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- rdf:value = " El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente, la evidente gravedad y urgencia del problema justifica la aprobación en general de este proyecto, pero me parece indispensable que vuelva a ser estudiado en la Comisión.
Fundamentalmente, quiero referirme a dos puntos.
Primero, el establecimiento de más regulaciones y requisitos, cuyo control y revisión se entregue a las municipalidades, obviamente no soluciona el problema, como muy bien lo apuntó la Diputada señora Pollarolo, ya que esas corporaciones no tienen la capacidad para realizar una buena fiscalización. Además, en muchas ocasiones, por la vía de la corrupción, de la coima, las regulaciones y controles dispuestos por la ley y los reglamentos se transforman en letra muerta, y la protección a los compradores de estas casas en una fantasía. De manera que ése no es el camino para atacar el problema que nos ocupa.
Segundo, desde la perspectiva de las víctimas del fraude, que ven discriminada su inversión, me preocupa el tema de la responsabilidad.
Considero pertinente la pregunta planteada anteriormente, puesto que, a mi juicio, se diluye y divide la responsabilidad de las personas, lo que es muy grave para quien compró la casa, puesto que entre proveedores, fabricantes, el mandantes -sólo en el caso de las vivienda públicas- se pueden "pasar la pelota", contribuyendo a la indefensión del adquirente. De hecho, la respuesta que aquí se dio en relación con la responsabilidad del mandante sólo es válida y satisfactoria respecto de las viviendas públicas, no así de las privadas, en que el comprador tiene que dirigirse al constructor, quien puede desviar su responsabilidad entre proveedores, fabricantes, etcétera.
Esta área rara de responsabilidad, no claramente definida entre constructor, fabricante y mandante, produce un desincentivo a la participación de la empresa privada en la construcción de viviendas, sin cuyo aporte es impensable que logremos solucionar en el mediano plazo el grave déficit que existe en Chile.
De manera que, desde la perspectiva de la vivienda a largo plazo, me parece delicado que se apruebe este proyecto sin delimitar claramente las responsabilidades, estableciendo a quién recurre y contra quién se dirige la víctima del fraude.
El hecho de que las municipalidades y oficinas gubernamentales, en general, sean ineficientes para controlar el cumplimiento de requisitos -incluso vulnerables por la corrupción- pone de relieve que el fondo del problema -del cual hay que ocuparse en el momento pertinente- está en la calidad de la justicia, en la operatividad del sistema judicial, puesto que, en definitiva, la única garantía de los ciudadanos la constituye el respeto a sus derechos.
He dicho.
"
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