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- rdf:value = " Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, los Diputados de la bancada de la Democracia Cristiana respaldamos, desde el primer momento de conocerse públicamente el problema existente en Codelco, la idea de crear una comisión especial investigadora.
Evidentemente, la trascendencia de esta empresa pública en la economía del país y la gravedad de los hechos conocidos ameritan que esta Corporación cumpla sus responsabilidades y deberes constitucionales, desde el punto de vista de su labor fiscalizadora, sin limitación y reparos.
En ese sentido, hay que recordar, en función de los planteamientos del Diputado señor Palestra, que de acuerdo con el Reglamento de nuestra Corporación, no corresponde sortear los miembros de una comisión investigadora, porque no estamos frente al juicio político; no estamos frente al mecanismo de la acusación constitucional, donde sí correspondería hacerlo.
El hecho de haber coincidido los comités en la formulación de un proyecto de acuerdo en forma unánime indica más bien que existe voluntad política; ánimo de enfrentar la situación al nivel que corresponde de acuerdo con su gravedad; que no queremos en absoluto disminuir el problema, sino, por el contrario, que esta Corporación debe cumplir sus obligaciones.
Pero quiero referirme al hecho de que las acciones producidas al interior de Codelco, de responsabilidad fáctica hasta ahora de un funcionario de carrera de la Corporación, de la dependencia directa de otros funcionarios también de carrera -es decir, no ingresados en el Gobierno de la Concertación, si no que en la administración anterior-, no debe en absoluto entrar a desfigurar nuestra responsabilidad y nuestro deber, pues resulta groseramente evidente el interés de los sectores opositores por tratar de sacar dividendos políticos de corto plazo.
La actitud del Gobierno y del Presidente de la República ha sido taxativa en llevar adelante las investigaciones e informar al público a través de los medios de comunicación. Porque en democracia, a diferencia de lo que existía en el gobierno anterior, la información se entrega, los organismo del Estado democrático cumplen sus obligaciones, y no corresponde que quienes fueron cómplices de una situación absolutamente reñida con los principios más elementales de la democracia, como la transparencia, nos vengan a dar lecciones respecto de este tipo de situaciones.
Por eso, el Gobierno, además de las investigaciones internas, de la contratación de auditorías externas con empresas internacionales, como la Price Waterhouse, entre otras, y de ordenar una investigación judicial, que se encuentra en manos de un ministro en visita dispuso la renuncia de algunos altos personeros de Codelco, en función de la situación planteada, los cuales -hay que reconocerlo-, cuando vinieron a la Comisión de Minería de esta Cámara, desde el primer momento fueron extraordinariamente honestos y directos al entregarnos la información que se encontraba disponible en aquel momento. Se ha dicho que en la comparecencia del anterior Presidente Ejecutivo de Codelco ante la Comisión de Minería no se mencionó que las pérdidas eran del orden de los 200 millones de dólares. Para ser justos, tenemos que recordar que el señor Noemi indicó, en esa oportunidad, que se estaban realizando estudios y auditorías para evaluar con mayor precisión cuáles eran los efectos de las transacciones que fueron encubiertas y no ingresadas en los registros de contabilidad y de control de la empresa.
Señor Presidente, no vamos a contestar ni hacemos cargo de ninguna de las preguntas planteadas por los representantes de la Oposición, porque esas interrogantes tendrán que ser dilucidadas a través del trabajo de la comisión investigadora que acordaremos constituir en esta sesión especialmente convocada al efecto. Nuestra postura es que la investigación siga adelante, que las responsabilidades, de acuerdo con la ley y con las normas de carácter administrativo, sean deslindadas en la forma que corresponda, y que, en definitiva, como dije al principio, asumamos nuestras responsabilidades en el ámbito fiscalizados.
La bancada democratacristiana, al apoyar con mucha convicción la necesidad de efectuar este trabajo en la Cámara, reconoce que la labor del Parlamento, dentro de sus atribuciones institucionales, tiene un perfil distinto del de la Contrataría General de la República o del de la investigación judicial que también se está desarrollando. De las intervenciones de los representantes opositores, se desprende el prejuicio y la intencionalidad evidentes de buscar la responsabilidad política de los señores Ministros. Pensamos que ello originará dificultades en la Comisión y que vamos a enfrentar un trabajo que será fundamentalmente de carácter político, desde la perspectiva opositora.
Respaldamos la actitud del Presidente de la República y de las autoridades del Gobierno de la Concertación de enfrentar este problema de la manera más honesta y transparente posible. Pensamos que el Parlamento debe hacer una contribución al respecto, por la importancia de esta empresa en la economía nacional.
Insistimos en que, políticamente -decisión que en el debate de esta Corporación y en el trabajo de la Comisión quedará en claro-, no podemos aceptar que se formule el cargo de que las autoridades de gobierno y personeros públicos de la Concertación tienen actitudes evasivas. En el fondo, se pretende descalificar la posibilidad del trabajo fiscalizador de la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, la bancada del Partido Demócrata Cristiano ha dado su conformidad y respaldo a este proyecto de acuerdo, el cual no es una iniciativa de la Oposición, sino el reflejo del consenso político de todos los sectores representados en esta Cámara, de llevar adelante la investigación respecto del problema de Codelco.
He dicho.
"
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