REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 328a, EXTRAORDINARIA Sesión 25a, en jueves 18 de mayo de 1994. (Ordinaria, de 19.30 a 14.13 horas) Presidencia del señor Schaulsohn Brodsky, don Jorge. Presidencia accidental del señor Dupré Silva, don Carlos. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.HOMENAJES VI.ORDEN DEL DÍA VILPROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia 2004 II.Apertura de la sesión 2006 IILActas 2006 IV Cuenta 2006 V.- Homenajes 1.Homenaje en memoria del ex Diputado don Julio Mercado Illanes. Notas de condolencia 2006 —o—o— Sesión del Congreso Pleno 2010 Permiso constitucional 2011 VI.- Orden del Día. 1.Normativa sobre violencia intrafamiliar. Veto 2011 2.Eliminación de antecedentes penales. Primer trámite constitucional. 2021 3.Modificación de normativa legal sobre adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado. Proposición de la Comisión Mixta 2035 VII.Proyectos de acuerdo. 1.Incorporación de la Cámara de Diputados en preparación de la Confe rencia Internacional de la Mujer. Oficio 2036 2.Subsidio adicional para deudores de aguapotable. Oficio 2037 3.Exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado a inmuebles asignados o de propiedad de organizaciones comunitarias... 2039 VIII.Incidentes. 1.Reconstrucción de la escuela E 681 de Coronel (Octava Región). Oficios 2040 2.Precisiones sobre conflicto del magisterio 2041 3.Crisis del carbón. Oficios 2042 4.Facilidades de Empresa de Ferrocarriles del Estado en favor de construcción de obras de alcantarillado. Oficio 2044 5.Séptimo encuentro del "Comité de Fronteras Región de Los Lagos". 0ficio 2045 6.Uso de recursos del Senado. Oficios 2046 7.Política oceánica nacional 2048 8.Despido de funcionarios de Codelco. Oficio 2049  Réplica a intervención sobre uso de recursos del Senado Crecimiento de gastos reservados de ministerios Creación de fondo concursable para investigación científica marina. Oficio Uso de recursos de la ley N° 19.265. Inspección de obra vial en Malleco. Oficios Alcance a intervención sobre uso de recursos del Senado Situación financiera de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Oficios Navia y Lo Prado (boletín N° 115206) (S) 2056 3.Oficio del Senado, con el que comunica haber dado su aprobación, en segundo trámite constitucional, al proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de la asignaciones familiar y maternal y de las pensiones asistenciales que indica (boletín N° 120113) 2057 4.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto sobre violencia intrafamiliar (boletín N° 45107) 2057 X. Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicaciones: Del Diputado señor Arancibia, por la que solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 20 de mayo. Del Diputado señor García (don José), por la que informa se ausentará del país por menos de 30 días, a contar del 18 de mayo. De los Diputados señores Ojeda y Balbontín, mediante las cuales adhieren al proyecto sobre eliminación de antecedentes penales (boletín N° 45707). 2.Oficios: Del Ministerio de Hacienda, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor García-Huidobro, sobre banda de precios y poder comprador para el maíz. Del Ministerio de Defensa Nacional, por el que responde el enviado en nombre de los Diputados señores Ribera, Turna, Morales y Comité Parlamentario del Partido Renovación Nacional, relativo a proyecto de gimnasio para la localidad de Trovolhue. Del Ministerio de Obras Públicas, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Kuschel, camino Río PueloLlanada GrandeSegundo Corral. De los señores Acuña, Ascencio y Comités Parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional y Democracia Cristiana, déficit abastecimiento de agua potable de AncudChiloé, Décima Región. De los señores Hernández, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Cardemil, Estévez, Errázuriz, Gutiérrez, Martínez (don Rosauro), Montes, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Reyes, Silva y Villouta, asignación de fondos para proyecto VictoriaTraiguénLautaro. De los señores Ribera, Turna, Morales y Comité Parlamentario del Partido Renovación Nacional, inversión en camino TirúaTrovolhue. Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Zambrano, sobre conducta laboral y previsional de Pesca Chile S.A. A nombre de la Corporación, referente a situación previsional pescadores artesanales. Del Ministerio de Planificación y Cooperación, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Jara, relativo a análisis del impacto ambiental de la construcción de la central hidroeléctrica Pangue y del canal LajaDiguillín. De la Corporación de Fomento de la Producción, con el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Rodríguez (don Claudio), relativo a factibilidad de aumentar la capacidad de abastecimiento en la localidad de Putaendo, Quinta Región. Del Banco Central de Chile, mediante el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor García-Huidobro, relativo a la deuda subordinada. I.ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: (105) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Meló, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Allende Bussi, Isabel' --Arancibia Calderón, Armando --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Aylwin Azocar, Andrés --Aylwin Oyarzún, Mariana --Balbontín Arteaga, Ignacio --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Caminondo Sáez, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --De la Maza Maillet, Iván --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Ángel --Ferrada Valenzuela, Luis Valentín --Fuentealba Vildósola, Renán --Gajardo Chacón, Rubén --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --González Rodríguez, José Luis --Gutiérrez Román, Homero --Hamuy Berr, Mario --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado RuizTagle, José María --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Jürgensen Caesar, Harry --Karelovic Vrandecic, Vicente --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Makluf Campos, José --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Matthei Fornet, Evelyn --Melero Abaroa, Patricio --Montes Cisternas, Carlos --Morales Morales, Sergio --Moreira Barros, Iván --Muñoz Aburto, Pedro --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchon, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pizarro Soto, Jorge --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Rebolledo Leyton, Romy --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Rocha Manrique, Jaime --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Solís Cabezas, Valentín --Sota Barros, Vicente --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro --Turna Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Ávila, Raúl --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Venegas Rubio, Samuel --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos --Villegas González, Erick --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Wórner Tapia, Martita --Zambrano Opazo, Héctor Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Baldo Prokurica, Jorge Soria y Salvador Urrutia. Asistió, además, la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear. II.- APERTURA DE LA SESIÓN. Se abrió la sesión a las 10.30 El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.ACTAS. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Las actas de las sesiones 23a y 24a quedan a disposición de los señores Diputados. IV.CUENTA. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura de los documentos recibidos en la Secretaría. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Terminada la Cuenta. V.HOMENAJES. HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON JULIO MERCADO ILLANES. Notas de condolencia. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Corresponde rendir homenaje en memoria del distinguido hombre público, ex Diputado y ex Presidente de la Honorable Corporación, don Julio Mercado Illanes, recientemente fallecido. Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Morales. El señor MORALES (de pie).- Señor Presidente, Honorable Cámara, se nos ha encomendado la difícil pero, a la vez, honrosa tarea de rendir homenaje postumo en memoria del gran hombre público que fue don Julio Mercado Illanes, quien, entre otras muchas importantes actividades, tuvo el honor de presidir la Honorable Cámara. Nacido en Vicuña, realizó sus estudios en el Liceo de Hombres de La Serena. Se recibió de contador general, con honores, en el Instituto Superior de Comercio, en 1939. Desde 1934 hasta 1969, desempeñó diversos cargos en el Partido Radical: presidente provincial de la juventud, presidente de la asamblea de Coquimbo, vocal de la junta provincial; se constituyó en delegado permanente de las convenciones radicales. Fue gobernador provincial de Coquimbo en el gobierno de Juan Antonio Ríos; regidor desde 1946; en 1957, elegido Diputado por la cuarta agrupación departamental de La Serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle, Combarbalá e Illapel, hasta 1965, año en que se presentó de candidato a Senador. Luego, en 1969, nuevamente es elegido Diputado, y se desempeñó como parlamentario hasta 1973. Durante ese último período, ejerció la presidencia de la Honorable Cámara en la legislatura extraordinaria 19691970. En su actividad privada, don Julio fue apreciado como recto profesional y caballeroso hombre de negocios. En el campo social destacó como miembro prominente del Rotary Club y activo dirigente de instituciones deportivas, culturales y comunitarias. En el área gremial, su dedicación fue para la Asociación de Contadores de Chile. Este insigne servidor público, a quien le rendimos homenaje, será recordado siempre con afecto y gratitud por todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerle y que, de una u otra manera, se beneficiaron con su pujante labor o su cálida amistad. La Honorable Corporación que le vio trabajar incansablemente por tantos años en la tarea legislativa al interior del Comité, como integrante de la mayoría de las Comisiones permanentes y de muchas especiales, le recuerda hoy como parlamentario serio, generoso y justo, que entregó sus mejores energías y la claridad de su inteligencia al servicio de su zona y de la nación toda. El Partido Radical, que tanto le debe, transmite a su familia, por nuestro intermedio, sus sentimientos de hondo pesar por la irreparable pérdida de quien fuera uno de sus más ilustres militantes. Señor Presidente, os ruego tengáis a bien disponer que se hagan llegar a sus familiares las expresiones de condolencia de la Honorable Cámara. Don Julio Mercado Illanes, recibid este emocionado homenaje de quienes pensamos que la gratitud es uno de los valores humanos que debemos cultivar. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Vilches. El señor VILCHES (de pie).- Señor Presidente, en nombre del Honorable Diputado don Eugenio Munizaga, quien se restablece de una intervención quirúrgica y desde esta tribuna le deseamos un muy pronto restablecimiento, voy a entregar su homenaje escrito al destacado hombre público don Julio Mercado Illanes. Muchos son los homenajes que la Cámara rinde periódicamente, pero muy pocos son tan merecidos como el que hoy nos corresponde realizar. Don Julio Mercado Planes fue de aquellos servidores públicos que se dan muy de tarde en tarde en la vida política chilena. Los sólidos valores en que cimentó su carrera la libertad y la justicia social, son el mejor testimonio de lo que él nos ha legado. Los elquinos, como don Julio, sabemos del reconocimiento y de la deuda de gratitud que los habitantes de esa tierra, además de los coquimbanos y serenenses, tenemos con él. La dedicación y el desinterés con que sirvió al país y, en particular, a la gente de la región, son un ejemplo de vida consagrada al servicio de los demás. Quienes nos hemos dedicado al servicio público, tenemos mucho que aprender de la trayectoria de don Julio Mercado. Nació en un pequeño poblado del Valle de Elqui llamado Gualliguaica. Estudió en el Liceo de Hombres de la Serena y se tituló de contador en el Instituto Comercial de Coquimbo. Postuló y fue electo regidor, a muy temprana edad, por la Municipalidad de Coquimbo, y posteriormente se desempeñó como gobernador de ese departamento durante la administración del Presidente Juan Antonio Ríos. Transcurridos más de 12 años desde que ejerce como gobernador, su partido, el Radical, lo lleva de candidato a la elección complementaria en 1958. Es elegido Diputado y permanece en la Corporación hasta 1965. En 1969 recupera su asiento y sus pares lo eligen Presidente de la Cámara. Sin embargo, don Julio Mercado, para satisfacer su permanente inquietud y capacidad de trabajo en favor de los demás, no sólo actuó en la política, sino que, en forma permanente, sirvió con abnegación a la provincia de Coquimbo y a su gente. En ese sentido, fue precursor de la defensa de las provincias o regiones del país, sentimiento que aprendimos a valorar y defender en nuestra trayectoria pública. Por otra parte, se desempeñó como presidente del Rotary Club de Coquimbo, e integró un sinnúmero de instituciones benéficas y culturales de la zona, las que vieron enriquecido su capital humano con la presencia de este hombre sencillo, ponderado y laborioso. En materia política, siempre sirvió con lealtad y cariño al Partido Radical en su época gloriosa. Todas las colectividades quisieran contar con hombres como don Julio Mercado: leal, orgulloso, preocupado de evitar las divisiones personales y de sacar adelante al país y a su partido. El respeto y admiración que generaba, no sólo entre sus partidarios, sino en todos quienes le conocimos, constituyen el reconocimiento a un hombre que por su solidaridad, altruismo y ponderación, logrará perpetuar su espíritu en la gente de Coquimbo, La Serena y el Valle de Elqui. Vaya este sencillo pero sincero reconocimiento de los Diputados de Renovación Nacional y mío propio, en memoria de un hombre que nació, vivió y trabajó por su tierra. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Dupré. El señor DUPRÉ (de pie).- Señor Presidente, Honorable Cámara, en nombre de mi bancada, la del Partido Demócrata Cristiano, me corresponde rendir homenaje a Julio Mercado Illanes, distinguido ex parlamentario a quien su circunscripción electoral y la Patria le deben mucho y para quien la Cámara de Diputados guarda hoy recogimiento ante su muerte. Militó en las filas del Partido Radical desde los 14 años hasta 1969. Luego conformó el grupo organizador de la Democracia Radical. Fue presidente provincial de la Juventud Radical de Coquimbo; dirigente provincial de los empleados particulares de esa provincia; gobernador departamental de Coquimbo en el Gobierno del Presidente Juan Antonio Ríos; regidor en tres períodos por esa comuna; Diputado en tres períodos por la Cuarta Agrupación de Coquimbo: La Serena, Ovalle, Illapel, Elqui y Combarbalá; candidato a Senador en dos ocasiones por la entonces Segunda Agrupación Provincial de Coquimbo y La Serena. Participó en la Cámara de Diputados en las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Minería, de Agricultura y de Policía Interior de ese entonces. Fue un distinguido Presidente de la Corporación entre 1969 y 1970. Junto a otros parlamentarios, fue autor de la ley N° 16.494, que otorgó beneficios a las mujeres trabajadoras de la Administración Pública e instituciones semifiscales. También fue autor de la ley N° 15.907, por medio de la cual se concedió título de dominio a modestos pobladores de diversas poblaciones marginales. Representó a nuestro país en diversos foros internacionales. Particular mención debo hacer a su participación en eventos interparlamentarios mundiales y latinoamericanos, a los que acudió en representación de la Corporación. Amante de Chile y en particular de su zona, se destacó por su preocupación por todos los sectores ciudadanos que representó, y muchas son sus obras en su región, que están plasmadas en estadios, puentes, caminos, ferias, mercados, etcétera. Algunas veces escuché orgullosamente que para él fue un gran honor que la Corporación lo designara para acompañar los restos de Gabriela Mistral en su traslado desde la capital a la tierra de su origen, Monte Grande. Hoy, junto a ella, Julio Mercado seguirá, desde lo alto, trabajando por su región nortina, disfrutando de las letras y de la cultura, y mirando a Chile en su desarrollo. Se nos fue un gran hombre público con real vocación de servicio por los demás. Repito: un destacado ex Presidente de la Corporación, un Diputado de excepción. En nombre de la Democracia Cristiana, reciba su familia un dolorido abrazo de sentimiento por su muerte y un orgulloso homenaje porque Chile y su zona lo hayan tenido entre sus representantes más destacados. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO (de pie).- Señor Presidente, me corresponde rendir homenaje en memoria de don Julio Mercado Manes en el nombre de las bancadas del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y del PDI. Como se ha dicho, fue un servidor público ejemplar, un militante y dirigente del Partido Radical que contribuyó a la grandeza y al progreso de nuestra patria. Representó al norte de Chile, cuna del radicalismo y de las ideas del progreso, que muy bien supo encarnar en esta Corporación como Diputado y Presidente. La muerte le llega como el sino natural, después de una vida dedicada al servicio público. Nos inclinamos con respeto ante su memoria, más allá de los encuentros y desencuentros que la vida política de las últimas décadas en Chile ha devenido en momentos difíciles para la patria. Por eso, en nombre de las bancadas que represento, envío nuestras condolencias muy sinceras a sus familiares. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma. El señor PALMA, don Joaquín (de pie).- Señor Presidente, el 23 de abril próximo pasado falleció en Santiago, a los 74 años de edad, el ex Diputado y ex Presidente de la Cámara de Diputados, don Julio Mercado Manes. Julio Mercado nació en el valle de Elqui, específicamente en el pueblo de Gualliguaica, próximo a desaparecer bajo las aguas del futuro embalse de Puclaro. Creció en el valle y luego fue a estudiar en el liceo Gregorio Cordovés, de La Serena, donde conoció y escuchó a los grandes proceres del radicalismo, que por aquellos tiempos eran los líderes políticos del Norte Chico, como Gabriel González Videla, Humberto Alvarez o Pedro Enrique Alfonso, cuyos ideales y valores aprendió. Muy joven, a los 14 años, ingresó al Partido Radical. Continuó sus estudios en el Instituto Comercial de Coquimbo, donde obtuvo el título de contador, e inició una destacada vida profesional y política, debido a su gran capacidad de liderazgo. Sentía un profundo cariño por el puerto de Coquimbo, del cual se declaraba hijo adoptivo, y donde formó su hogar. Ello lo llevó a participar en distintas actividades sociales y de bien público. Fue presidente del Rotary Club y dirigente de muchas e importantes organizaciones locales. Después de ocupar cargos directivos en la Juventud Radical, durante 12 años fue regidor de la Municipalidad de Coquimbo, donde desarrolló destacada labor en beneficio de los pobladores, que vivían en difíciles condiciones en una ciudad que iniciaba un crecimiento vertiginoso. Su trabajo social y político fue reconocido por la comunidad provincial, la que en 1958 lo eligió Diputado, cargo para el cual fue reelegido en 1961 y 1969. En 1965 fue candidato a Senador y, por un estrecho margen, no logró la victoria. En su tercer período parlamentario fue elegido Presidente de la Cámara de Diputados, cargo que desarrolló con singular acierto entre 1969 y 1970. Como Diputado, fue autor de innumerables iniciativas que beneficiaron al país y a su provincia, especialmente por su trabajo en las Comisiones de Minería y Agricultura, en las cuales se centralizaban las actividades más importantes de Coquimbo, cuyos mineros y agricultores lo recuerdan hoy con agradecimiento, porque supo apoyar las soluciones a los problemas que los afectaban, en particular a los más pobres de la zona de secano, que, tal como ahora, sufrían las vicisitudés de la sequía recurrente. Con la muerte de Julio Mercado Manes, el país, la Cuarta Región y la política chilena han perdido a un hombre ejemplar que aportó mucho, dio mucho y supo querer a su tierra natal a lo largo de una vida generosa. Hoy sus cenizas reposan junto a las de Gabriela Mistral en los campos con viñedos de Paihuano, tal como lo pidió Julio Mercado, porque quiso seguir para siempre junto a sus amigos y familiares muy queridos en los parajes que en vida le dieron refugio para descansar y pensar. Reciban sus familiares el homenaje de la bancada democratacristiana y, en especial, el del Diputado que hoy representa como él lo hiciera a la gente de esa zona, que lo recuerdan con cariño. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- De este modo, la Honorable Cámara de Diputados ha rendido homenaje en memoria de don Julio Mercado Manes. Aplausos. —o—o— SESIÓN DEL CONGRESO PLENO. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para integrar la Comisión de Reja que recibirá a Su Excelencia el Presidente de la República en la sesión solemne del 21 de mayo, con los Diputados señores Balbontín, Villouta, Vargas, Errázuriz, Karelovic, Muñoz y Letelier, don Juan Pablo; y la de Pórtico, con los Diputados señores Silva, Ojeda, Martínez, don Rosauro; Jürgensen, Alvarado, Pérez, don Aníbal, y señora Rebolledo. Acordado. Informo a la Honorable Cámara que hemos llegado al siguiente acuerdo con el Senado, para los efectos de la ubicación de los parlamentarios en el Congreso Pleno: en la primera fila, estarán los Vicepresidentes de ambas ramas y los Diputados y Senadores miembros de la Comisión de Pórtico. Luego, en el sector de parlamentarios, los Honorables Diputados y Senadores, por estricto orden alfabético. Acordado. El señor RIBERA.- Pido la palabra. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor RIBERA.- Señor Presidente, ¿cuándo se realizará la sesión inaugural de la legislatura ordinaria? El señor SCHAULSOHN (Presidente).- E1 21 de mayo, alrededor de las 18 horas. El señor RIBERA.- ¿Y por qué no antes del discurso presidencial? El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Por razones logísticas, señor Diputado. El señor RIBERA.- La logística indica que es factible, señor Presidente. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- No, señor Diputado, porque en el curso de la mañana hay un conjunto de actividades protocolares con nuestra gloriosa Armada, a las cuales asistirán muchos parlamentarios. El señor RIBERA.- Me refería a la posibilidad de que se hiciera, por ejemplo, a las 15 ó 15.30. Como esa sesión va a durar cinco minutos, podríamos realizarla antes del discurso presidencial, y así se entendería iniciada la legislatura. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- No me parece una mala idea, pero ello requiere el acuerdo de la Corporación, ya que implica hacerla antes de la apertura de la legislatura, señor Diputado. El señor RIBERA.- Señor Presidente, me parece que el Presidente de la República ya no abre la legislatura. La Cámara se entiende convocada por ley, por mandato constitucional, a partir del 21 de mayo. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Resolvamos el asunto. ¿Hay acuerdo para hacerla a la 15? Varios señores DIPUTADOS.- No, señor Presidente. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- No hay acuerdo. Entonces, queda citada la Cámara para las 18 horas. PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Corporación para acceder al permiso constitucional solicitado por el Honorable Diputado señor Arancibia para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del 20 del presente. Acordado. VI.ORDEN DEL DÍA. NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Veto. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse del veto sustitutivo del Presidente de la República al proyecto sobre violencia intrafamiliar. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el Diputado señor Alberto Espina. Antecedentes: Veto de S.E. el Presidente de la República, boletín N° 451-07, sesión 20a, en 10 de mayo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 4, de esta sesión. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para darle a este proyecto el tratamiento de fácil despacho, es decir, su discusión durará 30 minutos. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ .- Señor Presidente, daremos nuestro acuerdo siempre que podamos intervenir brevemente los Diputados que estamos interesados en esta materia, luego del informe del Diputado señor Espina. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- E1 proyecto se vota a las 11.30. Si algún señor Diputado quisiera hacer uso de la palabra después de esa hora, solicitaré el asentimiento de la Sala para ello. El señor AGUILÓ.- No, señor Presidente. Prefiero que clarifiquemos ahora. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- ¿Lo que la Sala acaba de acordar? El señor AGUILÓ.- No hemos dado nuestra aprobación todavía. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Está bien. El señor AGUILÓ Si todas las bancadas tienen derecho a intervenir por lo menos una vez estaríamos de acuerdo. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Me parece razonable lo que plantea Su Señoría y concuerda, además, con lo que establece el Reglamento. Tiene la palabra el Diputado informante, señor Espina El señor ESPINA.- Señor Presidente, me corresponde informar el veto sustitutivo de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto sobre violencia intrafamiliar. Esta iniciativa se originó en una moción de los Diputados señores Aguiló, Mario Hamuy, Jaime Naranjo y Sergio Ojeda, y de los ex Diputados señora Adriana Muñoz y Jorge Molina. El fundamento del veto radica en la petición formulada por los Senadores señores Rolando Calderón, Sergio Fernández, Ricardo Hormazábal y Miguel Otero, y los Diputados señoras Fanny Pollarolo, Martita Wómer, y señores Aldo Cornejo, Andrés Chadwick y Alberto Espina, para que Su Excelencia concordara los criterios en aquellos aspectos discrepantes existentes entre el Honorable Senado y la Cámara de Diputados. Las materias que generaron controversia eran básicamente tres. Fueron resueltas con el pleno acuerdo de los parlamentarios que tuvieron mayor participación en el trabajo de Comisiones y en la Sala en el estudio de este proyecto. ¿Cuáles eran esas materias? En primer lugar, en el artículo 1°, el Senado, para tipificar el delito de violencia intrafamiliar, estableció como requisito que el maltrato que afectara la salud física o psíquica de la víctima debía ser significativo. Ese elemento subjetivo, en opinión de los Diputados, creaba gran dificultad para la aplicación de esta ley, razón por la cual se eliminó la expresión "significativamente", acogiéndose la tesis de la Cámara de Diputados. El segundo punto se refería al tribunal llamado a conocer de las denuncias que se formulen por este tipo de delitos. La Cámara de Diputados propuso que la competencia radicara en el juez de letras de menores y, subsidiariamente, en el de policía local. Los estudios realizados por el Ministerio de Justicia, nos llevaron a la conclusión de que resultaba de mayor acceso para la comunidad que estos conflictos fueran de conocimiento del juez letrado de turno en lo civil. Este punto fue resuelto con un criterio objetivo: determinar en qué lugares y en qué comunas era posible un mayor acceso, considerando los jueces de policía local y los letrados de turno en lo civil, y se concluyó que estos últimos tienen mayor cobertura nacional para conocer de estos conflictos, razón por la cual se acogió en este punto el criterio sustentado por el Senado. En tercer lugar, y quizás lo más relevante, se acogió la tesis de la Cámara de Diputados de que las medidas cautelares esto es, aquellas que la víctima del delito de violencia intrafamiliar puede solicitar al juez o éste decretar de oficiose podrán adoptar desde el momento mismo en que se recibe la denuncia o demanda, cuando la gravedad de los hechos lo amerite, y no una vez realizado el comparendo, como lo había propuesto el Senado. En la letra h) del artículo 3o se señalan las medidas cautelares que tienen por objeto dar debida protección a las víctimas de este tipo de infracciones, las cuales, reitero, pueden decretarse de inmediato, sin tener que esperar la contestación de la demanda, como lo había propuesto inicialmente el Senado, lo que, en la práctica, hacía inoperante la norma. En esta materia, se acogió el criterio de la Cámara de Diputados para dotar a las víctimas de un instrumento extraordinariamente útil para prevenir estos hechos. Estas son, en lo esencial, las tres modificaciones del proyecto relacionadas con las discrepancias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados, y que su Excelencia el Presidente de la República ha recogido en un veto a sugerencia de los parlamentarios. Al concluir, sólo me resta destacar que se trata de una moción parlamentaria que legisla sobre uno de los problemas más graves que afectan actualmente a nuestra sociedad, iniciativa que fue enriquecida por sus autores y por los parlamentarios que intervinieron durante su tramitación. También debo destacar la labor de la señora Ministra de Justicia, que permitió resolver, en forma eficiente y expedita, las discrepancias entre ambas Cámaras que impedían el despacho de este proyecto y, su materialización en ley. Dado que este texto reúne el consenso de todos quienes han intervenido en su tramitación, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda, en forma unánime, la aprobación del veto sustitutivo en los términos indicados por su Excelencia el Presidente de la República. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, comparto la información y los juicios del Honorable señor Espina, Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, respecto del veto sustitutivo de su Excelencia el Presidente de la República. Antes de referirme a dos o tres aspectos del veto, deseo, en primer lugar, rectificar lo que, según entiendo, es una omisión involuntaria del primitivo mensaje, tal como consta en los informes de la Cámara, del Senado y de la Comisión Mixta. La iniciativa tuvo su origen en una moción de la ex Diputada señora Adriana Muñoz y de quien habla, a la cual adhirieron otros colegas, algunos de los cuales no están mencionados en el mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, entre ellos, los Diputados Estévez, Letelier, don Juan Pablo, y Montes. Por tratarse de una moción como saben los Honorables colegas, no son muchas las que, luego de una larga y dificultosa tramitación, logran convertirse en ley de la República, es sano hacer estas precisiones, pues tienen que ver con la potestad parlamentaria de quienes hemos presentado iniciativas que, por la buena voluntad de ambas Cámaras, están a punto de transformarse en ley. En segundo lugar, quiero rectificar una segunda omisión, esta vez del oficio que acompaña al veto: no menciona a algunos de los parlamentarios que suscribieron la carta que enviamos al Presidente de la República, en la que solicitamos que remitiera, a través de un veto sustitutivo, un proyecto de ley distinto del aprobado por ambas Corporaciones, después de considerar la proposición de la Comisión Mixta, petición absolutamente constitucional. Aprovecho la ocasión para expresar nuestro agradecimiento al Presidente de la República, quien accedió a la solicitud del Parlamento. Por otra parte, dado que en la actual Corporación hay muchos parlamentarios que no estuvieron presentes en cada una de las fases de la tramitación del proyecto, debo recordar que fue presentado a fines de 1990 por los Diputados antes mencionados. Luego de dos años de tramitación en la Cámara y uno en el Senado, se constituyó una Comisión Mixta por las discrepancias entre ambas Corporaciones, la que evacuó un informe que fue ratificado por ellas. La circunstancia de que hayamos tenido que utilizar el mecanismo constitucional del veto sustitutivo del Presidente de la República, derivó de que, con posterioridad al informe de la Comisión Mixta, surgieron posibilidades de perfeccionamiento del proyecto, las que sólo se podían materializar mediante este veto, recurso tan poco frecuente, aunque todos hubiéramos querido que estos temas se incorporaran en la propia tramitación legislativa. Respecto del fondo del proyecto, tal como lo ha señalado muy bien el Diputado señor Espina, las discrepancias entre la Cámara y el Senado se refirieron a tres puntos, cuya importancia podrá ser constatada por la ciudadanía durante la aplicación de la ley. El primero se relaciona con la definición O tipificación de la violencia intrafamiliar. A juicio de la Cámara, la proposición del Senado contenía elementos restrictivos, que probablemente harían inviable la aplicación del proyecto, pues planteaba que la salud física o psíquica de la víctima de la violencia familiar debía ser significativamente afectada para tipificarla como tal. Al imponerse el criterio de esta Corporación, la norma quedó, a nuestro juicio, redactada de manera adecuada y satisfactoria, pues permite que hechos que cotidianamente, por desgracia, viven muchas familias de nuestra patria, sean tramitados o vistos por los tribunales correspondientes en el marco de esta ley. El segundo tema tiene que ver con los tribunales que conocerán las causas de violencia intrafamiliar. Al respecto, se aceptó el criterio del Senado para que los tribunales de letras en lo civil sean los competentes en estas materias. El tercer aspecto que generó controversias entre la Cámara y el Senado, se refiere a un tema extraordinariamente relevante que, por lo menos en opinión de los autores de la iniciativa, constituía el eje fundamental del proyecto: la adopción, por parte del juez, de un conjunto de medidas cautelares o precautorias en favor de la víctima de la violencia intrafamiliar, una vez que ella, de manera directa o a través de familiares, se atreviera a efectuar la denuncia correspondiente ante los organismos policiales o el propio tribunal. Por desgracia, durante la tramitación del proyecto, el país y nosotros fuimos testigos de hechos extraordinariamente graves, que terminaron con la vida de por lo menos tres mujeres recuerdo el caso de una señora de Temuco, en 1991; de otra de Talca, en 1990, y de una de la Quinta Región, en 1993, los que se produjeron, según crónicas de los medios de comunicación de la época, porque no se contaba con una legislación y, sobre todo, con los mecanismos precautorios o cautelares que esta normativa entrega a los tribunales. Se trata hago esta síntesis para los nuevos parlamentarios de que, una vez efectuada la denuncia respecto de un hecho de violencia intrafamiliar, el juez pueda, en mérito de los antecedentes que conozca, dictar un conjunto de medidas precautorias o cautelares que protejan a la víctima, las cuales tienen un enorme efecto sobre la salud física o psíquica de la misma, como son, entre otras, prohibir durante un período la cohabitación con el agresor, no permitir que éste visite la casa o el lugar de trabajo de la víctima, o si ésta es un menor de edad, prohibir la asistencia al colegio o al lugar donde estudia. Se trata insisto de un conjunto de medidas precautorias y cautelares que evitan las represalias cuando la denuncia se ha deducido ante un organismo competente, ya sea policial o judicial. Afortunadamente, en esta materia se concordó con el criterio original de la Cámara, lo que nos permite disponer de una medida muy relevante, tal como lo habían concebido inicialmente las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y, posteriormente, la Sala. Por último, estando a pocos días de que el proyecto se transforme en ley de la República, expreso mi reconocimiento a la Corporación y a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos por la forma seria y responsable como fue tratada, perfeccionada y mejorada esta moción y, muy particularmente, por la manera despolitizada y despartidizada como fue abordada. Tal como lo indicó muy bien el colega Espina, no intervinieron criterios políticopartidistas, sino el conocimiento a fondo que demostraron tener los Diputados sobre la realidad que trata el proyecto y el deseo de legislar en forma seria para resolver efectivamente un vacío existente en nuestra legislación. Por último, reconozco que en todo momento contamos con la colaboración expedita traducida en indicaciones que siempre mejoraron el proyecto del Servicio Nacional de la Mujer, encabezado, en ese momento, por la actual Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, antes que nada, anuncio nuestra aprobación al veto del Ejecutivo. Sin embargo, es la oportunidad de dejar establecidas ciertas constancias sobre la aplicación práctica de la futura ley. Tengo ciertas reservas respecto de la conveniencia de dar competencia sobre la materia a los juzgados civiles. Me inclino más por la posición original de la Cámara, expuesta en la moción parlamentaria que originó la iniciativa. Los tribunales civiles están recargados de trabajo, pues tienen competencia general, tanto en la jurisdicción contenciosa como en la voluntaria, y a pesar de que se establece un procedimiento más expedito, tengo serias dudas respecto de la efectividad de la aplicación de la ley. Me habría inclinado reitero por la moción original. Debemos tener cuidado en ese aspecto y, si es necesario, en el futuro debería trasladarse tal competencia a los tribunales vecinales, cuya creación se encuentra en debate en el Parlamento. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable Diputada señora Aylwin. La señora AYLWIN (doña Mariana).- Señor Presidente, en nombre de la bancada democratacristiana expreso nuestra alegría por el hecho de que este proyecto esté llegando en buena forma a su etapa final. Cuesta comprender que a pesar de ser la violencia intrafamiliar un problema que todos queremos contribuir a solucionar, haya tenido una tramitación tan larga y difícil y estado a punto de fracasar. Por eso, valoramos en forma muy especial el esfuerzo final que, a partir de la iniciativa de la Ministra señora Soledad Alvear, realizaron los Diputados y Senadores de todas las bancadas para llegar a un acuerdo, recogido en el veto del Presidente Frei, quien, al enviarlo demuestra su voluntad de enfatizar este tema que deteriora la fortaleza de la familia. No quiero abundar en cifras ni en el drama de la violencia intrafamiliar en Chile, sino sólo señalar que esta iniciativa ha puesto el tema en conocimiento de la opinión pública, y ha contribuido a crear conciencia acerca de él. Por otra parte, estamos conscientes de que no basta con una ley. Por ejemplo, se ha destacado la necesidad de que existan tribunales más expeditos que se encarguen del asunto. En consecuencia, tenemos por delante la tarea de crear los tribunales familiares. No obstante, con este proyecto estamos dando un paso más que, junto con otras políticas preventivas, contribuirá a cambiar un modelo de conducta violenta al interior de la familia, que se arrastra por siglos y que tiene efectos sobre toda la sociedad. Quiero destacar dos aspectos del proyecto que me parecen muy relevantes. Por una parte, recoge nuestra realidad al reconocer el concepto de familia, más allá de sus miembros considerados individualmente, y de si ella proviene del matrimonio o de las uniones de hecho o las convivencias. Es un avance conceptual, ya que nuestro Código Civil, que data de 1855, incidentalmente aporta una noción que visualiza a la familia como unidad económica de producción y consumo, recogiéndola sólo desde la perspectiva de sus miembros individuales. Proyectos como éstos debieran agregarse a otros de gran importancia, a fin de que, en un plazo razonable, tengamos un Código de Familia. Por último, el proyecto tiende a la búsqueda de la conciliación en el ámbito familiar; si no la hay, se llega al proceso. Asimismo, garantiza la debida convivencia del grupo familiar y la integridad física del ofendido. O sea, recoge un concepto de familia que es nuevo en el Código Civil. Por todos esos motivos, reitero la voluntad y la alegría de la Democracia Cristiana de aprobar el proyecto. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia. La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).- Señor Presidente. Tanto el Diputado informante como los parlamentarios que han hecho uso de la palabra han dado a conocer los contenidos fundamentales de la iniciativa legal, que se traduce en el veto de Su Excelencia el Presidente de la República. Tan sólo quiero agregar dos elementos a los ya indicados esta mañana. El primero dice relación con la inquietud manifestada respecto del tribunal competente para conocer de la violencia intrafamiliar. Recordando la discusión realizada en el Congreso en estos tres años, hemos pensado en muchos tribunales y visto las ventajas y desventajas de cada uno de ellos para conocer de esta materia tan especial. Efectivamente, se analizó la posibilidad de que fuesen los tribunales de menores, los de policía local y, finalmente, los civiles. Se llegó a la conclusión de que mientras en el país no existan tribunales de familia, lo que originalmente se establecía en la iniciativa legal, en un artículo transitorio, es preciso que conozcan estas denuncias los tribunales más numerosos en el país, de manera que las víctimas de violencia intrafamiliar puedan tener una atención oportuna y expedita y el juez pueda decretar las medidas cautelares mencionadas anteriormente, para evitar situaciones graves como las conocidas en los últimos años. El segundo está relacionado con la génesis del veto de su Excelencia el Presidente de la República. A pesar de haber amplio consenso sobre la materia, el proyecto se discutió tres años en el Congreso Nacional, y existiendo la posibilidad de que eventualmente, luego de aprobado por la Cámara, un veto no tuviese igual acogida en el Senado, se llegó a la convicción de que era necesario procurar un acuerdo y fueron los propios Diputados y Senadores quienes solicitaron a Su Excelencia el Presidente de la República la presentación de las observaciones que hoy se votan, por cuanto recogen el trabajo parlamentario sobre la materia. Por último, agradezco la confianza demostrada por los Honorables parlamentarios, en términos de recabar del Presidente de la República estas observaciones para superar las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras. Gracias. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señorita Saa. La señorita SAA.- Señor Presidente, en mi nombre y en el de la bancada del Partido por la Democracia expreso mi alegría porque el proyecto se transformará pronto en ley. La violencia intrafamiliar, en especial la ejercida sobre la mujer y los niños, quienes son los que más sufren este flagelo, desgraciadamente no responde a problemas individuales, sino a un ámbito cultural, a una cultura que establece su licitud al interior de los hogares. Durante muchos años, las organizaciones de mujeres de nuestro país, de América Latina y de muchos otros países del mundo han analizado el problema y hecho campañas para su develación ante la opinión pública, a fin de transformarlo y hacer ver que es estructura] y no individual. El régimen que se da al interior del hogar, donde se produce la primera socialización de los niños, es proclive para el desarrollo de esta violencia, toda vez que el poder está en manos de un padre autoritario. Entonces, hay mucho que hacer en los planos legislativos y de programas estatales y privados en torno a la reflexión de estos temas en nuestra sociedad. Queremos expresar nuestra alegría por la acogida de la iniciativa en la Honorable Cámara. Felicitamos especialmente a la ex Diputada señora Adriana Muñoz y al Diputado señor Sergio Aguiló, que plasmaron en un proyecto de ley medidas para proteger, sancionar y develar en forma pública este problema; asimismo, al Servicio Nacional de la Mujer, que patrocinó este proyecto y realizó una importante investigación sobre el problema en nuestro país, dando a conocer su gravedad, y cómo esta violencia, tanto física como psíquica, se ejercía en número considerable de hogares de nuestro país. De igual modo, la acción de la Red de Violencia Doméstica, formada por organizaciones de mujeres de todo el país, que siempre trabajaron junto a los Diputados, haciendo ver que este importante problema debía ser asumido y enfrentado. El problema de la violencia doméstica en contra de la mujer y los niños, en especial con respecto a la primera, fue tratado en la última Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, efectuada el año pasado en Viena. Allí se condenó la violencia en contra de la mujer como un atentado y atropello a los derechos humanos de las mujeres. A mi juicio, esta ley será un instrumento eficaz; pero también es importante, desde el punto de vista de los procedimientos, crear los tribunales de la familia a fin de que acojan éste y otros problemas que afectan a la familia chilena. También lo es que a nivel municipal existan centros de orientación y atención jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia doméstica. Cuando fui alcaldesa de la comuna de Conchalí, se creó un Centro de Orientación Jurídica y Psicológica para atender a las mujeres víctimas de maltrato doméstico. Desde 1990 a la fecha, se ha atendido a más de cinco mil personas, entregándoles orientación individual y grupal en torno al problema. Es importante que estos servicios se den a nivel municipal, porque la orientación es fundamental. En la violencia doméstica, las víctimas mujer en la mayoría de los casos por razones culturales, tienden a sentirse culpables. Por ello, es necesario que exista una orientación destinada a mejorar su autoestima, a dignificarlas y, desde esa perspectiva, enfrentar y dar esa orientación en tomo a la pareja. Problemas como éstos son muy importantes en la vida cotidiana, y nos alegramos de que la Cámara haya tratado el tema en profundidad. Hay mucho más que hacer, porque esto, como decía, es consecuencia de una cultura; pero es menester que nosotros, como representantes del pueblo, seamos capaces de ver estos problemas, de no cerrar los ojos y abrir caminos a una sociedad democrática, profunda y real, donde hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, y la desigualdad de las mujeres sea enfrentada con perspectiva amplia, reconociendo que existe una cultura milenaria que debemos derrotar para construir sociedades humanas, civilizadas y democráticas. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Descontando el tiempo del Diputado informante y de la señora Ministra, restan diez minutos antes de votar. Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, mi intervención se refiere a dos aspectos: por un lado dice relación con una observación y una consulta, y por otro, incide en lo expuesto por la Honorable colega señora Mariana Aylwin. Entiendo que de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política, por el hecho de darle atribuciones a los tribunales, el proyecto sería materia de ley orgánica constitucional. Incluso, el inciso final del citado artículo señala: "La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema." El Diputado señor Orpis formulaba algunas dudas e inquietudes y deseo saber si existe tal informe y qué dice al respecto. Según la Diputada señora Mariana Aylwin, el legislador, por esta vía, ha interpretado el concepto de familia extendiéndolo más allá del matrimonio y de los hijos que de él provengan. A mi juicio, no es eso lo que debe entenderse de este proyecto, y quiero dejarlo establecido para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. El artículo 1°, bajo el título "De la Violencia Intrafamiliar", agrupa a personas que van más allá de la familia, porque nadie puede decir que forman parte de la familia el pupilo o los que están "bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo el mismo techo"; por ejemplo, la empleada doméstica. Deseo aclarar el punto, porque por la vía de la interpretación amplia de la familia, sencillamente se puede llegar a decir el día de mañana que, si bien la Constitución no definió ese concepto, esta ley sí lo hizo. Aquí hay un equívoco en cuanto al título, porque no es sólo la violencia intrafamiliar, sino la que se produce en contra de cualesquiera personas de los que viven bajo el mismo techo, sea el matrimonio u otras personas, aunque no estén ligadas por vínculos de consanguinidad. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo. La señora POLLAROLO.- Señor Presidente, está escuchando el debate y lo que será, sin duda, la aprobación de este importante proyecto, una delegación muy significativa y amplia de organizaciones de la tercera edad. Ellos, así como los jóvenes que nos oyen, estarán tan satisfechos como nosotros de contar, por fin, con una ley tan indispensable y necesaria que enfrenta, quizás, el problema más doloroso que puede darse al interior de la familia y de los hogares: la discriminación y la desigualdad de sus miembros, es decir, cuando la familia y los hogares dejan de ser el lugar de protección para transformarse en uno de agresión. Este proyecto es muy trascendente, porque abre camino a lo que ha sido y será un debate interesante y difícil sobre una polémica que se va a producir. No me apuro, porque creo que con mucha riqueza espiritual y amplitud tendremos que hablar sobre todo esto muy latamente. Si queremos efectivamente proteger a la familia, tendremos que hablar con verdad, honestidad y realismo sobre lo que ella es hoy en nuestra sociedad. Esto es pertinente con un punto que también ha sido muy tocado: ¿por qué nos demoramos tres años en despachar una ley que es indispensable, una ley que demanda la sociedad entera y que hizo salir a la calle a organizaciones como la Red de Violencia Doméstica? ¿Por qué demoramos tanto? ¿Por qué las discrepancias entre la Cámara y el Senado? Creo que cuando tratamos problemas culturales estos se relacionan con la mente, las creencias, los prejuicios, los mitos, hay personas y sectores que tienen más dificultades que otros al cambio, porque la cultura cambia, no es estática. Los hábitos, las costumbres, las visiones del mundo son mutables. Por lo tanto, estamos tocando temas de fondo tremendamente interesantes, pero que afectan nada menos que la vida y felicidad de la gente. Valoro el trabajo de los parlamentarios, en especial del Diputado señor Sergio Aguiló y de la ex Diputada señora Adriana Muñoz, quienes suscribieron la moción como autores. No es un trabajo de dos, sino de muchos, pero ellos lo iniciaron y, como dijo la Diputada señorita Saa, también hubo participación de la sociedad civil y de nuestras instituciones. El Parlamento no estuvo solo, pues no puede legislar aisladamente, y además, de las instituciones del Estado, participó la sociedad civil y se escuchó la voz de la mujeres, todo lo cual debe ser debidamente valorado. Con este proyecto comenzamos una tarea por efectuar: perfeccionar la ley. Como dijo la Diputada señora Aylwin y la señora Ministra, necesitamos tribunales de familia. Tendremos que abocarnos a eso, pero vamos avanzando en instrumentos que hagan la vida más humana y permitan que la familia sea el lugar de afecto y de protección que todos queremos. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Restan cinco minutos para votar. Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt. El señor JOCELYN-HOLT.- Señor Presidente, cuando nos referimos al juez competente en esta materia, estamos hablando de un tema básicamente opinable, que, si bien pudo haber sido discutido en la oportunidad en que se estudió el proyecto, supone determinar cuál es la medida más apropiada para hacer más eficaz la ley. Cuando se advierte la filosofía que hay detrás del proyecto, se concluye que se le quiere otorgar más arbitrios judiciales y más capacidad al juez para producir conciliación, adoptar medidas prejudiciales precautorias, rehabilitadoras o terapéuticas. Pero si se quiere entregar mayores facultades al juez, habrá que preguntarse si nuestros tribunales civiles están en condiciones de hacerse cargo del cúmulo de responsabilidades que implica conocer de estos casos, que son de mucha ocurrencia, pero que normalmente las personas afectadas no lo denuncian ante los organismos competentes. En nuestro país no existe la cultura que promueva la sanción y, al mismo tiempo, la cautela de un ambiente libre de violencia intrafamiliar. Por eso, tengo la impresión de que los juzgados de policía local habrían sido los más adecuados, por lo menos mientras no existan los tribunales de familia, para hacerse cargo de estos casos. Me parece que son los más cercanos a las personas y resulta más fácil acceder a ellos. Alguien podría aducir que no tienen la jerarquía o envergadura para tratar materias a las cuales les queremos dar mayor jerarquía o, por lo menos, demostrar que las consideramos de más importancia y que nos preocupan por tener mayor gravedad. Sin embargo, cuando se llega a la conclusión de que estos problemas obedecen más a hacinamientos, estrechez económica y trastornos psicológicos de extraordinaria complejidad, deberíamos consagrar una instancia que aplique adecuada y eficientemente las disposiciones del proyecto que vamos a aprobar, y entregar su conocimiento a jueces que estén en mejores condiciones de resolver. Percibo una profunda desconfianza y cierta frustración en muchos habitantes del país acerca de cómo se opera en los tribunales ordinarios de justicia. En esta materia, tengo la impresión de que es preferible hacer más eficientes instancias más próximas a las gentes que entregar estas facultades a aquellas más lejanas. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, el proyecto se inscribe en el conjunto de leyes que deberán dictarse para mejorar las condiciones en que se desenvuelve el núcleo básico de la sociedad, que es la familia. El Parlamento chileno, unido en esta iniciativa, hace un importante aporte al año de la familia. Ya vendrán la ley de divorcio, el mejoramiento de la condición de los hijos no nacidos en un hogar legalmente constituido, todas materias que exigen, un pronto estudio del Parlamento. Nuestra sociedad tiene componentes étnicos, culturales, históricos que han significado un grave deterioro para la familia, y que la convierten claramente en una sociedad enferma. Los abogados sabemos por experiencia cuán difícil es que un juez investigue la violencia intrafamiliar. Ahora sí podrá hacerlo. Es bueno que el legislador se introduzca en la intimidad, que con el mayor celo protegemos los chilenos. Así, evitaremos la impunidad respecto de hechos que no alcanzan la categoría de delitos, pero que causan el más grave daño que es posible imaginar a los miembros del grupo familiar. Señor Presidente, los Diputados radicales votaremos favorablemente la iniciativa. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, estimados colegas, así como hace pocos días atrás intervine durante la discusión del proyecto sobre violencia en los estadios, haciendo referencia principalmente a que la violencia era una cuestión cotidiana en nuestra sociedad, generándose ésta en muchas ocasiones en el propio núcleo familiar, lo que lleva, además de graves consecuencias para muchas mujeres, a que gran cantidad de niños y jóvenes se formen dentro de un clima que incide directamente en su comportamiento posterior. El proyecto apunta directamente a que se tomen medidas que impidan el maltrato físico, o psíquico al interior de la familia, que sólo alimenta el germen de la violencia, hoy lamentablemente tan común en nuestra sociedad. Por eso, anunció mi voto favorable a este proyecto, que espero sirva para terminar con el drama que viven tantas mujeres y niños de este país. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Cerrado el debate. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, quisiera saber si está el informe de la Corte Suprema. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Si, señor Diputado. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará el veto sustitutivo por unanimidad, dejándose constancia de que concurren a su aprobación los más de 70 señores Diputados presentes, de un total de 117 en ejercicio Aprobado. Despachado el proyecto. Aplausos. ELIMINACION DE ANTECEDENTES PENALES. Primer trámite constitucional. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, sobre eliminación de antecedentes penales, respecto del cual se ha emitido un informe complementario. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Elgueta. Antecedentes: Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín N° 4570-73, sesión 23", en 17 de mayo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 6. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- La Mesa propone como hora de votación las 12.30. Acordado Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, después de analizar la iniciativa originada en una moción de los Diputados señores Aldo Cornejo, Gutenberg Martínez, del que habla, y de los ex Diputados señores Hernán Bosselin y Hernán Rojo, procedió a estudiar nuevamente el proyecto que modifica la legislación sobre eliminación de antecedentes penales. El año pasado, la Cámara pidió que se reconsiderara esta iniciativa para reparar lo que, a juicio de algunos señores Diputados, comprometía una parte de su justa y exacta legalidad, objeción que se refería a la agravante de responsabilidad penal denominada "reincidencia", establecida en el artículo 12 del Código Penal, que se aplica a quienes han sido castigados anteriormente por delitos que la ley asigna igual o mayor pena o son reincidentes en delitos de la misma especie. Respecto de los fundamentos del proyecto, quiero señalar brevemente que son muchos los chilenos y chilenas que se encuentran con sus antecedentes, prontuarios y extractos de filiación con anotaciones que muchas veces les impide acceder a un trabajo, público o privado, o hacer uso de sus derechos políticos y que, en definitiva, sufren una especie de castigo infamante al conservarse esas anotaciones durante toda la vida. El decreto ley N° 409, de 1932, establece la posibilidad de que las personas condenadas puedan ser rehabilitada mediante la supresión o eliminación de sus antecedentes penales, una vez transcurridos dos años, si se trata de primer delito, ó 5 años, cualquiera que sea el número de delitos, contados desde la fecha de la última condena, con el objeto de que puedan volver a su vida normal, regenerados y reintegrados a la sociedad y para que se los considere como si nunca hubieren delinquido. De modo que la objeción que se hizo en la Cámara respecto de la reincidencia, es un problema ya superado en 1932. El proyecto modifica el articulado del decreto ley N° 409, a fin de perfeccionarlo e introducirle, como explicaré más adelante, una institución nueva: la eliminación automática, en ciertas circunstancias, de las anotaciones penales. En algunos países se exige que el reo no sea reincidente ni reiterante, ni esté sometido a medidas de seguridad en España la rehabilitación extingue de modo definitivo todos los efectos de la pena, y existe la eliminación de antecedentes por gracia, en forma automática o reglada, como ocurre en nuestro país, lo cual se pretende modificar con esta iniciativa. Es útil señalar que en los considerandos del decreto ley N° 409, de 1932, ya se indican los principales objetivos de un proyecto de ley de esta naturaleza, al decir "Que el régimen establecido en las prisiones, que tiende a la regeneración del delincuente, y, como su complemento, al mejoramiento moral y material de su familia, pierde una gran parte de su eficacia por el hecho de que el penado, después de cumplir su condena, queda marcado para toda su vida con el estigma de haber sido presidiario; "Que, en efecto, esta condición infamante queda anotada en el prontuario que se lleva en el Gabinete de Identificación y, por lo tanto, en su hoja de antecedentes; "Que es innecesario mantener esta anotación en el prontuario de aquellos ex penados que han demostrado fehacientemente estar regenerados y readaptados a la vida colectiva; "Que, como un medio de levantar la moral del penado que se esfuerce por obtener su mejoramiento por medio del estudio, del trabajo y de la disciplina, debe dársele la seguridad de que, una vez cumplida su condena y de haber llenado ciertos requisitos, pasará a formar parte de la sociedad en las mismas condiciones que los demás miembros de ella y de que no quedará el menor recuerdo de su paso por la prisión, y...". ¿Cuáles son las modificaciones que el proyecto introduce al decreto ley N° 409? La primera enmienda sustituye el inciso primero del artículo 1°, por el siguiente: "Artículo 1°.- Toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y que reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho, después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenada dos o más veces, a que, por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere rehabilitada definitivamente..." La expresión "rehabilitada definitivamente" es la primera modificación que se introduce en el inciso primero del artículo Io. La otra enmienda consiste en decir que "El Servicio de Registro Civil e Identificación, la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile, deberán eliminar las anotaciones, registros o constancias que existieren o se encontraren en los extractos de filiación, en el prontuario o en los controles de dicha persona." Luego, sustituye el artículo 2o del decreto ley N° 409, que señalaba los requisitos que debían reunir estas personas para obtener la eliminación de antecedentes penales. La nueva disposición señala: "Artículo 2°.- La persona que desee acogerse a los beneficios de esta ley, deberá cumplir las siguientes condiciones: "a) Presentar una solicitud de eliminación de antecedentes penales en el Ministerio de Justicia o en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia correspondiente; "b) Acreditar que la sentencia condenatoria se encuentra cumplida, mediante certificado de Gendarmería de Chile; "c) Tener una profesión u oficio; "d) Demostrar que, a lo menos, ha cursado la enseñanza básica y que, si era analfabeta en el momento de delinquir, ha aprendido a leer y escribir, y "e) Comprobar que, durante dos años o cinco años, según sea el caso, contados desde la última condena, no ha sido procesada ni condenada por delito, hecho que se probará con su extracto de filiación." La cuarta enmienda tiene por objeto sustituir el artículo 3°, que ha perdido su vigencia, por otro que otorga al Ministerio de Justicia las facultades de establecer el cumplimiento de las condiciones respectivas y de emitir los antecedentes al Presidente de la República para la dictación del decreto supremo que ordena eliminar los antecedentes penales. De esta manera, termina la intervención de la Dirección General de Prisiones, que debía reunir todos estos antecedentes y remitirlos al Ministerio de Justicia. La quinta enmienda se refiere al artículo 4o, el cual dispone que "Quedan exceptuadas de las condiciones señaladas en las letras b) y c) relativas a tener un oficio o saber leer y escribir, las personas que por su edad o estado físico, según certificado médico, no estén en condiciones de estudiar o trabajar." La sexta enmienda sustituye el artículo 5o por otro que establece: "Igual derecho para acogerse a los beneficios de esta ley tendrán las personas que hubiesen sido condenadas por faltas, contravenciones o infracciones legales, siempre que, durante los dos años siguientes al cumplimiento de la última condena, no hubiese incurrido en conductas similares a las causantes de la pena aplicada." La séptima enmienda constituye un importante avance en materia de rehabilitación de los condenados. En efecto, el nuevo artículo 11 consagra en nuestro ordenamiento jurídico, la rehabilitación automática o de derecho que se caracteriza porque por el mero transcurso de los plazos señalados por la ley, se puedan eliminar los antecedentes penales y las anotaciones que existan en estos documentos por parte del Servicio de Registro Civil. El nuevo precepto dispone: "Artículo 11.- No obstante lo dispuesto en los artículos 1°, 2o, 3o, 4o y 5°, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá de oficio a eliminar las anotaciones prontuariales que se encontraren en alguna de las situaciones siguientes: "a) La de las personas que tenían menos de 18 años en el momento de delinquir y que hubiesen cumplido su condena, si ella no fuere aflictiva es decir, si la pena fuera inferior a 3 años y un día, y si lo fuere o sea, superior, dos años después de cumplida, siempre que, en uno y otro caso, la anotación sea la única, y "b) En cualquier caso sea mayor o menor de 18 años, cualquiera que sea el número de delitos que haya cometido, cuando hubieren transcurrido diez años contados desde el cumplimiento de la última condena." Todos estos plazos, señalados para los efectos de la rehabilitación, se cuentan desde la fecha del cumplimiento de la condena; por ello, no se colisionan con la institución penal de la reincidencia, considerada como agravante, porque el artículo 104 del Código Penal dispone que tratándose de simple delito o de crímenes, el juez no toma en cuenta la reincidencia cuando han transcurrido 5 años, en el primer caso es decir, respecto de los simples delitos y de 10 años, en el caso de tratarse de un crimen, porque en estas situaciones estos plazos se cuentan desde la fecha de la comisión del delito y no desde la fecha del cumplimiento de la condena. Además, se agrega un artículo transitorio que tiene por objeto darle un efecto inmediato a esta ley, que es del siguiente tenor: "Las personas que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplieren los requisitos en ella establecidos o estuvieren en alguna de las situaciones que prevé, podrán acogerse de inmediato a sus beneficios." Esta disposición tiene un fundamento constitucional, ya que cuando existan dos disposiciones que puedan colisionarse, se debe aplicar la que más favorece al reo. En ese caso, se trata de reo procesado o condenado. Estos son algunos fundamentos por los cuales la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por unanimidad, acordó recomendar a esta Cámara la aprobación en particular del texto que he informado. Según datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Justicia, los casos de eliminación prontuarial, entre los años 1990 y 1994 son los siguientes: 19901991, 398; 1992, 523; 1993, 596; 1994, 224, lo que da un total a la fecha de 1.741 casos en que el Ministerio de Justicia, a través de decreto del Presidente de la República y de acuerdo con el decreto ley N° 409, ha procedido a eliminar los antecedentes penales y a dejar a las personas favorecidas como si jamás hubiesen delinquido. Esas cifras estadísticas demuestran la escasa utilización que se hace del decreto ley N° 409. Y nosotros, como parlamentarios, comprobamos que miles de personas no pueden votar y, asimismo, que otros no pueden acceder a un trabajo por el hecho de tener anotaciones prontuariales. Tal como lo señaló la Comisión en su discusión e informe, el proyecto es de gran trascendencia social. Para el análisis de la Comisión se encuentra un proyecto, originado en moción de los Honorables Diputados señores Espina y Fantuzzi, cuya finalidad es modificar algunos de los requisitos de ingreso a la Administración Pública y a la administración municipal, y también corregir algunas deficiencias del Código Penal en relación con la duración de las penas de inhabilitaciones para acceder a cargos públicos. En consecuencia, la Cámara demuestra que existe real interés en dar otra oportunidad a personas que tuvieron el infortunio de cometer un delito y haber sido condenadas. La Comisión señala que la institución de la rehabilitación de oficio o automática será fundamental para eliminar los antecedentes penales a delincuentes menores de 18 años, y también a aquellas personas que hayan cumplido su condena por numerosos delitos, en un plazo de 10 años, a contar de ese momento. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado don Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, he pedido la palabra para emitir algunas opiniones y, a la vez, hacer algunas consultas al Diputado informante sobre el informe complementario. No puedo dejar de mencionar que lo señalado por el Diputado señor Elgueta es muy cierto. Varias veces antes de elecciones se ha planteado, en forma reiterada una de las materias que contiene el proyecto. Al respecto, por iniciativa del ex Diputado señor Víctor Manuel Rebolledo y de quien habla, presentamos una moción. Posteriormente, en un debate sobre reformas constitucionales en la Sala creo que allí es donde, en última instancia, debemos abordar uno, de los temas, propusimos modificar los artículos 17 y 18, en el sentido de que se pierde el derecho ciudadano por haberse cumplido pena aflictiva. Está claro que quienes estén sometidos a proceso o cumpliendo pena aflictiva tienen suspendidos sus derechos ciudadanos, pero en nuestra legislación y en lo que consagra la Constitución hay criterios de dudosa conveniencia, como es esta segunda pena que se le impone a los ciudadanos. Según los antecedentes que tengo, a 45 mil ó 50 mil chilenos se les han quitado sus derechos ciudadanos, a pesar de haber cumplido sus penas y responsabilidades con la sociedad. Este es uno de los temas cuya solución debería facilitarse con el proyecto, pero subyace un problema de concepto, que no comparto. Se mantiene implícitamente una condena adicional, en forma absolutamente injusta, porque si una persona ha delinquido, además de cumplir la pena fijada por los tribunales, tiene que cargar con la pérdida de sus derechos ciudadanos. De acuerdo con la norma actual, se requiere una presentación ante el Senado; con la nueva ley, ella deberá formularse ante el Ministerio de Justicia. Pongo en el tapete de la discusión si es propio hacer una presentación solicitando por el restablecimiento de los derechos ciudadanos después de haberse cumplido una pena. Este requisito se introdujo en la Constitución de 1980 y afecta a un gran número de ciudadanos. Si bien lo que se propone es mejor que lo anterior, sigue existiendo el vicio de una segunda condena para quienes han delinquido o faltado a la ley en el pasado. Sin duda, hay un elemento muy importante en este proyecto, cual es el reforzamiento del principio de la rehabilitación, facilitar la inserción laboral de muchas personas que tienen dificultades debido a sus antecedentes. Recuerdo que en otra oportunidad, junto con el colega Carlos Montes, debatimos cómo esto afecta en particular a los jóvenes que en sus tempranos años cometieron faltas y que ahora tienen grandes dificultades para encontrar trabajo. Y es más, por esa razón, muchas veces caen nuevamente en prácticas delictivas que en nada ayudan a su efectiva rehabilitación. En relación con algunos artículos sometidos a nuestra consideración, las exigencias del numeral 2, que modifica el artículo 2°, en particular las letras c) y d), pecan de un elitismo que me sorprende. ¿Qué pasa con el joven que ha cometido un delito y desea acogerse a las normas de esta iniciativa para limpiar sus antecedentes? Aquí, en algunos casos, se le exige haber cursado la enseñanza básica o no ser analfabeto. ¿Cuál es mi discrepancia con este criterio? Ella obedece a que tengo la impresión quizás, las autoridades del Ministerio de Justicia puedan aclarar mi duda de que el analfabeto, por el hecho de serlo, no es delincuente ni ladrón per se, ni comete más delitos que un profesional de cuello y corbata; que tener educación básica no significa que sea menos proclive a prácticas delictivas que un universitario doctorado. Entiendo que otros factores influyen para que una persona cometa un delito. No sé si hay estadísticas que demuestren que el número de homicidas con menos educación básicas es mayor que aquellos con más educación. Aquí se pone una exigencia propia del criterio imperante durante el racionalismo ilustrado, en el sentido de que alguien con un certificado de educación básica estará en mejores condiciones de no cometer delitos nuevamente, que otro que no lo posea. El mecanismo que se propone para personas de edad o que tengan algún tipo de impedimento, consiste en un certificado que trate de resguardar cierto tipo de situación; pero es parte de nuestra cultura nacional ser medio crípticos y elípticos en nuestras cosas, para establecer la institución del "chamullo", del certificado arreglado por un médico o un amigo para no hacer esta presentación. Además, a quienes efectivamente son personas de edad se les dificulta la posibilidad de limpiar sus antecedentes. Pienso que en otro trámite no ahora, porque se requeriría acuerdo unánime para eliminar esta exigencia podríamos enfocar de manera diferente esta situación. Tengo duda acerca de si somos un tanto conservadores al modificar la legislación. Sería más adecuado que, en ciertos casos, automáticamente, sin problemas de plazo y en forma automática, se eliminaran ciertas anotaciones. Así debería procederse con los jóvenes. El proyecto contiene un elemento muy positivo en ese sentido. Esa inquietud la manifestamos tiempo atrás con el Diputado señor Montes; pero aquí se introduce un procedimiento que puede ser engorroso para el campesino que habita en Coltauco, por ejemplo, que rara vez llega a Rancagua y que no conoce dónde están las reparticiones públicas; o para el pescador que se encuentra en Palena y nunca ha ido a la gobernación en Chiloé. Aquí se establecen mecanismos que a veces dificultan o hacen imposible acceder a estos derechos. Pido una reflexión al respecto y hago un llamado para que, si estamos de acuerdo en facilitar la eliminación de las anotaciones penales, o aquéllas que impiden el acceso al trabajo o la recuperación de los derechos ciudadanos, a futuro seamos un poco más abiertos y consecuentes con el principio de creer en la rehabilitación de los ciudadanos después de cumplir con las penas que les fijan los jueces. La Diputada señora Pollarolo me ha solicitado una interrupción para plantear un tema puntual. E] señor SCHAULSOHN (Presidente).- La Honorable Diputada está inscrita en el uso de la palabra. La señora POLLAROLO.- Señor Presidente, sólo para seguir una línea de razonamiento. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Si Su Señoría desea hacerlo ahora, no hay inconveniente, con la venia de la Honorable Cámara. La señora POLLAROLO.- Señor Presidente, en términos generales, el proyecto en discusión es de extraordinaria relevancia y debemos tratar que se promulgue como ley a la mayor brevedad. La lucha contra la delincuencia exige esfuerzos mayores para rehabilitar al que ha delinquido, lo cual implica, a su vez, eliminar los obstáculos de todos conocidos que existen para su reinserción al trabajo. Es un problema social grave. Daré mi voto favorable, pero recojo algunas críticas del Diputado señor Juan Pablo Letelier. Propongo que en el artículo 2° se voten por separado las letras c) y d), puesto que mi propósito es eliminarlas. Al respecto, daré una breve fundamentación. Me parece que no caben requisitos de educación cuando la evidencia de la rehabilitación no se da por el nivel de educación del sujeto, sino por su conducta después de culminar la pena. Eso debe estar claramente establecido aquí. De lo contrario, estaremos actuando con discriminación y prejuicio. Mencionaré un trabajo muy interesante y reciente que hemos recibido todos de la Fundación Paz Ciudadana, que hace un estudio sobre una muestra de población penal y evalúa que el factor educación, es decir, educación básica incompleta versus completa, no produce prácticamente ningún efecto en cuanto a reincidencia o no reincidencia. Suponer que los sujetos con menor educación tienen mayor tendencia a reincidir, es muy prejuicioso y significaría tener respecto de ellos una visión de permanente peligro. Una cifra más. Esta exigencia estaría dejando fuera del beneficio según estadísticas del INEa un millón y medio de personas, que hoy no alcanzan a completar el nivel de educación básica. Por lo tanto, como sería absolutamente injusto mantener esta disposición, pido que la votemos en forma separada. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Así se procederá, señora Diputada. Tiene la palabra el Honorable señor Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Orpis. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, sólo quiero hacer un alcance. Detrás de todo esto está la rehabilitación. Desde mi punto de vista, no se resuelve el problema de la etapa más crítica de una persona que se produce, precisamente, después que cumple su condena, cuando logra la libertad y trata de reinsertarse en la sociedad, porque deben transcurrir dos o cinco años para que se eliminen sus antecedentes penales; de modo que tendrá limitaciones para encontrar trabajo al salir del establecimiento penitenciario. Por lo tanto, al cerrársele las puertas, el eventual grado de reincidencia estará presente hasta que se cumpla dicho plazo. En consecuencia, debió pensarse en una solución intermedia; por ejemplo, que no aparezca la condena en el certificado de antecedentes hasta que se produzca la rehabilitación definitiva de la persona. De lo contrario, cuando la persona cumpla su condena, abandone el establecimiento penitenciario y quiera reinsertarse en la sociedad, verá cerradas sus posibilidades de trabajo, porque lo primero que se pide cuando se postula a un trabajo es el certificado de antecedentes. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Recupera la palabra el Diputado señor Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, es clave lo que señala el Diputado señor Orpis, pues se priva al proyecto del efecto práctico que se tuvo en cuenta al legislar. El momento en que la persona decide reinsertarse en la sociedad o reincidir en un acto delictual, es aquél cuando, cumplida su condena, vuelve a la libertad. Ningún individuo puede deambular dos, tres, cuatro o cinco años según los plazos establecidos en el proyecto, al cabo de los cuales recién puede optar a un trabajo, reinsertarse en la sociedad y no continuar por la vía delictual. Por otro lado, quiero explicar por qué, a mi juicio, es muy negativo el segundo efecto que tendrá el proyecto. Como lo puede corroborar cualquier Honorable colega que tenga alguna experiencia en materia penal, en nuestro país, la mayor parte de los delincuentes considera que el primer delito usando su terminología es gratis, porque tiene una pena baja; por lo demás, muy pocas veces son condenados. Si la pena no es aflictiva, les permite acceder a la remisión condicional, a la libertad vigilada, etcétera. Cuando el delincuente es capturado lo que sucede pocas veces y condenado lo que pasa menos veces, en definitiva, no recibe una sanción por su primer delito. Cuando comete el segundo delito, ante la posibilidad de una segunda condena, recién entonces los delincuentes empiezan a tener algún cuidado y, en cierta medida, ven disminuido el incentivo para seguir delinquiendo. El proyecto vuelve a dar a los delincuentes, al cabo de dos o cinco años, la posibilidad de empezar a delinquir en forma gratuita, partiendo de cero. No me cabe ninguna duda de que esta iniciativa significará un aumento de la delincuencia, pues permitirá que quien cometa un delito en calidad de reincidente en la actualidad, se le aplicaría una pena severa que lo haría pensar dos veces podrá hacerlo con la misma facilidad y tranquilidad con que actuó la primera vez, sabiendo que, en la práctica, no sufrirá ninguna condena importante. Cuando son delitos muy graves y transcurre un año, una temporada, resulta impresionante escucharlos decir lo breve que es el tiempo que pasan en la cárcel por sus delitos. El proyecto terminará constituyendo un aumento de la amenaza que significa para los ciudadanos honestos y respetuosos de la ley el tremendo grado de delincuencia que existe en Chile. No cumple tal como lo señaló el Diputado señor Orpis con la finalidad rehabilitadora, porque en el momento en que la persona requiere apoyo al salir de la cárcel a lo que se podría contribuir, quizás por la vía de mantener por un tiempo en secreto los antecedentes ese efecto positivo no se produce; en cambio, sí genera una consecuencia negativa. Como siento que mi principal deber es defender la seguridad, la propiedad y la vida de las personas honestas y respetuosas de la ley, votaré en contra del proyecto. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Aldo Cornejo, autor de la moción. El señor CORNEJO.- Señor Presidente, sólo para hacer algunos alcances. El Diputado señor Letelier (don Juan Pablo), se refirió a él lamentando que no diga relación con el tema de la ciudadanía. Efectivamente la Carta Fundamental considera que una causal de pérdida de la calidad de ciudadano es haber sido condenado a pena aflictiva. Para ser riguroso, esa norma no se introdujo sólo en la Constitución de 1980, sino que viene de la de 1925. Tanto es así que si se revisa el decreto ley N° 409, que el proyecto modifica, se deja intacto el inciso segundo de su artículo 1°, que señala: "El decreto que conceda este beneficio la eliminación de los antecedentes se considerará como una recomendación del Supremo Gobierno al Senado para los efectos de la rehabilitación" de la ciudadanía, establecida tanto en la Carta Fundamental de 1925 como en la de 1980. En ese sentido, no debería existir duda respecto del tema de la ciudadanía. En segundo lugar, si se quiere abordar derechamente el problema del artículo 17 de la actual Constitución, que dice relación con la ciudadanía, debe tenerse en cuenta que no es materia de ley, sino necesariamente de una reforma constitucional, lo que no hemos pretendido en esta iniciativa. Insisto en que el actual inciso segundo del artículo 1°, de un decreto ley N° 409, de 1932, deja vigente la posibilidad de que éste sea un antecedente para la rehabilitación de la ciudadanía que otorga el Senado conforme con la Carta Fundamental. En tercer lugar, eliminar los antecedentes penales no significa que si la persona vuelve a delinquir, no volverá a tenerlos. De manera que no es una interpretación correcta o adecuada del artículo 1° del proyecto sostener que sería una contribución o un incentivo para que aquel que delinque, reincida. Su objetivo, es permitir que la gente que ha delinquido, que es mucha, tenga la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, volver a ser útil, y no empujarla, por razones de carácter administrativo o formal, a volver a cometer delitos. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Wórner. La señora WÓRNER.- Señor Presidente, el sistema carcelario chileno está colapsado desde hace varias décadas. Una de las vías que se ha buscado para solucionar el problema, es modernizarlo, acogiendo en nuestro ordenamiento una serie de penas sustitutivas de las privativas de libertad. Es así como a diario vemos que los tribunales de justicia reemplazan las penas de prisión por otras medidas que permitan que el condenado cumpla su pena en libertad, para que le sea menos gravosa. Las estadísticas dan cuenta de que aquellas personas que hoy gozan de beneficios como la reclusión nocturna o sujetas a la vigilancia del Patronato de Reos o al beneficio de la salida dominical, en su gran mayoría no delinquen, sino que buscan la forma de incorporarse al sistema laboral y de obtener, en forma legítima y por vías lícitas, su sustento y el de su familia. Eso ya es un avance en cuanto a no verse, en un momento determinado, enfrentado a los tribunales de justicia y al sistema carcelario en los períodos cortos en que estas personas están privadas de libertad. Por lo tanto, quienes hoy creen que el hecho de aprobar un proyecto de ley que hace más expedita la eliminación de antecedentes penales significará aumentar la delincuencia, desconocen la eficacia de condenar con penas privativas de libertad. Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Paya. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Recuerdo a los Honorable señores Diputados que faltan cuatro minutos para votar. Hay Diputados inscritos que aún no han hecho uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado señor Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, es para señalar al Diputado señor Cornejo que, más allá de la intención que se haya tenido al redactar el artículo 1°, el efecto objetivo es que si una persona, después de cinco años, vuelve a cometer un homicidio, por ejemplo, no se le considera reincidente, lo cual me parece extremadamente grave. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Recupera la palabra la Diputada señora Wórner. La señora WÓRNER.- El proyecto en discusión tiene dos líneas troncales. La primera, está señalada en el artículo 1°, que al modificar el decreto ley N° 409, de 1932, establece un sistema por el cual toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones establecidas en esta iniciativa, indicadas en el artículo 2o, después de dos años de haber cumplido su condena, si es la primera, y de cinco, si ha sido sancionada dos o más veces, por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considerará rehabilitada en forma definitiva, como si nunca hubiese delinquido. A continuación, establece el sistema por el cual el Registro Civil, la Policía de Investigaciones y Carabineros deben proceder a eliminar anotaciones, registros o constancias que constituyen el prontuario y sirven de control para dicha persona. Por lo tanto, allí hay dos cuestiones de real importancia: a estas personas se les considerará rehabilitadas definitivamente y se terminará también con la situación injusta de que en los servicios policiales se mantengan registros que, en buena medida, significan atentar contra su libertad y libre desplazamiento. El artículo 2° establece los requisitos que deben cumplir las personas que deseen acogerse a los beneficios de este proyecto de ley. El artículo 11 a mi juicio, aquí está lo importante y novedoso precisa que no obstante lo dispuesto en los artículo 1° y 2°, donde se fijan los requisitos de edad, escolaridad, etcétera, respecto de todas "las personas que tenían menos de 18 años en el momento de delinquir y que hubiesen cumplido su condena, si ella no fuere aflictiva," el Registro Civil debe proceder a eliminar, de oficio y automáticamente, toda anotación y registro, lo que permitirá que una gran cantidad de chilenos, que hoy sobrepasa el 50 por ciento, menores de edad en el momento de delinquir, una vez cumplida su condena, puedan incorporarse al sistema laboral y llevar una vida normal. La letra a) del artículo 11 expresa que si la pena fue aflictiva para aquellos menores de 18 años al momento de delinquir, transcurridos dos años, desde el cumplimiento de la condena, se le borrará esta anotación si fuera la única. El diario "La Tercera" del viernes 6 de mayo se refiere a un programa impulsado por Mideplan, que ayudará a la reinserción laboral de jóvenes, que será estéril, si no se aprueba este proyecto que permite incorporar a estos jóvenes a la sociedad. Por lo tanto, aquí damos la oportunidad para que los programas de reinserción social y de rehabilitación sean efectivos. A partir de mi experiencia en la Subsecretaría de Justicia, conozco importantes programas impulsados por empresarios y desarrollados en los recintos penitenciarios de nuestro país, que capacitan a los reclusos privados de libertad; pero después esta capacitación se vuelve nada, porque afuera de esos recintos no existe un sistema que los acoja. Por consiguiente, las observaciones hechas presentes por los señores Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra están salvaguardadas en la forma como la Comisión aprobó este proyecto. Por esto, la bancada del PPD anuncia su votación favorable. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Señores Diputados, ha llegado la hora de votar, pero antes solicito la venia de la Sala para conceder la palabra a los Diputados señores Gajardo, Ribera y Espina. No hay acuerdo. El señor ESPINA.- Pido la palabra para platear un asunto reglamentario. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ESPINA.- Señor Presidente, el Comité de Renovación Nacional, según entiendo, no ha hecho uso de la palabra. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Estamos en la discusión particular en este momento. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que los Diputados que acabo de nombrar puedan hacer uso de la palabra. No lo acepta el Diputado señor Viera-Gallo. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para aplicar el artículo 85 del nuevo Reglamento, que aún no está en vigencia, pero que faculta a los señores Diputados inscritos para insertar sus intervenciones, con un máximo de seis páginas de tamaño carta. El señor ESPINA.- Señor Presidente, pido la palabra para platear un asunto reglamentario. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ESPINA.- Señor Presidente, usted solicitó la unanimidad y no hubo acuerdo. Quiero que la recabe por segunda vez, porque este proyecto requiere mayoría de votos para ser aprobado, y deseo que los parlamentarios que trabajaron en la Comisión aporten los antecedentes que no fueron entregados sobre las materias tratadas, por lo que pido al Diputado señor Viera-Gallo, integrante de la Comisión de Constitución, que permita que se clarifiquen en forma muy breve dos o tres puntos de este proyecto, con el ánimo de despacharlo, tal como se ha hecho hoy respecto de otra materia originada en moción parlamentaria. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para conferir la palabra, por un máximo de tres minutos, a los Diputados señores Ribera, Espina y Gajardo. Acordado. El señor Schaulsohn (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente, muchas gracias por darme la posibilidad de referirme al proyecto. Seré muy breve para contestar algunas preguntas e interrogantes formuladas al proyecto. La primera se refiere a la oportunidad de la iniciativa. Algunos señores Diputados han planteado que la eliminación de los antecedentes penales puede traer como consecuencia el aumento de la delincuencia, pero este aumento no está condicionado por la existencia o no de antecedentes penales previos, sino, más bien, por la incapacidad de la sociedad para establecer mecanismos de rehabilitación que permitan que la persona que pagó su culpa por delinquir, se pueda reinsertar socialmente, para no tener que reiniciar actividades delictivas. Un estudio que nos envió la fundación Paz Ciudadana aboga claramente por introducir criterios de participación de los privados en la reinserción social de las personas que han delinquido, como también de selección de las personas que están procesadas o condenadas, considerando si son reincidentes o primerizos y la gravedad de los delitos en los cuales han participado. Es importante distinguir entre el culpable, la culpa, la rehabilitación y la reinserción social. Por otro lado, el proyecto no se puede referir al tema de la rehabilitación de la ciudadanía, toda vez que esta es una materia, como lo señaló el Diputado señor Cornejo, reservada única y exclusivamente al Senado, de acuerdo con la actual Constitución Política de la República. Sin embargo, quiero señalar tres puntos que podrían ser mejorados, sobre los cuales conversamos con el Diputado señor Elgueta, uno de los autores del proyecto. Estamos de acuerdo con él respecto de dos de ellos, y el tercero, que deseo plantear ahora, corresponde a una sugerencia del Diputado señor Letelier, don Juan Pablo. El artículo 2o del proyecto, letra a), dice: "Presentar una solicitud de eliminación de antecedentes penales en el Ministerio de Justicia o en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia correspondiente;". La primera duda que me asalta es a qué se refiere la palabra "correspondiente": ¿correspondiente a donde la persona ha cumplido la pena, correspondiente a donde la persona tiene su domicilio o correspondiente a donde se dio inicio a la ejecución del delito? Esa expresión puede traer como consecuencia una gran discusión sobre cuál es realmente la secretaría regional ministerial competente en esta materia. La sugerencia del Diputado señor Letelier amplía esto, al permitir, por ejemplo, que la presentación se haga en alguna de las oficinas del Registro Civil, servicio que hoy tiene una participación importante en la rehabilitación, lo que sería importante para quienes viven en zonas apartadas y rurales. Este artículo podría ser modificado por la unanimidad de la Sala, para que diga: "Presentar una solicitud de eliminación de antecedentes penales en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia o en la oficina del Registro Civil correspondiente a su domicilio." El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Honorable Diputado, se acabó su tiempo. El señor RIBERA.- Señor Presidente, estoy por terminar. También quiero llamar la atención sobre dos puntos cortos, sobre los cuales hemos presentado indicaciones con el Diputado señor Elgueta, destinadas a mejorar el proyecto, para lo cual requerimos la unanimidad de la Sala. La primera se refiere a la letra e) del artículo 2o, que dice que la persona debe: "Comprobar que, durante dos o cinco años, según sea el caso, contados desde la última condena, no ha sido procesada ni condenada por delito,...". El problema es que algunas personas pueden haber sido procesadas, pero luego absueltas. El hecho de ser procesado no es una prueba palmaria de su responsabilidad o de su culpabilidad. Con el Diputado señor Elgueta proponemos que se reemplace la frase "no ha sido procesada ni condenada por delito," por "no ha sido condenada por delito ni se encuentre actualmente procesada,". Con esto se mejora el procedimiento en forma importante. La segunda indicación se refiere al artículo 5o, que dice en su parte final: "...durante los dos años siguientes al cumplimiento de la última condena, no hubiesen incurrido en conductas similares a las causantes en la pena aplicada." No basta con hablar de conductas similares, porque pueden ser conductas mayores. Por lo tanto, proponemos con el Honorable señor Elgueta que diga: "...no hubieren sido condenados ni se encuentren actualmente procesados por faltas o delitos." Presentaré estas tres modificaciones a la Mesa, porque considero importante tenerlas en consideración. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Está bien. Se terminó su tiempo. Tiene la palabra el Honorable señor Espina hasta por tres minutos. El señor ESPINA.- Señor Presidente, seré muy breve. Quiero expresar mi absoluto respaldo y apoyo a esta iniciativa legal, porque considero que el tema de la rehabilitación debe abordarse en forma decidida y a fondo. Una de las causas fundamentales para que persista la delincuencia en nuestro país es la inexistencia de medidas de rehabilitación, la cual tiene básicamente dos fases: En primer lugar, la posibilidad de que quien ya cumplió la condena, y por lo tanto pagó su deuda con la sociedad, pueda aspirar a un trabajo digno en igualdad de condiciones con el resto de los chilenos. En segundo lugar, hay que abrir las puertas de instituciones y organismos que hoy impiden que el condenado trabaje en ellos, como ocurre con las reparticiones de la Administración Pública. Al respecto, hay un proyecto de ley de origen parlamentario, que probablemente verá la Sala en la próxima semana, que levanta los obstáculos para que los condenados que ya cumplieron su deuda con la sociedad, puedan ingresar a la Administración Pública centralizada o a las municipalidades, porque es absurdo pedir a la empresa privada que coopere a la rehabilitación si el Estado cierra sus puertas a los condenados para rehabilitarse. En todo caso, no corresponde abordar este capítulo en esta instancia. El otro tema es tan relevante como el que se plantea en este proyecto: nadie podrá rehabilitarse si en el certificado de antecedentes figuraran per se los delitos que cometió, respecto de los cuales ya pagó su deuda, de acuerdo con lo que la propia sociedad estimó que debía ser la condena establecida. Los países que han abordado la rehabilitación en serio y que han apostado a dar la oportunidad de que se incorpore en la sociedad quien en alguna oportunidad delinquió, son los que han combatido con éxito la delincuencia. Como se ha planteado, siempre existe el riesgo de que se reincida; también lo hay cuando en el certificado de antecedentes no aparecen los delitos cometidos en el pasado. Pero aquí hay una apuesta de la sociedad o a la rehabilitación o a la marginación. Este proyecto, más allá de las perfecciones que ha señalado el Diputado señor Ribera, que comparto plenamente, y de las perfecciones que continuará teniendo en su trámite legislativo, me parece que va orientado en la dirección correcta. No vamos a romper el círculo vicioso de la delincuencia, que consiste en que el delincuente reincide porque se le cierran las puertas de la sociedad, si no damos pasos como éste, que son controvertidos y polémicos, pero que permiten que la gente que en algún momento cometió un error, tenga la posibilidad de rehacer su vida, aun a riesgo de equivocarnos en más de un caso. Por estas razones voto con entusiasmo a favor del proyecto. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Es público y notorio su entusiasmo, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, con menos entusiasmo que mi Honorable colega, debo señalar que he analizado profundamente el proyecto, y no he cambiado la opinión que tuve cuando se discutió en general: mi posición es negativa. Indudablemente, tiene aspectos positivos en todo lo que dice relación con las medidas que se adoptan para facilitar la rehabilitación de una persona que ha delinquido y su reintegro a la sociedad. Pero adolece de un efecto negativo al introducir un factor de total incoherencia en el sistema penal. Básicamente, hay dos institutos que se ven seriamente afectados por estas disposiciones. El tema de la reincidencia, en cuanto agravante, según el informe, que fue analizado por la Comisión, pero subsiste el del cumplimiento alternativo de las penas privativas de libertad, contenidas en la ley 18.216. De aplicarse las normas propuestas, y una vez acogido el interesado a las prescripciones establecidas, la persona se considerará rehabilitada definitivamente como si nunca hubiera delinquido. Eso permite a la persona que reincide, acogerse a las disposiciones que establecen mecanismos alternativos a las penas de presidio. Es así como puede recurrir al artículo 4o, que permite condicionalmente la pena o la reclusión nocturna del artículo 7o, o la libertad vigilada del artículo 14. Es decir, una persona puede cometer una cantidad ilimitada de delitos y siempre va a cumplir con los requisitos exigidos por estas normas, que permiten no cumplir las penas privativas de libertad, porque en todos los casos va a tener sus antecedentes limpios, en cuanto a que el reo no ha sido condenado anteriormente por crímenes o simple delito. En consecuencia, en la medida en que no se corrija esta situación, lo que habría sido posible si se hubiera acogido mi idea planteada en la discusión general, en el sentido de mantener un doble registro: uno para todos los efectos que no fueran los de los tribunales de justicia; y otro, muy confidencial, que solamente se aplicara por los tribunales de justicia cuando hubieran procesos en contra de la persona que se haya acogido a estas disposiciones. Es muy peligroso introducir estas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Por esas razones, votaré en contra del proyecto. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Cerrado el debate. Solicito el asentimiento de la Sala para dar lectura y votar las indicaciones recibidas en la Mesa, que requieren de la unanimidad de la Cámara. El señor PAYA.- Con el mayor gusto daré la unanimidad, en la medida en que de la misma forma se me permita agregar mi discurso en la versión, que tiene por objeto dar respuesta a argumentos que se han dado en la Sala. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo pedir que este acuerdo se aplique en forma permanente. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Había pedido que se aplicara el artículo 85 del Reglamento nuevo, que se promulgará mañana, con lo cual nos adelantamos en 24 horas. El texto del discurso que se acordó insertar es el siguiente: El señor PAYA.- "Señor Presidente, es evidente que una pena mayor es mejor disuasivo para delinquir que una pena menor. La reincidencia tiene una pena mayor y lo que hace este proyecto es eliminarla. Este es un hecho objetivo. Con esto se favorece al que vuelve a delinquir. Significa que alguien que asesina, deja pasar dos años, vuelve a asesinar y no es considerado reincidente; por tanto, no recibe una pena que debe ser mayor. Con este proyecto no se ayuda a la rehabilitación sino todo lo contrario; se facilita volver a delinquir, y quienes pagarán las consecuencias serán los ciudadanos honrados de este país." El señor SCHAULSOHN (Presidente).- ¿Habría unanimidad para leer y votar las indicaciones señaladas? Varios señores DIPUTADOS.- Sí. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Acordado. En el artículo 1° no hay indicaciones. ¿Habría unanimidad para darlo por aprobado? No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Aprobado. En el artículo 2o, el señor Secretario dará lectura a la indicación. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación de los Diputados señores Ribera y Letelier, don Juan Pablo, tiene por finalidad sustituir la letra a) del artículo 2o por la siguiente: "a) Presentar una solicitud de eliminación de antecedentes penales en el Ministerio de Justicia, la Secretaría Ministerial Regional de Justicia o ante la Oficina del Registro Civil de su domicilio." El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En votación. ¿Habría asentimiento para aprobarla por unanimidad? Aprobada. La letra b) del artículo 2o no tiene indicación, por lo que se dará por aprobada por unanimidad. En el mismo artículo, letra c) y d), la Diputada señora Pollarolo ha pedido votación separada. El señor RIBERA.- Señor Presidente, el problema está en que nuestra voluntad llega hasta cierto punto. Si ella pretende eliminar alguna de esas condiciones, nos obligará a votar la totalidad de las demás disposiciones en contra. Quiero llamar su atención, porque hay un problema de sensibilidad que es bueno tener presente. La señora POLLAROLO.- Soy muy sensible, y retiro la petición. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Entonces se aprobarán por unanimidad las letras c) y d). Aprobadas. Hay otra indicación. Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación de los Honorables Diputados señora Pollarolo, y señores Ribera, Elgueta y Letelier, don Juan Pablo. Tiene por finalidad sustituir la letra e) del artículo 2o, por la siguiente: "Comprobar que durante los dos o cinco años, según sea el caso, contado desde la última condena, no ha sido condenada por delito ni se encuentra actualmente procesada, hecho que se probará con su extracto de filiación." El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En votación la indicación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobada. El artículo 3o del proyecto, numeral 3), no tiene indicación. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. En votación el numeral 4). Si le parece a la Sala se votará por unanimidad. Aprobado. En el numeral 5) hay una indicación, a la cual dará lectura el señor Secretario. El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación de los Honorables Diputados señores Elgueta, Ribera y Letelier, don Juan Pablo. Tiene por objeto sustituir la frase final del artículo 5o, a partir de la última coma (,). Es decir, eliminar la frase: "no hubieren incurrido en conductas similares a las causantes en la pena aplicada", sustituyéndola por la siguiente: "no hubieren sido condenados ni se encuentren actualmente procesados por faltas o delitos.". En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobada. Si le parece a la Sala se aprobará por unanimidad el resto de los artículos, que no han sido objeto de indicación. Aprobados. Despachado el proyecto. MODIFICACIÓN DE NORMATIVA LEGAL SOBRE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO. Proposición de la Comisión Mixta. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para despachar por unanimidad, sin discusión y con el quorum constitucional requerido, la proposición de la Comisión Mixta acerca del proyecto que modifica el artículo 46 del decreto ley N° 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado. Acordado. El señor Secretario la leerá. El señor LOYOLA (Secretario).- Propone reemplazar el inciso final del artículo 46 de dicho texto legal, por los siguientes nuevos: "Con todo, el Ministerio de Bienes Nacionales, por razones fundadas, previa autorización del Consejo Regional respectivo, podrá reservar bienes hereditarios deferidos al Fisco y destinarlos para fines de interés general o propios de los órganos de la Administración del Estado, como también otorgarlos en concesión a favor de las personas jurídicas y demás entidades señaladas en el artículo 57 de esta ley. "Aquellos bienes respecto de los cuales no se otorgue la autorización a que se refiere el inciso anterior, deberán ser liquidados por la Dirección a más tardar en el plazo de cuatro años a contar de la fecha en que se conceda al Fisco la posesión efectiva de la herencia." El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En votación la proposición. Si le parece a la Sala se aprobará.  Despachada la proposición de la Comisión Mixta con el quorum requerido, dejándose constancia de que fue aprobada por los más de 70 señores Diputados presentes, de un total de 117 en ejercicio. VII.PROYECTOS DE ACUERDO. INCORPORACIÓN DE LA CÁMARA EN PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Oficio. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- E1 señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de las Diputadas señoras Pollarolo, Rebolledo, Wórner, Matthei, Prochelle, Cristi, Allende, Aylwin, doña Mariana; y de los Diputados señores Viera-Gallo, Barrueto, Longton, Cornejo, Pérez, don Ramón; Bayo, Martínez, don Rosauro; Ortiz y Villouta. "Considerando: "1.- Que la igualdad de oportunidades de las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación contra ellas es una tarea pendiente de la humanidad y de las democracias. "2.- Que en diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió celebrar la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y la realización del Foro de Organismos No Gubernamentales, para analizar lo señalado anteriormente; "3.- Que la Conferencia Oficial tendrá lugar del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing, China, en el Centro Internacional de Convenciones de Beijing; "4.- Que la Organización de Naciones Unidas ha solicitado a sus Estados miembros la elaboración de informes nacionales sobre los temas que serán tratados en la Conferencia, en cuya preparación requiere la participación de toda la comunidad nacional y para lo cual la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer dependiente de la Organización de Naciones Unidas, ha recomendado el establecimiento de comités nacionales que, en conjunto con los organismos no gubernamentales, coordinen y promuevan la acción a nivel nacional, y "5.- Que la Cámara de Diputados, órgano superior del Estado de representación ciudadana y uno de los Poderes de la democracia, por excelencia, debe y se ha comprometido impulsar iniciativas tendientes a promover la igualdad de oportunidades de la mujer en nuestra sociedad. "Por lo anterior venimos en proponer a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo: "Oficíese al señor Presidente de la República a fin de que incorpore a la Cámara de Diputados en las diferentes instancias y comités gubernamentales preparatorios de la Conferencia de Beijing." El señor FUENTEALBA.- Pido la palabra. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, quien tiene una consulta que formular. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, generalmente los proyectos de acuerdo son muy interesantes. Al respecto, quiero consultarle a la Mesa si es posible obtener sus textos al inicio de la sesión y no enterarnos de su contenido sólo con la lectura del señor Prosecretario. En lo posible, solicito que al inicio de la sesión se nos reparta el texto de los proyectos de acuerdo, como se hace con la Cuenta. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Vamos a considerar su excelente idea, señor Diputado. Ofrezco la palabra, hasta por cinco minutos, a algún señor Diputado que quiera apoyar el proyecto de acuerdo. Varios señores DIPUTADOS.- Hay unanimidad. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Si le parece a la Sala, el proyecto de acuerdo se aprobará por unanimidad. Aprobado. SUBSIDIO ADICIONAL PARA DEUDORES DE AGUA POTABLE. Oficio. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Se dará lectura al segundo proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Dupré, Gutiérrez y Fantuzzi. "Considerando: "Que la Cámara de Diputados ha dado su aprobación al proyecto de ley que amplía el beneficio de subsidio de agua potable y establece condiciones para un mejor reparto de los excedentes de los subsidios para extender las conexiones del servicio de agua potable y alcantarillado, particularmente respecto de los sectores más pobres. "Que en dicho proyecto de ley se establece como requisito esencial para acceder a estos subsidios el estar al día en el pago de la facturación mensual, y "Que en el proyecto de la ley se pretende centrar el mayor beneficio en los sectores más pobres del país, siendo éstos donde radica un porcentaje mayor de morosidad en la cancelación de los servicios de agua potable y alcantarillado. "La Cámara de Diputados acuerda: "Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional una iniciativa legal que permita un subsidio adicional al beneficio otorgado en el proyecto de ley referido en los considerandos y que se destine a posibilitar una disminución de montos de deudas que los sectores socioeconómicos más pobres posean y que cubra la extensión de pagos de multas, intereses o reajustes que dichas morosidades hayan generado. "Al mismo tiempo dicha iniciativa legal debiera considerar una liquidación de la morosidad y una repactación frente al saldo adeudado que resulte, finalmente, de cargo del usuario." El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que quiera apoyar el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi. El señor FANTUZZI.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo obedece a la necesidad de ir en ayuda de una cantidad enorme de gente que actualmente tiene deudas muy elevadas de agua potable y que, por motivos ajenos a su voluntad, no pueden participar de este beneficio estatal. Al respecto, en la sesión del martes se votó un excelente proyecto, pero que dejó afuera a todas aquellas personas que, teniendo la posibilidad de acogerse a sus beneficios, no lo van a poder hacer porque tienen una deuda de arrastre que muchas veces es mayor al valor de vivienda que habitan. Por lo expuesto, proponemos ampliar el alcance de la legislación aprobada, de manera que cuando estas personas impetren el beneficio, se les reliquide la deuda de acuerdo con la ley. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En el tiempo que resta para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Duprá. El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, para señalar que este proyecto de acuerdo obedece a una inquietud de algunos señores parlamentarios, en orden a hacer posible la aplicación del proyecto de ley que despachamos en la sesión del día martes, en el mismo sentido que ha planteado el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Se trata de buscar fórmulas de condonación de multas, intereses y reajustes; incluso de condonación de parte de las tarifas morosas, y la posibilidad de que el Ejecutivo abra repactaciones para los sectores más pobres, porque el proyecto aprobado establece como uno de los requisitos para acogerse al subsidio estar al día en el pago de los suministros de agua potable y alcantarillado. Además, es necesario revisar a fondo el cobro de alcantarillado, porque aparece muy abultado y, en el caso de los sectores más pobres, uno de los factores que produce la morosidad de muchos pobladores es precisamente el alto cobro por alcantarillado. Incluso, existen anomalías en lugares en que el sistema no funciona, de modo que creemos fundamental que el Ejecutivo considere nuestra petición para hacer posible la concreción del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el martes pasado. He dicho. El señor TUMA.- Señor Presidente, deseo complementar el proyecto de acuerdo. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- ¿Quiere proponer una modificación al proyecto de acuerdo, señor Diputado? El señor TUMA.- Sí, señor Presidente. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor TUMA.- Señor Presidente, el tema que hoy nos concierta es motivo de preocupación de amplios sectores de la ciudadanía, en especial de los de más bajos recursos. Junto con adherir al proyecto de acuerdo, quiero hacerle un agregado que responde la inquietud del Diputado señor Dupré y de otros parlamentarios, en lo relativo al problema del cobro de alcantarillado. Las localidades con mayor cobro de alcantarillado son aquellas que cuentan con planta de tratamiento primario o secundario de aguas servidas, y no sería justo que el cargo sea sólo de costo de las personas que viven en ellas. En mi opinión, en el proyecto de acuerdo debería agregarse una petición al Superintendente de Servicios Sanitarios para que estudie la posibilidad de que las tarifas se distribuyan en toda la cuenca en la cual se tratan aguas servidas. El costo de su tratamiento debe ser compartido por los beneficiarios, es decir, por todos sus habitantes. Por esta razón, solicito que se oficie también al Superintendente de Servicios Sanitarios para que los costos de tratamiento de aguas servidas se distribuyan entre todos los habitantes de la cuenca. He dicho. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- ¿Habría acuerdo para incorporar la sugerencia del Diputado señor Turna? Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que se oponga al proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, comprendo el problema que trata de enfrentar el proyecto de acuerdo, y creo fundamental establecer algún procedimiento que permita a muchas familias ponerse al día en el pago del agua potable, requisito para acceder al subsidio que se otorga. Pero el proyecto de acuerdo propone una iniciativa legal que entregue un subsidio adicional. Creo que no es ése el camino para lograr el objetivo que se busca, sino extender los programas sociales de las empresas de obras sanitarias para los efectos de condonar multas, intereses y reajustes a aquellas personas muy postergadas, a fin de beneficiar a todos aquellos que hoy no están al día en sus pagos. No me parece que el camino de una iniciativa legal y el establecimiento de un subsidio adicional sean la mejor fórmula para resolver el problema. Por eso, le hice ver al Diputado señor Dupré que estaba más bien por solicitar que se extienda dicho programa, para que todas las personas que lo requieran puedan acogerse. He dicho. El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, de acogerse el proyecto de acuerdo, cuyo objetivo comparto, estaríamos distorsionado totalmente el sistema de subsidios de agua potable y sobrepremiando a quienes no pagan las cuentas. Hay deudas de arrastre que se pueden resolver mediante determinados mecanismos, pero si el actual subsidio se extiende a quienes no pagan las cuentas, será un estímulo a que ningún ciudadano las pague, lo cual significaría un problema mayor que el que se pretende corregir. En ese sentido, comparto la proposición del Diputado señor Montes y por ello me opongo al proyecto. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Aprobado. EXENCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A INMUEBLES ASIGNADOS O DE PROPIEDAD DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para dar lectura a un proyecto de acuerdo que recién ha llegado a la Mesa. Acordado. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- De los señores Cornejo, Longton, Alvarez-Salamanca y León. "Considerando: "1.- Que la iniciativa legal que modifica la ley N° 18.778 busca ampliar la cobertura del subsidio sobre la base de un sistema que permita una mejor focalización en aquellos sectores de la población que no disponen de recursos para solventar este pago "2.- Que existen organizaciones comunitarias, recintos deportivos municipales, ya sean gimnasios y/o estadios de propiedad particular o asignados a ésta por la autoridad competente, cuyo fin es fomentar valores y acciones que redunden en progreso y bienestar para ellos y que no persiguen un fin económico en sí mismo. "3.- Que existe un espíritu común en el Poder Legislativo, en cuanto los diversos planteamientos se han orientado a buscar la mejor forma de entregar los beneficios de este proyecto de ley a la población de menores recursos y por cuanto la focalización busca, realmente, beneficiar al 20 por ciento de la población más pobre de nuestro país, manteniendo dicho porcentaje regionalmente. "4.- Que se busca, asimismo, equilibrar los beneficios entregados al sector urbano y al sector rural, focalizando en aquellas familias de escasos recursos que habiten en forma permanente sus viviendas, los beneficios de dicho proyecto, al perfeccionar el subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado. "5.- Que lo anterior no considera aquellos inmuebles destinados a un uso distinto y cuyo propósito es, principalmente, acrecentar el espíritu comunitario y recreativo en la comunidad, además que existen sectores poblacionales, los cuales han accedido a los beneficios de alcantarillado y agua potable, producto del esfuerzo propio o en conjunto con los municipios de las respectivas comunas. Si a ello se le incorpora un cobro variable para hacer uso de un bien que ha sido cancelado, constituye una injusticia social con los sectores más desposeídos de nuestro país y constituiría una contradicción con el espíritu que anima al Poder Legislativo y al Ejecutivo, al no considerar esto para lograr el equilibrio que en esta materia de subsidios se quiere alcanzar con el proyecto que modifica la ley N° 18.778. "En virtud de lo expuesto, venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo: "Por ser materia de ley exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, pedimos se oficie a Su Excelencia para que, en el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.778, incorpore en el artículo único de dicho proyecto lo que se indica: "Reemplazar el punto final por punto y coma y agregar el párrafo siguiente: "Sin perjuicio de lo anterior, los inmuebles de propiedad de organizaciones comunitarias o asignados a éstas por la autoridad competente, recintos deportivos municipales, ya sean gimnasios y/o estadios, están excluidos del pago por concepto de cobro variable por consumo de agua potable y alcantarillado, como asimismo los villorrios o viviendas que hayan construido con su esfuerzo estos servicios básicos." El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para someter a discusión y votación el proyecto de acuerdo. No hay acuerdo. Ha terminado el tiempo destinado a proyectos de acuerdo. VIII.INCIDENTES. RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA E 681 DE CORONEL (Octava Región). Oficios. El señor SCHAULSOHN (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista. Tiene la palabra el Diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por su intermedio, solicito enviar oficios, en mi nombre, en relación con una delicada situación. El 28 de octubre de 1993, en la comuna de Coronel y á raíz de un tomado que afectó a la zona, se derrumbó una muralla en la escuela E 681, a consecuencias de lo cual murió el profesor Octavio Salinas Cariaga. Esa situación determinó la redistribución de los alumnos y la factibilidad de construir una nueva escuela, hasta la fecha ello no ha sido concretado, lo que ha suscitado la demanda, tanto de alumnos como de padres y apoderados, para que esto se materialice. Solicito que se oficie a los Ministros de Planificación y Cooperación, de Educación y a la Ilustre Municipalidad de Coronel a fin de que nos informen sobre las medidas adoptadas para reponer y normalizar a la mayor brevedad el funcionamiento de dicho establecimiento educacional. Asimismo, solicito que se transcriba mi intervención al director de la escuela E 681, al Director de Educación Comunal de Coronel y al Presidente del Centro de Padres y Apoderados de ese establecimiento. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios y se transcribirá su intervención en la forma solicitada por Su Señoría. PRECISIONES SOBRE CONFLICTO DEL MAGISTERIO. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero hacer presente lo siguiente: 1°.- Que el paro de actividades convocado por el Colegio de Profesores de Chile debe ser entendido dentro de la legítima defensa de sus derechos laborales. El proyecto de ley en actual tramitación y discusión en el Parlamento crea inestabilidad laboral y ello no puede ser aceptado. No es posible retroceder en derechos ya conquistados. A la vez, se debe flexibilizar la administración municipal educacional a fin de beneficiar a los educandos, pero sin perjudicar a los profesores. 2°.- En el país no sobran profesores. Lo que sí existe es un mal empleo de la planta de profesores, muchos de los cuales están dedicados a tareas administrativas y directivas en colegios pequeños que no requieren de gran planta directiva. También hay municipios que no han gastado los recursos correspondientes a determinados ítem. Por ello el artículo 1° del proyecto de ley debe ser modificado. De no ser así, a pesar de ser un Diputado de Gobierno, si no se le introducen enmiendas de acuerdo con el proceso de diálogo entre Gobierno y profesores, lo votaré en contra. 3°.- Esta paralización de actividades pudo ser evitada si dicho proyecto se hubiera decidido con el propio Colegio de Profesores. Incluso los parlamentarios sólo tuvimos conocimiento de la iniciativa en el momento de su presentación en la Cámara de Diputados. Cabe esperar que no suceda lo mismo en las próximas leyes que deberemos conocer y que se haga un esfuerzo para integrar en su estudio a los actores involucrados; sólo así la democracia participativa se diferencia del autoritarismo democrático. 4°.- En cuanto a las propuestas que modifican el decreto con fuerza de ley N° 5, sobre subvenciones, si bien entrega aportes importantes para la educación rural y de adultos y reajusta la USE en un 3 por ciento, éste, en mi opinión, no considera el problema de fondo del déficit educacional municipal. El sistema de USE sobre la base del promedio de asistencia, genera que los municipios tengan ingresos variables y egresos fijos. Así, de mantenerse este sistema de entrega de recursos, el déficit no sólo persistirá sino que se profundizará. Los 14 millones de pesos de aporte que genera el proyecto no cubren más del 40 del déficit municipal, por lo que en los próximos meses muchos municipios entrarán en cesación de pagos, dado que los cientos de millones de pesos de su déficit aumentarán. De no mediar un cambio sustancial de aquí a julio, la quiebra del sistema educacional municipal puede precipitarse. Creo sinceramente que existen indicios para generar un debate de fondo respecto del verdadero y dramático problema de la educación chilena, que es de muy mala calidad. Aunque duela reconocerlo, es así. Aquí la crítica no va hacia nuestros profesores, sino al sistema educacional, del cual todos somos responsables. Aquí hay educación para pobres, mala y pésima, y educación para quienes poseen recursos, buena y excelente. Así no se cumple el rol del Estado de posibilitar igualdad de oportunidades a los niños y jóvenes chilenos. Es un buen momento, pues contamos con un Ministro eminentemente técnico, de reconocida excelencia, políticamente independiente y con una gestión que puede alcanzar a seis años en la Administración Frei. Si hubo resistencias al cambio educacional con Aníbal Palma, en los años 70, y desconfianzas y temores con Ricardo Lagos y Jorge Arrate, en los 90, el actual Ministro da tranquilidad y resulta incuestionable desde el ámbito político, que fue el prisma que determinó que todo cambio de fondo fuera de tal controversia que terminara paralizándolo. Aquí hay que revisar minuciosamente la Ley Orgánica Constitucional de Educación (Loce), aprobada 24 horas antes de la llegada del Gobierno de Aylwin, el 10 de marzo de 1990; convocar a toda la sociedad para pensar y hacer una nueva educación. Si no es hoy, ¿cuándo? ' No podemos estar haciendo leyes todos los meses ni todos los años. Los profesores deben poner en discusión este vital tema de fondo, y si el paro contribuye a la lucha reivindicativa y al cuestionamiento del gran problema educacional, habrá sido positivo. Aun cuando se pierdan algunos pesos y a los profesores les baje el saldo de la colilla de liquidación mensual en otros tantos pesos, debemos recordar que nada de lo importante en la vida de los pueblos es regalado. He dicho.' CRISIS DEL CARBÓN. Oficios. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, quiero aprovechar estos pocos minutos para valorar la preocupación de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados por la crisis del carbón, problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y respecto del cual el Parlamento ya aprobó leyes muy importantes. Sin embargo, la situación que se vive en Lota, Lebu y Curanilahue es extremadamente grave, tal como quedó de manifiesto en el paro de ayer. El hecho de que parlamentarios de todas las tendencias se preocupen seriamente del tema es un síntoma importante para que el Gobierno tome medidas de excepción para una situación social y económica también excepcional. Es conocido que los trabajadores de Enacar hicieron un esfuerzo serio para presentar una alternativa de viabilidad de la empresa, que contempla, entre otras cosas hay que destacarlo como una actitud de madurez del movimiento sindical, reducción del personal. No obstante, hay personas que quisieran simplemente cerrarla; y otras, cuya intención no se alcanza a comprender, privatizarla, a pesar de tratarse de una empresa que se encontraría según las mismas personas en una situación de colapso. Siempre hemos sostenido que no corresponde privatizarla, y menos aún cerrarla, sino racionalizarla, y en esta oportunidad se puede contar con la colaboración, comprensión y conciencia de sus trabajadores. Por eso, la visita que realizaron los dirigentes mineros el martes pasado tiene un significado muy importante. Esperamos que el próximo 30 como se ha señalado el Presidente de la República, con el mismo espíritu con que creó una Comisión Especial Interministerial para Arica, más allá de discursos, a veces un poco demagógicos o de inculpaciones mutuas, adopte medidas de excepción para situaciones de excepción. Con ese criterio puede enfrentarse, una vez más y ojalá en forma definitiva, la crisis de la industria del carbón. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Ha terminado el tiempo del Comité Socialista. En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la Diputada señora Martita Wórner. La señora WÓRNER.- Señor Presidente, tal como lo señaló el Diputado señor Viera-Gallo, en la Octava Región se realizó ayer una paralización en las comunas de Lota, Curanilahue y Lebu, cuya principal actividad es el carbón. En Lota hubo una paralización total y tranquila de sus habitantes, con respeto por el orden público, para manifestar a la comunidad nacional, principalmente a las autoridades de Gobierno, la crítica situación por la que atraviesa Enacar y la total y absoluta falta de programas de mejoramiento e infraestructura que generen mano de obra. Sin embargo, quiero llamar la atención acerca de la situación de violencia que se vivió en las primeras horas de paralización en la comuna de Curanilahue, debido a que Carabineros desplegó una fuerza y una acción desmesurada contra un grupo de mineros que en forma pacífica expresaban su descontento. En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro del Interior, a fin de que investigue la violencia generada por Carabineros y adopte las medidas del caso para que tales situaciones no se vuelvan a repetir. Por otro lado, la Comisión de Minería recibió en audiencia pública a los dirigentes de los minerales de Lebu y de Curanilahue y a los presidentes de Enacar y de la Agencia de Reconversión. En esa ocasión, los integrantes de la Comisión escuchamos al presidente del Directorio, señor Pedro Curar, quien tiene la responsabilidad de plantear al Presidente de la República las medidas que deberán adoptarse para la viabilidad de la empresa. Manifestó que él es partidario de que los yacimientos carboníferos de la Octava Región se cierren. Dada la gravedad de sus declaraciones, solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, remitiéndole la parte del acta de la sesión de la Comisión de Minería, del martes 17, en lo que respecta a las declaraciones del señor Curar, para que se le haga presente nuestra preocupación en torno a las opiniones que ha emitido, que son contrarias al compromiso que el Presidente de la República tiene con la zona minera. Por último, ayer, cuando visité la región, me reuní en la comuna de Curanilahue con un grupo de 11 pirquineros independientes, que están en huelga de hambre desde hace 4 días porque la Contraloría General de la República rechazó la toma de razón de los decretos que le enviara el Instituto de Normalización Previsional para extenderles los beneficios del bono compensatorio de la ley N° 19.129. Los pirquineros actuaron inducidos por funcionarios irresponsables del INP, que los motivaron a presentar una petición al cerrar sus pirquenes hace diez meses, haciéndoles presente que estaban incorporados a los beneficios de la ley. La movilización la llevan adelante con un ayuno de cuatro días y con grave riesgo para su integridad física, puesto que se trata de personas de avanzada edad y con salud muy deteriorada, por razones obvias de entender. En consecuencia, solicito que se oficie con la mayor urgencia a la señora María Isabel González, en su calidad de Subsecretaria de la Comisión de Energía y encargada del área del carbón, para que tome conocimiento de la situación que afecta a esos pirquineros cuya nómina entregaré al señor Secretario de la Cámaray se aboque a adoptar medidas, aun cuando sean de excepción, para reparar el daño causado a esos trabajadores y se busquen soluciones que les permitan obtener los beneficios que la ley N° 19.129 establece, incluso si la situación implica que el Ejecutivo tenga que enviar un proyecto al Congreso Nacional. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Comités Socialistas y PPD y del Diputado señor García-Huidobro. FACILIDADES DE EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO EN FAVOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO. Oficio. El señor DUPRE (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Diputada señora Rebolledo. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente, una de las dificultades mayores que existe en el país para superar las condiciones de vida de los más pobres es la deficiencia de los servicios de alcantarillado en muchos poblados rurales de Chile y barrios de sectores urbanos marginales. La ejecución de esas obras es de un alto costo para el Estado, lo que implica no avanzar a mayor velocidad para resolver este grave problema. En la Séptima Región se llevan a cabo, entre otras, obras de alcantarillado en el pueblo de Maulé, por un total de 245 millones de pesos, las que se encuentran en ejecución con un 80 por ciento de avance, y debieran iniciarse en las próximas semanas obras en el sector de San Francisco, de Constitución, por 8 millones de pesos. En las obras de la comuna de Maulé, ya bastante avanzadas, la empresa contratista solicitó a la Empresa de Ferrocarriles del Estado la autorización de "atravieso" de la línea férrea para continuar con la ejecución de las obras mencionadas. En respuesta a esta solicitud, la Empresa de Ferrocarriles envió carta de compromiso para ser suscrita con la empresa sanitaria, que sólo actúa como unidad técnica de un proyecto de inversión regional, en la que se establece la obligación de indemnizar a la Empresa de Ferrocarriles por el ejercicio de la autorización de pasos por un monto anual de 1.732.000 pesos; y el pago, por concepto de inspecciones e informe del ducto, por un monto anual de 300 mil pesos. Para analizar el problema, cabe tener presente que la Ley Orgánica de Ferrocarriles no establece normas especiales respecto de este tipo de atraviesos, como ocurre, en cambio, con los atraviesos de caminos. En consecuencia, el cobro no se funda en una disposición legal, sino en una norma de carácter reglamentario, vigente desde 1950, pero que, sin embargo, hasta hace poco no se aplicaba. Por otra parte, la Ley Orgánica de Ferrocarriles, en sus artículos 10 y 19, respectivamente, prohíbe al directorio y al gerente de la empresa realizar o incurrir en actos contrarios al interés social. El cobro de los derechos mencionados ha postergado el otorgamiento de la autorización de paso y ha obligado a la paralización de obras por casi dos meses. De mantenerse el cobro de los derechos, sólo podría optarse por una disminución en la obra, con lo que se eliminaría del proyecto a un conjunto importante de familias que no tendrían acceso al alcantarillado. Ello, considerando que a su término la obra no será entregada a la empresa sanitaria, sino a una cooperativa de agua potable rural, entidad sin fines de lucro y que no se encuentra en condiciones de solventar anualmente el pago de tales derechos por alrededor de 2 millones de pesos anuales. Más grave es el problema en el sector de San Francisco de Constitución, donde las beneficiarías son 30 familias y la inversión total del Estado asciende a 8 millones de pesos. Por lo anterior, solicito que se oficie a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, a fin de que colabore y no obstruya la continuación de estas importantes obras sociales en Maulé y el inicio de las obras en San Francisco, en Constitución, de acuerdo con lo establecido en su propia ley. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre y en el de los Diputados señores Álvarez-Salamanca, Letelier, don Juan Pablo; Navarro, Gutiérrez, Ascencio, Ojeda, Elgueta y, en general, de los Diputados presentes. SÉPTIMO ENCUENTRO DEL COMITÉ DE FRONTERAS "REGIÓN DE LOS LAGOS". Oficio. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Héctor Zambrano. El señor ZAMBRANO.- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero referirme a un acontecimiento positivo reciente que ha concitado el interés de los habitantes de las regiones del sur y del austro chileno. Los días 13 y 14 de marzo pasado se llevó a efecto en Coihaique, en la Región de Aisén, el Séptimo Encuentro del Comité de Fronteras "Región de los Lagos", con la participación de los sectores público y privado de las Regiones Octava, Novena, Décima y Undécima de nuestro país, y de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, de Argentina. Presidieron dicho encuentro los intendentes de Aisén y de la Novena Región y el vicegobernador de la provincia del Chubut. Además, se contó con la presencia del futuro embajador de Chile en Argentina, don Eduardo Rodríguez Guarachi; de los Senadores señores Zaldívar y Horvath, de gobernadores de varias provincias chilenas, de personal consular de ambos países y de quien habla. Durante el evento, se trabajó en cuatro comisiones: a) De facilitación fronteriza e infraestructura; b) De producción, comercio, industria y actividades financieras; c) De turismo, y d) De asuntos sociales. ' Quiero destacar algunas de sus principales conclusiones. 1°. Hacer presente a las cancillerías de ambos países la necesidad de contar, a la brevedad posible, con las normas compiladas concernientes al funcionamiento de los Comités de Frontera. 2°. La necesidad de proceder al estudio, por parte de ambas cancillerías, acerca de la creación de un comité o subcomité, en su caso, para la Región de Aisén y la provincia del Chubut. Se hizo especial mención, en el acta final firmada por ambas delegaciones, al hecho de la inauguración de la conexión de la red de energía eléctrica, por la que la empresa chilena Edelaysén provee de electricidad al puesto fronterizo de la gendarmería y aduana argentinas en el hito 50 de la localidad de Balmaceda. Esta es una manifestación expresa de la voluntad de ambos países de ir avanzando en este paulatino proceso de intercambio y de integración. Cabe mencionar, también, que se pretende, en un futuro próximo, que esta misma empresa chilena venda energía eléctrica a la ciudad de Los Antiguos, distante sólo cinco kilómetros de Chile Chico, hermosa ciudad nuestra ubicada en las márgenes del Lago General Carrera. Del mismo modo, se ha acordado que Argentina proveerá de energía eléctrica, desde la localidad de Aldea Beleiro al puesto de aduana y policía internacional chilenas ubicadas en el hito 45, de Coihaique Alto. Informo a la Honorable Cámara que una delegación chilena, integrada por funcionarios de la Corfo, ProChile y de la Asociación de Chacareros y Ganaderos de Chile Chico, recorrió recientemente diversas localidades de las provincias del Chubut y de Santa Cruz, auscultando y promoviendo la venta de alfalfa que se produce en el sur de nuestra región que no tiene mercado, por lo que se vislumbra la excelente posibilidad de colocación de este producto entre los ganaderos del sur argentino. Esta es una muy buena noticia para la gente de la provincia General Carrera y de la ciudad de Chile Chico, que aún no se recupera plenamente de las consecuencias de la erupción del volcán Hudson, que tuvieron que enfrentar hace algún tiempo. Estos son algunos efectos positivos de un sinnúmero de reuniones realizadas entre chilenos y argentinos del sur, y especialmente de ambas Patagonias, en que hemos tenido la suerte de participar. Por fin, los pobladores del sur de Chile ven algunas realizaciones concretas. Por último, no nos cabe sino felicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo de las Regiones Octava, Novena, Décima y Undécima, especialmente a la señora Intendenta de Aisén, doña Silvia Moreno; al gobernador de Coihaique, don Carlos Sackel, y a los dirigentes del empresariado de la Región, artífices de la realización de estas jornadas de integración. Solicito que, en nombre de la Cámara de Diputados, se oficie a la señora Intendenta de Aisén, felicitándola por esta iniciativa y ofreciéndole toda la colaboración de la Honorable Cámara para la ejecución de los acuerdos alcanzados en dicho encuentro binacional. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en su nombre y en el del Comité Demócrata Cristiano. USO DE RECURSOS DEL SENADO. Oficios. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, el 14 de mayo nos enteramos por una revista' sobre una situación que a ningún parlamentario le gustaría comentar; pero a veces el deber nos obliga a formular cuestiones de índole moral. Hace tres años y medio, un Senador denostó públicamente a un ex Diputado, a nuestro camarada y amigo personal Sergio Velasco, quien haría lo mismo que yo si hubiese estado en la Cámara hoy. Fue denostado y acusado ante la opinión pública y su distrito de haber hecho uso y abuso de algunas amistades en un organismo público. Me refiero al caso Onemi. Felizmente, y a Dios gracias todos los democratacristianos sabíamos de la conducta intachable de nuestro camarada, la justicia lo absolvió de toda culpabilidad. Pero las palabras, en algunas ocasiones, son como un búmerang, se lanzan y golpean muy fuerte en la cara de quien las lanzó. Es el caso lamentable de quien hizo la acusación a mi amigo Sergio Velasco: el ex Senador señor Hugo Ortiz de Filippi, quien, a Dios gracias, no es pariente de mi camarada José Miguel Ortiz. ¿Qué ha ocurrido? Que nos hemos enterado de que ese ex Senador de la Derecha, de Renovación Nacional, hizo uso y abuso de recursos del Senado, corporación de la que nunca, en cuatro años, nadie pudo decir nada, y que hoy está siendo objeto, por su culpa, de cuestionamientos. Pero las acusaciones apuntan directamente a ese ex parlamentario. Encuentro muy lamentable la situación, pero, a la vez, es bueno recordarla en esta Corporación, donde tanto se habla de corrupción, de moral y de transparencia. No sólo debería hacer alusión a este tema hoy. Renovación Nacional tiene la obligación moral de informar al país qué hizo don Hugo Ortiz de Filippi. ¿Cuánto dinero del Senado usó en forma errada? ¿Esto es o no corrupción? ¿Es o no olvido? ¿Es una situación especial? ¿Qué ocurrió con los dineros de los telegramas? ¿La honorabilidad del ex Senador se fue entre los telegramas? En verdad, me siento avergonzado como parlamentario porque por primera vez, en más de cuatro años, se sabe públicamente que alguien hace uso y abuso de sus derechos y atribuciones. Por la honra de las personas que conformamos el Congreso Nacional y por la de mi amigo Sergio Velasco, quiero, en primer lugar, que se oficie al señor Presidente del Senado, para que nos haga llegar todos los antecedentes los que se han conseguido hasta hoy sobre los dineros que mal usó este ex Senador; que nos diga a cuánto ascendieron y en qué los usó, y cuánto falta por conocerse todavía, para que la Cámara se entere de la situación. En segundo lugar, que se oficie al Presidente del Partido Renovación Nacional, en el cual militan muchos parlamentarios, todos honorables para que sea por la honra que merecen y por el conocimiento que debe tener el país, a fin de que informe a la Sala, públicamente, qué fue lo que pasó con el ex Senador. El monto no es bajo; se sabe que alcanza a 26 millones de pesos. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Diputado señor Seguel, el Diputado señor Bombal le solicita una interrupción. El señor SEGUEL.- No le puedo conceder interrupción, señor Presidente. El hablará después. Si se saca la cuenta, considerando que en el Hogar de Cristo cada mediagua cuesta 250 mil pesos, con esa suma se comprarían 104 madiaguas; con 26 millones de pesos, divididos por 1.500.000, se comprarían 18 viviendas básicas en la primera etapa; 3.715 colchonetas de 7 mil pesos cada una; 1.734 canastas familiares de 15 mil pesos, se pagarían 52.150 salarios mínimos a 499 trabajadores, y por último, dividida esa cantidad por 150 pesos; lo que vale un desayuno en el Hogar de Cristo, se compraría desayuno a 173.334 chilenos. Por lo tanto, creo que la Corporación, a lo menos, merece una respuesta de Renovación Nacional. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, con cargo a mi tiempo le solicité una interrupción al Diputado señor Seguel. ¿Es posible que me la conceda? El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- No se la concedió el Diputado señor Seguel. Tiene la palabra el Diputado señor Leay para plantear un asunto reglamentario. El señor LEAY.- Señor Presidente, quiero que el oficio que há solicitado el Diputado señor Seguel se haga extensivo a fin de pedir que el Senado informe del número de Senadores que hicieron uso de fax durante la campaña del año pasado, porque creemos que la información debe ser completa e involucrar a todos los señores Senadores. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- El Diputado señor Seguel manifiesta que está de acuerdo con la ampliación del oficio. POLÍTICA OCEÁNICA NACIONAL. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor José Makluf. El señor MAKLUF.- Señor Presidente, como es sabido, el próximo 21 de mayo se conmemorará el 115° aniversario del Combate Naval de Iquique, gesta que todos los chilenos, sin distinción, valoramos como un testimonio de entrega y sacrificio de los hombres para con sus compatriotas. Es precisamente el Día de las Glorias Navales una ocasión privilegiada para reflexionar sobre la necesidad de establecer, por consenso, una política oceánica chilena, dada la importancia del mar no sólo para la historia de la patria, sino también para su futuro esplendor. Esta propuesta ha sido reiteradamente planteada por la Armada de Chile, cuyo mando superior ha estudiado el tema a la luz de su quehacer esencial: el desarrollo y progreso de nuestra patria a través de una influencia y gravitación cada vez mayor en sus espacios oceánicos. Este desafío implica, en primer lugar, reconocer que los espacios oceánicos constituyen el territorio de mayor proyección, crecimiento y desarrollo del país con miras al milenio que se avecina. El Estado chileno requiere de una acción planificada y coordinada que comprenda a todos los agentes que participan del quehacer marítimo, y cuyo objetivo sea proyectar al país hacia un desarrollo sostenido de sus intereses oceánicos, mediante la explotación de sus recursos marinos, el desarrollo aplicado de las ciencias del mar y la expansión de su capacidad marítima oceánica. Una política oceánica nacional requiere, como premisa fundamental, constatar la importancia del borde costero como una zona en que interactúan y se complementan las actividades terrestres y oceánicas. Esta franja requiere, entonces, de un ordenamiento regulado de sus actividades y, como lógica consecuencia, de una urbanización planificada que respetando un medio ambiente libre de contaminación, contribuya también a este progreso. En este sentido, nos asiste la convicción de que una legislación que tienda a unificar criterios normativos sobre la edificación en el borde costero, constituirá, lógicamente, una herramienta de extrema utilidad para garantizar el desarrollo armónico de esta vital área. El segundo principio esencial de una política oceánica chilena es la participación plena del país en el denominado "Sistema Pacífico", como una forma de fortalecer nuestra presencia marítima internacional en esa cuenca. Al respecto, es pertinente destacar que en los últimos años se ha avanzado en forma sostenida en el logro de tal objetivo, especialmente a través de la integración de Chile al Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Otro eje fundamental en esta política lo constituye constituirá la explotación de los recursos marinos tanto vivos como minerales, y en este orden de ideas aparece como necesario reforzar las distintas dimensiones que abarca la industria pesquera nacional, pues la demanda potencial de recursos del mar es creciente en todo el mundo y la capacidad de captura de diversas especies, en los espacios oceánicos chilenos, ofrece también auspiciosas perspectivas. En cuanto a los recursos minerales del mar, existe hoy la necesidad imperiosa de profundizar el conocimiento minerológico oceánico chileno, pues diversos estudios han demostrado que en nuestra zona económica exclusiva existen múltiples yacimientos mineros. Un tópico ineludible a la hora de definir esta política oceánica es, por supuesto, todo lo relacionado con la operación portuaria. Debemos tener en consideración que el 95 por ciento del comercio exterior chileno se transporta por vía marítima y, por tanto, su evolución depende de un sistema portuario moderno en el que participe el sector privado a través de la inversión y la gestión, sin que ello signifique la desaparición de los actuales puertos estatales. Estos son algunos de los pilares en que debe fundarse una política oceánica chilena. Sin embargo, estimamos que un sustento esencial para desarrollarla y fortalecerla en el tiempo es la mantención de una capacidad adecuada del poder naval para resguardar los intereses nacionales. En efecto, el carácter estratégico de la pesca, nuestra dependencia de las líneas de comunicaciones marítimas para el desarrollo económico-social y la seguridad del país, y nuestra posición geográfica en relación al tráfico mercante mundial, requieren que la Armada de Chile contribuya permanentemente a mantenerlas. En estos días en que conmemoramos las Glorias Navales, resulta justo reconocer el aporte que en materia de formulación de una política oceánica nacional realiza la Armada de Chile. Y precisamente, su Comandante en Jefe, Almirante señor Jorge Martínez Busch, ha dispuesto hace poco que se efectúen los estudios necesarios para elaborar un completo documento que será sometido al Gobierno como una contribución al desarrollo nacional en esta área. En este 21 de mayo, ciento quince años después de la gesta de Iquique, la Armada de Chile continúa realizando su aporte al crecimiento, desarrollo y seguridad del país, fiel a su tradición de patriotismo y valor, legado de hombres como Arturo Prat, marino y abogado que fue capaz de ofrendar su vida por el porvenir de los hijos de esta tierra, y con ello entrar a la historia como el héroe máximo de nuestras glorias navales. He dicho. DESPIDO DE FUNCIONARIOS DE CODELCO. Oficio. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, quiero señalar mi preocupación por el despido en Codelco, el día de ayer, del señor Hernán Rocco —quien ocupaba la jefatura de la sección Ingresos y Egresos como consecuencia de las pérdidas por las operaciones especulativas del señor Juan Pablo Dávila. El señor Rocco enfrenta una situación muy lamentable. No sé si debe o no continuar en Codelco, no me estoy pronunciando sobre ese punto, pero sí puedo dar testimonio de que cuando concurrió a la Comisión, algunos de sus miembros le atribuyeron públicamente cosas que jamás dijo, lo cual le significó problemas en esa empresa. Cuando vino por segunda vez a la Cámara, desmintió lo dicho por ciertos parlamentarios. Sin embargo, hoy ha sido despedido, y no me parecería justo que se adoptara esa medida por expresiones que no vertió en la Comisión Investigadora. Debo recordar que la primera declaración del señor Rocco fue calificada con epítetos como "notable" o "el testimonio más importante que ha habido en la Comisión", atribuyéndosele afirmaciones que no hizo. Posteriormente, se lo calificó, inclusive no recuerdo si ésa fue exactamente la expresión de mentiroso. El ensalzamiento primero y el castigo después efectuado por parlamentarios, que lamentablemente no actuaron en concordancia con el carácter de una Comisión Investigadora, pudo haberlo perjudicado. Por ello, pido que se oficie a Codelco para que remita a esta Corporación un informe pormenorizado de los sumarios instruidos y de las consideraciones que se tuvieron en vista para despedir al señor Rocco, al señor Bocaz y a otras personas, con posterioridad a su concurrencia a la Comisión. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para remitir el oficio en nombre de la Cámara? De ser cierto el hecho denunciado por el señor Andrés Palma, sería muy grave para las facultades fiscalizadoras de la Cámara. El señor LEAY.- Me adhiero en todos los términos señalados por el Diputado señor Palma. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo de la Cámara para ese efecto? Acordado RÉPLICA A INTERVENCIÓN SOBRE USO DE RECURSOS DEL SENADO. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- En el tumo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, lamento que el Diputado señor Seguel no se encuentre en la Sala. No pretendo asumir la defensa del ex Senador Hugo Ortiz de Filippi, porque a él le corresponde hacerlo; por lo demás, nunca ha negado la deuda contraída con el Senado. Lo que considero injusto es que se pretenda involucrar a Renovación Nacional en un acto personal del ex Senador, del cual debe responder, en lo que le ha hecho hincapié el partido al cual pertenece. Eso quería aclarar. CRECIMIENTO DE GASTOS RESERVADOS DE MINISTERIOS. El señor ERRÁZURIZ.- Últimamente, hemos oído hablar mucho de corrupción y de transparencia. Comparto plenamente el criterio de que mientras más transparentes sean las cosas, menos lugar hay para la corrupción. Hemos conocido el caso Codelco, las irregularidades en numerosas municipalidades, el escándalo en la Refinería de Petróleo de Concón, la situación que afectó a la Digeder, y muchos otros. Sin embargo, hay un sector al que deseo referirme, y en que parte de la responsabilidad corresponde a esta propia Corporación. Me refiero a los gastos reservados en algunos Ministerios y a su desproporcionado crecimiento en los últimos tres años. Ellos han sido aprobados en la ley de presupuestos por la Cámara de Diputados. Si queremos ser transparentes, también velemos para que haya transparencia en el Gobierno y en los Ministerios. Me limitaré a sólo dos casos que son ilustrativos. En la Secretaría General de Gobierno, en 1990 se destinaron a fondos reservados, en miles de pesos, 476.103, equivalentes al 40 por ciento de un presupuesto de 1.189.678 pesos. En 1994, el presupuesto de ese ministerio aumentó a 4.238.183, es decir, casi cuatro veces más, y los fondos reservados subieron de un 40 a un 74,65 por ciento, hasta llegar a 3.164.420 pesos. En otras palabras, el presupuesto se incrementó en casi cuatro veces, y los fondos reservados de ese Ministerio crecieron en casi siete veces. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presupuesto de 1990 fue de 135 millones de pesos, de los cuales 22 millones esto es el 16 por ciento— fueron fondos reservados. En 1994 el presupuesto aumentó cerca de ocho veces, llegando a 932.577 millones de pesos, y los fondos reservados subieron casi cuarenta veces, llegando a 509.883 millones de pesos, esto es, un 54,72 por ciento. Estas cifras son difíciles de encontrar, incluso para los miembros que no son de la Comisión de Hacienda. En la Ley de Presupuestos, los fondos reservados están siempre bajo el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y explicados en la glosa 03, que señala que de ellos "se debe rendir cuenta en forma global y reservada ante el Contralor General de la República". Esto significa, Honorable Cámara, que no es necesario detallar en qué se invirtió. Basta con que los Subsecretarios eleven al Contralor un certificado de buena inversión. Queremos denunciar estos hechos para que en el Presupuesto del Próximo año tengamos especial cuidado en evitar que esta situación se repita. Ella atenta contra la imagen de las autoridades y también de esta Honorable Corporación, que aprueba el Presupuesto. Si deseamos transparencia en la Cámara, en sus gastos, en sus dietas y en sus viáticos, exijamos también transparencia al Gobierno y a sus Ministerios. Esa es la primera forma de modernización del Estado. He dicho. CREACIÓN DE FONDO CONCURSABLE PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA. Oficio. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. El Señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, hace algunas semanas planteaba la necesidad de que la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Regional de la Región del Maulé financiaran un estudio de biomasa del banco de machas que se encuentra en la localidad costera de La Trinchera, en la provincia de Talca, y que se distribuye en una amplia zona de nuestro litoral, superior a los 4 kilómetros de extensión. Ello, porque permitiría establecer un plan de manejo, a fin de evitar el agotamiento de estas fuentes de riqueza y trabajo. Decía que dicho estudio era necesario dado el evidente agotamiento del recurso, pues la extracción se hace cada día más difícil, ya que los moluscos que de allí se sacan están constituidos, en su gran mayoría, por especímenes en estado juvenil. También hacía ver que eran numerosas las familias de la zona de Putú, La Trinchera e Iloca, principalmente, las que dependen de este recurso para seguir trabajando en esta actividad que, para ellos, es la tradicional. Hoy quiero replantear esta cuestión, pero en otro ámbito, más amplio. Esto debido a que, por informaciones de prensa, me he impuesto de que la carencia de estudios para conocer la biomasa de las distintas especies animales que pueblan nuestro mar es una realidad que afecta no sólo a esta pequeña porción del territorio marítimo de la Séptima Región, sino que a todo nuestro país. Ello, sin duda, reviste enorme gravedad, pues impide tener datos indispensables para la fijación de políticas dirigidas a mantener y a acrecentar esta actividad económica que significa grandes ingresos para Chile y una fuente de trabajo estable y en expansión permanente. La información de prensa sostiene que en Chile no se realizan los proyectos necesarios para enfrentar en el largo plazo el desarrollo sustentable de los recursos marinos, es decir, no existe clara conciencia de que la mantención de las especies marinas, económicamente rentables, al igual que su entorno, significa una inversión de futuro para nuestro país y las generaciones venideras. También se señala la escasez de científicos dedicados a los estudios de oceanología, ¡y esto en un país que tiene casi 4 mil kilómetros de litoral! Sólo por citar un ejemplo, se indica que en estudios relacionados con los procesos geológicos de los océanos no estarían involucrados más de cinco científicos en el país; el área mejor desarrollada es la de oceanografía biológica, en la que también existe un déficit notable de especialistas y de proyectos a realizar conforme a lo que se requiere. Muy importante me parece el análisis que hace el Presidente del Comité Oceanógrafico Nacional al plantear la creación de un fondo concursable para el desarrollo de la investigación científica marina, ya que ésa es la única forma de lograr avances en este campo de manera de alcanzar metas que satisfagan las necesidades reales del Estado de Chile en este ámbito del conocimiento científico. Nada más lógico que la explotación de los recursos marinos vaya a la par con el desarrollo científico, pues ésta es la única forma de saber cómo se comportan las distintas variables que interactúan en esta actividad económica, como son la capacidad de renovación del recurso, la acción de distintos fenómenos contaminantes, indicadores claros acerca de sobreexplotación del recurso, calidad de los océanos, cambios climáticos; en fin, lograr la mantención de la biodiversidad, que es el pilar sobre el que se sustentan los distintos ecosistemas marinos. Tampoco quiero dejar de citar las opiniones del Subdirector del Instituto Oceanológico de la Universidad de Valparaíso, don Sergio Avaria, quien sostiene en la misma publicación de prensaque la única fuente de recursos para investigación marina es el Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Fondecyt, dineros que son absolutamente insuficientes para desarrollar esta actividad científica, la que el año 1988 podría haber evitado cuantiosas pérdidas a la salmonicultura a causa de la denominada marea café. Por su parte, el Director de Estudios Oceanográficos del Instituto de Fomento Pesquero también señala que los recursos económicos con que actualmente cuentan impiden el desarrollo de la investigación científica de mediano y largo plazo. Y aún algo más grave: plantea que los efectos de fenómenos como la corriente del Niño podrían ser atenuados, o detectarse a tiempo, si se hiciesen estudios continuos de monitoreo en nuestro mar del norte. A su vez, el Director del Instituto de Estudios Oceanológicos de la Universidad de Antofagasta expresa que los recursos humanos son insuficientes, aunque tienen un alto grado de preparación. La falta de interés está referida a la carencia de posibilidades para desarrollar actividades de investigación. Del análisis de los especialistas que he citado se desprende, claramente, que estamos frente a un problema que requiere de urgentes soluciones. Chile ya no es un país pobre, imposibilitado de destinar recursos para el desarrollo de esta actividad científica, pues, aun cuando es cara, sabemos que es sumamente necesaria para la mantención de nuestro medio marino, de nuestras pesquerías, de nuestra actividad económica y de nuestro futuro marítimo. Señor Presidente, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República para que se estudie la creación de un fondo concursable para el desarrollo de la investigación científica en este campo. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. USO DE RECURSOS DE LA LEY N° 19.265. INSPECCIÓN DE OBRA VIAL EN MALLECO. Oficios. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, me quiero referir a un tema relacionado con el Ministerio de Obras Públicas. Todo Chile sabe que en diciembre del año pasado, mediante la ley N° 19.265, se autorizó a la Dirección de Vialidad para comprar maquinarias y destinarlas a mejorar los caminos rurales de la Octava, Novena y Décima Regiones. Concretamente, se la autorizó para invertir hasta la suma equivalente en moneda nacional de 9 millones de dólares en la adquisición mediante resolución fundada de la Dirección de Vialidad de elementos destinados a la complementación adecuada de la conservación de la red vial comunal de las regiones mencionadas. Señor Presidente, respecto de esa ley, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que informe sobre el grado de utilización de los recursos establecidos en ella, de las acciones que cada Dirección Regional de Vialidad ha realizado sobre la materia, relativas a la dictación de normas técnicas, de control o de fomento a la creación de corporaciones que permitan usar recursos tan importantes en estas tres regiones, que son las que tienen la mayor cantidad de kilómetros de caminos en pésimas condiciones en las tres regiones mencionadas. Uno de los más importantes, priorizado en los planes regionales de la Novena Región, es el que une las ciudades de Los Sauces y Lumaco, por el sector de Las Rosas, llamado R 444. Personalmente he comprobado que en los trabajos que se realizan en la actualidad, según una licitación pública efectuada a fines de 1993, se han usado en forma exagerada bolones en vez de ripio, lo que no es concordante con lo estipulado en el contrato. Por lo tanto, solicito que también se oficie al Ministro de Obras Públicas, con el fin de que se sirva disponer la inspección apropiada de los trabajos realizados en el camino R 444, de la provincia de Malleco. Señor Presidente, pido que estos dos oficios se envíen en forma separada, ya que uno se relaciona sólo con el distrito 48, y el otro se refiere a la Octava, Novena y Décima Regiones. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, aun cuando está excediendo el ámbito de su acción a una circunscripción un poco más amplia. El Señor BAYO.- Señor Presidente, si estuvieran presentes todos los parlamentarios de las Regiones Octava, Novena y Décima —sólo hay algunos en la Sala—, compartirían mi inquietud, porque ellos son dignos representantes de esas regiones, siempre postergadas en favor de un centralismo capitalino que nos tiene bastante agobiados. ALCANCE A INTERVENCIÓN SOBRE USO DE RECURSOS DEL SENADO. El Señor BAYO.- Señor Presidente, quiero expresar algunas palabras frente a la preocupación del Honorable Diputado señor Seguel, relativa al problema que afecta al ex Senador señor Hugo Ortiz de Filippi. Su preocupación es valedera, pero el Diputado señor Seguel trata de relacionarlo en forma reiterada con Renovación Nacional. En su estilo y de acuerdo con su permanente forma de actuar en el hemiciclo, olvida lo que todo Chile conoce y sabe: que está aclarado el uso de los recursos cuestionados y que esas platas serán devueltas, ya que todo se debió a una falta de información del ex Senador respecto de los recursos destinados al envío de correspondencia y de contactos telefónicos. Ahora bien, me pregunto si el Honorable Diputado señor Seguel tiene igual preocupación por los cuantiosos montos desaparecidos muy superiores a los 20 millones de pesos que hoy ha cuestionado en la Cámara de Diputadosen Codelco, en Digeder y en otras instituciones vinculadas a jerarcas de la Democracia Cristiana ¿Se devolverán esas platas algún día? ¿Habrá algún compromiso público para hacerlas aparecer? He dicho. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Oficios. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el Diputado señor Bombal. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, junto con los Diputados señores Ulloa y Bartolucci, representantes de mi partido en la Comisión de Educación, hemos trabajado en el último tiempo en el nivel de endeudamiento en que se encuentran algunas universidades. Esta tarde quiero referirme a una situación bastante delicada que afecta a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, más conocida como el ex Pedagógico, que virtualmente se encuentra quebrada. Voy a intentar describir brevemente el problema y al final solicitaré algunos antecedentes para que esta Honorable Cámara pueda tener en los próximos días una visión más completa sobre la precaria y caótica situación financiera que afronta esta Universidad. La semana pasada, su rector sostuvo públicamente la necesidad de enajenar la sede institucional, es decir, el Campus Macul, para solventar el futuro plan de desarrollo de la Universidad, el cual demanda una inversión aproximada de 12 mil millones de pesos. Conociendo el nivel de endeudamiento de la Universidad, nos pareció importante plantear públicamente de hecho, lo reiteramos en la Cámaraque, para evaluar estos antecedentes, el señor rector dé a conocer también públicamente la verdadera situación financiera por la que atraviesa la Universidad y entregue todos los antecedentes sobre su marcha económica, administrativa y financiera. Quiero señalar, y también lo hago en representación de los Diputados señores Ulloa y Bartolucci, que el pasivo exigible de corto y largo plazo que mantiene la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación alcanza a 3.200 millones de pesos, lo que significa que se ha incrementado en 250 por ciento respecto de igual pasivo que mantenía en 1991 y que bordeaba, en moneda constante, los 900 millones. Este pasivo está conformado principalmente por deudas contraídas con diferentes bancos, aproximadamente un 40 por ciento del total; el resto, con los demás proveedores. El nivel de endeudamiento de la Universidad en diciembre de 1993 era del orden de 1.500 millones de pesos; más del doble del total de sus ingresos operacionales, lo que representa un 30 por ciento de su patrimonio neto. De estas cifras, aproximadamente 1.300 millones de pesos corresponden a obligaciones vencidas e impagas que mantiene la Universidad con el sistema financiero, con la banca privada. Estas deudas debieron ser renegociadas en enero de este año. Al respecto, quiero entregar algunos datos bastantes sorprendentes. La composición de la deuda con bancos, en grandes números, es, con uno de ellos, de 400 millones de pesos; con otro, de 660 millones; con otro, de 200 millones. Todas esas deudas vencen este año, y la Universidad no tiene cómo pagarlas. Este ítem ha cobrado relevancia progresiva desde los años noventa; pero sólo en 1993 la deuda bancaria aumentó en un ciento por ciento, y, dado su nivel de exigibilidad, que es inminente en los próximos meses, virtualmente la Universidad no tiene cómo hacerle frente. Para cumplir con estos compromisos bancarios esto es extraordinariamente delicado el señor rector ha tenido que hipotecar parte de los terrenos de la Universidad, la misma que pretende enajenar; es decir, para subsistir ha tenido que ir hipotecándola a los bancos. Durante el período 1992-1993, el Fisco debió aportar adicionalmente 484 millones a la Universidad en el primer año, y 546 millones, en el segundo. En febrero del presente año, el Fisco ya ha tenido que hacer un anticipo extraordinario de 405 millones de pesos, lo que, naturalmente, debilita mucho la posición financiera de la Universidad, porque ha comprometido buena parte del aporte de este año. En consecuencia, si quiere servir la deuda bancada, no podrá hacerlo mediante el aporte estatal. Es muy importante puntualizar que el nivel de gastos de la Universidad se ha elevado considerablemente en los últimos cuatro años. Solamente mencionaré un rubro: por concepto de remuneraciones, hoy se están pagando 4.750 millones de pesos, lo que significa escuche bien, Honorable Cámara el 88 por ciento del presupuesto de la Universidad; es decir, ella no tiene ninguna salida, ninguna viabilidad. Por otro lado, en estos días hemos visto a sus estudiantes protagonizando hechos de violencia. La estadística proporcionada por el señor rector indica que la morosidad por concepto de matrículas, lejos de subir, está bajando; es decir, los alumnos están pagando más. Pensamos que el señor rector debe entregar a la Cámara todos los antecedentes sobre el nivel de ingresos y de egresos operacionales de ese organismo para analizar y creo que deberá constituirse después una Comisión especial— la situación que está afectando a esta Universidad, porque es muy importante que la comunidad universitaria sepa exactamente, en especial los padres y los alumnos, cómo se están administrando estos recursos y por qué esta virtual quiebra técnica de la Universidad. También el Ministerio de Educación debe explicar las razones que ha tenido para hacer estos aportes extraordinarios, en circunstancias de que conoce muy bien el descalabro financiero de la Universidad. Por lo tanto, en primer lugar, pedimos formalmente que la Contraloría General de la República haga llegar a la Cámara todos los antecedentes que obran en su poder respecto de la situación financiera, económica y administrativa de esta Universidad y todos los que allí existan sobre el régimen de contrataciones durante el período 19901994. En segundo lugar, solicito que se oficie al Ministro de Educación, con el objeto de que envíe a la Cámara todos los antecedentes financieros, económicos y administrativos que existan sobre la Universidad en los últimos cuatro años, y que informe pormenorizadamente cómo se han concedido estos aportes extraordinarios y qué antecedentes se han tenido en cuenta para otorgarlos. He dicho. El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Se solicitarán los antecedentes pedidos por el Diputado señor Bombal a la Contraloría General de la República y se enviará el oficio al Ministro de Educación, en los términos indicados. Ha terminado el tiempo de la Unión Demócrata Independiente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Se levantó a las 14.13. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.