REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 330a, EXTRAORDINARIA Sesión 30a, en martes 3 de enero de 1995. (Ordinaria, de 11 a 15.28 horas) Presidencia de los señores Sota Barros, don Vicente; Latorre Carmona, don Juan Carlos, y Espina Otero, don Alberto. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. INDICE I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESIÓN III. ACTAS IV. CUENTA V. ACUERDO DE LOS COMITÉS VI. ORDEN DEL DÍA VII. PROYECTOS DE ACUERDO VIII. INCIDENTES IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pag. I.Asistencia 8 II.Apertura de la sesión 10 III.Actas 10 IV.Cuenta 10 V.Acuerdo de los Comités 12 VI.- Orden del Día. Beneficios Tributarios en favor de fundaciones privadas. Primer trámite constitucional 12 Modificación de la ley N° 18.933, sobre Isapres. Proposición de la Comisión Mixta' 20 Restricciones al consumo y a actividades relacionadas con el tabaco. Proposición de la Comisión Mixta 26 VII. Proyectos de Acuerdo. Funcionamiento de Comisión Investigadora en el caso de las uvas envenenadas 43 Seguro de desgravamen para créditos del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap 45 Cobro de derechos municipales a embarcaciones menores motorizadas46 Devolución del crédito fiscal del Iva 48 VIII. Incidentes. Información sobre transacciones de energía eléctrica. Oficios 50 Viajes de Comisión Especial de la Cámara a zona de Campo de Hielo Sur52 Solicitud de antecedentes sobre modernización del Ejército. Oficio 53 Nómina de proyectos de agua potable rural para la Quinta Región. Oficios53 Creación de Juzgado de Letras en Quintero (Quinta Región). Oficio 54 Información sobre créditos de Instituciones Financieras. Oficio 54 Petición Constitucional de antecedentes sobre administración de la zona franca de Iquique. Oficios 55 Despido de funcionarios de la Conadi en Temuco. Oficios 58 Reparación de calles en Pucón (Novena Región). Oficios 59 Simplificación de trámites para instalación de servicios de agua potable rural. Oficios 60 Recursos adicionales para programa de erradicación de la Marea Roja. Oficios.,...61 Rechazo a reanudación de Relaciones Diplomáticas con Cuba 61 Política general de aguas. Oficio 62 Pág. IX. Documentos de la Cuenta. Oficios de S.E. el Presidente de la República, con los cuales retira y hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 1.Modifica leyes vinculadas al mercado de capitales, para facilitar el financiamiento de infraestructura de uso público (boletín N° 1431-05) 67 2.Modifica DFL. N° 164 del Ministerio de Obras Públicas, modificado por la ley N° 19.252, y las normas tributarias que las rigen (boletín N° 1432-05) 67 3.Modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación (boletín N° 1048-07) 67 y 1.697, de 1977; 12 y 133, de 1973 y 2.346, de 1978 (boletín N° 378-12)....68 4. Oficio de S.E. el Presidente de la República, con el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes N° 77, de 1073 y 1.697, de 1977; 12 y 133, de 1973 y 2.346 de 1978 (boletín N° 378-12) 68 Oficios del Senado, por los que comunica haber dado aprobación, en segundo trámite constitucional, a los siguientes proyectos de ley: 5.Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (boletín N° 803-01) 68 6.Modifica los escalafones masculino y femenino de oficiales policiales de la Policía de Investigaciones de Chile (boletín N° 1469-02) 69 7.Modifica el artículo 2o transitorio de la ley N“ 18.893, sobre organizaciones comunitarias territoriales y funcionales (boletín N° 1.466-06) 69 8'. Convenio sobre supresión de visas, suscrito con la República Checa en Santiago, el 18 de agosto de 1993 (boletín N° 1156-10) 69 9. Modifica la distribución de cargos que se crean en las plantas de personal del sector salud por la ley N° 19.308 (boletín N° 1.447-11) 70 Ambiente (boletín N° 1202-12) 70 10. Modifica ley N° 19.300, incorporando al Ministro de Relaciones Exteriores al consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente(boletín N° 1202-12) 11.Modifica el Código de Procedimiento Civil en materia de notificaciones (boletín N° 1187-07) 71 12.Oficio del Senado, que comunica haber dado su aprobación, en primer trámite constitucional, al proyecto originado en moción, que concede por gracia la nacionalidad chilena al Padre Pier Augusto Bigo Paquín, S.J. (boletín N° 1449-07) (S) 71 13.Oficio del Senado, que comunica haber dado su aprobación, en primer trámite constitucional, al proyecto de acuerdo sobre aprobación del tratado de extradición entre la República de Chile y Australia, suscrito en Canberra, el 6 de octubre de 1993, y las notas rectificatorias N° 27/94 y N° LG 362, de fechas 19 y 29 de abril de 1994, respectivamente (boletín N° 1293-10) (S) 72  Pag. 14.Oficio del Senado, que remite antecedente requerido por el Excmo. Tribunal Constitucional, relacionado con el proyecto de ley que establece el estatuto de atención primaria de salud municipalizada (boletín N° 598-11) 72 15.Informe de la Comisión de Agricultura, recaído en las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que establece normas especiales para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la reforma agraria (boletín N° 978-01) 73 16.Primer informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (boletín N° 1167-14)...78 17.Primer informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (boletín N° 1167-14) 117 18.Informe de la Comisión Especial encargada de analizar el desarrollo social y la participación de Chile en la Cumbre Mundial 125 19. Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Hurtado, Ramón Pérez, Solís, Correa, Karelovic, Leay y Paya, con la que inician un proyecto de ley que establece para los órganos, servicios y empresas públicas que indica, la obligación de emitir trimestralmente informes públicos (boletín N° 1476-07) 175 20. Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Fantuzzi, Cardemil, Galilea, Correa, Leay, Paya y Karelovic, con la que inician un proyecto de ley que establece para los agentes públicos que menciona, la obligación de declarar sus intereses bajo juramento ante notario (boletín N° 1477-07) 177 21. Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Raúl Urrutia, Cardemil, Fantuzzi, Paya, Karelovic, Leay y Correa con la que inician un proyecto de reforma constitucional que incorpora los principios de probidad y transparencia en la administración pública y establece nueva causal de inhabilidad de los parlamentarios (boletín N° 1478-07) 22. Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Procurica, Jurgensen, Kuschel, Masferrer, Víctor Pérez, Ulloa y Moreira, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N°18.971, sobre acción de protección económica (boletín N° 1479-07) 23.Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, René García, Ferrada, Rodríguez, Masferrer, Ulloa, Moreira y Víctor Pérez, con la que inician un proyecto que modifica las leyes N° 18.834, Estatuto Administrativo, y N° 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, para evitar el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada (boletín N° 1481-06) 184  Pág. 24.Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Cantero, José García, Caminondo, Masferrer, Moreira, Ulloa y Víctor Pérez, con la que inician un proyecto de ley que establece normas para las empresas públicas y modifica las leyes N° 18.834, Estatuto Administrativo, N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de prevenir los conflictos de intereses incompatibles (boletín N° 1482-06) 186 25.Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Vilches, Rosauro Martínez, Vargas, Manferrer, Víctor Pérez, Moreira y Ulloa, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de fortalecer la probidad en el ejercicio de los cargos públicos, estableciendo causales de inhabilidad para los concejales y concediendo acción pública para ello X. Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: Oficios del Ministerio del Interior, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: De la señora Matthei y los señores Ulloa y Longueira, medidas dispuestas por S.E. el Presidente de la República en su gira a la novena Región. Del señor Rodríguez, aporte extraordinario de recursos a la Municipalidad de Panquehue, en la Quinta Región, destinado al funcionamiento de un centro integral de apoyo al trastorno del aprendizaje. Del señor José García, construcción de edificio al interior del callejón Poseck, en el sector de Avenida Alemania, comuna Temuco. Del señor García-Huidobro, proyecto de construcción de central hidroeléctrica “Alto Cachapoal”. Del señor Encina, resultados del primer llamado a concurso de proyectos de pavimentación participativa en comunas de la Cuarta Región. Del señor Elizalde, construcción de la calle de circulación interior hacia la Avenida Américo Vespucio, Región Metropolitana. Del señor Kuschel, avance del proyecto de encauce del Estero Lobo, en la comuna de Puerto Montt. De la Corporación, patrocinio a proyecto de ley que modifique el DL. N° 3063, de 1979, sobre rentas municipales.  Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Naranjo, relativo a desaparición de chilenos en el extranjero. Oficios del Ministerio de Justicia, con los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: De la señora Wómer y los señores Arancibia y Jara, proyecto de ley tendiente a mejorar la administración de justicia en la Octava Región. De la Corporación, aumento de dotación de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Chadwick, relativo a pasarela peatonal en San Francisco de Mostazal, Sexta Región. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual remite cuadro resumen de oficios de ese Ministerio emitidos en el mes de noviembre de 1994, a parlamentarios y autoridades en general. Oficios del Ministerio de Bienes Nacionales, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: De la señora Wómer, títulos de dominio a habitantes de las caletas de pescadores artesanales del país. Del señor Longton, saneamiento comunidad agrícola “Granizo de Olmué- Mariana de Osorio”. Oficio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Bartolucci, relativo a causa seguida por ex trabajadores de la ex Capremer, contra el INP. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanisno, por medio del cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Küschel, relativo a estado de avance del proyecto de encauce del Estero Lobo, comuna de Puerto Montt. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el responde el enviado en nombre de los Diputados señores Vargas, Elizalde, Pizarra, Morales, Fuentealba, Joaquín Palma, Reyes, Ascencio, Luksic, Villouta, Salas, Venegas, Solís, Turna y los Comités Parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, relativo a designación, grado de preparación y remuneraciones de los Directores de Empresas. I. ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: (116) --Acuña Cisternas, Mario --Agüitó Meló, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Allamand Zavala, Andrés --Allende Bussi, Isabel --Arancibia Calderón, Armando --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Aylwin Oyarzún, Mariana --Balbontín Arteaga, Ignacio --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Caminondo Sáez, Carlos --Canterb Ojeda, Carlos --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés --De la Maza Maillet, Iván --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientes, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Ángel --Ferrada Valenzuela, Luis Valentín --Fuentealba Vildósola, Renán --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Rodríguez, José Luis --Gutiérrez Román, Homero --Hamuy Berr, Mario --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado Ruiz-Tagle, José María --Jara Wolff, Octavio --Jeame Barrueto, Víctor --Jürgensen Caesar, Harry --Karelovic Vrandecic, Vicente --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Makluf Campos, José --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Matthei Fomet, Evelyn --Melero Abaroa, Patricio --Montes Cisternas, Carlos --Morales Morales, Sergio --Moreira Barros, Iván --Munizaga Rodríguez, Eugenio --Muñoz Aburto, Pedro --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchon, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pizarro Soto, Jorge --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Rebolledo Leyton, Romy --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Castillo, Hosaín --Salas De la Fuente, Edmundo --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Sota Barros, Vicente --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Ávila, Raúl --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Venegas Rubio, Samuel --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos --Villegas González, Erick --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Wómer Tapia, Martita --Zambrano Opazo, Héctor Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt. Asistieron, además, el Ministro de Salud señor Carlos Massad, el honorable Senador señor Sergio Páez, y la señora María Elena Etcheberry, Superintendente de Isapre. II. APERTURA DE LA SESIÓN. Se abrió la sesión a las 11.00 horas. El señor SOTA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS. El señor SOTA (Presidente).- Las actas de las sesiones 27° y 28° se declaran aprobadas. El acta de la sesión 29° queda a disposición de las señoras Diputadas y señores Diputados. IV. CUENTA. El señor SOTA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor SOTA (Presidente).- Terminada la lectura de la Cuenta. El señor ROCHA.- Pido la palabra. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ROCHA.- Señor Presidente, con su venia, deseo plantear, en relación con la Cuenta, una materia que me preocupa y de la que me impuse sólo hace pocas horas. He tenido conocimiento de que diversos proyectos de ley se encuentran pendientes en el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo, y me atrevo a señalar que esa situación constituye un importante entorpecimiento del proceso legislativo. Por ejemplo, los proyectos de ley sobre carrera funcionaria de los jueces, funcionarios, auxiliares y empleados del Poder Judicial; el que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y el que dice relación con el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el señor Ministro que se encuentra presente podría dar fe de la importancia de este último proyecto de ley se encuentran desde hace 4 meses, 3 meses y un mes y medio, respectivamente, en el Tribunal Constitucional. Señor Presidente, creo que esa dilación es claramente exagerada y por esa razón me he permitido intervenir. El problema es serio, grave, y justifica nuestra preocupación. Además, A con la unanimidad de la Sala, deberíamos recurrir ante el Tribunal para conocer las razones por las cuales se ha producido este verdadero entorpecimiento al proceso legislativo. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado, haremos llegar su observación al Tribunal Constitucional. Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez para referirse a un asunto de la Cuenta. El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).- Señor Presidente, quiero saber qué pasa con la remisión de un oficio del Ejecutivo por el cual presenta una indicación al proyecto relacionado con los límites del municipio de Quinta Normal, caso Inba, y, además, propone su discusión inmediata. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Se va a dar cuenta de inmediato de ello, porque precisamente ha sido uno de los acuerdos de Comités. Tiene la palabra el Diputado señor Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en primer lugar, me parece que el punto 18 de la Cuenta que nos acaba de leer el Prosecretario, no debería figurar en ella. En segundo lugar, creo que el Diputado señor Espina puede hacer su solicitud mediante oficio o, virtualmente, de un proyecto de acuerdo. Si fuera esto último, sería inconstitucional, porque ni siquiera por esa vía se pueden presentar al Presidente de la República iniciativas legales que son de su exclusiva atribución, situación que está claramente establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso. Me parece que no corresponde ni siquiera dar cuenta, porque el Diputado señor Espina, a título personal, puede enviar una carta u oficio al Presidente de la República sobre la materia. No procede que se dé cuenta a la Cámara, porque aparece como si la Cámara lo remitiera, lo cual no corresponde. Por lo tanto, pido que se elimine de la Cuenta el número 18 y se hagan las correcciones pertinentes en el Acta. El señor SOTA (Presidente).- Así se hará, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta para referirse a la Cuenta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quiero saber si la serie de proyectos de ley que se detallan en las páginas 3, 4 y 5 de la Cuenta, que figuran con los números 11 y siguientes, se estudiaron por parte de Su Señoría para presentarlos a la Cuenta, puesto que claramente se trata de proyectos cuya iniciativa corresponde al Presidente de la República, ya que inciden en materias de la administración del Estado. Además, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, "En ningún caso se dará cuenta de mociones que se refieran a materias que, de acuerdo con la Constitución Política, deben tener origen en la otra Cámara o iniciarse exclusivamente por mensaje del Presidente de la República." En el caso de que la Mesa no hubiera estudiado este punto, ruego a Su Señoría suspender la cuenta de estas mociones y proceder a su examen, para que, posteriormente si procediere, se dé cuenta de ellas o se declare su inadmisibilidad. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado, el Presidente de la Cámara ha estudiado, con la asesoría legal correspondiente, la admisibilidad de esos proyectos. Tiene la palabra el Diputado señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, comprendo que pueda haber aprensión por parte de algún parlamentario, pero el Reglamento es muy claro: al Presidente de la Cámara le corresponde calificar la admisibilidad o inadmisibilidad de un proyecto. De los ocho proyectos presentados, uno corresponde a reforma constitucional, por lo que es admisible, toda vez que no cabe iniciativa del Ejecutivo o de los parlamentarios en esa materia. De las otras iniciativas, una file declarada inadmisible y el resto admisible. Durante su tramitación, los señores Diputados tendrán la oportunidad de votar a favor o en contra de cada una de ellas, pero la declaración de inadmisibilidad del Presidente de la Cámara no amerita controversia y corresponde a las facultades que le otorga el Reglamento y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. En cuanto a la referencia del Diputado señor Andrés Palma, es absolutamente reglamentario solicitar que en la Cuenta se deje constancia de un oficio enviado al Presidente de la República para los efectos de que determine si otorga o no su patrocinio a una moción parlamentaria. Ese es un procedimiento que se contiene en el Reglamento, es usado en forma habitual en la Cámara de Diputados y no implica ningún pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad, porque ya fue declarado inadmisible por la Mesa, de acuerdo con lo que señalé precedentemente. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- No vamos a abrir debate sobre la materia. V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS. El señor SOTA (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Sota, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 1°.- Conocer, en la hora de los proyectos de acuerdo, de uno relativo a la reapertura del trabajo de la Comisión del caso de las uvas envenenadas. 2°.- Despachar, en la sesión ordinaria de la tarde, en primer lugar, el proyecto sobre los límites intercomunales Santiago-Quinta Normal, respecto del cual Su Excelencia el Presidente de la República formuló una indicación sustitutiva con calificación de discusión inmediata. El "señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, dado que la indicación del Ejecutivo no está en nuestro conocimiento, le ruego que la haga llegar, por lo menos, a los miembros de la Comisión de Gobierno Interior, para analizarla previamente a la sesión de la tarde. El señor SOTA (Presidente).- Es lo que se hará señor Diputado. Se está imprimiendo para posteriormente repartirla a los señores Diputados. El señor SOTA (Presidente).- El Ministro de Salud Pública, don Carlos Massad, solicita el asentimiento para que se permita ingresar a la Sala a la Superintendenta de Isapres, señora María Elena Etcheberry. Acordado. VI. ORDEN DEL DÍA. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN FAVOR DE FUNDACIONES PRIVADAS. Primer trámite constitucional. El señor SOTA (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que establece beneficios tributarios para fundaciones privadas y modifica la ley N° 18.899. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Andrés Palma. Antecedentes: Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1361-05, sesión 40°, en 13 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1. Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 24a, en 13 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N" 12. El señor SOTA (Presidente).- Ofrezco la palabra.4 Tiene la palabra el señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quiero manifestar, que, como religión, profeso la católica, apostólica y romana, pero, como bien se dijo en una sesión anterior, en esta materia, el proyecto es francamente inconstitucional, en atención a que las materias de ley están fijadas como se afirma, de acuerdo con el dominio máximo de las que se pueden abordar. Eso lleva a que todas las leyes como lo establece el artículo 60, N° 20, deben tener un carácter general y obligatorio y que tiendan siempre a estatuir las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Pero en este proyecto se favorece en forma especial a dos fundaciones. Creo que el propósito del constituyente ha sido que en general se legisle para todas aquellas corporaciones o fundaciones que tengan algún fin determinado y no para una o dos personas jurídicas en especial. Al efecto, traigo a colación el debate que hubo en el período legislativo anterior cuando se quiso beneficiar, mediante un precepto legal, la concesión o dación en dominio de un terreno de playa a la Fundación Pablo Neruda, en Isla Negra. En esa oportunidad, una de las divergencias que tuvimos con el Senado fue precisamente el problema de que no se pueden otorgar beneficios a uno o dos particulares determinados. De esa manera, respecto de esa ley, triunfó el criterio de que debe ser de carácter general y, en consecuencia, quedó en su forma actual, en el sentido de que todas las instituciones, entidades, corporaciones o fundaciones que tengan un fin cultural o artístico pueden tener en dominio terrenos de playa, sin señalar específicamente a la Fundación Pablo Neruda. Ahora está sucediendo lo mismo. Por eso, aparte de otras consideraciones que recuerdo que hizo el Diputado señor Ribera cuando se trató esta materia, sobre la libertad de cultos y el principio de la igualdad, quiero señalar £ que me parece un pésimo precedente constitucional que legislemos en forma particular para favorecer a alguna institución, cualquiera que sea su carácter. Sería preferible que este proyecto fuera abordado en su integridad por el Ejecutivo y mediante una indicación así como existe la llamada Ley Valdés, que favorece a organizaciones culturales sin nombrarlas, se adoptara el mismo criterio, con el objeto de no caer en esta inconstitucionalidad o irregularidad que posteriormente puede constituir un vicio y servir de precedente para que otras entidades de cualquier naturaleza deportivas, culturales o religiosas traten de lograr privilegios tributarios que creo procedentes. Como ex alumno del Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, de la Compañía de Jesús, comprendo el objetivo del proyecto; pero sería mejor otorgar el beneficio a esas instituciones, sin distinción. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, no entraré en el tema constitucional abordado por el Diputado señor Elgueta, ya planteado en la Sala en un debate anterior de este mismo proyecto. Sólo quiero destacar que la iniciativa significa la disminución de un exiguo ingreso fiscal, lo que facilitará que dos fundaciones muy precisas, Padre Alberto Hurtado y Santa Teresa de Los Andes, puedan beneficiarse con donaciones de hasta 800 millones de pesos cada una. Por lo tanto, dadas las condiciones señaladas, el costo fiscal derivado de estas donaciones no puede ser superior a 300 millones de pesos en cada caso. Incluso, en el informe se cita una cifra inferior, si no me equivoco, de 240 millones en cada fundación. Es decir, hablamos de una reducción de tributos para un conjunto de personas que hagan donaciones por un monto máximo de 240 millones de pesos que no es una gran cantidad a lo largo de varios años, hasta el 31 de diciembre de 1998. Aun cuando puede ser muy razonable el planteamiento del Diputado señor Elgueta y el que hiciera el Diputado señor Juan Pablo Letelier en la discusión anterior, me atrevo a insistir en apoyar el proyecto, como fue el criterio unánime de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que recomienda a la Sala la aprobación del proyecto. Hay que tener presente que, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno. Si pretendemos una modificación general del sistema de donaciones, estas dos instituciones no van a beneficiarse con la rebaja tributaria que se establece en los dos artículos mencionados. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, siempre es delicado e ingrato referirse a un proyecto con las características de éste cuando se quiere cuestionar su orientación, aunque no su fin. Dudo que en la Sala haya alguien que esté en contra de la existencia de una fundación sin fines de lucro, como la Padre Hurtado, y más aún, que cuente con los recursos para desarrollar una obra tan importante como la que quieren hacer. El tema en discusión es otro. Tampoco es la mayor o menor cantidad de recursos que el Fisco, teóricamente, pueda dejar de percibir. No importa que sean 120 millones, 240 millones o 1 peso. Aquí hay un debate de principios que debemos asumir como Corporación. En esa línea, me sumo a lo planteado por el colega señor Elgueta. No hay una fundamentación jurídica que justifique el otorgamiento de rebajas tributarias en beneficio de algunas fundaciones por el nombre que tienen, por la religión que haya profesado la persona de la cual llevan su nombre, o por el simple hecho de que la mayoría de los chilenos profesa la religión católica, discriminando a otras religiones que, como se demostró en el reciente censo realizado en el país, aunque minoritarias, no son insignificantes. Entendí que la Sala acordó, a fines del año pasado, enviar el proyecto a Comisión para un segundo informe, con el propósito de evitar una votación forzada como la que hoy se nos presenta y representar al Ejecutivo la necesidad de establecer un criterio único y más amplio sobre la materia. Me parece muy bien que todas las fundaciones con personalidad jurídica de determinada naturaleza y sin fines de lucro tengan exenciones tributarias, siempre que la ley sea pareja. Sin embargo, la discriminación que se introduce es muy delicada por las personas que inspiran ambas fundaciones y, por cierto, es ingrato tener que plantear esta posición, pero sería un gran error callar en esta ocasión. Hacerlo puede conducir a pensar que, por mayorías circunstanciales, vamos a estar de acuerdo con atropellar derechos constitucionales o de minorías de nuestro país. En este sentido, insisto en que el proyecto no se vote hoy y que la Comisión consulte al Ejecutivo otra orientación. De lo contrario, ¿ me veré en la ingrata situación de no apoyarlo. ’ He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, quiero hacer algunas reflexiones sobre la materia. En primer lugar, no comparto el criterio de mi estimado amigo y colega, Diputado señor Elgueta, en cuanto a que no podemos dictar normas o disposiciones de tipo particular. En verdad, hemos despachado muchas normas de ese carácter, porque constitucionalmente se puede hacer. Por ello, se ha concedido la nacionalidad chilena a determinadas ^ personas, con nombres y apellidos, y, también, estamos discutiendo el tema del Inba, que no se refiere a una situación general. De manera que no me parece sostenible, desde el punto de vista de la Carta Fundamental, argumentar que no podemos discutir este proyecto, porque se trata de una situación particular. En segundo lugar, respecto del argumento del Diputado señor Letelier sobre la libertad religiosa y la discriminación, por lo menos en lo que se refiere a la igualdad, la Constitución Política acepta la discriminación, siempre que no sea arbitraria, caprichosa, es decir, que se fundamente en la razón o que exista alguna circunstancia especial que la justifique. Por lo tanto, debemos examinar si las fundaciones "Padre Hurtado" y "Teresa de Los Andes" ameritan que hagamos una discriminación al principio de la igualdad, si reúnen los requisitos racionales necesarios para que el Fisco deje de percibir algunos ingresos y la gente que hace donaciones a estas fundaciones pueda imputarlas a sus gastos. Desde los puntos de vista de la generalidad y de la igualdad ante la ley no existe ningún impedimento constitucional para elaborar |Un proyecto de esta naturaleza. En tercer lugar, si revisamos la legislación tributaria lamentablemente no tengo los textos que tratan el tema, podríamos mencionar muchas leyes que establecen normas específicas respecto de la donaciones para distintas finalidades, en algunos casos se rebajan como gastos de la base imponible del impuesto como lo hace este proyecto o, en otros, se deduce directamente del tributo a pagar en este caso del Impuesto a la Renta o Global Complementario la suma imponible que se destinará a otros efectos. Por lo tanto, creo que no existe impedimento alguno para aprobar esta iniciativa. Señor Presidente, el Diputado señor Elgueta me solicita una interrupción. Por su intermedio, se la concedo. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, discrepo de lo señalado por mi distinguido colega y amigo Francisco Huenchumilla respecto de la llamada nacionalización por gracia que citó como ejemplo. Nuestra Carta Fundamental, al establecer ciertas normas del mismo rango, también dispone excepciones. La relativa a la nacionalización está consignada en forma expresa en el artículo 10°, número 5, y dice: "Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley". En virtud de esta excepción por lo demás de larga data se puede otorgar el beneficio a una persona. Pero ello está especialmente prescrito en nuestra Constitución, de manera que el ejemplo citado no viene sino a confirmar lo que señalé. Al respecto, uno de los autores de la Constitución de 1980, el fallecido ex Senador Jaime Guzmán, expresaba: "Al circunscribirse al legislador sólo a las materias para las cuales la Constitución exige ley, se restablece la majestad que ésta debe tener en su carácter general, terminando con la viciosa práctica chilena de las leyes de alcance particular, a la vez que se resguarda el campo propio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República respecto de toda indebida invasión legislativa." En consecuencia, reafirmo mi opinión sobre esta materia. Considero que las leyes particulares fueron desterradas de la Constitución de 1980, salvo en lo que se refiere a la nacionalización por gracia. Muchas gracias, Diputado señor Huenchumilla. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Recupera la palabra el Diputado señor Huenchumilla. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, podríamos seguir opinando indefinidamente sobre este tema y hacer referencia a otros artículos de la Constitución que autorizan expresamente al legislador en el sentido señalado, por ejemplo, en todo lo relativo a las actividades económicas, para establecer discriminaciones directas o indirectas, siempre que se refieran a determinados sectores o a aspectos tributarios: Por lo tanto, creo que es una materia opinable y mantengo mi posición en cuanto a que lo que estamos haciendo en el fondo establecer una excepción en las leyes tributarias para que se consideren como gastos las donaciones destinadas a una fundación requiere de ley. Todas las rebajas tributarias en la Ley sobre Impuesto a la Renta que se detallan específicamente, requieren de ley. Resulta difícil sostener que una de ellas podría disponerse simplemente por decreto supremo, en virtud del dominio máximo legal de la potestad reglamentaria a que alude el honorable Diputado señor Elgueta. Toda rebaja a la ley de Impuesto a la Renta requiere de ley, y lo que estamos haciendo, precisamente, es establecer una rebaja como gasto respecto de la ley sobre Impuesto a la Renta y permitiéndole a aquellos contribuyentes que la puedan destinar a este tipo de obra. No insisto más en mis razones, pero la Constitución y los argumentos de tipo general ameritan en forma positiva el proyecto, razón por la cual lo votaré favorablemente. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se encuentran inscritos los Diputados señores René Manuel García y Maximiano Errázuriz. Inmediatamente después de su intervención, se someterá a votación el proyecto. Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, la Fundación Alberto Hurtado es un orgullo para el país. Si el Ejecutivo tiene la voluntad de dar la oportunidad a miles de personas que creen en ella y en la obra del Padre Hurtado, la Cámara no tiene por qué poner objeciones. Sin duda, muchas instituciones merecen los mismos beneficios, pero, por lo menos, empecemos con una. Hay una ley que permite al contribuyente dar el dos por ciento de su renta líquida imponible para educación, porcentaje que pierde el Fisco para que los niños tengan mejor educación. Es una discriminación positiva porque el Fisco se ahorra muchos miles de pesos al disponer del aporte del contribuyente. También hay una ley que libera del impuesto a las personas incluso Impuestos Internos pierde el 18 por ciento del IVA que donan materiales para ayudar a los damnificados con motivo de catástrofes, A lo mejor muchos dirán que esto no tiene relación con la materia en debate; pero es bueno recordar lo que hace la Fundación Alberto Hurtado: atiende enfermos terminales; da alojamiento y comida a personas que no los tienen, en definitiva, a quienes están a la deriva. Es un buen paso. Si a futuro el Ejecutivo considera que otras instituciones deben tener los mismos beneficios, sin fijarse en las diferencias religiosas, sino mirando el bien común, la Cámara no tendría por qué poner inconveniente. Debemos apoyar estas iniciativas que son muy loables. ¿Quién no se ha sentido orgulloso de la obra del Padre Hurtado? Se ha dicho a propósito de la Constitución de 1980 que el ex Senador Guzmán hablaba de las malas prácticas. Indudablemente, en ese tiempo no teníamos al beato Padre Hurtado, cuyo nombre es un orgullo para la institución que ayuda a los más necesitados. Casi siempre los discursos de los señores Diputados apuntan a ayudar a las personas que menos poseen. Hoy, cuando tenemos la oportunidad de ayudarlas y apoyarlas por medio de beneficios tributarios a los contribuyentes que efectúan donaciones a la Fundación Alberto Hurtado, se pretende ponerles cortapisas. Apoyemos el proyecto, y si Su Excelencia el Presidente de la República tiene a bien mandar una iniciativa que beneficie a instituciones con el mismo norte que la Fundación Alberto Hurtado, también la apoyamos. Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LATORRE (Vicepresidente).- La Mesa insiste en que no se dilate la discusión. Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, reitero que lo que está en discusión no es el Padre Hurtado para nosotros hace mucho tiempo que es beato y es bueno que los colegas lo sientan así, ya que en su tiempo fue perseguido por sus ideales, sino que si el Estado debe permitir la rebaja en tributos de particulares que hagan donaciones, y si éstas son para una fundación determinada, no la Fundación Laura Vicuña o la Fundación Padre Hurtado 3, 4 ó 5, para una fundación muy especial. La discusión es si eso es correcto o no. Tampoco está en discusión si hay que dar hasta que duela como decía el Padre Hurtado, sin exención tributaria. Está en discusión la necesidad de leyes parejas para todos. No conozco al directorio; no me interesa. Me preocupa, como principio, si en esta materia debemos dar beneficios a una fundación particular, por su nombre, porque la mayoría de nosotros en los cuales me incluyo somos de profesión cristiana y católica, y una minoría puede tener otras ideas. Tengo la impresión de que vamos por mal camino, pero reitero aquí no está en discusión la obra del Padre Hurtado. Hoy todos compartimos que es de extraordinaria importancia la obra de quienes han seguido su legado y que la Fundación tenga apoyo. Perfectamente, podremos aprobar una modificación a la Ley de Presupuestos de este año o incorporar en el próximo proyecto sobre la materia una asignación especial para la Fundación, pero ésa no es la voluntad ahora. Se ha buscado otro mecanismo, que dudo que sea el correcto y constitucional. Agradezco al colega René Manuel García su interrupción. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Puede retomar la palabra el Diputado señor René García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en primer lugar, me alegro mucho, y me llena de orgullo, de que el Diputado señor Juan Pablo Letelier se haya convertido al catolicismo, porque tengo entendido que los socialistas no son católicos. Me da la impresión de que ése es un milagro del Padre Hurtado. En segundo lugar, nadie pone en duda a la Fundación Alberto Hurtado. Me da la impresión de que el Diputado señor Letelier duda justamente del criterio del Ejecutivo, porque el proyecto fue enviado por él. No se venga a decir que es del Hogar de Cristo, porque todos sabemos que estamos hablando de la Fundación Alberto Hurtado. Si el Ejecutivo después ve que otras instituciones cumplen la misma labor de ésta y envía el proyecto respectivo, deberíamos apoyarlo; pero hay que dar el primer paso para sacar adelante a la Fundación Alberto Hurtado. No importa quienes integren su Directorio; sólo hay que mirar sus principios y a quién ayuda. A mi juicio, ninguna de estas instituciones tiene malas intenciones. Todo lo contrario, ayudan a las personas que más necesitan. En el fondo, tienen razón los que sostienen que otras fundaciones de este tipo deben gozar de los mismos beneficios; pero eso será motivo de otro asunto legislativo. Por lo tanto, apoyaré el proyecto de ley porque lo creo beneficioso. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, las corporaciones y fundaciones son entidades jurídicas sin fines de lucro, que se diferencian fundamentalmente porque mientras las corporaciones son grupos de personas que se unen para un fin determinado, las fundaciones poseen un patrimonio que se pone al servicio de un fin pío, no de lucro. Ahora bien, la obtención de la personalidad jurídica de las corporaciones y fundaciones está regulada por el decreto N° 110 del Ministerio de Justicia, el cual es extraordinariamente riguroso en cuanto al procedimiento y a los trámites que deben hacerse para obtenerla. Sin embargo, y lo conversaba tiempo atrás con la actual Diputada y entonces Subsecretaría de Justicia, señora Martita Womer, el problema está en que una vez que han obtenido su personalidad jurídica, no existe ninguna fiscalización sobre ellas, lo que muchas veces se presta para hacer desviaciones de dinero a través de estas entidades jurídicas sin fines de lucro. Es evidente que el propósito de las fundaciones Alberto Hurtado y Teresa de Los Andes es absolutamente distinto. Nadie puede dudar de la seriedad de estas organizaciones. Me sorprende que ante una iniciativa del Ejecutivo de este tipo sean los propios parlamentarios de Gobierno los que ponen en duda la eficiencia de la medida. El ideal sería que todas las corporaciones y fundaciones gozaran de este beneficio y que toda persona que hiciera una donación destinada a un fin de beneficencia o de lucha contra la extrema pobreza, también gozara de beneficios tributarios. En este caso, como lo decía el colega Diputado señor Huenchumilla, el beneficio ni siquiera va a una rebaja directa del impuesto, como sucede hoy con los aportes que se hacen a las instituciones de carácter cultural o educacional, en algunos casos universidades. Hoy este beneficio se imputa a gastos. De manera que al disminuir las utilidades del aportante o donante, le va a disminuir su base imponible. En consecuencia, lejos de estar en contra del proyecto, pudiera que hubiera otros que ampliaran la posibilidad de luchar contra la extrema pobreza. El sector privado tiene una labor muy importante que desempeñar en esta materia. En la medida en que instituciones como las fundaciones Alberto Hurtado y Teresa de Los Andes materialicen estas ideas, estaremos disminuyendo la extrema pobreza. Por algo quienes más entienden de esta materia en la Cámara, que son los miembros de la Comisión de Hacienda, aprobaron por unanimidad el proyecto. Si a mí me hubieran preguntado antes de su discusión, habría pensado que el proyecto iba a ser votado por unanimidad, y me han sorprendido las declaraciones de algunos parlamentarios que, a pesar de invocar su calidad de católicos y de ex alumnos de colegios católicos, haciendo^ caso omiso de ello, se han trenzado en discusión al plantear la inconveniencia, la ilegalidad o la inconstitucionalidad del proyecto. Aquí no hay discriminación arbitraria. Por eso, con mucho orgullo y alegría, daré mi voto favorable al proyecto. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar al Diputado informante, señor Andrés Palma, si la Comisión solicitó información de por qué el Poder Ejecutivo otorga beneficios tributarios o cuál es el criterio que tiene para concederlos a( determinadas fundaciones y a otras no. Algunos beneficios de carácter tributario la Cámara de Diputados los está discutiendo desde hace muchos años, como son el de ayuda y desarrollo del deporte, que, sin embargo, no son patrocinados por el Ejecutivo, que ayudan a dos, tres o cuatro millones de chilenos que practican deporte. Quiero saber si la Comisión consultó si existe un criterio general para la aplicación de estos beneficios tributarios, porque en esta materia hay que dejar de lado las loables intenciones que puedan existir en una fundación u otra. Hay que ir al fondo del tratamiento tributario y del incentivo que la ley dará a determinadas actividades. Por ejemplo, la Teletón, cuya obra en el país nadie puede desconocer y que tiene una enorme repercusión social, no tiene beneficios tributarios. No veo por qué la Teletón tiene que ser menos importante que la Fundación Alberto Hurtado. No encuentro ninguna razón para estimar que es menos importante. No veo por qué tiene que existir un privilegio otorgado a una fundación y no a otras actividades. Consulto al Diputado informante si las autoridades de Gobierno señalaron alguna política general de exenciones tributarias, ara que el Parlamento sepa a qué atenerse, o esto consiste en quien tiene en un momento más o menos influencia respecto de una materia o se trata de un tema más sensible socialmente por el minuto en que éste se realiza, para conseguir un beneficio tributario de esta envergadura e importancia. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado informante. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, por su intermedio, puedo decir al Diputado señor Espina que cuando tratamos el proyecto en la Comisión de Hacienda nos pareció obvio y sencillo. Por lo tanto, no exigimos la concurrencia de funcionarios del Ejecutivo y lo despachamos. El proyecto beneficia a la Fundación Alberto Hurtado. Es exactamente igual al que beneficia a la Fundación Teresa de Los Andes, que fue despachado por el Congreso en la anterior legislatura. Según recuerdo y me lo acaba de consultar el Diputado señor José García el objetivo fundamental de ese proyecto, y también, suponemos, el de éste no estamos seguros de que fuera el único; ha sido un tema muy controvertido; y por esa duda no hicimos mención al mismo en el informe era facilitar las donaciones para la construcción de un santuario. Desde el punto de vista de la comparación que hacía el Diputado Espina en relación con éste y otros proyectos en discusión en el Congreso, o que se tratan entre parlamentarios y el Gobierno, esta iniciativa tiene una acotación muy definida. Como dice su texto, sólo se beneficiarán con una rebaja tributaria las donaciones hasta completar un monto total de 800 millones de pesos, siempre que se realicen antes del vencimiento del plazo establecido en la ley. Repito lo que señalé en el informe y en mi intervención de hoy: según la estimación que nos llegó del Servicio de Impuestos Internos, esa rebaja tributaria sería de un monto aproximado de 240 millones de pesos en cada una de las fundaciones. La Fundación Teresa de Los Andes ha recibido donaciones la vigencia venció el 31 de diciembre por un monto inferior a 400 millones de pesos. Al prorrogar el plazo, se pretende que pueda continuar recibiéndolas, siempre con el tope de 800 millones de pesos, hasta 1998. En cuanto a la Fundación Alberto Hurtado, la idea es que pueda contar con ese beneficio durante el mismo lapso, contado desde la aprobación de este proyecto como ley. En ese sentido, la diferencia central con otros proyectos de donaciones es que, en este caso, los montos y plazos están perfectamente acotados; no son donaciones genéricas, sino específicas, por las cuales se otorga un beneficio tributario. Espero haber aclarado las dudas del Diputado señor Espina y de otros señores parlamentarios. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Este proyecto ya ingresó a la Sala en su oportunidad. El señor ROCHA.- Señor Presidente, le pido que me permita fundamentar el voto. El señor LATORRE (Vicepresidentes Hago presente a la Sala que todos los señores parlamentarios, sin excepción, tuvieron la oportunidad de pedir la palabra durante la discusión. No tengo inconveniente de que Su Señoría fije su posición respecto del proyecto, pero pudo haberlo hecho en cualquier momento. El señor ULLOA.- Señor Presidente, el señor Diputado puede hacer la fundamentación de su voto sin inconveniente. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Diputado señor Ulloa, no le acepto que intervenga sin solicitar la palabra. Tiene la palabra el Diputado señor Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, quiero manifestar brevemente que me abstendré en este proyecto, ya que estoy inhabilitado para formular un juicio realmente justo. Es una cuestión estrictamente personal, pero deseo decirla. Mi hijo, el psicólogo Femando Rocha Maldonado, fue despedido del Hogar de Cristo en forma absolutamente arbitraria, sin consideración a sus méritos, a sus derechos y a su dignidad profesional. Por esta razón, no tengo la capacidad para opinar en forma justa. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 13 abstenciones. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Aprobado en general y en particular. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Bombal, Cardemil, Coloma, Correa, Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hamuy, Huenchumilla, Hurtado, Jürgensen, Kuschel, Latorre, Longueira, Naranjo, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pizarra, Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Vega, Venega^ Villegas, Villouta, Walker, Womer (doña Manita) y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Fantuzzi, Galilea, González, Hernández, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Munizaga, Pérez (don Aníbal), Prochelle (doña Marina), Turna, Urrutia (don Raúl), Valenzuela, Vargas. Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Aguiló, Espina, Ferrada, Jara, Letelier (don Felipe), Morales, Moreira, Muñoz, Paya, Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Rocha, Ulloa. MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.933,4 SOBRE ISAPRES. Proposición de la Comisión Mixta. El señor LATORRE (Vicepresidentes Corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta respecto del proyecto que modifica la ley N° 18.933, sobre instituciones de salud previsíonal. El proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional. Antecedentes: Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 1240-11(S), sesión 29a, en 21 de diciembre de 1994. Documentos de la cuenta N° 10. El señor LATORRE (Vicepresidentes Tienen derecho a intervenir hasta tres señores Diputados, con un máximo de diez minutos. Luego, se debe proceder a su votación. Tiene la palabra el Diputado señor Zambrano. El señor ZAMBRANO.- Señor Presidente, la Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política ha logrado concordar los diversos criterios surgidos entre el Honorable Senado y la Honorable Cámara durante la discusión del proyecto, en la forma expuesta en el informe. Cabe señalar que la iniciativa ha sido calificada de "suma" urgencia por el Presidente de la República. La Comisión Mixta despachó el proyecto de ley en sesión del 14 de diciembre pasado, bajo la presidencia del Senador señor Mariano Ruiz-Esquide y con la participación de sus integrantes por parte de la Cámara, Diputados señores Pedro Álvarez-Salamanca, José Luis González, Joaquín Palma y quien les habla. Por la unanimidad de sus miembros, estimó que la proposición que incide en el número 1 del artículo primero debe ser aprobada por las cuatro séptimas partes de los Senadores y Diputados en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 63, inciso ^ segundo, y 74 de la Carta Fundamental. Las principales disposiciones en que fue posible conjugar los criterios dispares de ambas Cámaras son las siguientes. En el número 1 del artículo primero se aceptó la redacción propuesta por la Cámara para el inciso quinto del artículo T de la ley que se modifica, el cual dispone. "La notificación de la interposición del recurso no suspende los efectos de lo ordenado por la Superintendencia, sin perjuicio de la facultad del tribunal para decretar una orden de no innovar. Las resoluciones que apliquen multa, cancelen o denieguen el registro de una Institución, sólo deberán cumplirse una vez ejecutoriada la resolución respectiva." Al aprobarse el criterio de esta cámara, estimamos que la norma se ajusta mejor a derecho y respalda la actuación supervisora de la superintendencia de Isapres. El número 11 del artículo primero agrega a la ley N° 18.933, un artículo 32 bis, nuevo, que consta de diez incisos. Esta es una modificación de vital importancia, mediante la cual se crea un fondo de excedentes del afiliado por la diferencia que se produce entre la cotización legal y el precio del plan de salud que la Isapre ofrece al afiliado. A partir de la vigencia de la ley dichos excedentes serán de propiedad del afiliado e inembargables, aumentando la masa hereditaria en el evento de fallecimiento. Ellos deberán contar en una cuenta corriente individual que la isapre deberá abrir a nombre del afiliado y se podrán destinar sólo a los fines que señala la ley. Estos son: 1. Cubrir las cotizaciones en caso de cesantía. 2. Copago, es decir, aquella parte de la prestación que es de cargo del afiliado. 3. Financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato; 4. Cubrir cotizaciones adicionales voluntarias, y 5. Financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos que la ley establece para pensionarse, durante el lapso comprendido entre la solicitud de la jubilación y el momento en que ésta se hace efectiva. Es destacable señalar que la Comisión Mixta acordó dejar constancia en acta que nada obsta para que por la vía de las cotizaciones adicionales voluntarias, los fondos acumulados puedan destinarse a cubrir un plan especial para la tercera edad. El número 12 del artículo primero trata una materia muy importante, en nuestro concepto, y relativa esencialmente a la utilización por parte del cotizante de una isapre, de "la modalidad institucional para la asistencia médica curativa de la ley N° 18.469, de acuerdo al artículo 26 de la misma, sujetos al arancel para personas no beneficiarías de dicha ley en casos de urgencia, o de ausencia o insuficiencia de la especialidad que motive la atención, o ausencia o escasez de servicios profesionales en la especialidad de que se trate. Las personas a que se refiere este inciso deberán pagar el valor total establecido en el arancel aplicable a los no beneficiarios de la ley N° 18.469 salvo que, por existencia de convenio entre la Institución de Salud Previsional y el Servicio de Salud, dicho pago deba efectuarlo directamente aquélla". "El Secretario Regional Ministerial respectivo calificará la concurrencia de los requisitos habilitantes a que se refiere el inciso anterior. Asimismo, velará por que la atención a personas no beneficiarías de la ley N° 18.469 no provoque menoscabo a la atención de los beneficiarios de dicha ley". Es importante destacar, respecto de esta materia, que la Comisión Mixta aprobó el criterio que primó en esta Cámara. Después de analizar sólo algunas de las principales reformas que inciden en la ley de isapres, y a sabiendas de que aún quedan pendientes temas que el Ministerio de Salud se comprometió a estudiar y someter a nuestra consideración, en el futuro, relativos a las enfermedades catastróficas y a la situación de las personas en la tercera edad, en nombre de la bancada democratacristiana anuncio nuestros votos favorables a la proposición de la Comisión Mixta. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor González. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, esperamos que con el informe de la Comisión Mixta termine hoy la tramitación de este proyecto de ley que disminuye un poco la oscuridad que, desde su nacimiento, rodeó al sistema de las isapres en Chile. A través de sus cortos catorce años, este sistema, creado en forma acelerada e inconsulta en 1981, ha sido objeto de diversas modificaciones a fin de hacerlo más transparente, lo que demuestra fehacientemente que cuando se trata de la venta de un servicio tan complejo como las atenciones de salud, el mercado, por sí solo, no es capaz de regular su acceso ni la transparencia de la oferta y la demanda. La proposición de esa Comisión Mixta entrega mayores y necesarias atribuciones a la Superintendencia y explícita los procedimientos para sancionar, e incluso para cancelar, la inscripción de una isapre por incumplimiento de sus obligaciones. A nuestro juicio, lo fundamental de este proyecto es que tiende a corregir el desequilibrio existente entre un beneficiario sometido a un bombardeo de ofertas de miles de programas y planes de salud esa es la verdad hoy día y una institución con todos los medios para imponerle, en definitiva, cualquier cosa. Además, determina algo que nos parece fundamental: que los planes de salud se expresen en unidades monetarias, ya sea en moneda corriente del país, en unidades de fomento o en porcentaje de cotización, concepto que sí puede ser manejado por los beneficiarios. También consigna, en aras de la transparencia del sistema, la obligación de las isapres de proporcionar información suficiente y oportuna respecto de los planes y programas de salud a sus beneficiarios. Por lo demás, siempre dijimos que los excedentes que se producen entre la cotización del 7 por ciento y el valor del plan de salud debieran ser de los beneficiarios, puesto que se trata de dineros de su propiedad. El proyecto determina muy claramente a quien pertenecen esos excedentes. Son de propiedad del beneficiario e incluso pasan a incrementar su masa hereditaria en caso de fallecimiento. Respecto del uso de los excedentes, la Comisión Mixta acordó, a propuesta de la Cámara, cubrir con ellos el financiamiento de un plan de salud para las personas que impetran su derecho a jubilación, ya que, hasta el momento en que ella efectivamente se produce, quedan huérfanos de toda protección de salud. El Senado, por la vía de la indicación, propuso en su momento que las instituciones públicas de salud pudieran ser usadas en su totalidad por los beneficiarios de isapres, a través de convenios entre esas instituciones, lo que nos pareció en esa oportunidad contrario a la ley, pues hoy por hoy cualquier chileno que requiera atención de urgencia puede ser atendido en esos establecimientos. Con esa indicación, ello no estaba permitido. Pero había algo "bajo el poncho" porque, con esa indicación, las isapres podían cobrar a sus beneficiarios esta atención de urgencia y devolver a las instituciones públicas el valor fijado en el convenio, con lo cual habríamos, de haber aprobado esta indicación, que felizmente se rechazó, entregado un nuevo subsidio adicional a estas instituciones. En este proyecto se reconoce la existencia de los contratos colectivos, pero se cautelan los intereses de los afiliados, en el sentido de que, a menos que se trate de una isapre cerrada, ella tiene la obligación de ofrecerle un plan de salud en condiciones similares si deja de pertenecer a la empresa que contrató el plan colectivo. Por estas razones, el proyecto mejora bastante el sistema de isapres; pero no resuelve todos los problemas, entre ellos la atención de salud de las personas de la tercera edad, que sólo es tocada tangencialmente, como lo señaló el Diputado señor Zambrano en su informe. Por otra parte, no se habla para nada de la inmensa cantidad de subsidios que reciben las isapres, los que, según sus propios balances, constituyen hasta el 80 por ciento de las ganancias declaradas por estas instituciones, los que les permite ser tan ineficientes que sus gastos administrativos bordean el 20 por ciento. Este problema debe ser enfrentado a la brevedad. Pero dado que se llegó a un consenso respecto del proyecto y a que éste mejora el sistema de isapres, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido por la Democracia. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en primer lugar, anuncio el voto favorable de los diputados de la bancada del Partido Socialista, porque, según el informe evacuado por la Comisión Mixta, en nuestra opinión, el proyecto resuelve buena parte de los problemas que, en su oportunidad, fueron planteados y denunciados por diversos sectores de la comunidad nacional. Desde luego, el informe recoge las disposiciones que, en su gran mayoría, aprobó unánimente la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, particularmente en lo que se refiere a la existencia de mayor transparencia en los contratos que los distintos cotizantes contraen con las isapres; a fortalecer el rol fiscalizador de la Superintendencia a través de diversas disposiciones, cosa que nos parece altamente saludable; a plantear adecuadamente la cobertura de enfermedades preexistentes; a señalar que los excedentes que se generan por la diferencia entre el 7 por ciento de descuento obligatorio y el valor de los planes, irá a una cuenta personal del cotizante. Asimismo, la Comisión Mixta tuvo a bien descartar la utilización de las camas de las salas comunes de los hospitales por las isapres, dejando este importante recurso para las prestaciones a los beneficiarios del sector público. Por las razones anteriores, nos parece que esta iniciativa constituye un avance muy importante. Creemos que el Gobierno ha dado un paso decisivo al enviar al trámite legislativo este proyecto de ley, y pensamos que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se hicieron perfeccionamientos a esta normativa, los que representan, sin lugar a dudas, un beneficio para la comunidad, lo que se apreciará adecuadamente en su oportunidad. Sin embargo, hay dos temas que el Gobierno estimó que no se abordaban en este proyecto de ley incluso lo indicó en su propio mensaje respecto de los cuales el señor Ministro, en la Comisión de Salud de la Cámara, señaló que se realizaban los estudios técnicos para que en el futuro pudieran fundamentarse indicaciones y proyectos de ley sobre estas materias. Me refiero a los temas de la atención a las personas de la tercera edad y a la cobertura que las isapres pudieran entregar a las enfermedades catastróficas. Nosotros esperamos con impaciencia que esos estudios culminen exitosamente en el Ministerio y puedan dar origen a proyectos de ley que trate el Congreso en su oportunidad. Por último, quiero señalar que una materia distinta, cuya solución probablemente no requiere de proyecto de ley, sino de adecuadas medidas administrativas, tiene que ver con el término de los llamados "subsidios cruzados", que van desde el sector público hacia las isapres, y que han permitido un crecimiento completamente inorgánico de las isapres, contrario a los intereses de los usuarios y mucho más allá de lo que fue el concepto que les dio origen. Debo destacar que actualmente cotizan en las isapres cerca de 395 mil chilenos, que perciben un ingreso inferior a 130 mil pesos mensuales, lo que permite que se puedan atender como beneficiarios de las isapres cerca de un millón y medio de chilenos. Sin embargo, los planes a que pueden acceder son tan marginales, tan mínimos, tan escuálidos o precarios como quiera llamárseles, que finalmente ese millón y medio de chile nos termina siendo beneficiario del sistema público mediante el mecanismo de declararse indigentes en los diversos hospitales y poli clínicos de las municipalidades o de los servicios de salud. Esto ha originado que las distintas instituciones preocupadas del tema lleguen a la conclusión de que el sector público entrega recursos a las isapres por cifras cercanas a los 50 ó 60 mil millones de pesos al año. Naturalmente, estas son estimaciones, ya que no hay antecedentes suficientes para corroborar datos o cifras exactas; pero si estas cifras se pudieran comprobar constataríamos una situación enteramente anómala que es urgente corregir.' El señor Ministro ha informado en la Comisión de Salud que esta materia es objeto de preocupación por parte del Gobierno y que hay estudios para verificar que en los hospitales públicos se atienda única y exclusivamente a los beneficiarios del sector público, de manera que no se produzcan estos subsidios cruzados, a fin de tener un sector público cada vez más eficiente y con mayor cantidad de recursos, que es lo que reclama la inmensa mayoría de la población. Por esas razones, votaremos favorablemente el proyecto; pero esperamos que estas medidas complementarias puedan llevarse a cabo a la brevedad. He dicho.| El señor SOTA (Presidente).- Reglamentariamente, sólo se pueden pronunciar tres discursos de diez minutos cada uno; pero como hay un tiempo sobrante, me he permitido pedir la unanimidad a la Sala para que intervenga el Diputado señor Bayo. Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, lo agradezco sinceramente, ya que nos permite expresar nuestra opinión, que aún no se ha escuchado en la Sala. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción porque este proyecto da hoy los últimos pasos de un viaje que se inició exactamente hace tres años, ya que el proyecto que sustituía la Ley de Isapres ingresó a la Cámara un 2 ó 3 de enero de 1992. El origen de la iniciativa radicaba en el diagnóstico del sector de salud, en lo cual había coincidencia: había problemas de transparencia del mercado, limitaciones de los beneficios a los afiliados, se hablaba de una facultad fiscalizadora limitada por parte de la Superintendencia y existían diferentes funciones de la Superintendencia en relación ^on otras. Ese diagnóstico era compartido. Por ello, recibimos con agrado la iniciativa del Ejecutivo para sustituir inicialmente la Ley de Isapres, y hoy expresamos nuestra satisfacción al votar favorablemente este proyecto que la modifica. La diferencia entre el proyecto inicial y éste radica en que esta iniciativa modifica la Ley de Isapres, en tanto que la anterior la sustituía. Lamentablemente, el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo desde que se presentó la iniciativa hasta ahora, ha perjudicado exclusivamente a los beneficiarios del sector, pues se ha postergado innecesariamente el acceso a los beneficios, lo que no es atribuible a la Cámara de Diputados. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi discrepancia de algunos distinguidos colegas, muy amigos nuestros, cuya opinión respeto, pero no comparto. Este proyecto no nació en la oscuridad, sino que fue producto de un estudio científico de la realidad existente en las décadas del 70 y del 80, en las cuales el aparato estatal se vio sobrepasado por la realidad emergente de una medicina cada vez más exigente. La verdad de las cosas es que los ricos y la clase media de ese entonces usufructuaban de un aparato estatal financiado con la plata de todos los chilenos, especialmente con la de los más pobres, porque quienes dieron la base de sustentación al sistema público de salud fueron las famosas empleadas domésticas y la Caja del Seguro Obligatorio. De manera que la realidad emergente en esa década justificó la creación, en primer lugar, de los 26 servicios de salud de Chile transformando el servicio único y las instituciones de salud previsional que conformaban un sistema mixto. Tampoco puedo dejar de mencionar la reiteración de mitos respecto de los subsidios cruzados de que se apropiarían las isapres, los cuales alcanzarían a 15 mil millones de pesos. En la Comisión de Salud de la Cámara se demostró que esa suma que deja de percibir el sector estatal se debe exclusivamente a la ineficiencia del sistema público para recaudarlos. Por otra parte, con el subsidio del 2 por ciento de cotización adicional, que permite a los trabajadores de más bajos ingresos acceder a programas y planes de salud, no se pretende beneficiar a las isapres, sino a las personas. Pienso que cuando se está beneficiando al 27 por ciento de la población de Chile, cuando hay más de 3 millones y medio de personas que gozan de este beneficio, cuando se ha demostrado que él sistema es eficiente y eficaz, lo cual se refleja en la evolución de los indicadores biodemográficos, nadie puede oponerse a un proyecto de esta naturaleza. Por eso, anuncio el voto favorable de los parlamentarios de Renovación Nacional. Creemos que, de una vez por todas, Chile debe tratar de nivelar la salud hacia arriba, hacer coincidir y compatibilizar los beneficios tanto del subsector público como del privado para que, juntos, contribuyan a que todos los chilenos, sin excepción, tengan libertad para elegir el sistema de salud de su conveniencia, de manera de distribuir con equidad y eficiencia las acciones que otorguen una mejor calidad de vida. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- En votación la proposición de la Comisión Mixta. Se vota un solo todo con el quorum de ley orgánica constitucional de cuatro séptimos. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor SOTA (Presidente).- Aprobada la proposición. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontm, Bayo, Bombal, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Espina, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Karelovic, Latorre, Leay, León, Longueira, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Makluf, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pizarra, Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Turna, Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wómer (doña Martita) y Zambrano. El señor MASSAD (Ministro de Salud).- Pido la palabra. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor MASSAD (Ministro de Salud).- Señor Presidente, quiero agradecer a la Honorable Cámara la aprobación unánime del informe y del proyecto. Entiendo que éste es el primer proyecto que termina su tramitación en 1995, lo que espero sea un buen augurio para la salud de Chile. Vayan mis agradecimientos para todos los señores parlamentarios que contribuyeron a mejorar el proyecto original del Ejecutivo y, en forma particular, al Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, doctor Francisco Bayo, y a todos sus miembros, que participaron muy activamente en su discusión y análisis/ Estamos conscientes de que el proyecto, constituyendo un avance muy importante en relación con las actuales disposiciones que rigen el sistema de isapres, no resuelve todos sus problemas. El Ejecutivo continúa trabajando y escuchando opiniones y planteamientos para hacer, en forma oportuna, las proposiciones necesarias desde el punto de vista legal y tomar las medidas administrativas factibles dentro de las actuales disposiciones legales para continuar avanzando en la corrección de un sistema que interesa a todos los chilenos. Muchas gracias, señor Presidente. RESTRICCIONES AL CONSUMO Y A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TABACO. Proposición de la Comisión Mixta. El señor SOTA (Presidente).- Corresponde discutir y votar la proposición de la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley sobre restricciones al consumo y a actividades relacionadas con el tabaco. Antecedentes: Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 134-11(S), sesión 29a, en 21 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 5. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que sobre este proyecto de ley y particularmente respecto del informe de la Comisión Mixta, tiene sentido que, en su momento, la Mesa pudiera recabar la autorización para que las intervenciones no se limiten a tres parlamentarios, sino que, por la vía de la excepción, se amplíen, dado que abordan un tema en el cual al interior de las bancadas existen criterios distintos. Tendría bastante sentido que las diferentes posiciones pudieran expresarse. Quiero centrar mi intervención en dos aspectos del informe de la Comisión Mixta. Uno dice relación con lo ocurrido en la tramitación del proyecto, lo cual, si bien a juicio de algunos podría no tener que ver con la discusión de fondo, en mi opinión, debe ser planteado como punto de debate. El segundo consiste en entregar una opinión respecto de algunas disposiciones que, a mi entender, sostienen una posición que no comparto y sobre la cual quiero dejar expresa constancia. En cuanto al primer punto, cuando el proyecto fue discutido en la Cámara, los integrantes de todas las bancadas tuvieron la Oportunidad de extenderse en el análisis de cada uno de los puntos que establecía la iniciativa original. De allí que resulta sorprendente que la opinión de la Cámara de Diputados, expresada en forma abrumadoramente mayoritaria sobre algunas disposiciones del proyecto, no haya sido debidamente considerada en la Comisión Mixta. No estamos ante un tema intranscendente. Cuando una mayoría se manifiesta en la Corporación, clara y nítidamente, tiene sentido esperar que en la discusión de la Comisión Mixta, los Diputados, cualesquiera que sean los que asuman la representación de la Cámara al conformarla, deben ser cuidadosos, en mi opinión, para recoger su expresión mayoritaria, aun cuando eventualmente ellos no la compartan. No tiene ningún sentido que se estructuren Comisiones Mixtas en las cuales, producto de la especialización de algunos colegas en un tema específico, sean privilegiados al momento de integrarlas, si ello conlleva que la opinión de la Cámara, en su conjunto, no es expresada en el informe. Parto por señalar que la Comisión Mixta debió recoger los puntos de vista que la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente en la votación posterior a una larga discusión, en la que se plantearon todas las posiciones que existen en la Corporación. Lamentablemente, la Comisión Mixta se limitó a reiterar el texto original que llegó a la Cámara, sin considerar su criterio mayoritario, arriesgando con ello que, cuando llegara su informe a la Sala, nos viéramos algunos como es mi caso motivados a reiterar nuestra opinión sobre el texto original, con la gravedad de que, en este caso, ya no sancionamos artículo por artículo, sino que entregamos una opinión que, desde el punto de vista reglamentario, abarca el proyecto global, tal cual fue despachado por la Comisión Mixta. Esto amerita una reflexión que deberemos tener oportunamente en la Cámara para buscar alguna forma de expresión en el Reglamento que garantice que en las Comisiones Mixtas, en general, exista algún tipo de consideración al juicio que la Cámara, como tal, ha emitido mayoritariamente, al momento de estructurar el informe. En este caso, termino respecto del procedimiento los colegas de la Comisión Mixta, en una forma que no puedo entender, porque, al conformarse, hubo parlamentarios que oportunamente hicimos presente que casi todos los que estaban integrándola respondían al criterio minoritario de la Cámara, a pesar de esa salvedad, no tuvieron la cautela, el cuidado, la consideración mínima de integrar en sus conclusiones la posición mayoritaria de la Sala. ¿Cuáles puntos me preocupan respecto de la Comisión Mixta? En la discusión que acaba de tener lugar en el Senado, siguiendo un procedimiento que, en mi opinión, es discutible en cuanto a la forma cómo los parlamentarios debemos enfrentar la discusión de un proyecto, por lo menos dos artículos han alcanzado el quórum para ser aprobados sólo sobre la base de una condición formulada en la Sala por varios señores Senadores, quienes condicionaron su voto favorable al informe de la Comisión Mixta al hecho de que el Gobierno se comprometiera a vetar, al menos, uno o dos de los artículos aprobados por dicha Comisión. Creo que éste no es el criterio que corresponde al trabajo parlamentario. Por el contrario, quienes tuvieron oportunidad de opinar en el Senado respecto de esas normas debieron optar por su rechazo y solicitar al Ejecutivo que, por la vía del veto aditivo, incorporara las que consideraban conveniente incluir en el proyecto. Esa es la opción que debiera tomar hoy la Cámara, dado que esta Sala se pronunció en forma abrumadoramente mayoritaria sobre dos normas. La primera de ellas está relacionada con una disposición discriminatoria que, en mi opinión, limita en forma antojadiza la posibilidad de hacer publicidad al tabaco, particularmente en actividades deportivas. La casi totalidad de los parlamentarios que conocemos el tema no sólo quienes por diversas razones tenemos vínculos más estrechos con actividades o clubes deportivos, sabemos que una disposición planteada en esos términos conlleva un efecto extraordinariamente pernicioso y perjudicial para la promoción y desarrollo de prácticas deportivas, aun cuando resulta obvio que el hecho de fumar no es compatible con la recreación o promoción del deporte. Pero ésa es la realidad. Aquí se discrimina en contra de la promoción efectuada dentro del país; ni siquiera se extiende a la que nuestros canales de televisión están recibiendo en forma permanente desde el exterior, respecto de la cual esta norma no hace mención alguna. En cuanto a la segunda - termino de inmediato, pues sólo la enunciaré-, sostengo que puede ser muy controvertida entre nosotros la mejor forma de inhibir el consumo de tabaco. Me cuento entre quienes les encantaría que, producto de alguna disposición legal, pudieran, de un día para otro, dejar de fumar. Considero que ése no es el mecanismo. El artículo 9o, aprobado por la Comisión Mixta es claramente discriminatorio, arbitrario y m siquiera corresponde al texto original, pues se reestructuró su contenido al establecer la prohibición de fumar en todo tipo de espacios donde se desarrolle alguna actividad de carácter público. No obstante, quienes lo redactaron cosa muy rara dejaron libre la posibilidad de fumar en hospitales, clínicas y otras instituciones de ese tipo. En mi concepto, se trata de una disposición que discrimina respecto de quienes fuman, lo cual no favorece lo que se pretendía con el proyecto original. En consecuencia, quiero manifestar mi decisión consciente de que en mi bancada pueden haber opiniones distintas de votar en forma negativa el texto propuesto por la Comisión Mixta.j He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Espina. El señor MELERO.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, deseo saber cuál será el procedimiento que la Mesa adoptará para tratar la proposición de la Comisión Mixta - el Diputado señor Latorre propuso ampliar el debate a más de tres discursos, pues hay muchas inquietudes sobre esta iniciativa. El señor SOTA (Presidente).- Tal como Su Señoría lo pide y a esa conclusión se llegó en la reunión de Comités, mi sugerencia es permitir el uso de la palabra a un señor Diputado por bancada. En consecuencia, en representación de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Espina. El señor ESTÉVEZ.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ESTÉVEZ.- Señor Presidente, entiendo que las exposiciones no son por bancadas. Quizás, se podría ofrecer la palabra a dos señores Diputados que argumenten a favor y dos en contra. El señor SOTA (Presidente).- ¿Su Señoría sugiere un sistema más viable? El señor ESTÉVEZ.- Señor Presidente, sugiero que pida la unanimidad de la Sala libara proceder tal como se hace en los proyectos de acuerdo: tantos señores Diputados a favor y tantos en contra pues por bancada será difícil tener un criterio común. El señor SOTA (Presidente).- Es razonable su propuesta, puesto que en las bancadas las opiniones no son unánimes. En este caso, permitamos que se expresen ambos criterios. El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero referirme, previamente, a un punto de Reglamento. No me parece lógico dar la palabra para argumentar a favor o en contra, ya que algunos parlamentarios querrán emitir su opinión sin encasillarse en posiciones determinadas. Lo más razonable es darle el tratamiento que el Reglamento establece para la tramitación de los proyectos de ley, entiendo que para ello se requiere la unanimidad de la Sala y permitir que intervengan hasta diez señores parlamentarios, en discursos breves. Esa es mi sugerencia. El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado, si queremos terminar con el Orden del Día, su proposición no me parece la más adecuada. Por el momento, veamos cómo se desarrollan las intervenciones de las bancadas. El señor BAYO.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BAYO.- Señor Presidente, coincido con las tres opiniones de las diferentes bancadas, enunciadas por los Diputados señores Estévez, Latorre y Espina. Además, por un interés personal, y en la confianza de que Su Señoría preside, espero tener la oportunidad, en esta ocasión, de hacer uso de la palabra, cosa que no fue factible en oportunidades anteriores, cuando se trató este proyecto en la Sala. De manera que comparto su opinión, en el sentido de que debe escucharse a todos los sectores. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Se suspende la sesión por dos minutos. Terminada la suspensión: El señor SOTA (Presidente).- Continúa la sesión. Señores Diputados, después de escuchar a los distintos Comités, formulo la siguiente propuesta: Se aceptarán diez inscripciones y se sugiere que el discurso de cada uno de los Diputados inscritos sea de hasta cinco minutos. Se sugiere, asimismo y sería necesario para eso, prorrogar el Orden del Día hasta las 13.45. ¿Habría acuerdo? Tiene la palabra el diputado señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente, le pido que me aclare la forma en que se va a distribuir la palabra entre esos diez señores diputados, porque, ya que su propuesta significa suspender la aplicación del Reglamento, para lo cual se requiere la unanimidad, me parece que debe existir una distribución proporcional al respecto entre cada una de las bancadas. Como éste es un tema que cruza a todas ellas, lo lógico es que se puedan expresar de manera proporcional. Si existe esa posibilidad, le daré mi aceptación para suspender la aplicación del Reglamento; pero si la proposición de la Mesa es contraria a ella, no la daré. El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado, he tratado de ser ecuánime y debo decirle que se han inscrito los Diputados señores Espina, Chadwick, Girardi, Tohá, Elizalde, Ojeda, Pizarro, Bayo, Melero y Estévez. El señor PIZARRO.- Señor Presidente, si eso garantiza exactamente la proporcionalidad de las distintas bancadas, le doy el acuerdo. El señor SOTA (Presidente).- Aproximadamente. El señor PIZARRO.- Señor Presidente, voy a confiar en su criterio. El señor SOTA (Presidente).- Muchas gracias, señor Diputado, hace bien. Doy por aprobado el acuerdo de la Sala para la propuesta que acabo de hacer. Aprobado. Tiene la palabra el diputado señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, por segunda vez la Sala tiene que pronunciarse respecto de algunas normas que ya fueron rechazadas mayoritariamente por la Corporación, y que en el informe de la Comisión Mixta, como consecuencia de las discrepancias entre el Senado y la Cámara, fueron nuevamente incorporadas a este proyecto. Algunas de las disposiciones del proyecto, sin lugar a dudas, son positivas; pero hay otras que, lamentablemente, al incluirse, nos obligan a votar en contra del informe de la Comisión Mixta, sin perjuicio de la facultad de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar, por la vía del veto aditivo, aquellas normas sobre las cuales, posiblemente, logre obtener votación suficiente para aprobarlas. Por ejemplo, me refiero, entre otras, a aquella que establece la prohibición de fumar en lugares públicos, la que, naturalmente, pareciera estar orientada en la correcta dirección. Y no hay razón para que esas normas tengan que perderse definitivamente porque se hayan incorporado otras disposiciones legales. Hecha esta prevención, el precepto que a mi juicio motiva el rechazo del proyecto norma que fue rechazada en la Cámara de Diputados y repuesta en la Comisión Mixta con los votos de los Senadores y de algunos señores parlamentarios que no representaron la mayoría de la Cámara en esa materia, es básicamente su artículo 4o y, dado el tiempo limitado, me referiré a él. El artículo 4° contiene dos incisos distintos. Por el primero se prohíbe la promoción, propaganda o publicidad de los productos del tabaco "en los estadios, campos deportivos, gimnasios y similares y en otros sitios o lugares destinados a espectáculos de libre acceso al público." Por el segundo se prohíbe, además, la promoción, propaganda o publicidad de los referidos productos "en las transmisiones radiales o televisivas de contiendas deportivas realizadas en Chile.". En primer lugar, esta norma plantea una cuestión de fondo: el rol que le corresponde al Estado frente a la realización de actividades que la sociedad estima lícitas, que no atentan contra la moral ni el orden público, pero que se estima que pueden producir daño en la salud de las personas. Aquí hay dos interrogantes que resolver: primero, ¿es función del Estado limitar el derecho de las personas para determinar libremente si consumen tabaco o no? Y segundo. ¿es función del Estado informar de los beneficios o perjuicios del tabaco para que las personas escojan libremente? A nuestro juicio, al Estado le corresponde informar a la ciudadanía de las ventajas o perjuicios de un producto determinado. Pero no es posible que él se arrogue la facultad de limitar la libertad de las personas para realizar actividades económicas lícitas que, como dije, no son contrarias a la moral ni a la seguridad nacional y que afectan el derecho de propiedad. De manera que, en primer lugar, como cuestión de fondo, no es rol del Estado limitar el derecho de las personas a determinar, cuando son mayores de edad, si pueden consumir un producto, como el acohol, por ejemplo. El Estado debe informar respecto de los daños, pero las personas resolverán libremente lo que estimen procedente. En segundo lugar, la norma no cumple con su finalidad. En efecto, nadie puede suponer que porque en un estadio o recinto deportivo se prohíba la publicidad de un producto como el tabaco se dejará de fumar o se disminuirá su consumo. Simplemente, es una discriminación arbitraria que no conduce al fin que los autores del proyecto se han propuesto. ¿Por qué esta limitación a la publicidad no existe, por ejemplo, en un concierto rock o en los avisos que hay en la Alameda, en el centro de Santiago, que son vistos por millones de personas? Ahí es posible tener publicidad; sin embargo, en los estadios se limitará. Sin lugar a dudas, la finalidad del proyecto no se cumple ni se disminuirá el consumo del tabaco por el hecho de prohibir que la publicidad se realice en lugares o centros deportivos. En tercer lugar, la norma es abiertamente inconstitucional, porque vulnera la disposición del artículo 19, N° 22°, de la Constitución, que establece: "La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica". "Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos e indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras." Es abiertamente arbitrario establecer un gravamen para los efectos de la publicidad del tabaco y no hacer lo mismo con otros productos que pueden producir el mismo daño que aquél. Por lo tanto, se está vulnerando el derecho a la libertad de ejercer una actividad lícita en el país, bajo el pretexto de que con ella se estarían evitando daños a la salud de las personas. Son las personas las que libremente determinarán con toda la información, con todos los procesos educativos, si deben fumar o no; pero no se logrará eso limitando la propaganda en los centros deportivos y estadios.  Por último, paradójicamente, lo único que se perjudicará con esto es, precisamente, la práctica del deporte, porque son las empresas tabacaleras y otras las que más han contribuido al financiamiento de las propias actividades deportivas. Por lo tanto, en la medida en que, bajo el pretexto que he señalado, se impida la publicidad del tabaco en actividades deportivas, lo único que se conseguirá es debilitar el desarrollo del deporte. Por estas consideraciones y, particularmente, dejando constancia de la inconstitucionalidad de la norma para los efectos del control por el Tribunal Constitucional en el evento de aprobarse, rechazaremos el informe de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que por vía del veto puedan reponerse por la vía de1 veto aquellas normas sobre las cuales exista el consenso necesario en el Parlamento. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Chadwick. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, también explicaré brevemente las razones por las cuales votaré en contra del informe de la Comisión Mixta. No haré alusión a las razones de fondo por cuanto las hemos discutido en forma reiterada en esta Cámara, sino a algunas apreciaciones sobre el contenido del informe de la Comisión Mixta. En primer lugar, creo que dicho informe revela un hecho inusual y sorprendente. En aquellas materias en que la Comisión Mixta está llamada a resolver, por existir discrepancias entre el Senado y la Cámara, el informe rechaza todas las proposiciones formuladas por la Cámara. En efecto, la Comisión Mixta rechazó todas las modificaciones que la Cámara produjo para el proyecto originario del Senado, situación que como digo es bastante sorprendente y única en el trabajo de las Comisiones Mixtas. Dentro de ese rechazo, se encuentra como lo han señalado los Diputados señores Latorre y Espina el artículo 4o, que, a juicio de su propio autor, el Senador Díaz, es un artículo esencial o fundamental del mismo. La Comisión Mixta desestimó íntegramente el criterio de la Cámara que proponía la supresión del referido artículo y acogió íntegramente la proposición del Senado de reintegrarlo en los mismos términos en que lo había aprobado. En consecuencia, dado que la Comisión Mixta no acogió una proposición mayoritaria de la Cámara como ésta, que se fundó en razones de orden constitucional, de eficacia y de perjuicio para las actividades deportiva! del país, y aceptó íntegramente la proposición del Senado, ya existirían razones suficientes para rechazar el informe de la Comisión. Pero, además, la Comisión Mixta incorporó otras materias que hacen que el proyecto sea aún más inocuo en cuanto al consumo de tabaco. Me referiré a una de ellas. En el artículo 8° se agrega un nuevo lugar donde se prohíbe el consumo de tabaco, al señalarse en "todo otro recinto cerrado de libre acceso al público". La Comisión Mixta explica que por tal recinto se entienden todos aquellos lugares a los cuales puede acceder el público libremente pagando o no su entrada. Al respecto, quiero poner el simple ejemplo: Si aprobáramos este informe o resolución, quedaría, por ley, prohibido fumar en el Estadio Nacional, que es un recinto cerrado al cual el público tiene libre acceso. ¿Podemos prohibir por ley, que se fume en el Estadio Nacional durante un partido de fútbol, concierto o cualquier otra actividad que se desarrolle en su interior? La proposición de la Comisión Mixta es absolutamente ridícula e ineficaz. No puede haber prohibición sobre algo que después no habrá la menor posibilidad de controlar, y lo único que ello traerá consigo será el desprestigio total de las leyes. ¿Cómo se va a prohibir fumar en el Estadio Nacional? Por estas razones, voy a rechazar el in |forme de la Comisión Mixta haciendo sí referencia a que las opiniones de algunos señores Senadores, en el sentido de que el informe podría aprobarse dejando al Presidente de la República la posibilidad de enmendarlo por la vía del veto, especialmente el artículo 4°, son absolutamente inaceptables para la Cámara de Diputados. Esta Corporación no puede aprobar una ley en la cual existen discrepancias o rechazos respecto de uno de sus artículos esenciales. La facultad legislativa no puede darse en los términos de aprobar aquello sobre lo cual uno tiene convicción de la justicia de su rechazo. Si optamos por el criterio de aprobar una normativa - a sabiendas de que debiéramos rechazarla - , para dejarle al Presidente de la República el ejercicio de la facultad del veto, no nos lamentemos después de que las disminuidas facultades del Congreso Nacional, porque mayor disminución que ésta es difícil de encontrar, He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Girardi. El señor GIRARDI.- Señor Presidente, quiero señalar las razones por las cuales votaré favorablemente el proyecto y en especial su artículo 4°. En primer lugar, es importante que los Diputados presentes sepan que, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, el tabaco es, en primer lugar, un tóxico, es decir, un compuesto que daña la salud de las personas, respecto del cual existe información fidedigna, técnicamente fundada, que produce daños irreversibles en la calidad de vida y salud de las personas. Está demostrado que quienes fuman tienen un riesgo relativo superior al 500 por ciento de producir un cáncer al pulmón que aquellos que no lo hacen. Es efectivo que cada cual hace lo que quiere con su vida; pero no hay que olvidar que existe el fumar pasivo que también daña a las personas en los lugares donde hay fumadores. En segundo lugar, en Chile un 30 por ciento de niños menores de un año son portadores de la bronquitis obstructiva, la cual está fundamentalmente relacionada con padres fumadores o con personas que tienen el hábito de fumar en lugares cerrados. La bronconeumonía, que se produce por una complicación de la bronquitis obstructiva, es el principal factor de riesgo que tienen esos niños y la primera causa de muerte en el país. En tercer lugar, el tabaco, además de ser un tóxico, es una droga. O sea, además de ser un tóxico que mata, mutila y produce cáncer, genera dependencia, la cual incluso se puede medir, y un síndrome de privación. Al igual que la cocaína, el tabaco se considera una droga, pero de menor rango y nivel de eficacia. El Diputado Espina ha dicho que una persona puede determinar cuándo no desea consumir más tabaco. Ese no es un buen argumento, porque la persona que fuma es un enfermo. Por otra parte, cuándo los niños ven publicidad no acceden a toda la verdad. Todos sabemos que en ella se utilizan instrumentos tecnológicos, de marketing, que generan una propaganda subjetiva, subliminal, de modo que quienes la ven sólo conocen una parte de la verdad. La publicidad es engañosa, y el telespectador joven no sabe que como consecuencia de fumar veinte años puede terminar con un cáncer que disminuirá su calidad de vida y acortará sus expectativas de sobrevivencia. Por ello, en todos los países del mundo se ha legislado para prohibir fumar en lugares públicos. Por eso, también, cada vez más, todas las sociedades modernas se preocupan de que las personas no aumenten su adicción a un tóxico, a una droga. Si seguimos el ejemplo del Diputado señor Espina, si cada persona es libre para determinar lo que puede consumir, entonces deberíamos legalizar la cocaína. De acuerdo con lo que expresó, supongo que él estará dispuesto a que en nuestro país se legalice su consumo. Aquí hay algo que me parece mucho más grave: las empresas que financian el deporte en Chile pueden pagar para mantener una situación que, de hecho, daña la salud de las personas; es decir, pagando se puede. Entonces, si hay recursos para el deporte y a futuro pueden haberlos para otra actividad y dañar libremente a salud de las personas, quiere decir que la sociedad chilena deja de cautelar un bien jurídico, y más bien ampara el derecho a contaminar, lo que está muy lejos de la labor que nos corresponde como Diputados: salvaguardar el bien común, sobre todo de algo que es dañino, como está claramente demostrado y científicamente avalado. Además, nuestra Constitución consagra el derecho a la salud de las personas. Me parece que ese precepto constitucional está por sobre otras, disposiciones legales. Tiene mayor prioridad y jerarquía. En todo caso, no debemos preocupamos por esto; está en el signo de los tiempos. Estoy seguro de que aun cuando ahora, por la acción de algunos compañeros Diputados se rechace el proyecto, de aquí a cinco años se va a acoger, como ha sucedido en todos los países desarrollados del planeta, donde cautelan el bien común y protegen la salud de sus conciudadanos en forma efectiva. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ramón Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, el Diputado señor Girardi ha expresado su opinión, pero lo que tenemos que hacer es dar a conocer la opinión mayoritaria de la Cámara. Eso es lo que reclamo de las Comisiones Mixtas, las cuales no pueden, nunca más, en temas controvertidos respecto de los que no existe unanimidad en los integrantes de las bancadas, representar a miembros de una Comisión en la que todos tienen una opinión preconcebida. En este caso, la Comisión Mixta debió haber decidido proporcionalmente en relación con quienes estaban a favor o en contra de este proyecto, y no sólo respecto de aquellos que estaban en una determinada posición. La opinión de los miembros de la Comisión de Salud expresaba puntos de vista minoritarios de la Cámara. Me parece, en consecuencia, que proyectos de esta naturaleza, en el futuro, tendrán que tratarse en una Comisión Mixta que guarde relación exactamente con su votación. Por otra parte, me extrañan las posiciones planteadas hoy. Por ejemplo, la del Diputado señor Girardi, que pertenece a sectores que tiempo atrás plantearon la legalización de la marihuana y de la cocaína. No se puede estar en dos posiciones ambiguas. Se ha manifestado que el cigarrillo es tóxico, pero también es una droga, al igual que el té - la teína - o el café - la cafeína -. Por esta vía debería prohibirse el consumo del té, del café o la venta de todas las bebidas coca. Sin embargo, hay otro tema que también trasciende: ¿cómo podríamos prohibir en Chile que se presenten por televisión los campeonatos mundiales de cualquier deporte? Con una norma como ésta, el Campeonato Mundial de Fútbol del año pasado no se podría haber visto en Chile, porque en los estadios de Estados Unidos donde no sé si estará o no prohibido existía propaganda de cigarrillos. En ese sentido, me parece que se coarta un derecho. Y eso es inconstitucional. No podemos despachar una normativa como ésta, porque va a desprestigiar las leyes del país y su aplicación. Las modificaciones que dispone implican que Carabineros, al ingreso de los cines o de los recintos deportivos, tendría que confiscar todos los cigarrillos, tal como lo establece la ley sobre violencia en los estadios respecto del acceso a los estadios con botellas de bebidas que puedan causar daño o lesiones a quienes participan o presencian el espectáculo. Me parece que las disposiciones de este proyecto serán inaplicables y limitarán una actividad que desde tiempos inmemoriales ha sido lícita en nuestro país. Por lo demás, prácticamente en todo el mundo se fuma, a diferencia de lo que aquí hoy se ha expresado. El consumo de cigarrillos va en aumento y ha disminuido, a pesar de todas las prohibiciones que algunos países han establecido. Por tales razones, votaré en contra de este proyecto, para que el Presidente de la República lo mejore en algo en que estamos de acuerdo y que creo era lo sustantivo e importante: limitar el uso del tabaco en los lugares públicos, escuelas o recintos cerrados donde no se deba consumir, es decir, solamente en aquellos lugares en que no se menoscaban las actividades que hoy se desarrollan respecto de este vicio que tenemos muchos chilenos. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Tohá. Señores Diputados, en sus intervenciones les ruego atenerse estrictamente al tiempo acordado. El señor TOHÁ.- Señor Presidente, las materias contenidas en este proyecto de ley ya fueron ampliamente debatidas en ambas Cámaras en los trámites anteriores de esta iniciativa. Sin duda, su importancia ha hecho que en forma espontánea hayamos extendido la discusión sobre el aspecto de fondo. Frente a un hábito tan enraizado en nuestra sociedad como es el uso del cigarrillo, posiblemente con una ley no vamos a lograr que los jóvenes se sientan incentivados a dejar de fumar. Pero debemos hacer algo, y las alternativas de carácter legislativo en relación con el cigarrillo son muy pocas. Esta iniciativa no está dirigida a ustedes, colegas, a los adultos, sino que a sus hijos, a sus nietos, a aquellos que por el efecto incentivador de la publicidad hoy o mañana puedan caer en el uso del cigarrillo con consecuencias nefastas para su salud y sus vidas. Aquí nadie puede levantar la voz para decir que el cigarrillo es inocuo. Y quienes somos médicos tenemos la obligación porque hemos sido testigos y podemos dar testimonio al respecto de informar sobre los efectos negativos del uso del cigarro. Quiero destacar que este proyecto, con defectos, faltas y falencias, ya ha sido aprobado en las Comisiones y en las Salas del Senado y de la Cámara de Diputados, lo que demuestra que hay conciencia general de que debemos hacer algo sobre la materia. Este proyecto apunta a evitar el incentivo y la promoción del consumo del tabaco en los jóvenes y a entregar al discernimiento de los mayores todos los efectos que para su salud puede tener el fumar. Por lo tanto, no prohibimos su uso a los mayores; sabemos que por esa vía no vamos a lograrlo. El proyecto trata de obtener este objetivo no admitiendo la propaganda en publicaciones destinadas a menores de 18 años, o la venta de cigarrillos a los menores de 16 años, y con la prohibición del consumo del tabaco en estadios y similares, además de evitar su publicidad en transmisiones radiales y contiendas deportivas. En relación con este problema, poco hemos destacado la importancia de la educación. No quedo satisfecho con el artículo T, que indica que el Ministerio de Salud, sobre la materia, debe impartir instrucciones con relación a programas y planes de estudios. En este aspecto se ha actuado en forma limitada, en circunstancias de que se puede hacer mucho más. El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado, le ruego redondear la idea. El señor TOHÁ.- Termino, señor Presidente. En forma especial quiero destacar que al prohibir el consumo de cigarrillo en ciertos lugares, se vela por el derecho de las personas a disponer de un medio libre de contaminación. Es un derecho esencial que debemos proteger. Respecto de la publicidad, al Estado le corresponde advertir, poner el acento en cuanto a los peligros que encierra el cigarrillo. La regulación de la propaganda no cercena la libertad de las personas, sino que evita el incentivo al consumo del tabaco, especialmente en los menores de edad. En el fondo, el proyecto no prohíbe, sino que regula la publicidad, y creo que hacemos uso de uno de nuestros deberes como parlamentarios al regular una materia que incide en los derechos de las personas, en este caso, en el derecho a la salud. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar que no fumó, y no lo hago desde niño, porque me convencí de que el tabaco no es bueno para la calidad de vida. Como se ha dicho por varios colegas, no podemos confundir el debate. Nadie duda de la opinión expresada por colegas médicos que me han precedido en el uso de la palabra de que el tabaco es nocivo, que provoca lesiones que afectan la calidad de vida de quien abusa de él; y hay que decir que abusa, porque en esos casos es donde se producen los efectos dañinos. Nadie discute eso. Ese no es el tema en discusión. El punto es si el proyecto es efectivo o no y si puede cumplir los objetivos para los cuales se planteó al Parlamento. Y creo, con seriedad, que debemos concluir que es inaplicable. Incluso más, podría llegar a producir un efecto totalmente contrario al que se busca, cual es evitar que la gente consuma tabaco, fume o haga abuso de este producto que provoca daño. Es ridículo que se pretenda prohibir fumar en el Estadio Nacional, en un acto público, en una concentración política, en un espacio determinado; en discotecas, las cuales, aun cuando no se las incluye, también deberían figurar. ¿Por qué no en otros lugares? O sea, en el artículo 4° está la imposibilidad física? de cumplir con los objetivos del proyecto. Se limita la voluntad de las personas; se provoca un problema grave, que lesiona los derechos y los intereses incluso de empresas (porque no hay cosa más ridícula que prohibir "la promoción, propaganda o publicidad de los productos señalados en el artículo 1° en las transmisiones radiales o televisivas de contiendas deportivas realizadas en Chile". Sin embargo, no se prohíbe lo que viene de fuera. Qué cosa más absurda, además de discriminatoria. ¿Por qué vamos a prohibir a las radios y a las estaciones de televisión locales la transmisión de propaganda, en circunstancias de que con la modernización de los sistemas recibimos a diario transmisión televisiva en la cual se incluye esta propaganda? Esas no las prohibimos. Las que se hacen en Chile, sí, las de fuera no. O sea, a mayor abundamiento, es abiertamente arbitrario. Respecto del deporte y de su financiamiento, el punto de fondo es cómo lo promovemos. El deporte sí es un medio que ayuda bastante más que las prohibiciones a que los jóvenes entiendan que no es bueno fumar. He dicho que no fumo porque desde niño llegué a la conclusión de que el tabaco no es conveniente, y la razón es que hice deporte competitivo durante muchísimos y largos años. Entonces, es mejor y más importante para la promoción de las campañas educativas preventivas respecto del uso del tabaco, que incentivemos el deporte en lugar de prohibir fumar, porque un niño encuentra mayor interés y sentido en lo prohibido que en lo permitido. El problema no es de prohibir en una ley. Coincido con lo establecido en el artículo 7°, en que lo importante es educar; lo importante es establecer programas de estudio de educación básica y media en los cuales se enseñe a los niños sobre el daño que provoca en el organismo el hábito de fumar, en la misma forma en que se les educa en el aspecto sexual. Hay que ir al fondo del problema y no creer que mediante un proyecto mal hecho, discriminatorio, inconstitucional, ridículo y absurdo al extremo, podremos lograr el efecto positivo que deseamos. Quiero decir al señor Girardi que cuando uno opina en la Sala tiene que decir la verdad completa. Lo que existe en los países desarrollados es una limitación al consumo del tabaco en algunos lugares públicos, como restoranes y otros en que, por último, la prohibición puede determinarla la propia sociedad en ese contexto o los propietarios de locales, etcétera; pero no se prohíbe la publicidad. El señor GIRARDI.- Se prohíbe. El señor PIZARRO.- ¡No está prohibida la publicidad en los medios de comunicación, colega Girardi! Diga la verdad completa. En la mayoría de los países de Europa, y es cosa de ver la televisión para darse cuenta, hay propaganda de los cigarrillos. Con restricciones, sí, parecidas a las nuestras. De manera que debemos proceder con cuidado. Por último, creo que el señor Tohá tiene toda la razón en que el punto más importante es que seamos nosotros, como padres, quienes ejemplifiquemos a nuestros hijos y a nuestros nietos con consecuencia, lo bueno o lo malo que les puede producir un producto como el tabaco. Esas son las razones por las cuales, aun cuando no fumo ni lo voy a hacer y les inculco a mis niños valores y principios que les permitan cuidar su calidad de vida, votaré en contra del proyecto. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, agradezco la oportunidad que tengo de expresar una opinión que me fue vedada cuando se trató el proyecto en la Sala anteriormente y que me permitirá decir hoy lo que pensaba entonces. Nuestro idioma es uno de los más ricos del mundo y hay mil maneras de decir lo mismo con diferentes interpretaciones. Aquí se usan con mucha facilidad los conceptos de "constitucionalidad" e "inconstitucionalidad", se emiten juicios técnico-jurídicos para referirse a una materia de naturaleza técnico-médica. Se pretende privilegiar un derecho constitucional: el de la libre comercialización, el de propaganda, en oposición a otro derecho constitucional, como es el derecho a la vida y a vivir en un ambiente saludable. ¿Cuál es prioritario? Creo que no hay necesidad de abrir debate sobre ello; pero a mí me gusta opinar sobre lo que sé y no opino sobre lo que no sé. Lamentablemente, ésa no es una práctica muy generalizada en el Parlamento. Por eso, no voy a dar mi opinión sobre la inconstitucionalidad del artículo 4o, sino que leeré la intervención en el Senado de la República de un profesor de Derecho Constitucional. Creo que de este modo doy respuesta a las observaciones al respecto. Desde el punto de vista jurídico, el Honorable Senador don Sergio Diez, profesor de Derecho Constitucional, decía: "Personalmente estimé refiriéndose al artículo 4o y así lo hizo la Comisión de Salud, que esta restricción de la propiedad era constitucional por una razón fundamental: porque lo que no puede hacer la ley y estamos frente a una en materia de limitación, en lo que señala el N° 26 del artículo 19 de la Constitución Política, es decir, afectar los derechos en su esencia. Tampoco puede poner condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Resulta exagerado manifestar que la esencia del derecho de propiedad de un estadio o de un lugar destinado a espectáculos públicos es colocar en ella propaganda de cigarrillos. Es evidente que la prohibición de esto último no afecta a la esencia por lo tanto, no se atropella el derecho constitucional, ni tampoco afecta al libre ejercicio del derecho de propiedad de un estadio, porque la construcción de éste del estadio tiene por finalidad fomentar el deporte, y la ley tiene la facultad de restringir el derecho de propiedad, prohibiendo la propaganda de determinados artículos en ese estadio." Hasta aquí la cita de un profesor de derecho constitucional en respuesta a las observaciones sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 4°. Por lo demás, se dice con mucha ligereza que en los países modernos o en muchos países del mundo hay propaganda en los estadios. Parece que en esa materia también hay falta de información, y a lo mejor, falta de información dirigida, sospechosa, porque los que presenciamos y que somos deportistas desde hace muchos años el campeonato del mundo no vimos propaganda al tabaco en ningún estadio de Estados Unidos. Los que ven hoy día y pueden hacerlo a la hora que quieran el básquetbol de la NBA, pueden observar que no hay publicidad al tabaco en ningún estadio. Los que ven jugar al Real Madrid saben que en el estadio Bemabeu tampoco la hay. Entonces, no se venga a decir aquí que en otros países se permite esa propaganda. ¿Por qué no se permite? Por algo que dijo el Diputado señor Girardi me complace estar totalmente de acuerdo con él en este momento: la adicción al tabaco es considerada hoy el mayor o principal problema de salud pública del mundo; mueren cerca de tres millones de personas al año por tal causa. Así como en Chile tenemos el alcohol como principal problema de salud pública, en el mundo es el tabaco; mata a casi tres millones de personas. Es la principal causa prevenible, porque al dejar de fumar es prevenible. Aquí se ha dicho y con razón que el proyecto no está dirigido a nosotros, sino a la juventud, que es la que nos interesa. Y ello es obra de la Cámara, que incorporó al proyecto original el artículo pertinente a la consideración, en el currículum de la enseñanza básica y media, de materias relacionadas con la salud. . En 1990, en Boston, se reunieron 10.150» especialistas, provenientes de 85 países, y aseguraron que el tabaco supera a la guerra como causa de muerte. En dicha oportunidad se pidió a la OMS, Organización Mundial de la Salud, y a los gobiernos y organizaciones suscribir las siguientes resoluciones: 1. Que los gobiernos coloquen las vidas de sus pueblos por encima del dinero del tabaco. 2. Que los gobiernos impidan las tentativas de inducir a los no fumadores al tabaquismo, prohibiendo toda publicidad nosotros no lo hacemos así y toda promoción del tabaco y de sus marcas. 3. Que los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales protejan los pulmones de| los no fumadores, a través de políticas que restrinjan o prohíban fumar en lugares públicos, con severas restricciones en los centros de atención médica, transporte público y escuelas. Creo que ésta es la verdad, y no puedo dejar de decirla, porque hay necesidad de tomar posiciones que, técnicamente, desde el punto de vista médico, no pueden ser rebatidas; absolutamente ninguna. El derecho a la vida es más importante que el derecho a la publicidad y al libre comercio. He dicho. Aplausos. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Estévez. El señor ESTÉVEZ.- Señor Presidente, lamento que la Comisión Mixta haya desperdiciado la oportunidad de concordar los criterios de la Cámara con los del Senado y de haber producido una legislación respecto del tabaco como la que Chile debe tener. Me parece positivo que exista una legislación que desincentive el consumo del tabaco. Eso es una cosa, y en concreto, el proyecto y parte de sus artículos, es otra completamente distinta. El debate suscitado en la Cámara es una especie de diálogo de sordos, porque se colocan dos planos distintos. Por ejemplo, el Diputado señor Bayo, que me antecedió en el uso de la palabra, argumenta en favor de la vida y en contra del consumo del tabaco, y tiene toda la razón; pero otros parlamentarios se refieren como será mi caso a la redacción concreta de los artículos y a su efecto real sobre el deporte y otras actividades. Son dos discursos que no se encuentran, porque un buen objetivo se ha desvirtuado en un mal proyecto que estamos obligados a rechazar, porque la Cámara no puede aprobar como ley algo que encuentra malo, pero podemos perfeccionar o buscar una buena legislación sobre el tabaco para complementar aquellas partes que sí deben establecerse. En primer lugar, me referiré brevemente al deporte. No me opondría y, por el contrario, votaría a favor de una restricción completa a la publicidad del cigarrillo. No estoy a favor de defender la publicidad del tabaco. Lo que me parece imposible es que prohibamos la publicidad sólo en las páginas deportivas y que lo que estemos haciendo sea decirles a las compañías tabacaleras que trasladen sus recursos, su inventiva y su publicidad a otras áreas del diario, de modo que una persona pueda aparecer en el cuerpo "C", página 8, vistiendo una camiseta de la Chile, de la Católica o del Colo-Colo, fumando, pero no en las páginas deportivas. Entonces, todo lo que se intenta lograr es desplazar un recurso de publicidad. Por ejemplo, sobre el Estadio Monumental perfectamente podrá pasar un globo aerostático como los que se ven allá, con un letrero que invite a fumar una marca u otra, sin pagar un peso a nadie; pero sí se prohíbe que esté dentro del financiamiento del estadio. Entonces, existe una discriminación que no cumple el objetivo que se persigue y, por el contrario, sin provocar el objetivo de reducir la propaganda al tabaco, produce un freno al deporte. Esto es particularmente grave en lo que se refiere a dos deportes específicos: el motocross y el automovilismo. Evidentemente, el primero podría ser financiado por el Estado, pero no lo es, sino por compañías de tabaco. Resulta entonces que, si se aprobara el proyecto, el Campeonato Nacional de Chile de Motocross tendría que realizarse en Mendoza, donde ya se han iniciado los contactos para ello, porque se puede hacer el campeonato auspiciado por una marca de cigarrillos en esa ciudad y transmitirlo por televisión a Chile, pero no en Los Andes. En consecuencia, es una solución errónea. Por último, estoy en contra del informe de la Comisión Mixta sobre el artículo 4°, que llamo a votar en contra. Además, hay otros temas de mucho fondo que han sido puestos en el debate, de los cuales me gustaría hacer, aunque sea muy breve, una consideración, que consiste en la libertad y en la restricción. Efectivamente, hay estimulantes que van desde el café como se ha dicho o las bebidas cola, pasando por los cigarrillos, la marihuana u otras formas, hasta la cocaína o la pasta base de cocaína. Un debate que debe tener lugar en la sociedad es qué se debe prohibir y qué no, y la simple prohibición, como lo demostró por lo demás la historia de los Estados Unidos con la restricción alcohólica, no es siempre una buena solución. Estoy concentrado en la lucha contra la pasta base y me parece que es grave mezclar las cosas, y al final es lo mismo. Si es ilegal para un niño de 16 años comprar un cigarrillo, irá a comprarlo al mismo clandestino donde le venderán pasta base. Entonces, en vez de conseguir un buen objetivo, como es que ese niño no fume, se va a colocar un cigarrillo que puede ser dañino, pero menos que la pasta base en el mismo nivel de legalidad o ilegalidad y, por tanto a acceder, en el fondo, a quitar barreras, a no distinguir entre lo grave, lo medianamente grave o menos grave. Creo que los objetivos loables se destruyen, por lo que votaré en contra del proyecto. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, parto por señalar que fumo desde hace diez años y no me siento contento por ello, ni tampoco deseo que fumen mis familiares, ni mis hijos, ni los jóvenes de Chile. Todos estamos de acuerdo en cuanto a lo nocivo que es el tabaco, a los daños que causa a la salud humana, a la gestación, a su incidencia en las enfermedades coronarias, por mencionar sólo algunos efectos. No obstante, la discusión se ha centrado en una cuestión aparente en que, por un lado, están los buenos, es decir quienes quieren aprobar el proyecto, y por otro, los malos, quienes queremos rechazarlo. Nada más ficticio y distinto. No creo lícito plantear la discusión en esos términos. En esta Sala nadie estará dispuesto a defender el consumo de tabaco o a argumentar que es inocuo para la salud humana; todos sabemos que produce daño. Pero no es ése el tema en discusión. Concuerdo con lo señalado por el Diputado señor Estévez de que éste es un mal proyecto para una iniciativa positiva, como es restringir el consumo de tabaco en el país. Lo que aquí está en juego que puede servir de precedente para otras actividades es definir con claridad el rol que le compete al Estado en la materia, y el que nos correspondería como legisladores en la tarea de conseguir que la gente fume menos. En primer lugar, una iniciativa legal debe hacerse en consonancia con los derechos establecidos en la Constitución Política. Por lo tanto, debemos legislar resguardándonos, ya que son tanto o más importantes que el de la Salud. Sobre esta materia, el rol fundamental del Estado es prevenir a la gente, en especial a los más jóvenes, sobre el daño que el tabaco les puede causar. En tal sentido, no creo conveniente, mediante una prohibición, asignarle al Estado una especie de rol de nodriza o paternalista, en virtud del cual nos diga a los chilenos lo que es bueno o es malo, o que mediante una restricción a la publicidad nos sugiera; "No vea esto porque es nocivo para usted". Al contrario, sería partidario de que en ese rol del Estado de prevenir sobre los daños que el tabaco causa a la salud de las personas, la publicidad dijera, en igualdad de condiciones, ambas cosas; es decir que junto con promocionar un producto tabacalero, advirtiera en igual magnitud y en campañas mucho más masivas sobre los^ daños que causa a la salud, quizás en mayor proporción a como lo hacen hoy las cajetillas de cigarrillos. Pero no veo por qué debemos restringir, prohibir el consumo, y asignarle al Estado un rol paternalista que ni la Constitución le otorga y que en los hechos tampoco genera un efecto positivo. Por las razones expuestas, considero que cabe rechazar la iniciativa. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- De conformidad con el acuerdo adoptado, el último inscrito de la lista es el Diputado señor Ojeda. Tiene la palabra Su Señoría. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en un congreso brasileño sobre tabaquismo se acordó la prohibición total de la publicidad de cigarrillos, medida adoptada en más de veinte países de todo el mundo. La Unión Internacional contra el Cáncer, de común acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, exhortó a todos los países a prohibir toda forma de publicidad y promoción del tabaco. En algunos ya ha sido establecida de manera absoluta. A lo mejor, en Chile sólo ahora nos inclinamos a adoptar medidas que tienden a prevenir los daños que provoca el tabaquismo. Quizás a ello obedezcan la extrañeza, curiosidad o rechazo que nos pueda provocar. Estamos atrasados en relación con otros países, y creo que éste es el comienzo de una buena legislación. Señor Presidente, aprobaré el informe de la Comisión Mixta fundado en los argumentos y sobre las bases más esenciales que justifican su aprobación y qué se han pretendido desechar o rehuir en esta oportunidad. Lo aprobaré porque es una protección clara, real y evidente del derecho a la vida, de la salud de las personas y también de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Nada puede oponerse a los valores que en este caso están consagrados y que protege la Constitución Política. Quienes se oponen al proyecto, lo hacen haciendo valer bienes de inferior categoría que no tienen relación alguna con los que señalé. La opinión pública se ha venido informando de manera impactante de los daños que produce el consumo de tabaco. Ayer se informó en un medio de comunicación que por esa causa cada año mueren aproximadamente nueve mil chilenos. La Corporación Nacional de Laringectomizados de Chile, Conalach, agrupa a todas aquellas personas afectadas por el tabaco y que sólo pueden hablar a través de un aparato eléctrico que les proporciona la voz metálica. Todo ello originado por el consumo del tabaco. No es posible que se publicite el consumo de un producto que atenta abiertamente contra la salud de las personas. No puede esgrimirse un pseudoderecho a la libertad de expresión o del ejercicio de una empresa o propiedad. Tal derecho no puede aceptarse, en ese caso, cuando va en abierta contradicción con los bienes jurídicos más preciados que la Constitución Política establece en el N° 1 del artículo 19, que asegura el derecho a la vida; en el N° 8, el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y en el N° 9, el de protección de la salud. Este proyecto está en muy buenas vías y es justificable. Además, no prohíbe absolutamente el consumo del tabaco, sino que lo restringe. Resulta absurdo fomentar el consumo de un producto en el cual se indica que es dañino para la salud. No puede haber propaganda en recintos deportivos a los cuales concurren menores y donde se fomenta el esfuerzo físico, la recreación y la vida sana. Ello es contraproducente, más aun cuando la publicidad se extiende y hay tendencia universal de ampliarla a todas las áreas. Es deber del Estado proteger los bienes que la Constitución Política consagra. Por lo demás, en lo que se refiere al artículo 4o, el Senador Otero lo acepta y puntualiza que es perfectamente posible regular por ley derechos garantizados por la Carta Fundamental y que el propio Tribunal Constitucional precisa que no cabe discriminar respecto de situaciones iguales, pero que sí es factible efectuar discriminaciones genéricas. Por último, quiero señalar de manera concreta y dramática una de las declaraciones de don Félix Moscoso, Presidente de la Corporación mencionada: "Hay que terminar con la mentira. Detrás de su publicidad sólo está la muerte y un mundo de impedimentos por lo que las empresas que venden cigarrillos no pagan. Algunas personas han podido salvar su vida pero el costo, como mi caso, es la extirpación de la laringe y las cuerdas vocales con la consiguiente pérdida definitiva de la voz". Eso es lo que permitiremos si no legislamos ni restringimos estas actividades abiertamente nocivas para la salud de las personas. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor SOTA (Presidente).- Rechazado el informe de la Comisión Mixta. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Balbontín, Bayo, Ceroni, Errázuriz, Fuentealba, Gajardo, Girardi, González, Gutiérrez, Jeame Barrueto, León, Makluf, Montes, Navarro, Ojeda, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Saa (doña María), Seguel, Schaulshon, Tohá, Valenzuela, Villouta, Womer (doña Martita) y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Allamand, Caminondo, Cardemil, Coloma, Cornejo, Chadwick, Elizalde, Errázuriz, Espina, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García-Huidobro, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Kuschel, Latorre, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Morales, Munizaga, Ortiz, Paya, Pérez (don Ramón), Pizarro, Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Sota, Taladriz, Turna, Urrutia (don Raúl), Vargas y Vega. Se abstuvieron los Diputados señores: Ascencio, Cantero, Correa, Dupré, Luksic y Silva. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, agregue mi voto en contra. Varios señores DIPUTADOS.- Y los nuestros también. El señor SOTA (Presidente).- El señor Secretario está tomando nota. El señor MELERO.- Señor Presidente, ¿podría dar el resultado definitivo? El señor RODRÍGUEZ.- Votemos de nuevo, señor Presidente. El señor SOTA (Presidente).- Está proclamado el resultado de la votación. El señor MELERO.- ¿Podría dar el resultado final, señor Presidente? El señor SOTA (Presidente).- El señor Secretario leerá el resultado de la votación. El señor LOYOLA (Secretario).- El resultado de la votación fue: por la afirmativa, 29 votos: por la negativa, 43 votos. Hubo 6 abstenciones. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MELERO.- Pido la palabra para plantear un asunto de reglamentario. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, creo que no es correcto el resultado final, porque en el tablero aparecieron 43 votos en contra, a los cuales se debía sumar el de varios Diputados que lo manifestaron con la mano levantada. Sin embargo, el señor Secretario volvió a repetir 29 votos a favor; 43 en contra, y 6 abstenciones. No corresponde ese resultado, pues la Diputada señora Matthei y otros Diputados votaron en contra, y no quedó consignado. El señor RODRÍGUEZ.- Votemos de nuevo, señor Presidente. El señor SOTA (Presidente).- Diputado señor Melero, Su Señoría ha sido Vicepresidente de esta Mesa y sabe que para el Secretario es absolutamente imposible llevar la contabilidad cuando se suman Diputados después de haber proclamado el resultado de la votación. De tal manera que la votación ha sido proclamada con ese resultado. Ruego a los señores Diputados votar cuando corresponde. El señor RODRÍGUEZ.- Entonces, repita la votación, señor Presidente. Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, hay claras dudas respecto al resultado de la votación, y lo lógico sería que se repitiera. El señor SOTA (Presidente).- No tenemos ninguna duda sobre el resultado. Lamentamos mucho que algunas señoras Diputadas y algunos señores Diputados no hayan votado. Tiene la palabra la Diputada señora Cristi. La señora CRISTI.- Señor Presidente, estoy pidiendo la palabra desde antes de la votación. En verdad, lo que quería decir ya no tiene importancia, pero reclamo mi derecho a manifestar lo que necesito decir, y es que me iba a inhabilitar en esta votación. Es un poco tarde, pero igual lo digo. El señor SOTA (Presidente).- Lamento mucho no haberlo advertido oportunamente, pero la votación ya fue tomada. VIL PROYECTOS DE ACUERDO. FUNCIONAMIENTO DE COMISIÓN INVESTIGADORA EN EL CASO DE LAS UVAS ENVENENADAS. El señor SOTA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 198, de los Diputados señores Latorre, Arancibia, Melero, Munizaga, Silva, Acuña, Hernández, Gutiérrez, León, Correa, Longton, Villegas, Sabag, Morales, Pizarro, Rodríguez, Ferrada, Masferrer, Longueira, Hurtado, Martínez, don Rosauro; Turna, Moreira, Ascencio, Rocha, Prokurica, Vilches y Errázuriz. "Considerando: 1°.- La situación producida el día 4 de marzo de 1989, en que la F.D.A. dispuso las medidas de retención de la fruta chilena que se encontraba tanto en los puertos de Estados Unidos como en los supermercados para su comercialización, como consecuencia de una llamada telefónica recibida en las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago, en la que se informaba que la citada fruta se habría contaminado con cianuro. 2°.- Que la Honorable Cámara, en uso de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, acordó formar una Comisión Especial para que investigara e informara acerca de los hechos producidos con motivo de la denuncia de contaminación de uvas chilenas, la que cumplió su cometido en forma acuciosa y detallada. 3°.- Que la Honorable Cámara, conociendo del informe referido, aprobó las conclusiones propuestas, en las que se consignaba que la posible contaminación de uvas chilenas exportadas a los Estados Unidos no se pudo producir en el país, ni tampoco en su traslado a puerto de recepción y que, en consecuencia, tal hecho se tendría que haber producido en territorio de los Estados Unidos. 4°.- Que en fecha reciente, se ha publicado en un diario de los Estados Unidos, "The Wall Street Journal", una información que señala que existió una llamada telefónica a las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago, efectuada en junio de 1989, en la que presumiblemente la misma persona que realizó las llamadas anteriores, informó que no existió tal contaminación y que todo constituiría un fraude. 5°.- Que frente a esta información, los planteamientos de nuestro país para reclamar una indemnización de parte de los Estados Unido^ varían en forma profunda y se agregan nuevos elementos importantes que permiten reconsiderar cualquier posición que se hubiese esgrimido con anterioridad. 6°.- Que durante el gobierno del Presidente Aylwin se puso en funcionamiento una Comisión Binacional Chileno-Norteamericana que ha analizado el tema en cuestión y reunido antecedentes que la H. Cámara de Diputados debe conocer. 7°.- Que, asimismo, en este tiempo se han producido nuevos antecedentes, en especial informes técnicos que concluyen una vez más que la contaminación jamás se produjo de nuestro país. La Honorable Cámara acuerda: a)Reabrir el trabajo de la Comisión Especial encargada de estudiar la posible contaminación de uvas chilenas con cianuro, en su exportación a los Estados Unidos, con el propósito de que, en el plazo máximo de treinta días, se aboque al conocimiento de estos hechos denunciados u otros que se pudiesen haber producido en el tiempo e informen a la Corporación sobre la materia. b)Esta Comisión se constituirá con los mismos miembros que la integraron, reemplazándose por cada Comité a aquellos Diputados que dejaron de serlo en las últimas elecciones Parlamentarias. El señor SOTA (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye e* proyecto de acuerdo. El señor LATORRE.- Pido la palabra. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LATORRE.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo se explica por sí solo. Hoy en la mañana tuvimos oportunidad de someter sus consideraciones generales a todos los Comités, sin excepción, los que manifestaron, en principio, sin perjuicio de las opiniones que puedan expresar los señores Diputados en este momento, su respaldo y aprobación al presente proyecto de acuerdo, f que algunos parlamentarios tuvimos la tarea de redactar, tratando de interpretar a todos los que participan o han participado en este tema, particularmente la Comisión Investigadora. Simplemente se trata de posibilitar que esta Comisión reabra su trabajo, en un tiempo breve, estimado en treinta días, incorporando los considerandos que el mismo proyecto de acuerdo señala como relevantes. Hago presente que en el proyecto de acuerdo se plantea que los integrantes de esta Comisión sean los que ya participaron en ella, reemplazándose, de acuerdo con lo señalado por cada Comité, a los que dejaron de ser parlamentarios. Por lo expuesto, solicito el acuerdo unánime de la Sala. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en forma unánime el proyecto de acuerdo. Aprobado. SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA CRÉDITOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, INDAP. El señor SOTA (Presidente).- Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 189, de la Diputada señora Prochelle y de los Disputados señores Munizaga, Prokurica, Longton, Letelier, don Felipe; Vargas, Taladriz, García, don René; Gutiérrez, Vilches, Ribera, Hernández, Galilea, Martínez, don Rosauro; Hurtado, Silva, Valcarce, Turna, Ojeda, Soria, Hamuy, Ferrada, Bayo, Villegas, Elizalde, León, Urrutia, don Salvador; Jürgensen, Acuña, Alvarado, Moreira, Elgueta, Karelovic, Villouta, Correa, Caminondo, 0Sabag, Morales, Ascencio, Rocha, Luksic y Álvarez-Salamanca. El señor SOTA (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. El señor MUNIZAGA.- Pido la palabra. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga. El señor MUNIZAGA.-Señor presidente, como es sabido, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, considera entre sus objetivos el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas. Uno de los instrumentos que permiten a Indap cumplir con estos objetivos se encuentran los programas crediticios de apoyo, como el sistema de créditos básicos, el de créditos a organizaciones, el de créditos Pyme y otros. Las condiciones generales de los programas de crédito están establecidos en la propia ley orgánica del Instituto y en la resolución exenta N° 75, sobre operación de programas de créditos. Entre estas normas no figura, como regla general, una cláusula que establezca un seguro de desgravamen que proteja los intereses del propio Instituto y que libere a los herederos del deudor fallecido de Indap de la obligación de pagar la deuda por él contraída. Esta situación es de extraordinaria gravedad, porque este crédito está dirigido a los pequeños agricultores, quienes generalmente son jefes de hogar y realizan el trabajo del campo, por lo que, cuando él fallece, la que tiene que hacerse cargo de la familia es la cónyuge, la que, no obstante no poder ejercer la labor en la misma forma que su marido, tiene que responder por los créditos contraídos por éste. En consecuencia, en muchas ocasiones hemos visto como han perdido los predios las familias de estos esforzados agricultores, quienes, para poder sobrellevar la difícil situación agrícola actual, han tenido que solicitar un crédito al Instituto de Desarrollo Agropecuario. Por esta razón, solicito a la Sala la aprobación por unanimidad del proyecto de acuerdo, el cual establece que se considere un seguro de gravamen para los créditos que otorga el Indap, lo que beneficiará al propio Instituto y, especialmente, a las familias de los agricultores que piden este crédito. He dicho.  Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. El señor FUENTEALBA.- No. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, ningún voto. Hubo 4 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidenta)).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Álvarez- Salamanca, Ascencio, Caminondo, Cantero, Correa, Errázuriz, Espina, Ferrada, Galilea, García (don René), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jürgensen, Karelóvic, Leay, Longton, Longueira, Luksic, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Munizaga, Ojeda, Palma (don Joaquín) Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina). Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera, Rodríguez, Sabag, Silva, Taladriz, Turna, Vargas, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta y Zambrano. Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Fuentealba, Makluf, Navarro y Palma (don Andrés). COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES A EMBARCACIONES MENORES MOTORIZADAS. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura a otro proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 196, de los señores Turna, Acuña, Huenchumilla, De la Maza, Jara, Girardi, Ávila, Pérez, don Aníbal; García, don René; Elgueta, Ferrada, Munizaga, Vargas, Hamuy, Hernández, Villouta, León, Villegas, Sabag, Morales, Errázuriz y Luksic. "Considerando: 1. Que en nuestro país se ha producido un notable desarrollo de las actividades turísticas, vinculado con las especiales condiciones naturales que ofrece nuestra geografía, particularmente en la zona sur de Chile, la que permite disfrutar de sus bondades y atractivos, caracterizadas por sus abundantes parajes de aguas interiores, entre ríos, lagos y glaciares. 2. La necesidad de proteger el patrimonio natural que representan esos recursos, además de cumplir con el precepto constitucional que garantiza a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 3. El impacto ambiental que las actividades turísticas significan para los recursos hídricos, particularmente a lagos, ríos y estuarios, debido fundamentalmente a los desechos emanados de vehículos acuáticos propulsados a motor. En este sentido es del caso mencionar que la autoridad marítima tiene registrados 47.056 vehículos acuáticos, de| los que 24.642 son motorizados. 4. Que la ley orgánica constitucional de municipalidades, en su artículo 4°, letra c), asigna a esas corporaciones el deber de velar por la protección del medio ambiente. Asimismo, el artículo 5o, letra h) de ese cuerpo legal señala que las municipalidades tienen la atribución para establecer tributos que graven actividades que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal. 5. La necesidad de desarrollar programas destinados a la protección y recuperación del medio que resulta afectado por las actividades de turismo y deportes náuticos, por medio de proyectos de investigación y repoblamiento de las especies hidrobiológicas que hayan de ser afectadas por esas actividades. Por tanto se propone a la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo: Enviar un oficio a S.E. el Presidente de la República, para que, si lo tiene a bien y en uso de sus facultades, se sirva enviar un proyecto de ley que establezca el cobro de derechos municipales a las embarcaciones menores motorizadas, destinadas a actividades turísticas, deportivas o recreativas en los cursos de aguas interiores, con el objeto de crear un fondo nacional para el desarrollo de programas y proyectos de protección y recuperación de los recursos hidrobiológicos que resultan afectados por esas actividades." El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. El señor TUMA.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo está encaminado a mantener nuestros recursos hidrobiológicos que están siendo explotados y muchas veces sobreexplotados. En regiones de aguas interiores, en los lagos, en los ríos, en los estuarios, somos testigos de la manera en que los dueños de lanchas a motor están gozando de la pesca y de los recursos hidrobiológicos de esos sectores, pero a su vez están contaminando. Por eso es necesaria la creación de un fondo destinado a mantener y a repoblar los recursos hidrobiológicos que tanto bien hacen a la función económica del turismo en muchas zonas del país. De ahí que hayamos planteado el cobro de un derecho municipal, cuya suma sería muy significativa para la constitución de este fondo nacional destinado a la investigación y a la mantención de los recursos hidrobiológicos. Por lo tanto, requiero el apoyo para este proyecto que, sin duda, contribuye a la mantención de nuestros recursos naturales, como también al fomento del turismo, que tanto necesitan las regiones del país. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra a algún parlamentario que impugne el proyecto de acuerdo. El señor TALADRIZ.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, votaré en contra del proyecto de acuerdo, porque queremos que en nuestros ríos hayan más embarcaciones recreativas, deportivas y turísticas. Incrementar los impuestos para este tipo de entretenciones impide que puedan proliferar, sobre todo cuando en el sur tenemos un verano por lo menos en mi zona, que dura sólo dos meses. Además, la Universidad Austral tiene completamente estudiados no sólo los ríos de Valdivia, sino que todos los lagos de la zona, incluyendo los que están en el distrito de mi colega Turna. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Dupré, Elizalde, Errázuriz, Ferrada, Gajardo, García (don René), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Luksic, Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Pérez (don Ramón), Procheüe (doña Marina), Sabag, Turna, Villouta y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Correa, Fuentealba, Galilea, Hurtado, Karelovic, Longton, Martínez, don Rosauro; Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Prokurica, Rodríguez, Silva, Taladriz, Venegas y Vilches. Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Jürgensen, Leay, Navarro y Reyes. DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DEL IVA. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- De los señores Jürgensen, Pérez, don Ramón; Hurtado, Galilea, Melero, Moreira, Alvarado, García, don René; Ferrada, Taladriz, Munizaga, Tuma, Vargas, Errázuriz, Hernández, Karelovic, Álvarez-Salamanca, Correa, Hurtado, Martínez, don Rosauro; Moreira y Vilches. "Considerando: 1. Que, al dictarse el DL. 825 sobre Impuesto al Valor Agregado, se contempló la opción para que los contribuyentes de este tributo pudieran solicitar la imputación o devolución de todos los créditos acumulados por 6 o más periodos tributarios. 2. Que, dicha norma se compadecía plenamente con el espíritu y con la mecánica de este tipo de tributo, de modo que el Fisco participe solamente del impuesto al "Valor Agregado" y no retenga los valores que otro contribuyente ya pagó, como débito fiscal al efectuar sus respectivas ventas. 3. Que, en los primeros años de la década del 80, este mecanismo de recuperación fue modificado en el sentido de permitir que la imputación o devolución, lo sea solamente referida a los créditos acumulados por 6 o más períodos cuando las adquisiciones provengan de bienes o servicios inherentes al activo fijo. Dicha modificación restrictiva obedeció, al parecer, a problemas de la caja fiscal, derivados de la crisis económica y financiera por la que atravesó el país en esos años. 4. Que nada justifica en la actualidad la' permanencia de tal limitación, habida consideración del saneamiento experimentado por la economía y de la situación del presupuesto nacional. 5. Que, por el contrario, la imposibilidad para los contribuyentes de recuperar los flujos provenientes del crédito del iva, por sus adquisiciones de bienes y servicios distintos del activo fijo, les está disminuyendo su capital de trabajo en la misma cantidad de dicho crédito referido y, consecuentemente, limita el desenvolvimiento y ampliación de sus actividades. 6. Que este entrabamiento va en el sentido opuesto al deseo de fomentar las actividades económicas, que aporten mayores empleos y una mejor recaudación de impuestos. 7. Que, la retención del crédito fiscal aludido, obliga al empresario a recurrir a financiamientos bancarios cuyo costo es superior al reajuste que el Fisco abona por dicho crédito, constituyéndose en un factor que presiona sobre las tasas de interés. 8. Que, la imposibilidad de recuperar el iva pagado por adquisiciones del activo circulante y de gastos operacionales, distorsiona el espíritu y la mecánica de este tipo de tributo, transformándolo en una forma de impuesto a la inversión. 9. Que, quienes se ven más perjudicados con el impedimento de recuperar el crédito acumulado del iva son los nuevos empresarios y aquéllos que amplían sus negocios. En efecto, cuando un empresario accede a la calidad de contribuyente del iva adquirirá bienes del Activo Fijo, sobre los cuales podrá pedir la devolución del crédito del iva. Pero también comprará bienes corporales del activo circulante y efectuará adquisiciones de servicios y de gastos, todos ellos afectos al iva donde son de gran relevancia los gastos de puesta en marcha, investigación y desarrollo, promoción y publicidad, tecnología y capacitación. 10.- Que, la autoridad económica debe evaluar debidamente el efecto más activo que causa este tipo de restricciones, ya que además induce a la evasión tributaria en la cadena de compras y ventas. Por lo tanto, la Cámara de Diputados acuerda el siguiente: Proyecto de Acuerdo. Solicitar al Presidente de la República el restablecimiento, en el DL. 825 sobre Impuesto al Valor Agregado y a los Servicios, la opción para que los contribuyentes puedan obtener la imputación o devolución del Crédito Fiscal, acumulado por 6 o más periodos tributarios, por la totalidad de sus adquisiciones afectadas por dicho tributo. Para tal efecto, se solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que modifique la actual disposición contenida en el artículo 27 bis del DL. 825, de modo que permita la imputación o devolución de la totalidad del crédito que se haya originado con la adquisición de bienes y servicios que provenga de la adquisición de bienes corporales, tanto del activo fijo como del activo circulante y de los servicios y gastos operacionales. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, el espíritu de la norma del Decreto ley N° 825 establecía que el impuesto al valor agregado permitía al Fisco percibir recursos en la medida en que el producto efectivamente se está comercializando y obteniendo un valor agregado. Sin embargo, en los primeros años de la década del 80, se modificó el mecanismo y dejó a un lado el hecho de que se pudieran cobrar al Fisco los créditos fiscales del IVA cuando se acumulaban durante seis meses o más. Hoy solamente se cobran los créditos fiscales acumulados por más de seis meses cuando provienen de compras del activo fijo, no así cuando provienen del activo circulante, como mercaderías, insumos, etcétera. Esta situación está transformando el espíritu del impuesto al valor agregado en una especie de gravamen a la inversión, especialmente cuando afecta al pequeño empresario, a aquel que necesariamente debe adquirir bienes del activo circulante para desarrollar sus actividades o a aquellos que deseen ampliarlas, puesto que no tendrán posibilidades para compensar ni de cobrar los créditos fiscales acumulados por más de 6 períodos tributarios. Por esta razón, y pensando que a lo mejor en su oportunidad se pensó que con esta modificación se introducía una inhibición a la evasión del IVA, es de justicia rectificarlo, por cuanto, en el fondo, precisamente ha inducido a una mayor evasión de impuestos al no contar los contribuyentes, especialmente los nuevos, con la posibilidad de compensar o de cobrar el IVA. Señor Presidente, solicito, por su intermedio, a los Diputados presentes votar a favor del proyecto de ley, porque en el fondo estimula la actividad económica y la creación y formación de nuevas empresas y de empresarios. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra a un parlamentario que impugne el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el Diputado Jürgensen me hizo entrega de este proyecto de acuerdo en la última sesión, antes del receso de Navidad y de fin de año. He estado estudiando su texto, pero todavía no tengo una opinión acabada sobre el problema. Por eso voy a votar en contra, y pido que lo haga así la Cámara, porque la materia que plantea el Diputado señor Jürgensen en el proyecto es delicada. Creo que puede tener razón en cuanto a su propósito. Sin embargo, él mismo pidió, durante su intervención de hace unos momentos, que la Cámara aprobara "este proyecto de ley". Esta es una materia propia de ley que requiere de una revisión más detallada. Un acuerdo de la Sala en este sentido sentaría un precedente, pues ante la opinión pública va a aparecer como que la Cámara está de acuerdo con que este asunto debe ser modificado en la forma que aquí se plantea, pero así se entregaría una señal equivocada, porque aquí no se ha estudiado con detenimiento y en forma detallada cada una de estas materias. Ante la opción de entregar esta señal o de no entregarla, prefiero esto último. Sin embargo, preferiría que el Diputado señor Jürgensen retirara el proyecto de acuerdo para que podamos terminar su estudio y ver si es posible que la apoyemos ante el Ejecutivo como acuerdo de la Cámara o como acuerdo de bancadas parlamentarias. En esa circunstancia, si no fuera posible su retiro tendría que votarlo en contra. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- ¿El Diputado señor Jürgensen estaría de acuerdo en lo planteado por el Diputado señor Andrés Palma? Tiene la palabra Su Señoría. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, no sé si estoy en condiciones de retirar el proyecto de acuerdo, porque no soy el único que lo patrocina. Por lo tanto, si hubiera acuerdo, me gustaría hacerlo, por cuanto es una materia de importancia que está afectando nuestro desarrollo económico. A lo mejor, el Diputado señor Andrés Palma tiene razón que la materia amerita un estudio y un análisis más profundo. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Creo que Su Señoría pueda» interpretar al resto de los parlamentarios que han adherido a su iniciativa, razón por la cual se retira el proyecto de acuerdo. La Mesa desea aclarar un punto con respecto a la sesión de la tarde. Cuando se suprime la hora de Incidentes, no significa que se supriman también los proyectos de acuerdo. Es bastante obvio, pero, en todo caso, creo conveniente tenerlo presente. VIII.- INCIDENTES. INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficios. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- En el primer turno, correspondiente al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero solicitar que se oficie al Ministro de Economía y al Ministro Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía para que den respuesta a oficios ligados a una investigación que en este instante lleva adelante la Contraloría General de la República, que corresponde a una presentación hecha por un grupo de pequeños accionistas de Colbún, y que cuenta, además, con una petición expresa hecha en esta Sala por quien habla, con el objeto de que dicho servicio contralor le preste especial atención. Ayer, en una entrevista con el Ministro de Economía, le manifesté que la decisión adoptada por él la semana pasada a raíz de un arbitraje que le corresponde realizar y que ha significado que la empresa Chilgener deba reliquidar sus transacciones de energía con Colbún, con lo cual tendría que devolver a esta última, por un periodo de tres meses, una cantidad significativa de miles de dólares, me hace pensar en la necesidad de que la investigación que lleva a cabo la Contraloría se haga con mayor exhaustividad. En efecto, el arbitraje dice relación exactamente con el punto de la investigación que hemos solicitado, en orden a que se estudien las transacciones de energía eléctrica que ha habido en el Centro de Despacho Económico de Carga al Sistema Interconectado Central durante los últimos ocho años, y que, a juicio de quienes hemos podido estudiar esa situación, ha dejado un daño patrimonial para Colbún de aproximadamente 100 millones de dólares; o bien, la otra interpretación válida, es que los consumidores de energía eléctrica hemos pagado 100 millones de dólares de más. Pero, en lo que no cabe duda es que las empresas Endesa y Chilgener han tenido una mayor utilidad de aproximadamente 106 millones de dólares, que no tiene ninguna justificación, ni siquiera en el marco legal que hoy día rige el sistema eléctrico. Con vistas a lograr que esta investigación tenga éxito, solicito que se oficie al Ministro de Economía y al Ministro Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía, con el objeto de que informen acerca de los siguientes puntos: 1°.- Personas que, en representación de Colbún, concurrieron con su voto a la adopción de acuerdos en el Directorio del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central en el período 1986-1994; 2°.- Información relativa al cronograma de reuniones del Directorio del Centro de Despacho Económico de Cargas del Sistema Interconectado Central con sus respectivas actas; 3°.- Entrega de información, que resulta fundamental, acerca del papel cumplido en este organismo - Centro de Despacho Económico de Cargas - por parte del señor Germán Henríquez, quien por muchos años fuera Gerente Comercial y representante de Colbún ante este organismo y se desempeña actualmente como asesor de la Gerencia General de Endesa. Además, particularmente, que se solicite información respecto de las siguientes materias: 1°.- Problemas ocurridos con el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre Colbún y Chilectra entre fines de 1991 y principios de 1992; 2°.- Información respecto de la comercialización de la energía de Colbún durante el período de sequía (1988-1990), y 3°.- Información de la negociación de los peajes que Colbún debe pagar a Endesa, tanto básicos como adicionales. En seguida, solicito también como parte de estos oficios, información y análisis de las modificaciones que han afectado a los modelos y procedimientos de cálculo de costos marginales instantáneos en el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central, con el objeto de determinar eventuales inconsecuencias entre la forma como se han utilizado esos modelos de cálculo y lo dispuesto en el Reglamento Interno del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central. Por último, solicito al Ministro de Economía y al Ministro Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía, para que me hagan llegar y agradeceré a quienes acompañen esta solicitud copia de los modelos matemáticos que en la actualidad utiliza el Centro de Despacho Económico de Carga para determinar los costos marginales instantáneos, y, simultáneamente, copia del modelo que utiliza la Comisión Nacional de Energía para establecer los precios de nudos, con el objeto de analizar con un grupo de expertos cuál es la razón por la cual lo establecido por uno de estos organismos el Centro de Despacho Económico de Carga nunca ha estado, ni siquiera aproximado en promedio, en un período de ocho años, a lo que es el precio de nudo fijado, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, por el Ministerio de Economía y por la Comisión Nacional de Energía, con el objeto de analizar en detalle las razones por las cuales en estos años se ha producido siempre un resultado en las transacciones claramente perjudicial para los intereses de Colbún o, en su defecto como dije al comienzo, para los intereses de los grandes consumidores del sector industrial y, a través de las distribuidoras, para todos los consumidores chilenos. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los señores Diputados que así lo solicitan. Si le parece a la Sala, se enviará en nombre de la Cámara. Acordado. VIAJE DE COMISIÓN ESPECIAL DE LA CÁMARA A ZONA DE CAMPO DE HIELO SUR. El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Héctor Zambrano. El señor ZAMBRANO.- Señor Presidente, quiero referirme a una materia de gran importancia nacional. El país sabe que se encuentra pendiente en los Congresos Nacionales de Chile y Argentina la aprobación del f tratado suscrito por el ex Presidente Patricio Aylwin y el Presidente Carlos Menem referido a la parte del territorio conocido como Campo de Hielo Sur. Aún cuando todavía está pendiente la ejecución del fallo del tribunal arbitral que resuelve la controversia relativa a Laguna del Desierto, adquiere especial importancia un acuerdo reciente adoptado por los Diputados de esta Cámara que formamos parte de la Comisión Binacional chileno-argentina, en cuanto a efectuar una visita de terreno a la/ zona de Campo de Hielo Sur, con el fin de" adquirir un conocimiento pleno sobre las materias que resuelve el tratado en cuestión. Consideramos que será en extremo beneficioso que un grupo de parlamentarios nos apersonemos en dicha parte de nuestro país, lugar inhóspito y de muy difícil acceso, sobre el cual poco conocimiento tiene la comunidad nacional. Se trata de verificar in situ la forma como el tratado resuelve la controversia largamente sostenida por Chile y Argentina sobre este territorio, pendiente desde fines del siglo pasado; de establecer la concordancia entre lo suscrito en el tratado de 1991 y su realidad en el terreno, con el objeto de ilustrar debidamente a esta Sala en el momento que nos corresponda pronunciamos sobre tan delicada materia. El viaje también es de vital importancia para mí por cuanto Campo de Hielo Sur corresponde a parte del territorio del distrito que represento en esta Cámara. Además, esta materia interesa a los habitantes de la Undécima Región de Aysén. Debo informar que este viaje se efectuará entre los días 6 y 11 del mes en curso, gracias a la importante colaboración de la Armada Nacional, que trasladará a la Comisión en uno de sus barcos y permitirá sobrevolar la zona en uno de sus helicópteros, disposición que agradecemos a la superioridad de la Armada porque nos permitirá cumplir con las funciones de la Comisión Especial de la Cámara. Esperemos que tal decisión, de realizar este trabajo en terreno, sea útil para la Cámara en el momento de conocer el tratado en referencia y adoptar una resolución debidamente informada y fundamentada. El Parlamento chileno ejecuta un acto de soberanía al hacerse presente con algunos de sus miembros en esta parte del territorio nacional, que constituye una gran reserva de agua para Chile y el mundo, y que con certeza guarda en sus entrañas grandes riquezas minerales y otras. Por ello, celebro el acuerdo de la Comisión Binacional chileno-argentina de esta Cámara y hago votos por el éxito de la misión que se ha impuesto. He dicho. SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE MODERNIZACIÓN DEL EJÉRCITO. Oficio. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, por su intermedio quiero solicitar el envío de tres oficios a las reparticiones que indicaré, en relación con las materias que paso a señalar. El primero de los oficios se refiere al tema de la modernización de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército. Sabido es que en el país existe un amplio consenso en cuanto a la necesidad de modernizar el sector público. El tema de la modernización del Estado es, sin duda alguna, uno de los más importantes que tenemos hacia el futuro e incluye, obviamente, la modernización de las Fuerzas Armadas. Así lo hemos entendido en la Comisión de Defensa de la Cámara, y el propio Ministerio de Defensa, y las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están empeñadas en un proceso de esa naturaleza. El General Pinochet, en su presentación de agosto de 1994, como Comandante en Jefe del Ejército, hizo alusión al "Plan Alcázar" y señaló que "es un documento difundido a todos los organismos involucrados". Por eso, como el documento ha sido difundido a todos los organismos involucrados, solicito que se oficie al Ministerio de Defensa para que recabe del Ejército, específicamente de su Comandante en Jefe, una copia del documento, más conocido como "Plan Alcázar", y sus antecedentes, con el objeto de examinarlo aquí en la Cámara. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre y en el de los Diputados señores Ferrada, Pérez, don Ramón; Vilches, Elgueta, Rodríguez, Karelovic y de la Diputada señora Cristi. NÓMINA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA LA QUINTA REGIÓN. Oficios. El señor WALKER.- El segundo oficio se refiere a un tema muy importante para la Quinta Región: el del agua potable rural. Sabido es que el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de recursos financieros para llevar a cabo un programa de agua potable rural a nivel nacional. No obstante ello, en lo que se refiere a la Quinta Región, de la cual soy Diputado, he constatado que, desgraciadamente, al término de 1994 se cumplió muy mezquinamente con la meta fijada, de 520 millones de pesos, destinados a distintos proyectos de agua potable rural en la región. Al final de ese período sólo se habrían gastado 84 de los 520 millones comprometidos; es decir, un 16 por ciento del total de recursos disponibles para 1994, lo que es muy preocupante y así lo hice ver tanto al Ministerio de Obras Públicas como a Esval. Esval aduce que una de las razones para la tardanza en la ejecución de dichos proyectos se debe a que sólo en el segundo semestre de 1994 el Ministerio de Obras Públicas le remitió la nómina de los proyectos financiados, con el objeto de licitar tanto los estudios técnicos como las obras respectivas. Con la finalidad de evitar una situación similar en 1995 y de que exista el tiempo razonable, adecuado y suficiente para ejecutar los proyectos de obras en esa materia, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas: Programa de Agua Potable Rural; a la Corporación de Fomento, para ser dirigido a Esval, Empresa Sanitaria de Valparaíso, y al Core, Consejo Regional de la Quinta Región, con el objeto de que los tres organismos involucrados en el tema puedan remitir a la brevedad a la Cámara la nómina de los proyectos de agua potable rural contemplados para la Quinta Región en 1995 y la estimación de los recursos financieros disponibles para hacer frente a dichos proyectos, especialmente en lo que se refiere a las provincias de Petorca y Quillota y a las comunas de Valparaíso Norte, como Puchuncaví y Quintero. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los Disputados señores Longton, Gutiérrez, Silva, Vil ches, Rodríguez y el que habla. CREACIÓN DE JUZGADO DE LETRAS EN QUINTERO (Quinta Región). Oficio. El señor WALKER.- El tercer oficio se refiere a la ley que en marzo de 1994 aprobó la creación de varios juzgados en distintas regiones del país. Sin embargo, una cosa es crearlos por ley y otra distinta, financiarlos y, más aún, ejecutar las obras respectivas. Por lo tanto, solicito que se oficie a la Ministra de Justicia, para que informe acerca del monto contemplado y la fecha de ejecución de las obras del Juzgado de Letras de Quintero en la provincia de Valparaíso. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS., Oficio El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, con bastante preocupación he visto en la televisión una serie de avisos publicitarios, en especial de las instituciones financieras. Tema recurrente en el último tiempo ha sido la necesidad del ahorro fiscal y privado para tratar de disminuir el endeudamiento. Sin embargo, a través de las pantallas de televisión en forma constante se está bombardeando a la gente con comerciales que a mí, por lo menos, me molestan bastante, por^ que en ellos se dice, por ejemplo, que la gracia de un automóvil que en el mercado cuesta alrededor de 5 millones de pesos está en que la persona que es su dueño gana 200 mil pesos. Todos sabemos el tiempo que estará endeudada esa persona. Por eso, solicito que se oficie al Ministro de Economía para que Sernac realice un estudio e informe posteriormente a la opinión pública sobre la realidad de los plazos de los créditos otorgados por estas financieras. Creo que existe muy poca información y la gente se está endeudando sin el conocimiento debido en créditos que se pueden obtener, incluso, por teléfono. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ferrada, Acuña, Ascencio, Álvarez-Salamanca, Hurtado, Vilches, Karelovic, Elgueta, Gutiérrez y el que habla. PETICIÓN CONSTITUCIONAL DE ANTECEDENTES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficios. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Ramón Pérez. El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, durante los últimos 20 años el desarrollo de la Primera Región, y muy especialmente el de su capital, Iquique, ha estado íntimamente ligado a las actividades de la zona franca. Existe preocupación en mi ciudad por el futuro de este sistema, hoy amenazado por la competencia internacional y por la burocracia £ nacional centralista que no ha podido comprender que una zona franca no puede competir en mercados abiertos si sus ventas se mantienen gravadas con un impuesto de 6 por ciento sobre el valor Cif de las mercancías. Además, difícilmente puede ser competitiva cuando el órgano administrador, de propiedad mayoritaria del Estado, dueño monopólico de las instalaciones de zona franca, aumenta las tarifas, en términos reales, hasta en 500 por ciento, como ocurrió a comienzos del gobierno pasado y que hoy, no obstante reajustarse trimestralmente conforme al IPC, se pretende nuevamente aumentar en un ciento por ciento, por citar algunos ejemplos. Parte importante de la competencia que hoy debe soportar la zona franca de Iquique se genera precisamente por las actuaciones ingenuas, carentes de visión y de una soberbia casi suicida de sus administradores, quienes pretendiendo promover el desarrollo de Zofri se dedicaron a publicitar cifras y antecedentes que en usos comerciales son propios del secreto de la actividad, logrando con ello interesar a los países vecinos, especialmente a Perú, para que crearan zonas francas que compitieren con la nuestra, lo que, en definitiva, ha significado no sólo debilitar a la Zofri, sino desestabilizar la economía de la ciudad de Arica. Esta situación se mantiene en el día de hoy, pero con carácter diferente y mayor gravedad, por cuanto ya no es ingenuidad de los administradores, sino que por un acto consciente y directo de éstos, que sólo buscan el lucro personal, se está ofreciendo asesoría directa a terceros países para desarrollar zonas francas. En efecto, el actual presidente de la sociedad, don Augusto Aninat del Solar, representante del socio mayoritario Corfo, ha ofrecido a los gobiernos de Argentina y Paraguay venderles, a título personal, asesoría para la creación de zonas francas. Es decir, abusando de su cargo está comerciando con el "Know how" desarrollando por Chile en casi 20 años de experiencia y vendiendo en su exclusivo beneficio un patrimonio nacional. En otra actitud inconcebible, actúa como socio de Comercial Allipén, S.A., usuaria de Zofri, conociendo él, desde su cargo de presidente de la sociedad administradora, costos, precios, etcétera, de quienes le compiten, usando para ello la información reservada. Por otra parte, el actual directorio, presidido por el señor Aninat, ha aumentado el nivel de gastos de la sociedad en términos escandalosos. En efecto, se hacen sesiones de directorio y se extiende por cuatro días su permanencia en Iquique, con "tours" de compras, descansos, viajes en yate, incluidas sus cónyuges. Se adjuntan, además, boletas por radiografías o compras de medicamentos y, aunque parezca irrisorio, hasta por un yogur o agua mineral, todo lo cual es cargado a gastos de la sociedad. Se cambia la oficina de Zofri en Santiago con gastos de refacción por 20 millones de pesos, lo que no se justifica en una sociedad evidentemente regional, aumentándose, además, el costo de arrendamiento, de 3.600.000 pesos anuales a 20.400.000 pesos, sólo para satisfacer los sueños de su presidente y enterrar los de quienes creen y apuestan a la regionalización del país, por cuanto nada justifica que una empresa claramente regional mantenga oficinas de tal costo en la capital del país. Se otorgan, además, consultorías a ex ministros y ex asesores de Gobierno por montos que superan los 45 millones de pesos. Todo esto pasaría inadvertido si se tratara de una empresa privada, pero tratándose de Zofri, S.A., cuyo socio principal es el Estado de Chile, a través de Corfo, y parte importante de sus accionistas son las AFP, al aumentar indiscriminadamente los gastos se están restando utilidades al Estado y a las AFP, es decir, a las futuras jubilaciones de millones de trabajadores chilenos. Señor Presidente, dada la gravedad de lo expuesto, solicito se oficie al Ministro Vicepresidente de la Corfo para que informe: 1. Si Corfo autorizó al Presidente del Directorio de Zofri, S.A., don Augusto Aninat del Solar, para que ofrezca su personal asesoría a terceros países en la creación de zonas francas, cobrando honorarios en su directo beneficio. 2. Si Corfo autorizó al Presidente del Directorio de Zofri, S.A., para que, usando su posición, se asociara con la empresa usuaria de zona franca, Allipén S.A., de manera de competir con los restantes usuarios, sus administrados, teniendo acceso a toda la información reservada que mantiene la unidad de visación de documentos de zona franca, entre otros, costos, precios, orígenes, proveedores, fletes, seguros, etcétera. 3. Por qué el funcionario abogado de Corfo, don Sergio Pradeñas, ha podido ausentarse en días de trabajo para encontrarse en Iquique los días 30 de noviembre, 1 de diciembre y 21 de diciembre de 1994, asistiendo a comparendos, como abogado, en representación de Zofrisa, cobrando a ésta honorarios por la suma de 6.100.000 pesos en causa seguida en contra del ex abogado de esa sociedad, don Mauricio del Fierro, siendo Corfo socio mayoritario de Zofrisa. 4. De los viajes realizados por el señor Augusto Aninat del Solar, con cargo a Zofri S.A., especificando países, destino, objeto de cada viaje, beneficios directos obtenidos por Zofri como fruto de dichos viajes, gastos en pasajes, viáticos, hoteles, etcétera. 5. Cuánto costaron a Zofrisa los pasajes, alimentación y otros, del "tour" efectuado entre el 16 y el 19 de diciembre de 1994, por el Directorio y las esposas de sus integrantes. 6. Si el Presidente del Directorio integró valores por rendir desde el 4 de noviembre de 1992 y gastos rechazados por auditoría interna, entre el 4 de julio y el 11 de octubre de 1994. Asimismo, que se oficie al Ministro de Hacienda para que informe si autorizó a la Zona Franca de Iquique un suplemento del presupuesto de 1994 por 164.900.000 pesos, para pagar, entre otros ítem: a)40.100.000 de pesos por desahucio de personal, habiendo sido despedido sólo el ex General, don Juan Morales. b)10 millones de pesos para la consultora Seminarium por una asesoría para la selección de un gerente de negocios. c)5 millones de pesos a don José Luis Cea, con el fin de que prepare un informe en derecho sobre zonas francas. d)5 millones de pesos por una asesoría jurídica, no definida, al estudio del ex Ministro Cumplido, aun cuando la sociedad tiene abogados funcionarios. e)25.300.000 pesos para pagar a la Sociedad Linamar Limitada, por una asesoría para el estudio del sistema tarifario de Zofri, y se investigue si realmente fue hecha por Linamar o por funcionarios de Zofri, pues estimo difícil de realizar tan complejo estudio en sólo 17 días. Finalmente, señor Presidente, por la importancia que tiene la zona franca para Iquique y la Primera Región, solicito, en conformidad con el artículo 48, N° 1 de la Constitución política de la República, que se oficie al Contralor General de la República para que inicie una auditoría de gastos del Directorio, desde que la Junta de Administración y Vigilancia de Zofri se transformó en sociedad anónima, con el fin de terminar con estos abusos. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, en este momento no hay quorum en la Sala para adoptar ese acuerdo. Se requiere que estén presentes en la Sala 40 señores Diputados. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Si f algún señor Diputado quiere hacer uso de la palabra, puede pedirla. El señor RIBERA.- Pido la palabra. El señor LATORRE.- Pido la palabra. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ribera; luego, el Diputado señor Latorre. El señor RIBERA.- Señor Presidente, me parece que para la solicitud del Diputado señor Ramón Pérez sólo procede ver si se cuenta o no con el respaldo de las personas a que alude el artículo y remitirse el oficio en los términos señalados; pero no abrir una discusión sobre una facultad privativa del señor Diputado. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, para los efectos de que la Cámara de Diputados pueda adoptar acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, se requiere que esté presente en tercio de los Diputados en ejercicio, que son 40. En estos momentos estaba consultando al señor Secretario si hay 40 señores Diputados para adoptar ese acuerdo. Mientras no exista ese número, no puede adoptarse. Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, en estricto rigor, desde el momento en que el Diputado señor Ramón Pérez pide que se oficie en concordancia con lo estipulado en una norma determinada, corresponde, desde el punto de vista reglamentario someter su solicitud a votación, y luego de su resultado la Mesa constatará si efectivamente había o no quorum en la Sala, porque es muy habitual que haya Diputados que, estando en la Sala, no voten, o que no voten todos, pero repito el Presidente constata la falta de quórum sobre la base de la votación. En consecuencia, si Su Señoría lo estima pertinente, debe votarse y después aplicar el Reglamento, en llamadas sucesivas. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Es lo que iba a hacer. Sólo advertí a los señores parlamentarios que no había el quórum respectivo. En votación la solicitud del Diputado señor Ramón Pérez. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos: por la negativa, ningún voto. Hubo 1 abstención. El señor ESPINA (Vicepresidentes Aprobado el envío del oficio del Diputado señor Ramón Pérez, solicitado en conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política del Estado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Allamand, Bartolucci, Bayo, Cantero, Cardemil, Coloma, Correa, Cristi (doña María), Chadwick, Errázuriz, Espina, Fantuzzi, Ferrada, Galilea, García (don René), García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Latorre, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Moreira, Munizaga, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Ribera, Rodríguez, Sota, Taladriz. Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Vargas, Vega y Vilches. Se abstuvo el Diputado señor Jara. DESPIDO DE FUNCIONARIOS DE LA CONADI EN TEMUCO, Oficios. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Dentro del tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, ayer, en Temuco, sostuve una larga reunión con funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, quienes me manifestaron su preocupación por el problema que los aqueja, y que hemos denunciado en varias oportunidades. En la actualidad funciona en Temuco la Dirección Nacional de la Conadi. Sin embargo, ocho de sus funcionarios han quedado sin trabajo a contar del 31 de diciembre del año pasado: María Meleñir Ulloa, Adela Lincaleo Reyes, Elsa Fuentes Quiñilán, Juan Valenzuela Videla, Víctor Paillacán Huircapán, Máximo Silva Huentén, Demetria Fuentes López y Guillermo Coilla Huilipang. Ocho personas restantes quedarían sin trabajo a partir de febrero, en virtud del convenio del proyecto Fosis-Conadi: Freddy Salas Correa, José Caniumil Montero, Teresa Coroso Quinchao, Manuel Pilquil Tarupil, Antonieta Figueroa Muñoz, Sergio Gómez Villegas, Benito Antimil Huenuqueo y Luis Huincacha Panchillo. Lo grave de la situación es que estos funcionarios llevan todos los derechos de ausentes de la gente de la Conadi, y en la actualidad se encontraban estudiando quince mil casos. También están involucrados en el problema quienes estudian los derechos rea/ les de uso y los subsidios habitacionales mapuches, aparte de secretarias y topógrafos. Por lo tanto, es importantísimo que las personas nombradas no dejen de pertenecer a la Conadi, para que esa oficina no quede acéfala y funcione en forma normal. Lo que parece raro por eso me atreví a pedir el envío de un oficio es que los propios jefes de la Conadi les hayan dicho a esos funcionarios que no se preocupen y que formen una empresa para ser recontratados como tal, de manera que entreguen los mismos servicios que dejarían de prestar. Reitero que esta gente no debe abandonar un trabajo que conoce y que se ha especializado en los temas nombrados. Es importante para la zona de Cautín que esa oficina trabaje en forma adecúa1 da, para que los mapuches se sientan bien atendidos. La ausencia de ese personal significará otro golpe para la oficina de la Conadi, que no podrá entregar los beneficios para los cuales fue creada por la Ley Indígena, además del Instituto que está creándose en Temuco. Por lo tanto, pido que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, envíe un proyecto, a fin de que esas 16 personas permanezcan en la planta de la Conadi, con lo cual se evitaría la contratación de empresas que efectúen los trabajos que ellos ya están realizando. Asimismo, pido que se oficie al Ministro de Mideplan, señor Luis Maira, pues de él depende la Conadi. Todas las personas de la zona, en especial los mapuches de Cautín y de todo el país, miraríamos con muy buenos ojos una iniciativa de esta naturaleza, pues, así, no se verían disminuidas sus instituciones, las cuales prestarán - como se espera - una atención eficiente a la comunidad. Además, es necesario decir que, a pesar de que se aumentó la planta de la Conadi, sus funcionarios me hicieron notar que se pierde tiempo en la atención del público, porque a muchos ancianos hay que explicarles repetidas veces s inquietudes. Quienes hemos tratado con los mapuches lo sabemos muy bien. Los derechos de ausentes, los subsidios rurales, etcétera, requieren de largas explicaciones y, por lo general, se puede atender menor número de gente que la que atiende un funcionario corriente. Espero el envío de dicho proyecto, para evitar que la planta de la Conadi quede sin sus funcionarios con mayor experiencia. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, se me quedó una cosa en el tintero. Pedir a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Mideplan que esta gente no sea despedida de su trabajo hasta que no llegue la respuesta del oficio. Muchas gracias. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se incluirá lo señalado por Su Señoría en el oficio respectivo. REPARACIÓN DE CALLE DE PUCÓN (Novena Región). Oficios. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en Pucón, el tramo de pavimento comprendido desde el final de la Avenida Bernardo O'Higgins hasta el aeropuerto se encuentra totalmente deteriorado. Por lo tanto, pido el envío de un segundo oficio al Ministro de Obras Públicas y a la Seremi de Obras Públicas de Cautín, a fin de que se repare lo antes posible y se incluya un rodoviario, que es fundamental para el desarrollo de Pucón. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Acuña. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, al parecer, el Diputado señor Huenchumilla desea agregar algo, porque el tema de la Conadi es sumamente importante para todos los Diputados de la zona. Por lo tanto, si el Diputado señor Huenchumilla puede aportar algo al respecto, le pido a Su Señoría que haga una excepción, porque realmente estamos preocupados sobre el tema. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, lamentablemente en Incidentes no se pueden hacer excepciones. Además, el tiempo del Comité de Renovación Nacional, incluso agregados los minutos que se ocuparon en la votación, está cumplido con creces. Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría, al que adhieren los Diputados señores Ojeda, Kuschel y Karelovic. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, ¿podemos insertar discursos? El señor ESPINA (Vicepresidente).- No, señor Diputado, pues el tiempo de su Comité está agotado. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL. Oficios. El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, es notable el atraso que se aprecia en la administración del agua potable rural en la Región del Maulé y en casi todas las regiones del país. La intervención del Diputado señor Ignacio Walker, referida a la situación que afecta al agua potable rural de la Quinta Región, es un ejemplo de ello. En efecto, con la regionalización de los servicios sanitarios, hoy dependientes de la Corfo, los programas de inversión rural se realizan con fondos externos y no con los de dichos servicios. Por razones estatutarias, éstos no pueden desviar recursos del sector urbano al rural. Es decir, los aportes provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del Ministerio de Obras Públicas, de las municipalidades, del BID y del Mideplan. Los proyectos deben someterse a un trámite burocrático realmente increíble. Primero, el Ministerio de Obras Públicas distribuye los créditos Isar en las regiones. Segundo, la Dirección de Planeamiento debe presentar a los Serplac los proyectos ya evaluados en categoría RS, recomendación sin observación. Las oficinas de planeamientos deben tener un banco de proyectos alimentado por las municipalidades ya evaluados técnicamente. Cada estudio tiene un costo de un millón de pesos. Tercero, los Serplac los someten a la priorización de los respectivos Cores. Cuarto, se firman los convenios designando comunidades técnicas a los servicios sanitarios del Ministerio de Obras Públicas. Quinto, el Ministerio de Obras Públicas autoriza la licitación, gestión que demora aproximadamente seis meses, contados desde el llamado a licitación. Finalmente, se firma el contrato entre los servicios sanitarios y el contratista. Debe hacerse notar que un proyecto rural de estas características tiene las siguientes etapas: estudio hidrológico; construcción del pozo; diseño y construcción del diseño. Normalmente sucede que los estudios de preinversión que son los tres primeros administrados por Mideplan, demoran ostensiblemente, más de un año, lo que significa que transcurren sobre cuatro años desde que se presenta hasta que se inicia su construcción. . Los pagos de los programas IsarMop se hacen a través de la Dirección de Contabilidad de las oficinas en Santiago. Respecto de este programa, en mi región, hasta el año 90, existían 130 servicios rurales, hoy, en 1995, hay 143 en funciones. Es decir, se han construido sólo 13, lo que da un promedio de poco más de tres por año. No hay consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una vez más queda de manifiesto que el proceso de descentralización comenzado con la regionalización en el gobierno militar hoy se debate en una Torre de Babel, lo que ocasiona una burocracia increíble y demorará mucho más la superación de la pobreza, principal meta del actual Gobierno.| Por lo anterior, pido que se oficie a los Ministros de Obras Públicas, de Planificación, del Interior y al de la Corporación de Fomento y de la Producción, con el objeto de que adopten medidas de coordinación que simplifiquen los trámites que se requieran para la construcción de los servicios de agua potable rural. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada, con la adhesión de los Comités de la UDI y de Renovación Nacional. RECURSOS ADICIONALES PARA PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA MAREA ROJA. Oficios. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Karelovic. El señor KARELOVIC.- Señor Presidente, el Seremi de Salud de Magallanes informó que se terminaron los recursos que el Fondo de Investigación Pesquera destinó para la recolección y estudio del fenómeno de la marea roja en la Undécima y Duodécima regiones. Advirtió que al no contar con dineros frescos para continuar con los estudios, se tendría que trabajar sólo sobre la base de los datos que aporte el Servicio de Salud con sus estaciones rastreadoras fijas, tanto en Puerto Natales y Porvenir como en Punta Arenas. El primer brote de marea roja conocido e investigado en Magallanes apareció el 22 de octubre de 1972, y causó la muerte de tres pescadores que fallecieron entre dos y cinco horas después de haber ingerido cholgas frescas a bordo de una embarcación. Después de nueve años, se presentaron en el Hospital de Natales 26 personas con síntomas de intoxicación y murieron dos de ellas. Hace dos días, dos personas se intoxicaron con la ingestión de mariscos provenientes del sector Chabunco, ubicado a 25 Kilómetros de la ciudad, pero salvaron la vida al ser tratadas a tiempo. Estos brotes obligaron que, a partir de 1991, se exigiera el análisis toxicológico de los productos del mar susceptibles de ser afectados por la marea roja. Los enfermos deben ser asistidos médicamente lo antes posible y hacerse el vaciado de estómago, ya que el veneno se absorbe rápidamente. Por lo tanto, solicito que se envíen oficios al Subsecretario de Pesca y al Ministro de Salud para que se considere en forma urgente el otorgamiento de recursos adicionales que permitan, además, estructurar un programa que perdure en el tiempo y que contribuya a erradicar la marea roja en forma definitiva. Los fondos asignados, y que se agotaron, sumaban 100 millones de pesos, y para mantener el programa que se estaba llevando a cabo este año se necesitarán alrededor de 150 millones. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. RECHAZO A REANUDACIÓN DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CUBA. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Moreira, a quien restan tres minutos. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, hace algunas semanas, en conferencia de prensa de la Unión Demócrata Independiente, sostuve que me parecía muy importante que el Presidente Frei retomara su liderazgo en la conducción de las relaciones internacionales del país. Al respecto, el propio Presidente de la República expresaba que no estaba en carpeta reanudar relaciones diplomáticas con Cuba, y que eso se vería en el camino. Sin embargo, sus declaraciones eran contradictorias con las del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Insulza, quien manifestaba que se establecerían relaciones a principios del mes de enero. Nosotros pensábamos que el Presidente Frei tenía el liderazgo, pero en materia de relaciones exteriores, lamentablemente la conducción la está llevando la Izquierda, y las líneas y pautas las entrega ese sector. Por presiones y por dar una victoria única a la Izquierda dentro de la Concertación, el Gobierno ha querido elevar, a nivel de embajada, las relaciones diplomáticas con Cuba, lo que en los próximos meses así será. En verdad, la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba la tenían evaluada desde hace mucho tiempo; faltaba determinar el momento propicio generalmente las vacaciones para decidirlo. La Unión Demócrata Independiente, interpretando el sentir mayoritario del pueblo chileno, rechaza absolutamente a una medida de este tipo, que sólo servirá para ayudar a abrir espacios en la comunidad internacional al gobierno de Fidel Castro, que constituye el último resabio del totalitarismo comunista en Occidente. Nuestro país tiene múltiples motivos para no reanudar relaciones diplomáticas con el régimen castrista. Desde luego, no podemos olvidar sus intentos de intervención durante más de dos décadas en nuestros asuntos; en especial a través de la ayuda a grupos terroristas que lucharon por desestabilizar a nuestro gobierno. Cuba se caracterizó por hacer exportaciones no tradicionales al mundo, entre ellas, el terrorismo, el cual hizo sucumbir a muchas democracias en Latinoamérica. Las escuelas de guerrillas y el apoyo económico que determinados grupos recibieron no pueden ser olvidados tan fácilmente. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, concluyó el tiempo de su Comité. El señor MOREIRA.- Termino, señor Presidente. Ello constituiría una ofensa grave al país que luchó por su libertad contra el régimen marxista. He dicho. POLÍTICA GENERAL DE AGUAS. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, que ha sido cedido al del Partido por la Democracia, según lo indicó el Jefe de ese Comité, tiene la palabra el Diputado señor Jara. El señor JARA.- Señor Presidente, agradezco al Comité del Partido Socialista por haberme cedido su tiempo. Quiero formular algunas consideraciones sobre la política general de aguas. El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo del país. Su disponibilidad y calidad influyen prácticamente en todos los aspectos y actividades de la vida nacional. La dinámica de la actual etapa de desarrollo económico y social del país demanda* cada vez mayores recursos hídricos. Se estima que en los próximos años se duplicará la demanda de agua para el consumo de la población, y lo mismo para el riego agrícola y para el uso industrial y minero. Se calcula que se sextuplicará el requerimiento para el uso hidroeléctrico. Pero, además de la perspectiva ambiental, las aguas se valorizan, cada día más, como un patrimonio ecológico, escénico y recreativo. Por otro lado, si bien nuestro país tiene el privilegio de contar con un largo e inmenso embalse natural; la cordillera de los Andes, su disponibilidad presenta limitaciones y dificultades a raíz de nuestra geografía diversa: norte árido, sur húmedo, estaciones y| ciclos hidrológicos marcadamente distintos. Un breve diagnóstico de la actual situación nos indica que como país deberemos enfrentar un proceso de escasez creciente del agua, un alarmante deterioro de la calidad del recurso y la existencia de conflictos cada vez más agudos entre los distintos usuarios, dado el carácter interrelacionado y la heterogeneidad de actividades ambientales, sociales y productivas que tiene el agua. Estos breves y sencillos antecedentes, que todos conocemos, hacen evidente y urgente diseñar una política nacional sobre sistemas de gestión de los recursos hídricos, que cautele los intereses generales de la sociedad, entendiendo por esto la optimización del uso del recurso, la eficiencia económica, la solución racional y armónica de los conflictos entre usuarios y el cuidado ambiental. Todo esto en el contexto de la estrategia nacional de crecimiento con equidad y sustentabilidad. La naturaleza y complejidad del problema, los numerosos y variados sectores e intereses involucrados, exigen que las soluciones que se encuentren sean estables en el largo plazo, para lo cual deben tener una amplia base de apoyo económico y social. A mi juicio, el problema mayor es precisar la condición de bien nacional de uso público de las aguas. A partir de este principio, los modos o formas de asignación racional y eficiente del recurso. Esta condición de bien nacional de uso público del agua está reconocida en la Constitución Política, en el Código Civil y en el actual Código de Aguas. No obstante, ésta es una declaración retórica; es un reconocimiento teórico, porque, en la práctica, en el desarrollo del resto de la legislación, y particularmente del derecho real de aprovechamiento, el agua pasa a ser, en realidad, de propiedad absolutamente privada. En efecto, en primer lugar, el Estado concede este derecho gratuitamente, a perpetuidad y en forma plena, es decir, con todos los atributos del dominio, uso, goce y plena disposición. Además, el Estado está obligado a concederlo si existe disponibilidad y no se afectan los derechos de terceros, en tanto no puede negarse, ni exigir justificación alguna y tampoco otorgar el derecho de aprovechamiento ligado a sus usos. El legislador del actual Código de Aguas de 1981, estimó que, no obstante la condición de bien nacional de uso público del agua, su aprovechamiento debía ser enteramente privado y la asignación del recurso debería hacerse sólo a través de los mecanismos de mercado. Entendemos que el propósito de esta legislación fue dotar de seguridad jurídica el aprovechamiento de las aguas para promover inversiones y hacer funcionar el mercado, en la perspectiva de asegurar el uso eficiente del recurso. Más allá de la evaluación que se pueda hacer o de las apreciaciones o valoraciones que se puedan tener respecto de esta normativa, lo cierto es que resulta del todo evidente que ella no resuelve adecuadamente los variados y complejos problemas que se presentan en esta área. La actual legislación de aguas, exageradamente liberal y permisiva, ha privilegiado sólo el interés privado en el aprovechamiento del recurso, desnaturalizando su condición de bien nacional de uso público y, con ello, ha provocado una serie de distorsiones que es necesario corregir. Desde luego, la condición de bien nacional de uso público del agua, que significa que este recurso pertenece a toda la nación, se encuentra desnaturalizada, primero, al obligar al Estado a conceder su uso en forma gratuita, a perpetuidad y con todos los atributos del dominio pleno, uso, goce y disposición; y segundo, al impedir, de esta forma, toda posibilidad del Estado de planificar en función del interés general el uso del recurso. En efecto, al privatizarse las aguas, se les concedió a los particulares un derecho de decisión absoluto sobre ellas, sin considerar para nada la necesidad y justificación del derecho solicitado y sin vincular el otorgamiento del derecho a su uso efectivo y real. Pero no se consideró el costo social que implica que los particulares sean dueños de las aguas, y tampoco la necesidad del país de reservarse usos in situ del agua, no representados sectorialmente, como la demanda ambiental, recreativa, de navegación, de pesca, etcétera. La normativa vigente consagró un derecho de propiedad sobre las aguas absoluto, arbitrario y abusivo, sin estimar para nada la función social de la propiedad, ni su condición de bien nacional de uso público y la dimensión ambiental del recurso. Consecuente con este concepto privatizador de las aguas, se entregó sólo a los mecanismos del mercado la asignación del recurso, sin prevenir las singularidades y dificultades naturales de los recursos hídricos y sistemas hidrológicos. Parece evidente que este esquema no ha funcionado y requiere de correcciones. No se trata de debilitar el derecho de propiedad respecto del uso de las aguas, ni de cuestionar los mecanismos de mercado. Se trata de conciliar su condición de bien nacional de uso público con la necesaria seguridad jurídica de sus derechos de aprovechamiento y, además, de adecuar los mecanismos de mercado a la naturaleza de los sistemas hidrológicos. En el curso del trabajo de la Comisión Especial de esta Corporación sobre una legislación de aguas, se ha ido expresando una cierta coincidencia de todos los sectores y técnicos que han entregado su opinión en torno a la necesidad de que, a lo menos, se establezca el pago de una patente por los derechos de aprovechamiento de aguas, como una manera de recuperar la condición de bien nacional de uso público del agua. Hoy sólo se encuentra gravado de manera indirecta el uso agrícola del agua, ya que los propietarios de suelo regado pagan un mayor valor por concepto de contribuciones de bienes raíces. Todas las otras actividades, usen o no el recurso, nada pagan por los derechos de aprovechamiento que tienen. Esta es una situación injusta que provoca distorsiones en la correcta asignación del recurso, incentiva la especulación y no optimiza el uso de un bien escaso, como ya lo es el agua. Además, esta situación no considera que existen variados costos sociales, asociados al hecho de que los particulares sean dueños de los derechos de aguas, costos que actualmente deben financiarse con recursos públicos. Entre estos costos, sólo por nombrar algunos, está la necesidad de hacer estudios y mediciones del recurso, inversiones en mantención y protección de los cauces naturales, registro de inscripciones de propiedad de los derechos, resolución de conflictos, fiscalización del correcto ejercicio de los derechos, entre otros. A este respecto, sólo como referencia, recordemos que en la reciente Ley de Presupuestos hemos aprobado recursos para la Dirección General de Aguas por un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos; más de 5.030 millones de pesos para obras fluviales y más de 366 millones de pesos para el Instituto Nacional de Hidráulica. E| decir, sólo en estas instancias públicas que cumplen funciones relacionadas con los recursos hídricos, el Estado invertirá durante este año cerca de 9 mil millones de pesos. Todas estas consideraciones justifican plenamente el pago de una patente que grave todos los derechos de aprovechamientos consuntivos o no, independientemente de su uso. Sabemos que ésta no es una cuestión fácil y que existen dificultades o problemas de orden práctico, teórico y económico. La primera dificultad práctica es que no se dispone de un registro con validez legal que permita efectuar este cobro en todo el país. Ella, sin embargo, no debería ser un obstáculo insalvable, por cuanto si queremos asumir seria* mente el problema de los recursos hídricos, el registro de propietarios de derechos de aprovechamiento debe crearse cuanto antes, asignando recursos especiales para ello. La segunda dificultad es teórica y dice relación con el valor de la patente. Radica en que el valor del agua, es decir, del derecho de aprovechamiento es muy variado y heterogéneo. A este respecto, nos parece, en primer lugar, que el valor de la patente debe ser único, es decir, todos los derechos de aprovechamiento deben pagar un mismo valor, independientemente de la actividad, ocupen o no ocupen el recurso. Creo que debe expresarse por unidad de tiempo y volumen y, como lo señala el actual Código de Aguas, ésta debe ser "metros cúbicos por segundo". En cuanto al valor mismo, algunos han expresado que debería ser el precio de mercado. Esta alternativa no parece viable porque no existe un mercado activo y regulado del agua, como, por ejemplo, el mercado de las tierras o suelos. La otra alternativa, que creo más viable y realista, es que la patente por los derechos de aprovechamiento del agua debe corresponder a los costos en que incurre el Estado para asegurar el funcionamiento del sistema. La tercera dificultad es la económica, en ^cuanto a que una patente significa agregar un costo nuevo a las diversas actividades económicas que usan el agua en sus procesos productivos. Pienso, no obstante, que esto es justo, por cuanto el agua es un insumo productivo fundamental y es, cada vez más, un recurso escaso, y por tanto el pago de una patente pareja a todas las actividades estimularía el uso eficiente del recurso. En el caso de la agricultura se podría establecer un período transitorio de cinco o más años, en el que los agricultores que pagan implícitamente el agua en las contribuciones de predios con riego quedarían exentos del pago de patente por sus derechos de aprovechamiento. Ello sin perjuicio, por cierto, de que durante este período transitorio puedan individualmente solicitar al Servicio de Impuestos Internos que considere para el cobro de sus contribuciones sólo el valor de sus tierras como de secano, casos en los que deberían pagar la referida patente por el derecho de aprovechamiento de aguas. Por último, en este punto creo también justo que considerada el agua como un insumo productivo, el pago de esta patente debería descontarse como gasto tributario, con lo cual se compensaría en parte este nuevo costo económico. Con el objeto de terminar y prevenir situaciones de acaparamiento con fines especulativos, estimo que se debería avanzar en un "cargo creciente adicional por el derecho de aprovechamiento no usado". Sabemos que el no uso es un concepto difícil de precisar, pero estimo que no es imposible concordar en una norma flexible que estimule el uso de un recurso escaso. Otro de los problemas urgentes que en esta materia debemos enfrentar es la calidad de los recursos hídricos. La contaminación de las aguas se debe abordar, en primer lugar, desde una perspectiva institucional, por cuanto hoy existen diversas instancias públicas con facultades en ésta materia, entre otras, la Dirección General de Aguas, el Servicio Nacional de Salud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el SAG, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la Dirección de Territorio Marítimo, empresas sanitarias, etcétera. Se deben concentrar en una sola instancia pública estas atribuciones dispersas, pero, además, avanzar rápidamente en modificar y modernizar la ley N° 3.133, que data de 1916, definir estándares de calidad para los distintos usos y normas mínimas de calidad de residuos líquidos, entre otros aspectos. En todo caso, es urgente y justo establecer "un pago por la contaminación de las aguas", es decir, un cargo adicional por concepto de cambio de calidad o contaminación de las aguas que pudiere provocar el usuario. La contaminación de las aguas provoca enorme daño a la sociedad, aumentando considerablemente el costo de las empresas de agua potable, que deben invertir cuantiosos recursos en equipos de descontaminación que aseguren la calidad de las aguas. La contaminación de los ríos elimina especies de fauna marina, provoca importantes pérdidas para la actividad pesquera y también causa pérdidas significativas en la actividad turística al perder el agua su dimensión recreativa y convertirse en un peligroso foco de infecciones y enfermedades. Creemos que se debe castigar con un pago el hecho de sobrepasar los niveles de contaminación previamente establecidos, como una manera de estimular a los usuarios, principalmente industriales, a que no contaminen las aguas en sus procesos productivos. Existen precedentes, en otros países, de pagos de patentes por derechos de aprovechamiento y contaminación. En Francia se paga un derecho por agua tomada y un derecho por contaminación evacuada. En España se paga un canon por utilización y un canon por contaminación. Otros elementos que deberían considerarse para recuperar, en la práctica, el carácter de bien nacional de uso público del agua, es la facultad del Estado para planificar el uso del recurso. En este punto, el rol del Estado no puede ser simplemente normativo. La asignación del recurso conforme al mercado se debe conciliar también con elementos de una planificación descentralizada, obligatoria para el Estado y orientadora para los privados. En este sentido, por ejemplo, se debería considerar la facultad del Estado para conservar aguas in situ para uso recreativo, ecológico, de navegabilidad o pesca. La planificación es un instrumento indispensable para impulsar un desarrollo sustentare. En tanto, en la forma más adecuada de relacionar con una visión global e integral, el necesario crecimiento económico con los impactos ecológicos. Finalmente, es necesario avanzar en una decidida descentralización en esta materia, para lo cual es indispensable crear las corporaciones administrativas de Cuencas, en relación con organizaciones constituidas por todos los usuarios, y con imperio para hacer obligatorias sus resoluciones. Quiero reiterar que no se trata de debilitar la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento ni al mercado como instrumento asignador del recurso, sino de conciliar el derecho de propiedad, que da seguridad jurídica, con el carácter de bien nacional de uso público del recurso, y de conciliar las reglas del mercado, para su asignación eficiente, con el también necesario instrumento de planificación descentralizada y orientadora del uso de este recurso natural, tan necesario para el desarrollo de nuestro país. Por lo anterior, solicito que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, acompañando copia de esta intervención, con el objeto de que, si lo tiene a bien, considere y estudie los planteamientos aquí formulados, se dé respuesta a cada uno de ellos y se implemente, si así lo estima, las iniciativas expresadas. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se oficiará en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los señores Diputados que lo indiquen en la Secretaría. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó a las 15.28. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.