REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 328a, EXTRAORDINARIA Sesión 24a, en martes 17 de mayo de 1994. (Ordinaria, de 19 a 22.06 horas) Presidencia de los señores Latorre Carmona, don Juan Carlos, y Espina Otero, don Alberto. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.Asistencia.1950 II.Apertura de la sesión.1952 III.Actas.1952 IV.Cuenta.1952 Réplica a declaraciones del alcalde de Santiago 1953. V. Orden del Día. 1. Modificación del Código del Trabajo en relación con la no discriminación para optar a un empleo. Primer trámite constitucional.1954 2. Normas sobre otorgamiento de licencias de conducir. Modificación de la Ley de Tránsito. Primer trámite constitucional 1959. 3. Modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción en cuanto al control de la calidad de la construcción. Primer trámite constitucional. Aplicación del artículo 108 del Reglamento 1963. VI.Proyectos de acuerdo. 1. Creación de Comisión de Análisis de propuestas de vertederos en Región Metropolitana 1979. 2. Petición para modificar la ley N° 18.525, sobre importación de mercaderías. Oficio 1981. 3. Beneficio en favor de adquirentes de viviendas progresivas. Oficio.1983 VII. Incidentes. 1. Antecedentes sobre construcción de nueva cárcel pública en Valparaíso. Oficios 1985. 2. Información sobre aplicación de sistema polivalente en liceos de Talcahuano, Octava Región. Oficios 1986. 3. Construcción de hospital en zona sur de Santiago. Oficio 1986. 4. Actuación de la Conaf en la Décima Región. Oficio 1987. 5. Construcción de balsas en San Fabián y Quillón, en provincia de Ñuble. Oficio 1987. 6. Restitución de bienes confiscados durante el régimen militar. Petición de antecedentes. Oficio 1988. 7. Creación de juzgado de menores en Angol. Oficio 1989. 8. Soluciones viales en la provincia de Concepción. Oficios 1989. 9. Reconocimiento por ampliación del Servicio Médico Legal de Concepción. Oficio 1990. 10. Homenaje al Comodoro don Arturo Merino Benítez en el 106° aniversario de su nacimiento. Oficios 1990. 11. Instalación de pista sintética en estadio "Carlos Dittborn", de Arica. Oficio 1992. 12. Homenaje al Regimiento de Ingenieros de Montaña N° 2, "Puente Alto". Oficio 1993. VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, por el que inicia un proyecto que modifica la ley N° 19.300, incorporando al Ministro de Relaciones Exteriores, al Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (boletín N° 1202-12) 1995. 2. Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de "suma", para el despacho del proyecto sobre violencia intrafamiliar (boletín N° 451-07) 1996. 3. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que retira y hace presente la urgencia, con calificación de "simple", para el despacho del proyecto que otorga determinados beneficios a los propietarios de predios derivados del proceso de reforma agraria (boletín N° 1099-01) 1997. IX. Otros documentos de la Cuenta. 1.- Oficios: Del Ministerio del Interior, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Pérez (don Ramón), sobre situación que afecta a concejales de municipalidades del país. Del señor Makluf, referente a carro porta escala telescópica para Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Del señor Longueira, construcción Comisaría de San Bernardo. De la señora Prochelle, sobre contaminación río Damas, en la ciudad de Osorno. Del señor Jürgensen, referente mejoramiento de barrios poblaciones Pablo Neruda y Pedro Aguirre Cerda, comuna Puerto Varas. Del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Kuschel, proyectos, programas o actividades contempladas para la Décima Región. Del señor Elizalde, proyectos ejecutados en colaboración con ONG en el período 1990-1994. Oficio del Ministerio de Educación, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Rodríguez (don Claudio), sobre ampliación del Liceo B-7 de Putaendo. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, con el que remite cuadro resumen de oficios de ese Ministerio emitidos en el mes de abril de 1994, a parlamentarios y autoridades en general. Oficios del Ministerio de Agricultura, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados: Del señor Valcarce, ingenieros de ejecución agrícolas para proveer cargos vacantes en el SAG. De los señores García (don Rene), Acuña, Caminondo, Errázuriz, Gutiérrez, Hernández, Jürgensen, Pérez (don Víctor), Reyes y Zambrano, sobre comercialización de leña. Del señor Ascencio, acerca de actividad empresa Golden Spring Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Navarro, referente a saneamiento títulos de dominio en población Playa Sur, comuna de coronel. Oficio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, mediante el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Coloma, relativo a construcción de viviendas en la comuna de Isla de Maipo. Oficio de la Municipalidad de Traiguén, con el que informa situaciones de salud que indica. Oficio de la Municipalidad de Yerbas Buenas, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Naranjo, sobre honorarios y horas extraordinarias desde 1992 a la fecha. Oficio de la Municipalidad de Rengo, mediante el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor García-Huidobro, relativo a nómi¬na de personal a honorarios de esa municipalidad, ingresados a contar del mes de septiembre de 1992. Oficio de la Municipalidad de Renca, por el que responde el enviado en nombre de los Diputados señores Melero, Latorre, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Cardemil, Martínez (don Rosauro), Montes y Sota, relativo a licitaciones iniciadas en la Región Metropolitana para dar solución a la disposición final de los residuos municipales. Oficio de la Fiscalía Nacional de Quiebras, con el que responde el enviado en nombre de los Diputados señores Navarro y Salas y los Comités parlamentarios de los Partidos Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Renovación Nacional, Socialista y Unión Demócrata Independiente, sobre pagos previsionales pendientes de los ex-trabajadores de Industrias Lozapenco S.A. I. ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: (104) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Meló, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Arancibia Calderón, Armando --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Aylwin Azocar, Andrés --Aylwin Oyarzún, Mariana --Balbontín Arteaga, Ignacio --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Caminondo Sáez, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Pinera, Andrés --De la Maza Maillet, Iván --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientes, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Ángel --Ferrada Valenzuela, Luis Valentín --Fuentealba Vildósola, Renán --Gajardo Chacón, Rubén --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --González Rodríguez, José Luis --Gutiérrez Román, Homero --Hamuy Berr, Mario --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado Ruiz-Tagle, José María --Jara Wolff, Octavio --Jeame Barrueto, Víctor --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Jürgensen Caesar, Harry --Karelovic Vrandecic, Vicente --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Makluf Campos, José --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Matthei Fornet, Evelyn --Melero Abaroa, Patricio --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Muñoz Aburto, Pedro --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchon, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pizarro Soto, Jorge --Rebolledo Leyton, Romy --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Solís Cabezas, Valentín --Sota Barros, Vicente --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Ávila, Raúl --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos --Villegas González, Erick --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Wórner Tapia, Martita --Zambrano Opazo, Héctor Con permiso constitucional estuvieron ausentes la Diputada señora Isabel Allende, los Diputados señores Baldo Prokurica, Jorge Soria.’ Asistió, además, el Senador señor Sergio Páez. II.- APERTURA DE LA SESIÓN. Se abrió la sesión a las 19. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Las actas de las sesiones 21a y 22a se declaran aprobadas. IV. CUENTA. El señor LATORRE (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Terminada la lectura de la Cuenta. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pido la palabra para hacer un alcance sobre la Cuenta. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor GARCÍA (don René Mañuel) Señor Presidente, en el número 3 de la Cuenta figura el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que reitera y hace presente la urgencia, con calificación de "simple", para el proyecto que otorga determinados beneficios a los propietarios de predios derivados de la reforma agraria. Varios Diputados estimamos que la urgencia de esa iniciativa debe calificarse de "suma", porque en este momento están venciendo las cuotas y muchos parceleros de la Cora han sido objeto de embargo. La situación es apremiante porque algunas parcelas van a salir a remate. Mientras se promulga la ley -sería la cuarta-, la gente no sabe qué hacer y constantemente nos pregunta respecto de esta materia. Por lo tanto, pido que se dé "suma" urgencia al proyecto. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Honorable Diputado señor René García, su planteamiento es improcedente. Si lo estima conveniente, puede presentar un proyecto de acuerdo en tal sentido. El Presidente de la República procedió a calificar la urgencia de ese proyecto como "simple". El señor NARANJO Pido la palabra para hacer un alcance sobre la Cuenta. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor NARANJO.- Señor Presidente, dentro de los oficios que figuran en la Cuenta hay uno de la Municipalidad de Yerbas Buenas en relación con los honorarios y horas extraordinarias. Lo pedí yo, pero la respuesta está dirigida al Diputado señor Valcarce. Por lo tanto, me gustaría saber si hay un error en el nombre. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, averiguaremos de inmediato acerca de esa situación. El señor VILLOUTA.- Pido la palabra. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, en el punto 4, aparece un oficio del Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, por el cual solicita que se le remita copia de los antecedentes en cuya virtud se ordenó investigar las relaciones entre Empremar y Seminsa. Me parece que esto no es común. Por eso, solicito que el señor Secretario nos informe si hay algún argumento valedero para que entreguemos esos documentos. El señor LATORRE (Vicepresidente).- El señor Secretario me aclara que se están solicitando antecedentes; otra cosa es la respuesta. Sólo se ha hecho una petición. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, mi duda es si corresponde que un juzgado nos pida antecedentes y en razón de qué. El señor LATORRE (Vicepresidente).- El señor Secretario me dice que debe incluirse en la Cuenta la solicitud. El fondo de ella -situación que a Su Señoría le preocupa-, deberá resolverlo la Comisión encargada de responder el oficio. Terminada la Cuenta. RÉPLICA A DECLARACIONES DEL ALCALDE DE SANTIAGO. El señor LATORRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Melero ha pedido hacer uso del artículo 33 del Reglamento, porque estima que su reputación o corrección de procedimiento se ha dañado por cargos formulados en algún medio de publicidad o por otras observaciones. Tal como lo dispone esa norma reglamentaria, tiene la palabra Su Señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, el sábado 14 de mayo los Diputados del Distrito 16, Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil, junto a un Senador, concurrimos a una invitación de la comunidad de Batuco para oponerse a un proyecto de vertedero de basuras a instalarse en dicha localidad. La movilización generada por la comunidad misma tuvo un amplio respaldo; reunió a más de mil personas y tanto el alcalde de la comuna de Lampa como los parlamentarios y representantes de la comunidad, expusieron las razones por las cuales se oponían a dicho proyecto. Este acto tuvo amplia difusión en los medios de comunicación. La visita, en nuestra calidad de parlamentarios y la mía, en particular, obedeció a que nos corresponde, como Diputados, canalizar las inquietudes y la preocupación ciudadanas, especialmente en un hecho de tanta importancia como el que relato. Sin embargo, al día siguiente -el domingo- el alcalde de Santiago, don Jaime Ravinet, en declaraciones a los medios de comunicación se permitió señalar que las opiniones que emitimos los parlamentarios, en particular el que habla, eran "demagógicas, populistas e irresponsables". Tales aseveraciones, tan destempladas e irracionales del señor Ravinet, me llevan hoy a reclamar en la Sala. Como Diputado, me corresponde el derecho de representar la inquietud ciudadana y de hacer ver que la responsabilidad de lo que ha estado ocurriendo en el manejo de los futuros vertederos de la Región Metropolitana tiene su eje justamente en la inoperancia y lentitud del propio señor Ravinet y otros encargados de resolver el problema. La situación límite radica en el hecho de que a siete meses de que los dos principales vertederos de la Región Metropolitana -Lo Errázuriz y Cerros de Renca- terminan su vida útil, no tengan aún destino ni proyecto de futura ubicación. No se trata sólo, como ha dicho el señor Ravinet, de una proposición, sino de un hecho bastante adelantado. Nos correspondió constatar trabajos ya iniciados en el lugar seleccionado; la presencia de profesionales que hacían levantamientos topográficos y análisis geológicos del terreno. El señor Ravinet ha dicho que en 30 días más entregará la propuesta definitiva. Lo mismo dijo que iba a hacer el 9 de mayo, y de ahí empezó a generarse está inquietud ciudadana. No estoy dispuesto a aceptar la política de los hechos consumados que el señor alcalde de Santiago quiere imponer al resto de la Región Metropolitana. Tan solo es el alcalde de la comuna de Santiago, y así como da a conocer su opinión, otros alcaldes también tienen las suyas. El señor Ravinet no es el alcalde de la región, de todas las comunas, sino que tan solo de una, y debe tener presente que el respeto a las inquietudes ciudadanas y a la participación que muchas veces él promueve en la propia, también es válido en las comunas más pobres de la Región Metropolitana. Considero que las inquietudes de las comunas de Lampa y Tiltil merecen igual respeto, por pobres que ellas sean, más aún cuando existe el proyecto y la amenaza concreta de instalar allí un vertedero. En tal sentido, invito al señor Ravinet a dar la cara respecto de los lugares específicos de la propuesta concreta que dice tener y no a cobijarse, como lo ha hecho a través de los medios de comunicación, en el silencio como elemento necesario para evitar la sobrerreacción de las personas y para que no haya problemas en los sitios o en los precios de los terrenos. A estas alturas -por decir lo menos- resulta pueril pensar que los habitantes de dicha localidad o que los parlamentarios y las autoridades no nos damos cuenta de los estudios que se están efectuando, cuando ellos se han estado haciendo con semanas de anticipación. Señor Presidente, estoy convencido de la necesidad de establecer nuevos vertederos en alguna parte de la Región Metropolitana, pero considero que ello debe llevarse a cabo con transparencia, ubicándolos en lugares que no molesten a la población y con el debido respeto al entorno ecológico y productivo. Eso es lo que reclaman los vecinos de Batuco, y lo que, en mi calidad de Diputado, he querido representar; pero no puedo permitir que se nos tilde de populistas y de demagogos, cuando lo que estamos haciendo es respetar el derecho de los ciudadanos a expresar sus dudas a la autoridad en la forma y en los términos adecuados. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Diputado. El señor MELERO.- Por último, no escatimaré esfuerzos en dicho objetivo, y seguiré denunciando todo intento que no considere las opiniones de las comunas afectadas, por pobres que ellas sean. He dicho. V. ORDEN DEL DÍA. 1.- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN CON LA NO DISCRIMINACIÓN PARA OPTAR A UN EMPLEO. Primer trámite constitucional. El señor LATORRE (Vicepresidente).- En el orden del Día, y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala en la sesión de la mañana, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código del Trabajo en relación a la discriminación de sexo y edad máxima para optar a un empleo. Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, es el señor Villegas. Antecedente: Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, boletín N° 1065-17, sesión 23°, en 17 de mayo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 3. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor VILLEGAS.- Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía pasa a informar, por mi intermedio, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción del Diputado señor José Antonio Viera-Gallo, por el cual se modifica el Código del Trabajo, en el sentido de declarar contrarias a las leyes laborales la discriminación para optar a un empleo, fundada en motivos de edad de las personas. En la discusión del segundo informe, la Comisión contó con la colaboración y asistencia del autor de la moción, el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo, y del Presidente de la Comisión de Trabajo, Diputado señor Rodolfo Seguel Molina. La iniciativa de ley en informe fue despachada por la Comisión, en su primer trámite reglamentario, el 13 de abril del año en curso y aprobada en general por la Honorable Cámara en la sesión 14a, de 19 de abril del mismo año. Hago presente que durante la discusión del segundo informe no se presentó ninguna indicación en el seno de la Comisión. En consecuencia, el debate se centró en las indicaciones presentadas en la Sala. Menciones del segundo informe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se consignan las siguientes menciones: 1) Todas las letras que conforman el artículo único del proyecto fueron objeto de indicaciones. 2) En este segundo informe, sólo fueron objeto de examen las indicaciones propuestas al término de la discusión general en la Sala, porque en la Comisión no se presentaron otras. 3) No hay normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. 4) La letra c) del artículo único fue suprimida. 5) No hay disposiciones o artículos modificados. 6) No hay disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda. 7) Fueron rechazadas las siguientes indicaciones al artículo único: 1°) Del Diputado señor Ascencio, para reemplazar la letra a) por la siguiente: "a) Intercálase en el inciso segundo las siguientes expresiones seguidas de una coma (,), después de la coma que sigue a la palabra sexo:, "edad, estado civil o aspecto físico." 2°) Del señor Ascencio, para reemplazar la letra b) por la siguiente: "b) Intercálese, después del punto seguido con que termina la primera frase del inciso segundo, el siguiente párrafo: "Prohibiéndose expresamente todas las ofertas de trabajo que efectúe un empleador, directamente o a través de tercero y por cualquier medio, que señale como requisito para postular a ellos el sexo, estado civil, edad o un aspecto o atributo físico del postulante, salvo cuando ello sea considerado esencial para la realización de los mismos." 3°) Del mismo Diputado señor Ascencio, para suprimir la letra c). 4°) De la Diputada señora Pollarolo, para sustituir la letra d) por la siguiente: "d) Adiciónase el siguiente inciso cuarto: "La infracción a lo dispuesto en el presente artículo será sancionada con la multa a que se refiere el artículo 477, con un tope máximo de 15 unidades tributarias mensuales." 8) El proyecto modifica el artículo 2° del Código del Trabajo. Se hace presente que, haciendo uso de lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento, se ha corregido el error de referencia contenido en la letra c) de su artículo único, reemplazando el guarismo "451" por "477". Asimismo, la referencia al artículo 2° de la ley N° 18.620 debiera entenderse hecha al artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial con fecha 24 de enero de 1994, mediante el cual se fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. En consecuencia, por las constancias anotadas y teniendo en especial consideración lo expuesto en el primer informe, en relación con el fundamento del proyecto-moción del Diputado señor José Antonio Viera-Gallo, que de acuerdo a la reforma introducida en 1979 al inciso segundo del artículo 5° de la Constitución, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile que estén vigentes; que por ello las normas que proveen la discriminación por razones de sexo o de edad deben ser incorporadas a la legislación nacional para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por Chile y a las que la Constitución impone, entre otros, a los poderes colegisladores, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recomienda, por mi intermedio, la aprobación del siguiente proyecto de ley: "Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2° de la ley N° 18.620, Código del Trabajo: a)Intercálase en el inciso segundo las expresiones "edad y estado civil" seguidas de una coma (,), después de la coma (,) que sigue a la palabra "sexo". b)Intercálase, después del punto seguido con que termina la primera frase del inciso segundo, el siguiente párrafo: "Sin perjuicio de las normas contempladas en el Capítulo II, en particular, son contrarias a dichos principios todas las ofertas de trabajo que efectúe un empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como requisito para postular a ellas, el sexo, el estado civil o una edad determinada. No constituirá discriminación el hecho de reservar a un sexo en particular, la contratación para actividades de modas, artes o espectáculos, siempre que esa condición sea esencial para la realización de las mismas." c)Adiciónase el siguiente inciso cuarto: "La infracción a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado con la multa a que se refiere el artículo 477." He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para no votar las indicaciones rechazadas en la Comisión. Acordado. Corresponde votar el artículo único del proyecto de ley. El señor SEGUEL.- Pido la palabra. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría para referirse a un punto de Reglamento. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, ¿ofrecerá la palabra para dar una opinión sobre el tema? El señor LATORRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, lo primero que hice fue solicitar autorización para no votar las indicaciones, puesto que no corresponde discutirlas, sino sólo votarlas. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, si me lo permite, en representación de la Comisión de Trabajo, quiero dar una pequeña opinión. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, consultada la mayoría de los miembros de distintas bancadas de la Comisión de Trabajo, me autorizaron a expresar que nosotros solicitamos que el proyecto fuera revisado por ella. Sin embargo, la posición bastante dura de quien presidía en ese momento la sesión, impidió realizar este trabajo. Para nosotros, introducir enmiendas al Código del Trabajo es lo mismo que modificar la Constitución Política para la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Esta materia es muy importante para nosotros y creo que se ha menospreciado la labor de la Comisión de Trabajo. Expreso mi queja formal al señor Schaulsohn, Presidente de la Corporación, quien la privó de la posibilidad de analizar el proyecto. Tenemos opiniones que entregar y nos habría gustado hacerlo con los textos en la mano. Valoramos la iniciativa del Diputado señor José Antonio Viera-Gallo, pero no es menos cierto que ella no ha sido estudiada por la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, si esta materia se aprueba, voy a recomendar que, a lo menos en el Senado, la trate primero la Comisión de Trabajo y luego -como quedó estipulado-, la de Derechos Humanos. En lo personal, por las circunstancias expuestas, votaré en contra. He dicho. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Debo hacer presente a Su Señoría que el trámite del proyecto fue acordado en agosto de 1993; en consecuencia, no le cabe responsabilidad ni a la Mesa ni a su Presidente. En todo caso, dejamos constancia de su opinión. El señor SEGUEL.- Pido la palabra para hacer una aclaración. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, durante la sesión en que se trató el primer informe del proyecto, en nombre de la Comisión de Trabajo, pedí al señor Presidente de la Corporación que fuera analizado por ella, en lo que estuvo de acuerdo su autor, el Diputado señor Viera-Gallo. Sin embargo, el señor Presidente no accedió. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, le hago presente que para lograr un acuerdo sobre una iniciativa o idea como la que usted sugirió en esa oportunidad, se requiere unanimidad, y no existió. El señor PAYA.- Pido la palabra. El señor LATORRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Paya ha solicitado la palabra, pero no hay discusión sobre este proyecto. Tenemos el acuerdo de no votar las indicaciones que fueron rechazadas en la Comisión. En consecuencia, procedo de inmediato a poner en votación su artículo único. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, como asunto reglamentario, le pido que repita la votación porque algunos señores Diputados no han votado. Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor VIERA-GALLO.- Creo que es justo, porque por un voto se puede ganar o perder. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Diputado señor Viera-Gallo, desde el punto de vista reglamentario, la única posibilidad que tiene la Mesa de retrotraer la votación es con la unanimidad de los presentes. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, mi voto no apareció en el tablero; por lo tanto, le pido que se sume. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Serían 33. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FANTUZZI.- ¡Ya se votó, señor Presidente! El señor LATORRE (Vicepresidente).- La votación está realizada. El proyecto de ley fue rechazado. Lo lamento, pero, en estricto rigor, se aplicó el Reglamento. Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, entiendo que el Reglamento faculta al Presidente de la Mesa para revisar una votación cuando existe un margen tan estrecho y una eventual duda. Si se repite la votación, no se alterará el orden de las cosas, sobre todo si la gente vota de acuerdo a su particular punto de vista sobre la materia. La votación es libre y cada señor parlamentario puede expresar su voluntad de la forma que lo prefiera. Por lo tanto, no veo cuál es el inconveniente para repetir la votación con los parlamentarios presentes. Es facultad que el Reglamento le confiere a Su Señoría. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Tohá sobre un punto de Reglamento. El señor TOHÁ.- Señor Presidente, tengo entendido que en este momento está sesionando la Comisión de Minería. Se podría haber llamado por los timbres para que los parlamentarios concurrieran a votar. El señor ESTÉVEZ Pido la palabra sobre un punto de Reglamento. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ESTÉVEZ.- Señor Presidente, entiendo que el Reglamento que aprobamos recientemente -aunque no entra en vigor mientras no se publique la resolución en el Diario Oficial- establece que en una ocasión como ésta debe repetirse la votación, y además, que los votos de abstención se agregan a la mayoría. Si mal no recuerdo, es lo que acabamos de aprobar. Me parece que en el] actual Reglamento la situación es distinta; pero habiéndose establecido un texto en que aprobamos por unanimidad un criterio distinto, pido a los estimados colegas de Oposición que repiensen su posición y den su autorización para la votación. Ahí se verá cómo vota cada uno. He dicho. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Señores Diputados, les ruego guardar silencio. En estricto rigor, se agregaron los votos de las personas que lo pidieron inmediatamente después de la votación, y pese a eso no se logró el resultado que eventualmente se estimó. A estas alturas, han ingresado a la Sala otros Diputados. La Mesa no puede repetir la votación si ha habido una alteración del quorum en la Sala desde el momento en que se produjo la votación hasta ahora. Lamento lo que esta situación pueda significar para algunos señores parlamentarios, más aun tratándose de una moción; pero doy por resuelto el punto y repito que, reglamentariamente, el proyecto fue rechazado. La señorita SAA.- Pido la Palabra. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señorita Saa sobre un punto de Reglamento. La señorita SAA.- Señor Presidente, le pido que recapacite y que repita la votación, pues este proyecto es muy importante y simbólico como para que se pierda por situaciones de secretaría. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Estimada colega Saa, no es un problema del Presidente, sino del Reglamento. Insisto en que aun cuando se agregaron los votos de los señores Diputados que no los emitieron, no se logró el resultado que eventualmente se esperó. La diferencia es pequeña. Lamento la situación producida, pero, en estricto rigor, debo aplicar el Reglamento. 2. NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO. Primer trámite constitucional. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo trámite reglamentario, que modifica la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir. Diputado informante es el señor Octavio Jara. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, boletín N° 851-15, sesión 23°, en 17 de mayo de 1994. Documento de la Cuenta N° 4. El señor LATORRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jara. El señor JARA.- Señor Presidente, por mandato de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley, de origen en un mensaje del Presidente de la República, que modifica la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir. El proyecto que informo fue despachado por la Comisión de Obras Públicas, en su primer trámite reglamentario, el 19 de abril de este año, y consta de un artículo único, por el que se introducen 19 modificaciones a la Ley de Tránsito, y de cuatro disposiciones transitorias. Conforme lo dispone el Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta Cámara en la sesión ordinaria del 3 de mayo de 1994, incluidas las indicaciones presentadas, tanto en la Sala como en la Comisión, que fueron admitidas a tramitación. Durante la discusión particular, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del asesor del Ministerio de Transportes, don Gabriel Aldoney. En este trámite reglamentario no existen artículos suprimidos, modificados o que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. El N° 6) del artículo único, que reemplaza el artículo 14 de la ley N° 18.290, en su inciso quinto incluye una norma que, al parecer de la Comisión, tiene el carácter de orgánica constitucional, porque amplía la competencia fijada a los jueces de policía local en el artículo 13 del texto aún vigente. En virtud de esta modificación, los jueces de policía local conocerán no sólo de los reclamos por el rechazo de la solicitud de licencia cuando no se haya acreditado debidamente la idoneidad moral de los postulantes -como hasta ahora-, sino también de los que se deduzcan cuando la denegación provenga del no cumplimiento de los demás requisitos y procedimientos establecidos para su obtención. Mediante indicaciones se propusieron a la Comisión dos nuevos artículos y una modificación al N° 5 del artículo único del proyecto. El primero de los artículos proponía: "Quienes manejan tractores y maquinaria agrícola en predios agrícolas no requerirán licencia de conducir clase D para el desempeño de sus labores en propiedades privadas." Esta indicación fue rechazada por unanimidad, toda vez que el artículo 1° de la Ley de Tránsito, al definir su ámbito de aplicación, expresa que regulará todo lo relativo a la conducción de vehículos de cualquier clase por todas las vías públicas o caminos vecinales o particulares destinados al uso público, excluyendo de su competencia la conducción de vehículos en propiedades privadas, por lo que la indicación se entendió que ya estaba comprendida en la ley vigente. El segundo artículo planteaba: "Con todo, tratándose de las infracciones o contravenciones de los N°s 17, 19, 26 y 28 del artículo 198 cometidas por conductores de la locomoción colectiva y de transporte de carga, el juez, en casos calificados y atendiendo especialmente las condiciones en que se cometió la infracción, podrá o no aplicar la pena de suspensión de la licencia de conducir." Esta indicación -que aludía a contravenciones derivadas del mal estado o condiciones del vehículo, para moderar la pena de la suspensión de la licencia de conducir que deberá aplicar el juez de policía local por acumulación de infracciones- también fue rechazada unánimemente. Se estimó que ésta es una materia compleja, que merece ser estudiada con más detenimiento y considerada en un proyecto de ley que estudia actualmente la Comisión de Transportes, que modifica distintas normas sobre tránsito terrestre. Por último, fue objeto de un extenso debate la indicación al N° 5 del artículo único del proyecto, que proponía suprimir, en el inciso primero del nuevo artículo 13, el requisito de ser egresado de enseñanza media o de cursos calificados como equivalentes por el Ministerio de Educación para obtener la licencia profesional. Algunos estimaron que este requisito era excesivo si se tenía en cuenta que, según el texto vigente, sólo se requiere saber leer y escribir. Se adujo que esta norma representaba un salto brusco respecto de la legislación existente y que bien podría moderarse exigiendo sólo enseñanza básica completa. Otros, en cambio, argumentaron que el requisito de la enseñanza media resultaba indispensable y que cumplía justamente con el deseo de profesionalización de este sector del transporte, sobre todo por la gran responsabilidad social que asumen los conductores de vehículos de carga y de pasajeros. Se expresó que este requisito fue planteado por los propios choferes y que también se desprende de estudios de especialistas que diseñaron el perfil ideal del conductor, opiniones ambas que fueron consideradas por el Ejecutivo al proponer el proyecto. Se estimó que un mayor nivel de exigencias, junto con influir favorablemente en el desarrollo del país, representa también un incentivo y un premio para completar la enseñanza media. Por último, se argumentó que los vehículos de transporte de carga y de pasajeros son máquinas cada vez más complejas y que su conducción requiere de una adecuada formación. La Comisión rechazó la indicación con la abstención de un señor Diputado. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recomienda a la Honorable Cámara aprobar el proyecto de ley en los términos expresados en el informe. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se dan por aprobados los N°s 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19 del artículo único permanente y los artículos 1°, 2°, 3° y 4°, transitorios. Aprobados. Tampoco fue objeto de modificaciones el N° 6 del artículo único; por tratarse de una norma que contiene materias de ley orgánica constitucional, debe ser votada en particular y para su aprobación requiere 66 votos. Al N° 5 del artículo único se le formularon tres indicaciones. El señor Secretario dará lectura a la primera. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación de los Diputados señores Juan Pablo Letelier, Sergio Morales, Alejandro Navarro y Jaime Rocha, tiene por finalidad suprimir, en el inciso primero del nuevo artículo 13, el requisito de "ser egresado de enseñanza media o de cursos calificados como equivalentes por el Ministerio de Educación Pública, contemplado en el N° 3 del párrafo relativo a la licencia profesional." El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, en el debate en general de la iniciativa, entregué algunas de las razones por las cuales creí... El señor ESPINA (Vicepresidente).- Honorable señor Letelier, dado que las indicaciones a la norma no fueron renovadas, reglamentariamente no corresponde discutirlas en la Sala, sino sólo votarlas. Solicito la unanimidad de la Sala para que el señor Juan Pablo Letelier, autor de la indicación, explique su sentido. Varios señores DIPUTADOS.- No, señor Presidente. El señor ESPINA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Corresponde votar la indicación leída por el señor Secretario. El señor PAYA.- Pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PAYA.- Señor Presidente, ¿la indicación apunta a eliminar ese requisito? El señor ESPINA (Vicepresidente).- Así es, señor Diputado. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 1 abstención. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Rechazada la indicación. Corresponde votar el N° 5, que se refiere a los requisitos para obtener licencia profesional, licencia no profesional clases B y C, y licencia especial clases D y E. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado el N° 5. A continuación, corresponde votar dos indicaciones que consultan artículos nuevos, a las cuales dará lectura el señor Secretario. El señor LOYOLA (Secretario).- La primera indicación es del Diputado señor Juan Pablo Letelier y tiene por finalidad incorporar el siguiente artículo nuevo: "Quienes manejen tractores y maquinaria agrícola en predios agrícolas no requerirán licencia de conducir clase D para el desempeño de sus labores en propiedades privadas." El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LONGUEIRA.- Dado que algunos señores Diputados sólo ahora se están incorporando a la Sala, considero importante que la Mesa dé a conocer que la Comisión propuso por unanimidad rechazar esta norma, ya que muchos se pueden quedar con una impresión de que se están estableciendo normas que contravienen la ley en tramitación. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Longueira, eso ya fue señalado por el Diputado señor Jara cuando informó el proyecto. En votación la indicación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 43 votos. No hubo abstenciones. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Rechazada la indicación. El señor Secretario dará lectura a la segunda y última indicación. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de los Honorables señores Diputados Jara, Letelier, don Felipe; Ortiz, Navarro, Jeame Barrueto, Sabag, García, don René; Pérez, don Víctor; Tohá y señora Worner, para agregar al N° 3 del artículo 203 de la ley N° 18.290 la siguiente frase: "Con todo, tratándose de las infracciones o contravenciones de los números 17, 19, 26 y 28 del artículo 198 cometidas por conductores de la locomoción colectiva y de transporte de carga, el juez, en casos calificados y atendiendo especialmente las condiciones en que se cometió la infracción, podrá no aplicar la pena de suspensión de la licencia de conducir." El señor ESPINA (Vicepresidente).- En votación la indicación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo una abstención. El señor ESPINA (Vicepresidente). Rechazada. Corresponde someter a votación el N° 6) del artículo único, que reemplaza el artículo 14 de la ley N° 18.290. Como se trata de un artículo modificado de una norma orgánica constitucional, se requieren 66 votos para su aprobación, particularmente su inciso noveno, que establece: "Los postulantes afectados con el rechazo podrán reclamar ante el Juez de Policía Local, quien resolverá sin forma de juicio, apreciando la prueba en conciencia. En contra de su resolución no procederá recurso alguno." En votación el número 6) del proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. 3. MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN EN CUANTO AL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN. Primer trámite constitucional. Aplicación del artículo 108 del Reglamento. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica los artículos que indica de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y el artículo 24 del decreto ley N° 1.305, con la finalidad de favorecer la mejor calidad de la construcción. Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Sergio Ojeda. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, boletín N° 738-14, sesión 23ª, en 17 de mayo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 5. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, paso a informar, en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, el proyecto de ley que modifica diversos artículos del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de favorecer la mejor calidad de la construcción. Este proyecto de ley tiene su origen en una moción de la ex Diputada señora Caraball; de los ex Diputados señores Yunge, Leblanc y Cardemil, don Gustavo, y de los Diputados señores Elizalde, Gajardo, Hamuy, Palma, don Andrés; Dupré y Ortiz. Esta iniciativa se basa principalmente en la urgente necesidad de establecer normas legales tendientes a elevar el nivel mínimo de exigencias para la construcción de viviendas en el país, debido a que en los últimos años su calidad ha venido siendo cuestionada públicamente al darse a conocer, por la autoridad ministerial del ramo, que entre el 5 y el 8 por ciento de las viviendas construidas en el país adolecen de problemas de variada índole, lo que repercute en daño económico y social para aquellas familias que han realizado un gran esfuerzo para la adquisición de su casa propia. Este proyecto fue aprobado en general por la Honorable Cámara de Diputados el 22 de marzo de 1994, en la sesión 3ª de esta legislatura extraordinaria. Se presentaron indicaciones que fueron remitidas a la Comisión de Vivienda, las que conoció en la forma que voy a señalar más adelante. Esta moción se compone de un artículo único, por el cual se modifican los artículos 15, 18, 19, 20, 25, y 26 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. No fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 20 y 26, que corresponden a los números 4) y 6) del artículo único de este proyecto. Fueron modificados los artículos 15, 18, 19 y 25, que corresponden a los números 1), 2), 3) y 5) del artículo único. En esta iniciativa no hay disposiciones que contengan normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. Tampoco hay artículos suprimidos ni nuevos o que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Las siguientes disposiciones fueron objeto de indicaciones: El artículo 15, que se refiere a la obligación de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de solicitar el sumario correspondiente cuando tuvieren conocimiento de que un funcionario municipal ha contravenido las disposiciones legales y reglamentarias. La Comisión de Vivienda reemplazó las expresiones "algún funcionarios municipal" por "algún Director de Obras Municipales o Asesor Urbanista", a quienes corresponde instruir sumario por ese motivo. Lo anterior obedece a que la responsabilidad de los funcionarios municipales está establecida en el artículo 22 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por ello se aprobó esta indicación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. Esta indicación fue presentada por los Diputados señores Montes, Encina, García, don Rene Manuel; Morales, Moreira y Pérez, don Víctor. El 18 se refiere a los responsables por los daños causados en la calidad de la construcción. Al respecto, se estimó necesario complementar el texto, introduciendo la expresión "propietario primer vendedor,", con el propósito de incluir en ella no solamente a la persona natural o jurídica que hubiere ejecutado la obra, sino también al mandante. La Comisión estimó que éste era el artículo más importante del proyecto, porque nuestro Derecho es siempre engorroso en la manera de hacer efectivas las responsabilidades civiles en los juicios. En el artículo 18 y su modificación fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes. Con respecto al artículo 19, que establece los procedimientos de reclamación, hubo intenso debate sobre la conveniencia de introducir otras alternativas, como la de juez árbitro, debido a que los otros procedimientos encarecen la causa, porque se obligaría a los compradores de vivienda a incurrir en costos altos. Por ello, se estimó conveniente mantener el procedimiento sumario, pero, a la vez, introducir la alternativa de los jueces árbitros. En consecuencia, las personas que se sientan lesionadas o hayan sufrido daños y que quieran ejercer el derecho de reclamación, podrán hacerlo de acuerdo con el procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, o someter las controversias a la resolución de un juez árbitro de derecho, el que, en cuanto al procedimiento, tendrá las facultades de arbitrador, a que se refiere el artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales. El juez árbitro deberá ser designado por el juez y sólo podrán serlo para estos efectos los abogados que tengan, a lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión. En contra de la sentencia arbitral se podrán interponer los recursos de apelación y de casación en la forma, los que serán conocidos por la justicia ordinaria. Esta indicación fue propuesta por los Diputados señores Montes, Elizalde, Encina, Errázuriz, García, don René Manuel; Morales, Moreira y Pérez, don Víctor, y se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes. El artículo 25 se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas que hubieren encomendado la ejecución de una obra y a la disolución de estas empresas. Al respecto, se introduce una indicación de los señores Montes, Elizalde, Encina, Errázuriz, García, don René Manuel, Morales, Moreira y Ojeda, con el objeto de posibilitar la disolución de tales empresas, mientras exista el período de responsabilidad a que estuvieren afectos. La disposición señala: "Estas personas jurídicas no podrán disolverse voluntariamente, mientras esté pendiente el plazo de prescripción respectivo,..." y se agrega la frase: "...salvo que presenten una boleta bancaria de garantía por el monto total de la obra." Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes, quienes consideraron conveniente facilitar la disolución de estas personas jurídicas, siempre que garanticen adecuadamente la calidad de las obras ejecutadas. La Comisión estimó que, de esta forma, queda garantizada la responsabilidad de esas empresas. Señor Presidente, como consta en el informe, fueron rechazadas las siguientes indicaciones: Una, de los Diputados señores Ceroni y Sota, para sustituir en el inciso primero del artículo 18, la expresión "que hubiere" por "a quien se le hubiere"; y otra, de los Diputados señores Elizalde y Montes, por dos votos a favor, seis en contra y una abstención, destinada a agregar al artículo 144 la siguiente frase: "En conjuntos habitacionales será exigible la inspección externa de sus proyectos y obras." Finalmente, el señor Presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones, declaró inadmisible la indicación que agrega al artículo 25 el siguiente inciso: "El Ministerio de Vivienda y Urbanismo llevará un registro público de las personas jurídicas, su constitución, plazo de vigencia, capital social y representante legal". Por las consideraciones expuestas y por los antecedentes que he aportado sobre la discusión y votación posterior de las indicaciones, recomiendo, en nombre de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, la aprobación del proyecto de ley en análisis. Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los N°s 4) y 6) del artículo único. Aprobados. En discusión particular el proyecto. Corresponde discutir el N° 1) del artículo 15. Tiene la palabra el Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, daré una opinión breve del conjunto del proyecto. Como sabemos, esta importante iniciativa tiene por objeto velar por el mejoramiento de la calidad de las viviendas construidas en el país. Aprobaremos todas las modificaciones planteadas en la Comisión, y me referiré a las dos indicaciones rechazadas y también a otra que esperamos reponer por la unanimidad de la Sala. La primera, del Diputado Encina, proponía un artículo transitorio en que se creaba una comisión de fiscalización sobre la calidad de la vivienda en las distintas regiones. No obstante no contar con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se logró un acuerdo con él para crear servicios de información en todas las regiones del país, sobre la base de consejos regionales de la calidad de la vivienda, integrados por representantes del Serviu, de la Cámara Chilena de la Construcción, de los colegios profesionales de ingenieros, arquitectos y constructores civiles. Estos consejos suscribirían convenios con las direcciones de obras municipales y con el Servicio Nacional del Consumidor, para recibir y canalizar las denuncias, orientar y apoyar a las personas que sufran las consecuencias de viviendas construidas con materiales de mala calidad o defectuosas de diseño. De esta manera se pretende recoger la realidad de muchos conjuntos habitacionales que hoy no tienen a quién dirigirse ni con quién dialogar u orientarse para enfrentar los problemas que se arrastran por algunos años. La Comisión quedó conforme con la medida que adoptará el Ministerio de Vivienda en junio a través de un decreto, que –creemos- recogerá plenamente la indicación del Diputado señor Encina. La segunda indicación, también para agregar un artículo transitorio, facultaba a las direcciones de obras para regularizar construcciones. No obtendremos mucho con medidas tendientes a mejorar la calidad, si la realidad actual de las ciudades no tiene algún nivel de regularización mayor. Este tema lo estudiamos; recogimos la opinión de los directores de obras de distintas ciudades del país que estuvieron en la Comisión y vimos que tenían claro que era necesario legislar y tomar medidas para los efectos de flexibilizar algunas normas para ciertos sectores, sobre todo las relativas a viviendas sociales, a operaciones sitio, por ejemplo; flexibilizar procedimientos de regularización, generar mecanismos de apelación, etcétera. En definitiva, se trata de asumir las situaciones originadas por operaciones sitio, por urbanizaciones anteriores a 1960, por conjuntos habitacionales regidos por la Ley de Piso, etcétera. Al estudiar la ley N° 18.527, "ley Poduje", que estableció un procedimiento para hacerlo, comprobamos que su aplicación tuvo muchas dificultades y que era necesario buscar una instancia superior. En este proyecto no se llegó a una opinión suficientemente madura al respecto, y por eso preferimos no incorporarlo; pero es un tema que se está analizando en conjunto con el Ministerio de la Vivienda, porque es necesario encontrar un mecanismo para regularizar las construcciones, puesto que gran porcentaje de las ciudades del país no han resuelto la situación. En tercer lugar, quiero referirme a una indicación, firmada por más de cuarenta Diputados -espero que sea aprobada por unanimidad- para agregar un N° 7, que apunta a mejorar la forma de fiscalizar las construcciones de los conjuntos habitacionales. En concreto, se trata de que las direcciones de obras, en conjuntos de más de veinte unidades de viviendas, puedan exigir una inspección técnica independiente, pagada por el propietario de la obra. Los inspectores formarán parte de un registro de las direcciones de obras o del propio Ministerio de la Vivienda, las cuales podrán recepcionar, sin más trámite, sobre la base del informe que emita el inspector técnico independiente. Se establece, además, que dicho inspector, que puede ser una persona natural o jurídica, será solidariamente responsable de los daños. Es decir, se incorpora a los inspectores técnicos en el inciso segundo del artículo 18. Por lo tanto, queda sujeto al criterio de la dirección de obra de cada municipalidad si se exigirá o no la inspección técnica independiente. El fundamento de la indicación es bastante claro. En general, las direcciones de obras no tienen los recursos humanos para efectuar inspecciones con la profundidad y persistencia del caso, y se ha buscado este mecanismo que permite asegurar una inspección más acuciosa y evitar los problemas de calidad que.se van presentando en todas las etapas de la obra, y no sólo al momento de la recepción final. Solicitamos que, en su momento, esta indicación sea leída en la Sala y que, de ser posible, se acuerde por unanimidad incorporarla al proyecto, dado que su contenido fue rechazado en la Comisión por considerarse que carecía del desarrollo suficiente. Reitero que fue elaborada en conjunto con el Diputado señor Elizalde y analizada con el Ministerio de la Vivienda y su departamento técnico. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar que este proyecto de ley contó con la permanente asistencia a la Comisión del señor Ministro de Vivienda, de autoridades del Ministerio y de funcionarios de las municipalidades, en especial de los directores de obras. La Comisión escuchó, incluso, a dirigentes de juntas de vecinos de distintas poblaciones. Hay algunos puntos respecto de los cuales quiero hacer especial hincapié. Hasta ahora, la mayor parte de los pobladores no tenían donde reclamar y normalmente lo hacían a través de los medios de comunicación, recurriendo muchas veces a parlamentarios para que se hicieran eco de sus inquietudes. He escuchado a algunas personas expresar su temor de que con el control de calidad de la vivienda se llegue a exigir a las empresas constructoras una calidad de vivienda superior al valor que se pagará efectivamente por ellas. Pero ese no es el punto. El objetivo del proyecto es exigir que las viviendas que construyan los fabricantes y constructores en general respondan a una calidad mínima. No pretende que por el pago de un valor menor se pueda exigir una calidad mayor, sino una calidad mínima de la vivienda, que corresponda a lo que se paga por ella. En lo que se refiere al árbitro que juzgará los reclamos, se ha establecido que sea uno de derecho designado por el juez. En un comienzo, se pensó que éste podría ser designado de común acuerdo entre la empresa constructora y el adquirente de la vivienda, pero la Comisión concluyó, en presencia del propio Ministro de Vivienda, que muchas veces la empresa constructora le presentaba al poblador un verdadero contrato de adhesión con el nombre del juez árbitro y, como no lo conocía, aquél firmaba. Por eso se optó por un juez árbitro designado por el juez. Respecto de lo señalado por el Diputado informante, cabe precisar que la boleta de garantía se estableció como una manera de evitar una prohibición abiertamente inconstitucional: impedir que la empresa constructora se disuelva mientras estuviese vigente el plazo de responsabilidad después de construida la vivienda. A insinuación del Ministro Hermosilla, se planteó la posibilidad de que la empresa tuviera que contratar una boleta de garantía, manteniéndose la facultad de disolverse, pero respondiendo con ella por la calidad de la construcción de la vivienda. Renovación Nacional votará a favor el proyecto. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Dado que hay muchos Diputados inscritos, si la Sala lo tiene a bien, abriré debate respecto de todos los artículos que corresponde tratar, para proceder a la votación a las 21.00. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ¿usted solicita el acuerdo para votar a las 21.00 o para cumplir uno adoptado ya por los Comités? El señor ESPINA (Vicepresidente).- No, estoy solicitando discutir de inmediato los cinco o seis artículos que corresponde votar, porque sólo respecto del primero de ellos ya hay seis Diputados inscritos. El Reglamento no contempla un mecanismo para estos efectos, salvo que algún Comité solicite el cierre del debate o que hable un Diputado en contra de la disposición y hayan hecho uso de la palabra tres Diputados. Como los señores Diputados se están refiriendo en general a los artículos que están en discusión en particular, me parece razonable abrir un debate de todos los artículos para proceder finalmente a la votación a las 21.00. Si le parece a la Sala, así se acordará. ¿Hay acuerdo de la Sala para agilizar el debate? Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, los miembros de la Comisión se han venido abocando desde hace bastante tiempo, en forma seria y responsable, al análisis de estas disposiciones, período en el cual hemos tenido oportunidad de recibir las inquietudes y las asesorías de entidades técnicas y de distintos personeros. Desde este punto de vista, se ha llegado al convencimiento que nunca habrá mejor calidad de la vivienda si no existe una mejor fiscalización, y precisamente a eso apunta el proyecto: mayores responsabilidades y atribuciones a las direcciones de obras, porque de esa manera, y es lo más importante, se están resguardando los intereses de los futuros habitantes de esas nuevas propiedades. Nuestra mejor intención es aprobar unánimemente este proyecto técnico, para satisfacer así una aspiración que contribuye a modernizar la ley de Construcciones y Urbanismo. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero formular tres comentarios al articulado en su discusión particular. Reconozco la colaboración de las autoridades de la Vivienda; pero me sorprende su negativa a aceptar la existencia de un registro público de las empresas constructoras, que permita orientar en forma clara y precisa, a los beneficiarios del subsidio estatal, respecto de su historial, capacidades, cualidades, errores, fallas y, por ende, cuando no conviene que ciertas empresas, que pueden tener un enorme capital, construyan viviendas sociales. Esto es importante, porque a través de los sucesivos programas, bastante exitosos, destinados a la vivienda social, se ha abierto en los últimos años un capítulo nuevo, tendiente a privatizar la contratación de la construcción de las viviendas, tanto con el subsidio rural como con los correspondientes a los programas de viviendas progresivas, sean en la primera o segunda etapa. Es precisamente ahí donde -junto con resguardar la calidad de la vivienda- el Estado y nosotros, como legisladores, queremos velar por los intereses públicos, sobre todo por la calidad de la vivienda de estos pobladores. En mi opinión, la inexistencia de un registro público ha permitido que en múltiples ocasiones se hayan generado situaciones oscuras y/o irregulares. Sin mencionar nombres de empresarios, puedo decir que son una o dos las empresas que han tenido la capacidad de construir programas sociales en la Sexta Región, porque no cualquiera puede hacerse cargo de estos programas, en los cuales hasta ahora se han producido los mayores reclamos. Si la gente supiera de antemano y el Estado actuara con un registro público, posiblemente no se insistiría en construir con ciertas empresas y se lograría, con acuerdo de la Cámara de la Construcción, buscar otras empresas más viables, fiables y consistentes. Por ello, mi primer comentario es para lamentar que el Ministerio de la Vivienda, que ha planteado su predisposición tan activa de ayudar en este proyecto, en particular el ministro, que está facultado para ello, no haya enviado un proyecto para establecer la existencia de un registro público de aquellos que construyen tanto viviendas básicas como progresivas, en modalidad Serviu o privada. En segundo lugar, a pesar de reconocer el gran avance que significa la aprobación de esta iniciativa, existe un punto que no me queda del todo claro. En el subsidio de la vivienda progresiva, en particular en su modalidad privada, el Serviu se deja para sí una unidad de fomento para supuestas actividades de asesoría técnica, la que en términos reales corresponde a gastos administrativos. El costo no es para las empresas que están construyendo, sino para los pobladores beneficiados por el subsidio estatal. Entonces, pregunto: ¿quién fiscaliza al Estado de que preste en forma efectiva la asistencia técnica? La redacción del proyecto no garantiza que así sea. Por desgracia, en este trámite no estamos en condiciones de incorporar una indicación adecuada a ese fin. Varios señores parlamentarios han propuesto introducir un artículo nuevo, a fin de permitir la asesoría de un agente externo, lo cual estimo muy positivo; pero en aquellos programas donde el Estado se reserva para sí una unidad de fomento, creo que con esos recursos de los particulares que se han ganado el subsidio se debería financiar dicha asesoría técnica. Por último, quiero hacer un comentario respecto del número 1), que puede corresponder a otros también, relacionado con la lógica que hay en el proyecto: suponer, quizás erróneamente -si estoy equivocado, les pido disculpas- que existen directores de obras en todos los municipios. Precisamente su ausencia en muchos municipios crea problemas de grandes proporciones. De acuerdo con la legislación actual, los Seremis de vivienda son los que resuelven en cada región dónde se construye un conjunto habitacional de viviendas básicas, y en aquellos lugares donde no hay un director de obras, lo debe reemplazar el Seremi respectivo. Es decir, cumple una doble función: priorizar y asignar recursos a un particular, y después fiscalizar la calidad de la construcción. Aquí hay un vacío o una dificultad práctica, porque en muchas ocasiones los Seremis de vivienda no tienen la capacidad física para cubrir toda una región, como la Sexta, que cuenta con 33 comunas, algunas muy apartadas. Por ello, temo que el artículo sobre responsabilidad de los directores de obras, cumplimiento de sus funciones y reclamación ante ellos, pueda quedar en letra muerta si no logramos, por lo menos en todas las comunas o asociación de comunas, que exista un director de obras que se responsabilice de la recepción de viviendas, donde muchas veces se producen estos problemas. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré. El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, aun cuando soy coautor del proyecto, debo reiterar que lo considero extraordinariamente importante. La ex Diputada señora Caraball fue quien entregó las ideas esenciales -sin perjuicio de la participación de otros señores Diputados- respecto de su estructura, que resulta indispensable para regular esta situación y evitar los abusos que sufren hoy muchos pobladores en materia de construcción de viviendas. En mi distrito, hemos tenido una gran cantidad de conflictos. Recuerdo que el ex Diputado señor Yunge me expresaba que en Puente Alto se había producido una situación dramática, a raíz, precisamente, del crecimiento de poblaciones, razón por la cual participó activamente también en la redacción del proyecto. Lamento que el Ministro no haya entregado su patrocinio para incorporar los registros públicos que debiera tener el Ministerio de la Vivienda, lo que hubiese sido muy importante para perfeccionar la iniciativa. He presentado una indicación y quiero solicitar la unanimidad de la Sala para que la discutamos, con el fin de que en los registros actuales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, sin crear nuevos, y en los que tienen las municipalidades, se elimine a todas las personas naturales o jurídicas que hayan sido objeto de sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales. De otra manera, esta norma será letra muerta. Hemos recibido denuncias -las tengo en mi distrito- de sociedades constructoras, empresas o contratistas particulares que, a pesar de haber sido denunciados por la mala calidad de sus viviendas, de no haberlas recepcionado e, incluso, de haber sido objeto del rechazo por parte de la Dirección de Obras y del Ministerio de Vivienda, vuelven a presentarse y de nuevo se les da trabajo en las mismas comunas, ó en otras, lo que permite la repetición de las situaciones anómalas de las que estamos hablando. Para que no sea letra muerta lo que establece el artículo 25, resulta indispensable consagrar un sistema que elimine de los registros a aquellas personas que han sido sancionadas, sean naturales o jurídicas, con el objeto de evitar que se repitan las situaciones que hemos comentado. En todo caso, me parece que el proyecto constituye un gran avance y permitirá subsanar situaciones irregulares que se están produciendo hoy en nuestras poblaciones. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI.- Señor Presidente, al igual que los Diputados señores Letelier, don Juan Pablo, y Dupré, considero lamentable que el proyecto carezca quizás del elemento más importante: el control de las empresas que construirán viviendas con subsidios de la marginalidad y con subsidios sociales. Todos tenemos conocimiento de la gran cantidad de abusos y estafas que se cometen con los pobladores cuando contratan en forma directa. De hecho, muchos de ellos pierden su subsidio e, incluso, la posibilidad de tener una vivienda, a pesar de sus enormes esfuerzos. Junto con sumarme a las peticiones hechas por el Diputado señor Letelier, don Juan Pablo, de que exista un registro público, y por el Diputado señor Dupré de que se sancione a las empresas que han cometido infracciones o han sido objeto de procesos quiero agregar la posibilidad de considerar como indicación, o como se considere pertinente, que las municipalidades también revisen y participen en los contratos que los pobladores suscriben con las empresas, de manera que, por lo menos, estos puedan tener algún tipo de asesoría legal, pues es justamente donde se produce la mayor falla, pues, al no entender los contratos, ellos firman cualquier cosa y, a la larga, ese mismo instrumento se les vuelve en contra. Por lo tanto, solicito aceptar una indicación para que el municipio, a través de su departamento de obras, se haga parte en las contrataciones con las empresas en la construcción de viviendas con subsidios sociales y marginales, y de esa manera se ejerza cierta presión para que se cumpla el contrato. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señorita María Antonieta Saa. La señorita SAA.- Señor Presidente, quiero sumarme a las consideraciones de los señores Diputados en relación con las virtudes del proyecto, pues viene a llenar un vacío que provoca muchos problemas, en especial en las comunas de sectores populares. También me adhiero a la idea de que hace falta un registro público de las empresas. En las comunas de mi distrito hemos visto casos escandalosos de empresas constructoras de obras encomendadas por pobladores que han obtenido subsidio. Con todo, el proyecto representa un gran avance, creemos fundamental la figura del inspector técnico, que posibilita -ojalá se pueda financiar con recursos municipales- qué las obras se vayan inspeccionando no sólo al concluir, con la recepción final, sino también a medida que se construyen, para así ir enmendando los errores y los abusos a que están expuestos los pobladores, sobre todo los comités que construyen por cuenta propia con subsidio estatal. Por esta razón y por el avance que significa, la bancada del PPD votará favorablemente el proyecto. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín. El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, celebro las ideas matrices del proyecto, originado en una moción de la ex Diputada señora Eliana Caraball, del ex Diputado señor Guillermo Yunge, y de Diputados de mi bancada y de otros partidos. También celebro haber escuchado en esta Sala a Diputados de muy diversas tendencias coincidir sobre una situación que pasó a ser escandalosa. Personalmente, junto con el entonces Ministro de Vivienda, recorrí algunas poblaciones de mi distrito, y en muchos casos pude comprobar que en lugar de cemento cubrían el suelo solamente con arena, que las paredes de las viviendas populares por falta de firmeza y mala construcción estaban expuestas a riesgos. Y esto se torna más dramático cuando se trata de viviendas construidas con rapidez, a raíz de erradicaciones, para responder a las demandas sociales de los más necesitados. Por este motivo, me sumo a la idea propuesta en la Sala por parlamentarios de las distintas bancadas, entre ellos, los Diputados señores Juan Pablo Letelier, Dupré y señora Cristi, de que exista mayor regulación y control, tanto del Ministerio de Vivienda como de las municipalidades. Ojalá pudiéramos incluir una indicación en el sentido de que quienes causen este daño tan terrible a personas necesitadas, tengan una sanción en términos de prestigio por su actividad de carácter profesional, como se lo merecen. De otra manera, no podremos resolver este grave problema, ya que hay empresas que de la noche a la mañana desaparecen, sin que nadie responda por su accionar. Desde este punto de vista, me parece importante que existan registros tanto en los municipios como en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, como ha quedado de manifiesto en el transcurso del debate, hay una serie de coincidencias en este proyecto, que tiene el mérito fundamental de disponer un procedimiento judicial para establecer responsabilidades civiles a quienes se les encomiendan obras habitacionales. Sin duda, el tema de la calidad de la vivienda en Chile ha recrudecido con mayor fuerza en el último tiempo. Pero hay que tener especial cuidado en esta materia, como se lo he escuchado a más de un experto, porque podríamos encontrarnos, frente al tema de la vivienda estándar construida según los costos y recursos que existen para estas viviendas sociales. De una u otra manera, se trata de un proyecto que tiende a determinar la responsabilidad civil de quien encomienda la obra. En el proceso o juicio deberán tenerse presente los costos y recursos con que se cuenta para construir ciertas viviendas. No es lo mismo edificar una vivienda de 220 ó 300 unidades de fomento que otra de 500 UF. Ahí estará implícita la calidad de los técnicos, de los profesionales, de los materiales y el diseño mismo de la obra. A esos condicionantes nos vemos enfrentados en la ejecución de viviendas encomendadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Cuando se presentan dificultades en empresas que han recibido el mandato del Serviu para construirlas, ellas reclaman o se defienden diciendo que han cumplido a cabalidad y estrictamente cada una de las especificaciones que la institución les ha entregado. Por eso, el monto de los recursos de que se dispone para construir una vivienda determinará no tanto su calidad sino sus características. Sin duda, cuando se trata del subsidio rural o del tradicional, en que el beneficiario es el que encomienda personalmente la obra, es muy importante la responsabilidad de los proyectistas y de los constructores. Quiero detenerme un poco en el inciso segundo del artículo 18, que dice relación con el fabricante del material que se utiliza en determinada vivienda. Nuevamente estamos frente a un problema de estándar, de precios, para determinar la calidad de la pintura, cemento o madera que se usará. En muchas ocasiones, por el precio que se paga por el insumo no es posible obtener mayor calidad. En definitiva, estamos enfrentados al tema del estándar. Entonces es extraordinariamente complejo y difícil perseguir la responsabilidad del fabricante, más aún cuando, en muchos casos, nos veremos enfrentados a fabricantes externos. A mi juicio, este elemento que contiene el artículo 2° es uno de los más complejos del proyecto. Es de esperar que en el Senado se perfeccione la norma, porque reitero, el estándar juega un rol importante. Otro aspecto al cual deseo referirme porque, en definitiva, es una de las modificaciones más importantes de la legislación vigente sobre la materia, se refiere a lo establecido en la parte final del artículo 25, que plantea la responsabilidad de las personas jurídicas a las que se les ha encomendado construir un determinado grupo habitacional, las cuales no podrían disolverse voluntariamente mientras esté pendiente el plazo de prescripción respectivo: cinco años a contar de la fecha de la recepción final. Si bien es cierto que conceptualmente uno debe estar de acuerdo con el precepto, pues en muchos casos ha sucedido que la disolución de determinada sociedad complica la persecución de responsabilidades, la norma, tal como está, puede provocar problemas jurídicos de otra naturaleza, que complicarán la situación en otros aspectos. Por ejemplo, la persona que el día de mañana quiera adquirir un inmueble de una sociedad disuelta, no tendrá certeza sobre la propiedad de dicho bien. Aquí adquiere una importancia fundamental el registro. Por eso, más que un registro de empresas constructoras, debiera haber uno de contratos de construcción, para quienes negocien posteriormente con bienes inmuebles de personas jurídicas disueltas, tengan la certeza real de que están negociando un bien que tiene un propietario claro y definido. En el tema de los fabricantes y en el de la no disolución voluntaria de las personas jurídicas a las cuales se les puede perseguir responsabilidad por los daños de una mala construcción o de un mal diseño, están los elementos que debieran revisarse. Espero que así se haga en la discusión en el Senado. En términos globales, este proyecto abre una puerta para perseguir la responsabilidad civil, que en nuestro derecho siempre es una materia compleja. Por eso en la Comisión de Vivienda nos preocupamos de que el procedimiento a utilizar sea el del juicio sumario, que es el más corto, expedito, rápido y fluido que existe en nuestro derecho, para así dar esa posibilidad a las personas de escasos recursos, a los sectores medios y a los sectores modestos que reclamarán y perseguirán esta responsabilidad. Deseamos que, a lo menos, exista un procedimiento que les permita resolver sus problemas con rapidez. Pero también —y en esto hay que ser muy francos— no sólo por establecer un procedimiento expedito, como el sumario, vamos a tener rapidez en las resoluciones. Eso dependerá, de una o de otra manera, del tratamiento que le den los tribunales. Todos conocemos la lentitud en su accionar, más allá de los procedimientos que se establezcan de una u otra manera. Por esas razones, y dejando constancia de las dos observaciones que he mencionado, anuncio que votaré favorablemente. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt. El señor JOCELYN-HOLT.- Señor Presidente, este proyecto responde a una iniciativa de la legislatura anterior. Por eso, algunos de los nuevos Diputados nos hemos venido a imponer de sus detalles en la etapa final. Su finalidad fundamental es aumentar la calidad de las viviendas por la vía de la fiscalización, y enfrentar una cantidad de vacíos y vicios que se producen en cada uno de los niveles en los cuales intervienen personas que tienen que ver con la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, más allá de la drasticidad que pretende la iniciativa, no cabe la menor duda de que en varios de sus artículos es bastante perentoria, categórica y drástica, la cual debería dar confianza y tranquilidad a la población beneficiaría de las viviendas que adquiere. Uno debe saber, por muy drástica que sea la ley, que no se puede concluir que se cumplirán todos sus objetivos. En concreto, diría que una de las piedras angulares del proyecto, tal cual lo conocemos en este momento, está en el artículo 18, que en su inciso primero consagra una responsabilidad objetiva, la cual fue discutida en general y ha tenido por fundamento la situación que se ha venido creando a raíz de una cantidad de denuncias por los problemas que los beneficiarios han sufrido por la mala calidad de sus viviendas sociales. Sin embargo, echo de menos que en el artículo 18, aparte de la responsabilidad objetiva que se establece para las personas a las que se encomiende la ejecución de una obra, no se hubiera dispuesto la posibilidad de obviar un poco esa responsabilidad objetiva en la eventualidad de que se introduzca a la escritura de venta una póliza de seguros, materia que también fue debatida en la discusión general. En este tema, uno puede decir que es partidario o no de la existencia de esa póliza. Tengo la impresión de que, en la medida en que tengamos un articulado como lo concebimos hoy, deberemos dejar la posibilidad de decidir en esta materia a las personas que puedan sufrir eventuales daños ocultos en la construcción de estas viviendas y persigan responsabilidades vía un procedimiento judicial que, como se ha dicho, puede ser lento. Se pueden introducir normas de este tipo, pero en la medida en que también se establezcan otros mecanismos más expeditos. A menos que me equivoque entiendo que este artículo fue objeto de algunos informes de abogados y de una respuesta específica por parte del Ministerio de Vivienda; pero creo que tal vez habría sido más conveniente -aparte de consagrar una responsabilidad objetiva tan categórica— establecer otro tipo de alternativas que también fueron debatidas al interior de la Comisión y en la discusión en general de este proyecto en la Sala. No cabe la menor duda de que este proyecto representa un gran avance. En la discusión en el Senado seguramente se harán algunas precisiones. Soy contrario a establecer responsabilidades objetivas en nuestra legislación, salvo cuando se trata de entes públicos. En la práctica, hoy nos encontramos ante una situación que exige velar con mayor rigor por la calidad de ciertos servicios que prestan agentes particulares y respecto de abusos que se han cometido; pero en el mediano y largo plazo, una vez que logremos que ciertos estándares de calidad sean básicamente aceptables, nos veremos enfrentados a los efectos perniciosos que puede generar este tipo de normas ante particulares o instituciones de buena fe, los cuales se verán obligados a asumir responsabilidades que, a veces, consideraremos un poco injustas. Por eso, habría valido la pena introducir ese tipo de alternativas a la norma existente, sin abrogarla por ello. De alguna manera, habrían dado soluciones más rápidas y eficaces a lo que se pretende con el proyecto. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Quedan tres señores Diputados inscritos para hacer uso de la palabra. Les recuerdo que, según el acuerdo adoptado por la Sala, a las 21 se procederá a la votación del proyecto. En el orden de inscripción, tiene la palabra el Diputado señor Juan Antonio Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, sobre este interesante proyecto, hay que destacar el gran trabajo realizado por la Comisión, toda vez que las normas fueron modificadas con relación al proyecto original, lo que supone de parte de sus integrantes un esfuerzo muy sincero y real. Desde luego, quiero plantear una duda al Diputado informante -o a algún otro que haya integrado la Comisión- que surge de la lectura de las disposiciones nuevas del proyecto, referente a la armonía entre los artículos 18 y 19. Por el artículo 18 se pretende establecer responsabilidades por deficiencias en la calidad de los materiales, en el diseño o en la construcción de una obra, en el propietario primer vendedor que la hubiera encomendado o ejecutado. Esta norma, que parece bastante sabia, de alguna manera -según se ha explicado- plantea una nueva perspectiva en este tipo de acciones. En el inciso segundo se genera otra responsabilidad -que, al parecer, estaba en alguna ordenanza- en relación con los fabricantes, los proyectistas y los constructores, por los daños derivados de la calidad de los materiales, del diseño y de la construcción. Hasta donde yo entiendo, en este inciso se produce una suerte de dependencia entre aquellas personas que responden de la primera, en el evento que sobre ellas se sustancie la responsabilidad. Pero -y aquí está la duda de fondo—, en el artículo 19 se plantea el plazo de prescripción de estas acciones, al señalar que "Las acciones para hacer efectivas las responsabilidades a que se refiere el artículo anterior -o sea, contempla ambos tipos de responsabilidades- prescribirán en cinco años, contados desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por la Dirección de Obras Municipales." ¿Qué ocurre? Creo que ambas situaciones son distintas. Me parece que la última norma está bien en relación con el propietario primer vendedor que hubiere encomendado o ejecutado la obra, porque es de su responsabilidad que la obra sea recibida por la Dirección de Obras Municipales, y mientras no lo haga debe mantenerse subsistente su responsabilidad por los años que sean necesarios. Caso distinto es el de los fabricantes, de los proyectistas o de los constructores, de un vendedor de cemento o de fierro. El espíritu de la norma -que es lógico- es que prescriba la responsabilidad en cinco años, pero desde que se ejecuta la obra, no desde que se recibe. De lo contrario, estaremos ampliando esos cinco años a todo el período de responsabilidad del propietario primer vendedor, para obras, por ejemplo, que no se reciben desde hace 20, 25 ó 30 años. Quiere decir, entonces, que bajo esta disposición, el fabricante, el proyectista o el constructor podrían tener todavía una responsabilidad subsistente por un hecho que nada tiene que ver con su acción, puesto que venden, ejecutan o reciben un encargo, pero no tienen la obligación que surge para limitar el plazo de prescripción. Por tanto, según lo que entiendo, aquí hay algo que no calza muy bien, por lo menos en la forma como está planteado en el articulado. Es probable que el espíritu sea distinto; que la responsabilidad del obligado a recibir definitivamente la obra sea la que pretendemos; pero no me parece que la misma norma se deba aplicar con relación a fabricantes, proyectistas y constructores, a los cuales, por su naturaleza, debiera aplicárseles la prescripción de cinco años, que es bastante aceptable. Señor Presidente, me gustaría escuchar, por su intermedio, que el señor Diputado informante pudiera dar una explicación de la duda que la norma pudiera generar. Al parecer, el Diputado señor Montes tiene información relevante respecto de mi duda. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Entiendo que el Diputado informante iba a solicitar que el Diputado señor Montes se refiriera a esta materia. El señor OJEDA.- Así es. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Bien. Hay una interrupción solicitada por el Diputado señor Montes al Diputado señor Coloma, que la Mesa concede. Tiene la palabra el Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero aclarar que el daño causado por deficiencias en la calidad de los materiales, en el diseño o en la construcción, es de responsabilidad del propietario que encomiende o ejecute la obra, y que el fabricante, el proyectista y el constructor son responsables ante este propietario. La situación que plantea el Diputado señor Coloma, de que no hubiese recepción final y que, por lo tanto, se prorrogue por mucho tiempo la responsabilidad del fabricante, del proyectista y del constructor, es ante el propietario, en caso de que él no se preocupe de regularizar la recepción de la obra. En el artículo 145 de la Ley General de Urbanización y Construcción se dice que ninguna obra puede ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva, parcial o total. En el caso de que esto ocurriera, el municipio está en condiciones de desalojar a los ocupantes con el auxilio de la fuerza pública, de demoler, etcétera. Es decir, hay un conjunto de sanciones en el caso de ocupación. En la práctica, el caso que plantea el Diputado señor Coloma existe. Hay muchos conjuntos habitacionales que después de 20 años aún no están recepcionados; sin embargo, la responsabilidad por problemas de calidad de esos conjuntos es del propietario, de quien manda a hacer la obra. Es cierto que aquí se plantea la situación de que, después de 20 años, podría reclamarse al fabricante, al proyectista o al constructor. Sin embargo, la responsabilidad, básicamente, es del propietario. En la práctica, los municipios no ejercen la facultad de desalojar que les otorga la ley. Debería aplicarse y todas las construcciones de ciudad deberían estar recepcionadas. El problema que plantea el Diputado señor Coloma se da, en la actualidad, especialmente en las ampliaciones de viviendas, más que en las primeras construcciones. He dicho. El señor COLOMA.- Señor Presidente, agradezco la explicación del Diputado señor Montes, pero ella, de alguna manera, confirma mi inquietud, porque me parece que un propietario primer vendedor no puede tener el derecho de repetir -como se dice jurídicamente-, de reclamar contra el fabricante, el proyectista y el constructor, dentro de un plazo de prescripción ampliada que surge de un error propio. Por tanto, quiero que, por lo menos en el espíritu de la disposición entiendo que es ese, quede clara esta distinción. No es el momento de presentar una indicación al efecto, para no retrasar el despacho del proyecto; pero sería interesante que en el Senado se materialice o que, por lo menos, quede claro en el debate de la Cámara que el espíritu de la norma es que el propietario primer vendedor, que encomiende o ejecute la obra, tenga todo el plazo de prescripción vigente hasta que ella no se reciba, y que desde ese momento empiecen a contarse los cinco años, porque hemos visto que, desgraciadamente, más allá de la ley invocada por el Diputado señor Montes, lo cierto es que no todos los municipios cumplen con la obligación que ha señalado. Me parece importante precisar esto, porque puede ser fuente de conflictos muy grandes de intereses -que no necesariamente tienen que ver con el beneficio de las personas- entre fabricantes, proyectistas y personas que encarguen determinada obra. He dicho. El señor ESPINA.- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, sin duda, con este proyecto estamos dando grandes pasos en materia de control y calidad de la construcción de viviendas en el país. Pero también tenemos la tremenda responsabilidad de legislar para terminar con lo que ha sido, en alguna medida, una vergüenza en materia de construcción. En Chiguayante, en la Octava Región, hacía 15 días que se había entregado una población. Llegaron las primeras aguas y los primeros vientos y prácticamente la población quedó mojada por todos lados. Hay que ponerle coto definitivamente a esta situación, y, en ese sentido, es clave el hecho de que exista un registro de las empresas constructoras en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque en el país existe un sinnúmero de empresas que construyen en distintas partes y que, finalmente no les pasa nada después de que han construido e incurrido en errores de carácter técnico. Por eso, estamos en el mejor momento para legislar a fin de que el control de calidad de las viviendas sea lo que espera la mayoría de la población, especialmente los sectores más modestos del país. Y en ese sentido, para que las empresas no sigan incurriendo en deficiencia técnicas, es necesario que el registro se plantee de verdad. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero que el Diputado informante me aclare algunas dudas. En primer lugar, una de las ideas matrices de la moción parlamentaria consistía en aumentar al doble los plazos de que disponen las direcciones de obras municipales para autorizar los permisos de edificación, y ampliar de una a tres las inspecciones de las obras de construcción de conjuntos habitacionales. En tal sentido, don Hernán Pavez, Director del Instituto Nacional de Normalización, en su entrevista con la Comisión señaló que se requería un esfuerzo en la labor de inspección técnica de la obra, debido a que la legislación actual sólo exigía una inspección al término de la misma. Mi pregunta es si efectivamente el proyecto dará mayor vigor a la inspección técnica de la obra en la etapa previa de construcción, no al término de la misma, y qué cambia el proyecto respecto de la legislación vigente. En segundo lugar, en cuanto al registro -entiendo que no fue aprobado-, el Colegio de Ingenieros está preparando un registro de profesionales idóneos que además obliga a la colegiatura, preocupado, precisamente, por lo que aquí se ha planteado: que la falta de un registro implica que personas no idóneas y "aventureras" estén provocando un grave daño en la construcción de viviendas modestas. Señor Presidente, solicito que el señor Diputado informante me aclare estas dudas. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en relación con la primera duda del Diputado señor Navarro, no hay ninguna modificación al artículo del proyecto, por lo cual se mantienen sus ideas matrices fundamentales. Respecto de la segunda pregunta, agradeceré al Diputado señor Navarro que me la resuma. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Navarro, ¿podría repetir la segunda pregunta? El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no me quedó clara la respuesta de la primera, en cuanto al aumento de la fiscalización técnica de la obra en su etapa previa y no al final. El señor OJEDA.- No aumenta, señor Diputado. El señor NAVARRO.- Entonces, se abandonó la idea matriz. El señor OJEDA.- Así es. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señores Diputados, les agradeceré dirigirse a través de la Mesa. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pregunté, además, si la Comisión tuvo en cuenta la iniciativa del Colegio de Ingenieros de preparar un registro de profesionales. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Puede responder el señor Diputado informante. El señor OJEDA.- Señor Presidente, fueron consideradas y se analizaron las opiniones del Colegio de Ingenieros; pero, de acuerdo con el artículo 62, número 2, de la Constitución Política del Estado, la indicación correspondiente fue declarada inadmisible por tratarse de una nueva atribución que sólo le corresponde proponer al Presidente de la República. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sería muy grave abandonar esta idea matriz, porque todas las deficiencias que se pretenden superar se originan en la carencia de inspección durante la construcción. Si se quería evitar el mal, también debió considerarse la reparación de situaciones producidas -base de toda enmienda que busque mejorar la calidad de las viviendas- y no haber introducido una modificación de este tipo, lo que me parece dañino. Como desconozco el trámite anterior, tampoco me queda claro por qué no se consideró. Coloma para plantear un asunto reglamentario. Tiene la palabra Su Señoría. El señor COLOMA.- Señor Presidente, en el entretanto conversé con algunos integrantes de la Comisión de Vivienda para ver la posibilidad de incorporar la inquietud que planteé en relación con los artículos 18 y 19. Por su intermedio, solicito que el proyecto vuelva a Comisión con esa finalidad, para tratarlo en la Sala a la brevedad. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señores Diputados, en el informe de la Comisión de Vivienda se señala que no hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. Sin embargo, el artículo 19, incorporado al proyecto, contiene normas sobre competencia de los tribunales que requieren quorum calificado para su aprobación. Además, hay sugerencias para superar obstáculos formales respecto de la tramitación del proyecto. Como el propósito es aprobarlo, solicito el asentimiento unánime de la Sala para acoger la petición del Diputado señor Coloma de que el proyecto sea enviado a Comisión, con el objeto de superar dichos obstáculos. ¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada? Acordado. El proyecto vuelve a Comisión. El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. EL señor DUPRÉ.- Señor Presidente, entiendo que sus palabras finales, relativas a la necesidad de superar algunos obstáculos, significan que el proyecto vuelve a Comisión con las indicaciones presentadas. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Así es, señor Diputado. Vuelve a Comisión con las indicaciones presentadas, para ser resueltas reglamentariamente. Con posterioridad, puedo darle más detalles. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Al Artículo único. Numeral 5) 1. De los señores Dupré, Juan Pablo Letelier, Balbontín y Silva para agregar en el artículo 25, el siguiente inciso final: "El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, los organismos que de él dependan y las Municipalidades, eliminarán de su Registro de Contratistas a toda persona natural o jurídica que haya sido sancionada por infracción a las disposiciones de esta ley.". 2. De las señoras, Aylwin, Pollarolo, Rebolledo y Prochelle, señorita Saa y de los señores Andrés Aylwin, Balbontín, Caminondo, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Fuentealba, Gajardo, René García, Gutiérrez, Hamuy, Huenchumilla, Kuschel, Lea y, León, Longton, Makluf, Montes, Moreira, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Joaquín Palma; Ramón Pérez; Víctor Pérez; Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Tohá, Tuma, Vargas, Villegas, Villouta y Zambrano para agregar los siguientes incisos tercero, cuarto, y quinto, nuevos, al artículo 144 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975: "No obstante lo anterior tratándose de conjuntos habitacionales de más de 20 unidades de vivienda, la Dirección de Obras Municipalidades podrá exigir, desde el inicio de las obras y durante toda su ejecución, la participación de una inspección técnica independiente del constructor, persona natural o jurídica contratada a costa del propietario de la obra entre aquellos profesionales que se encuentren inscritos en el Registro que para estos efectos mantendrá la Dirección de Obras Municipales o, en su defecto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El inspector técnico deberá consignar sus observaciones en un Libro de Obras y notificar a la Dirección de Obras Municipalidades en caso de que estime que ésta debe ordenar la paralización o demolición de las obras. La Dirección de Obras Municipales podrá proceder a otorgar la recepción definitiva sin nuevo trámite, con el solo mérito del informe que emita al término de su gestión dicha inspección técnica. En estos casos el inspector técnico, sea éste persona natural o jurídica, será solidariamente responsable con las personas indicadas en el inciso segundo del artículo 18." VI. PROYECTOS DE ACUERDO 1.- CREACIÓN DE COMISIÓN DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE VERTEDEROS EN REGIÓN METROPOLITANA. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo. El señor MELERO.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, solicito que se recabe el asentimiento unánime de la Sala para conocer de inmediato, dada la urgencia del tema, un proyecto de acuerdo suscrito por números señores Diputados, relativo al problema de los vertederos de basura de la Región Metropolitana. De lo contrario, su tratamiento tendría que postergarse hasta el próximo jueves. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para tratar, de inmediato, el proyecto de acuerdo a que hace mención el señor Melero. Acordado. El señor Prosecretario le dará lectura. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de las Diputadas señorita Saa y señoras Aylwin, doña Mariana, y Cristi, y de los Diputados señores Melero, Balbontín, Luksic, Fantuzzi, Palma, don Andrés; Escalona, Leay, Espina, Paya, Orpis, Coloma, Dupré, Moreira, Hamuy, Longueira, Seguel, Jocelyn-Holt, Montes, García, don René, y Estévez: "Considerando: "1) Que el 31 de diciembre del presente año los vertederos de basura Lo Errázuriz y Cerros de Renca deberán poner término a su vida útil, debiendo antes de esa fecha buscarse nuevas ubicaciones en algún lugar de la Región Metropolitana. "2) Que a siete meses del cierre definitivo de dichos vertederos de la Región Metropolitana, las 140 mil toneladas de basura que la ciudad produce al mes no tienen destino ni proyecto de tratamiento alguno. "3) Que los alcaldes metropolitanos, agrupados en la empresa Emeres, responsable de la administración de Lo Errázuriz, declararon el pasado mes de abril desierta la propuesta pública de alternativa de ubicación. "4) Que Emeres y el Consejo de Alcaldes de Cerros de Renca deberán presentar, a la brevedad, alternativas de solución para el manejo intermedio y disposición final de los residuos a sus respectivas comunas para ser autorizados por todos los municipios integrados. "5) Que las futuras ubicaciones y sistemas de tratamiento de las basura que se propongan deberán efectuarse en forma seria y responsable, de forma tal que no molesten a la población aledaña y consideren el impacto ambiental y productivo que pudiera ocasionar. "6) Que los procedimientos hasta ahora utilizados para resolver el problema no han sido los adecuados, no ha existido la debida información de las propuestas en consulta y no se ha tomado en cuenta la opinión de los vecinos afectados ni de las autoridades comunales y parlamentarias de las áreas propuestas para futuras ubicaciones. "7) Que la solución del problema compromete a la ciudad en su conjunto y, por lo tanto, debe ser abordado desde una perspectiva regional. La magnitud, urgencia y costos involucrados obligan a una mejor coordinación a futuro, que concite un amplio consenso de la comunidad y de sus autores. "Por lo anterior, la Honorable Cámara de Diputados acuerda: "Oficiar al Ministro del Interior y al Ministro Secretario General de la Presidencia para que convoquen a la Intendencia Metropolitana, a los alcaldes, al presidente de Emeres, al Consejo de Alcaldes Cerros de Renca y al director del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, en forma inmediata, a una reunión de coordinación con el fin de que se establezca una Comisión de Análisis que conozca las propuestas que los responsables deberán efectuar. A esta Comisión se integrarán, además, los Diputados de la Región Metropolitana." El señor ESPINA (Vicepresidente).- Han pedido hacer uso de la palabra los Diputados señores Luksic y Melero para sostener el proyecto. Dado que disponen de cinco minutos, les agradeceré repartirse el tiempo en forma equitativa. Tiene la palabra el Diputado señor Luksic. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo viene a resolver un problema que hace mucho tiempo inquieta a la población de la Región Metropolitana. Como bien se ha dicho, existen dos vertederos de basura, Lo Errázuriz y Cerros de Renca, que a fin de año terminan su vida útil. Por lo tanto, es urgente buscar un terreno que los reemplace, lo que deberá hacerse considerando, al menos, dos requisitos: primero, el cumplimiento de las normas ambientales básicas que señala nuestro ordenamiento, tanto el Código Sanitario como la Ley de Bases del Medio Ambiente y, segundo, la consulta a la población que se verá afectada por su instalación. Por eso, los Diputados de la Democracia Cristiana adherimos a este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, hay un proverbio que dice "Hoy por ti, mañana por mí". Invito a los Diputados de las demás regiones del país a apoyar el proyecto de acuerdo, que no busca suplantar la función de los alcaldes establecidas por la ley en cuanto a su autonomía para resolver estas cosas; pero dado lo problemático del tema, a juicio de quienes respaldamos la iniciativa, se requiere una instancia de coordinación y análisis que comprometa a las partes involucradas, a los vecinos, a los alcaldes, al intendente, Diputados y al gobierno central para que busquemos consenso y unidad frente a la materia, con el fin de no prolongar más una situación que, por decir lo menos, ha sido denigrante respecto de las decisiones que se adoptan sobre el punto en la Región Metropolitana. El problema de las basuras es de la ciudad; el de la descontaminación, de la era moderna, y la tranquilidad de los vecinos de los entes productivos es un derecho legítimo que debe respetarse. Aspiramos a que el tema se resuelva a la brevedad, y siete meses es un plazo muy corto. Queremos que, de una vez por todas se solucione ojalá con el mayor consenso posible y no con las polémicas y descalificaciones que hemos visto estos últimos días. Por eso, y por respeto a los habitantes de las comunas afectadas por esta situación, espero que se concite la unanimidad para aprobar el proyecto que se refiere a un problema que hoy nos afecta a los Diputados metropolitanos, pero mañana puede ser a otros. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. 2. PETICIÓN PARA MODIFICAR LA LEY N” 18.525, SOBRE IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Pérez, don Víctor; Ulloa, Correa y Melero. "Considerando: "1) Que la ley N° 18.525, referida a las normas sobre importación de mercaderías al país y publicada en el Diario Oficial N° 32.509, el 20 de junio de 1986, en su artículo 12 establece que para asegurar un margen razonable de fluctuación de los precios internos del trigo, semillas oleaginosas, de los aceites vegetales y del azúcar existirán derechos específicos en dólares de Estados Unidos por unidad arancelaria o derechos ad valorem, y rebajas a tales derechos que podrán afectar la importación de dichas mercaderías. "2) Que el monto de tales derechos y rebajas establecidos conforme al procedimiento señalado será determinado una vez al año por el Presidente de la República en términos que, aplicados a los precios que los mencionados productos alcancen en los mercados internacionales, permitan sustentar un costo mínimo, piso de la banda, y un costo máximo, techo de la banda, durante el período de comercialización interna de tales productos. "3) Que para ello se consideran los precios internacionales promedios mensuales registrados en los mercados de mayor relevancia en el período inmediatamente precedente de cinco años para el trigo y oleaginosas, y de diez años para el azúcar, eliminándose hasta el 25 por ciento de los valores más altos y el 25 por ciento de los más bajos para cada uno de ellos, una vez ordenados de mayor a menor, de modo que los valores inmediatamente siguientes constituirán el piso, mínimo costo de importación, y el techo, máximo costo de importación de la banda de precios, utilizando para tal objeto las tarifas y gastos que son normales en el proceso de importación de tales productos en los seis meses anteriores. "4) Que los precios para la aplicación de los derechos y rebajas serán los que alcancen a la fecha de embarque las respectivas mercaderías. Para ello, el Servicio de Aduanas informará semanalmente estos precios, pudiendo requerir, para tal efecto, antecedentes a otros organismos públicos. "5) Que en algunas ocasiones sucede que, al aplicarse los derechos específicos, como los valores de la mencionada tabla, son mayores a medida que el precio "free on board", FOB, es menor y viceversa, y como este valor es el que semanalmente informa el Servicio de Aduanas, es posible que un importador cierre un negocio a un precio real muy bajo y, posteriormente, lo interne cuando el precio es mayor, con lo cual los derechos específicos a cancelar resultan menores a los que verdaderamente correspondería pagar de acuerdo al real precio pagado en la negociación. Con ello, es perfectamente posible que se vulnere el piso de la banda, desvirtuando todo el sistema de bandas de precios. "En el caso de la remolacha, la banda de precios del azúcar se calcula considerando una participación del mercado excedentario de un 90 por ciento, y el 10 por ciento restante, al comportamiento del mercado de Estados Unidos, situación que no se apega a la realidad, en donde el mercado excedentario no tiene una participación relevante en cuanto a volúmenes. "Proyecto de acuerdo: "Oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de proponer que se modifique la ley N° 18.825, en el sentido de que el Servicio Nacional de Aduanas aplique los derechos que correspondan sobre el menor precio resultante de comparar el precio relevante más bajo informado y el de la respectiva factura que ampara el embarque. "Hacer presente, además, la necesidad de que permanentemente, como señala la propia ley, se revisen tarifas y gastos de importación, de modo que estos valores, sumados a los precios "free on board", FOB, de las mercaderías, permitan establecer una tabla de derechos específicos y rebajas arancelarias realistas y que asegure que no se pueden importar las mercaderías por debajo del piso de la banda fijada anualmente. "Para el caso específico de la banda del azúcar, corregir la situación actual, de modo que las ponderaciones se hagan sobre la base de los precios reales de transacción, teniendo en cuenta la participación efectiva de cada uno de los mercados involucrados: Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, excedentario." El señor ESPINA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. El señor PÉREZ (don Víctor).- Pido la palabra. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, una de las grandes dificultades que tiene la agricultura, particularmente la tradicional, es que debe competir con productos importados que, generalmente, son subsidiados. Por lo tanto, es imposible que el productor nacional compita de manera adecuada con el producto importado. Además, hay que tener presente que los rendimientos de los productos agrícolas que tienen los agricultores constituye, para el país, ser líder de Latinoamérica. Uno de los elementos que se tiene en cuenta para establecer una competencia lo más leal posible se refiere a las bandas de precios, que operan en diferentes mercados y productos, y sus cálculos, o la manera como se establecen, están reseñados en forma bastante resumida en el proyecto de acuerdo. Sucintamente, para establecer el piso y el techo de la banda, se consideran los precios internacionales promedio mensuales registrados en un período determinado, eliminándose el 25 por ciento de los valores más altos y el 25 por ciento de los más bajos. En la práctica, en muchos casos se opera cuando el importador adquiere el producto a precios más bajos que los establecidos en la banda. De esta forma, se desvirtúa el mecanismo de las bandas de precios, con lo que se provoca una dificultad mayor para los productores chilenos. Esto se da especialmente en el caso de la remolacha, donde la banda de precios se calcula con una participación del mercado excedentario de un 90 por ciento, y el 10 por ciento restante, con el comportamiento del mercado de Estados Unidos, lo cual no corresponde a la realidad, puesto que éste no tiene una participación relevante en cuanto a volúmenes, lo que hace también que el piso de la banda sea superior, en muchos casos, al precio en que se importa el azúcar a nuestro país. Por eso, con el objeto de perfeccionar el mecanismo de la banda de precios, hemos presentado este proyecto de acuerdo, estableciendo una fórmula mucho más realista y práctica, que refleja de mejor manera los precios internacionales, los precios internos y la protección razonable que deben tener, de acuerdo con esa realidad, las producciones nacionales, particularmente de trigo y remolacha. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a otro señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que lo impugne. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 11 abstenciones. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado. 3. BENEFICIO EN FAVOR DE ADQUIRENTES DE VIVIENDAS PROGRESIVAS. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al tercer proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los Diputados señores Arancibia, Encina, Muñoz, Balbontín, Palma, don Andrés; Jocelyn-Holt, Martínez, don Rosauro, y García, don René, y de las Diputadas señoras María Antonieta Saa y Romy Rebolledo. "Considerando: "1.- Que es un deber del Estado ocuparse del problema de falta de viviendas para las familias que viven allegadas o que se encuentren en otras situaciones de emergencia habitacional, sea construyendo directamente dichas viviendas o concurriendo a su financiamiento. "2.- Que en atención a lo anterior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó el decreto supremo N° 140, del 14 de agosto de 1990, por el cual se estableció el reglamento para programas de viviendas progresivas. Se considera "vivienda progresiva" el proyecto de vivienda a emplazarse en el sector urbano rural, cuya construcción se efectúa en dos etapas, comprendiendo la primera como mínimo, un sitio urbanizado y una unidad sanitaria compuesta de cocina y baño, lavatorio y ducha; y la segunda etapa, la ejecución del resto del proyecto aprobado para la vivienda. "3.- Que el decreto supremo N° 140, en su artículo 16, contempla la forma en que se enterará el precio de las etapas por el postulante, precisando que para la primera se realizará de la siguiente forma: "Con el total del ahorro acreditado en su oportunidad, el cual no podrá ser inferior al equivalente de tres unidades de fomento, con un subsidio habitacional consistente en una ayuda estatal directa, sin cargo de restitución, de un monto máximo equivalente a 100 unidades de fomento, y el saldo, si lo hubiere, lo enterará el postulante de contado, para cuyo efecto el Serviu podrá otorgarle un crédito hipotecario, de un monto máximo equivalente a 30 unidades de fomento, el que deberá pagar en un plazo no superior a cinco años. "4.- Que por el decreto supremo N° 123, de 1992, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1993, se modificó lo relativo al cumplimiento de los requisitos tanto para la primera como la segunda etapas, quedando para el caso de viviendas progresivas de primera etapa el monto de ahorro exigido en ocho unidades de fomento como mínimo, el crédito fue fijado como máximo en 132 unidades de fomento, y los subsidios fueron eliminados. "5.- Que como consecuencia de la anterior modificación, han existido dos procedimientos para la asignación de viviendas progresivas en primera etapa, produciendo un notable perjuicio a los postulantes regidos por el decreto supremo N° 140 antes de la modificación señalada (régimen inicial). "6.- Que resulta de alta justicia que el Ejecutivo adopte las medidas reglamentarias y legales pertinentes para posibilitar una solución equitativa para los postulantes anteriores al 1 de mayo de 1993, para que éstos puedan acogerse al mismo tratamiento vigente en la actualidad, liberándolos de su compromiso anterior, al haber cancelado ocho unidades de fomento del crédito primitivo, considerando el excedente, si lo tuvieran, de las ocho unidades de fomento como ahorro previo para postular a la segunda etapa de construcción de sus viviendas. "Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo: "La Honorable Cámara de Diputados acuerda que se oficie al Ministro de Viviendas y Urbanismo, don Edmundo Hermosilla, para que adopte las medidas conducentes para que los adquirentes de viviendas progresivas en primera etapa, bajo el régimen inicial, esto es antes del 1 de mayo de 1993, puedan acogerse al mismo tratamiento vigente en la actualidad (decreto supremo N° 132, de 1992), liberándolos de su compromiso anterior, al haber pagado ocho unidades de fomento de crédito primitivo, y considerar ahorro previo para la segunda etapa el excedente de las ocho unidades de fomento, si lo hubiese." El señor ESPINA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. El señor ARANCIBIA.- Pido la palabra. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, la extensa fundamentación del proyecto de acuerdo contiene más claros y completos los elementos sobre el motivo de esta iniciativa. Específicamente, se trata de establecer un régimen similar para asignatarios de viviendas progresivas que están en iguales condiciones económicas y sociales. En el pasado se requería un monto de tres UF de ahorro previo, pero, además, se contraía una deuda de hasta 30 meses en UF, que dificultosamente han podido pagar los asignatarios de viviendas. Muchos se han visto impedidos de hacerlo. Pero lo notable es que este régimen que obliga a contraer este ahorro previo y estos compromisos hasta por cinco años es muy distinto del que se estableció posteriormente a los asignatarios que están en iguales condiciones económicas y sociales, pero que han recibido viviendas con un ahorro previo de sólo ocho unidades de fomento, en que el Fisco ha puesto la diferencia como subsidio, con lo que queda saneada inmediatamente la propiedad y en condiciones de postular a la segunda etapa. ¿De qué se trata ahora? De solicitar al Gobierno que adopte las medidas para que aquellos que se acogieron al primer sistema y que han pagado mucho más de ocho unidades de fomento, y siguen haciéndolo, puedan acogerse en condiciones similares a la de los asignatarios que, con posterioridad, han postulado al mismo tipo de viviendas y tienen mucho más facilidades para incorporarse a la segunda etapa. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a otro señor Diputado que quiera apoyar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que lo impugne. Ofrezco la palabra. Solicito asentimiento de la Sala para aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo. Aprobado. VII INCIDENTES. 1.- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CÁRCEL PÚBLICA EN VALPARAÍSO. Oficios. El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable Diputado señor Francisco Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, el lunes pasado la ciudad de Valparaíso fue testigo de un hecho bastante violento y triste: un nuevo motín en la cárcel pública. Esta circunstancia nos hace reflexionar y trae nuevamente al tapete el estado en que se encuentra este recinto carcelario y la situación realmente inhumana, de hacinamiento, en que viven los reclusos. En diversas oportunidades, quienes formamos parte de las autoridades del distrito hemos señalado al Ejecutivo, tanto en el nivel central, en Santiago, como a las autoridades de la región, concretamente al Intendente, la necesidad de que se aboque a este difícil problema mediante la construcción de una nueva cárcel que permita a los reclusos vivir en condiciones humanas y desarrollar programas de rehabilitación, de capacitación y estudio, de manera que la pena o sanción que cumplan les permita reinsertarse a la sociedad. Todos sabemos que la situación general de las cárceles del país es lamentable y que, en definitiva, en ellas no se otorga la posibilidad de que los reclusos adopten una nueva vida, puedan reinsertarse o reeducarse. Por el contrario, muchas veces constituyen verdaderas escuelas del delito y las condiciones en que viven los reclusos son infrahumanas. El motín que se produjo en la cárcel de Valparaíso el lunes pasado refleja, una vez más, la precaria situación en que se encuentran quienes deben cumplir condenas en ese recinto. Señor Presidente, por su intermedio, solicito oficiar a la Ministra de Justicia, con el fin de que informe sobre el proyecto de construcción de un nuevo recinto carcelario en la ciudad de Valparaíso. La iniciativa ha sido anunciada por el Ejecutivo, incluso por el Gobierno anterior, y se ha reiterado su importancia dentro de los programas de la región. Sin embargo, no tenemos antecedentes concretos respecto de esta construcción, que es indispensable en la ciudad de Valparaíso. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría. 2.- INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE SISTEMA POLIVALENTE EN LICEOS DE TALCAHUANO (Octava Región). Oficios. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, en los pocos minutos que nos restan, solicito oficiar, por su intermedio, al Ministerio de Educación, para que la Secretaría Ministerial de Educación de mi región nos informe si en la comuna de Talcahuano, que orgullosamente represento en la Cámara, se considerará la posibilidad de convertir algunos liceos de carácter científico-humanista en polivalentes. En Talcahuano, por lo menos, existen dos liceos que han elaborado proyectos para trabajar en el sistema polivalente, es decir, preparar a los alumnos que egresan para el mundo del trabajo. Hasta el momento no hay una respuesta clara y objetiva sobre esta situación, la que, sin duda, favorece un desarrollo mucho más armónico, ya que, como dije, permite preparar alumnos para que se incorporen al mundo del trabajo y no contar sólo con alumnos enciclopedistas, quienes, una vez egresados de los liceos, no tienen más opción que continuar con sus estudios y seguir alguna carrera que los capacite para enfrentar la vida. Asimismo, solicito que se oficie al Intedente y al Secretario Ministerial de Salud de la Octava Región, para saber qué ocurrirá con el edificio del hospital de la ciudad de Tomé. Existe mucha inquietud al respecto, pues, a pesar de que lo que requiere la comunidad local, cuya población es muy numerosa y de que está prácticamente terminado, hasta la fecha no ha sido habilitado. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría, a los cuales adhieren los Diputados señores Longton y los parlamentarios que lo indiquen a la Secretaría. 3. CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN ZONA SUR DE SANTIAGO. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, desde hace bastante tiempo, las comunas aledañas a la zona sur de Santiago están esperanzadas en contar con un hospital. En el gobierno anterior se ofreció construir uno, lo cual fue motivo tanto de elogiosos comentarios como de eslogan de campañas políticas. En verdad, la salud constituye un problema grave en los sectores de la zona sur, donde el hospital Barros Luco está totalmente congestionado. Se señaló que el hospital San Ramón solucionaría las necesidades de salud. Solicito que se oficie al Ministerio de Salud Pública para que nos informe, a la brevedad, acerca del estado en que se encuentra esta iniciativa y cuándo se licitarán las obras. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría. Tiene la palabra el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, a raíz de la inquietud del Diputado señor Moreira, deseo informar que en el día de ayer me reuní con el señor Ministro de Salud, quien me señaló que las obras de dicho hospital comenzarán a ejecutarse los primero días del próximo año. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. 4. ACTUACIÓN DE LA CONAF EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia tiene la palabra el Diputado señor González. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, hace aproximadamente tres semanas, la Conaf de la Décima Región suspendió una explotación forestal de la sociedad Neltume-Carranco y le aplicó una multa de 770 millones de pesos, más lo que produzca el remate de las especies ya explotadas, lo que hace un total de alrededor de 1.200 millones de pesos, por haber comenzado a explotar sin contar con la aprobación completa del plan de manejo respectivo. Cabe hacer notar que este plan requiere ser conocido por la Dirección de Fronteras y Límites, la que solicita un informe a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa, por tratarse de explotación en una comuna limítrofe como Panguipulli. Este plan de manejo era uno más de los que ya aprobó la Conaf, la cual los remitió a la Dirección de Fronteras y Límites al término del plazo legal para pronunciarse, es decir, a los 120 días de recibido el proyecto de explotación. Por tales razones, solicito que se oficie al Ministerio de Agricultura para que informe a la Honorable Cámara acerca de esta situación la cual contiene ribetes cuestionables en la actuación de la Corporación Nacional Forestal. Asimismo, para que fije una sanción proporcional a la falta cometida, y apresure la aprobación del plan de manejo de la citada empresa, toda vez que no tiene "stock" para más de dos meses, lo que la obligaría a suspender sus faenas, afectando a 500 trabajadores y a cerca de 3 mil habitantes del sector de Neltume. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se oficiará en la forma solicitada por Su Señoría. 5. CONSTRUCCIÓN DE BALSAS EN SAN FABIÁN Y QUILLÓN, PROVINCIA DE NUBLE. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, en el centro-sur del país y especialmente en la parte sur, hay un sinnúmero de lugares donde no existen puentes. Sobre el particular, quiero que se oficie al Ministro de Obras Públicas con el objeto de que disponga los estudios pertinentes para construir una balsa que una la comuna de San Fabián con la de Coihueco, en la provincia de Nuble. Aprovechando el estudio, y a lo mejor la buena disposición del señor Ministro, también le solicito considerar, ahora que se aproxima el invierno, el caso de la balsa de Liucura, que funciona en el río Itata, en la misma provincia de Nuble, uniendo la comuna de Quillón con la de Pemuco. La petición es para que, de una vez por todas, se construyan balsas de un material más resistente, porque hasta ahora las tradicionales de madera duran muy poco y, al final, los esfuerzos financieros que realiza el Fisco se triplican o muchas veces son superiores. Por eso, por su intermedio, pido que se envíen estos oficios. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se remitirá el oficio solicitado por Su Señoría. 6. RESTITUCIÓN DE BIENES CONFISCADOS DURANTE EL RÉGIMEN MILITAR. PETICIÓN DE ANTECEDENTES. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Reyes. El señor REYES.- Señor Presidente, el Supremo Gobierno ha anunciado su propósito de continuar, en la parte que corresponda, la tramitación del proyecto de ley iniciado en la legislatura anterior sobre restitución de los bienes confiscados a partidos políticos, organizaciones sociales y personas naturales durante el régimen militar. Como se recordará, dicho proyecto se frustró en lo concerniente a la restitución de los bienes confiscados a los partidos, al no reunirse en la Cámara el quorum necesario para su aprobación. En lo demás, tal cual lo ha ratificado el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el proyecto sigue vigente. Respecto de su contenido, se repondrá la iniciativa a través de la Comisión competente, que es la de Bienes Nacionales. En la parte referida a los bienes de los partidos, se nos ha hecho saber que el Gobierno presentará un nuevo proyecto. Esperamos que, en esta oportunidad, aunque se tramite por cuerda separada, tanto las organizaciones sociales como las personas naturales, y por cierto los partidos políticos, puedan tener mejor suerte y recuperar bienes que legítimamente les pertenecen y de los cuales fueron despojados sin ningún respeto por el derecho de propiedad que, en algunos casos, se defiende con tanto rigor y se eleva a la categoría de intocable, y que en este caso se desconoce olímpicamente. Sin embargo, me preocupa -y es el motivo de mi intervención- que mientras se despojó a algunos a través de la confiscación, en otros casos hubo extremada generosidad, en especial en la disposición de bienes y propiedades fiscales, esto es, de todos los chilenos, graciosamente destinados a instituciones de la Defensa Nacional y a organizaciones denominadas "del voluntariado". Respecto de esta materia, es necesario que se sepa con exactitud qué y cómo se transfirió, en beneficio de quién se hizo y, si es posible, saber también cuál es el destino actual de dichos bienes o propiedades, toda vez que es un hecho que, en muchos casos, después de haber sido destinados sin costo para sus asignatarios, han sido objeto de actos de comercio bastante lucrativos por parte de aquéllos. En razón de los señalado, vengo en solicitar que en mi nombre se oficie a la señora Ministra de Bienes Nacionales para que tenga a bien remitir a la Corporación la información existente en esa cartera respecto de bienes o propiedades fiscales destinados o transferidos a instituciones de la Defensa Nacional y a organizaciones del voluntariado, con todos los antecedentes relacionados con sus características, formas de transferencia y valor estimado. Si es posible, que ese Ministerio nos informe también acerca del destino actual de dichos bienes o propiedades. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. 7. CREACIÓN DE JUZGADO DE MENORES EN ANGOL. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, hace poco más de un año empezó a funcionar en Angol el Segundo Juzgado del Crimen. Ahora quiero promover la creación de un juzgado de menores, porque, de acuerdo a los antecedentes que tengo en mi poder, éste se hace muy necesario. Según estos antecedentes, puedo informar que durante el año 1993 el Primer Juzgado de Letras, que atiende todo lo relacionado con menores, tuvo 715 causas ingresadas, 7 desestimientos, 239 avenimientos y 387 sentencias. Además, hubo 280 exhortes y la última causa ingresada a la fecha figura con el rol 14.290. En protección de menores hubo 416 causas; en otras materias, 633. O sea, se atendió un total de 1.049 causas. Las causas relacionadas con cartolas que reciben y pagan pensión de alimentos, fueron 929. En el año 1993 se despacharon 2.800 oficios y se realizaron 390 informes sociales. Entre consultas y orientación se atendió un promedio de 2.400 casos. Aparte eso, está todo lo relacionado con atenciones profesionales, con proyectos y con el Sename. El juzgado, en su sección de menores, es atendido por el secretario del Primer Juzgado; es decir, atiende los casos de otros tribunales. Por ejemplo, las materias correspondientes al juzgado del crimen, juzgado civil y juzgado de menores, para lo cual cuenta con dos asistentes sociales y dos actuarios. De acuerdo con las cifras entregadas por el censo de 1992, en las comunas que tiene injerencia este juzgado hay 23.285 personas menores de 14 años. Por esa razón y dadas las cifras entregadas con anterioridad, se justifica ampliamente la creación del juzgado de menores. Por tanto, solicito que se oficie en mi nombre a la señora Ministra de Justicia, para que disponga la realización de los estudios correspondientes que permitan la creación del Juzgado de Menores en Angol a la mayor brevedad posible. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. El señor BAYO.- Señor Presidente, deseo adherir al oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se hará como lo solicita Su Señoría. 8. SOLUCIONES VIALES EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN. Oficios. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en mi ciudad de Concepción, en los cuatro años de presidencia de don Patricio Aylwin, los penquistas debemos reconocer que avanzamos mucho en vialidad urbana. Por eso, quiero consultar al Ministro de la Vivienda, don Edmundo Hermosilla, quien me contestó una petición que formulé hace treinta días en Incidentes, sobre el estado de avance del proyecto de construcción de la autopista de la calle Paicaví, que une a Concepción con Talcahuano. Me expresó que se habían terminado todos los estudios técnicos y que el proyecto fue aprobado por el Comité Interministerial, por considerar que se trata de una obra absolutamente rentable. Por lo tanto, solicito que se oficie al mismo señor Ministro para que considere en el presupuesto de 1994 de esa cartera el financiamiento del estudio de alta ingeniería que falta para su licitación definitiva, seguramente a través del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. En segundo término, pido que se remita oficio al señor Ministro de Obras Públicas y, en especial, al Director Nacional de Vialidad, don Oscar Ferrer, para que incluya en el presupuesto de 1994, o en el del próximo año, la iluminación de la doble vía San Pedro-Coronel. Hago esta petición porque los que somos de esa provincia pudimos observar, con bastante alegría, que hace 15 días se inauguró la iluminación del camino Lirquén-Penco, obra ejecutada a través de Vialidad. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. 9. RECONOCIMIENTO POR AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL DE CONCEPCIÓN. Oficio. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en tercer término, solicito que se oficie en mi nombre, como Diputado por Concepción, a la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear, en reconocimiento por lo ejecutiva que fue respecto de una petición que planteamos hace dos meses sobre la ampliación del Servicio Médico Legal de Concepción. La Semana pasada, cuando ella estuvo en Concepción, fuimos juntos a ver el inicio de la obra, largamente esperada no sólo por los habitantes de la ciudad de Concepción, sino también por los de la provincia. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. 10. HOMENAJE AL COMODORO DON ARTURO MERINO BENÍTEZ EN EL 106° ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO. Oficios. El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente, Nuble y Chillón, tierras que me honro en representar, poseen una historia extremadamente rica, la cual se ha ido construyendo con el aporte de sucesivas generaciones, destacando en todas las épocas hombres y mujeres de excepción, quienes han traspasado los límites geográficos para entregar al país y al mundo su genio, talento y espíritu constructivo. Recordamos hoy el centésimo sexto aniversario del nacimiento de don Arturo Merino Benítez, fundador de la Fuerza Aérea de Chile, de la Línea Aérea Nacional y del Club Aéreo de Chile. La fecha es propicia para evocar su vida y su obra, que lo distingue como el constructor de los cimientos en que descansa y se proyecta nuestro territorio aéreo. Don Arturo descendía del matrimonio celebrado por don Pedro Elíseo Merino Feliú con doña Clorinda Benítez Labbé. Hijo de una familia de agricultores, compuesta por once hermanos, todos de destacada actuación en los diversos ámbitos del quehacer nacional y en campos como el sacerdocio, la diplomacia, aviación, marina y comercio. La temprana muerte de su progenitor obligó a su señora madre a desplegar todas sus fuerzas en aras de entregarle una educación que le permitiera cultivar sus virtudes y desarrollar esa inteligencia clara y penetrante que lo distinguía y le auguraba un futuro promisorio. Como muchos jóvenes, sintió el llamado de la patria. A la edad de 15 años ingresó a la Escuela Militar, demostrando en ese centro formativo capacidad, inteligencia y audacia, virtudes que lo distinguirían más tarde en sus actividades profesionales. El año 1913 marca el Inicio de su ascendente carrera como oficial de Estado Mayor, destinado a cumplir funciones en el Cuartel General del Ejército con el título de especialista en Estado Mayor. Durante ese período -Primera Guerra Mundial-, comienza a crecer su interés por la aviación, y en una conferencia que titula "Sobre futura proporcionalidad de las distintas ramas", plantea la importancia que se le debe dar a la aviación como arma, fundamentando tal aseveración en las experiencias bélicas del conflicto mundial. Hacia el año 1923, fue nombrado Adicto Militar de la Embajada chilena en Brasil, país en el cual tuvo la oportunidad de conocer a Alberto Santos Dumont, especialista y líder de la aviación americana, con quien se adentra en el conocimiento de los aviones y las técnicas de vuelo. A su regreso a Chile, es incorporado al Estado Mayor General, ejerciendo al mismo tiempo la cátedra de Historia Militar en la Academia de Guerra. En junio de 1926, se le nombra director de la Escuela de Aviación Militar y, a la vez, asciende a teniente coronel. Esta es la época en que se la juega por sus ideas de unificar los servicios de aviación. Cuatro años más tarde se hacen realidad sus sueños, y gracias a su tesón y perseverancia Chile es el cuarto país en el mundo, después de Inglaterra, Francia e Italia, en unificar los servicios de aviación dependientes hasta ese entonces de los ministerios de Guerra y Marina. Como Director de Aviación, logra crear el Club Aéreo de Chile, movido por su constante preocupación por la juventud del país, en especial de aquella que no contaba con medios económicos suficientes para acceder a la enseñanza de la actividad aérea. Su iniciativa fue ampliamente acogida, y lo que era un sueño comenzó a ser realidad, al sumarse otros clubes aéreos de provincia. "Nuestro club –decía- forma caballeros del aire, sin tacha y sin temor, ajenos a banderas y divisiones mezquinas". ¡Todo un conjunto de principios que continúan incólumes en el alma del aviador chileno! Con posterioridad, se inaugura la Línea Aérea Nacional con el nombre de Línea Aérea Postal, que llamó "Cuna de mis ideales". Recuerda don Arturo, con emoción, la salida de los aviones hacia el norte para establecer un sistema de viajes que sirvieran, además, como estímulo y esperanza a los pueblos nortinos, que dormían una larga siesta de abandono y miseria, producto de la crisis salitrera y de la incomunicación con el resto del territorio nacional. Sus desvelos inmediatos se orientaron a extender la ruta hasta la zona sur, propósito que logró a costa de grandes sacrificios, incluso arriesgando su propia vida. El entonces Presidente Ibáñez, al escuchar la inquietud de ese pionero, dicta, el 21 de marzo de 1930, el decreto que crea la Subsecretaría de Aviación, que constituyó a la Fuerza Aérea en una organización independiente de la Defensa Nacional, designando a don Arturo Merino Benítez como su primer Subsecretario. Había nacido la Fuerza Aérea de Chile. Los suceso políticos de 1931 lo alejan momentáneamente de la jefatura de la aviación, pero es reincorporado en segui , da con el título de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, luego de lo cual es designado Comodoro del Aire. El forjador de la aviación chilena recibió en vida múltiples homenajes, el último en la base aérea de El Bosque, donde el Presidente de la República, con Eduardo Frei Montalva, testimoniara, en nombre del país, su reconocimiento al creador y primer Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea chilena. Nos dejó el 2 de mayo de 1970, víctima de un derrame cerebral; pero su imagen permanece en el recuerdo del pueblo chileno. Señor Presidente, mi homenaje no estaría completo si no expresara aquí la emoción que siento al revisar la Historia de Chile y encontrarme en sus páginas con hombres extraordinariamente visionarios, tenaces y patriotas, como don Arturo Merino Benítez, hijo de Chillan, al igual que O'Higgins, Arrau y tantos otros que vieron por vez primera la luz en esa generosa tierra sureña, y que constituyen nuestro patrimonio más preciado. No estaría completo, además, si no dijera que como ciudadano me enorgullece ver a la Fuerza Aérea chilena, con su tradición inmaculada, sobria, disciplinada y eficaz, cumpliendo con patriotismo y profundo sentido del deber, junto a las otras ramas de las Fuerzas Armadas, su misión de garantes de la seguridad nacional y crisol de las más puras virtudes. La figura de don Arturo Merino Benítez está presente en cada integrante de la Fuerza Aérea. Su imagen, grabada en el bronce y en el mármol, recuerda sus proezas a los jóvenes aviadores, bella esperanza de las glorias futuras de la patria. Ellos procuran imitarle en su amor a la ciencia, en su reconocida modestia y en su acendrado patriotismo. Rindo culto, pues, de admiración y profundo respeto hacia quien hizo de la vida un ejemplo de constancia, tenacidad, rectitud y hombría de bien. El país y la historia así lo reconocen. Señor Presidente, solicito que este homenaje sea remitido a su familia, a la Municipalidad de Chillán y al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. He dicho. Aplausos. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se transcribirá el homenaje en la forma solicitada por Su Señoría, de conformidad con las normas reglamentarias que procedan. 11. INSTALACIÓN DE PISTA SINTÉTICA EN ESTADIO "CARLOS DITTBORN" DE ARICA. Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- De acuerdo con el orden de inscripción entregado por Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Valcarce. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, ¿de cuántos minutos dispongo? El señor ESPINA (Vicepresidente).- Quedan cuatro minutos al Comité de Renovación Nacional. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, en la ciudad de Arica tenemos un grave problema que afecta a todos los atletas. Se trata de la pista sintética o de recortán que necesita instalar el Estadio "Carlos Dittborn", cuya instalación ha sufrido una serie de trámites desde 1991. Hay que recordar que Arica, tan distante del centro del país, tiene una gran historia en lo que se refiere al atletismo chileno, donde han figurado hombres tan especiales como Emilio Ulloa y muchos otros. Lamentablemente, su municipalidad no tiene los recursos necesarios para enfrentar el gasto que significa la instalación de esa pista. Por lo tanto, y dado que se le han dado 72 horas de plazo a la ciudad para poner el resto del dinero, solicito que se oficie al Ministro de Defensa para que el Director General de la Digeder tenga a bien dar un plazo mayor o bien proporcionar el financiamiento con recursos sacados de otro ítem, dado que es necesario desarrollar el deporte al máximo para combatir los problemas de la droga. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se oficiará en la forma solicitada por Su Señoría. 12. HOMENAJE AL REGIMIENTO DE INGENIEROS DE MONTAÑA N° 2, "PUENTE ALTO". Oficio. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el Regimiento de Ingenieros de Montaña N° 2, Puente Alto, ha cumplido el 15 de mayo 81 años de vida. Deseo rendir en la Cámara un homenaje a sus oficiales, suboficiales, clases y soldados y especialmente a sus cónyuges, sin cuyo apoyo su labor habría sido muy difícil. Vaya para todos ellos, a través de su Comandante, el Teniente Coronel don Francisco Varela Gantes, nuestras expresiones de afecto y admiración. No me voy a referir a la historia de esta unidad militar. Es de sobra conocida por los puentealtinos y por las comunidades de Pirque y de San José de Maipo. Deseo referirme a otros aspectos que la Honorable Cámara de Diputados desconoce y, quizás, muchos ignoran. El viernes 6 de mayo un gran número de soldados conscriptos recibieron sus armas de manos de sus seres más queridos. En una ceremonia emotiva, sus madres, hermanos o novias les entregaron el arma de combate a estos jóvenes, casi niños, que se hacían hombres para defender a su patria hasta rendir la vida si fuere necesario. Al verlos desfilar minutos después, nadie habría imaginado siquiera que llevaban poco más de un mes en el Regimiento. Su marcialidad y gallardía vistiendo el glorioso uniforme de nuestro Ejército, nos hacían sentir el orgullo de ser chilenos y de representar en el Parlamento a Puente Alto, la Pintana, Pirque y San José de Maipo, distrito en que se enclava el Regimiento de Ingenieros de Montaña N° 2, "Puente Alto". Vaya para esos soldados conscriptos, para sus familias, y especialmente para los oficiales y suboficiales que en tan poco tiempo los impregnaron de tan acendrado espíritu militar, nuestro homenaje de admiración y de respeto. Pero el Regimiento de Ingenieros de Montaña N° 2, "Puente Alto", además de haber formado a miles de soldados de la misma manera que a los actuales conscriptos, realiza una importante labor en favor de la comunidad. Con el Grupo de Amigos del Regimiento, entidad que dirige don Juan Carlos Soto y que presidió el año pasado, cuando se formó, don Sergio Gaete, ayuda a los sectores más desposeídos de las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Apadrina a ocho colegios de la provincia Cordillera, que comprende las tres comunas señaladas; entrega útiles escolares y deportivos a las escuelas apadrinadas; realiza concursos pictóricos para los establecimientos educacionales de la provincia Cordillera, entregando premios de estímulo a los mejores trabajos en ceremonia pública y con asistencia de toda la unidad y de su familias; presta apoyo en la formación espiritual que realiza la Pastoral Religiosa del Regimiento; mantiene una escuela de fútbol para ciento cincuenta niños de entre ocho y trece años; ha formado dos bandas de guerra en establecimientos educacionales de la provincia Cordillera; da instrucción a dos bandas escolares en esta provincia; da instrucción; y forma al personal de la Defensa Civil de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; ha formado el Instituto O'Higginiano en la provincia Cordillera; contribuyó a formar el grupo de Amigos del Regimiento de Ingenieros de Montaña N° 2, "Puente Alto", cuyo objetivo es participar en el desarrollo y progreso de la comunidad a través del apoyo permanente a la labor social del Regimiento; está construyendo un gimnasio gigantesco para toda la comunidad, el que se encuentra en el interior del Regimiento. Esto se ha logrado con la ayuda del Grupo de Amigos del Regimiento y empresas. El Ejército no ha desembolsado ni un centavo. Pero las actividades de esta unidad han ido más allá de lo señalado. Ha apoyado a las municipalidades de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo en el mantenimiento y construcción de caminos; ha construido puentes y caminos para solucionar problemas de emergencia; ha dado su apoyo permanente al Plan de Emergencia de la provincia Cordillera; ha tenido un activa participación en la emergencias producidas en situaciones de catástrofe, como es el caso del aluvión que azotó a la Región Metropolitana en mayo del año pasado. El señor comandante del Regimiento, Teniente Coronel don Francisco Varela Gantes, pronunció una magnífica alocución en el día de ayer al conmemorarse el aniversario N° 81 de la unidad. Sin embargo, por modestia, no mencionó nada de lo que he manifestado en este discurso. Hizo una reseña con la historia del Regimiento y rindió homenaje al ex Presidente de la República, don Germán Riesco Errázuriz, quien el 15 de mayo de 1913 dictó el decreto N° 728, que creó el Primer Batallón de Ferrocarrileros del Ejército. También recordó al capitán don Luis Otero Mujica, al mayor don Arturo Barrios, a los tenientes Alberto Barahona, Gabriel Valenzuela y Dagoberto Godoy y al sargento primero Adolfo Menadier, uno de los primeros mártires de la aviación militar, cuyo nombre recuerda una importante calle de Puente Alto. Deseo dejar testimonio de estos nombres en la versión de la Honorable Cámara de Diputados. Sin embargo, he querido destacar de manera especial la labor social que realiza el Regimiento de Ingenieros de Montaña N° 2, "Puente Alto", formando soldados para nuestra Patria y sirviendo a los más necesitados de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Este es nuestro homenaje a sus 81 años de vida. Solicito que se envíe copia de mi intervención al señor Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General don Augusto Pinochet Ugarte; al señor Vicecomandante en Jefe del Ejército, Teniente General don Jorge Lúcar Figueroa, y a Relaciones Públicas del Ejército. He dicho. El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se procederá de la manera que solicita Su Señoría. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó a las 22.06 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.