumentos de planificación territorial, que deban conocer los juzgados de policía local. Finalmente, los números 5 y 6 del artículo único proponían aumentar al doble los plazos de que disponen las direcciones de obras municipales para aprobar proyectos de nuevas edificaciones, y de una a tres las inspecciones que deban realizar las direcciones de obras municipales en obras de construcción de conjuntos habitacionales. Ambos preceptos fueron rechazados por unanimidad. El criterio unánime de la Comisión para rechazarlos fue que dichas modificaciones no contribuyen a solucionar el problema de la calidad de la vivienda y que, por el contrario, atentarían contra la agilización del sistema de aprobación de nuevos proyectos, para lo cual se requeriría que las direcciones de obras dispusieran del personal necesario, con una capacitación adecuada. El artículo transitorio fue rechazado sin debate. Por las consideraciones expresadas y antecedentes expuestos, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del proyecto de ley que aparece en el informe que cada uno de los señores Diputados tiene en su poder. Por último, debo decir que la Comisión estimó que el proyecto no contiene normas de ley orgánica constitucional ni de quorum calificado. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En discusión general el proyecto. El señor GARCIA (don René Manuel).- Pido la palabra. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la Palabra Su Señoría. El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, el proyecto se relaciona principalmente con la calidad de la vivienda y con la afirmación que hizo el Presidente Frei al asumir el mando, en el sentido de que su Gobierno dará prioridad al aspecto social. El aspecto social tiene que ver con la dignidad de las personas que reciben una vivienda en malas condiciones. No obstante, sus falencias nos obligan a aprobarlo sólo en general, para que vuelva a Comisión. En primer lugar, en lo que se refiere a la calidad de los materiales, si un empresario de la construcción va a las empresas que se dedican a vender fierro, a Ebema, a Sodimac, etcétera, ¿por qué van a ser ellas responsables por la calidad del material si, a su vez, lo han comprado a la CAP? Lo que debe hacerse es determinar las características de los materiales que se ocuparán en cada construcción: el grosor, la calidad del fierro, las especificaciones técnicas, que son diferentes a su calidad, porque éstas son dadas por los arquitectos. En segundo lugar, en cuanto a la calidad de los materiales, las empresas constructoras pueden ocupar mucha variedad de maderas -algunos Honorables Diputados también las conocen-, tales como pino, pino impregnado, hualle, roble, coigüe, ulmo, por nombrar algunas especies. Indudablemente, sabemos que no son de la misma calidad, pero su uso está permitido en la construcción. ¿Por qué debería responder el proveedor por la calidad de los materiales, si la empresa constructora tiene técnicos y empleados que los adquiere? O sea, hay una clara contradicción. Por otra parte, la prohibición de que empresas de la construcción se organicen como sociedades de responsabilidad limitada es inconstitucional, porque atenta contra la libre asociación. Lo que sí podría estudiarse es que las empresas constructoras respondan por las falencias de las viviendas que construyan, aunque sean de responsabilidad limitada, porque sería muy fácil -como se dijo- que construyeran mil casas a la buena de Dios, se mandaran cambiar y no pasara nada. Asimismo, sería bueno ampliar las inspecciones de las municipalidades, de una a tres, cuatro o cinco; da lo mismo. Ellas pueden significar el no pago, de acuerdos con los avances de la obra, como se establece en el momento de las licitaciones. Si no reúne las condiciones de calidad establecidas en las bases, no se paga lo que corresponde a la etapa que se está entregando. La empresa tiene que corregir las falencias de materiales, de calidad, etcétera. Estas son las cosas que debemos estudiar en la Comisión. No me extenderé más, pero estas consideraciones justifican que el proyecto vuelva a Comisión. Por lo tanto, Renovación Nacional anuncia su voto favorable en general, porque, por las razones dadas, estima que el proyecto debe volver a Comisión. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable Diputada señora Pollarolo. El señora POLLAROLO.- Señor Presidente, hablo en nombre del Partido Democrático de Izquierda, al que represento en la Cámara. En esta ocasión, deseo expresar la alta valoración que le doy al proyecto, porque constituye un avance, aunque insuficiente. A mi modo de ver, lo más relevante es que se trata de un problema realmente dramático para muchos compatriotas que han colocado su mayor esperanza en la casa propia. Han hecho el esfuerzo de ahorro y con mucha frecuencia -lamentablemente también se ha dado en mi distrito- la han visto frustrada por la mala calidad de la vivienda. Me parecen especialmente trascendentes las normas relativas a la forma de ejercer un control real que evite el abuso de empresas contratistas inescrupulosas, frente a las cuales el usuario y el ahorrante son impotentes para hacer valer sus derechos. Por otra parte -y este es un aspecto débil del proyecto-, resulta indispensable establecer medidas que permitan poner coto a la ineficiencia de las direcciones de obras municipales y a otros problemas que son graves y que preocupan al país. Me refiero concretamente a la corrupción. Todos sabemos que en ellas opera el famoso y triste mecanismo de la coima, que debe ser abordado con mucha claridad. En resumen, el proyecto constituye un avance en el sentido de poner responsabilidades a los contratistas, especialmente en cuanto a que la empresa no puede disolverse mientras dure el plazo de prescripción, y al tipo de responsabilidad, que obviamente no puede ser limitada, como ahora. Por eso, lo aprobaré en general, pero debemos avanzar y buscar fórmulas que permitan prevenir el problema y eviten que el usuario enfrente a las empresas contratistas, situación que no es nada de simétrica. Por último, debiera perfeccionarse el mecanismo de trabajo de la Comisión a través de la ampliación de su espectro de consulta. Me parece que el papel fundamental lo tienen los técnicos, sin perjuicio del diálogo directo con los usuarios, lo cual debiera aplicarse en el trabajo a futuro. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, los temas planteados por los señores Diputados han sido debidamente debatidos al interior de la Comisión. En primer lugar, todos los usuarios que tenían dificultades expresaron sus puntos de vista y fueron escuchados. En cuanto a lo señalado por la Diputada señora Pollarolo, el artículo 15 sanciona a todo funcionario municipal, fundamentalmente a los directores de obra, cosa que en la actualidad no ocurre. El juicio sumario por parte de la Contraloría puede llevar a la destitución del que incurra en algún delito. Respecto a lo planteado por el Diputado señor René García en relación con los proveedores de materiales, debo aclarar que las especificaciones de la construcción determinan los materiales a usarse, y ellas no pueden ser variadas. Hay un avance sustantivo, pero también tenemos interés en que el proyecto vuelva a la Comisión. Queremos profundizar sobre la gran cantidad de viviendas que no han sido recepcionadas por parte de los municipios, por diversas razones, y que, sin embargo, están ocupadas, lo cual implica que esas personas no colaboran ni aportan los recursos que requieren los municipios para mejorar la situación general, inclusive mediante las contribuciones. Vamos a aprobar en general el proyecto, pero queremos que vuelva a la Comisión para avanzar un poco más en el objetivo inicial de los parlamentarios. Por la participación de los ministerios, no quedó en los términos que deseábamos, sino reducido a aquellas cosas que eventualmente mejoran la calidad de la vivienda. Fija sanciones, pero no garantiza plenamente -en último término, es nuestra obligación- a las personas que hacen el esfuerzo de ahorrar para vivir en una vivienda en definitiva igual a la que postularon. Por eso, trataremos de introducir las modificaciones necesarias en el segundo informe. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que el proyecto es de sumo interés para todas las personas que se relacionan con la construcción de viviendas, especialmente de las que se obtienen a través del subsidio habitacional. Pero, como los parlamentarios de diversos distritos hemos recibido un sinnúmero de quejas relativas a defectos, sobre todo de las destinadas a las familias más pobres, consideramos que la Comisión debe analizarlo con mayor profundidad. Antes de continuar, me gustaría formular una consulta al Honorable Diputado informante, porque no me queda clara la redacción del artículo 18. Entiendo que la idea es hacer responsables a las empresas constructoras más allá del plazo de prescripción. El artículo 18 dice: "El daño causado por deficiencias en la calidad de los materiales, en el diseño o en la construcción de una obra, a terceros o a adquirentes o tenedores de todo o parte de ella, con posterioridad a su recepción definitiva, total o parcial, será de responsabilidad de la persona natural o jurídica que hubiere encomendado la ejecución de la obra". No tengo clara esta última parte: "que hubiere encomendado la ejecución de la obra." Me parece que la responsabilidad debe ser de la persona natural o jurídica a quien se hubiere encomendado la ejecución de la obra. La redacción no apunta al objetivo del proyecto. Insisto en que la responsabilidad debe ser de la persona natural o jurídica a quien se hubiere encomendado la obra. Es absurdo decir "que hubiere encomendado la obra", pues quien lo hace podría ser un particular o una municipalidad y a ellos no se les puede perseguir responsabilidad alguna, ya que teóricamente son quienes reciben el daño. La responsabilidad debe ser de la empresa a la cual se encomienda la obra. En definitiva, este artículo debiera decir: "... será de responsabilidad de la persona natural o jurídica a quien se hubiere encomendado la ejecución de la obra." de lo contrario, no tendrá sentido alguno y se prestará para innumerables interpretaciones en los tribunales de justicia. A través del proyecto estamos velando por que las empresas construyan con acuciosidad, se preocupen de la calidad de los materiales empleados y los trabajos cumplan la normativa sobre construcción. El Estado destina innumerables cantidades de recursos para lograr que nuestro país tenga viviendas adecuadas y dignas. No podemos permitir que, por carecer de una legislación firme, muchas empresas falten a la ética y, en definitiva, entreguen viviendas que no corresponden a las pretendidas: dignas y de buena calidad. Una vez aclarado mi punto de vista, la bancada del PPD aprobará en general el proyecto. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda, para responder a la consulta del Diputado señor Ceroni. El señor OJEDA.- Señor Presidente, por su intermedio, paso a responder la pregunta formulada por el señor Diputado. La responsabilidad por el daño causado a terceros o adquirentes por la mala calidad de los materiales empleados, fallas en el diseño o deficiencias en la ejecución de la obra es de la persona u organismo mandante. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero hacer algunos alcances en relación con el proyecto. En primer lugar, respecto de la responsabilidad que cabe a los proveedores de materiales que se emplean en la construcción de viviendas, deseo recordar que en la ley sobre derechos del consumidor, aprobada hace algún tiempo, deja en claro quién es el responsable en la provisión. En todo caso, sería bueno que en la Comisión se armonizara el articulado del proyecto con sus normas. En segundo lugar, me parece que debemos ser cuidadosos y reflexionar respecto de la naturaleza de las sociedades que ejecuten proyectos de construcción, particularmente cuando se trata de viviendas sociales. La realidad es muy diversa. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, hay gran competencia entre las sociedades constructoras para adjudicarse proyectos de construcción de viviendas sociales. Sin embargo, en muchas zonas, fundamentalmente de carácter rural, su ausencia es notoria por el escasísimo margen de utilidad neta. Este escaso margen de utilidad es el que provoca muchas veces las situaciones por las cuales nos estamos lamentando. Si por la vía del proyecto introducimos exigencias o restricciones a las empresas que pueden ejecutar este tipo de construcciones, creo que estamos arriesgando que en algunas zonas se agraven estos problemas. En consecuencia, también soy partidario de que la aprobación del proyecto sea sobre la base de que vuelva a Comisión, para su mejor estudio. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz, don Maximiano. El señor ERRAZURIZ.- Señor Presidente, quiero referirme a tres aspectos puntuales del proyecto. En primer lugar, en lo que se refiere a la calidad de la vivienda, en Estados Unidos y en algunos países de Europa existe un seguro de calidad que permiten a la constructora, que a su vez contrata con otra empresa, asegurar la calidad de la vivienda. El que compra una vivienda escoge entre las distintas empresas constructoras, con la confianza de que cuenta con un seguro de calidad dado, por ejemplo, por la Internacional Insurance Building o el Lloyd de Londres. Creo que éste podría ser también un buen camino para asegurar la calidad de la vivienda. Hay un segundo aspecto que me parece peligroso. Se refiere a la prohibición de construir sociedades de responsabilidad limitada en las empresas constructoras. Pienso que podría atentar contra la libertad de asociación consagrada por la Constitución. El tercer punto versa acerca de la calidad de los materiales. Es indiscutible que ella estará determinada por su valor. Si la empresa compra materiales de buena calidad, tendrá que pagar más; si quiere pagar menos, le van a entregar materiales de menor calidad. Si paga más y le entregan un material de calidad inferior, el vendedor incurrirá en el vicio redhibitorio u oculto y tendrá que responder, ya sea bajando el precio o facultando al comprador para dejar sin efecto el contrato, con la correspondiente indemnización por perjuicio. De manera que cuando se trata de determinar la calidad de los materiales es importante que correspondan al valor pagado, porque no se puede pretender una buena calidad pagando poco. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Honorable señor Errázuriz, el Diputado señor Latorre le solicita una brevísima interrupción. El señor ERRAZURIZ.- Se la concedo, señor Presidente. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Muchas gracias, señor Diputado. Señor Presidente, en relación con lo señalado por el colega Errázuriz, quiero solicitar al señor Ministro que aclare un punto que me parece relevante en la discusión. En la actualidad, gran número de viviendas sociales se construye sobre la base de mecanismos financieros, de alto costo para las empresas contratistas. El negocio produce una rentabilidad extraordinaria para los bancos, que son los que otorgan las boletas de garantías, y otra escasísima para las empresas constructoras. Este elemento incide en el tema que estamos abordando, porque en la medida en que el negocio de construcción de viviendas sociales sea financiero -porque el costo de la boleta de garantía es casi equivalente a la utilidad que percibe la empresa constructora-, se está distorsionando el sistema. Creo que esta es una excelente oportunidad para que el señor Ministro se refiera al punto, pues lo conoce muy bien. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, antes de dar mi opinión sobre el proyecto, en nombre de los miembros de la Comisión de Vivienda, quiero aprovechar la oportunidad para saludar al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, don Edmundo Hermosilla, quien por primera vez está con nosotros en la Cámara. En relación con el proyecto, anuncio que los Diputados del Partido Socialista lo votaremos a favor en general. Sin lugar a dudas, la calidad de la construcción es un problema serio, sobre el cual hay que legislar para evitar que se repitan en el futuro los problemas que hemos detectado. El proyecto, después de largo debate en la Comisión de Vivienda, experimentó avances importantes en lo referente a responsabilidades y fiscalización. Hay muchas cosas pendientes y está claro que no resuelve todo. Sin embargo, sostuvimos que no podíamos pensar en soluciones hacia adelante si no asumíamos los problemas que hoy tenemos en la ciudad, porque la futura normativa iba a estar muy determinada por la realidad. Por eso, siempre intentamos buscar soluciones específicas a algunos de los problemas existentes. Los diputados del Partido Socialista aprobaremos en general el proyecto, a fin de profundizar, en su discusión particular, sobre aquellos problemas que no hemos logrado resolver. El problema de más fácil solución se refiere a las poblaciones que surgieron por autoconstrucción. No se hicieron planos ni los trámites para regularizarlas, pero hoy sus calidades responden a estándares relativamente normales. Una de la forma para resolverlo es dar una facultad excepcional, por un período determinado, que puede ser de tres años, a las direcciones de obras municipales para que saneen esas propiedades que no reúnen todas las exigencias requeridas y que nunca podrán cumplir. El Ministro del ramo ha sostenido que una clave fundamental para avanzar en el tema de la vivienda es flexibilizar su mercado, para lo cual es necesario que puedan transarse en el mercado las propiedades de poblaciones que no están aún regularizadas. Ese es un tipo de problema. El segundo tiene que ver con propiedades acogidas a la "ley de pisos" y que adolecen de múltiples problemas e irregularidades, entre las cuales podemos señalar que los vecinos de los primeros pisos, por ejemplo, se han tomado o hecho dueños de los lugares comunes. Necesitamos buscar un modo de resolverlos. La ley de venta por pisos es una mala ley para lo concerniente a la vivienda social. El Diputado señor Gutenberg Martínez ha presentado una indicación para que se subdivida la administración en los conjuntos acogidos a dicha ley. Esa proposición no abarca toda la situación; pero tenemos que llegar a un acuerdo para resolver los problemas de una vez por todas. En La Florida hay un conjunto de 1.500 viviendas, un solo lote, regido por la "ley de pisos", lo que lo hace absolutamente inmanejable. El tercer tipo de problema tiene que ver con las villas que han hecho más noticia. Habrán visto por la televisión en el mes de febrero que a las casas de la Villa "Carlos Witting", de La Florida, compuesta por 286 viviendas, se les empezó a hundir el piso, cuando sus ocupantes llevaban sólo un mes viviendo en ellas. Estas propiedades fueron construidas por Habitacoop. ¿Qué hacían los adquirentes ante esto? ¿Qué elementos tenían para defenderse? Bastante limitados. La Dirección de Obras de La Florida tuvo una preocupación particular para revisar esta villa. La recorrió casa por casa en tres ocasiones, durante las cuales hizo observaciones permanentemente; pero no consideró el piso, porque no tenía cómo fiscalizar lo que había debajo. Se inició un juicio. Hasta este momento se ha logrado que Habitacoop encargue un estudio a la Universidad Católica, y que la Constructora Maya, que tiene problemas en otros lados, dé cuenta de sus errores. Pero la verdad es que hoy no existe un mecanismo para resolver estas anomalías. Al respecto, podríamos hablar de Maipú; de "Los Andes Sur", en Puente Alto; de la villa “José Miguel Carrera”, en La Florida, que es la única que ha tenido éxito judicial. Pensamos, y lo hemos sostenido siempre en el debate de este proyecto, que legislar sobre nuevas normas de calidad hacia adelante está muy ligado con asumir el problema hacia atrás, por lo que este proyecto debe contener algunas disposiciones transitorias que enfrenten parte de los casos más agudos. Si eso no ocurre, la norma hacia adelante va a estar contaminada, afectada y será más difícil cumplirla. Estamos por aprobar en general el proyecto, y esperamos que, en su discusión en particular, mejoremos sus normas generales, así como también busquemos la manera de que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo asuma mayor responsabilidad y que la ley establezca mecanismos para resolver los problemas ya ocurridos. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Si le parece a la Sala, a las 12.35 votaremos en general el proyecto. Un señor DIPUTADO.- Votémoslo a las 12.30. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Muy bien. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar que ésta es una muy buena iniciativa legal. Aborda un tema que, como lo han dicho todos los Honorables Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, afecta a la gente que adquiere una vivienda, particularmente en los conjuntos habitacionales de zonas muy pobladas. Quiero pedir a los señores Diputados de la Comisión de Vivienda y Urbanismo que recojan algunas de nuestras sugerencias, porque el proyecto, si consideramos sus objetivos, en mi opinión, muestra deficiencia en su redacción. Las normas contenidas en los números 1 y 2 del artículo único, que modifican los artículos 15 y 18 de la ley General de Urbanismo, definen su finalidad. La primera se refiere a los funcionarios municipales que otorgan permisos de edificación o recepciones finales cuando no cumple con los requisitos exigidos. La disposición se limita a señalar que la Contraloría General de la República tendrá que instruir el sumario administrativo correspondiente, medida que desde el punto de vista sancionatorio considero pobrísima, ya que estamos frente a un funcionario municipal a quien se le prueba que ha vulnerado la ley, a sabiendas, es decir, que ha cometido un hecho delictual que afecta gravemente a los vecinos del sector. Hay zonas de Santiago donde se han concedido, mediante el uso de resquicios legales o de modificaciones temporales de los planos reguladores, permisos para edificar en zonas que no corresponde. Ahí hay un fraude, tanto a los vecinos que ven afectado el sector donde viven, ya que, de la noche a la mañana, les cambian las reglas del juego, como a quienes compran las propiedades, porque el que las adquirió también hace suyo el conflicto que se originará. Limitarse a decir que la Contraloría va a aplicar una sanción es, prácticamente, dejar esto sujeto a una amonestación que va a demorar un par de años y que, a lo más va a terminar, si el asunto es extraordinariamente grave, con la destitución del funcionario. Aquí hay un problema mucho más de fondo. En primer lugar, están las responsabilidades que asume el municipio, como tal, por la actuación de uno de su funcionarios que realiza en forma ilegal su cometido, y, en segundo lugar, las sanciones penales, porque esa acción está vinculada a un delito de estafa o de fraude a la fe pública. No debemos quedamos exclusivamente en las sanciones administrativas, sino explorar mucho más a fondo las sanciones civiles que le puedan corresponder al municipio -las indemnizaciones- y las penales que sea posible aplicar al funcionario que ha cometido un delito que constituye un fraude a la fe pública. El artículo 18 contempla sanciones para la empresa que encarga la ejecución de la obra y para quien la ejecuta. En mi opinión, confunde dos situaciones. Además, tal como está redactado, no establece ninguna novedad, ya que el artículo 2314 del Código Civil, que fija la responsabilidad extra contractual, señala: "El que ha cometido un delito o cuasidelito" -civil, no estamos hablando de lo penal- "que ha inferido daño a otro," -que es el caso de una persona que construye en forma negligente, como el que señalaba el Honorable Diputado señor Montes, en que a un poblador se le hunde el piso de su casa, típico caso de cuasidelito civil- "es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito." El artículo siguiente del Código Civil expresa: "Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirla en otros casos el que tiene la cosa con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño." De manera que el problema no está en la responsabilidad civil que regula el citado artículo 2314, ni en que surja, desde el punto de vista jurídico, la obligación de reparar y de indemnizar, sino en que para hacerla efectiva -como bien decía el Diputado señor Montes- se necesita iniciar un juicio ordinario. Por lo tanto, la persona a la que se la hundió el piso de su vivienda tiene que recurrir a los tribunales de justicia, entablar una demanda ordinaria, esperar su contestación quince días, más la tabla de emplazamiento cuando proceda; después viene la réplica; en seguida, la dúplica, el período de prueba, la apelación, la casación en la corte, las quejas. En definitiva, va a lograr que el piso de su casa le sea restituido aproximadamente después de cinco o seis años, y el 20 o 25 por ciento de la indemnización que obtenga en él tendrá que pagárselo al abogado patrocinante. De manera que el procedimiento para ejercer el derecho consagrado por el artículo 2314 del Código Civil no es expedito. Si bien es inconstitucional impedir que las sociedades de responsabilidad limitada participen en este tipo de operaciones, también es cierto que se puede generar un cuadro de indefensión, puesto que, en este tipo de sociedades, la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. Entonces, no podemos encontrar con que, después de cinco años, no exista patrimonio para el pago de la indemnización. O sea, al señor que se le hundió el piso de su casa en La Florida, demandó, pasaron cinco años, pagó a su abogado, ejecutó a la sociedad de responsabilidad limitada, que tenía un capital declarado de 400 mil pesos y, finalmente, no logró nada. Es decir, la ley es letra muerta. Insisto en que debemos agregar un elemento relacionado con las responsabilidades penales. No se trata de suponer que todos los problemas se van arreglar metiendo a la gente presa; pero existe una cuestión objetiva: en Chile hay penas de cárcel para delitos menos graves. Aquí estamos frente a la típica situación de fraude a la fe pública, uno de los valores jurídico que más debe cautelar el Parlamento. Por lo tanto, me gustaría que exploráramos la forma de agilizar los procedimientos, lo cual hemos logrado respecto de muchos otros casos en esto cuatro años. Hay que terminar con estos juicios de larga duración, por lo menos en esta materias, hay que buscar la forma de aumentar las responsabilidades penales, y hay que establecer mecanismos para que puedan hacerse efectivas las responsabilidades civiles, no sólo en los bienes sociales, sino que en el patrimonio individual y personal de los socios. En algunas figuras societarias la ley establece la solidaridad de los socios. No recuerdo la forma jurídica exacta, pero pienso que se puede buscar por ese lado. Para terminar, quiero expresar que me parece que discutimos una estupenda iniciativa, que aborda una materia importante, cuyo texto puede ser perfeccionado y que, no tengo dudas, va a prestigiar el trabajo de este Parlamento. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, la evidente gravedad y urgencia del problema justifica la aprobación en general de este proyecto, pero me parece indispensable que vuelva a ser estudiado en la Comisión. Fundamentalmente, quiero referirme a dos puntos. Primero, el establecimiento de más regulaciones y requisitos, cuyo control y revisión se entregue a las municipalidades, obviamente no soluciona el problema, como muy bien lo apuntó la Diputada señora Pollarolo, ya que esas corporaciones no tienen la capacidad para realizar una buena fiscalización. Además, en muchas ocasiones, por la vía de la corrupción, de la coima, las regulaciones y controles dispuestos por la ley y los reglamentos se transforman en letra muerta, y la protección a los compradores de estas casas en una fantasía. De manera que ése no es el camino para atacar el problema que nos ocupa. Segundo, desde la perspectiva de las víctimas del fraude, que ven discriminada su inversión, me preocupa el tema de la responsabilidad. Considero pertinente la pregunta planteada anteriormente, puesto que, a mi juicio, se diluye y divide la responsabilidad de las personas, lo que es muy grave para quien compró la casa, puesto que entre proveedores, fabricantes, el mandantes -sólo en el caso de las vivienda públicas- se pueden "pasar la pelota", contribuyendo a la indefensión del adquirente. De hecho, la respuesta que aquí se dio en relación con la responsabilidad del mandante sólo es válida y satisfactoria respecto de las viviendas públicas, no así de las privadas, en que el comprador tiene que dirigirse al constructor, quien puede desviar su responsabilidad entre proveedores, fabricantes, etcétera. Esta área rara de responsabilidad, no claramente definida entre constructor, fabricante y mandante, produce un desincentivo a la participación de la empresa privada en la construcción de viviendas, sin cuyo aporte es impensable que logremos solucionar en el mediano plazo el grave déficit que existe en Chile. De manera que, desde la perspectiva de la vivienda a largo plazo, me parece delicado que se apruebe este proyecto sin delimitar claramente las responsabilidades, estableciendo a quién recurre y contra quién se dirige la víctima del fraude. El hecho de que las municipalidades y oficinas gubernamentales, en general, sean ineficientes para controlar el cumplimiento de requisitos -incluso vulnerables por la corrupción- pone de relieve que el fondo del problema -del cual hay que ocuparse en el momento pertinente- está en la calidad de la justicia, en la operatividad del sistema judicial, puesto que, en definitiva, la única garantía de los ciudadanos la constituye el respeto a sus derechos. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor González. El señor GONZALEZ.- Señor Presidente, hacer hincapié en los social conlleva un buen uso de los recursos, tanto del Estado como de particulares. En diversos seminarios y talleres sobre vivienda realizados en el último tiempo, se ha llamado la atención acerca de la poca capacidad de innovación del sector en el uso de diversos materiales y en la exploración de nuevos diseños de construcción. Aprovecho la presencia del señor Ministro de Vivienda -a quien saludamos y deseamos el mayor de los éxitos- para llamar la atención sobre algo planteado en la Comisión. Parece indispensable promover, a la brevedad, la creación del Instituto Chileno de la Construcción, que indique normas técnicas claras sobre calidad de materiales y de las obras e investigue nuevas alternativas. El aumento de las inspecciones o de medidas punitivas como propone el proyecto en discusión y que vamos a aprobar en general, será insuficiente mientras no exista en Chile dicho organismo con las facultades mencionadas. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernández. El señor HERNANDEZ.- Señor Presidente, por razones obvias no estoy muy interiorizado en el proyecto, pero como se discute un asunto tan importante, como es el mejoramiento de la calidad de la vivienda, aprovecho la presencia del señor Ministro para expresar, respecto de la vivienda social, que vemos con preocupación que las normas y reglamentos que regulan su construcción son exactamente iguales a lo largo y ancho del país, en circunstancia de que las diferentes regiones ameritan que en la construcción de viviendas se consideren las características geográficas y climáticas de cada zona. Planteo este punto de vista para que la Comisión lo tenga presente. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García, don José. El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, quiero ahondar en la respuesta que dio el Honorable Diputado señor Ojeda ante una consulta del Diputado señor Ceroni. Aquí hay dos responsabilidades: una, la de las instituciones públicas o privadas que contratan la ejecución de la obra, que generalmente son Serviu o las municipalidades a través de los programas de mejoramiento de barrios. Estas deben responder ante el poblador, quien resulta ser el sujeto de nuestro interés, pues debemos evitar que se vea envuelto en juicios, en largos procesos para obtener lo que tan gráficamente señalaba el Honorable señor Montes: por ejemplo, la reposición del piso de su casa que se ha hundido. La otra responsabilidad corresponde a los contratistas, a las empresas constructoras, quienes responden ante los Serviu o las municipalidades. En el caso de que tengan que indemnizar a organismos generalmente públicos, que son, a su vez, los que van a tener que responder ante los pobladores, sin duda, tendrán que sujetarse a procedimientos judiciales. Por eso, la redacción del inciso primero del N° 2 que modifica el artículo 18 es correcta cuando señala que, ante los pobladores, serán responsables quienes encargaron la ejecución de la obra o la reparación del daño, aspecto que se clarifica aún más en el inciso cuarto del mismo artículo, que dice: "Las personas obligadas a la reparación del daño, conforme con el inciso primero, tendrán derecho a ser indemnizadas por los responsables de dicho daño, según los incisos segundo y tercero precedentes." Según mi opinión, la nueva redacción de esa disposición deja manifiestamente claro que son responsabilidades distintas: una, la de los organismos que contratan la obra, los cuales son responsables de la reparación del daño ante los pobladores, y otra, la respuesta que deberán dar las empresas contratistas ante el Serviu, las municipalidades y los organismos que contrataron la obra. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Wörner. La señora WÖRNER.- Señor Presidente, a raíz de lo expresado por los señores Latorre y González, y aprovechando la presencia en esta Sala del señor Ministro de Vivienda, a quien saludo y deseo, por supuesto, éxito en su gestión, quiero llamar la atención sobre un tema que trasciende el proyecto y su finalidad, pero que estimo indispensable que la Comisión de Vivienda considere en su oportunidad, puesto que lo que estamos tratando de alcanzar al legislar en esta materia son dos valores muy importantes: primero, resguardar los intereses de los particulares y del Fisco en lo que dice relación con la inversión social en vivienda, y segundo, mejorar la calidad y condiciones de vida de muchos compatriotas. Intentamos proteger los intereses particulares y generales cuando exigimos normalizar la calidad de la vivienda y de las responsabilidades civiles y penales de quienes están involucrados en estas actividades. Para canalizar la preocupación de dar viviendas dignas a muchas familias chilenas, es indispensable que la Comisión recoja la sugerencia del Diputado señor González, en relación con la necesidad de crear una instancia que vele por cautelar la calidad de la vivienda. El Gobierno del Presidente Aylwin avanzó mucho sobre la materia y no cabe duda de que se alcanzaron cifras históricas en la construcción de viviendas sociales. Pero no es menos cierto que las viviendas progresivas y básicas de muchas poblaciones están a gran distancia de lo que significa la vivienda digna. Por lo expuesto y teniendo presente que éste es el año de la familia, la Comisión debe considerar que la calidad de la vivienda es entregar los metros cuadrados mínimos donde sus componentes realicen una vida cómoda y respetable, de manera que el bien raíz constituya la solución habitacional definitiva. Hoy, la calidad de los elementos con que se construyen estas casas, lo reducido de su metraje cuadrado y, en definitiva, la mala distribución y mal diseño arquitectónico de los proyectos no representan las viviendas definitivas y distan mucho, no cabe duda, de ser una solución habitacional digna. Por lo tanto, quiero plantear mi preocupación acerca del tema, toda vez que tiene mucha relación con el proyecto que hoy tratamos, el cual se puede mejorar cuando se analice en particular en la Comisión. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, la iniciativa tiene el mérito de abordar un tema de extraordinaria relevancia. A través de su articulado se establecen responsabilidades administrativas para las autoridades que participan en la fiscalización, control y autorización otorgada para llevar a cabo una construcción. Se proponen normas especiales de responsabilidad civil para quienes intervienen en ese proceso como dueños de la obra, constructores, proyectistas, etcétera, y se fijan procedimientos para hacerlas efectivas, lo que, indudablemente, pareciera ser la parte medular de este proyecto, porque en el orden sustantivo, como lo señalaba con toda razón el Diputado señor Espina, las disposiciones del Código Civil son lo suficientemente amplias y explícitas para garantizar la existencia de esas responsabilidades. Finalmente, en materia de prescripción se plantea una norma interesante. Tomando como base el concepto desarrollado en el derecho penal sobre el delito permanente, se configura el de la infracción permanente, lo que implica que no operará el plazo de prescripción cuando se infrinja la ley y no se cuente o no se hubiera solicitado el respectivo permiso de construcción. Sin duda, las mayores dificultades del proyecto radican en las normas contenidas en el número 2 del artículo único, que reemplaza el artículol8 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque indudablemente se plantea una casuística que merece y amerita ser modificada. Al respecto, presentaré una indicación porque de la lectura del precepto se distinguen dos tiempos: el anterior y el posterior a la recepción de la obra. Con respecto al primero, frente al afectado son responsables el fabricante, los proyectistas, los constructores, los profesionales, etcétera. Pero, una vez que se ha producido la recepción definitiva de la obra, cesa la responsabilidad de éstos, y frente al tercero solamente queda obligada la persona natural o jurídica que hubiera encomendado la obra. Me parece que no tiene justificación reducir al ámbito de responsables que tiene el afectado y, a mi juicio, deberían ser solidariamente responsables todas estas personas durante el tiempo en que no ha transcurrido el período de prescripción que en este mismo proyecto se establece. En todo caso, votaré favorablemente el proyecto por ser uno de sus patrocinantes y porque se aboca a un tema de particular relevancia. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, nuestra bancada también votará favorablemente la idea de legislar por coincidir con todas las intervenciones que se han hecho, en el sentido de la urgencia y necesidad que existe de preocuparse de la calidad de la vivienda en nuestro país. Pero también coincidimos con otras intervenciones, en el sentido de que es necesario que el proyecto vuelva a Comisión, porque algunos artículos son discriminatorios cuando se refieren a la sociedad de responsabilidad limitada. Se dice que estas sociedades podrían estar efectuando trabajos en forma deficiente, pero no entendemos por qué una sociedad de responsabilidad limitada puede hacerlo y no otras figuras societarias que también podrían caer en este mismo vicio. Por otra parte, el proyecto no especifica si se trata de viviendas básicas construidas por contrato, por el Serviu o por particulares, subsidiadas. Hay una falencia en este aspecto. Aprovecho la presencia del señor Ministro para saludarlo y manifestarle que, en cuanto a la calidad de las viviendas, creemos necesario preocuparse de algunos programas cuya materialización se está entregando a organismos no gubernamentales –ONG- que no poseen la solvencia ni la organización adecuadas para dedicarse a la construcción de viviendas. En el caso particular de mi distrito, en una comuna se entregó la construcción de viviendas a una ONG, la que dejó prácticamente abandonados a los pobladores. Después, los trabajos debieron ser retomados por la municipalidad, pues de otra forma esas personas se habrían quedado sin sus casas. Ello se debe a que los Serviu no adoptan las debidas prevenciones cuando entregan las construcciones a esos organismos. Esto también sucede con las viviendas básicas y con los subsidios rurales, porque muchas veces se le entrega la responsabilidad a empresas que no cuentan con la solvencia suficiente. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor HERMOSILLA (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco las expresiones del Presidente de la Comisión de Vivienda, Diputado señor Carlos Montes, y los saludos de las diferentes bancadas. No puedo dejar de manifestar mi complacencia porque hoy la Cámara tratará tres proyectos relacionados con la cartera que el Presidente Frei me ha encomendado dirigir. Los dos primeros tienen que ver directamente con dos de los pilares fundamentales en el desarrollo futuro de la política de vivienda y urbanismo. En el primero de los casos, estamos interesados en generar nuevos instrumentos y herramientas que permitan, tanto a los gobiernos regionales como a los concejos y a los alcaldes, gestionar mejor su suelo urbano. Y esto tiene dos aspectos importantes: en primer lugar, la provisión de los instrumentos para que sean utilizados de acuerdo con la realidad de cada comuna y de cada región; en segundo lugar, al ser utilizados por ellas, hay una verdadera participación y descentralización, ya que la solución de los problemas compete directamente a quienes son los beneficiarios últimos de ellos. En el segundo de los casos hablamos del problema habitacional. Preocupación fundamental de esta cartera en los próximos años será el tema de la calidad de la vivienda. Con el acelerado crecimiento económico que ha tenido nuestro país, las cosas que ayer eran adecuadas, hoy, en la práctica, están sujetas a revisión. Me refiero a que, en algún momento, temas como "la operación techo" tenía algún nivel de aceptación en nuestro país, y hoy son francamente inaceptables como una solución habitacional. Parte de esta decisión tiene que ver directamente con la calidad de la vivienda. La moción parlamentaria que recogió el Ejecutivo a través de un mensaje presidencial el 3 de agosto de 1993, sobre la base del trabajo de la Comisión de Tecnología y Calidad de la Vivienda, fue informada favorablemente por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 1993. Al respecto, considero muy importante expresar nuestros agradecimientos por la aprobación en general anunciada por las distintas bancadas. Muchas de las indicaciones y aportes que se han señalado merecen, sin duda, ser tratados en la discusión particular del proyecto. Sin embargo, en lo específico, me gustaría hacer dos precisiones que creo indispensable para el trámite futuro. En primer lugar, el tema de la calidad tiene que ver con los estándares definidos y contratados para la ejecución de una obra, ya sea construcción de vivienda o cualquiera otra. Cuando hablamos de calidad, hablamos de precios y de una opción específica por la contratación de un determinado bien, producto o servicio; es decir, la calidad es comparable con el estado inicial que queremos de un determinado bien. En segundo lugar, la responsabilidad de esa calidad depende del contratante, ya que es él quien pacta la ejecución de un determinado bien, para después ser entregado al comprador. Por último, manifiesto mi acuerdo en que ésta es una de las medidas destinadas a poner la calidad como uno de los elementos fundamentales de la política de vivienda. Sin embargo, temas como el del Instituto de la Construcción nos van a ayudar a perfeccionar y a seguir trabajando en esta materia. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Cerrado el debate. Por encontrarse presentes más de 70 señores Diputados y dado que, al parecer, todos están de acuerdo, sería innecesario efectuar la votación. En consecuencia, si le parece a la Sala, se aprobará en general por unanimidad. Aprobado. El proyecto pasa a Comisión para su segundo informe. Las indicaciones formuladas al proyecto son las siguientes: Al artículo único. N° 2 1.De los señores Ceroni y Sota para sustituir, en el inciso primero del artículo 18, la frase "que hubiere" por "a quien se le hubiere". Artículos nuevos 2.Del señor Encina para agregar el siguiente artículo nuevo: "Créase una Comisión de Fiscalización sobre la calidad de la Vivienda, en cada Región del país, conformada por representantes del sector público, al empresariado de la construcción y las organizaciones vecinales. Esta comisión recepcionará y decidirá sobre los reclamos presentados ante ella.". 3.De los señores Elgueta, Elizalde, Montes y Valcarce para incorporar el siguiente artículo transitorio: "Artículo transitorio.- Facúltase por 3 años a las Direcciones de Obras Municipales para recepcionar viviendas que reúnan condiciones básicas de solidez." 3.MODIFICACION DE LA LEY GENERAL DE BANCOS EN LO RELATIVO A LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS. Primer trámite constitucional. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- A continuación, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 252, Ley General de Bancos, en lo relativo a la defensa judicial de los deudores hipotecarios. El proyecto tuvo su origen en una moción de los Diputados señores Elgueta, Ojeda, Bosselin, Huenchumilla, Yunge Elizalde, Matta y Villouta. Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Ojeda. Antecedentes: Moción, boletín N° 543-14, sesión 24ª, en 20 de noviembre de 1991. Documentos de la Cuenta N°11. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 33ª, en 22 de diciembre de 1992. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Si le parece a la Sala, el proyecto se votará a las 13 horas. Acordado. Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, el proyecto es de gran importancia y creo que será motivo de una discusión bastante amplia razón por la cual pienso que deberíamos destinar mayor tiempo a su debate. Por mi parte, quiero entregar un informe lo más claro posible, lo cual me significará resumir lo mínimo. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Le sugiero que entregue su informe y luego veremos si hay condiciones para aceptar su propuesta. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano paso a informar el proyecto, de origen en una moción de los Diputados cuyos nombres han sido entregados por Su Señoría, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 252, Ley General de Bancos, en lo relativo a la defensa judicial de los deudores hipotecarios. El proyecto fue rechazado en general por seis votos en contra y dos a favor. Sus ideas matrices o fundamentales consisten en buscar una solución legal que permita a los deudores de mutuos hipotecarios en letras de crédito superar la diferencia que existe para ellos, por la aplicación de las disposiciones de la Ley General de Bancos, con respecto a los deudores de obligaciones hipotecarias que se rigen por la normativa del Código de Procedimiento Civil. Es decir, el deudor hipotecario se encuentra en dos situaciones jurídicas distintas, dependiendo de si el mutuo lo obtuvo en dinero o en letras de crédito. En el primer caso, el procedimiento se sustancia de acuerdo con las normas de los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El demandado puede invocar todas y cada una de las excepciones consagradas en el artículo 464 y de dicho Código. Es decir, el deudor dispone de una amplia y adecuada garantía para su defensa, por cuanto puede oponer dieciocho excepciones que le permiten hacer valer sus derechos ante el tribunal e, incluso, reservarlos para otro procedimiento de mayor latitud. En el segundo caso, si el mutuo se concede mediante letras hipotecarias, las cosas son distintas, porque el procedimiento se tramita en virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 252, Ley General de Bancos, que sólo contempla tres excepciones: el pago de la deuda, la prescripción y no empecer el título al ejecutado. Dicho procedimiento es breve, sumarísimo, y para acoger la tercera excepción -es decir, no empecer el título al ejecutado- exige antecedente escrito y un fundamento plausible. Por otro lado, ese mismo cuerpo legal permite presumir la liquidez de las obligaciones si en la escritura se hace referencia a la tabla de desarrollo de la deuda, con lo cual la institución acreedora fija y determina el monto conforme con sus procedimientos internos, impidiendo al deudor efectuar cualquier objeción. Así lo señala su artículo 106. Lo anterior ha permitido, según los autores del proyecto, que se cometan innumerables abusos e injusticias, como ocurrió en el pasado. La falta de excepciones para la defensa de esos deudores impide que el tribunal revise algunas situaciones, a pesar de que la deuda les ha subido a límites impredecibles. En virtud de la disposición legal citada, nadie podría oponer la excepción de falta de liquidez que opera en los juicios ejecutivos, en circunstancias de que a muchos el monto de su obligación se les elevó en exceso, por lo que no pudieron cumplir. En definitiva, la falta de preceptos legales sobre el punto impidió una defensa adecuada. A lo anterior debe agregarse que los deudores carecen de una reserva de derechos. Por las razones expuestas, los autores de la moción presentan el proyecto que aparece en el informe, que contiene un artículo único permanente y otro transitorio, con la finalidad de modificar el artículo 98 del decreto con fuerza de ley N° 252, disposición que daré por reproducida con el objeto de resumir este informe. Como ya lo indiqué, el proyecto fue rechazado por la mayoría de los miembros presentes en la Comisión. En síntesis, he dado a conocer los argumentos en favor de la moción. A la Comisión concurrieron el Intendente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, señor Ernesto Livacic Rojas; el director jurídico de ese mismo organismo, señor Luis Morán Valdivieso; el abogado jefe del Departamento Jurídico de la misma Superintendencia, señor Miguel Angel Nacrur, y el asesor del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, señor Vicente Domínguez Vial. Es decir, se consultó a los organismos especializados, con el objeto de tener un mayor conocimiento respecto del tema y para que las autoridades competentes en la materia formularan sus opiniones. Los argumentos dados en contra en la Comisión, tanto por los invitados como por algunos de sus miembros son los siguientes: Atendidas las características del sistema de financiamiento de viviendas mediante la emisión de letras de crédito, las operaciones de préstamos están exactamente calzadas, en términos de monto, plazos y tasas de interés. Los bancos y las sociedades financieras están obligados a cubrir los pagos a los tenedores de las letras hipotecarias, aunque los deudores no paguen oportunamente sus dividendos. El 94 por ciento de las letras hipotecarias está en manos de las administradoras de fondos de pensiones, de las compañías de seguros y de entidades e inversionistas ajenos a los bancos. Se justifica el procedimiento de apremio establecido en el decreto con fuerza de ley N° 252, debido a que la garantía hipotecaria sobre el bien raíz requiere de un mecanismo eficiente de recuperación en el tiempo; por ello, tiene estos plazos rígidos, cortos, y sólo estas tres excepciones. De aprobarse esta moción -se sostuvo- se trastrocaría el sistema económico-jurídico, que se fundamente en la existencia de formas de pagos creadas para que el acreedor tenga un documento fácil y expedito de hacer efectivo, en caso de incumplimiento de deudor. Se señaló, además que las excepciones propuestas, de falta de liquidez y excesivo monto de la obligación, así como el cambio de procedimiento, alteran estas reglas, por lo que no es procedente ni se justifica la aprobación de esta moción. El sistema opera desde 1955 y siempre ha funcionado sobre la base de las tres excepciones normales que contempla la actual legislación, dictada en la época de la ex Caja de Crédito Hipotecario. Con respecto a la excepción de falta de liquidez, se expresó que no tiene sentido si no se modifican la disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil y el artículo 106 de la Ley General de Bancos. En relación con el monto excesivo de la deuda, se dijo que significaría reconocer, en nuestro derecho, la teoría de la imprevisión, que ha sido unánimemente rechazada, porque cuando el deudor celebra un contrato por mil unidades de fomento, al ser expresadas en pesos cambia de valor debido al transcurso del tiempo. Asimismo, en nuestro país a diferencia de lo que sucede en otros, el bien raíz no se deprecia; mantiene su valor e, incluso, lo aumenta, con lo que se genera una plusvalía que beneficia al adquirente de la vivienda. Respecto, finalmente, de la reserva de derechos, los que se oponen a la iniciativa señalaron que ello no puede beneficiar al deudor, debido a que no impide el remate del inmueble, y que, por el contrario, puede producir una retracción bancaria para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Hago presente a la Sala que quien informa es coautor del proyecto y que lo votará favorablemente en general y particular. En virtud de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión recomienda el rechazo de esta moción. He dicho. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo, para referirse a un asunto reglamentario. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, debido a lo delicado y complejidad del tema que aborda esta iniciativa, la bancada socialista quiere plantear que se deje para segunda discusión. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- El jefe de la bancada del Partido Socialista, Honorable Diputado señor Viera-Gallo, ha pedido suspender la discusión del proyecto. La petición es reglamentaria, por lo que solicito el asentimiento unánime de la Sala para proceder de esa manera; en caso contrario, continuaremos su discusión. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, no se necesita la unanimidad. Es un derecho pedir que un proyecto pase a segunda discusión. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Lo que corresponde es someter a votación la solicitud del Diputado señor Viera-Gallo. Pero como había un acuerdo unánime de la Sala para votar el proyecto a las 13, debo solicitar la unanimidad para modificarlo. En consecuencia, solicito el asentimiento unánime de la Sala para someter a votación lo sugerido por el Honorable señor Viera-Gallo. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla sobre un punto de Reglamento. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, a los Diputados firmantes de la moción nos parece que el tema amerita una discusión más profunda y con mayor tranquilidad, pero nos interesa que el proyecto no quede durmiendo el sueño de los justos. Por eso, debemos ponerlo nuevamente en tabla, que es lo que en realidad sugiere el Diputado señor Viera-Gallo, porque el tema es complejo e importante. Tal vez encontremos un punto de acuerdo al respecto. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Señor Diputado, vamos a votar lo solicitado por el Comité Socialista, en el sentido de suspender la discusión del proyecto respecto del cual la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda su rechazo. Dependerá del Reglamento que se ponga nuevamente en tabla. En votación la proposición del Honorable señor Viera-Gallo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Aprobada. Se aplaza la discusión del proyecto. Terminado el Orden del Día. VII.INCIDENTES 1.EFECTOS DE LA SEQUIA Y CONSTRUCCION DE CAMINOS EN NOVENA Y DECIMA REGIONES. Oficios. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Democracia Cristiana. Tiene la palabra el Diputado señor Acuña. El señor ACUÑA.- Señor Presidente, y Honorables Diputados, en esta oportunidad quiero invitarlos a reflexionar acerca de un drama que afecta a la Novena y Décima Regiones. Como se habrán informado por las publicaciones de prensa de estos días, sus habitantes soportan una prolongada sequía a la cual no están acostumbrados. De hecho, hay ciudades, como Ancud, cuya población dramáticamente se está quedando sin agua para beber, pues el embalse del cual se surten está prácticamente vacío. En la provincia de Osorno hay escuelas rurales que han debido suspender las clases, puesto que no se cuenta con este vital elemento. De más está decir los problemas que genera una sequía en caso de incendios. Quiero hacer conciencia en los colegas para que se sumen a los oficios cuyo envío solicitaré al término de mi intervención, con el fin de lograr de las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes los recursos para enfrentar no sólo la falta de agua de bebida para la población, sino, también, para dotar a postas y hospitales del vital elemento. Las actividades agrícolas y ganaderas no se han podido realizar ni siquiera de manera mínima, lo que provocará una crítica situación en los precios de los cultivos tradicionales, de la carne y de la leche. Las plantas lecheras han acusado una notoria baja en la recepción de leche. Los pequeños productores son los más afectados, porque tienen menos recursos para enfrentar estos problemas. Llama poderosamente la atención que en la zona central todavía no surta efectos esta noticia sobre la dramática situación por la que atraviesan los habitantes del sur de Chile. El Ministro de Agricultura ha anunciado que esta semana visitará la zona. Por lo anterior, solicito que se envíen oficios a los Ministros de Agricultura, de Obras Públicas, de la Corfo y, fundamentalmente, del Interior, para que informen a la Honorable Cámara las medidas que se tomarán para paliar con prontitud la catástrofe que se avecina. Vale la pena recordar que hace algunos meses la Novena Región sufrió el efecto de las inundaciones. En segundo lugar, debo hacer resaltar que los lagos chilenos han sido contaminados por el uso indiscriminado de lanchas y motos acuáticas que hacen los turistas para recrearse durante sus vacaciones. Quiero hacer hincapié sobre la materia y llamar la atención de las autoridades pertinentes para que el uso indiscriminado de estos vehículos sea prohibido. Por último, y sobre la base de peticiones concretas de algunos alcaldes de ciudades lacustres, quiero que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que nos informe acerca de las empresas que ganaron la licitación del camino Freire a Villarrica y de Villarrica a Loncoche, y respecto de la reparación del camino de Huiscapi a Loncoche, considerando en dicha licitación, que está en mal estado. He dicho. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, adherimos al primer oficio. El señor GARCIA (don René Manuel).- Pido que también se envíe en mi nombre. La señora PROCHELLE.- Y en el mío. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión del Comité de Renovación Nacional al primero de ellos, y de la bancada democratacristiana a ambos. 2.EFECTOS DE LA SEQUIA EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA DECIMA REGION. Oficios El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en mi calidad de Diputado por Chiloé y Palena, de la Décima Región, explícitamente quiero adherir a lo señalado por el colega Acuña en relación con la sequía, y también a los oficios que solicitó. Además deseo referirme concretamente a ese tema y hacer presente la grave situación por la cual atraviesan, fundamentalmente, los habitantes de la ciudad de Ancud. En verdad, es bastante dramática, puesto que, al parecer, los cerca de 25 mil habitantes cuentan con agua potable suficiente sólo para diez días más. De acuerdo con las autoridades, se están tomando medidas que dicen relación con la instalación de estanques y con el almacenamiento de agua en algunos lugares, pero lo más probable es que en el próximo tiempo ésa no sea una solución real. En verdad, el problema del agua potable en la ciudad de Ancud data de muchos años, y sólo ahora la empresa responsable, Essal, ha logrado contar con recursos que posibilitarán la ejecución de un proyecto para mejorar la calidad del servicio. También se está a la espera de un proyecto que permita resolver lo relativo a la cantidad de agua, puesto que esa ciudad la recibe de su embalse local y ella proviene únicamente de aguas lluvias. Señor Presidente, aparte del oficio pedido por el Diputado señor Elizalde, quiero que se remita otro al Ministro del Interior, para que la subsecretaría de ese ministerio destine recursos de emergencia, canalizados a través de la intendencia regional, a fin de que Ancud pueda resolver temporalmente su abastecimiento de agua potable mediante las medidas que las autoridades y Essal dispongan. En segundo lugar, deseo que en el mismo oficio se solicite al Ministro del Interior que a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, asigne los fondos necesarios para la ejecución, en el transcurso de este año, del proyecto que solucionaría en forma definitiva al problema de la calidad del agua de la ciudad de Ancud. Junto con ello, y dada la grave situación de los pequeños agricultores de la Décima Región, en especial de Chiloé, pido oficiar al Ministro de Agricultura, en nombre de los Diputados señores Víctor Reyes, Exequiel Silva, Sergio Ojeda y en el mío, a fin de que ese Ministerio, a través del Indap, haga una evaluación de la actual situación y una proyección de los daños mayores que podrían ocurrir en el evento de que las condiciones climatológicas se mantengan. Asimismo, solicito que se ordene a Indap tomar las medidas necesarias que permitan enfrentar favorablemente un posible agravamiento de la situación, disponiendo de los recursos necesarios para ir en ayuda de los afectados más indefensos y abrir una línea de apoyo crediticio especial para otros pequeños agricultores que resulten perjudicados. Es todo, señor Presidente, con relación al tema de la sequía. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios con la adhesión unánime de los Comités. 3.REASIGNACION DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE ANCUD (Décima Región). Oficio El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, quiero hacer presente otro problema que enfrenta la ciudad de Castro. Durante mucho tiempo hemos estado trabajando para lograr el mejoramiento de los recintos hospitalarios de nuestra provincia. A través del Banco Mundial se consiguió un crédito para ejecutar un proyecto de esa índole en el hospital de Castro, lo cual permitiría atender en mejor forma a sus habitantes. Sin embargo, los recursos fueron absolutamente insuficientes. El Ministerio de Salud, por intermedio del Banco Mundial, dispuso de 500 millones de pesos, en circunstancias de que, según la licitación, se necesitaban 750 millones de pesos. Fue la oferta más baja que se hizo. De acuerdo con la información del Servicio de Salud Llanchipal, la única autoridad que podría conceder una mayor asignación de recursos para realizar esas obras es el Ministro de Salud. Por lo tanto, solicito que, en mi nombre, se le remita un oficio a fin de solicitarle la asignación de los recursos que hagan posible su ejecución. He Dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión unánime de los Comités. 4.AYUDA PARA EL ATLETA CRISTIAN BUSTOS. Oficio El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, ayer leí una información relacionada con el estado de salud del triatleta Cristián Bustos, y quedé preocupado porque se menciona la posibilidad de que, debido a la parálisis en una de sus manos, podría ser llevado a Estados Unidos para continuar con su tratamiento. Creo que todos los colegas conocen ampliamente a Cristián Bustos por su brillante carrera deportiva. Lamentablemente, un accidente que sufrió en Argentina le provocó una serie de problemas que, a lo mejor, de acuerdo con las informaciones, cortarán esa sobresaliente carrera. Como se trata de un atleta que merece todo nuestro apoyo, pido que se oficie al Ministro de Defensa para que, a su vez, informe al Director nacional de la Digeder, específicamente, acerca de cómo se le puede ayudar a solucionar los problemas económicos que seguramente se le presentarán si el tratamiento que debe seguir para su recuperación -que ojalá sea definitiva- se lleva a cabo. Asimismo, pido que se le envíe una nota para hacerle presente nuestra preocupación y nuestros mejores deseos de una pronta recuperación, como reconocimiento a sus brillantes éxitos deportivos, ya que esperamos que su mejoría sea definitiva después de los tratamientos que deberá someterse por algún tiempo. He dicho. El señor BAYO.- Con mi adhesión, señor Presidente. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de la unanimidad de los Comités. 5.COLOCACION EN TABLA DE PROYECTO DE LEY SOBRE DEUDORES HIPOTECARIOS. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Quedan cuatro minutos al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la Palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quiero referirme a la solicitud de segunda discusión que el Diputado señor Viera-Gallo, en representación de su bancada, formulara respecto del proyecto de ley que permite interponer una excepción en contra de acciones deducidas por los bancos. La segunda discusión implica que la colocación de esta iniciativa en tabla queda al arbitrio del Presidente de la Cámara. La mayoría de los señores Diputados no entendió que el proyecto volvía a Comisión. Incluso de las palabras del propio señor Diputado se desprendió que él quería un mayor estudio porque el tema era muy complejo. En verdad, es bastante simple. En esta materia, se trata de la lucha del pequeño David contra un gran Goliat, porque cuando la situación de los bancos está en discusión, todos los problemas nos parecen complejos; en caso contrario todo lo vemos muy simple. Aquí, para los deudores hipotecarios cuyo crédito ha sido derivado en letras, no existe posibilidad alguna de defensa, porque es absurdo afirmar que pueden oponer la excepción de pago. Si la deuda está pagada, prescrita, ¿por qué un banco va a demandar, salvo que tenga pésimos asesores jurídicos? Esa sería una estupidez en que podrían incurrir. Otra excepción sería que se invocaran de demandado. Aquí se vulneran, en su esencia, los derechos de una persona. No existe posibilidad de defensa alguna para estos deudores hipotecarios. Tal vez, después, cuando esté rematada su casa, el banco le pida perdón porque se equivocó, ya que le sobraba plata, o le diga que en verdad lo demandó para obtener más dinero. No quiero abundar sobre las ocho garantías que tiene un banco para cobrar el dinero que prestó, porque no corresponde. Cuando se debata el proyecto, las voy a señalar. Por el momento, dejo establecido esto y pido al señor Presidente que en una próxima oportunidad lo ponga nuevamente en tabla esta iniciativa, por cuanto beneficiará a muchas personas. Después de producida la crisis de 1983, cuando llegamos al Parlamento, todos, cual más cual menos, nos propusimos señalar algunas acciones para que esos deudores hipotecarios que les deben a los bancos porque obtuvieron su crédito a través de letras de créditos, pudieran tener alguna defensa. Destaco la importancia de esta situación. Aquí no se escuchó a los proponentes, porque la segunda discusión significa el olvido y sepultar el proyecto. Yo, por lo menos, en cada oportunidad que tenga, voy a levantar mi voz para que el proyecto sea debatido en el Congreso. No hay seres intocables en este país, 'ni menos pueden serlo los bancos después de las actuaciones que les hemos conocido. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En todo caso, debo aclarar al Diputado señor Elgueta que, en virtud del artículo 108 del Reglamento, se aprobó aplazar la discusión del proyecto. No hubo aprobación para una eventual segunda discusión. En consecuencia, ese proyecto podrá ser puesto en tabla por la Mesa, de común acuerdo con los Comités, en el momento en que lo estime pertinente. 6.CUMBRE DE DESARROLLO SOCIAL. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el turno del comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI.- Señor Presidente, la semana pasada visitó nuestro país el Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali. En esa ocasión, debido a la supresión de Incidentes, no pude realizar mi intervención, lo cual dejé para hoy, precisamente cuando nos visita el Embajador de Naciones Unidas, Juan Somavía. Los temas que él trató tuvieron que ver con la seguridad y la paz mundial, en especial en lo concerniente a la Cumbre de Desarrollo Social que se llevará a efecto en Copenhague en marzo de 1995. La iniciativa, que ya comienza a ser llamada "La cumbre de la gente", fue impulsada por Chile en el organismo internacional, y su realización constituirá uno de los momentos culminantes de los 50 años de la Organización de las Naciones Unidas. La Cumbre Social se centrará en tres problemas fundamentales: la reducción de la pobreza, la generación del empleo productivo y las consecuencias que provoca la miseria y la falta de perspectivas en la integración social. La propuesta para realizar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, dedicada a estos temas, fue hecha en el Consejo Económico Social por el Embajador de Chile, Juan Somavía, en mayo de 1991. La imagen de Chile para colocar estos temas en la agenda internacional no puede ser mejor. El domingo 4 de abril, el diario “The New York Times” dedicó sus principales páginas para explicar cómo Chile está ganando la guerra a la pobreza. A su vez, el manejo económico y la reducción del desempleo han sido reconocidos en diversos foros internacionales durante la última semana. En Nueva York se percibe la solidez de un país que busca proyectar en el mundo algo de lo que ya está haciendo en su casa. En el día de ayer, Margaret Thatcher también elogió la forma en que Chile va superando sus problemas. Boutros-Ghali intervino en la tercera jomada de deliberaciones, a mediados de 1991, y ha respaldado fuertemente la iniciativa planteada por Chile en la ONU. Los representantes europeos, en especial, han enfatizado la urgencia de encontrar soluciones comunes para el desempleo, cuya cifra en los países desarrollados llega a 35 millones de personas. También se dice que vivimos en un mundo en el cual 1.300 millones de personas se encuentran en la pobreza. Igual cifra carece de agua potable; 800 millones no tienen comida suficiente; más de 30 mil niños mueren al día por enfermedades y desnutrición, y 300 millones de niños no van a la escuela. Esta reunión ha confirmado nuestra tesis de que mientras persista la pobreza y aumente el desempleo, los países estarán ante una amenaza contra su estabilidad política, social y, evidentemente, económica. Es necesario y urgente asumir que en tales condiciones son países enfermos, cuyos recursos humanos están perdiéndose y sufriendo las consecuencias de la marginalidad, dijo Boutros-Ghali en la preparación de la Cumbre. La pobreza es éticamente inaceptable y políticamente no aconsejable. El desempleo y la no participación social son fuentes de inseguridad. Son los tres temas que se abordarán por los países asistentes. Cerca de un año, y en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros-Ghali, Juan Somavía, nuestro Embajador, estuvo yendo de país en país para consultar cuáles eran las fuentes de inseguridad de las personas, según la opinión de los distintos gobiernos. Las respuestas fueron claras y coincidentes: la pobreza, el desempleo y la falta de integración social. La sensación es de que las estructuras sociales y familiares se debilitan y que hay un distanciamiento de la juventud respecto a cómo y de qué forma están funcionando los sistemas y sus deseos de participación. Por eso, la Cumbre tiene por objeto colocar el énfasis en el compromiso nacional e internacional de solucionar estos problemas. Pero, para que seamos exitosos, es evidente que se requieren decisiones internacionales que sirvan de base y sustento a las políticas nacionales a desarrollar, que los organismos internacionales comprendan que tiene que haber un equilibrio entre eficiencia económica y eficiencia social. Con la Cumbre no se espera resolver todos los problemas de un día para otro. Lo que hará será generar una dinámica, un proceso de esfuerzo fundamental a nivel nacional; pero, al hacerlo, debemos enfatizar que hay responsabilidad de todos. Entonces, el objeto de la Cumbre es poner el problema de la pobreza en el lugar prioritario que le corresponde y llegar a acuerdos sobre cómo resolver este flagelo, dentro de un eje ordenador de las relaciones internacionales en el deseo de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Como dijimos, nuestro país tiene un rol fundamental en esta Cumbre, y valoro el hecho de que la Cámara haya decidido discutir ampliamente este problema en una sesión especial, a fin de analizar la presentación de una postura nuestra, lo que será muy positivo para incentivar nuestra participación como Diputados chilenos en dicha Cumbre de Desarrollo Social. Gracias. He dicho. 7.NOMBRAMIENTO DE SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES DE LA DECIMA REGION. Oficios. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, es para solicitar, por su intermedio, que se oficie a los Ministros de Obras Públicas, de Hacienda y de Minería, a fin de que a la brevedad procedan a nominar a los Secretarios Regionales Ministeriales correspondientes a la Décima Región, la que, como se ha dicho, está siendo azotada por una fuerte sequía y por otros problemas. En consecuencia, esos Secretarios Regionales debieran actuar rápidamente. Existen problemas de "cuoteo", renuncias de radicales en la provincia de Llanquihue y de socialistas en la provincia de Chiloé, pero creo que ninguna de estas dificultades debiera interferir el trabajo de estos funcionarios, que son eminentemente técnicos. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Gracias por su información, colega Kuschel. Se enviará los oficios solicitados en nombre de Su Señoría y de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI. 8.INVESTIGACION EN LA MUNICIPALIDAD DE PUREN. Oficios. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, por desgracia, nuevamente debo referirme a un serio problema de la comuna de Purén. En el pasado, denunciamos aquí, en la Cámara, las múltiples irregularidades e ilegalidades en que había incurrido el alcalde democratacristiano de esa comuna, don Hoberto Gutiérrez, las cuales fueron comprobadas por la Contraloría General de la República. Parcialmente se corrigieron algunas de las deficiencias denunciadas. Lamentablemente, el alcalde sigue empeñado en hacer famosa a esta comuna aquí en la Sala y, por supuesto, también su gestión a la cabeza de ese municipio. Recientemente nos hemos impuesto de que esta misma autoridad ha ordenado que el Departamento de Educación contrate a una persona determinada, en un cargo de "gestión administrativa", bajo la presunción de que allí era necesario contar con un profesional competente en las áreas administrativas y de supervisión. Para ello había que crear el cargo, con nombre y renta predeterminados, vulnerando claras disposiciones constitucionales que sólo entregan esta atribución al Presidente de la República. Además de esta vulneración de una disposición constitucional, el alcalde pasa por sobre acuerdos del concejo, tendientes a evitar que aumente el gran endeudamiento que ya tiene ese municipio. Por vía de ejemplo, puedo informar que la municipalidad está desfinanciada y que es imposible hacer traspaso alguno hacia el Departamento de Educación. Sin embargo, se ha hecho en forma irresponsable. Como, además de lo expresado, este endeudamiento tan importante ha evitado que los profesores de esa comuna reciban el 15 por ciento de asignación de zona a que tienen derecho por disposición de la ley N° 19.070, dos concejales, los señores Kuschel y Pradeña, al comprobar otras irregularidades, se dirigieron a la Contraloría Regional de la Araucanía para solicitar una auditoría. Esto es muy grave y muy serio, y estoy cierto de que no sólo sucede en la comuna de Purén. Por ello, deseo reiterar esa denuncia en esta Honorable Cámara, y solicitar que se oficie nuevamente al Contralor General de la República, a fin de que se sirva instruir a la Contraloría Regional de la Araucanía para que se constituya en la Municipalidad de Purén, que es el camino adecuado para investigar las eventuales irregularidades o delitos que, si son comprobados, pueden conducir a las acciones administrativas y judiciales pertinentes. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y de los Diputados señores Prokurica y Ramón Pérez. 9.ZONA DE EMERGENCIA POR SEQUIA EN OSORNO. Oficios. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, ¿cuánto tiempo le queda a la bancada? El señor LATORRE (Vicepresidente).- Cinco minutos y medio, y está inscrito otro colega suyo. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, me referiré rápidamente al problema de la sequía. Hace 36 años que en Osorno no había llovido tan poco como en marzo: 2,7 milímetros. Francamente, estamos en presencia de otro factor tremendamente negativo para la actividad económica más importante de la región y nuestra principal fuente de trabajo. Los pequeños agricultores, en su mayoría, ya no producen leche y, por lo tanto, están perdiendo sus ingresos normales. Las empastadas, en general, se encuentran semidestruidas y habrá que resembrarlas asumiendo nuevos y altos costos, lo que afectará la situación financiera y económica de la región y de todos los agricultores. Estamos ante una característica de catástrofe. Solicito que se oficie al Ministro del Interior para que la Décima Región sea declarada zona de emergencia, porque realmente se hace necesaria la aplicación de medidas inmediatas para proteger la situación económica de la región, en especial la de los pequeños agricultores, que en este momento, están sufriendo graves consecuencias. Indap tendrá que rebajarles, de alguna forma, las tasas de interés o postergar el cumplimiento de compromisos financieros, para lo cual también pido que se oficie al Ministro de Agricultura. Asimismo, solicito oficiar al Ministro de Hacienda para que tenga a bien estudiar la posibilidad de prorrogar los compromisos financieros del sector agrícola con el Banco del Estado e, igualmente, estudiar la posibilidad de postergar la vigencia de los reavalúos de los bienes agrícolas para después del le de enero de 1995. Además, quiero que se oficie al Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo para pedirle que, igualmente, se posterguen los compromisos del sector agrícola para después del 1° de septiembre de 1994. Es necesario tomar conciencia de que la rentabilidad de los agricultores está prácticamente a nivel cero, y de que con esta catástrofe sufrirán pérdidas francamente cuantiosas. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados en nombre de Su Señoría, con la adhesión de Renovación Nacional, de la UDI, de la UCC y de los Independientes. 10.PRESUNTO DELITO DE ACCION PUBLICA EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE ARICA. Oficio. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En los minutos que le quedan al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Arturo Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, por motivos de tiempo no alcanzaré a intervenir y, por lo tanto, lo haré en la próxima sesión. Por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Valcarce. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, en primer lugar, le agradezco al Diputado señor Longton su amabilidad por concederme una interrupción. En diciembre pasado presenté ante los tribunales de justicia los antecedentes correspondientes a un presunto delito de acción pública cometido en Arica, en la Primera Región, al constituirse una sociedad de responsabilidad limitada entre el Servicio de la Vivienda y Urbanismo, Serviu, y una corporación de derecho privado cuyo nombre de fantasía es "Cordenor", con el objeto de dedicarse a urbanizaciones y a otras actividades. Además, en la denuncia planteo que es ilegal la entrega a esta sociedad, a título gratuito, por parte del Serviu, de aproximadamente 14 hectáreas de terrenos muy bien ubicados en Arica. Ante esta irregularidad, solicito, en nombre de la bancada de Renovación Nacional, que se envíe oficio al Consejo de Defensa del Estado con el objeto que se haga parte en este juicio, para lo cual haré entrega de todos los antecedentes que obran en mi poder, relacionados con este presunto delito de acción pública, a fin de que se adjunten al oficio. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Una consulta, Diputado señor Valcarce. En su intervención no quedó claramente establecido si actualmente existía un juicio. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, en el inicio de mi intervención dije que había presentado una denuncia, ante los tribunales, firmada por mí, sobre un presunto delito de acción pública. Por lo tanto, pido que el Consejo de Defensa se haga parte ante los tribunales de justicia de Arica. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Mi pregunta tenía validez, porque el hecho de que Su Señoría haya hecho la denuncia no significa que exista juicio. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, para su conocimiento, hay juicio, y por ello hago esta petición; de lo contrario, no la habría hecho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se cursará el oficio en nombre de Su Señoría. Ha terminado el tiempo de Renovación Nacional. 11.PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ANCUD (Décima Región). Oficios. El señor LATORRE (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el Diputado señor Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, quiero abundar en el problema de la sequía que afecta a la comunidad de Ancud. Desde hace aproximadamente 20 días, la ciudad de Ancud, provincia de Chiloé, enfrenta serios problemas en el abastecimiento de agua potable. Si bien es cierto que la falta de lluvias en la, zona ha provocado una importante disminución en los niveles de las fuentes superficiales de captación de agua, no deja de llamar profundamente la atención la mala calidad del vital elemento que se recibe en los hogares, siendo de público conocimiento su color amarillento, su mal olor y la presencia de sedimentos de barro. En consecuencia, junto a la escasez y al racionamiento, la comunidad también debe satisfacer sus necesidades con un líquido que no reúne las características de agua limpia y saludable. La comunidad ha reaccionado ante esta crítica situación, agrupándose en un comité de emergencia, el que, a su vez, acordó solicitar a las autoridades una solución definitiva al problema, lo que pasa por buscar nuevas fuentes de captación, colocar filtros de depuración y mejorar la red de distribución, todo lo cual involucra un costo total del orden de los 900 millones de pesos. Al mismo tiempo, resolvió pedir a la empresa distribuidora, Essal Décima Región, abstenerse de cobrar por el consumo de agua en el último mes, atendida su escasez y la mala calidad de la misma. En lo personal, junto con adherir a estos planteamientos, solicito a la Honorable Cámara que acuerde oficiar a Mideplan y al Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de que instruyan a las instancias técnicas correspondientes para efectuar un estudio que evalúe las alternativas de solución al problema, y, además, a fin de que asignen los fondos necesarios para la ejecución de los trabajos pertinentes, a fin de prevenir futuras situaciones similares. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Alvarado solicita el acuerdo de la Sala para enviar esos oficios en nombre de la Cámara. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. 12.DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVICIO DE HOSPITAL CLINICO DE CONCEPCION. Oficio. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Pérez, don Víctor. El señor PEREZ (don Víctor).- Señor Presidente, a través del diario "El Sur", de Concepción, en noviembre y diciembre tuvimos conocimiento de una serie de denuncias efectuadas por los médicos señores Alberto Gyhra, Claudio Santander y Emilio Alarcón respecto de la cirugía cardiaca en el Hospital Clínico de Concepción. Este tema me motivó particularmente, porque en ellas se decía que habían fallecido tres pacientes, los cuales, si se les hubiera operado oportunamente, hoy estarían con vida. De esos tres, dos vivían en la comuna de Los Angeles. A las denuncias públicas de estos tres distinguidos médicos de la provincia de Concepción, se sumaron destacados abogados y otras personalidades de la Octava región. Primero hubo todo tipo de descalificaciones por parte de las autoridades del Ministerio de Salud para los médicos denunciantes; posteriormente, a través del diario "El Sur", de la Octava región, el Secretario Regional Ministerial de Salud expresó que se había efectuado una auditoría, que en ella quedó en claro que no había problema alguno y que las personas fallecieron, al parecer, porque tenían que morir. Es decir, ¡en el servicio de cirugía cardiaca no hay dificultades! Los médicos han señalado que ellos pueden realizar cinco operaciones semanales, pero sólo se está haciendo una mensual. Por lo tanto, las listas de espera son extraordinariamente largas. Lo peor es que el citado Secretario Regional aseguró que la auditoría había sido realizada, entre otros, por los doctores Eduardo Lecamalier y Octavio Enríquez, quienes, también a través de el diario "El Sur", en "Cartas al Director", expresaron que jamás habían participado en ella. Cuando pedí los antecedentes de esta auditoría, dicho Secretario, negó el acceso a esa información. Por lo tanto, en uso de la facultad que el artículo 48 de la Constitución, en su número 1), inciso segundo, confiere a los Diputados para requerir determinados antecedentes al Gobierno, siempre que la proposición cuente con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes, solicito que se pida al Ministerio de Salud que remita a esta Corporación la auditoría efectuada en el Hospital Clínico de Concepción a raíz de las denuncias de los doctores mencionados y, además, todos los antecedentes soportantes y especialmente las fichas clínicas de los pacientes fallecidos durante los meses de noviembre y diciembre, por no haber sido operados oportunamente en el servicio de cirugía cardiaca. Es de vital importancia que la ciudadanía tenga claro qué determinó efectuar esa auditoría y que se esclarezca la razón por la cual se informó a la opinión pública sobre la participación en ella de determinados médicos, quienes se vieron obligados a desmentirla. A raíz de esa investigación, podremos hacer una fiscalización adecuada que permita mejorar este vital servicio, no sólo para la Octava Región sino también para la Séptima, porque los enfermos cardiacos de esta última son derivados al Hospital Clínico de Concepción. Como los médicos denunciantes dicen que existen los recursos humanos y materiales para llevar adelante una muy buena atención en cirugía cardiaca, es fundamental conocer la auditoría que el Secretario Ministerial de Salud de la Octava Región dijo que se había realizado, de la cual –afirmó- no había emanado negligencia alguna ni falta en la administración de un servicio tan esencial como el de la cirugía cardiaca. Por eso, solicito, señor Presidente, que recabe el asentimiento del tercio de la Cámara para pedir que se remitan a esta Corporación –reitero-la auditoría, los antecedentes soportantes y las fichas clínicas de las personas que fallecieron durante noviembre y diciembre. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- ¿Habría unanimidad para acceder a la petición del Diputado señor Pérez, don Víctor? Acordado. 13.ALHAJAMIENTO DE OFICINAS DE DIPUTADOS. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi inquietud y de algún grado de molestia, porque, transcurridas casi dos semanas desde que los Diputados recién electos asumimos nuestra función, aún no tenemos un lugar definido donde trabajar en este edificio, ni el equipamiento correspondiente de las oficinas, lo que repercute en la eficacia de nuestra labor legislativa. Cabe decir lo mismo respecto del equipamiento las sedes de los distritos, que todavía sigue en posesión de los Diputados que dejaron sus cargos. Por lo tanto, solicito a la Comisión respectiva, por intermedio de Su Señoría, que resuelva esta situación a la brevedad. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- También debe hacerlo presente a su Comité, Diputado señor Paya. El señor PAYA.- Está plenamente informado. El señor ESPINA.- Señor Presidente, hay una solicitud hecha por el Diputado señor Paya. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Está acogida. El señor LEA Y.- Señor Presidente, una cuestión de Reglamento. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, el Diputado señor Paya ha sido informado claramente por el Comité, pero, independientemente de ello, aquí ha habido lentitud para solucionar los problemas que él ha mencionado. Por eso, la opinión de la Mesa no es valedera, en el sentido de pedirle que informe a su Comité. Como Presidente, Su Señoría no debe emitir opiniones, porque esa posibilidad no está establecida en el Reglamento. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Diputado señor Leay, yo sabré cuándo emito opiniones respecto de una información. El señor LEAY.- No, señor Presidente, usted no tiene por qué emitir opiniones. 14.ALCANCE SOBRE DENUNCIA HECHA EN COMISION INVESTIGADORA DE CODELCO. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Estévez. El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, lamento la forma y el estilo con el cual uno de nuestros colegas, el Diputado señor Luis Valentín Ferrada, hizo una denuncia en días recientes sobre determinadas situaciones que, en su opinión, habrían sucedido en la venta del cobre chileno. En primer lugar, deseo señalar que estoy absolutamente convencido de la importancia de la labor fiscalizadora del Parlamento. Es nuestro deber ser muy estrictos en controlar el uso de los dineros fiscales y el funcionamiento del Gobierno. En lo personal, he adherido permanentemente a cualquier búsqueda, investigación o fiscalización al respecto. Porque defiendo la importancia del Congreso como organismo fiscalizador de la acción del Gobierno, pienso que debemos ser muy claros y categóricos en rechazar un estilo publicitario que busca producir un efecto público sin tener el rigor necesario, lo que, a la larga, termina en el desprestigio del propio Congreso. Me parece que no es aceptable ni posible entrar a una Comisión para hacer una denuncia privada y salir de ella para repartir copia de la misma a los periodistas. Ese es un estilo que podrá negarse, pero ha ocurrido. Pienso que es importante que en el inicio de este nuevo período legislativo seamos muy claros y tajantes en esto, porque si los propios parlamentarios no defendemos el prestigio y la consistencia de nuestra acción, seremos cómplices de su deterioro. Para hacer una denuncia tenemos dos opciones: una, hacerla pública, protegidos por el fuero parlamentario, en la hora de Incidentes, pero dando la cara; y la otra, realizarla en forma privada. Hacerla privada, pero en la práctica pasarla por abajo para que sea pública, me parece inconveniente. El segundo punto que me parece delicado, por las consecuencias que tiene para el futuro, es que el mero hecho de; que alguien antes de... El señor URRUTIA.- ¡Está equivocado, señor Diputado! El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, el respeto de la función parlamentaria implica no estar a gritos en la Sala. Por su intermedio, pido al Diputado señor Urrutia que si tiene algo que decir, lo señale. La norma de gritamos entremedio, para impedir el debate o no querer escuchar la opinión de los otros, es una de las tantas cosas que erosiona al Parlamento. Espero que el señor Diputado rectifique su conducta. El señor URRUTIA.- ¿Me permite una interrupción señor Diputado? El señor ESTEVEZ.- Siempre he permitido interrupciones; por eso, no son necesarios los gritos para aclarar nuestras ideas. El respeto implica escuchar a unos y a otros. En eso consiste el debate parlamentario. Si es posible, señor Presidente, le doy la interrupción al señor Diputado, con cargo al tiempo de Renovación Nacional. El señor URRUTIA.- No le queda tiempo a nuestro Comité. El señor ESTEVEZ.- Entonces, permítame terminar. He señalado que el solo hecho de que alguien, antes de ser funcionario público, haya trabajado en una determinada empresa, no lo inhabilita para ser posteriormente funcionario del Estado. ¿Qué se quiere? ¿Que pasen a dirigir Enami o la Corporación del Cobre o Enap, cuando cambia el Gobierno, personas que nunca han tenido nada que ver con ninguna de estas actividades? Entonces, se diría: "¡Miren cómo colocan a gente improvisada que no conoce el sector!" Y si, por el contrario, se nombra a personas que antes eran funcionarios de empresas privadas vinculadas a esa actividad, por ese mero hecho no se les puede colocar su honorabilidad en sospecha ante el país. La consecuencia de esto es que el día de mañana será cada vez más difícil tener funcionarios públicos, porque si aparte de ver reducidos sustancialmente sus ingresos para cumplir una determinada tarea para el Estado, simplemente se verá expuesto al escarnio de su honra, sin mayor rigor o antecedente que el solo hecho de haber trabajado antes en una empresa vinculada al ramo. Muy distinto es, por cierto, la eventual existencia de intereses comerciales simultáneos y paralelos para ejecutar una tarea pública. Eso no es aceptable y en ese aspecto de la denuncia, en el caso de ser verdad, tenemos que ser muy estrictos. Lo que me extraña es que este señor Diputado no haya comprobado antes su denuncia, en circunstancias de que basta con acudir a un terminal de Dicom para saber quién es socio de una determinada empresa, ya que el sistema está actualizado y es de fácil y expedito uso. No se puede simplemente decir que alguien es socio o no es socio, sin tener siquiera el rigor, como parlamentario, de informarse antes. Es posible que en la denuncia del colega Valentín Ferrada haya aspectos de verdad, y la Comisión Investigadora debe ser estricta al respecto, ya que no es aceptable que un funcionario público tenga negocios privados con la repartición a la cual pertenece. Pero así como debemos ser muy duros en eso, no es aceptable disparar al bulto, dar decenas de nombres e involucrar o afectar en su honra a personas que no son socios, ni agentes, ni lo que se dice que son, simplemente por haber trabajado para el Estado. Quiero ser muy claro: no me interesa defender a priori a nadie; pero sí me interesa defender la función pública. Así como señalo que en este país tenemos que ser muy duros contra cualquier tipo de corrupción -y me alegro que el Jefe de Estado haya sido enfático al respecto-, también defiendo la probidad del servidor público, porque estamos en un país en el que la policía y los funcionarios del Estado son esencialmente sanos y correctos. Sería grave que nosotros deterioráramos su condición pública, por lo que exijo seriedad y rigor en el Parlamento para el tratamiento de estas materias. No se puede hacer denuncias anónimas o irresponsables, ya que con eso se desprestigia el Congreso y se termina por debilitar nuestra función fiscalizadora. He dicho. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, pido que se ponga en conocimiento del Diputado señor Ferrada la intervención del Honorable señor Estévez, para que él conteste oportunamente en esta Cámara, de acuerdo con el Reglamento. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Muy bien, señor Diputado. En todo caso, el Diputado señor Ferrada puede solicitar la versión taquigráfica de la sesión. 15.RECAUDACION DE FONDOS POR LA SEÑORA MARGARET THATCHER. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, quería referirme a la exposición hecha por la señora Thatcher sobre el pensamiento conservador y neoliberal; pero no lo puedo hacer en un minuto y medio que resta al Comité de mi partido. Sólo me referiré a un punto. Durante el desarrollo del acápite de su discurso “Valores más allá de la economía; la importancia del imperio de la ley", Margaret Thatcher se desmayó. Tengo muy presente las denuncias hechas por la bancada laboristas en el Parlamento inglés respecto de los fondos que ella recauda en estas giras internacionales, los cuales no irían a su fundación, como corresponde, sino que parecieran tener otro destino. Quizás no tuvieron que ver con su desmayo sólo los alimentos que ingirió en Zapallar, sino que, tal vez, estaba preocupada por estas reiteradas denuncias respecto de los manejos de los fondos de la fundación. He dicho. 16.ENVIO A COMISION DE PROYECTO SOBRE DEUDORES HIPOTECARIOS. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner. La señora WÖRNER.- Señor Presidente, me voy a referir, en nombre de mi bancada, del Partido Socialista y, principalmente, en el del jefe de esa bancada, el Diputado señor Viera-Gallo, a nuestra absoluta preocupación e interés por legislar en favor de los deudores hipotecarios. Cuando el Diputado señor Viera-Gallo hizo presente la necesidad de que hubiera segunda discusión sobre el proyecto que favorece a ese sector, debió solicitar que la iniciativa volviera a la Comisión, como procede. Pido que arbitren las medidas para que así sea, puesto que, como está informado y resuelto su rechazo en la Comisión, no lograríamos dar solución a un problema que afecta a muchos compatriotas y cuyos alcances sociales nos preocupan mucho. Cuando la Comisión escuchó a las personas invitadas para dar a conocer su opinión sobre el proyecto, consideró sólo un aspecto: los intereses de la Superintendencia de Bancos. Nos parece que, vuelto el proyecto a la Comisión, sería posible escuchar a abogados involucrados en la defensa de los deudores y a sectores de la sociedad que han conocido la tramitación de esta iniciativa, lo que permitiría que se reconsiderara el asunto y que la Comisión, en una segunda revisión, acogiera el proyecto y recomendara su aprobación a la Sala. 17.MEDIDAS PARA PRESTIGIAR LA LABOR LEGISLATIVA. La señora WÖRNER.- Quiero dirigir mi atención a un problema bastante candente que, en alguna medida, ha sido abordado por algunos Honorables colegas esta mañana, y sobre el cual voy a hablar con gran humildad. Ofrezco excusas a los señores parlamentarios si les afecta personalmente. Mi asombro es absoluto por la poca seriedad con que estamos legislando y la escasa participación que se ha dado al trabajo de la Sala en esta segunda semana. Estamos iniciando un período en un nuevo Congreso. La tarea parlamentaria es seria, eficiente y fructífera en las Comisiones; pero, lamentablemente, es la que menos conoce la opinión pública. Donde nos mostramos hacia todo el electorado y, en algunas ocasiones, a un numeroso público, invitado por los señores parlamentarios, es aquí en la Sala. Si queremos ayudar a prestigiar la labor que estamos desarrollando, debemos ser menos frívolos -perdónenme que lo diga así- cuando estamos realizando la tarea en la Sala. Los señores estafetas y colaboradores de la Sala acostumbran distribuir correspondencia que no tiene urgencia, lo que nos distrae en nuestra labor por el paseo que realizan y por la prontitud con que queremos saber qué nos están comunicando. Lo anterior nos lleva a revisar aquí la correspondencia particular, en circunstancias de que, no siendo ésta de urgencia, podríamos recibirla en nuestras oficinas. Además, se realizan reuniones privadas para tratar temas que, a lo mejor, tampoco tienen urgencia y son ajenas a nuestra preocupación del momento. La lectura de la prensa en la Sala, por parte de algunos señores parlamentarios, es una falta de respecto a nosotros mismos y al resto de los colegas que están interviniendo, algunos de los cuales se han esmerado para ser Diputados informantes. Esto distrae a quienes tenemos interés en participar. Personalmente, no estoy exenta de la tentación de revisar la prensa o mi correspondencia. Pido a la Mesa, que hoy debió interrumpir con su campanilla diecisiete veces nuestro trabajo, que arbitre las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, a fin de que no sigamos desvirtuando tanto la importancia de nuestra tarea aquí, y para que cada uno de nosotros -y ésta es una cordial invitación- hagamos los esfuerzos necesarios, tendientes a evitar este tipo de situaciones que dan tan mala imagen a quienes nos visitan, los cuales, al comentar estos hechos en nuestros distritos, no favorecen en nada el prestigio, la seriedad y la importancia de nuestra tarea, tanto en las Comisiones como en la Sala. He dicho. 18.TRAMITACION DE PROYECTO DE LEY SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable colega señora María Antonieta Saa. La señora SAA.- Señor Presidente, quiero referirme al proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar, que fue presentado en 1990 y aprobado por unanimidad en esta Cámara, en junio de 1993. Fue despachado con valiosas indicaciones de señores Diputados de todas las bancadas, quienes entendieron que con esta futura ley se protegía a la familia y se avanzaba en la solución de este grave problema que afecta a una de cada cuatro familias de nuestro país, que pone en peligro la convivencia y crea riesgos de tipo síquico y físico a los miembros del grupo familiar. Es cierto que este proyecto también fue aprobado por el Senado en general, pero allí se le introdujeron algunas modificaciones que esta Cámara rechazó por unanimidad. Esto llevó a la formación de una Comisión Mixta, la que acogió el 90 por ciento del texto de la Cámara de Diputados, la cual, a su vez, aprobó el informe de esa Comisión. Hoy el proyecto figura en tabla en el Senado, que debe aprobar o rechazar lo propuesto por la Comisión Mixta. Pero se han formulado declaraciones, en especial por parte del Senador señor Otero, quien señala que no está de acuerdo con la proposición de esa Comisión Mixta, lo cual significa que corre peligro la suerte de este proyecto. La Cámara, al votarlo por unanimidad, con la participación de todos los señores Diputados, dio gran valor a este proyecto por lo que representa para resolver un serio problema de nuestra sociedad. Por lo tanto, pido a la Mesa, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, que adopte las medidas para resaltar públicamente el impacto negativo que tendría en la sociedad chilena el rechazo de esta iniciativa de ley. Si eso sucediera en estos momentos, el proyecto no sería ley y no se podría presentar otro hasta dentro de un año más. Debemos hacer conciencia respecto de esta materia. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Señora Diputada, analizaremos el tema con el resto de los integrantes de la Mesa. Ha terminado el tiempo del Partido por la Democracia. Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión. Se levantó a las 13.57. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.