REPÚBLICA BE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 330a, EXTRAORDINARIA
Sesión 21a, en jueves 24 de noviembre de 1994.
(Ordinaria, de 10.30 a 16.20 horas)
Presidencia de los señores Sota Barros, don Vicente, y Espina Otero, don Alberto.
Presidencia accidental del señor Dupré Silva, don Carlos.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.FÁCIL DESPACHO
VI.ORDEN DEL DÍA
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.INCIDENTES
IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia 6
II.Apertura de la sesión 8
III.Actas,, 8
IV.Cuenta 8
V.Fácil Despacho
Prórroga de vigencia de 1aCorporación Nacional de Reparación y reconciliación. Primer trámite constitucional 8
VI.Orden del Día.
Informe de Comisión Especial investigadora de irregularidades en Servicio Nacional de Aduanas 15
Preferencia para despachar proyecto. 48
Apórte extraordinario al sistema subvencionado de Educación. Primer trámite constitucional 48
Modificación de normas sobre filiación. Primer trámite constitucional. Continuación 51
VII.Proyectos de acuerdo.
Modificación de costos y fecha de entrega de obras de alcantarillado en comunas de Santa María y San Esteban. (Quinta Región) 61
Eliminación de Corporaciones privadas de administración de la educación y de la salud 63
Plan para contrarrestar campaña de desprestigio de turismo chileno en Argentina 66
Solución a problemas derivados de importación de calzado usado 70
VIII.- Incidentes.
Procesamiento de ex militares chilenos por tribunales italianos. Oficios77
Entrega de recursos para proyectos de reconversión en la Octava Región. Oficio 78
Campaña de educación e información para enfrentar nacimientos no deseados. Oficios 79
Traspaso de territorio de la comuna de Quinta Normal a la de Santiago. Oficio 80
Antecedentes sobre licitación de yacimiento minero en Chañaral (Tercera Región). Oficio 81
Situación de vertedero “Cerros de Renca”. Oficios 82
Homenaje a la comuna de Peñalolén, en el décimo aniversario de su creación 83
Quinta reunión de la Comisión Permanente de Salud del Parlamento Latinoamericano, 85
Informe de la Contraloría sobre situación financiera de la Municipalidad de La Cisterna. Oficios 86
IX.- Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara, el proyecto que otorga reajuste a los funcionarios del sector público, concede aguinaldo de Navidad y otros y otros beneficios de carácter pecuniario (boletín No 1435-05) 90
2.- Informe de la Comisión de Defensa Nacional acerca de la situación de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Orden. 90


X.- Otros documentos de la Cuenta.

Comunicaciones de las Diputadas señoras Prochelle, Wómer y Aylwin que, en cumplimiento del artículo 35, del Reglamento de la Corporación, informan que se ausentarán del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 4 de diciembre próximo.
1.Oficios:
Del Ministerio del Interior, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Rodríguez, mejoramiento y ampliación Escuela Rural G99, comuna Putaendo.
Del señor Ojeda, construcción de escuela en la localidad de Purrehuín, comuna San Juan de la Costa.
Del Ministerio de Hacienda, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Aylwin (don Andrés), régimen de tributación de parcelas de agrado.
Del señor Kuschel, apertura de oficinas que indica del Banco del Estado de Chile.
Del Ministerio de Obras Públicas, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Jürgensen, trabajos realizados en el río GolGol, comuna de Puyehue, Décima Región.
Del señor Kuschel, apertura del paso a las aguas en Pedraplén del Canal de Quihua, comuna de Calbuco; construcción y reparación de rampas, Décima Región. 
Del señor Urrutia (don Raúl), estado camino, San Javier-Cauquénes, Ruta de los Conquistadores, Séptima Región.
Del señor García (don José), proyecto de defensas fluviales río Cautín en Temuco.
De la Corporación, programa sequía Cuarta Región.
Del Ministerio de Agricultura, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Bayo, funcionamiento de hornos de ladrillos sector Las Vizcachas, comuna de Puente Alto.
Del señor Cornejo, ocurrencia y daño de incendios forestales.
De la Corporación, sequía que afecta a la Cuarta Región.
Del Ministerio de Bienes Nacionales, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Pérez (don Ramón), venta terrenos fiscales ocupados por particulares en la Primera Región.
De la Corporación, situación de inmueble que ocupa el Museo Regional de Atacama, en la Tercera Región.
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por el que responde al enviado en el nombre del Diputado señor Morales, relativo a construcción de viviendas sociales en San Fernando.
Del Ministerio de Planificación y Cooperación, por el que responde al enviado en el nombre del Diputado señor Alvarado, relativo a la mala calidad del agua potable en la comuna de Ancud.
De la Comisión Nacional de Energía, por el que responde al enviado en nombre de los Diputados señores Seguel, Latorre, Hamuy, Ojeda, Sabag, Gutiérrez y Reyes, relativo a disponibilidad de estudios que permitan resolver la situación carbonífera del país.
De la Corporación de Fomento de la Producción, por el que responde al enviado en nombre del Diputado señor Huenchumilla, relativo a inundación con aguas servidas en las viviendas del Pasaje Colpanao, Villa Mankemalen, comuna de Temuco.


I.ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes señores Diputados: (98)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Meló, Sergio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allende Bussi, Isabel
--Arancibia Calderón, Armando
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Aylwin Azocar, Andrés
--Aylwin Oyarzún, Mariana
--Balbontín Arteaga, Ignacio
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cristi Marfil, María Angélica
--De la Maza Maillet, Iván
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientes, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Ángel
--Ferrada Valenzuela, Luis Valentín
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Rodríguez, José Luis
--Gutiérrez Román, Homero
--Hamuy Berr, Mario
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Jara Wolff, Octavio
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jürgensen Caesar, Harry
--Karelovic Vrandecic, Vicente
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristian
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Luksic S ando val, Zarko
--Makluf Campos, José
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Melero Abaroa, Patricio
--Morales Morales, Sergio
--Moreira Barros, Iván
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Rebolledo Leyton, Romy
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Castillo, Hosaín
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Solís Cabezas, Valentín
--Soria Macchiavello, Jorge
--Sota Barros, Vicente
--Taladriz García, Juan
--Enrique Tohá González, Isidoro
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Ávila, Raúl
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vega Vera, Osvaldo
--Venegas Rubio, Samuel
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villegas González, Erick
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Wómer Tapia, Martita
--Zambrano Opazo, Héctor
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Sergio Correa, Renán Fuentealba, Carlos Montes, Darío Paya y Eugenio Turna.
Asistió, además, el Ministro de Educación Pública, señor Sergio Molina, y los Senadores señores Ricardo Hormazábal, Hernán Larraín y Sergio Páez.


II.APERTURA DE LA SESIÓN.

Se abrió la sesión a las 10.30.
El señor SOTA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III.ACTAS.

El señor SOTA (Presidente).- El acta de la sesión 18a. se declara aprobada.
El acta de la sesión 19a. queda a disposición de los señores Diputados.


IV.CUENTA.

El señor SOTA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.


V.FÁCIL DESPACHO.


PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. Primer trámite constitucional.

El señor SOTA (Presidente).- En Fácil Despacho corresponde ocuparse del proyecto de ley que propone la prórroga de la vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley N° 19.123.
Diputados informantes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Hacienda son los señores Ascencio y Arancibia, respectivamente.
Antecedentes:
Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1433-17, sesión 14a., en 15 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 3.
Informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Hacienda, sesión 19a., en 22 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N°s. 2 y 3.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, paso a informar el proyecto que prorroga la vigencia legal de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, iniciado en mensaje del señor Vicepresidente de la República, con urgencia calificada de "suma", aprobado por unanimidad en general y en particular en la Comisión.
En la discusión del proyecto se contó con la presencia de don Alejandro González Poblete, Presidente del consejo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
La iniciativa consta sólo de dos artículos. El primero prorroga la existencia de la Corporación hasta el 31 de diciembre de 1995, fecha en que se extinguirá. En el segundo se señala que el gasto de funcionamiento de la Corporación durante 1995 se financiará con cargo al ítem correspondiente del tesoro Público de la Ley de Presupuestos para el mismo año.
El proyecto sustituye, el inciso primero del artículo 16 de la ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el cual establecía que tendría una vigencia legal de 24 meses, contados desde la fecha de publicación de la ley, 1° que ocurrió en el Diario Oficial del 8 de febrero de 1992.
Sin perjuicio de lo anterior, la misma ley facultó al Presidente de la República Para prorrogar su vigencia por un plazo no superior a doce meses. En virtud de ello el Gobierno anterior, mediante el decreto 1.359, de Interior, la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1994.
Es importante hacer presente que, por una serie de razones prácticas, esa Corporación, quedó instalada y sólo medianamente en agosto de 1992, momento en que comienza a trabajar en el cumplimiento de sus objetivos.
También es necesario hacer presente que el proyectó acoge una iniciativa surgida en la Cámara, mediante la aprobación del proyecto de acuerdo N° 132, remitido a Su Excelencia el Presidente de la República con fecha 13 de septiembre de 1994, en el cual se acordó solicitarle que "si lo tiene a bien y lo estima procedente, se sirva tomar a la brevedad posible las medidas legales necesarias para prorrogar por un año más la existencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que, en virtud del decreto supremo N° 1.359, dejará de existir el 31 de diciembre próximo."
Es conveniente señalar el estado de ejecución de las tareas asignadas a la Corporación, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la ley N°19.123, que la creó, son susceptibles de clasificar en dos categorías.
Las primeras son las derivadas de las situaciones de violación de los derechos humanos o de hechos de violencia política ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Luego, están las de carácter preventivo, no vinculadas directamente a lo anterior.
El estado de ejecución de las tareas del primer grupo es el siguiente.
En primer lugar, la corporación debió recopilar antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar respecto de aquellos casos sobre los cuales la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no logró formarse convicción suficiente: 624 casos; sobre los que no se pronunció por insuficiencia de antecedentes: 365 casos, y sobre aquellos de la misma naturaleza que fueron puestos en su conocimiento dentro del plazo que, al efecto, le concedió la ley: 1.199 casos. Los profesionales de la Corporación debieron investigar y preparar los informes, y el Consejo Superior, instalado en sesión, examinar y emitir dictamen calificatorio, en total, respecto de 2.188 casos, número muy superior al previsto durante la discusión de la ley. La investigación resultó también bastante más dificultosa de lo esperado, pues, respecto de la mayor parte de ellos, el acopio de antecedentes fidedignamente documentados era mínimo e insuficiente para servir de fundamento a la decisión que debía adoptar el Consejo.
El Consejo asignó a esta tarea la primera prioridad, tanto porque debía cumplirse en el plazo fijado por la ley más reducido que el de la vigencia de la Corporación como porque los diferentes beneficios reparatorios de carácter material contemplados en la ley se devengaban en favor de los parientes de las víctimas, desde la fecha del dictamen calificatorio.
En segundo lugar, la Corporación debió iniciar acciones tendientes a promover y coadyuvar a determinar el paradero y circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas-desaparecidas, y de aquellas cuyos restos, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, no han sido ubicados.
Al comienzo de las actividades de la Corporación, en agosto de 1992, el total de víctimas cuyos restos no habían sido ubicados alcanzaba a 1.344 casos. En el periodo comprendido entre ese mes y marzo de 1994 sólo pudo aclararse el paradero y destino final de 129 de ellas, que porcentualmente equivale al 9,67 por ciento. Sólo al concluirse el proceso calificatorio pudieron asignarse a esta tarea los recursos humanos y materiales liberados de aquélla, y extender al resto del país la investigación que fundamentalmente se había circunscrito a la Región Metropolitana. A septiembre, el total de casos en investigación alcanza a 921, que representa casi el 70 por ciento del inicial.
El mandato legal de realizar estas investigaciones está incumplido en proporción muy importante, y es preciso reconocer que el Estado no está en condiciones de afirmar que ha hecho todo lo posible para esclarecer el paradero y destino final de las personas desaparecidas y de aquellos cuyos restos, no obstante estar reconocidas sus muertes, no han sido ubicados.
En tercer lugar, se le encomendó promover la reparación del daño moral de los familiares de las víctimas que se individualizan en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y a las que la Corporación reconozca tal calidad. En este sentido, ha dado cumplimiento mediante el reconocimiento oficial, en nombre del Estado y como resultado del proceso de calificación de casos, de la calidad de víctimas de violación de los derechos humanos o de la violencia política a 899 personas.
Un cuarto objetivo, el de otorgar la asistencia social y legal a los familiares de las víctimas para acceder a los beneficios contemplados en la ley, ha sido plenamente cumplido.
Una quinta tarea encomendada fue la de organizar el archivo que contuviera los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y reconciliación y por la Corporación; todos aquellos casos y asuntos similares que se reúnan en el futuro, y el conjunto de la información existente en poder de entes públicos y privados relacionada con las violaciones de los derechos humanos o con la violencia política a que se refiere el informe de la referida Comisión.
Esta tarea se ha venido cumpliendo durante el desarrollo de los programas de investigación y calificación de casos y de investigación de paraderos y destino final. Pero por tratarse de archivos* en movimiento, su reorganización total no podrá efectuarse durante el lapso que expira el 31 de diciembre de 1994 y requeriría, a lo menos, entre 90 y 120 días adicionales a partir del término de la operación de los programas señalados.
La última tarea encomendada fue la de coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, las que comprenden dos amplios conjuntos de materias sobre las cuales la Corporación debe formular propuestas.
El primero apunta a la consolidación de un estado de derecho fundado en la plena vigencia de los derechos humanos; por tanto, adecuando nuestro ordenamiento jurídico nacional al derecho internacional de los derechos humanos. Apunta también a la creación de una institución permanente del Estado, cuya función sea la promoción y protección de los derechos humanos, y también a un conjunto de modificaciones específicas del orden normativo en materia constitucional, penal y procesal penal.
Sin embargo, la formulación de proposiciones de reforma legal, con fundamento en las investigaciones que la Corporación ya ha realizado, así como la elaboración de los respectivos proyectos de ley, no parece posible en el lapso de vigencia que resta a esta Corporación, así como no será posible abordar la creación de una institución nacional de carácter público cuyo fin específico sea proteger al individuo común de los abusos de poder.
El segundo conjunto de materias que trata este último objetivo se refiere a propuestas para la consolidación de una cultura de los derechos humanos que comprende un amplio campo de acción en materia de educación y de promoción cultural, para internalizar en la sociedad nacional una cultura sólidamente fundada en el reconocimiento irrestricto de los derechos esenciales del ser humano.
El programa de la Corporación, en este sentido, ha reunido los fundamentos e instrumentos que permitirán el desarrollo de una política cultural, que debe iniciarse con la tarea urgente de llevar a la práctica el deber de los órganos del Estado, de respetar y promover los derechos humanos en sus competencias específicas, tal como lo ordena el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política del Estado.
Por las razones expuestas y por la necesidad de que la Corporación cuente con más tiempo para afinar a mayor cabalidad las funciones encomendadas, la Comisión de Derechos Humanos recomienda a la Honorable Sala aprobar el proyecto que prorroga la vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y reconciliación hasta el 31 de diciembre de 1995.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, a la Comisión de Hacienda le correspondió tomar conocimiento del artículo 2° del proyecto, el que dispone que el gasto que represente el funcionamiento de la Corporación Nacional de Reparación y reconciliación durante 1995, que alcanzaría a la suma de 623 millones, según el informe de la Dirección de Presupuestos, se financiará con cargo al ítem correspondiente de la partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos.
Puesto en votación, fue aprobado por 5 votos a favor y una abstención.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- De acuerdo con el artículo 103 del Reglamento, “Cada proyecto de la Tabla de Fácil despacho se discutirá en general y particular a la vez hasta por diez minutos, divididos por iguales partes entre los Diputados que lo sostengan y los que lo impugnen.”
Para sostener hasta por cinco minutos, tiene la palabra el Diputado señor Villegas.
El señor VILLEGAS.- Señor Presidente, el proyecto prorroga la vigencia legal de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación creada por la ley N° 19.123, hasta el 31 de diciembre del año en curso.
Dicha Corporación ha prestado un valioso servicio al país, fundamentalmente en relación con la reparación del daño moral de las víctimas de violación de los derechos humanos durante el régimen militar; ha promovido acciones tendientes a determinar el paradero de detenidos desaparecidos; ha realizado acciones orientadas a recopilar los antecedentes y archivos que tuvieron la Comisión Rettig y la Vicaría de la Solidaridad respecto de esta materia, y se ha preocupado, en forma especial, de promover los derechos humanos a través de la publicación de dos libros de enorme importancia. Uno es "El proceso penal y los derechos fundamentales", mediante el cual se adecúa nuestra legislación penal a la defensa irrestricta de los derechos humanos; y el otro “Sobre Constitución, tratados y derechos esenciales”, que en su primera parte se refiere al derecho internacional de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico chileno, y en la segunda, a los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes. Estas materias son de enorme importancia, toda vez que Chile todavía tiene una deuda social muy grande con las víctimas de las violaciones de derechos humanos.
En definitiva, la Corporación Nacional de Reparación y reconciliación ha realizado un esfuerzo enorme por encontrar en definitiva donde se encuentran los restos de los detenidos-desaparecidos. En este sentido, ha solicitado la colaboración de aquellos que tuvieron responsabilidad directa o indirecta en la detención y desaparecimiento de personas durante el régimen militar, con el objeto de que sus familiares puedan saber lo que aconteció y darles una digna sepultura.
El proyecto está en el camino de la reconciliación nacional. Significa conciliar nuestro régimen democrático con la búsqueda de la verdad de lo que sufrió Chile durante el régimen militar. En este sentido, anuncio el voto favorable de la bancada democratacristiana.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin, a quien le restan 3 minutos.
El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, en muchos aspectos es notable la labor cumplida por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, especialmente en lo que se refiere a hacer convicción de que hubo violación a los derechos humanos en una cantidad importante de situaciones. De todos modos, hago presente que investigó 2.188 casos, de los cuales 899 fueron declarados con convicción.
Sin embargo, como muy bien lo ha explicado el diputado informante, ha quedado inconclusa una labor que, desde el punto de vista histórico, tal vez es la más importante: hacer todos los esfuerzos posibles por ubicar los restos de las personas detenidas-desaparecidas. En este sentido, la Corporación tuvo que dedicar todos sus esfuerzos en el primer tiempo a cumplir ciertas obligaciones, con plazos muy rígidos. Con posterioridad, debió continuar un trabajo bastante importante y sólo después de algún tiempo pudo centrar sus esfuerzos en la ubicación de las personas detenidas-desaparecidas.
Eso implicó trabajo administrativo bastante serio y profundo, investigaciones en cementerios y otros lugares; disponer de elementos técnicos y de personal adecuado. En definitiva, significó que en el último tiempo se aclarará el destino de más o menos 200 personas.
Soy testigo de la tranquilidad espiritual que produce a los familiares el sólo hecho de que sea ubicado el cuerpo de un detenido-desaparecido o ejecutado político, cuyo destino se desconocía.
La Cámara daría un muy mal signo si no aprobara por unanimidad esta iniciativa, porque de esta forma estaríamos indicando claramente el compromiso de todos los chilenos con un sector de personas que ha sufrido mucho y que a la sociedad chilena le pide el mínimo: que le permita la ubicación de los familiares que fueron ejecutados o hechos desaparecer.
Para ello, es necesario que se prorrogue la vida de esta Corporación por el período que se solicita.
Señor Presidente, por su intermedio, pido a los señores Diputados de la Oposición que nos den el apoyo unánime para tan importante iniciativa.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, obviamente todos los presentes en la Sala compartimos los ideales y objetivos que ha expresado el Diputado señor Aylwin.
Sin embargo, las razones por las cuales muchos de nosotros nos vamos a abstener de votar el proyecto no significan una posición contraria a tales planteamientos, sino que obedecen a ciertas opiniones que nos merece la iniciativa.
La vigencia original de la Corporación era hasta el 15 de julio de 1993. Se la prorrogó hasta el 30 de octubre de 1993, y por tercera vez, hasta el 28 de febrero de 1994.
El señor AYLWIN (don Andrés).- ¡Es un error de hecho!
El señor CARDEMIL.- Señor Diputado, si usted quiere le concedo una interrupción.
El señor SOTA (Presidente).- Con la venia del Diputado señor Cardemil, tiene la palabra Su Señoría.
El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, en la información que está entregando el Diputado señor Cardemil, es indudable que hay un error.
La Corporación fue creada en febrero de 1992, con vigencia por dos años; el Presidente de la República podía prorrogarla por uno más. De manera que el plazo de duración legal de la Corporación era muy superior a lo que está expresando.
El señor SOTA (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, el Diputado señor Aylwin deja en pie un hecho: la duración original era el 15 de julio de 1993; pero a través de decisiones presidenciales o de otro tipo de instituciones ha sido prorrogada tres veces, y hoy se pide una cuarta prórroga. Es mi interpretación y podemos confrontarla después.
En todo caso, su duración era transitoria. El objetivo de la Corporación era extraordinariamente importante: cerrar una herida abierta presupone acotarlos y buscar las soluciones del caso.
Por eso, nos parece inconveniente darle carácter definitivo a una institución que es transitoria después, queremos dejar establecido que nos parecen difusos y vagos los objetivos para los cuales se prorrogará su existencia.
El proyecto establece que los fundamentos Para ello serían la revalorización de la función pública desde el servicio a la persona humana; el fortalecimiento de las actuales capacidades de la educación pública para incorporar en los proyectos educativos la educación en tema de derechos humanos, y la difusión del lenguaje propio a los valores y normas de los derechos humanos en la comunicación social, a fin de fortalecer los consensos éticos que contribuyan a la reconciliación y a la unidad nacional.
Loables objetivos, loables iniciativas, pero nos parece que no deben estar radicadas en una corporación tan específica y con un objetivo tan especial y determinado, como ésta, cuya prórroga de funciones estamos analizando. Creemos que éstas pertenecen, por esencia, a todo el Estado, a todos sus organismos y que no deben estar radicadas de esta manera en una corporación que tiene un fin específico y una duración limitada en el tiempo, para ejercer una función social perfectamente definida.
Esa es la razón por la cual muchos nos abstendremos y dejaremos establecido que, de alguna manera, estamos concurriendo a aceptar una prórroga por única vez, y que otros de los Diputados de la Unión por Chile van a votar en contra.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, en la legislación pasada, 19901994, cuando en la Comisión de Derechos Humanos se estudió el proyecto de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creo que todos estuvimos de acuerdo en que era importante iniciar un proceso que pudiera aclarar muchos de los casos de detenidos desaparecidos; pero considero que los tres años que lleva funcionando esta corporación, ha sido un tiempo razonablemente suficiente para hacer las tramitaciones del caso:
Si extrapolamos los casos aclarados a la fecha, que el mismo mensaje señala, hay más de dos mil casos que aún están pendientes, ya que sólo 129 han sido aclarados. Creo que en vez de tener una corporación transitoria -como lo es- no sólo tendremos una institución permanente, sino que siempre será de rigor el hecho de mantener una herida abierta, que es tan dolorosa para todos los chilenos. Mantener esta situación y esta corporación sólo beneficiará a algunos pocos, pero no logrará la gran reconciliación del país. Hay otras formas, que no sólo los parlamentarios hemos buscado, sino la propia ciudadanía, para encontrar la reconciliación. Estimo que esto sólo permite la publicidad para algunas pocas personas.
Señor Presidente, en mi tiempo, y por su intermedio, quiero conceder una interrupción.
El señor SOTA (Presidente).- No, honorable señor Diputado, su tiempo, con exceso, ha terminado.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta al señor Diputado informante.
El señor SOTA (Presidente).- Ha terminado el tiempo y hay que proceder a la votación.
El señor AYLWIN.- Sólo para aclarar un hecho concreto.
El señor ULLOÁ.- Señor Presidente, hay una bancada que no ha opinado.
El señor SOTA (Presidente).- No procede en la Tabla de Fácil Despacho. El Reglamento lo preceptúa en el artículo 103. Se habla sólo de cinco minutos para aprobar y de cinco, para impugnar, señor Diputado.
En votación general y particular el proyecto.
Durante la votación:
El señor NARANJO.- Pido la palabra sobre un asunto de Reglamento.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, el Reglamento también establece que si Su Señoría solicita la unanimidad de la Sala, puede dar la posibilidad de intervenir a todas las bancadas. En un tema tan delicado como éste, me gustaría escuchar la opinión de todas las bancadas y, en especial, la de la Oposición, como también la del Gobierno, ya que no hemos podido hacerlo. Solicito a Su Señoría que pida la unanimidad de la Sala y así podrá darnos un plazo de dos minutos a cada uno de los Diputados que no hemos intervenido.
El señor SOTA (Presidente).- Honorable señor Diputado, mi intención sería hacerlo, pero observo que no hay acuerdo para ello.
Efectuada la votación en forma económica, y por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado.
Despachado en general y en particular el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Ascencio, Ávila, Aylwin, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, De la Maza, Dupré, Elizalde, Encina, Errázuriz, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, León, Makluf, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña Mana Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas, Villouta, Walker, Wórner (doña Martita) y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguiente señores Diputados: Caminondo, Espina, Fantuzzi, Galilea, Karelovic, Moreira, Rodríguez, Ulloa, Valcarce, Vega y Vilches.
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Cardemil, Ferrada, García (don René Manuel), Jürgensen, Longton, Munizaga, Pérez (don Ramón) y Taladriz.
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, dada la importancia de esta votación solicito copia de ella para su constancia.
El señor SOTA (Presidente).- Eso se hace de acuerdo con el Reglamento, honorable señor Diputado.
El señor FERRADA.- Sobre el Reglamento, pido la palabra.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERRADA.- Señor Presidente, para responder a la inquietud...
El señor SOTA (Presidente).- No, no. Le ruego que use su tiempo de Incidentes para eso.
Ya he dado respuesta a la cuestión reglamentaria.
El señor FERRADA.- Señor Presidente, es un punto reglamentario que puede contribuir a la armonía, el que, por acuerdo de la Sala, se permite a los Diputados que no pudieron intervenir, hacer la inserción de sus intervenciones por escrito, lo cual resuelve el Problema que se ha presentado.
El señor SOTA (Presidente).- Señor Presidente, la Mesa ya pidió la autorización de la Sala y no la obtuvo.


VI.- ORDEN DEL DÍA.


INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.

El señor SOTA (Presidente).- Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Especial Investigadora de las irregularidades denunciadas en la Dirección Nacional de Aduanas.
Diputado informante de la Comisión es el Diputado señor Ceroni.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Especial Investigadora de las irregularidades denunciadas en la Dirección Nacional de Aduanas, sesión 12a., en 8 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 14.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante.
El señor CERONI.- Señor Presidente, procederé a poner en conocimiento de la Sala el informe emanado de la Comisión Especial Investigadora de irregularidades denunciadas en el servicio Nacional de Aduanas.
En la sesión realizada el martes 17 de mayo de 1994, la Honorable Cámara aprobó un proyecto de acuerdo, en forma prácticamente unánime, suscrito por los Diputados señores Diputados: Longton, Kuschel, Chadwick, Vargas, Raúl Urrutia, Víctor Pérez, Fantuzzi, Cardemil, Taladriz, Valcarce y García-Huidobro.
En ese proyecto de acuerdo, que dio existencia a la Comisión, se fijaron tres puntos para someterlos a la investigación de la Comisión:
1)Firma de contratos por parte de la Dirección Nacional de Aduanas. Posteriormente, se objetó por la Contraloría General de la República por traspasar funciones privativas de esa Dirección.
2)La rehabilitación irregular de ex funcionarios que no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley para desempeñar las funciones de que son titulares.
3)Posible delito de contrabando en que habrían participado funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, en noviembre de 1993.
La Comisión se constituyó de conformidad con lo establecido en los artículos 213 y 228 del Reglamento de la Cámara, el 8 de junio del año en curso. Se le dio un plazo no mayor de 60 días para realizar su cometido y evacuar un informe con sus conclusiones para ser presentado a esta Sala.
En dos oportunidades la Comisión solicitó prórroga para cumplir su tarea. Por lo tanto, el plazo señalado sufrió modificaciones en su extensión.
A su vez, quedó constituida por 13 Diputados: la señora Fanny Pollarolo, y los señores Bartolucci, De la Maza, Espina, García, don José; Leay, Longton, Ortiz, Reyes, Soria, Taladriz, Venegas y quien les habla, que fue elegido presidente de la misma.
Se celebraron 19 sesiones durante 34 horas se dirigieron 60 oficios a diversos organismos y personas.
Al constituirse la Comisión se agregaron otros puntos para investigar por sugerencia especial del Diputado don Arturo Longton, los que fueron aceptados. Uno de ellos fue el relativo a la instalación de almacenes francos ilegales, que tiene que ver con las Resoluciones 1.508, de 22 de febrero de 1994, y 655, de 21 de enero de 1994, que autorizaban el ingreso bajo régimen aduanero de admisión temporal de prendas de vestir a la empresa Calderón Confecciones S.A.
Otro fue el referente a beneficios ilegales que se habrían otorgado a importadores. Igualmente, se agregó un sexto tema relativo a importación irregular de vehículos jeep Mitsubishi Montero.
De esta forma, la competencia de la Comisión se circunscribió a los tres temas originales del proyecto de acuerdo aprobado en la Sala, más los otros aportados por el Diputado Arturo Longton.
Para cumplir con su función, la Comisión entrevistó a las siguientes personas: al señor Benjamín Prado Casas, Director Nacional de Aduanas; al señor Juan de Dios Reyes, Contralor de la Contraloría General de la República de la Quinta Región; al señor Lautaro Fernández López, abogado de la Contraloría regional; al señor Osvaldo Rivas, jefe del Departamento Nacional de Operaciones ele Aduana; al señor Claudio Sepúlveda, jefe del Departamento Nacional Jurídico de Aduanas; al señor Patricio Sesnich Stuart, agente de aduana, al señor Gonzalo Yussef, abogado; al señor Juan León, presidente de la Cámara Aduanera de Chile; al señor Guillermo Cid Penroz, abogado; al señor Fernando Ducci, gerente general de Comsa S.A., representante en Chile de vehículos Mitsubishi; al señor Abraham Tomé, presidente de la Asociación de Agentes de Aduana; al señor Jorge Stella Ulloa, director de Aduanas Metropolitana; al señor Luis Rodríguez Collado, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso; al señor Juan Etcheverry Matamala, representante de empresas madereras y a los señores Emilio Court, Juan Sanhueza y Manuel Vargas Rodríguez, todos agentes de aduana.
Para mejor claridad de la Sala, creo conveniente hacer un análisis resumido, tema por tema, de lo que la Comisión pudo ver en cada uno de ellos.
El primer tema es el relativo a un convenio celebrado entre la Dirección Nacional de Aduanas y el consorcio llamado Grupo Editorial. Titulado “Convenio anexo”, se celebró con fecha 26 de marzo de 1993 y es anexo de otro anterior, de fecha 2 de noviembre de 1992, que pretendía la tramitación electrónica de datos para la formalización y tramitación de las declaraciones aduaneras.
Para una mejor comprensión, se hace presente que la declaración aduanera es un documento que formaliza la destinación aduanera, indicándose en él la clase o modalidad de la destinación de que se trate y el régimen aduanero que debe darse a las mercaderías que pase a través de los límites del territorio nacional.
Para realizar lo anterior, el consorcio Grupo Editorial se comprometía ante el Servicio Nacional de Aduanas a facilitar el banco de datos, software de comunicaciones que permitieran el intercambio electrónico de datos entre los agentes de aduana y el Servicio; a proporcionar, a su costo, sin indicar a qué título, los equipos computacionales necesarios, los que se instalarían en el Servicio, manteniendo reserva de la información procesada, y a entregar asistencia técnica y el correspondiente adiestramiento de los funcionarios del Servicio de Aduanas, el que se comprometía a proporcionar toda la información adecuada y el trabajo de los funcionarios para la operación del sistema.
En el convenio se estableció que las prestaciones eran equivalentes y, por lo tanto, las partes nada se adeudaban.
La validación de la información de las declaraciones se realizaría por el Servicio de Aduanas en su equipamiento central.
El consorcio denominado Grupo Editorial está formado por Publicaciones Técnicas S.A., Normatex Editores S.A. y la Sociedad editora y Promotora de Comercios y Mandatos Ltda.
El Servicio Nacional de Aduanas, en virtud del convenio original con el Grupo Editorial, entregaba anteriormente a este grupo *a información y antecedentes especializados, a fin de que editara publicaciones y textos relativos a materias de comercio exterior, teniendo dicho material escrito para su utilización por el Servicio.
La Contraloría, en conocimiento del convenio a que me estoy refiriendo convenio anexo a uno original que ya había celebrado el Servicio Nacional de Aduanas con el Grupo Editorial, lo objetó, argumentando que del análisis de las disposiciones del artículo 93, inciso segundo de la Ordenanza de Aduanas, se desprende que la ley establece la posibilidad de emplear una nueva modalidad para la formalización de las destinaciones aduaneras, consistentes en la utilización por los despachadores de un sistema de transmisión electrónica de datos; pero, para hacer operar el sistema es necesario la existencia de un reglamento previo dictado por el Presidente de la República, cosa que no existía al momento de la celebración del convenio anexo.
Por otra parte, el ejercicio de la función pública, según la Contraloría, implica para el Servicio competente la obligación de desempeñarla directamente debiendo tener para ello los recursos humanos y materiales necesarios, no siendo aceptable e inadmisible la idea de permitir la intermediación o injerencia de personas ajenas a la repartición para cumplir su cometido.
Por ello, el convenio celebrado no se ajusta a derecho según la Contraloría, haciendo ver, además, que adolece de falta de claridad y precisión en tomo a la naturaleza y alcance de las obligaciones que se contraen, y que tanto el convenio original como el anexo no han sido aprobados por el correspondiente acto administrativo sujeto a la toma de razón.
La Dirección Nacional de Aduanas, a través de su Director Nacional, argumentó a su favor respecto de lo dicho por la Contraloría, que “El convenio era para estudiar la factibilidad de la implementación de un sistema de transmisión electrónica de datos para la formalización y tramitación de las declaraciones aduaneras sujeto a la condición suspensiva tácita señalada en los artículos 7 y 9 de este convenio.” Y agrega que “no es un acto que autorice a los despachadores de Aduana para formalizar y tramitar sus declaraciones por la vía de transmisión electrónica de datos, que no implica delegación del ejercicio de potestades públicas en entes privados, y que atendido el carácter preparatorio que tiene el convenio, se estableció en la cláusula novena la obligación de proponer a la aprobación del Ministerio de Hacienda el reglamento a que se refiere el artículo 93 de la Ordenanza de Aduanas, oportunidad en que se debieran cumplir todas las formalidades legales pertinentes que exige el control de legalidad.”
Sobre la base de lo anteriormente señalado, la Dirección Nacional de Aduanas solicitó una reconsideración a la Contraloría con relación al tema señalado diciendo que este convenio se ajustaba a derecho.
En lo que respecta a este mismo convenio, y con posterioridad a las observaciones hechas por la Contraloría, el Diputado don Arturo Longton Guerrero solicitó instruir sumario administrativo para determinar las responsabilidades derivadas de la celebración del convenio, pidiendo a la Contraloría que se pronunciara sobre presuntos vínculos de intereses entre el Director Nacional del Servicio de Aduanas y la Empresa del Grupo Editorial. La Contraloría informó que “La sola circunstancia que el referido acuerdo de voluntades adolezca de vicios legales, resulta insuficiente para comprometer la responsabilidad administrativa del funcionario que concurrió a su celebración, más aún cuando no alcanzó a producir sus efectos, ya que otro modo implicaría sostener que, en cada oportunidad en que la Contraloría, por eventuales errores de interpretación jurídica, deba representar las actuaciones a sus fiscalizados, tendría necesariamente que disponer .la instrucción del respectivo proceso sumarial.”
Con relación al otro tema, la Contraloría analiza los siguientes hechos:
Que en septiembre de 1974, don Benjamín Prado Casa, junto a sus hijos Benjamín y Rodrigo Prado Traverso, constituyeron una sociedad comercial de responsabilidad limitada que bajo la razón social de Comercio Exterior y Aduanas, asesoría técnica y Legal Coexa Ltda., tenía por objeto prestar asesoría profesional en materias legales y técnicas relacionadas con comercio exterior.
Que con fecha 26 de marzo de 1990, don Benjamín Prado Casas y su hijo Rodrigo Prado Traverso cedieron sus derechos sociales a terceros, y que el 12 de ese mes don Benjamín Prado Casas asumió a su cargo de Director Nacional de Aduanas.
Que de la certificación emanada del Servicio de Impuestos internos consta que dicha sociedad presentó declaraciones sin movimiento entre febrero de 1990 a septiembre de 1993.
Que el 9 de diciembre de 1981, don Benjamín Prado Casas y sus hijos Rodrigo, Benjamín y Marcela Prado Traverso constituyeron otra sociedad denominada “Servicios Informativos de Comercio Exterior, Coexa Ltda.”, cuyo objeto era prestar servicios de información especializada en materias legales y técnicas relativas al comercio exterior a través de folletos, boletines informativos y otros.
Esta sociedad, según lo expresado por el Servicio de Impuestos Internos, no registra antecedentes tributarios y, según Benjamín Prado Casas permaneció inactiva.
Sobre la base de lo anterior, la Contraloría concluye que no se ha acreditado que estas sociedades hayan prestado servicios profesionales a las empresas del consorcio editorial con el cual se había establecido el convenio a que estoy haciendo mención.
Respecto de estos temas, la Contraloría concluye que las transgresiones a la normativa vigente cometida en la celebración del convenio no pueden atribuirse a que la actuación del referido jefe del servicio, Benjamín Prado Casas, haya estado influida por intereses con las sociedades integrantes del indicado consorcio editorial, ya que ello no se acreditó. No obstante, se hacía aconsejable que el señor Benjamín Prado Casas, al firmar el convenio, adoptara los máximos resguardos y cumpliera a cabalidad con todos los requisitos y formalidades legales a que estaba sometido. Al no ser así, esto produjo situaciones equívocas, las que fueron aclaradas, pero pudieron afectar la imagen del servicio y su jefatura. Que procede que don Benjamín Prado Casas se desvincule de la sociedad Coexa Limitada, dado que su giro es incompatible con la función pública que desempeña, a pesar de no haber estado activa.
Finalmente, y ante el criterio de la Contraloría General de la República, el Grupo Editorial, con fecha 16 de diciembre de 1993, manifestó su voluntad de dejar sin efecto el convenio, otorgando finiquito a las partes. Cabe comentar que dicho convenio en ningún momento se puso en práctica.
Otro tema que se investigó fue la rehabilitación del agente de aduanas Patricio Sesnich Stuart.
Con fecha 16 de enero de 1984, mediante la resolución N° 154, el Director Nacional de Aduanas de ese entonces aplicó al señor Patricio Sesnich Stuart la medida disciplinaria en cancelación de su nombramiento de agente de aduanas. Ello, en base al artículo 234 de la Ordenanza General de Aduanas y, en general, en consideración a los siguientes hechos:
Por incumplimiento gravísimo de sus obligaciones, referido ello a la existencia de documentos protestados; a no haber dado cumplimiento a la gestión encomendada por su mandante Rolando Carmona y Compañía Limitada, habiendo utilizado los fondos recesados en fines diversos, y a la circunstancia de haber sido sometido a proceso como autor de delitos constitutivos de infracción a la Ley de Cambios Internacionales, todo lo cual constaba en la causa Rol 43.670, del Primer Juzgado del Crimen de Iquique. El 11 de diciembre de 1990, don Patricio Sesnich Stuart solicitó que se revocara la resolución 154, argumentado en su favor que el haber sido sometido a proceso como presunto autor de delitos constitutivos de infracción a la Ley de Cambios Internacionales no fue razón de la cancelación directa de su nombramiento, y que dicho proceso, que se originó en la adquisición de dólares preferenciales que en la época se consideró un delito que afectó a muchas personas , terminó dejando sin efecto el auto de reo, y que posteriormente se dejó sin efecto la encargatoria de reo por el delito de estafa, no existiendo proceso alguno pendiente por ningún otro delito.
Que estos procesos le privaron de su libertad en forma injusta, y ante ello, estando detenido e incomunicado, no pudo dar solución a los problemas económicos que se le generaron y no pudo aportar las evidencias necesarias para defenderse en forma adecuada. Por ello, solicitó el Director Nacional de Aduanas, no habiendo tenido un debido proceso, que se revocara la resolución N° 154 que le canceló su nombramiento de agente de aduanas.
El Director Nacional de Aduanas, don Benjamín Prado Casas, mediante la resolución N° 692, del 31 de enero de 1991, revocó la resolución N° 154, reponiendo en el cargo de agente de aduanas a don Patricio Sesnich Stuart. La razón de dicha resolución fue avalada por la opinión emitida por el Departamento' Legal de Aduanas, qué en su informe N° 2, del 11 de enero de 1991, afirmó la procedencia de la solicitud, basada en el ejercicio legítimo del derecho de petición, y también se fundó en lo informado por el Departamento de. Supervisión Aduanero, en su minuta de 25 de enero de 1991.
La Contraloría General de la República, a través de su dictamen N° 199, de 5 de enero de 1994, al tomar conocimiento de la nueva resolución N° 692, concluyó que la revocación dispuesta era improcedente, sobre la base de que los actos administrativos en cuya virtud se aplica una medida disciplinaria, como de la resolución N° 154, son irrevocables una vez que se dictan y alcanzan su total tramitación, ya que son actos terminales de un proceso reglado. No obstante lo anterior dice la Contraloría los decretos o resoluciones que aplican determinadas sanciones pueden ser invalidados en el evento de que se compruebe que existe un vicio de ilegalidad o fueron impuestos en mérito de antecedentes irregulares.
De esta forma, el criterio de la Contraloría fue contra la resolución N° 692, del Director Nacional de Aduanas, por considerarla improcedente.
Frente a lo anterior, con fecha 21 de enero de 1994, Patricio Sesnich Stuart presentó una solicitud de invalidación de la resolución N° 154, de 16 de enero de 1984, acompañando un certificado del Primer Juzgado del Crimen de Iquique, referido a la causa-rol 37.807, acumulada, acreditando la revocación y sobreseimiento en las causas. Acompañó igualmente un extracto de filiación o certificado de antecedentes que acreditaba lo anterior y un certificado de la Cámara de Comercio que indicaba no tener documentos protestados vigentes.
La Dirección Nacional de Aduanas, a través de su Director Nacional, adoptó, en vista de la opinión de la Contraloría, una resolución en virtud de la cual suspendió preventivamente al agente de aduanas Patricio Sesnich Stuart por un tiempo de quince días, por considerar que era necesario ver si existían antecedentes que implicaran una invalidación de la resolución.
Finalmente, con fecha 4 de febrero de 1994, el Director Nacional de Aduanas dictó la resolución N° 1.013, en virtud de la cual dejó sin efecto la N° 692 de 31 de enero de 1991, dictada por él y en virtud de cual había rehabilitado al funcionario. Con ello resolvió que continuaba rigiendo la resolución N° 154, de 16 de enero de 1984, que había cancelado el nombramiento al cargo de agente de aduanas a don Patricio Sesnich Stuart. De esta forma, la Dirección Nacional de Aduanas cumple con lo informó la Contraloría General de la República.
Frente a ello, Patricio Sesnich Stuart interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el 21 de febrero de 1994, en contra de la nueva resolución N° 1.013, del Director Nacional, basándose en que ella vulnera garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, como la del N° 3, el debido proceso; la del N° 16, libertad de trabajo; la del N° 17, admisión a todas las funciones o empleos públicos; la del N° 21, derecho a desarrollar cualquier actividad económica; y la del N° 24, sobre la propiedad del patrimonio al no poder desempeñar su oficio o función de agente de aduanas.
La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en un interesante fallo de 5 de junio de 1994, acogió el recurso de protección presentado por Patricio Sesnich Stuart y dejó sin efecto la resolución N° 1.013 del Director Nacional de Aduanas, pero mantuvo la resolución N° 692, en virtud de la cual, Patricio Sesnich Stuart debía continuar como agente de aduanas."
El Director Nacional apeló del fallo ante la Corte Suprema, como era su obligación, la cual, sin pronunciarse sobre el fondo del recurso y teniendo presente que el 11 de febrero de 1994 también el agente de aduanas Patricio Sesnich Stuart había presentado una apelación en contra de la resolución 1.013 ante la Junta General de Aduanas es decir, con anterioridad a la presentación del recurso de protección, efectuada el 21 de febrero de 1994, lo desechó por inadmisible, sosteniendo que era la Honorable Junta General de Aduanas la que debía resolver esta materia.
Ante esta situación, la Honorable Junta de Aduanas, en virtud del artículo 234 de la Ordenanza de Aduanas, acogió la apelación del agente Patricio Sesnich Stuart y dejó sin efecto la resolución N° 1.013, del Director
Nacional de Aduanas, que lo había dejado sin el cargo de agente. Al dejar sin efecto dicha resolución, reconoció la vigencia de la resolución N° 692, que lo rehabilitada, y estimó que la resolución N° 154, de 1984, adolecía de vicios, de acuerdo con los nuevos antecedentes.
De esta manera, la Junta General de Aduanas repuso en el cargo a Patricio Sesnich Stuart.
Debo destacar que en su última sesión, la Comisión tomó conocimiento de la fotocopia de un documento en que aparece mencionado el nombre de Patricio Sesnich Stuart como representante en Iquique de un centro de estudios políticos y sociales, con la finalidad de desarrollar labores de capacitación, adoctrinamiento político, análisis de problemas regionales y destacar a hombres como Benjamín Prado Casas, a quien se le deseaba elegir Senador de la República. Hago esta acotación para que se entiendan las conclusiones finales.
El otro tema analizado es el relativo al delito de contrabando.
El 11 de noviembre de 1993, se cometió el delito de contrabando en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, mediante el cual se ingresaron diversas mercaderías de valores menores; entre las cuales destacan más de mil relojes pulsera, las que, según el acta de aforo, fueron valoradas en 14.361,39 dólares, equivalentes a 5.919.191 pesos, según el tipo de cambio, causando derechos e impuestos por 1.833.766 pesos.
El 16 de noviembre de 1991, el Tribunal Aduanero de Santiago inició el antejuicio por contrabando. En éste, aparecieron involucradas varias personas, entre ellas, el funcionario de Aduanas Israel Araya Cárdenas, y otras, como Jorge Córdoba Quiroz y cuatro funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil.
La Fiscalía de Aviación se hizo cargo del caso por existir inculpados con fuero militar. Esta sometió a proceso al funcionario de Aduanas Israel Araya Cárdenas, como autor del delito de contrabando, quien fue objeto de sumario y destituido de su cargo. Las mercaderías se importaron y se pagaron sus derechos.
El otro tema que investigó la Comisión es el relativo al almacén francoaduanero de Calderón Confecciones, S.A.
El 7 de julio de 1993, la industria Calderón Confecciones, Sociedad Anónima y Comercial, presentó al Director Nacional de Aduanas una solicitud de régimen de almacén particular, basado en el artículo 87 de la Ordenanza de Aduanas, a fin de depositar prendas de vestir extranjeras, las que serían sometidas a procesos menores de acondicionamiento, selección, etiquetado, planchado y embalaje, para luego ser reexportadas a Argentina. La finalidad era evitar la doble tributación en ambos países, lo que restaba competitividad en el mercado internacional.
La Dirección Nacional de Aduanas otorgó la autorización para el régimen de almacén franco, ya que así se evitaba una doble tributación y porque los procesos menores a que eran sometidas estas prendas no modificaban su individualización ni naturaleza. Al otorgarla, dispuso que se cumplieran las siguientes normas por parte de Calderón Confecciones Sociedad Anónima y Comercial:
1°.- Para las especies que serían reexportadas, se autorizó una admisión temporal por 120 días. Transcurrido ese plazo, las mercaderías debían ser reexportadas o entregadas ante cualquier aduana y, en cualquiera de los dos casos, pagarse íntegramente las tasas correspondientes.
2.°.- Para las especies que serían importadas se autorizó una admisión temporal por 30 días. Transcurrido ese plazo sin que se hubieran importado, las especies incurrían en presunción de abandono y se hacía exigible la tasa dispuesta en el artículo 139 de la Ordenanza General de Aduanas.
3°.- Se exigió que la empresa requirente, Calderón Confecciones Sociedad Anónima y Comercial, debía constituir una garantía, mediante póliza de seguro, equivalente al monto total de los gravámenes, incluyendo las tasas que pudiera causar la importación de las mercancías objeto del régimen suspensivo.
4°.- Se dispuso que la Dirección Nacional de Aduanas dictaría una resolución tendiente a determinar el procedimiento de control al cual debería someterse Calderón Confecciones Sociedad Anónima y Comercial en el almacenamiento y proceso de las mercancías autorizadas por el régimen en referencia.
Mediante la resolución N° 3.406, de 20 de mayo de 1994, la Dirección Nacional de Aduanas dejó sin efecto la autorización, ya que la mayor parte de la mercadería había sido objeto de importación y una menor había sido reexportada, no cumpliéndose en esta forma el objetivo de la solicitud.
El señor SOTA (Presidente).- ¿Me permite, señor Diputado?
Sólo para el control del tiempo de la sesión, deseo consultar cuánto demorará su informe.
El señor CERONI.- Señor Presidente, estoy tratando de abreviar al máximo el informe para que puedan entenderse las conclusiones. Trataré de seguir abreviándolo.
A través del oficio ordinario N° 615, de 23 de mayo de 1994, la Subsecretaría de Hacienda comunicó a la Dirección Nacional de Aduanas que no se autorizara nuevamente el régimen de admisión temporal a Calderón Confecciones Sociedad Anónima y Comercial ni a cualquiera otra empresa. Informó de la necesidad de hacer cambios reglamentarios que permitieran la internación de mercaderías para someterlas a procesos menores de acondicionamiento bajo régimen de almacén particular de exportación.
El otro tema se refiere a los beneficios y reintegros a exportadores, según la ley N° 18.480, de 1985.
El inciso primero del artículo 5° de la mencionada ley establece un sistema simplificado de reintegro de gravámenes, que incide en el costo de los insumos de las exportaciones no tradicionales, es decir, un sistema devolutivo de los diferentes tributos, que incide en los valores de los bienes producidos en el país que se exportan.
En la ley N° 18.480 se establecen tramos de porcentajes de reintegros y de exclusión, según los montos que se exportan por partidas arancelarias. Dispone un reintegro de 10, 5 y 3 por ciento del valor de las mercaderías de los correspondientes productos exportados de origen nacional, y es un sistema para fomentar las exportaciones no tradicionales.
Las tasas de reintegro serán de 10 por ciento para las mercaderías que durante 1990 se hubieran exportado por montos iguales o inferiores a 10 millones de dólares; valor Fob; de 5 por ciento, para mercaderías exportadas por un monto superior a 10 millones de dólares e igual o inferior a 15 millones de dólares; y de 3 por ciento para mercaderías por montos superiores a 15 millones de dólares.
En un comienzo, la ley N° 18.480 sólo se refería a los productos exportados, operando sobre la base de los correspondientes valores Fob declarados. Con posterioridad, en virtud de la ley N° 18.168, de 1988, se concedió el beneficio de los insumos nacionales que se destinan a la fabricación de productos de exportación o se consumen directamente en su producción. En este caso,' el cálculo se hace sobre el valor neto del insumo incorporado o consumido directamente en la producción del bien exportado. Son los directores regionales o administradores de aduanas quienes, a solicitud del exportador, establecen el cálculo. El insumo queda excluido del beneficio cuando, como insumo o producto, sumados ambos, superan el valor de los 18 millones de dólares. El Servicio Nacional de Aduanas impartió instrucciones en ese sentido.
Al comparar estadísticas del periodo enero a diciembre de 1992, y enero a diciembre de 1993, la Dirección Nacional de Aduanas se dio cuenta de que existían más solicitudes que las del periodo anterior respecto de productos excluidos y que, por lo tanto, se acogían a ese beneficio.
El Servicio investigó esta situación y determinó que se habían otorgado beneficios a partidas arancelarias excluidas de él por un monto de 3.725.496 dólares. Frente a esto, el Director Nacional de Aduanas se lo hizo presente al Ministro de Hacienda, y también se hicieron las formulaciones de cargo a diversas empresas por los montos percibidos en forma errada. El Consejo de Defensa del Estado tomó conocimiento sobre la materia, y el Director de Aduanas ordenó un sumario en la aduana de Talcahuano para determinar posibles responsabilidades.
Cabe destacar que las empresas afectadas han deducido diversos recursos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque se trata de un tema discutido.
Finalmente, el último tema dice relación con la importación de los jeep Mitsubishi Montero, que se relaciona con la ley N° 19.128 y con las normas sobre determinación del valor Fob para los vehículos importados al amparo de franquicias aduaneras establecidas por disposiciones especiales.
La ley N° 19.129 autorizó a los exiliados políticos retomados para importar, libre de derechos e impuestos y demás gravámenes aduaneros, entre otros bienes, un automóvil por un valor Fob franquicia no superior a 10 mil dólares. Este valor de acuerdo con la Nota Legal Nacional N° 4 y la Resolución N° 1.568, del Director Nacional de Aduanas, de fecha 9 de marzo de 1990, se determina a Partir del precio de lista del año correspondiente al modelo base, sin opcionales ni accesorios de ninguna clase, vigente en enero del año del modelo o a la fecha de la factura de fábrica, si este último resultare más conveniente para el interesado.
La misma norma legal establece que si el Precio de lista estuviere expresado en unidades monetarias distintas del dólar, se convertirán a esta última moneda, de acuerdo con la tabla de equivalencia mensual fijada por el Banco Central de Chile, vigente a la fecha de la lista de precios usada como referencia.
El precio de lista se determina de acuerdo con los valore proporcionados por los representantes de los proveedores extranjeros de los vehículos, es decir, por los fabricantes. La empresa Comsa S.A., por Mitsubishi Corporation, con fecha 30 de diciembre de 1992, proporcionó al Servicio Nacional de Aduanas la información necesaria para la determinación de los valores de los vehículos, sus opcionales y accesorios, valor expresado en yenes. Sobre la base de dicha información, la Dirección Nacional de Aduanas fijó y aprobó, mediante circular 18, de 5 de enero de 1993, la lista de precios en sus diversos modelos, opcionales y accesorios.
El Servicio Nacional de Aduanas detectó diferencias de precios que se observaban en los vehículos jeep Mitsubishi Montero al comparar los valores establecidos en la circular 18 y las facturas emitidas por la Mitsubishi Montero Corporation, para el mismo tipo de vehículos, de forma tal que si se tomaba en cuenta el valor de factura de fábrica, el vehículo excedía los 10 mil dólares Fob, con lo cual quedaba excluido de cualquier beneficio.
La Dirección Nacional de Aduanas solicitó a Comsa S.A. que explicara las razones de orden técnico que justificaran las diferencias de precio, ante lo cual dicha empresa dio las siguientes razones: que se trataría de vehículos para distintos mercados: América Latina y Europa; que existe una paridad cambiaría comercial fijada para Comsa S.A. por el fabricante para 1993, equivalente a US$ 1 = 100 yen, y reconoció haber omitido informar una serie de opcionales y sus respectivos precios.
Por oficio reservado número 927, de 9 de noviembre de 1993, el Director Nacional de Aduanas instruye a los Directores Regionales y Administradores de Aduanas, en el sentido de no otorgar la franquicia contenida en ley N° 19.128, en base al oficio circular número 18 citado, y ordena remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Aduanas respecto a las solicitudes de desafectación que se hayan presentado.
La Dirección Nacional de Aduanas alteró la circular número 18, cambiándola por otra resolución a la que deben atenerse quienes opten por las franquicias dispuestas en la ley N° 19.128.
La Dirección Nacional de Aduanas remite todos los antecedentes al Tribunal Aduanero de Valparaíso, con el objeto de que se inicie antejuicio por fraude aduanero, en contra de Comsa Sociedad Anónima y demás personas responsables.
El Tribunal Aduanero inicia la causa rol número 2/94, por el presunto delito de fraude aduanero en contra de Comsa Sociedad Anónima y de cualquier otra persona que aparezca responsable.
Ante estos temas, la Comisión concluyó lo siguiente:
Considerando todo lo anteriormente expuesto y teniendo presentes las facultades de fiscalización que competen a la Honorable Cámara, los Diputados que suscriben y que conformaron la Comisión Investigadora de irregularidades denunciadas respecto del Servicio Nacional de Aduanas, en forma unánime, a excepción de los Diputados de Renovación Nacional, que se retiraron de la Comisión, concluyen:
1.Que del análisis de los antecedentes, documentos, oficios y declaraciones prestadas ante la Comisión, se constata que no han existido por parte del señor Director Nacional de Aduanas actitudes fraudulentas, dolosas o carentes de probidad.
2.Que de los hechos investigados se puede apreciar la existencia de vínculos de amistad e intencionalidad para favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares. Dentro de este contexto, se enmarca el convenio firmado entre el señor Director Nacional de Aduanas y el grupo editorial y la rehabilitación como agente de Aduanas y el Grupo Editorial y la rehabilitación como agente de Aduanas del señor Patricio Sesnich.
3.Que tanto de los antecedentes recopilados como de los testimonios que conoció la Comisión sobre los hechos investigados, se puede concluir que el Servicio Nacional de Aduanas incurrió en falta de acuciosidad en el trabajo que realizaron los Departamentos Jurídico, en el caso del convenio y en la rehabilitación del agente de Aduanas, y de valorización, en el caso de los vehículos marca Mitsubishi.
4.Que tampoco escapa a su responsabilidad la Dirección Nacional de Aduanas, por no haber velado oportunamente por un eficiente funcionamiento del Servicio, dado que la falta de personal nada tiene que ver con la negligencia con que se realizó el trabajo en esas áreas.
5.La necesidad urgente de llevar a cabo una profunda reforma y modernización del Servicio Nacional de Aduanas. La actual situación del Servicio no está acorde con el enorme desarrollo que ha experimentado nuestro comercio exterior.
Es importante destacar que la modernización no sólo debe abarcar el aspecto tecnológico, como se presentó en la Comisión por funcionarios del Servicio. A lo anterior se deben sumar profundos cambios en diversas disposiciones de carácter administrativo T reglamentario, que permitan darle agilidad y eficiencia al Servicio, sin afectar las actividades productivas del país, a fin de lograr una fiscalización efectiva.
Dentro de las reformas que la Comisión considera indispensable realizar, figuran las siguientes:
a)Racionalizar y simplificar la documentación, al objeto de facilitar las operaciones, además e colocar lazos al Servicio para el despacho de éstas;
b)Tornar eficientes los Departamentos de Valoración y de Aforo, indispensables para efectuar una fiscalización de las mercancías que egresan del país o que ingresan a él;
c)Establecer procedimientos administrativos y operativos claros, que no estén sujetos a la arbitrariedad de una autoridad administrativa, y
d)Llevar a cabo inversiones en el área de la informática, para la tramitación de documentos, transmisión de datos e intercomunicación del Servicio de Aduanas con otras instituciones del Estado o privadas que correspondan.
6.Vuestra Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Aduanas considera importante que este informe sea remitido a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda, para su conocimiento.
La Comisión no adoptó acuerdo respecto de los fundamentos que justifiquen o no el envío del informe o de los antecedentes recopilados a los tribunales de justicia, a la Contraloría de la República y al Consejo de Defensa del Estado, en su caso.
Los oficios que recibió la Comisión, como respuesta a requerimientos de ella, tanto de autoridades, instituciones o particulares, como también los antecedentes anexos que dichas comunicaciones contienen, que han sido resumidos o mencionados en el presente informe, se encuentran a disposición de los señores Diputados en un archivo que, para el efecto, especialmente se ordenó preparar por acuerdo de la Comisión.
Al terminar, como Presidente de la Comisión, me referiré brevemente a la razón del retiro de los Diputados de Renovación Nacional de la Comisión, situación que fue conocida a través de los medios de comunicación.
La Comisión trabajó en forma habitual, como lo hacen todas las Comisiones; las interrogaciones se hacían en forma separada, entrando las personas una a una. En el tema de reintegro a los exportadores, materia bastante compleja, la Comisión decidió, por acuerdo mayoritario, que los funcionarios de aduanas citados ingresaran en forma conjunta, no separadamente. Esta votación fue con los votos en contra del Diputado señor Arturo Longton y de otros miembros de Renovación Nacional, que no recuerdo en este momento. Ante eso, el Diputado señor Arturo Longton se retiró de la sesión. Frente a esta situación y viendo que en la próxima reunión podíamos revertir este acuerdo y lograr que la Comisión trabajara en la mejor forma posible, conversé con los diversos integrantes, y en la sesión siguiente de la Comisión, estando presentes todos los Diputados, incluso los miembros de Renovación Nacional, propuse continuar con el sistema anterior; es decir, revertir el acuerdo para evitar la marginación de los Diputados de Renovación Nacional. La Comisión, por unanimidad, revertió el acuerdo, y se continuó con el sistema de interrogar una a una a las personas. A pesar de ello, los Diputados de Renovación Nacional se marginaron de la Comisión.
Es todo cuanto puedo informar.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bombal para plantear un asunto reglamentario.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, deseo consultar respecto del seguimiento del Orden del Día.
El informe ha tomado largo tiempo. Por los tiempos asignados por acuerdo de los Comités, el Orden del Día terminaría con este informe. Después figura el proyecto que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, con lo cual tendríamos una hora más. Mi pregunta es: ¿esta hora fue estimada dentro del Orden del Día, o adicionalmente a esta parte de la sesión? Consulto para saber los efectos que esta situación tendrá en la tramitación del proyecto sobre filiación.
El señor SOTA (Presidente).- Es con prórroga del Orden del Día, señor Diputado.
En discusión el informe de la Comisión especial investigadora de las irregularidades denunciadas en la Dirección Nacional de Aduanas.
Tiene la palabra el Diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, tras largas sesiones de trabajo de la Comisión Investigadora, he llegado a la convicción de que en ciertas ocasiones los hombres y las verdades deben ser puestos a prueba, y en esta oportunidad lo ha sido un hombre que ha dedicado toda una vida al servicio público en forma ejemplar.
En efecto, la trayectoria pública y privada del Director Nacional de Aduanas y destacado ex parlamentario don Benjamín Prado Casas, ha sido intachable.
Quiero destacar que tras esta investigación se estableció que en ninguna de los hechos analizados existió de parte de este funcionario alguna actitud dolosa, fraudulenta o ausente de probidad. ¿La honra personal por su actuación funcionaría ha sido puesta en cuestión? Muy por el contrario, ha habido reconocimiento a una probidad y transparencia a toda prueba.
Por lo demás, es importante destacar lo difícil que es administrar un servicio como Aduanas, que en el último año fiscalizó impuestos por más de 3 millones de dólares y documentos de destinación aduanera, que significaron varios millones de dólares a favor o en contra del Fisco.
Todos estos procedimientos son extremadamente complejos y, además, se realizan con una dotación de personal insuficiente y en una infraestructura obsoleta e inadecuada para el buen desempeño de tan importante función fiscalizadora.
A pesar de ello, durante la gestión de Benjamín Prado, este servicio ha sido capaz de proyectarse, de abrir muelles, pasos fronterizos y avanzadas y, lo que es más relevante, de dar inicio a su modernización, proceso que ha comenzado a materializarse con el envío de un proyecto de ley que se encuentra actualmente en trámite en el Congreso Nacional.
La Comisión Investigadora ha detectado algunas deficiencias en la operación del Servicio de Aduanas. Sin embargo, no se puede por esto enlodar la honra y el prestigio de personas, que, como se ha dicho, han entregado al servicio de la patria todo su talento y creatividad, además de sus mejores años de vida.
Precisamente, la instancia más propicia para debatir las mejores fórmulas que permitan, por una parte, perfeccionar la gestión, y por la otra, los mecanismos de control, que han fallado, será la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre modernización de Aduanas, en el cual podrán plantearse, de manera positiva y desapasionada, todas las alternativas legales destinadas a que no ocurran actos que signifiquen falta de diligencia en las operaciones, ineficiencia del servicio o, eventualmente, perjuicio fiscal.
Debe destacarse que tanto en el caso del denominado convenio con el Grupo Editorial, como en de la rehabilitación del agente de Aduanas, señor Patricio Sesnich, no se comprobó que el señor Benjamín Prado actuara en beneficio de supuestos intereses comerciales o para favorecer amistades.
En cuanto al caso de la autorización de un almacén franco para permitir el ingreso de prendas de vestir destinadas a la empresa Calderón Confecciones S.A., no hubo perjuicio fiscal alguno. Por otra parte, en relación con la importación irregular de un modelo de jeep Mitsubishi, el Servicio de Aduanas .adoptó las correcciones necesarias para pre' venir que se cometieran nuevos actos ilícitos en este sentido. Lo mismo ocurrió tras constatarse irregularidades en el reintegro de los insumos establecidos en la ley N° 18.480, como también en el caso del contrabando de relojes, en donde un funcionario que cometió el delito pagó con su cargo la falta de probidad, y el infractor particular debió pagar el doble del valor de las mercancías para acogerse al beneficio de renuncia a la acción penal que la ley establece.
En síntesis, en ninguno de los casos investigados hubo perjuicio fiscal o actitudes dolosas o fraudulentas.
Quiero rescatar y revalidar el derecho y el deber que la Cámara de Diputados tiene en la fiscalización de los actos de la autoridad administrativa. Asimismo, quiero ser justo y resaltar el testimonio de un hombre como Benjamín Prado, que entregó toda su colaboración a esta Comisión Investigadora, con sabiduría, prudencia y ponderación.
También concurrieron a la Comisión representantes de la Cámara Aduanera, de empresas ligadas al negocio importador y exportador, abogados especializados en derecho tributario y aduanero y altos funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. Todos ellos han dado testimonio respecto del buen juicio, transparencia y probidad de este ejemplar y noble hombre público.
Entonces, podemos concluir en que las fuertes críticas que ha recibido respecto de su gestión, tienen la intención clara de desprestigiar a un Gobierno que sólo busca modernizar todas las estructuras ligadas al comercio, internacional, a fin de que se generen mayores divisas para el país y, en consecuencia, mejores posibilidades de calidad de vida para sus habitantes.
La Comisión Investigadora, de la cual he formado parte, ha realizado un acabado análisis de los distintos aspectos que eran materia de cuestionamiento, llegando a la convicción de que aquí no estamos frente a un manejo oscuro, fraude u otras acciones constitutivas de delito.
Don Benjamín Prado, como se pudo establecer, sólo ha buscado poner a este servicio a la vanguardia técnica y operativa, a través de un gran plan modernizador, que permita colocar al comercio internacional del país en capacidad de competir con todos los mercados del mundo.
Por tanto, quienes pretendían malintencionadamente y persiguiendo intereses mezquinos enlodar la honra pública de un hombre de la estatura moral y funcionaría de Benjamín Prado, a través de este Gobierno de la Concertación, han visto fracasar sus intentos, porque este Gobierno, como el que encabezara Patricio Aylwin, han dado muestras claras de transparencia y probidad y, por sobre todo, de apego a la Constitución y a las leyes, como corresponde a quienes son depositarios de la voluntad ciudadana y de la confianza de todo un pueblo.
Finalmente, debemos tener presente que el Parlamento chileno ha dado siempre ejemplo de sabiduría, justicia y transparencia. Por lo tanto, no podemos defraudar esa tradición aceptando, por presión indebida, puntos de vista que afectan la honra y la imagen de funcionarios públicos que sólo han servido con nobleza y altruismo a la patria, tanto más cuando la Contrataría General de la República y los tribunales de justicia, en su caso, han manifestado claramente que los hechos investigados no constituyen faltas administrativas que involucren o importen responsabilidad funcionaría alguna del Director Nacional de Aduanas, o que sean constitutivas de delito o fraude, como quedó establecido y demostrado en la Comisión Investigadora que tuve el honor de integrar en esta Honorable Cámara.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Taladriz.
El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, si bien la Cámara de Diputados tiene la facultad reglamentaria para constituir comisiones especiales investigadoras, como lo ha hecho en el caso de las denuncias presentadas sobre la actuación de la Dirección Nacional de Aduanas, éstas, a mi juicio, no revisten la seriedad ni tienen la acuciosidad necesaria cuando el eventual inculpado pertenece a un determinado y característico partido político del combinado gobernante. Casualmente, casi todas las denuncias de corrupción, a lo largo y ancho del país, de irregularidades o de eventuales asomos de estos temas, que preocupan a la ciudadanía, se relacionan con ese mismo partido.
En lo personal, debo reconocer el esfuerzo que hizo el honorable Diputado don Guillermo Ceroni para tratar de darle a esta Comisión Investigadora la objetividad necesaria, a fin de realizar un trabajo veraz acorde con el significado que tienen las Comisiones especiales. Desgraciadamente, se mueve con coherencia, rapidez y eficacia una buena máquina para tapar plenamente cualquier asomo de duda sobre diversas actuaciones que le correspondió efectuar al Servicio Nacional de Aduanas, y en particular al señor Benjamín Prado, Director Nacional de la institución y precandidato a Senador por un determinado partido. Esto se hace con un claro sentido partidista que ejercen los Diputados, coordinados y pauteados desde afuera no sólo por su propio partido, sino también hasta el propio personero, cuyas actuaciones originaron la creación de la Comisión.
El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado, le ruego que no me obligue a usar el Reglamento para llamarle a la atención por las expresiones que usa.
El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, el mismo criterio debió haber aplicado respecto del Diputado anterior, que sólo alabó la personalidad de determinado personero del Partido Demócrata Cristiano.
El señor SOTA (Presidente).- Tuvo su recta intención.
El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, nosotros estamos firmes para tratar de evitar, criticar y sancionar cualquier asomo de corrupción o de ineficacia funcionaría, especialmente cuando aparece en los más altos funcionarios de la Administración Pública.
Las conclusiones, en las cuales no participamos, señalan que la Dirección Nacional de Aduanas admite la existencia de vínculos de amistad e intencionalidad para favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre los funcionarios públicos y particulares. Además, concluye que el Director Nacional de Aduanas incurrió en faltas de acuciosidad en su trabajo y que el Director Nacional de Aduanas, don Benjamín Prado, no puede escapar de su responsabilidad de no velar oportunamente por la eficiente gestión del Servicio.
Es evidente que esto es motivo suficiente para entender que aquí han existido irregularidades graves, que fueron denunciadas por Renovación Nacional y que ameritan mayores acciones para remover esta estructura, en una más acorde con las necesidades del servicio, en lugar de favorecer a miembros destacados de determinado partido político.
Estamos cansados de que en cualquier servicio público, en vez de buscar gente preparada profesionalmente, se entreguen los cargos a militantes del partido político gobernante. Eso ha posibilitado que existan irregularidades actos de irregularidades y corrupción, y que esta Cámara sea ineficiente en el control y sanción de esas actuaciones.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Encina.
El señor ENCINA.- Señor Presidente, me detendré brevemente en las conclusiones de la Comisión Investigadora de Aduanas.
El informe establece, sobre la base de los antecedentes recopilados y analizados por la Comisión, que no existen por parte del señor Director Nacional de Aduanas actitudes fraudulentas, dolosas o carentes de probidad. Es ésta, quizás, la primera y más importante conclusión a que llegó la Comisión. Sin embargo, es importante destacar que en dos de los seis casos investigados, los referidos al convenio firmado con el Grupo Editorial que fue rechazado por la Contraloría y, por lo tanto, no se implementó y el caso de la rehabilitación del agente de Aduanas señor Sesnich aprecia vínculos de amistad e intencionalidad de favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares.
En este punto hace falta contar en Chile contar con un código de ética de la función pública. La frontera entre lo ajustado a las normas y lo que se podría hacer por favorecer amistades sin caer en faltas de probidad, es muy difusa y precaria.
Constatamos que favorecer cierta relación de amistad ha sido hasta ahora, desgraciadamente, una norma común y recurrente en Chile, la cual no está ajena a la vida pública ni tampoco a la privada.
En el pasado reciente, bajo el autoritarismo, esto siempre estuvo oculto por un manto de misterio imposible de penetrar. Pero coincidimos en que esto debe cambiar para evitar cualquier asomo de corrupción, tráfico de influencias y favoritismo, que enorme daño pueden causar a la democracia chilena.
Por eso valoramos el proyecto de ley sobre probidad de las autoridades y jefes de servicios públicos, Diputados y Senadores, Presentado por parlamentarios de todas las bancadas. Esperamos que pronto sea ley para aplicar los códigos de ética que deben regir la Unción pública.
Es necesario destacar la necesidad de modernizar el Servicio Nacional de Aduanas. Esperamos que el proyecto enviado a la Cámara por el Ejecutivo apunte en este sentido. Nuestras exportaciones e importaciones no se compadecen con el actual servicio de Aduanas.
En esta dirección, la Comisión detecto faltas de acuciosidad y rigurosidad en la tramitación aduanera; pero también carencias graves en la normativa correspondiente. Por ejemplo, en los casos de reintegro a los exportadores, régimen aduanero de admisión temporal y, concretamente, en las importaciones de vehículos Mitsubishi Montero, efectuadas bajo el régimen de la ley N° 18.525.
A raíz de este problema, se ha tomado conocimiento de que no sólo se ha desafectado vehículos por retomados para su posterior comercialización, los que por ley no pueden sobrepasar el valor de 10 mil dólares Fob, sino que lo más impresionante es cómo se desafectaban vehículos de altísimos valores, liberados por diversas franquicias que benefician a los personales de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, que cumplieron funciones en el exterior. De los 674 vehículos liberados durante 1973, la gran mayoría fueron desafectados y posteriormente comercializados. Por lo tanto, no se trata tan sólo de vehículos de bajo valor importados por retomados por una ley que ya expiró, sino de un problema de mayores repercusiones, que requiere de normas aduaneras claras.
Por último, me referiré al funcionamiento de la Comisión. En primer lugar, felicito a su presidente, el Diputado Guillermo Ceroni, por su trabajo y objetividad, y al personal de Secretaría que colaboró con nosotros. En segundo lugar, quiero diferenciar la responsabilidad del trabajo parlamentario. Mientras un partido de Oposición, la UDI, participó e hizo aportes sustanciales a la Comisión, desgraciadamente los representantes de Renovación Nacional, al ver que nada truculento, espectacular y grandioso ocurriría, se retiraron, aduciendo falta de garantía. Esas actitudes poco ayudan a la labor fiscalizadora de la Cámara, nada aportan a controlar la función pública y menos a perfeccionar la democracia.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable señor Soria.
El señor SORIA.- Señor Presidente, deseo formular ciertas opiniones relativas al informe de la Comisión, de la cual formé parte, en relación con la rehabilitación del agente de aduana, señor Patricio Sesnich.
En la última reunión efectuada por la Comisión la que no tuvo carácter de sesión por haber vencido el plazo otorgado por la Corporación hice entrega de un certificado extendido por el Primer Juzgado de Letras de Iquique, en el cual se señala que el señor Sesnich "se encuentra actualmente procesado por el delito de estafa". Del estudio de ese proceso se desprende que en la época en que íue rehabilitado sólo contaba con una resolución del tribunal de primera instancia, que dejaba sin efecto las encargatorias de reo de aquella época.
La gravedad de los hechos antes expuestos deriva de que el señor Sesnich no manifestó la verdad ante la Comisión, ya que señaló que no se hallaba procesado o condenado, lo que no era efectivo.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Aduana, en especial se Departamento de Supervisión Aduanera, no adoptó en su oportunidad todas las medidas necesarias para verificar la versión de la gente que solicitó su rehabilitación, y pasó al Servicio los documentos entregados por éste sin requerir los antecedentes a los correspondientes juzgados, tal como lo expresó el señor Prado al prestar declaraciones en la Comisión.
Como se puede ver, estas conductas distan mucho de la ética y del derecho, y en consideración a que a la fecha en que se pudieron acreditar había cesado el plazo otorgado por la Cámara a la Comisión Investigadora y, por lo tanto, no se podía adoptar resoluciones sobre el referido punto, pido que recabe el acuerdo de la Sala para lo siguiente:
1°.- Enviar estos antecedentes, junto con el informe principal emanado de la Comisión, a su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda.
2°.- Remitir los antecedentes al Director Nacional del Servicio de Aduanas, para que, conforme con su mérito, adopte las medidas correspondientes en relación con el agente en cuestión.
3°.- Hacer llegar copia de estos antecedentes a la Contraloría General de la República, a fin de que se realice una exhaustiva investigación sobre los hechos expuestos.
4°.- Entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que este organismo, si lo considera procedente, ejercite las acciones judiciales y legales a que haya lugar.
5°.- Remitir los antecedentes a la Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de que realice una investigación destinada a verificar la forma en que se permitió la eliminación de antecedentes del señor Patricio Sesnich, en circunstancias de que la resolución que dejó sin efecto la encargatoria de reo no se hallaba ejecutoriada.
Por último, deseo manifestar mi complacencia y felicitar al Presidente de la Comisión, quien la condujo muy bien, no dejándose influir por ningún partido político. Vaya para él mi reconocimiento.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su señoría.
Tiene la palabra el honorable Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) Señor Presidente, en primer lugar, quiero contradecir al señor Presidente de la Comisión respecto de cuáles fueron los motivos por los cuales nos retiramos de la Comisión, porque la opinión pública tiene derecho a saberlo. Así como él manifestó el porqué, nosotros también tenemos derecho a decirlo.
Cuando se citaba al señor Prado a declarar, venía con sus asesores subalternos. Invariablemente, a la primera pregunta que se hacía al señor Prado, los otros ratificaban lo que él decía.
Cuando se enviaba un oficio al Servicio de Aduanas, como consta en la Comisión, muchas de sus respuestas eran firmadas por él, y la Honorable Sala y el país deben saber que en esta tierra nadie se juzga a sí mismo. ,
Después de que se logró el objetivo de que el señor Prado hiciera sus descargos, se revierte este acuerdo como queriendo decir: "Hemos logrado nuestro objetivo; ahora podemos hacerlo como queríamos". No aceptamos eso, porque es un procedimiento impropio de las Comisiones Investigadoras. Esa es la razón por la cual nos retiramos.
El señor Venegas ha dicho que este señor es un hombre intachable, que ha sido un "pan de Dios" toda su vida, lo que no se concilia con las conclusiones del informe, aprobados por unanimidad, a las cuales concurrió con su voto, en las que se dice favorable a sus amigos y no ha tenido probidad.
Por otro lado, el señor Encina expresa que hace falta un código de ética. ¿A quién se está refiriendo el honorable Diputado señor Encina? ?A una persona abstracta? ¿A alguien que no existe? Claramente se está dirigiendo al señor Prado que, en este caso, era el investigado.
Si un Diputado dice que es intachable, otro que hace falta un código de ética y el informe en la conclusión N° 2, que ha habido vínculos de amistad e intencionalidad, no entiendo nada de lo que pasó en esa Comisión. En todo caso, se justifica nuestro retiro.
Aquí tampoco se ha mencionado lo que le Pasó al Diputado señor Soria. Cuando él se encontraba almorzando en su casa, enviados especiales del señor Sesnich fueron a decirle que lo ayudara y que ellos lo ayudarían en las campañas venideras.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Perdóneme, ahí está el señor Soria. ¡Que lo ratifique! ¡Se lo estoy diciendo de cara a la Sala! ¡Entonces, no vengan a decir que este señor era una blanca paloma en lo que hacía!
El señor SOTA (Presidente).- Perdón, Su señoría. El Diputado señor Ceroni le pide una interrupción.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- No, yo estoy diciendo lo que no se dice en la Comisión. Si analizamos fríamente el informe, coincidiremos en que ha habido cosas raras o que, indudablemente, han andado en el “filo de la navaja”. No digo que haya fraude o que el señor Prado haya robado, pero sí ha habido intencionalidad para favorecer a un determinado grupo de amigos. La Comisión dice que el señor Prado “actúa de buena fe”, ¿La buena fe de quién?
¿Cuál era el modus operandi del señor Prado? Les explico. Daba determinadas autorizaciones a almacenes, a empresas editoriales, pero posteriormente, como sabía a ciencia cierta que estaba actuando “al filo de la navaja”, dirigía un oficio a la Contraloría o al Ministerio de Hacienda relacionado con la ratificación de lo que había autorizado.
La Comisión, en la conclusión N° 6 no voy a latearlos con todo lo que sale aquí porque Sus Señorías pueden leerlo expresa: “Vuestra Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Aduanas considera importante que este informe sea remitido a Su Excelencia el Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda, para su conocimiento.” ¿Para qué, si lo saben? En cambio, en cuanto al punto VI: “Los fundamentos que justifiquen o no el envío del informe o de los antecedentes recopilados a los tribunales de justicia, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, en su caso.”, se dice: “Vuestra Comisión no adoptó acuerdo al respecto.”
Entonces yo le pregunto, señores Diputados: ¿vamos a perder 10, 15 o 20 sesiones en una Comisión para que, en lugar de tomar una decisión relacionado con los entes fiscalizadores, que son los que tienen que investigar y dar el veredicto cosa que a nosotros no nos corresponde , se diga: “No, que lo lea el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda”, sin llegar al fondo del problema.
Por este motivo, junto con los colegas Longton y Taladriz, nos retiramos de la Comisión, porque consideramos que no debe engañarse al país con un subterfugio cómo éste. Debieran investigarse a fondo las conclusiones de esta Comisión, y no perder más tiempo, como se ha hecho invariablemente en las comisiones investigadoras que ha nombrado la Cámara, con excepción de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en Empremar, que es digna de felicitación por su acucioso trabajo.
Por estas razones y por los antecedentes tenidos a la vista, no estamos de acuerdo con la forma en que.se elaboró la última parte del informe, aunque sí coincidimos con algunas de sus conclusiones.
Consideré bueno aclarar esto para que lo colegas parlamentarios conozcan los motivos • por los cuales nos retiramos, y no porque no había nada turbio, Diputado señor Encina. Aun cuando no hay nada turbio, se da mucho lo de favorecer a las amistades. Sin duda no se favoreció a muchas personas, porque me da la impresión de que, felizmente, el grupo de amigos personales de Benjamín Prado es muy reducido.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, por ningún motivo voy a emplear el mismo tono del colega que me precedió en el uso de la palabra, quien, con un histrionismo que debería ser parte de una actuación de teatro, da a conocer su posición sobre este informe.
En primer lugar, debo felicitar expresamente al señor Presidente de la Comisión, don Guillermo Ceroni, a los funcionarios que nos acompañaron en esta Comisión Investigadora y también a todos los parlamentarios que debimos cumplir el mandato que nos dio esta Sala, en 19 sesiones, con muchas horas de trabajo, en las cuales escuchamos a todas las personas que podían aportar antecedentes respecto de una situación planteada con carácter de escándalo por el Diputado señor Longton, por rara casualidad, meses antes de que se efectuara una elección en la cual era candidato a Diputado; es decir, el año pasado.
En su oportunidad, nos llamó la atención, cuando nos entregaron el “set” de los periódicos y las veces que nos informaron por televisión y radio, que los titulares hablaran de fraude de millones de dólares en que había incurrido don Benjamín Prado Casas.
Se ha criticado en esta Sala el tono con que el Diputado Samuel Venegas ha definido la honorabilidad, el prestigio y la entrega al servicio público, por más de 45 años, de Benjamín Prado Casas. Pero como algunos parlamentarios prefirieron retirarse y esa es una decisión absolutamente personal- lamentablemente sólo conocen de oídas lo que paso después en la Comisión, aunque se enojen algunos colegas de Renovación Nacional.
Como democratacristiano de toda la vida, debo decir que es un orgullo para los militantes tener un líder de la calidad de Benjamín Prado Casas. Hay que recordar que es uno de los pocos que ha ejercido el cargo de Presidente Nacional del Partido. En la Quinta Región se le conoce por sus obras como Intendente durante el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva; por las dos veces que fue Senador de la República, y mucho antes, cuando ingresó, recién recibido de abogado, por su desempeño en el Servicio de Aduanas. Digo esto para la historia fidedigna de la investigación, y agrego un reconocimiento especial al Diputado de la UDI que participó en la Comisión, la cual deja claramente establecido en el punto 1 de las conclusiones finales que el señor Director Nacional de Aduanas no tuvo ninguna actitud fraudulenta, dolosa o carente de probidad.
Manifiesto esto porque a nivel nacional se creía que Benjamín Prado era poco menos que un delincuente. Y no me olvido cuando concretamente le dijo al Diputado Arturo Longton, que hizo la denuncia con mucho marketing: “Señor Diputado, lo autorizo a que pida cartóla de mi cuenta corriente; a que chequee mis bienes desde el instante en que desempeño el cargo de Director de Servicio de Aduanas hasta el día de hoy, y a que chequee a mis familiares a todos mis amigos, para demostrarle que en el servicio público lo único que he hecho es servicio y no enriquecimiento personal”.
Por rara casualidad, en la sesión siguiente el Diputado señor Longton se retiró de la Comisión.
Defiendo en la Sala la facultad de fiscalización; pero, ¡con qué simpleza y ligereza se juega con la probidad de las personas! Lamento que no se entienda por este tipo de situaciones lo único que hace es dañar al Poder Legislativo, en el caso particular, a la Cámara de Diputados. No es casualidad que en de las encuestas que se hacen en el país el Parlamento tenga un bajo porcentaje de aceptación.
Por eso, llamo a mis colegas a meditar sobre lo que significa realmente cumplir la labor de fiscalización. Cuando estamos en un Segundo gobierno democrático, ¡qué fácil es a decir éste es un ladrón, éste es un sinvergüenza, éste hizo un negocio, éste está actuando dolosamente, éste está haciendo sociedades! ¿Y por qué hablo de sociedades? Porque se hizo mucho escándalo de las sociedades de Benjamín Prado, y resulta que un informe al respecto demuestra que se constituyeron antes de que él fuera Director de Aduanas. Todas las personas que están en la actividad portuaria o marítima reconocen la capacidad profesional de Benjamín Prado y que es un hombre estudioso del tema; pero, a pesar de eso, en el certificado oficial que solicitamos se demuestra que tales sociedades no tuvieron movimiento en el tiempo que él fue Director de Aduanas.
Por lo tanto, reivindico el nombre de Benjamín Prado. Ha quedado claramente establecido en el primer punto de las conclusiones que es un hombre probo y transparente y que no ha actuado en función del beneficio personal.
Quiero terminar expresando que quienes tuvimos la paciencia, capacidad o dedicación de continuar en la investigación, llegamos a una conclusión lógica y que no es ninguna novedad: el aumento espectacular de las exportaciones requiere modernizar las aduanas de Chile, y esto implica que el Poder Legislativo, Gobierno y Oposición deben legislar a fin de simplificar los trámites y hacerlos de acordes al progreso del país.
Está mañana debo expresar que el acucioso trabajo de la Comisión demuestra con claridad que Benjamín Prado es un hombre absolutamente transparente.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEAY.- Señor Presidente, lamento que en el análisis del trabajo de la Comisión Especial acerca de ciertas anomalías denunciadas en el Servicio Nacional de Aduanas, escuchemos ataques o defensas a personas. En la Cámara no deben tocarse la honorabilidad de las personas. Lo importante es responder a la ciudadanía sobre los hechos denunciados; conocer si el Servicio Nacional de Aduanas ha desarrollado una actividad acorde con su importancia, porque su responsabilidad es enorme en el campo de la fiscalización aduanera y de la consiguiente recaudación tributaria a lo largo del país.
Durante los últimos años, desde que comenzara la apertura económica del país, el Servicio Nacional de Aduanas recobró gran importancia, es ahí donde quiero situar el esfuerzo y el trabajo realizado en la Comisión.
Respeto profundamente la posición de los parlamentarios de Renovación Nacional al retirarse de la Comisión. Puede que no la comparta, pero la respeto. Lo que importa es saber si efectivamente dicho Servicio ha tenido un trabajo, una eficiencia y una agilidad al servicio del país. Es ahí donde debiéramos poner énfasis y no en si el señor Prado ha cometido dolo o fraude.
De las conclusiones de la Comisión, basadas en los testimonios que recibimos, ha quedado claro que el señor Prado no cometió dolo ni fraude. Las firmé porque soy un convencido de que no es así. Si hubiese tenido antecedentes en contra también hubiera sido categórico en afirmarlo.
Pero el problema es definir si el señor Prado ha sido un eficiente Director de Aduanas y si ha dado la agilidad y la eficacia necesarias al Servicio. En verdad, los puntos 2 y 3 de las conclusiones nos indican lo contrario: el señor Prado no ha sido un buen Director del Servicio Nacional de Aduanas, porque realmente se privilegiaron amistades y vinculaciones partidistas por sobre el buen servicio. Y el punto 2 del informe es claro cuando señala “Que de los hechos investigados se puede apreciar la existencia de vínculos de amistad e intencionalidades para favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares.” Y en dos puntos, quienes participamos en la Comisión tuvimos ese convencimiento: el convenio firmado por una empresa privada y la rehabilitación de un agente de aduanas en la Primera Región, en que la actitud del señor Prado no fue acorde con la transparencia y el esfuerzo que debe demostrar todo funcionario público.
Esta Comisión Investigadora ha sido positiva, no para acusar a una persona, sino para que la Cámara se dé cuenta de la importancia de ese Servicio y, más aún, de la necesidad de que en él se efectúen profundas modernizaciones como se dice el informe en su organización, reglamentación y tecnología, para que cumpla las importantes funciones que se le han otorgado.
En ese sentido, nuestra Comisión realizó un trabajo serio, y sus conclusiones apuntan a las consideraciones ya manifestadas por el Ejecutivo en un proyecto sobre modernización de aduanas que envió al Congreso hace pocas semanas. Esto habla bien del trabajo, nuestro, del esfuerzo que se ha hecho: nos ha dado un balance general de que en departamentos o acciones dentro del Servicio Nacional de Aduanas hay responsabilidades por falta de acuciosidad, de que no hay un trabajo realmente eficaz ni acelerado que agilice el comercio exterior nacional.
En esa perspectiva, nos preocupa, por ejemplo, el caso de los vehículos que se importan mediante leyes de excepción, como el de los retornados políticos, en que de los antecedentes aportados por las propias empresas sobre los ingresados al país, ha quedado en duda el trabajo que realiza el Departamento de Valorización de Aduanas. Creo que el de Mitsubishi es un problema serio, porque puede implicar una pérdida importante en la recaudación tributaria del país por falta de trabajo y acuciosidad por parte del Servicio Nacional de Aduanas. Es un hecho conocido que han ingresado al país vehículos valorados en 10 mil dólares, lo que nadie se explica, porque si uno revisa sus precios en el extranjero, se da cuenta que son muy superiores a 50 mil o 60 mil dólares, por una situación de elementos opcionales que se van descontando, en que, a mi juicio, el Departamento de Valorización no ha sido acucioso, han ingresado por menos de 10 mil dólares.
Ese es un problema que nos preocupa, porque el fisco está recaudando menos dinero por favorecer los negociados de ciertos sectores que se han aprovechado indebidamente de leyes aprobadas únicamente por el Congreso que tenían un sentido distinto, cual era reinsertar a chilenos que abandonaron el país por motivos políticos, el Servicio Nacional de Aduanas tiene amplia responsabilidad en esta acción.
Por todo, esto, considero muy importante que haya un cambio profundo en el Servicio Nacional de Aduanas, en su reglamentación, en sus normativas, en su estructura; y a raíz de este informe, también creo que debe haber un cambio de Director Nacional de Aduanas, porque el señor Prado no ha cumplido cabalmente lo que debe ser la función de un buen servicio.
Por eso, es indispensable que este informe sea remitido cuanto antes al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, documento cuya importancia incide tanto en la estructura de este servicio, como en las personas que lo dirigen.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, estamos frente a un informe amplio y claro, cuyos autores han actuado con prescindencia política, lo cual es muy importante. Lo valorizo porque nos consta el tiempo que la Comisión trabajó en esta denuncia que, en un momento dado, la Sala acordó investigar.
Me felicito de que hoy el Parlamento, especialmente la Cámara de Diputados, tenga la facultad de fiscalizar y de investigar. Creo que uno debe ser muy equitativo al entregar opiniones en materias tan delicadas, como son denuncias a instituciones, y en este caso concreto, a la Dirección Nacional de Aduanas.
Quiero hacer resaltar una diferencia. En el caso de Empremar, fui uno de los que votó derechamente por sancionar a su Director. Con la misma decisión y energía, hoy reconozco que el informe, además de haber llegado a conclusiones por la unanimidad de sus integrantes, ha significado un esfuerzo que no podemos dejar de reconocer.
Creo que la única manera de que la Corporación pueda mantener su prestigio y elevarlo cada día más, es que las denuncias formuladas tengan una sustentación, porque no pueden formularse una acusación si no se tienen pruebas concretas.
Me quedo con la intervención del Diputado señor Leay, porque creo que ha sido muy objetivo -además de ser integrante de la Comisión- en cuanto a reconocer el esfuerzo que se ha hecho para emitir este informe.
No obstante, resulta necesario adoptar normas que permitan hacer más eficiente y transparente este tipo de instituciones, y no sólo en el caso de Aduanas, que es el tema que ahora se analiza. Me refiero a que es menester adopta normas para todo lo que es en general la Administración Pública, especialmente las empresas del Estado.
Termino manifestando que el Diputado informante ha expuesto de manera muy extensa su relación, la que a mi juicio, ha sido satisfactoria. De tal manera que, en mi nombre y en el de mi bancada el PPD, la respaldamos ampliamente.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, en primer lugar, expreso mi rechazo a las palabras del Diputado señor Ortiz, que no vienen al caso y nada tienen que ver con el informe que hoy tratamos. Cada uno asume sus responsabilidades políticas, cada uno sabe cómo actúa, si lo hace bien o mal y, en definitiva, la opinión pública, el pueblo chileno, es el que juzga.
No obstante, sólo quiero recordarle que debiera asumir su responsabilidad, por haber sido él, hace dos años, en su calidad de miembro de la Comisión Especial de Empremar, quien con su voto impidió toda investigación, argumentando que funcionaba muy bien, que no había ningún problema, en circunstancias que un año después nos damos cuenta de que  esa empresa está quebrada. Por lo tanto, hay una responsabilidad política que el Diputado señor Ortiz debe asumir ante el país, en especial Valparaíso.
El señor Sota (Presidente).- Señor Diputado, le ruego dirigirse a la Mesa.
El señor LONGTON.- señor Presidente, el informe es tremendamente contradictorio en sus conclusiones finales. Por un lado, dice que no hay dolo ni fraude. Sin embargo, a renglón seguido, en el punto 2, establece que el Director Nacional de Aduanas favoreció a amigos, a personas de su partido, etcétera. Si eso no es falta de probidad, no sé cómo se puede calificar.
Quiero referirme a cada uno de los puntos investigados.
En primer lugar, a las infracciones a la ley N° 18.480, relativas a los beneficios de reintegro por los insumos nacionales o nacionalizados que se hayan utilizado en la fabricación o elaboración de bienes exportados o consumidos en la producción de éstos. Curiosamente, si leemos el informe con detención, entre abril o mayo de 1994 –periodo en que el Diputado que habla, junto con otros miembros de nuestra bancada, formuló el mayor número de denuncias- es cuando el señor Prado trata, a través de oficios, documentos y dictámenes, de ratificar los errores en que estaba incurriendo.
La pregunta es: ¿qué pasó con las personas a quienes  se les formulaban tales cargos? Dice el informe, en la página 8, número 7:”….la mayoría de los cargos ya están formulados; esta etapa de formulación de los cargos está terminándose. El total de cargos ordenados formular por este concepto asciende a 3.361.797 millones de dólares además, se estudia la formulación de cargos por 850 mil dólares, que corresponde a empresas que han interpuesto recursos de protección en que la Corte de Apelaciones dio orden de no innovar.” El oficio reservado tiene fecha 30 de junio de 1994. Es decir, después de iniciada la investigación, el señor Prado empieza a rectificar y a tomar un poco más serio sus responsabilidades.
¿Qué dice al conocer las denuncias respecto de infracciones a la ley N° 18.480? En un diario de la capital, de abril de 1994, el señor Prado expresa: “Nosotros detectamos las infracciones, pero no está medido el daño.” O sea, al conocerla denuncia, de inmediato recapacita y sostiene que no es el Diputado Longton, sino la Dirección Nacional de Aduanas la que detectó tales infracciones.
¿Qué se dijo respecto del delito de contrabando-también lo denunciamos en su oportunidad y se mantuvo oculto por casi un año-, en el cual estaban involucrados funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas? Que el proceso se concluyó y que existió mérito para ejercer la acción penal por delito de contrabando. ¿Qué dice el informe? Presunto contrabando. Una contradicción más que contiene.
¿Qué pasa con uno de los responsables, el señor Israel Araya Cárdenas? También el 18 de mayo –es decir, cuando comienza la investigación-, el Director Nacional de Aduanas le aplica a dicho funcionario medidas disciplinarias de destitución de su cargo. Una vez más se produce la reacción ante la denuncia.
La pregunta que formularé durante toda mi exposición es: ¿por qué el señor Prado no cumplió con su deber? y ¿por qué la Dirección Nacional de Aduanas no ejerció sus atribuciones y dio las órdenes pertinentes en el momento oportuno?
Respecto de los almacenes francos, estamos en presencia del mayor de estos escándalos.
El señor Director Nacional de Aduanas, bajo régimen aduanero de admisión temporal, autoriza el ingreso de prendas de vestir destinadas a la empresa Calderón Confecciones Sociedad Anónima, conocida también como Johnson's Clothes.
¿Qué hace el señor Prado? Apenas comienzan las denuncias -esto aparece en la prensa- envía un oficio al Ministerio de Hacienda, en el cual le señala que tiene dudas respecto de la autorización de este almacén franco y que le informe si está actuando bien o mal. Y el Ministerio de Hacienda le responde que eso no es correcto, que debe rectificar y ejercer las acciones pertinentes.
En seguida, se dictan algunas ordenanzas a fin de ser lo más acucioso posible, y vigilar el comportamiento de estos almacenes, lo que, finalmente, termina con su clausura. Esta se produce porque hay presión por parte de la Cámara de Diputados, hay oficios a la Contraloría General y al Consejo de Defensa del Estado, advirtiéndose que existe una situación irregular.
¿Qué pasa respecto del contrabando de los jeeps?
El Director Nacional de Aduanas tiene la tupé de denunciar a quienes importan los jeeps en circunstancias de quien ha cometido el delito y la infracción es precisamente la Dirección Nacional de Aduana, que acepta la internación de ellos. Se trata de un juicio aún pendiente.
Tenemos el caso del Agente de Aduanas, don Patricio Sesnich, a quien se le priva del cargo por cometer delito que merece pena aflictiva. Pide su rehabilitación, la cual es concedida.
El Diputado que habla a través de la Cámara, solicitó el pronunciamiento de la Contraloría General la cual respondió que esa rehabilitación es ilegal, el señor Prado, en lugar de hacer lo que le ordena el órgano contralor deja la Situación en statu quo a fin de que exista tiempo suficiente para que el señor Patricio Sesnich recurra a los tribunales de justicia.
Una de las denuncias más importantes es el contrato ilegal que se firmó entre la Dirección Nacional de Aduanas y el grupo editorial PrtomanNormatec, cuya asesoría legal pertenece a la Empresa Coexa Limitada, de la cual es socio don Benjamín Prado.
¿Qué dice la Contraloría General ante mi requerimiento y el de la Cámara de Diputados? Que las funciones privativas de la Dirección Nacional de Aduanas, que son públicas, no se pueden entregar a privados, como lo hizo el señor Prado. Que es ilegal y contrario a derecho, y agrega: No sólo caben estas dos observaciones, sino que, además, este contrato no ha sido sancionado con el respectivo decreto administrativo que da constancia de este acto y que debe ser informado al órgano contralor.
Señor Presidente, creo que las denuncias se han hecho responsablemente, con fundamentos y, de alguna manera, así se han hecho presentes en la Comisión. Su presidente, señor Ceroni, no tiene razón cuando trata de repudiar el hecho de que Diputados de mi Partido, se hayan retirado de la Comisión Investigadora.
Cuando se está realizando una investigación, no corresponde que tres personas que serán interrogadas sobre los mismos puntos, ingresen conjuntamente a la Comisión, porque las opiniones no se pueden contrastar, y no se da la posibilidad de buscar divergencia en sus declaraciones. El señor Ceroni, con la autorización de la mayoría oficialista de la Comisión, hizo ingresar simultáneamente a las tres.
Posteriormente, él rectifica, pero el error ya se cometió y el daño ya se causó a aquella investigación, esta es una de las razones por las cuales preferimos retiramos de la Comisión.
Parece que el tiempo nos ha dado la razón, porque si leemos el informe, el señor Prado, a quien el Diputado señor Ortiz le rindió homenaje, no es tan santo, ni tan correcto en el desempeño de sus funciones, ni tan acucioso, ni tan diligente, porque las conclusiones finales dicen algo distinto.
¿Qué sucede? Se trata de congeniar las faltas del señor Prado con las denuncias que hacemos; de contrarrestar las presiones que existen al interior del Gobierno, especialmente del Ministerio de Hacienda, que lo único que desea es que este señor deje su cargo para nombrar a su sucesor.
El propio Presidente de la República, don Eduardo Frei, en una visita realizada hace un par de meses a la Cámara, dijo que "la Dirección Nacional de Aduanas es un lastre para el desarrollo del país". Entonces, ¿quién de los Diputados oficialistas puede desmentir las palabras del Presidente Frei?
Asimismo, quiero referirme a un intento para acallar las denuncias que formulamos durante casi un año. Muchas veces funcionarios de Aduanas fueron presionados por el Director de Aduanas para que defendieran de alguna manera los intereses del señor Prado.
Quiero decir, públicamente, que los funcionarios de Aduanas han estado cumpliendo con sus deberes. Lamentablemente, también han sido presionados, y hoy en Arica un grupo importante de funcionarios de la Dirección General de Aduanas está siendo despedido y otros ya lo fueron hace un par de días.
En las conclusiones del informe, en el punto 1. se dice: “Que del análisis de los antecedentes, documentos, oficios y declaraciones prestadas ante la Comisión, se constata que no han existido por parte del señor Director Nacional de Aduanas actitudes fraudulentas, dolosas o carentes de probidad.”
En seguida aquí está la contradicción, el punto 2. consigna: “Que de los hechos investigados se puede apreciar la existencia de vínculos de amistad e intencionalidad para favorecer intereses reñidos con las normas y de transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares.”
Si esto no es dolo o falta de probidad, ¿qué es?
En el punto 3. se expresa que el Director Nacional de Aduanas incurrió en falta de acuciosidad.
¿Qué significa eso?
En el punto 4. se dice: “Que tampoco escapa a la responsabilidad del director Nacional de Aduanas por no haber velado oportunamente por un eficiente funcionamiento del Servicio, dado que la falta de personal nada tiene que ver con la negligencia con que se realizó el trabajo en esas áreas.”
El señor SOTA (Presidente).- Perdón, señor Diputado. Le ruego redondear sus observaciones, porque ha terminado el tiempo de su Comité.
El señor LONGTON.- Termino, en seguida, señor Presidente.
En definitiva, el informe es contradictorio; estamos de acuerdo en parte con él y dispuestos a concurrir con nuestros votos y con las observaciones pertinentes; también a solicitarle al Presidente de la República que, lo antes posible, proceda a la destitución del señor Prado, porque ya ha pasado mucho tiempo y esa Dirección Nacional de Aduanas debe ser modernizada.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor De la Maza.
El señor DE LA MAZA.- Señor Presidente, quiero remitirme a los hechos a fin de clarificar las apreciaciones formuladas en la Sala, las cuales insisten en imputar delitos a personas que no los han cometido.
Creo que la inviolabilidad de nuestras opiniones está destinada, fundamentalmente, a fortalecer y a resguardar la función parlamentaria. Sin embargo, este derecho requiere una prudencia extraordinaria de todo parlamentario, porque en el ejercicio del derecho a opinar, legítimo y necesario, se puede afectar la honra de personas a través de opiniones condenatorias o sesgadas, que permitan suponer del afectado conductas delictuales con anterioridad al término de la investigación o de los fallos de los organismos de control o judiciales. Éste es el caso, porque hoy, cuando se conoce el informe, la unanimidad de los miembros de la Comisión y de otros parlamentarios que quisieron participar constataron “constatar” es distinto de “apreciar” que en el ejercicio de sus funciones del señor Director Nacional de Aduanas no había incurrido en falta de probidad. Ésa es la diferencia. Hay que entender que el lenguaje es para que los seres humanos nos entendamos.
Respeto mucho la opinión del Diputado señor Leay, quien señaló que a la luz de la única fuente que podíamos contar -los documentos, los testimonios y los antecedentes que existían de la Contraloría y de los organismos pertinentes- no había falta de probidad.
Constatamos que se había actuado con honestidad y que no había materias delictuales en la gestión del señor Prado. ¿Qué pretenden ahora, hablando de los delitos cometidos? ¿Continuar con la campaña absurda y grotesca hecha a través de la prensa durante más de un año, hablando de cosas inexistentes, fraudes por 20 millones de dólares, contrabandos permanentes en los cuales estaba comprometida la responsabilidad del Director Nacional de Aduanas? ¿Queremos seguir con esto hoy día? ¿Queremos seguir teniendo publicidad para aparecer como los grandes fiscalizadores de la gestión nacional? Quiero decir a los Diputados que están en esa posición que hay algo más grave que la corrupción: suponer, infundadamente, que hay corrupción. Es más grave para Chile, para el Estado y para el Gobierno y para la estabilidad democrática la suposición antojadiza. Para eso están los análisis, los juicios por los organismos pertinentes.
¿Qué sucedió con el convenio suscrito entre el Director y un grupo editorial? La Contraloría General lo objetó y declaró contrario a derecho. ¿Qué hizo el Director? Lo que debe hacer un buen jefe de servicio: desestimó el convenio. ¿Eso es delito? ¡No! Si se hubiese seguido adelante con él, se habría cometido un delito. No se hizo, porque frente al dictamen de la Contraloría, se suspende su aplicación. Así lo señala la propia Contraloría.
Respecto de la rehabilitación del señor Sesnich como agente de Aduanas, la Contraloría General declara que la revocación es improcedente. ¿Qué hace el Director Nacional de Aduanas? Deja sin efecto el decreto de rehabilitación. ¿Qué hace el afectado? Ejerciendo su derecho, recurre a la Corte de Apelaciones, la que acoge el reclamo. El Director de Aduanas, pudiendo haber aceptado el dictamen de la Corte de Apelaciones, apela la Corte Suprema en vista de la exigencia de la Contraloría. ¿Qué hace la Corte Suprema? No ve el recurso de fondo, porque la ley señala que el organismo que le corresponde tomar la decisión es la Honorable Junta Nacional de Aduanas. ¿Quiénes componen la Junta? ¿Es el Director Nacional? ¡No! Son representantes de los productores, de instituciones privadas, los que determinan que el señor Sesnich está habilitado para ejercer como agente de Aduanas.
¿Qué delito cometió el señor Prado? ¡Ninguno! Acogió el de la Contraloría después que la Corte Suprema señaló que era la Junta Nacional de Aduanas el órgano competentes y ésta aprobó la rehabilitación, ¿qué tiene que hacer el señor Prado? ¿Cometió algún delito, alguna falta? Ninguna.
El contrabando de relojes afecta al Fisco en un 1 millón 800 mil pesos, no con caracteres de escándalo, pues se trata de 700 relojes no finos. ¿Qué hace el tribunal de Aduanas de Santiago cuando detecta el contrabando? Inicia la acción penal correspondiente; pero cuando descubre que hay dos personas involucradas que tienen fuero militar, no se hace parte y traspasa el caso a los tribunales militares. ¿Qué sucede? Son exonerados dos funcionarios de la Fuerza Aérea y un funcionario de Aduanas destituido.
¿Son vulnerados los derechos del Fisco? ¡No! Son pagados todos los derechos de impuestos correspondientes, porque por esta legislación especial -y los señores parlamentarios abogados lo saben; por eso es inaceptable la ignorancia el Fisco se puede desistir. ¿Cometió algún delito el señor Prado? ¡No! ¡La Aduana actuó como tiene que funcionar!
Respecto de Calderón Confecciones, tampoco es aceptable la ignorancia, pues no se trata de almacenes francos. Es un régimen de admisión temporal de mercancía que ingresan al país para ser reexportadas, en ejercicio de una facultad reconocida por la ley.
La autorización fue dejada sin efecto, porque el objeto de la petición no se cumplió, y del ciento por ciento de la mercadería que había ingresado al país al amparo del régimen de admisión temporal, sólo un 10 por ciento había sido reexportado. ¿Qué hace la Aduana? Suspende el régimen de admisión temporal. ¿Hay perjuicio fiscal? ¡No la hay! ¿Cometió algún delito el señor Director de Aduanas? ¡No cometió delito!
Reintegro de exportaciones. Se imputaron por otorgados los beneficios de la ley N° 18.880 a exportadores con infracción de las normas legales de la propia ley. El Servicio Nacional de Aduanas, por sí y no por denuncia de ningún Diputado, determinó que se habían percibido reintegro por insumos que habían afectado al Fisco por 3.700.000 dólares, por una interpretación errónea del sector privado. ¿Qué hace la Aduana? Formula cargos contra los particulares y se instruye un sumario interno a la aduana de Talcahuano. Hay recursos de protección interpuestos por los particulares, porque ellos tienen derecho a defenderse, incluso, frente a una decisión legal de la Dirección Nacional de Aduanas. Hay juicio en este momento y lo pueden ganar.
Importación irregular de jeeps Mitsubishi. Me habría opuesto a la ley aprobada en el Congreso Nacional, similar a la despachada hacia un tiempo atrás, cuando volvieron los líderes de la revolución de la libertad, después del golpe militar. De todas maneras, Comsa, la firma que informó los valores de acuerdo con la ley, determinó que los jeeps valían 10 mil dólares. Cuando la Aduana de Valparaíso y de Iquique, no terceros, constató que había inconsistencia en los valores, se hizo la denuncia al tribunal correspondiente y se inició una causa por delito de fraude.
La Aduana, durante 1993, fiscalizó impuestos por más de 3.000 millones de dólares.
Quiero citar sólo la opinión de una persona expresada cuando empezaron estas denuncias y que a algunos de los señores Diputados les debe merecer fe. Es miembro del Consejo Regional de Valparaíso; ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo de esta Región; no es partidario nuestro ni es hombre que goce de nuestras simpatías políticas. Escuchen, señores Diputados, porque a veces queremos evadir nuestras responsabilidades. Se trata de don Carlos Calderón Moreno, quien sostuvo: “Con gran preocupación, no exenta de desagrado, he venido siguiendo la verdadera persecución que un señor Diputado ha iniciado en los últimos meses en contra del Servicio Nacional de Aduanas y su Director Nacional. Me desagrada, puesto que creo que las presuntas acusaciones en que basa sus denuncias, distan mucho de constituir hechos delictivos o corruptos que, de alguna forma, hubiesen ameritado la formación de una Comisión Especial." Es lo que estoy afirmando. Y dice después en otra parte: “Uno, dos y hasta cinco procedimientos que pudieran considerarse inadecuados o improcedentes frente a los miles que diariamente se efectúan con corrección total, no pueden ni deben inducir a la opinión pública a crucificar a un servicio probo y honesto.”
Eso es lo que quiero sostener finalmente, porque aquí están en juego las personas.
¡Si los señores Diputados pudieran ver todos los recortes de prensa y la insistencia en plantear en esta Sala que aquí hubo delito; que hubo falta de probidad! La lengua a veces es difícil de amarrar; pero los Diputados de la UDI que estuvieron en la Comisión saben que eso no es cierto. ¡Hubo falta de acuciosidad, y es cierto que el servicio tiene defectos'. Es efectivo que pueden atribuirse vínculos de amistad en algunas decisiones, pero no hubo dolo, ni falta de probidad, ni deshonestidad. Y la honra de un director es fundamental deferencia.
Lo haría, incluso, si el Director Nacional de Aduanas no fuera de mi Partido; con mayor razón si lo es. Espero que en el ejercicio de la función fiscalizadora nunca se cometa el error ni la vulgaridad de enlodar a una persona cuando no corresponde, cuando los tribunales no lo han determinado y cuando la propia Comisión Investigadora, aunque no me guste, así lo ha constatado.
En nombre de la bancada Demócrata Cristiana expresamos nuestra solidaridad a don Benjamín Prado Casas, quien ha tenido una trayectoria impecable de servicio público, como Intendente, como Senador electo democráticamente, con alta mayoría, como presidente nacional de mi Partido y como modesto funcionario de Aduanas de este país.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Avila.
El señor BOMBAL.- ¿Me concede una interrupción de 30 segundos, señor Diputado?
El señor ÁVILA.- De acuerdo, pero con cargo.
El señor SOTA (Presidente).- Con cargo al tiempo de la UDI.
Tiene la palabra el Diputado señor Bombal, en esas condiciones.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, lo señalado por el Diputado señor De la Maza me ha dado mucha luz respecto del contrabando de relojes.
En algún momento se me mencionó una cifra del orden de 200 millones de pesos, la que no coincide con la consignada en el informe.
Dado que la explicación del Diputado De la Maza ha sido tan clara en este punto, me gustaría que él o el Diputado informante precisaran esa cifra, porque también han sido muy importantes las precisiones jurídicas que se han hecho. Quiero saber si la cantidad correspondió a una realidad, si se indagó, o si rio es cierta.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante.
El señor CERONI.- Señor Presidente, la materia investigada se refiere a un contrabando en el cual se verificó que las especies eran mil relojes pulseras, más otras mercancías, cuyo valor total, según el acta de aforo, es de 14.361,39 dólares, equivalentes a 5.919.191 pesos, según el tipo de cambio, eso es lo que nosotros investigamos.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, si el sentido del tiempo del Diputado señor Bombal lo aplicáramos a nuestra función período legislativo, duraría un siglo.
Quiero puntualizar una conclusión que no emana del contenido del informe que hemos oído, sino del funcionamiento de la Comisión. Estimo relevante el hacerlo presente en esta oportunidad, pues el camino de la deserción que nos ha mostrado el Diputado señor Longton resulta profundamente negativo y lesivo para la imagen y funcionamiento de las Comisiones especiales que designa la Cámara, por cuanto dice relación con un clima de intolerancia de soberbia que impide agotar las posibilidades de discutir asuntos importantes que siempre tratan estas Comisiones, hasta llegar a un cierto punto de consenso.
Debemos dejarlo establecido como un ejemplo profundamente dañino para el propósito fiscalizador que la Cámara tiene cuando designa Comisiones.
He querido dejar sentado este punto de vista, porque así como a veces hacemos resaltar los buenos ejemplos -sólo ayer teníamos uno- es preciso también ser equitativos, y señalar esta actitud del mencionado Diputado como algo que nunca debiéramos seguir.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante, señor Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, me veo en la obligación de hacer algunas consideraciones relacionadas con el informe de la Comisión, ante los comentarios que se han vertido.
Creo que en este momento podemos hacer consideraciones con tranquilidad, solos al interior de la Sala, sin publicidad y conversando entre nosotros.
Cuando asumí la presidencia de la Comisión, leí un libro -esto es verdad- del Padre Hurtado. En ese texto, y aunque muchos puedan reír por lo que voy a expresar, se decía que la función fiscalizadora es una de las facultades fundamentales de los parlamentarios y se debe ejercer con prescindencia absoluta de toda posición política; y que si el investigado era de las propias filas del Partido, había que ser más duro aún, porque era necesario aclarar las cosas a fondo.
Digo esto al iniciar mi comentario, porque puedo dar fe de que los integrantes de la Comisión desarrollaron su labor con prescindencia total de sus posiciones partidarias. e investigaron con inmensa transparencia.
El señor SOTA (Presidente).- Perdón, señor Ceroni.- su Señoría puede hacer uso de la palabra exclusivamente como Diputado informante y referirse a los temas del informe.
El señor CERONI.- Justamente, señor Presidente, estoy hablando como Diputado informante, para hacer ver a la Sala cómo se llegó a las conclusiones. De modo que, desde ese punto de vista, creo que tengo derecho a hacerlo. Ahora, si Su Señoría me lo niega...
El señor SOTA (Presidente).- De ninguna manera, señor Diputado. Sólo aclaro que está hablando como Diputado informante.
El señor CERONI.- Muchas gracias.
Señor Presidente, la Comisión trabajó con la máxima seriedad y transparencia, alejada a propósito de toda publicidad, porque, muchas veces, ésta nos lleva a decir cosas que no están bien fundamentadas; trabajó en ese silencio que sólo aplaude la conciencia de uno y trató de conciliar dos aspectos muy importantes, qúe deberán ser abordados cuando se reglamente el tema de las comisiones fiscalizadoras: cómo cuidar la honra de las personas, y la necesaria fiscalización e indagación de los hechos en el periodo en que investiga. Y eso es lo que tuvo en cuenta: velar por fiscalizar bien, pero también velar por la honra de las personas.
¡Cómo hubiéramos querido, señor Presidente, conocer en la Comisión todas las argumentaciones que aquí se han vertido! ¡Cómo hubiera querido yo, como presidente, tener todos los antecedentes que el Diputado Arturo Longton habría podido entregar a la Comisión! ¿Quién no hubiera querido tenerlos? Pero no los tuvimos. La Comisión emitió su informe basándose en la documentación y en los antecedentes objetivos que tuvo a la mano, los que se encuentran a disposición de todos los señores Diputados.
Ninguna otra conclusión podríamos haber sacado, sino las que aquí hemos vertido.
El país puede estar tranquilo con esta Comisión, y debe saber que un grupo de Diputados ha trabajado en forma silenciosa, muy alejado de los medios de comunicación; puede estar tranquilo, en el sentido de que la Comisión ha cumplido su labor de fiscalizar y llegó a lo que se debía llegar.
Por otra parte, no hay contradicción en los puntos 1 y 2 del informe.
La Comisión concluye que no hay fraude en las actitudes, que no hay dolo y que no hay falta de probidad, porque los antecedentes, los hechos, las pruebas no llevan a decir que existan.
Pero concluye, en el segundo punto, que se puede apreciar que vinculaciones del Director Nacional de Aduanas con el grupo editorial y con el señor Sesnich, en alguna medida influyeron en la gestación del convenio editorial y en la rehabilitación como agente de aduanas de esa persona; pero en ningún caso, tuvo antecedentes para sostener que eso lindó o cayó en una falta de probidad. .
En resumen, la Comisión trabajó como debe hacerlo toda comisión investigadora.
Cuando regule las materias relacionadas con las comisiones investigadoras, este Parlamento va a tener que preocuparse de determinar qué se hace con quienes abandonan su obligación de fiscalizar, porque si en seño de la Comisión los Diputados pueden emitir todas sus opiniones, hay que saber en qué falta incurrirán aquellos que abandonan su deber, su obligación, de fiscalizar y de aportar los antecedentes.
He dicho.
El señor ULLOA.- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, como los minutos que restan a la bancada de la UDI son cuatro, se los cedemos al Diputado señor Longton.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, agradezco a los Diputados de la Unión Demócrata Independiente el tiempo que me ha cedido.
Pienso que el Diputado De la Maza debe ser muy mal abogado para llegar a las conclusiones que ha señalado.
Respecto de lo que decía el Diputado señor Ávila, de que es mejor estar dentro que fuera, no sé por qué el investigó desde afuera el caso Codelco y estuvo al margen de la Concertación haciendo sus críticas. Cuando se formulan declaraciones de este tipo hay que ser consecuente y el diputado señor Ávila no lo ha sido.
Este es el único país del mundo en el cual cuando a un funcionario público, a un director de la envergadura del que estamos hablando, se le critica su acción equivocada, permanece “atornillado” mucho más tiempo del que se merece. Ojalá en las conclusiones pudiésemos agregar que el funcionario que no cumple con su deber, debe abandonar rápidamente su cargo.
Quiero decirle al Presidente de la Comisión, Diputado señor Ceroni, que en verdad él no tuvo culpa de que se haya dirigido esta investigación tal como se hizo.
Obviamente fue presionado muchas veces. En una conferencia de prensa un periodista le pregunta al señor Ceroni: "Ustedes, ¿qué van a investigar? ¿Qué responsabilidad? ¿La penal? Lo hacen los tribunales de justicia ¿La administrativa? Lo hace la Contraloría. ¿Me puede decir, señor Presidente, qué responsabilidades persiguen?" Responde: “Mire, cuando terminemos la investigación, vamos a ver qué responsabilidad perseguimos.” Esos son los resultados que hoy tenemos a la vista.
Termino mi intervención solicitando, por intermedio del señor Presidente, que el Diputado señor Ceroni me explique si es que puede, qué significa el punto 2 cuando dice: “...favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entré funcionarios públicos y particulares.” ?Acaso no es eso falta de probidad?
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Se procede al cierre del debate.
El señor CERONI.- Pido la palabra.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, punto reglamentario.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, acaban de hacerle algunas consultas al Diputado informante que sería bueno que las contestara.
Considero que sería lo correcto, porque el Diputado don Arturo Longton ha empezado a hacer afirmaciones, y, una vez más, ni siquiera continuó en la Comisión.
El señor CERONI.- ¡Por favor, señor Presidente!
El señor SOTA (Presidente).- A juicio de la Mesa, el señor Diputado informante ya dio las explicaciones correspondientes.
En consecuencia, se procederá al cierre del debate.
El señor CERONI.- Señor Presidente, me han hecho una consulta.
El señor ENCINA.- Señor Presidente, ¿Cuántos minutos le restan al Comité Socialista?
El señor SOTA (Presidente).- Siete minutos.
El señor ENCINA.- Nuestra bancada le cede ese tiempo al Diputado señor Ceroni, para que pueda responder.
El señor SOTA (Presidente).- En todo caso, el diputado señor Ceroni puede hacer uso de la palabra, en su calidad de Diputado informante.
El señor CERONI.- Estoy hablando como tal, señor Presidente.
Reitero que lo afirmado en el punto 1. Se debe a que de los elementos no se deduce ningún hecho objetivo que indique que hubiera falta de probidad en algún acto o hecho.
En el punto 2 hay una frase que es muy clave cuando dice “que de los hechos investigados se puede apreciar la existencia de vínculos de amistad para favorecer intereses...” con personas pertenecientes al grupo editorial, contexto en el cual se gesta el convenio. Lo que se está expresando allí es que estas vinculaciones de amistad no deberían haberse producido, ya que, en alguna medida, le han quitado un poco de transparencia a este acto. Pero la Comisión, pese ha haber analizado exhaustivamente el punto, no vio que eso fuera una falta de probidad. Los hechos, los elementos que tuvo en vista durante toda la investigación, y que se fueron acumulando, no fueron suficientes para configurar una falta de probidad, por los antecedentes que están en poder de la Comisión.
Por eso, no se consideraron contradictorios el punto 1. con el 2.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor SOTA (Presidente).- Se ha pedido división de la votación. De tal manera que votaremos cada uno de los puntos de las conclusiones por separado.
En votación el punto N° 1.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 17 votos. No hubo abstención.
El señor "SOTA (Presidente).- Aprobada la conclusión número 1.
Se agregan los votos de los Diputados señores Letelier, don Felipe; Walker, Ortiz.
Considerando que han llegado varios señores Diputados atrasados, vamos a repetir la votación.
El señor PALMA (don Andrés).- Pero no hay dudas sobre el resultado, señor Presidente.
El señor SOTA (Presidente).- Sí, hay dudas.
Prevengo a la Sala que no se pueden aceptar votaciones posteriores al acto de proclamación de la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 19 votos. No hubo abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 1 de las conclusiones.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elguéta, Elizalde, Encina, Estévez, García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Karelovic, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Vega, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Womer (doña Martita) y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Cantero, Cardemil, Errázuriz, Espina, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Jürgensen, Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Munizaga, Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rodríguez, Solís y Vilches.
El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 2.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 2 de las conclusiones.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cantero, Cardemil, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Galilea,
García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hernández, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Moreira, Munizaga, Naranjo, Navarro, Orpis, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokuri?a, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María), Sabag, Salas, Seguel, Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta y Wómer (doña Martita).
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aylwin (doña Mariana), Dupré, Elgueta, Gutiérrez, Huenchumilla, Luksic, Makluf, Ojeda, Ortiz, Silva, Walker y Zambrano.
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados Ascencio y Elizalde.
El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 3.
¿Habría acuerdo de la Sala para aplicar la misma votación en los puntos siguientes?
Varios señores DIPUTADOS.- No.
El señor SOTA (Presidente).- No hay acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 3 de las conclusiones.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cantero, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Morales, Moreira, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prologa, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sota, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Wómer (doña Martita).
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Makluf, Silva y Zambrano.
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Arancibia, Ascencio y Aylwin (doña Mariana).
El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 4.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 4 de las conclusiones.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés),
Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, ferrada, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Martínez (don Rosauro), Morales, Moreira, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokuri?a, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Wómer (doña Martita).
Votó por la negativa el Diputado señor Zambrano.
Se abstuvieron los Diputados señores: Ascencio y Aylwin (doña Mariana).
El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 5.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 5 de las conclusiones.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo, Dupré, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Moreira, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prologa, Rebolledo, Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Wómer (doña Martita).
El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 6.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 6 de las conclusiones.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Cantero, Ceroni, Coloma, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Morales, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Womer (doña Martita).
El señor SOTA (Presidente).- Terminada la discusión y votación del informe.


PREFERENCIA PARA DESPACHAR PROYECTO.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, sería muy importante votar rápidamente el proyecto que acaba de enviar el Ejecutivo, relacionado con la entrega de recursos para el sector educación.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- A eso se va a referir la Mesa en este momento.
El señor ULLOA.- Pero quiero expresarle la idea...
El señor ESPINA (Vicepresidente).- La Mesa tiene plena conciencia de muchas cosas, pero quiero que me permita expresarme. No puede coartar mi derecho a hacerlo.
Quiero solicitar que ojalá votemos el proyecto sin discusión.
, El señor ESPINA (Vicepresidente).- Ha llegado una petición para tratar de inmediato el informe de las Comisiones de Educación y de Hacienda recaído en el proyecto de ley que otorga un aporte extraordinario al sistema subvencionado d educación.
¿Habría acuerdo para despacharlo de inmediato, alterando la Tabla?
Un señor DIPUTADO.- Hay acuerdo, siempre y cuando no haya discusión.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- La petición es para tratarlo; pero en un proyecto de esta naturaleza los Diputados' informantes tendrían que informar brevemente a la Sala.
¿Habría acuerdo para proceder en la forma solicitada?
Acordado.


APORTE EXTRAORDINARIO AL SISTEMA SUBVENCIONADO DE EDUCACIÓN. Primer trámite constitucional.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- Corresponde, en consecuencia, tratar el proyecto de ley, calificado de “suma urgencia”, que otorga un aporte extraordinario al sistema subvencionado de educación.
Antecedentes
Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República, boletín N° 1448-04 sesión 20a, en 23 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 2.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Villouta, y el de Hacienda, el señor José García.
Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Educación.
El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, este proyecto se trató hoy en forma breve en la Comisión de Educación debido a que, en el fondo, es lo mismo que lo ya aprobado en el proyecto de modificación de la subvención de educación, y sólo se ha separado para los efectos de que sea ley a la mayor brevedad.
Los miembros de la Comisión conocieron sus fundamentos y se ha informado ampliamente a través de la prensa, de manera que la justificación para su rápido despacho es de todos conocida.
Enviado a la Comisión de Hacienda, ésta también lo aprobó por la unanimidad de los Diputados de Gobierno y de Oposición allí representados.
Es todo, señor Presidente.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, un asunto de Reglamento.
Solicito que la Mesa recabe un informe de la Comisión sobre el proyecto.
Aquí se ha hecho algo anecdótico al contar que el proyecto se publicó en los diarios; pero lo que nos interesa es el informe aunque no esté impreso, y lo entiendo porque se trató en la comisión de Educación en la mañana. No es suficiente decir que se trata de un asunto conocido; debemos saber cómo se tramitó el' proyecto en la Comisión. Estaría bien, que en subsidio, el señor Diputado informante de Hacienda nos entregue el contenido del proyecto en forma más detallada.
Reitero: entiendo que por la Urgencia con que se trató el proyecto no tengamos informe, pero el Diputado informante debería esmerarse en explicamos el proyecto con mayor detalle.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- El Diputado señor Bombal, ejerciendo su derecho, ha hecho una consulta de orden reglamentario al Diputado informante señor Villouta, pidiéndole mayor precisión en algunos aspectos de su informe.
El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, fui breve en exponer mi informe con el fin de que la Sala pueda tratar a continuación el proyecto sobre filiación que, como ha dicho el Diputado señor Bombal, ha sido analizado en varias oportunidades, y, además, porque la Comisión de Educación aprobó por unanimidad el proyecto, calificado de “suma” urgencia, cuyo informe nos ocupa.
En todo caso, la iniciativa corresponde a la subvención o aporte extraordinario que establece el proyecto de modificación de la USE que ya fue tratado en la Comisión de Educación y que ahora está en la de Hacienda. Se ha desglosado con el propósito de agilizar el trámite de entrega de fondos a los municipios y, en general, al sector particular subvencionado.
El mensaje señala:
“En atención a que se estima que el proyecto de ley en comento -cual es el de modificación de la subvención- no se alcanzará a promulgar en lo que resta del presente año, el Gobierno ha decidido proponer al Congreso Nacional un proyecto de ley mediante el cual se otorga una subvención extraordinaria que será pagada, por única vez, a los establecimientos educacionales subvencionados regidos por el decreto con fuerza de ley N° 5, de Educación, de 1993, en la forma y condiciones que se indican.”
Con esto se soluciona el problema de financiamiento de los municipios. Repito que en la Comisión de Educación fue aprobado el proyecto de ley de modificación dela USE para 1994, como asimismo el proyecto en análisis, que lo desglosa.
He dicho.
El señor ORTIZ.- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en relación con la consulta del Diputado señor Bombal, puedo agregar que hoy día funcionó la Comisión de Educación y por la unanimidad de los presentes acordamos aprobar el proyecto en general y en particular, el cual, como lo expresó el Diputado señor Edmundo Villouta, constituye un desglose de una parte que tiene que ver precisamente con el DFL N° 5, y voy a dar una cifra que es importante que se sepa.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, puede hacer uso de la palabra en la discusión.
El señor ORTIZ.- No habrá discusión.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Puede solicitarla ahí. Hay un Diputado informante y no puedo abrir debate. Se lo agradezco, pero Su Señoría comprenderá que hay que respetar el Reglamento.
Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor José García.
El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda acordó, por unanimidad, recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de ley, mediante el cual se entregan, por única vez, 10.241.000.000 de pesos al sistema de educación subvencionado, municipal y particular, a través de un aporte extraordinario, por alumno, de los siguientes montos:
En Educación Parvularia, $ 3.249,56; en Educación General básica, $ 3.574,88; en Educación General Básica, Séptimo y Octavo Años, $ 3.957,39; en Educación General Básica de Adultos, $ 1.694,49; en Educación General Básica Especial Diferencial, $ 10.724,63; en Educación Media Humanístico-Científica, $ 4.450,72; en Educación Media Técnico-Profesional Agrícola y Marítima, $ 7.042,51; en Educación Media Técnico-Profesional Industrial, $ 5.290,82; en Educación Media Técnico-Profesional Comercial y Técnica, $ 4.647,34; en Educación Media Humanístico-Científica y Técnico-Profesional de Adultos, $ 2.012,66.
El proyecto consigna que estas cantidades se pagarán en función de lo dispuesto en el artículo 13 del decreto supremo N° 5, de Educación, dentro de los primeros quince días de enero de 1995.
Me parece importante que la Sala tome conocimiento de dos prevenciones que hace la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, los alcaldes del país sostienen que en el monto de $ 10.241.000.000 -que he informa- dono están incluidos $2.800.000.000 que fueron entregados a comienzos de año para pagar una diferencia de la unidad de mejoramiento profesional. Los alcaldes estiman que, a pesar del proyecto, dicha cantidad se les continuará adeudando y que seguirán realizando gestiones ante el Ministerio de Hacienda para obtener su reembolso.
Por otra parte, se expresó la necesidad de que se otorgue retroactividad, al 1 de enero de 1995, al reajuste de la subvención dispuesta en el proyecto de ley en trámite, ya que el dinero que se entrega a través de esta iniciativa corresponde a recursos reservados en el presupuesto del Ministerio de Educación para 1994. Se añadió que también hay recursos reservados con idéntico propósito para 1995, los cuales se deberán entregar por la vía del proyecto que conocerá la Sala en los próximos días.
Hé dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Se acordó que no habría discusión.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señores Diputados, debo explicarles que, en conformidad con las normas reglamentarias, los proyectos calificados de "suma” urgencia deben discutirse y los señores parlamentarios tiene derecho a saber uso de la palabra.
El acuerdo que hubo era poner este proyecto en tabla para hacerlo ahora. Si los señores Diputados desean apurar su discusión, corresponde que no hagan uso de la palabra y lo despachemos. Pero no ha existido acuerdo para tratarlo sin debate.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado en general el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Bayo, Caminondo, Cantero, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Melero, Morales, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), ProkurÍ9a, Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Tohá, Taladriz, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker, Wómer (doña Martita) y Zambrano.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Como no hubo objeto de indicaciones, también queda aprobado en general.
Despachado el proyecto.
El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Pido la palabra.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, sólo para agradecer la diligencia de las dos Comisiones que estudiaron el proyecto en muy breve tiempo y lo aprobaron esta mañana, como asimismo la buena voluntad de la Mesa y de la Sala para despacharlo, puesto que es urgente entregar fondos a la municipalidades.
He dicho.
Aplausos.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Quiero hacer una precisión reglamentaria, con el fin de aclarar la duda del Diputado señor Huenchumilla.
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, no es posible, ni aun por acuerdo unánime de la Sala, suspender la discusión general de un proyecto de ley.
Dicho artículo dispone expresamente, en su parte pertinente: “En todo caso, los proyectos que se encuentren en primer o segundo trámite constitucional tendrán discusión general.”
Por esa razón, la Mesa debió someter el proyecto a discusión general.


NORMAS SOBRE FILIACIÓN. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ESPINA (Vicepresidente).- A continuación, corresponde continuar con la discusión particular del proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación. Estaban en discusión los artículos referentes a la patria potestad.
Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, quiero recordar que en la sesión anterior ya se efectuó la discusión particular de los artículos 209, 210, 212, 215, 219, 226, 230 y 246, relativos al título sobre patria potestad.
Por lo tanto, en atención a esa circunstancia, sugiero que los votemos de inmediato.
He dicho.
Varios señores DIPUTADOS.- Votemos.
El señor BOMBAL.- Estamos de acuerdo, señor Presidente.
El señor WALKER.- Señor Presidente, pido la palabra para hacer una petición reglamentaria.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor WALKER.- Señor Presidente, por su intermedio solicito el acuerdo para que ingrese a la Sala la señora Paulina Veloso.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición del Diputado señor Walker?
Acordado.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- El • mismo Diputado solicita que se cierre el debate respecto de los artículos que mencionó, los cuales se pondrían en votación de inmediato.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
Durante la votación:
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, solicito que se vote por separado el artículo 219, porque hay dos indicaciones similares sobre la tuición del cuidado personal de los hijos.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, se requiere unanimidad para acoger una indicación.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, le pido que recabe la unanimidad de la Sala.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Lamentablemente, se me indica que no existe unanimidad, señor Diputado.
Para que todos lo señores Diputados sepan con exactitud los artículos que se votarán y el señor Secretario tomo nota de ellos, la Mesa solicita al Diputado señor Walker que los enumere de nuevo.
El señor WALKER.- Señor Presidente, se votan los siguientes artículos: 209, 210, 212, 215, del primer informe, 219, 226, 230, 245, 246, es decir, todos las disposiciones relativas al título de la patria potestad.
Insisto en que la sesión anterior ya se hizo una extensa discusión sobre cada uno de ellos.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, el señor Secretario me señala que el artículo 215 fue rechazado por la
Comisión en el primer informe, y por lo tanto, no estaría en votación.
El señor WALKER.- Efectivamente, se eliminó en la votación.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Entonces, no se vota.
El señor WALKER.- Lo que se vota es la indicación que elimina el artículo como consecuencia de la supresión del artículo 245.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, se vota el segundo informe. Por lo tanto, cuando hay una indicación que suprime el artículo éste ya está eliminado.
El señor WALKER.- Eso es lo importante, que esté eliminado.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobada la indicación.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Morales, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), ProkuiÍ9a, Rebolledo, Reyes, Sabag, Seguel, Solís, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados Bombal y Leay.
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Errázuriz, Melero y Orpis.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Corresponde votar el número 28 el artículo 321, sin discusión, por no haberse renovado la indicación.
El señor WALKER.- Señor Presidente, ¿se vota la indicación?
El señor ESPINA (Vicepresidente).- No, señor Diputado; el texto que propone la comisión, no la indicación, y no se discute porque la indicación no fue renovada.
En votación el número 28, que se refiere al artículo 321 del Código Civil.
Durante la votación.
El señor BAYO.- Señor Presidente, ¿me permite?
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Si es por un asunto reglamentario, tiene la palabra Su Señoría.
El señor BAYO.- Señor Presidente, ¿me puede precisar qué votamos? El primer inciso que aparece en el N° 28 o la indicación aditiva? Muchos parlamentarios no tienen claro qué se vota.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, se le podría aclarar al Diputado señor Bayo que lo que se votará es el artículo 321, número 28, relativos a quienes se deben alimentos.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Pido a los señores Diputados que tengan la debida comprensión, ya que este proyecto es bastante complejo.
También solicito al Diputado informante que esté atento para responder las consultas que le haga algún señor Diputado sobre la materia que tratamos.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makíuf, Morales, Naranjo, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Sabag, Seguel, Solís, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bombal, Coloma, Leay, Melero y Orpis.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- En discusión el N° 43, que deroga el artículo 368.
Tiene la palabra el Diputado señor Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, este artículo es una concordancia con la derogación del artículo 215.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el N° 43.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente) .Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Morales, Naranjo, Ortiz, Palma (don Andrés), Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Tohá, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes' señores Diputados: Bartolucci, Bombal, Leay, Melero y Orpis.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo para plantear un asunto reglamentario.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, como existe un amplio consenso respecto de las disposiciones que quedan del proyecto, ¿por qué no las somete a votación en conjunto?
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con la proposición del Diputado señor Viera-Gallo, pero el artículo 7°, que introduce modificaciones a la ley N° 16.618, Ley de Menores, requiere quorum de ley orgánica constitucional para su aprobación.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, dado que buena parte de los artículos que restan son de concordancia, sugiero que los someta a votación sin discusión. En todo caso, le ruego que me confirme si los que faltan y deben someterse a votación son los artículos 994, 1337 del artículo 1° y el 2°, 5° y 7° del proyecto.
De ser así, como son concordancias de leyes y lo grueso ya se discutió, adhiero a la sugerencia del Diputado señor Viera-Gallo y propongo que se voten uno a uno, sin discusión.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para proceder como lo ha sugerido el Diputado señor Bombal?
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, por razones prácticas, le pido que una vez que votemos los artículos que no requieren quorum de ley orgánica constitucional para su aprobación, haga sonar los timbres para que los Diputados que están fuera de la Sala, vuelvan y contemos con el quorum necesario.
El señor ESPINA' (Vicepresidente).- Se hará como lo solicita Su Señoría.
Corresponde votar el N° 96, que deroga el artículo 1221.
El Diputado informante entregará su explicación.
El señor WALKER.- Señor Presidente, este artículo se deroga, para dejar sin efecto la porción conyugal y transformar al cónyuge sobreviviente en heredero, en legitimario. Ese es el sentido de la norma, que también constituye una concordancia con el contenido fundamental del proyecto.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 39 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado el N° 96 del artículo 1°.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Ascencio, Avila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Morales, Naranjo, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Prologa, Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Sabag, Silva, Solís, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Bombal, Coloma, Leay, Melero y Orpis.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- A continuación se votará el N° 97, que se refiere al artículo 1337 del Código Civil.
Tiene la palabra el Diputado informante.
El señor WALKER.- Señor Presidente, este artículo tiene por objeto, en consonancia con lo que dije anteriormente, beneficiar al cónyuge sobreviviente. Se le otorga un derecho preferente para que entere su cuota hereditaria.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado el N° 97.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Bayo, Coloma, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Errázuriz, Ferrada, Gajardo, Jara, Jeame Barrueto, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Morales, Naranjo, Navarro, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo.(doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Silva, Solís, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Corresponde votar el N° 11 del artículo 2o del proyecto.
Tiene la palabra el Diputado informante.
El señor WALKER.- Señor Presidente, con posterioridad a que el Gobierno enviara este proyecto, se aprobó la ley N° 19.335, publicada el 23 de septiembre de este año. Por lo tanto, la finalidad de este es adecuar la norma a la nueva ley, que dispone que en el acto del matrimonio los contrayentes podrán pactar separación de bienes o participación en los gananciales, que es la institución que introduce la ley N° 19.335.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado el N° 11.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Morales, Naranjo, Navarro, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Solís, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bombal, Coloma y Leay.
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados Bartolucci y Valcarce.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Corresponde votar el artículo 5°.
Tiene la palabra el Diputado informante.
El señor WALKER.- Señor Presidente, el sentido del artículo 5°, en lo referente a la ley de adopción, es adecuar el mejoramiento que se ha producido respecto del cónyuge sobreviviente en las reglas de la sucesión ab intestado. Eso es lo que estamos votando.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Si algún señor Diputado quiere hacer una consulta al Diputado informante, la puede hacer a través de la Mesa.
Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTÉVEZ.- Señor Presidente, de la lectura del artículo me da la impresión de que se refería al hijo adoptado, más que el cónyuge.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se trata del numeral 5) del artículo 5° del proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Elguéta.
El señor ELGUETA, Señor Presidente, efectivamente se refiere al adoptado, en aquellos casos del artículo 989 del Código Civil en que no hay posteridad legítima. En consecuencia, si no hay hijos, se acepta una repartición de la herencia en la forma que señala el artículo, donde se favorece al cónyuge sobreviviente respecto del adoptado y de los ascendientes. En el informe se reseña que de seis partes, la mitad corresponde al cónyuge sobreviviente, dos a los ascendientes y una al adoptado. Se prefiere la situación del cónyuge sobreviviente. Es una adaptación de lo que se hizo ya en el Código Civil.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, la norma del artículo 989 del Código Civil que rige esta materia señala que la herencia se divide en seis partes: tres para los ascendientes, dos para el cónyuge y una para el adoptado. En el proyecto se propone que las seis partes se dividan en dos para los ascendientes, tres para el cónyuge sobreviviente y uno para el adoptado; es decir, mejora la situación del cónyuge sobreviviente.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré, no Para controvertir la opinión, sino para aportar algún antecedente que esclarezca los hechos. No hay debate.
El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, la redacción del artículo, en el que estoy de acuerdo, no hace extensivos los beneficios que tuvo en cuenta el Ejecutivo respecto de los hijos adoptados.
Hay un informe de la Contraloría, que pido a la señora Ministra que considere en el segundo trámite constitucional, que diferencia los mecanismos y los procedimientos para que el INP cancele los beneficios a los hijos adoptados de padres fallecidos. Se produce una discriminación, lamentablemente, por vacío de las disposiciones legales y no se cubren los derechos o las correcciones que se establecen en este artículo!
El pronunciamiento de la Contraloría hace imposible que los beneficios del INP puedan hacerse extensivos a los hijos adoptados en el procedimiento normal, y sería bueno que la señora Ministra lo tuviera presente para corregir la situación en el segundo trámite constitucional.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Cinco señores Diputados han pedido la palabra, y la unanimidad de la Sala adoptó el acuerdo de votar de inmediato. No podemos romperlo, salvo que existiera unanimidad y abriéramos debate.
No hay unanimidad.
El señor VIERA-GALLO.- Pido la palabra sobre un asunto reglamentario.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, es muy importante que la Sala sepa qué va a votar.
Pediría que solicitara la autorización para que la Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Paulina Veloso, que siguió el estudio del proyecto en detalle en la Comisión, pudiera explicar de qué se trata, porque creo que los parlamentarios han entendido que se refiere a todos los tipos de adopción, cuando se refiere sólo al contrato de adopción. Entonces, es importante que sepan que una cosa es la legitimación adoptiva, y otra, el contrato de adopción. Ella lo podría explicar mejor que yo.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- ¿Habría unanimidad para que la señora Subdirectora pudiese explicar el contenido del artículo?
Acordado.
Tiene la palabra la señora Subdirectora.
La señora VELOSO (Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer). Señor Presidente, el artículo se refiere al contrato de adopción, no a los adoptados, que tiene la calidad de hijos legítimos y sus mismos derechos. Por lo tanto, se entiende que están comprendidos ahí. Aquí se habla del contrato que puede celebrar una persona, incluso soltera, situación que está considerada en la Ley N° 7.613, que es la que se está modificando.
La ley actual los considera como hijos naturales. En el proyecto se les sigue considerando con menos derechos que los hijos legítimos; por eso, aparecen en la Ley de Adopción.
Esta es la explicación.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Gracias, señora Subdirectora.
En votación el numeral 5), del proyecto artículo 5°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Morales, Moreira, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Prokurisa, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Solís, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Bombal, Errázuriz, Leay, Orpis y Valcarce.
El señor WALKER.- Señor Presidente, solicito que el próximo artículo quede para el final, porque tiene rango de Ley Orgánica Constitucional.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar ese artículo, dejando constancia de.que se reunió el quorum correspondiente.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, me parece que no puede aprobarse un artículo si no existe quórum. Si es así, establezcamos que....
El señor ESPINA (Vicepresidente).- No, señor Diputado, pregunto si habría unanimidad para aprobar ese artículo. Si no, está en su derecho.
El señor BOMBAL.- Si están los votos, no hay ningún inconveniente.
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, si no hay unanimidad, por favor suspenda la sesión por dos minutos, como se lo había pedido.
El señor BOMBAL.- ¿Me permite?
El señor ESPINA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, no quisiera que quedara una situación confusa respecto de la materia, le ruego que precise cuál fue la consulta.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Ya hay otros señores Diputados que han señalado que no.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, a lo mejor entendí mal la consulta. No se trata de que se haya querido simular un quorum; ese es claro. ¿O se pretendió simular un quorum?
El señor ESPINA (Vicepresidente).- ¡Cómo va a querer la Mesa simular un quorum!
El señor BOMBAL.- Por eso, solicito la precisión.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Cuando la Mesa señala si hay unanimidad, es para los efectos de determinar si alcanza el quorum o no. Por lo tanto, puede someter a votación el artículo y no suspender la sesión.
A petición del Comité Demócrata Cristiano, como se ha hecho tradicional y habitualmente en la materia, se suspende la sesión por dos minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión.
En votación el número 1) del artículo 7°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- No se alcanzó el quorum constitucional para aprobarlo,
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Morales, Moreira, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Solís, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wómer (doña Martita) y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados Leay y Orpis.
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bombal, Coloma y Melero.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora BILBAO (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).- Señor Presidente, al terminar esta etapa del trabajo, quiero agradecer a cada uno de los Diputados por su paciencia y preocupación y porque finalmente hemos podido llevar a buen término el proyecto.
Se trata de una iniciativa de extraordinaria importancia que producirá grandes modificaciones en nuestra sociedad, sobre todo en términos de responsabilidad de la paternidad y de la maternidad.
Agradezco también a los Diputados que participaron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quienes hicieron aportes que permitieron perfeccionarlo en varios aspectos.
Muchas Gracias.


VII.PROYECTOS DE ACUERDO.

El señor SOTA (Presidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor VIERA-GALLO.- Pido la palabra por un problema reglamentario.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, parlamentarios de todas las corrientes de opinión hemos presentado un proyecto de acuerdo sobre los jubilados, pensionados y montepiados. Pensábamos que se trataría hoy, y no lo vemos en la carpeta, seguramente por el orden. Como existe acuerdo unánime, solicito que se vea en primer lugar, ya que se trata de un tema que a todos preocupa y en el que todos han participado.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala?
El señor ELIZALDE.- No, señor Presidente.
El señor SOTA (Presidente).- Reconociendo su buena voluntad, le rogaría que dé, los argumentos, señor Diputado.
El señor ELIZALDE.- No voy a dar el acuerdo, señor Presidente.
No hay acuerdo.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, el tema es muy importante, es necesario que la inmensa mayoría de los parlamentarios participe en la discusión del proyecto apenas volvamos del receso parlamentario.
El señor SOTA (Presidente).- Bueno. No hay acuerdo por el momento.
Propongo a la Sala que si en los veinte minutos, no se alcanzaren a despachar los cuatro primeros proyectos de acuerdo, en todo caso pudiéramos discutir y votar el cuarto.
El señor LEAY.- Pido la palabra.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEAY.- Señor Presidente, ¿tiene algún interés particular?
El señor SOTA (Presidente).- Sí, señor Diputado. Lo he tratado de explicar.
El señor LEAY.- Si Su Señoría lo pide, doy la unanimidad.
El señor SOTA (Presidente).- Señores Diputados, se trata de que en la sesión pasada, no obstante estar presentes los representantes de los numerosos sindicatos del cuero y del calzado que habían venido especialmente para el efecto, sólo pudo discutirse un proyecto que había sido presentado por el señor Seguel. Felizmente, fue aprobado después de una dificultosa obtención del quorum correspondiente.
Ahora hay un segundo proyecto sobre la misma materia, y han venido todas las federaciones del cuero de Chile. Quiero que ocupemos no más de cinco minutos en su despacho. Está en cuarto lugar.
En consecuencia, pido que lo tratemos, aun cuando -a lo mejor no es necesario- no se alcanzará a despachar en los veinte minutos. A lo mejor necesitamos 25 minutos.
El Diputado señor Elizalde ha dado su acuerdo. Se lo agradezco.
¿Habría acuerdo de la Sala?
Acordado.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, yo estaba pidiendo la palabra cuando Su Señoría solicitaba el acuerdo de toda la Sala, y por eso tal vez no me vio ni me oyó. Quería decirle que daba el acuerdo siempre y cuando lo tratáramos sin discusión; de lo contrario, no lo doy.
Un señor DIPUTADO.- No acepte, señor Presidente. ¡El acuerdo está tomado!
El señor VALCARCE.- Esa es una falta de respeto.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, Reglamento.
El señor VALCARCE.- Punto de Reglamento.
El señor SOTA (Presidente).- Diputado señor Andrés Palma, lo siento enormemente, porque no lo vi. Me estaba dirigiendo al único Diputado que se había opuesto el señor Elizalde, por lo que he declarado aprobada mi petición.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, es lamentable su actitud porque se trata de un proyecto de acuerdo por el cual usted ha traído gente aquí. Entonces miró a algunos parlamentarios y a otros no.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALMA (don Andrés).- No voy a reclamar de su conducta, señor Presidente, pero Su Señoría sabe que actuó indebidamente.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SOTA (Presidente).- Bien.
Se procederá a la lectura y discusión de los proyectos de acuerdo.


MODIFICACIÓN DE COSTOS Y FECHA DE ENTREGA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN COMUNAS DE SANTA MARÍA Y SAN ESTEBAN. (Quinta Región).

El señor SOTA (Presidente).- El señor Prosecretario procederá a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 169 de los Diputados señores Rodríguez, Bartolucci, Leay, Prokurica, Vargas, Pérez, Opazo, Moreira, Caminondo, Taladriz, García, don René; Soria, Letelier, don Felipe; Karelovic, Hamuy, Sabag y Valcarce.
Considerando que:
1.El martes 8 de noviembre esta Cámara aprobó un proyecto de acuerdo tendiente a que las comisiones de Economía y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se constituyan en forma conjunta, con el fin de recibir, en sesión especial, la información y antecedentes de que dispongan el directorio y los ejecutivos de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S.A., en relación con las modificaciones que han sufrido respecto de su costo y fecha de entrega; la realización de las obras de alcantarillado del Gran Valparaíso, licitadas internacionalmente.
2.En la actualidad se ha podido constatar por parte de la opinión pública y autoridades locales que las obras que se están realizando en las comunas de San Esteban y Santa María para la construcción de sus respectivos sistemas de alcantarillado, han sufrido situaciones similares a las que han dado origen al acuerdo referido, en lo que dice relación con el retraso de la entrega de las obras y variación de los costos originalmente establecidos, amén de otras irregularidades en el cumplimiento por parte de las empresas contratistas de lo regulado por las Especificaciones Técnicas Generales.
3.Tales obras se están realizando con financiamiento de fondos FndrBID, vale decir, utilizando recursos públicos.
4.Si bien las obras de alcantarillado de estas dos comunas se están ejecutando sobre la base de licitaciones nacionales, no es menos cierto que las razones que ameritan una investigación acabada de la forma en que se están llevando a cabo las obras de alcantarillado del Gran Valparaíso son igualmente valederas para los casos de las comunas de Santa María y San Esteban.
Por tanto, y en mérito de las consideraciones expuestas, vengo en proponer la aprobación del siguiente proyecto de acuerdo:
“Extender las atribuciones otorgadas a las comisiones conjuntas de Economía, Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, con el fin de recibir en sesión especial, los antecedentes de que disponen tanto el directorio como los ejecutivos de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S.A., en relación con las modificaciones que han sufrido respecto de sus costos y fecha de entrega, la realización de las obras de alcantarillado de las comunas de Santa María y San Esteban.”
El señor SOTA (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor parlamentario que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor ELIZALDE.- Aprobémoslo sin discusión.
El señor BOMBAL.- Se podría aprobar sin discusión.
El señor FERRADA.- Sí.
El señor SOTA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlo unánimemente?
El señor SEGUEL.- ¡No!
El señor ELGUETA.- Que se vote.
El señor SOTA (Presidente).- Conforme.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado.
El señor VILLOUTA.- Está malo el resultado, señor Presidente.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor VILLOUTA.- No, señor Presidente. Está mala la votación.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, problema reglamentario.
Está malo el resultado porque suma 36; por lo tanto, no pueden haber 39 votos a favor, como ha dicho el señor Prosecretario. ¡Se equivocó!
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Rectifico el resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SOTA (Presidente).- Perdón. Había un error.
Vamos a repetir la votación.
El señor Prokurica ¿Cuál es el quorum requerido?
El señor SOTA (Presidente).- Treinta y ocho votos, señor Diputado.
En votación por segunda vez.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Caminondo, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elizalde, Errázuriz, Ferrada, García (don José) Jeame Barrueto, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Morales, Moreira, Navarro, Orpis, Ortiz, Prokurica, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Solís, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vilches, Villouta y Wómer (doña Martita).
Votó por la negativa el Diputado señor Reyes.
Se abstuvo el diputado señor Jara.


ELIMINACIONES DE CORPORACIONES PRIVADAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DE LA SALUD.

El señor SOTA (Presidente).- Se dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 170 de los señores Errázuriz, Pérez, don Ramón; Álvarez-Salamanca, García, don René; Martínez, don Rosauro; Hamuy, Moreira, Jürgensen, Letelier, don Felipe; Taladriz, Morales, Sabag, Villouta, Karelovic, Zambrano, Alvarado, Valenzuela, Huenchumilla, Valcarce, Hernández, Makluf, Venegas, Galilea y Solís.
La administración de la educación y de la salud de los establecimientos municipalizados se lleva a cabo directamente por las municipalidades, a través de departamentos municipales, o vía corporaciones privadas presididas por el alcalde. Hay corporaciones, como las vinculadas a la Sociedad de Fomento Fabril y otras que también administran establecimientos de educación, pero que están fuera del ámbito de este proyecto de acuerdo.
Las corporaciones municipales tienen algunas características muy particulares:
1.No están sujetas a fiscalización de la Contraloría sino sólo en lo que se refiere al destino de la subvención otorgada, en efecto, el DFL N° 2 13063 del Ministerio del Interior, del año 1980, modificado por el decreto ley N° 3.477, que introdujo las corporaciones a la administración de los servicios traspasados, dice que la Contraloría fiscalizará a las corporaciones sólo en lo que se refiere el artículo 25 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría dicho artículo señala que la Contraloría sólo fiscalizará que los recursos municipales otorgados a las corporaciones vías subvenciones, se utilicen únicamente en los finés para'los que fueron otorgados. Con cargo a estos recursos se pueden pagar remuneraciones sin que la Contraloría pueda fiscalizar esta materia, su fiscalización corresponde a la Dirección del Trabajo.
2.Por su calidad de corporaciones privadas, tampoco están sujetas a la fiscalización de esta Cámara de Diputados;
3.Algunas corporaciones se han transformado en hijuelas pagadoras de servicios electorales, en efecto, no tienen planta fija, lo que ha motivado un incremento indiscriminado de personal;
4 Las remuneraciones y desahucios consumen parte sustantiva de los recursos otorgados vía Fapen en Salud y vía USI en educación;
5.Lo anterior ha llevado a un grave desfinanciamiento del sistema municipal. Por otorgar recursos a las corporaciones, las municipalidades han reducido de manera importante los recursos que hubieran podido destinar a desarrollo local.
Por las consideraciones expuestas, la Cámara de Diputados ha aprobado el siguiente
Proyecto de Acuerdo:
“Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que envíe un mensaje eliminando las corporaciones privadas creadas por las municipalidades y presididas por el alcalde que administran hoy la educación y la salud, transfiriendo a las propias municipalidades estas actividades.”
El señor SOTA (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, felicito a los parlamentarios que han presentado este proyecto de acuerdo y me sumo al apoyo del mismo, porque creo que las corporaciones privadas, creadas por las municipalidades y presididas por los alcaldes, que hoy administran la educación y la salud como señala el proyecto de acuerdo, no cumplieron con el objeto para el cual fueron creadas.
Al crearlas, la idea fue incorporar al sector privado a la gestión, al aporte de recursos, a la planificación de los servicios sobre los cuales los municipios tienen responsabilidad directa en la atención primaria de salud y en la educación prebásica, básica y media. Sin embargo, este objetivo no se cumplió. En la actualidad estas corporaciones, en la práctica, no implican ningún aporte del sector privado. Por el contrario, muchas veces entraban una buena gestión de estas áreas y, por cierto, por ser corporaciones privadas, tienen problemas importantes -en algunos casos no menores- de fiscalización, no sólo por parte de la Contraloría General de la República o del Parlamento, sino de las propias autoridades municipales, en algunos casos, incluso los alcaldes están en minoría dentro de ellas. Por lo tanto, el propio municipio el alcalde o el consejo, en muchos casos, no tienen control sobre las políticas de educación y de salud en el ámbito municipal.
En este sentido, comparto con los Diputados patrocinantes del proyecto, y los felicito, en particular a los Diputados señores Maximiano Errázuriz, Ramón Pérez, Pedro Álvarez-Salamanca, René Manuel García y Rosauro Martínez que aparecen firmando en primer lugar, entiendo que ha sido presentado por el Diputado señor Maximiano Errázuriz y no seguiré haciendo uso de la palabra para que él pueda referirse al proyecto.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Errázuriz. Resta un minuto y medio del tiempo.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, quiero manifestar que este proyecto de acuerdo tuvo su origen en la experiencia que han revelado la mayor parte de estas corporaciones, porque si bien es cierto, hay algunos que funcionan extraordinariamente bien, otras, en cambio, no lo han hecho en la misma forma.
Hice las consultas a la Contraloría General de la República para determinar la facultad de fiscalización que tenía respecto de ellas, y me informaron que, en la práctica, sólo puedo fiscalizarlas respecto de las materias contenidas en el artículo 25 de la ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría. Esa norma dispone que la Contraloría sólo puede fiscalizar los recursos municipales otorgados a las corporaciones, a través de subvenciones que se utilicen únicamente para los fines para los cuales fueron dados, con cargo a esos recursos, la corporación puede hacer, incluso, pago de remuneraciones sin ninguna fiscalización, de manera que, en la práctica, se trata de que sus funcionarios se encuadren dentro de los límites que actualmente tienen los funcionarios municipales y que, en definitiva, no se utilice el recurso de que la municipalidad, a través del alcalde como Presidente de la Corporación, contrate personas vía corporación. Ese es el objetivo del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Para impugnar el decreto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, concuerdo con el análisis que se hace respecto de lo que han significado estas corporaciones, y me parece que aquí hay un cambio de actitud que se debe felicitar.
En efecto, cuando se estableció el Estatuto Docente, en su momento, el Ejecutivo solicitó la eliminación de todas las corporaciones debido a la falta de fiscalización y a los abusos existentes, lo que no fue posible porque hubo una actitud política de defender intereses del momento, en que había alcaldes de Oposición al Gobierno y, adicionalmente, contratos y personal que los administraba, que el Ejecutivo considerabase que se debían eliminar. La Oposición, en su momento, no aceptó este cambio por razones de tipo político.
La pérdida de los municipios, por el contrario, ha significado reconocer la verdad establecida en su momento, en cuanto a que se producían irregularidades.
Hoy se pide la elaboración de un proyecto similar al que fue remitido hace cuatro años a este Parlamento. Como está en discusión la modificación del Estatuto Docente, lo oportuno habría sido presentar una indicación para superar esa falencia.
De la información proporcionada por los municipios a la Comisión de Hacienda, donde se está viendo el tema, se concluye que hay corporaciones eficientes y deficientes y que los abusos en los departamentos municipales existentes a lo largo del país han sido similares a los producidos en las corporaciones.
¿De qué se trata? De que dichas entidades se transformen en corporaciones de derecho público que puedan ser controladas y fiscalizadas no sólo por la Contraloría, sino también por el Parlamento. Y en ese sentido, más que la elaboración de un proyecto de ley, es preferible avanzar en el estudio en la Comisión de Hacienda y en la Sala, formulando indicaciones -ya las hemos hecho llegar al Presidente de la República, a través del Ministro de Hacienda- para superar el tema.
Ahora, una demora en redactar un nuevo proyecto, manteniendo la actual situación en el tiempo, sólo provocará más discusiones, las cuales no van a superar lo que debemos hacer.
Efectivamente, el planteamiento por el cual se pidió al Presidente de la República el envío de un proyecto para terminar con las corporaciones y formular las denuncias que aquí se han hecho responde a una realidad que también existía hace cinco años. Inclusive, de tal gravedad, que significó el retiro de gran parte de los recursos destinados a educación, porque se habían utilizado en pagar indemnizaciones fuera de toda lógica; contratos absolutamente irregulares, con participación de personas ajenas a la educación y a la salud. En la práctica, sólo servían para atender cuestiones de tipo político en ese tipo de administración.
Me opongo al proyecto porque la oportunidad para transformar definitivamente dichas corporaciones en entes de derecho público, a fin de terminar con las irregularidades, la tenemos en el proyecto hoy en trámite en el Parlamento.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Hay dudas sobre el resultado de la votación. Se va a repetir.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Ávila, Aylwin (don Andrés), Dupré, Elgueta, Errázuriz, Esté vez, Gajardo, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Morales, Moreira, Navarro, Palma, don Andrés; Reyes, Solís, Sota, Tohá, Urrutia, (don Salvador), Villegás, Villouta, Walker, Wómer (doña Martita) y Zambrano.
Votó por la negativa el Diputado señor: Ascencio, Bartolucci, Bombal, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Elizalde, Leay, Melero y Rodríguez.
Se abstuvo el Diputado señor: Bayo, Caminondo, Jara, Orpis y Prokurifa.


PLAN PARA CONTRARRESTAR CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO DE TURISMO CHILENO EN ARGENTINA.

El señor SOTA (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto dé acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 171, de los señores Makluf, Venegas, Ascencio, Kuschel, Errázuriz, Villegas, García, don René; Encina, Villouta, Hernández, Letelier, don Felipe; Morales, Taladriz, Moreira, Karelovic, Jürgensen, Pérez, don Ramón; Urrutia, don Salvador; Zambrano, Hamuy, Sabag, Rodríguez, Valcarce, Hernández, León, Galilea, Solís y señora Prochelle.
“Considerando:
“1.- Que a lo largo de la temporada de verano han ingresado en los últimos años al país, en calidad de turistas, una cifra aproximada de un millón de ciudadanos argentinos por los distintos pasos fronterizos habilitados en todo el territorio nacional.
“2.- Que de acuerdo a cifras entregadas por organismos públicos y privados ligados al negoció del turismo, los visitantes de procedencia argentina permanecen en el país entre trece a catorce días, como promedio, gastando una cantidad estimada de US$ 50 diarios, lo que constituye un ingreso significativo de divisas y una fuente de dinamismo para el comercio nacional.
“3.- Que se tiene conocimiento, por diversas fuentes, que se ha desarrollado en algunas ciudades argentinas una campaña interesada de desprestigio del turismo nacional, utilizando el falso argumento de que como consecuencia del malestar existente en Chile por el fallo arbitral adversó en el caso de Laguna del Desierto, los visitantes argentinos no contarían con condiciones de seguridad y tranquilidad en sus desplazamientos por el territorio chileno.
“4.- Que como ha quedado demostrado en recientes confrontaciones de carácter deportivo entre ambos países, no existe entre la población chilena ninguna animosidad específica que amenace a los visitantes argentinos y que, además, se han desarrollado importantes inversiones en el área turística para atender de mejor manera a quienes deseen visitar nuestro país.
“5.- Que sin perjuicio de las acciones qué en el caso del arbitraje de Laguna del Desierto, pudiera emprender el Estado de Chile, en uso de las atribuciones que le confiere el derecho internacional, existe entre las autoridades y el pueblo de Chile la voluntad de promover activamente el desarrollo del turismo entre ambos países.
“La Cámara de Diputados acuerda:
“1.- Solicitar al Ministerio de Economía, a través del Servicio Nacional de Turismo, que evalúe urgentemente los alcances de la campaña de desprestigio del turismo chileno que se ha desarrollado en las principales ciudades argentinas, y que elabore y ejecute un plan de acción destinado a contrarrestarla y a restaurar la verdad.
“2.- Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que la Embajada y los Consulados acreditados en la República Argentina contribuyan a promover acciones tendientes a superar esta campaña de desinformación que podría afectar a la industria turística chilena.
El señor SOTA (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
El señor MAKLUF.- Pido la palabra.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAKLUF.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo está fundado en la importancia que tiene la actividad turística para nuestro país.
En los años recientes, el país ha tenido alrededor de un millón de visitantes, provenientes, en especial, de países vecinos, los que, en promedio, han estado por cerca de 13 a 14 días, gastando una cantidad estimada en 50 dólares diarios, lo que representa un ingreso importante de divisas para nuestro país.
El turismo se ha constituido prácticamente en la tercera actividad económica del país, y creo que debemos protegerlo.
A propósito de las circunstancias derivadas de la aprobación del laudo arbitral sobre Laguna del Desierto, han surgido rumores de campañas en el territorio argentino en contra de la venida de ciudadanos del vecino país a nuestra nación.
Por lo tanto, a través del proyecto de acuerdo, solicitamos que se oficie al Ministerio de Economía, para que, a través del Servicio Nacional de Turismo, evalúe la situación y elabore los programas correspondientes; y al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que la Embajada y los consulados acreditados por nuestro país en Argentina hagan lo mismo, con el objeto de contribuir a promover acciones destinadas a superar esta campaña de desprestigio eventual en contra de nuestras ciudades.
Señor Presidente, por lo claro del proyecto, solicito su aprobación.
El señor SOTA (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que quiera impugnar el proyecto de acuerdo.
El señor ESTÉVEZ.- Pido la palabra.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESTÉVEZ.- Señor Presidente, concuerdo con el espíritu de lo que plantea el Diputado señor Makluf, en cuanto a que haya una ofensiva positiva hacia nuestro turismo en Argentina. Lo que me parece delicado es que la Cámara de Diputados señale que existe una campaña de desprestigio contra Chile, lo que figura en el primer punto de las conclusiones del proyecto de acuerdo, porque no hemos visto los antecedentes que nos permitan hacer la afirmación. A lo mejor, hay sectores interesados que producen rumores.
Si hablamos de evaluar esa situación, estoy de acuerdo.
No quiero contradecir la idea fundamental de la propuesta del Diputado señor Makluf, que me parece razonable, pero considero delicado, por la forma en que está redactada, que pudiera estimarse y divulgarse en el exterior que la Cámara de Diputados de Chile ha declarado que hay una campaña de desprestigio contra nuestra nación. Eso puede traer consecuencias diplomáticas, lo cual estoy cierto de que está lejos del alcance que desea dar a la iniciativa el Diputado señor Makluf.
Quizás, se pudiera revisar la redacción -tal vez en la Comisión de Relaciones Exteriores- o rediscutir un texto una vez que el propio Diputado, que pertenece a la Comisión Chile-Argentina, regrese de ese país en la próxima semana.
Lo que me preocupa no es la esencia del proyecto de acuerdo, sino que, en la forma, estemos haciendo una aseveración impropia en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma, por un minuto.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, quiero sumarme a las observaciones del Diputado señor Estévez, planteando un punto adicional: que los Diputados patrocinantes del proyecto de acuerdo lo retiren para que su texto sea revisado.
El hecho de que la Cámara exprese la idea en tales términos, reforzará la campaña de desprestigio del turismo chileno, porque, en definitiva, aquí no hay ninguna campaña antiargentina. Pero, tal cual está redactado, quienes eventualmente puedan instigar a los ciudadanos argentinos, que acuden habitualmente a veranear a Chile, para que no lo hagan, lo tomarán como un antecedente más, aduciendo que en Chile, hay una campaña tal que se les está acusando de algo impropio.
En definitiva, el efecto comunicacional del acuerdo puede ser exactamente el inverso del que se pretende por parte de los Diputados que han presentado el proyecto.
Por esta razón, solicito a los Diputados patrocinantes una nueva discusión del proyecto de acuerdo.
El señor SOTA (Presidente).- Es tan larga y numerosa la lista de los señores Diputados patrocinantes, que pedir el retiro...
El señor MAKLUF.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor SOTA (Presidente).- Procede sólo la votación, señor Diputado.
El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, estamos excedidos en el tiempo; no podríamos votarlo tampoco.
El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado, hay acuerdo para excederse en el tiempo.
El señor MAKLUF.- Reglamento, señor Presidente.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAKLUF.- Señor Presidente, dadas las razones aducidas por los Diputados señores Estévez y Andrés Palma, me parece que podría mejorarse la redacción en un sentido positivo.
El señor SOTA (Presidente).- Perfecto, se retira el proyecto de acuerdo.
El señor LEAY.- No, señor Presidente.
Hay muchos firmantes que no están en la Sala y, por lo tanto, no se puede retirar.
El señor SOTA (Presidente).- Hay una objeción reglamentaria, que es procedente.
Lo siento mucho y se lo expliqué a los autores de la iniciativa: mientras no manifiesten su voluntad todos los firmantes, no se puede retirar el proyecto.
El señor PALMA (don Andrés).- Reglamento, señor Presidente.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, denantes solicitó el acuerdo de la Sala para tratar otro proyecto, aun cuando no alcanzara el tiempo.
Entiendo que están vencidos los 20 minutos para tratar los proyectos de acuerdo; por lo tanto, aunque procediera sólo la votación, no podría efectuarse. Como ya está vencido el plazo, debiéramos ver aquel proyecto para cuyo tratamiento Su Señoría concedió denantes el acuerdo.
El señor SOTA (Presidente).- No, señor Diputado, no participo de su interpretación reglamentaria.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, estamos fuera del tiempo para la votación de los proyectos de acuerdo.
El señor SOTA (Presidente).- Acabo de explicar al diputado señor Villouta que hubo un acuerdo unánime de la Sala para prorrogar la hora.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido que el señor Secretario certifique el acuerdo de la Sala.
El señor GAJARDO.- Solicito segunda discusión.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- El acuerdo consistió en despachar en la presente sesión cuatro proyectos de acuerdo. Estamos en el tercero y queda un cuarto.
El señor SOTA (Presidente).- ¿Habría acuerdo unánime para traspasar el proyecto a la Comisión de Relaciones Exteriores?
El señor LEAY.- No, señor Presidente.
El señor SOTA (Presidente).- No habiendo acuerdo, simplemente se va a votar.
En votación.
Durante la votación:
El señor NAVARRO.- Pido la palabra.
El señor SOTA (Presidente).- Estamos en votación, señor Diputado.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nos va a obligar a votar en contra.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- No hay quorum. Se va a repetir la votación.
Durante la votación:
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, solicito que recabe nuevamente el acuerdo de la Sala para enviar el proyecto a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor SOTA (Presidente).- No hay acuerdo, señor Diputado.
El señor NAVARRO.- Nos está obligando a votar en contra del proyecto.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor SOTA (Presidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Ascencio, Aylwin (don Andrés), Cristi (doña María Angélica), Errázuriz, Makluf, Moreira, Rodríguez, Sabag, Solís, Sota, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Villegas, Villouta y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Arancibia, Bombal, Coloma, Elgueta, Elizalde, Estévez, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Melero, Morales, Navarro, Orpis, Prokuica, Reyes, Rocha, Tohá y Walker.
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Ávila, Bartolucci, Bayo, Caminondo, Dupré, Gajardo, Jara, Jeame Barrueto y Wómer (doña Martita).


SOLUCIÓN A PROBLEMAS DERIVADOS DE IMPORTACIÓN DE CALZADO USADO.

El señor SOTA (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los Diputados señores
Sola, Coloma, Viera-Gallo, Palma, don Andrés; señora Prochelle, doña Marina; señores Letelier, don Felipe; Bombal, Melero, Moreira, Karelovic, Urrutia, don Salvador; Pérez, don Ramón; Zambrano, Navarro, Hamuy, Sabag, Rodríguez, Valcarce, Hernández, León, Villouta, Álvarez-Salamanca, Galilea, Jürgensen, Solís y señora Allende:
“Considerando:
“1°.- Que hoy se puede observar una preocupante situación en las industrias relacionadas con el cuero y calzado, ya que se ha generado un explosivo aumento del desempleo en el sector y se ha producido el cierre de numerosas empresas dedicadas al rubro.
“En efecto, resulta trágico constatar que conforme a los antecedentes disponibles, en los últimos tres meses, han desaparecido más de dos mil empleos productivos, y durante los últimos años, las más de mil empresas o talleres existentes se han reducido a aproximadamente 500 organizaciones orientales a tal actividad.
“2°.- Que resulta claro que la causa principal de esta delicada situación radica en el gran aumento de las importaciones de este producto, que el año 1993 alcanzaron a más de 7 millones de pares y este año se proyecta a 14 millones de pares.
“3°.- Que es evidente, asimismo, que tal pérdida de competitividad no se basa en un problema de eficiencia, sino que sobre todo en los subsidios ya comprobados del calzado importado, que lo hacen ingresar a Chile en condiciones que imposibilitan la competencia, causando así grave daño a la empresa nacional.
“4°.- Que esta última circunstancia es en sí grave y dañina para el país, ajena al espíritu de una economía de libre mercado y que debe ser eficaz y rápidamente contrarrestada por la autoridad económica.
“5°.- Que por desgracia la Comisión de Distorsiones existente en el país, a pesar de tener hace mucho tiempo los antecedentes de esta situación, no ha emitido pronunciamiento ni disposición alguna tendiente a revertir esta injusta situación, con el consiguiente daño, cesantía y cierre de empresas que se han constatado.
“6°.- Por otra parte, también se ha podido comprobar la internación a Chile durante los últimos meses de 250 toneladas de calzado usado, a pesar de las denuncias de organismos especializados en cuanto al daño a la salud que provoca tal producto, particularmente por las posibles infecciones adheridas a éste, como a las deformaciones óseas que una horma ya adecuada a un primer usuario puede generar en los posteriores, y
“7°.- Que del mismo modo, el Ministerio de Salud, a pesar de estar requerido para ello, tampoco ha expresado pronunciamiento sobre esta delicada materia, lo que ha generado un gran aumento de este tipo de importación, con toda la inquietud sanitaria que ello genera. Por tanto, se propone a la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
Solicitar de S.E. el Presidente de la República, si lo tiene a bien, el más pronto estudio de la actual crisis del calzado, disponiendo soluciones efectivas y ágiles para impedir el aumento de la cesantía y el cierre de empresas del sector. Asimismo, en forma muy especial, estudiar rápidamente el pronunciamiento de la Comisión de Distorsiones de Importación, para exigirles cautelar la libre competencia y combatir los subsidios indebidos a las importaciones que causan daño al país. Finalmente, si lo tiene a bien, requiera del señor Ministro de Salud un pronunciamiento inmediato respecto de los efectos sanitarios de la importación de calzado usado, en términos de impedir tal ingreso en caso de comprobarse las denuncias formuladas.”
Pasa a presidir en forma accidental el Diputado señor Dupré.
El señor BOMBAL.- Votemos el proyecto sin discusión, señor Presidente.
El señor ELIZALDE.- Sin discusión, señor Presidente.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
Como se encuentran inscritos para intervenir los Diputados señores Coloma y Sota, y han pedido la palabra los Diputados señores: Seguel, Navarro, Palma, don Andrés; Ávila, Estévez, Encina y Sabag, propongo a la Sala inscribir a dos Diputados por bancada, otorgándoles un tiempo de dos minutos.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, lo mejor para el buen funcionamiento de la Cámara es respetar las finalidades y cumplir con el Reglamento.
El señor MELERO.- Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELERO.- Señor Presidente, reglamentariamente no existe el sistema de inscripciones previas. Es facultad de quien dirige la sesión otorgar en forma discrecional la palabra hasta por cinco minutos a favor y cinco minutos en contra.
Su Señoría tiene que resolver si cede la palabra a quien le parezca y luego somete a votación el proyecto.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Señor Diputado, conozco perfectamente el Reglamento y le agradezco el recuerdo que Su Señoría hace de él.
Lo que pretendía era zanjar una dificultad de hecho que se produjo porque el Diputado señor Seguel, en su justo derecho, manifiesta que es autor de un proyecto similar, que se votó ayer.
Están inscritos en primer y segundo lugar, respectivamente, los Diputados señores Coloma y Sota.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra, por un asunto reglamentario.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, usted ha dicho que conoce muy bien el Reglamento, pero parece que no es así porque lo que ha expresado el Diputado señor Melero se ajusta estrictamente a lo que establece el Reglamento.
No puede haber inscripción antes de que se ofrezca la palabra. Si simultáneamente la piden dos o más Diputados, el Presidente la puede otorgar discrecionalmente. Por lo tanto, usted debe ofrecer la palabra y otorgarla en forma discrecional.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Es lo que haré señor Diputado.
Aunque no existe la inscripción previa, lo que he señalado es una realidad, lo cual no significa que no pueda hacer uso de las facultades que me otorga el Reglamento.
Tiene la palabra el Diputado señor Navarro por un asunto reglamentario.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sólo para señalar que retiro mi petición de usar la palabra, con el objeto de dar un trámite rápido al proyecto de acuerdo.
Lo más conveniente es que usen la palabra los Diputados señores Coloma y Sota para que asuman la defensa del proyecto y no dilatar más su discusión.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEAY.- Señor Presidente, al igual que muchos otros, este proyecto ha despertado el interés de la Cámara, pero el uso de la palabra debe otorgárselo a los Diputados señores Coloma y Sota, que son los autores del proyecto.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que sostenga el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, resulta claro que en los últimos meses el país vive una crisis en el sector del cuero y calzado, que ha dejado una profunda huella en las actividades vinculadas a él. Como simple dato, que la Cámara de Diputados bien conoce, podemos decir que han perdido más de dos mil empleos y más de 500 talleres o fábricas han debido cerrar. Esto, básicamente, debido a las importaciones, las cuales han subido de 7 millones a una cantidad estimada en 14 millones de pares de zapatos.
Eso está dentro de las reglas del mercado y no sería causal de un proyecto de acuerdo, a no mediar que la razón para este aumento no radica en un problema de competitividad, sino de política cambiaría, que no es del caso resolver por nosotros. Será la autoridad la que tome las medidas pertinentes; pero, la causa fundamental del problema es la existencia de subsidios en los países extranjeros, que entregan a los fabricantes locales para que, de esa manera, puedan vender sus productos a bajo precio.
Adicionalmente, se ha visto un aumento muy importante del zapato usado que, según todas las indicaciones que hemos tenido a la vista, efectivamente provocan daño a la salud de los chilenos, por la vía de hongos o bacterias o por las deformaciones óseas que puedan producir.
Por lo tanto, este proyecto de acuerdo, suscrito por representantes de todos los partidos políticos, tiene por objeto solicitar al Presidente de la República el urgente estudio de la situación del calzado para evitar que se sigan perdiendo fuentes de empleo, y solucionar esta verdadera crisis que está golpeando a muchas familias chilenas.
Por otra parte, busca agilizar el pronunciamiento de la Comisión de Distorsiones de Importación, pues dentro de la economía de mercado se debe corregir estos subsidios indebidos, a través de una sobretasa. Están presentados los recursos respectivos, pero no se ha resuelto, lo que ha generado más problemas, que urge solucionar.
Por último, requerir del Ministro de Salud un rápido pronunciamiento sobre los efectos que esto provoca en la salud de los chilenos para que, en caso de comprobarse esta realidad, se impida de inmediato la importación de este producto.
El Diputado señor Sota y quien habla somos coautores de la iniciativa, esperamos que la Cámara de Diputados apoye este proyecto de acuerdo y podamos decir a los trabajadores y a los empresarios del calzado que no están solos, sino que estamos trabajando juntos por sus justos derechos.
Aplausos en las tribunas.
El señor DUPRE (Presidente accidental).- Recuerdo a las personas que se encuentran en la tribunas que, de acuerdo con el Reglamento, está estrictamente prohibido hacer manifestaciones a favor o en contra.
Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.- Señor Presidente, no cabe la menor duda de que la discusión producida en la Sala revela el interés que los señores Diputados manifiestan por participar en un debate importante, porque se refiere a una industria que ocupa a más de 300 mil personas en trabajo directo e indirecto.
Los trabajadores del sector se encuentran en una situación difícil. Ellos dicen que “les aprieta el zapato”, porque, como bien se ha expresado, la industria está perdiendo su posibilidad de producir al enfrentar una competencia injusta.
Recuerdo a los señores Diputados, -seguramente lo saben- que el mayor fabricante de calzado del mundo, cuya exportación llega a Chile, es la República Popular de China, que produce 2.000 millones de pares de zapatos al año. En América Latina, el principal y más importante productor de calzado es Brasil. Los industriales y trabajadores chilenos han acudido a la llamada Comisión de Distorsiones de Importaciones para explicar que tanto en China como en Brasil las producciones son subsidiadas por el Estado, o reciben tales facilidades que hacen imposible a los fabricantes nacionales igualar los precios del calzado que viene de esos mercados.
Tengo en mi poder informaciones de Aduanas, que revelan que no sólo hay importación de calzado usado como se ha dicho aquí, han llegado 247.000 Kilos de calzado usado hasta el mes de agosto, sino que también hay importación...
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- ¿Me permite, señor Diputado? Ha concluido el tiempo de Su Señoría. Puede terminar la idea.
El señor SOTA.- Agradezco al Diputado señor Villouta que haya recordado a la Mesa que debo terminar mi intervención.
El señor VILLOUTA.- Lo hago siempre.
El señor SOTA.- En todo caso, quería decir -porque a él también puede interesarle, pues en su zona se produce aparado de calzado- que no sólo se importa calzado usado, sino que estamos cometiendo la aberración de permitir la internación de partes de calzado, de modo que los talleres de aparado de todo el país sufrirían las consecuencias de esa importación.
Así pues, uniéndome a las conclusiones adoptadas en una muy numerosa concentración de trabajadores, realizada hace muy poco al costado de nuestro Congreso, quiero decirles a esos 3.600 trabajadores que no están solos, deseo darles a ellos la seguridad incluso están representados en las tribunas por sus dirigentes sindicales, de que la Cámara de Diputados de Chile, se preocupa de sus justas reivindicaciones.
He dicho.
Aplausos.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, la situación que hemos vivido hoy y la presión que se ha provocado desde la Mesa al resto de los parlamentarios es realmente inaudita.
El martes, a las 21.15, estábamos en la Cámara 43 Diputados, de los cuales 41 votamos a favor del mismo proyecto, 1 lo hizo en contra y hubo 1 abstención.
Les planteé a los parlamentarios de la zona, que hoy han hecho uso de la palabra, que ese proyecto se iba a ver junto con el que presenté con los Diputados señores Fantuzzi, Makluf, Ascencio y otros parlamentarios más que nos acompañaron, y que dice exactamente lo mismo.
Sin embargo, como era tan tarde, algunos se fueron, especialmente el Diputado señor Coloma, sabiendo que ese proyecto se iba a ver. Hoy han presionado a la Cámara para tratar ese mismo proyecto. ¿Por qué no tienen igual actitud, la misma defensa y la deferencia con los trabajadores cuando hemos discutido disposiciones del Código del Trabajo y proyectos de ley que sí lo afectan?
Encuentro que la situación a que nos ha llevado el Presidente de la Corporación para hacer un “show” demagógico ante los trabajadores. Creo que ellos saben bastante bien quiénes son los parlamentarios que votan a favor y quiénes lo hacen en contra.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Llamo la atención a los Diputados señores Coloma y Moreira.
El señor SEGUEL.- Obviamente, el diputado señor Sota no tiene nada que ver en este asunto, porque tanto él como su bancada han estado respaldando permanentemente a los trabajadores.
Pero lo que ha hecho el Diputado señor Coloma...
Hablan varios señores Diputados a la vez
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Voy a amonestar al Diputado señor Moreira.
El señor SEGUEL.... de obligar a la Cámara a efectuar esta votación...
Hablan varios señores Diputados a Id vez
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Honorable señor Moreira, le pido mantener la tranquilidad. De acuerdo con el Reglamento, debiera recibir una amonestación.
Hablan varios señores Diputados a la vez
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Diputado señor Moreira, si no guarda la tranquilidad será amonestado. ¡Amonesto a Su Señoría!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SEGUEL.- ¿Puedo continuar, señor Presidente?
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Puede continuar, señor Diputado.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, quiero dejar muy en claro esta situación, porque muchos de los que han gritado en forma eufórica no se encontraban presentes cuando aprobamos un proyecto de acuerdo sobre la materia.
El señor Presidente de la Corporación, diputado señor Sota, me pidió que acompañara a los trabajadores el día que hicieron una manifestación aquí, en Valparaíso. Había 3.800 trabajadores. Los acompañamos junto a otros parlamentarios. Sin embargo, no se encontraba ningún Diputado de la UDI respaldándolos en sus peticiones.
Ló que estoy diciendo es que la demagogia política...
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Ruego al señor Diputado que se refiera a la materia en discusión.
El señor SEGUEL.- Lo estoy haciendo.
He pedido la palabra para que se conozca la verdad de los hechos. Ellos presentaron un proyecto de acuerdo. Lo hemos asumido y votado favorablemente; pero como no estaba el Diputado señor Coloma, o sea fue a su casa, quiso repetir el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- En votación.
Durante la votación.
El señor LEAY.- Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Ha terminado el tiempo.
El señor LEAY.- Reglamento, señor Presidente.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Voy a concederle la palabra al señor Diputado después de la votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos: por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Ascencio, Ávila, Aylwin, don Andrés; Balbontm, Bayo, Bombal, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Jara, Jeame Barrueto, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Melero, Morales, Moreira, Navarro, Orpis, Palma (don Andrés)Prokurica, Reyes, Rocha, Rodríguez, Sabag, Seguel, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Villegas, Villouta, Walker, Wómer (doña Martita) y Zambrano.
Se abstuvo el Diputado señor Gajardo.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEAY.- Señor Presidente, sólo para señalar que este mismo proyecto de acuerdo podría haberse hecho extensivo también a la zona textil, que sufre un problema similar y le afecta la misma situación del calzado. Me gustaría que se tomara un acuerdo en relación con el sector textil.
He dicho.
El señor MELERO.- Pido la palabra sobre un asunto de Reglamento.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELERO.- Señor Presidente, el Diputado señor Seguel pidió la palabra para oponerse al proyecto de acuerdo. En ninguna parte de su discurso se opuso a él, sino que se refirió al procedimiento por el cual se había llegado a este proyecto de acuerdo. Por consiguiente, pido a la Mesa que, habiendo hecho abuso de la potestad reglamentaria, su intervención sea excluida del acta, porque en ningún momento se opuso al proyecto de acuerdo, y, utilizando un subterfugio se refirió a una materia distinta, no correspondiendo que lo hiciera desde el punto de vista reglamentario.
En segundo lugar, esto quedó de manifiesto en la votación, en que no se registró ningún voto en contra.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- En conformidad con el Reglamento, puede hacerle presente al señor Diputado -es una facultad que tiene el Presidente- que se refiriera estrictamente a la materia en discusión. La Mesa no tiene facultad para retirar del acta una intervención, porque se supone que el resultado es posterior al llamado de atención que hizo la Mesa en relación con esta materia.
El señor COLOMA.- Pido la palabra sobre un asunto de Reglamento.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su señoría.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, desde el punto de vista reglamentario, Su Señoría, como Presidente, debe amonestar a los señores Diputados que se salgan del tema sometido a debate.
El Diputado señor Seguel mintió. Muchas veces lo ha hecho. Dijo que iba a votar en contra y votó a favor. Quiso vulnerar el Reglamento. Eso requiere de parte de Su Señoría una actitud enérgica. El Diputado señor Seguel no es un principito ni un reyecito; es mal educado, es mentiroso, no entrega el carné cuando se lo pide carabineros. Lo que no puede hacer adicionalmente ahora es alterar la buena fe del Parlamento, y le pido que, en conformidad con el Reglamento, lo amoneste, como específicamente la Corporación lo ha señalado.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Señor Diputado, le reitero que hice uso de las atribuciones. Yo llamé la atención al señor Diputado, esto es, usé la primera instancia que se establece respecto de los llamados al orden.
Harán uso de la palabra los Diputados señores Balbontín, Seguel y Bayo, para dar por finalizado el asunto reglamentario.
Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, yo pedí, hace bastante rato, que se cumpliera exactamente lo que acordamos en la Sala al comienzo de la discusión de los proyectos de acuerdos. Se determinó que se vieran cuatro acuerdos. Por lo tanto, pido proceder en esa forma y no hacer un mal “show” ante la opinión pública por el comportamiento de los señores Diputados, que a veces son muy valientes de palabra, pero no lo fueron en el pasado cuando tenían que defender sus puntos de vistas de otra manera.
He dicho.
El señor DUPRE (Presidente accidental).- Diputado señor Seguel, le ruego ceñirse estrictamente al asunto reglamentario.
Tiene la palabra Su señoría.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, sólo para decir que las opiniones del diputado señor Coloma, al parecer, son del mismo porte de él, y que lo que hicieron ellos fue un plagio de un proyecto que presenté.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, sólo para pedir, por favor, y en beneficio del prestigio del Parlamento, que terminemos con este show. Si un Diputado es inconsecuente entre lo que dice y hace, no es responsabilidad nuestra ni de los chilenos, que ya lo están conociendo con el tiempo.
Pido que entremos en Incidentes, por el bien de Chile y de este Parlamento.
He dicho.


VIII.- INCIDENTES.


PROCESAMIENTO DE EX MILITARES CHILENOS POR TRIBUNALES ITALIANOS. Oficios.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hará uso de la palabra primero el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado don Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre un hecho que, a mi juicio, afectará nuestra convivencia nacional. Por ende, nuestra responsabilidad es escuchar lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país, antes de los momentos de crisis.
Me refiero a un problema sumamente delicado que se ha suscitado durante estos últimos cinco años, que dice relación con el tema de los derechos humanos: el procesamiento en los tribunales de ciertas personas que fueron militares, muy en particular, a quien fue jefe de la Dina, el ex General Manuel Contreras.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Diputado?
Le ruego que suspenda su intervención por un par de minutos, para que los Diputados, que deseen hacerlo, se puedan retirar de la Sala.
Escuchemos, por favor, las palabras del Diputado señor Letelier.
Puede continuar Su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, como decía, es lamentable que posteriormente tengamos que vivir las consecuencias de hechos que no logramos analizar en su proceso de maduración. Hago mención a las repercusiones que tendrán en nuestro quehacer y en nuestra convivencia nacional hechos que, tarde ^.temprano, llegarán a ocurrir. Me refiero en particular a la suerte del General Manuel Contreras, ex jefe de la Dina, quien, como todos sabemos, su procesamiento y el destino de los juicios que hay en su contra repercutirán en la convivencia política del país, por cuanto aún existen poderes de facto en nuestra sociedad. Por ello, hemos vivido en otros contextos, y por otros motivos, ejercicios de enlace y “hornazos”.
Hoy hemos leído en la prensa, y quienes hemos seguido el tema estamos conscientes de ello, que en Italia ya es un hecho con los antecedentes que existen, aun antes del envío de la respuesta al exhorto que han solicitado fiscales italianos a nuestros tribunales, que los dados ya están echados para que, Manuel Contreras sea sancionado y condenado por los tribunales italianos. Todo indica que así también ocurrirá con el Coronel en retiro Raúl Eduardo Iturriaga Newman.
Este hecho se une a lo ocurrido en Estados Unidos, y al avance en Argentina del proceso por el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prats.
Llamó la atención de la Corporación porque nuestro país, dentro de un plazo razonablemente breve, conocerá el fallo de la Corte Suprema en relación con el llamado “caso Letelier”. Según la ley, y si el hombre actúa de acuerdo con ella, en particular los jueces de nuestro país, que tendrán esta responsabilidad, el General Contreras deberá ser condenado a lo menos, a una sentencia de 7 años. El Brigadier Espinoza correrá una suerte similar.
En atención a estos hechos, pido a la Corporación y a la opinión pública que reflexionemos sobre qué es la ley, sobre los acontecimientos que se nos vienen encima y sobre los poderes de facto.
En este contexto, y en el ánimo que inspira a todos los miembros de esta Corporación, en cuanto a que se sepa la verdad y se imponga, solicito que se oficie a la señora Ministra de Justicia, en mi nombre, para que nos entregue los antecedentes que se han ido generando y conociendo en Italia respecto del atentado contra el ex vicepresidente de la República don Bernardo Leighton.
Estoy seguro de que esos datos permitirán que los chilenos comprendan por qué el General (R) Manuel Contreras debe ser sancionado, a lo menos, con una pena de siete años, y por un periodo similar el Brigadier señor Espinoza. Además, para que, como comunidad nacional, evitemos sucesos como los ejercicios de enlace y los “boinazos”, actuemos y demos un paso adelante en la reconciliación nacional.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se oficiará en la forma solicitada por Su señoría, con la adhesión del Diputado señor Balbontín.


ENTREGA DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE RECONVERSIÓN EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Alejandro Navarro.
Le quedan tres minutos a Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, es de todos conocida, especialmente para los Diputados que trabajan diariamente en la Corporación, la dramática situación de los mineros del carbón y la crisis por la que ha atravesado el proceso de reconversión productiva de esa zona.
Entre las diferentes y cuantitativas limitantes que ha tenido este proceso, hay una que se ha vuelto persistente: el retraso continuo en la entrega de recursos para los proyectos de reconversión productiva presentados por trabajadores y ex mineros del carbón, especialmente, por ex mineros de la Carbonífera Schwager.
Por ello, hace aproximadamente un mes y medio los mineros se “tomaron” las oficinas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de la Octava Región, para reclamar por dicho retraso.
Además, no con el ánimo de dramatizar, sino de enfatizar, debo destacar que algunos trabajadores perecieron en el fondo de la mina como consecuencia del grave accidente del que tuvimos conocimiento, sin haber recibido el beneficio de la reconversión, lo cual les habría permitido salvar sus vidas.
Pido que se oficie al Ministerio del Trabajo para que, a su vez, solicite al Sence que nos informe acerca del estado de tramitación del proyecto de reconversión correspondiente a la Sociedad de Transportes Colectivos “Pablo Neruda” Limitada, integrada por cuatro ex mineros de la zona del carbón, quienes, desde el 11 de octubre de 1993, a pesar de haberse aprobados sus proyectos, aún no reciben los recursos para adquirir los vehículos que les permitirán ganarse la vida.
Esta es una situación que no sólo afecta a esos mineros, sino que a múltiples casos pendientes. Entonces, si bien mi petición de oficio la hago puntualmente para esta asociación de mineros, deseo que se extienda al conjunto de proyectos que aún esperan su aprobación, en particular los relacionados con la entrega de los recursos correspondientes, a fin de que puedan ser implementados a la brevedad.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de la Diputada señora Martita Wórner y de los Diputados señores Caminondo, Arancibia y Urrutia, don Salvador.
Ha concluido el tiempo del Comité del Partido Socialista.


CAMPAÑA DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN PARA ENFRENTAR NACIMIENTOS NO DESEADOS. Oficio.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tumo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la Diputada señora Martita Womer.
La señora WÓRNER.- Señor Presidente, en los últimos días, con caracteres de verdadera tragedia, la prensa nos ha informado de una serie de hallazgos de guaguas o bebés, en lugares solitarios y baldíos, muertos a pocas horas de nacer.
Estos hechos, que se están repitiendo a diario, se suman a los 160 mil abortos ilegales que anualmente existen en Chile. Nosotros, como país, exhibimos las cifras más altas de abortos en América Latina.
Es indudable que detrás de cada uno de estos hechos hay una tragedia humana y ella no puede sernos indiferente, por lo cual creo que deben adoptarse medidas para ponerles término y a fin de que la opinión pública tome conciencia de que detrás de ellos hay una responsabilidad que no sólo es de la mujer que aborta ilegalmente o que asesina a su hijo á las pocas de dar a luz.
Por eso, es necesario que en nuestro país se comience a hablar en serio acerca del fenómeno de la maternidad como una cuestión social en que todos debemos estar comprometidos. Pero, mientras eso ocurre y se genera una cultura en ese sentido, estimo necesario que, como Corporación, tomemos algunas acciones que nos permitan poner término a esas situaciones.
Por eso, solicito que se oficie a la señora Ministra de Justicia para que, a la mayor brevedad, envíen indicaciones al proyecto de ley sobre adopción, que desde enero de 1993 se encuentra en su primer trámite legislativo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y al cual el Ejecutivo debe otorgarle la urgencia necesaria.
Además, pido que la señora Ministra de Justicia imparta instrucciones para que, a través del Departamento de Menores de esa Secretaría de estado, el Servicio Nacional de Menores adopte políticas y medidas para iniciar, con la mayor prontitud, una campaña de educación y de información, a fin de que, mientras se espera la promulgación de la ley de adopción, la ciudadanía sepa cómo enfrentar un nacimiento producto de un embarazo no deseado, y se informe principalmente las mujeres prontas a dar a luz un hijo no deseado, de los mecanismos con que hoy cuenta y de las instituciones que las pueden acompañar, apoyar, orientar y, en definitiva, ayudar a recibir esos hijos y entregarlos al proceso de adopción que hoy existe y que, si bien presenta muchas falencias, es un mecanismo que puede evitar que se sigan cometiendo estos hechos ante nuestra pasividad.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Balbontín, Luksic, Caminondo y Villegas.


TRASPASO DE TERRITORIO DE LA COMUNA DE QUINTA NORMAL A LA DE SANTIAGO. Oficio.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tumo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.
El señor BALBONTÍN.- Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Cámara respecto del significado del proyecto del Ejecutivo, boletín N° 142906, calificado con urgencia, que se refiere, fundamentalmente, al traspaso de parte de la comuna de Quinta Normal a la de Santiago.
Este hecho tiene dos implicancias que es bueno hacer notar para que quede constancia en la Sala y haga conciencia en los señores Diputados.
En primer lugar, resolver una cuestión que dice relación con cuatro entidades de carácter educacional. La Municipalidad de Quinta Normal alega que no cuenta con un financiamiento de aproximadamente 700 millones de pesos para mantenerlas, en circunstancias de que eventualmente sí podría hacerlo la Municipalidad de Santiago.
Por una parte, se pretende alivianar la carga de una municipalidad, pero, por otra, se le quitan los recursos para que pueda resolver ese problema.
En definitiva, tratándose de entidades tan respetables e importantes como el Instituto Nacional “Barros Arana”, que ha educado varias generaciones de intelectuales de este país, el del Liceo Profesional “Andrés Bello”, una de las cuatro escuelas de sordomudos, no nos parece conveniente resolver el problema de carácter económico que puedan tener estas entidades, mediante el traspaso de parte importante de una comuna a otra. A nuestro juicio, eso significa cercenar a una comuna pobre de ingresos gran parte de su comercio, de sus industrias y de los profesionales que luego aportarán ingresos a otra comuna con pago de contribuciones y patentes profesionales.
Además, esto tiene una implicancia adicional. Junto con el traspaso de parte de esta comuna, donde muchos vecinos desearían resolver el problema por sí solos y yo reclamo que ellos sean consultados con el fin de que determinen su destinose pretende localizar una estación de transferencia en el lugar donde se desea realizar el traspaso. Esta situación representa otro problema de carácter ambiental, y quiero destacar su importancia por la ubicación que tendría dicha estación de transferencia. No tenemos datos ni antecedentes acerca del impacto que podría tener la decisión desde el punto de vista de la concentración del transporte, ni tampoco respecto del tratamiento que podrían originar los líquidos percolados y los olores, todo lo cual generaría contaminación atmosférica.
Por lo tanto, pido que se oficie a los organismos pertinentes de Sanidad Ambiental para que nos informe acerca del impacto ambiental que podría tener esta estación de transferencia, como también al Ministerio de Transportes, a fin de que nos dé a conocer ios nudos viales que esta medida podría ocasionar en la comuna de Quinta Normal.
Finalmente, por su intermedio, quiero pedir al Ejecutivo que tome en consideración estos antecedentes y revise el proyecto enviado a esta Honorable Cámara, para que no se deje a una comuna pobre, como Quinta Normal que ha sufrido deterioro, como consecuencia del fuerte impacto del terremoto de 1985, con el olor y la contaminación y que, además, se le reste parte de su territorio, bienes y personas que le son tan queridas e importantes.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Villegas y Luksic.


ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE YACIMIENTO MINERO EN CHAÑARAL. (Tercera Región). Oficio.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tumo del Partido Demócrata Cristiano, y de acuerdo con el orden de inscripción de los comités, tiene la palabra el Diputado señor Erick Villegas.
El señor VILLEGAS.' Señor Presidente, voy a referirme a la grave situación que afecta a la comunidad minera de la provincia de Chañaral y, a su vez, me haré parte de una inquietud que me fuera formulada por la Asociación Minera de Chañaral, que dice relación con la actual explotación del yacimiento minero denominado Cerro Negro, ubicado en esa provincia.
Es del caso señalar que la Asociación Gremial Minera de Chañaral, desde 1984 a la fecha, tiene un contrato de arriendo con la Empresa Nacional de Minería, propietaria del yacimiento, donde labora un significativo número de mineros. Ellos obtienen su sustento del trabajo que realizan por la extracción de minerales, los que son entregados a la planta de El Salado, con el beneficio consiguiente para el resto de habitantes de ese puerto, que se encuentra tan deprimido’.
También es del caso señalar que este mineral ha sido trabajado sólo por pequeños mineros y Enami como empresa arrendadora, la que no tenía cuantificada la reserva de mineral en Cerro Negro; pero, a partir de un estudio efectuado por el Gobierno en conjunto con el gobierno japonés, se ha establecido la enorme cantidad de minerales existentes en la zona. Ello significó que la Enami tomara la decisión de verificar esta situación en toda su magnitud, a través de estudios geológicos y geofísicos de minerales y, probablemente, sacar a licitación pública internacional el yacimiento Cerro Negro. Sin duda este hecho causa una tremenda preocupación a toda la comunidad minera de Chañaral, en atención a que ellos tenían legítimas expectativas, por haber trabajado mediante este contrato de arriendo de pertenencias mineras durante muchos años y casi exclusivamente en ese yacimiento.
Por otro lado, es indudable -y ya me he referido a ello en varias oportunidades en la Corporación- la grave situación que afecta a la provincia de Chañaral en su conjunto, el alto grado de cesantía y la falta de expectativas reales en relación con las fuentes de trabajo.
Es profundamente preocupante el tema, en atención a que, eventualmente, si la Empresa Nacional de Minería saca a licitación pública internacional este yacimiento, es muy probable que se lo adjudique alguna empresa transnacional que, en definitiva, no utilice la mano de obra que en estos momentos labora en esa zona.
Por estas razones, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Minería, a fin de que informe a la Corporación sobre la forma cómo, en definitiva, la Empresa Nacional de Minería va a proceder respecto de la adjudicación del yacimiento Cerro Negro, ubicado en la provincia de Chañara!, para que la comunidad minera de ese lugar conozca el procedimiento que se va a utilizar, vale decir, si va a ser licitación pública internacional o adjudicación de minera directa y privada.
Asimismo, para que informe de los estudios que podrían existir en cuanto a alternativas de creación de empresas especialmente mineras de la zona, en relación con el trabajo de desarrollo del proyecto minero Cerro Negro en su etapa de exploración, explotación, concentración y comercialización, en conjunto con las asociaciones mineras de la zona.
Hago esta petición en respuesta al imperativo de los parlamentarios de hacemos partícipes de los problemas de la región; además, porque estimo que la situación por la que atraviesa Chañaral no puede ser desconocida por nadie y tenemos que hacer todo lo posible ante las instancias correspondientes para que se tome una decisión adecuada, que vele principalmente, por los intereses de los mineros de la zona.
Solicito que copia de esta intervención sea transcrita a las Asociaciones Mineras de Chañaral, Diego de Almagro, Salvador e Inca de Oro.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


SITUACIÓN DE VERTEDERO CERROS DE RENCA. Oficios.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- Restan siete minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Zarco Luksic.
El señor LUKSIC.- Señor Presidente, la opinión pública ha sido informada de que se va a prolongar la vida útil del vertedero Cerros de Renca, ubicado en territorio jurisdiccional de la comuna de Quilicura. Obviamente, esta situación ha traído alarma y los perjuicios correspondientes a la localidad aledaña.
En primer lugar, el Servicio de Salud del Ambiente, durante un año y medio, ha instruido cuatro sumarios sanitarios al vertedero Cerros de Renca por grave incumplimiento de las exigencias mínimas de funcionamiento, como son, entre otras, el tratamiento indebido de los líquidos percolados y el escaso cierre perimetral del lugar donde se ubica dicho relleno sanitario.
Esta infracción permanente ha traído consigo sanciones; la primera, de 1 millón 400 mil pesos, y la segunda, por reincidencia, de 2 millones 800 mil pesos.
En segundo lugar, el Servicio de Salud del Ambiente dictó, en agosto de 1993, la resolución N° 012964, que determinó, de manera perentoria, que, a más tardar el 31 de diciembre del presente año, debería terminar la vida útil del vertedero Cerros de Renca.
Tercero, para término de un relleno sanitario, la práctica mundial y las exigencias normativas ambientales exigen lo que técnicamente se denomina un "plan de cierre"; pero la administración del relleno aún no presenta dicho plan, a pocos días del plazo fijado en la resolución, exactamente a un mes y diez días, plan que ni siquiera está aprobado por las autoridades sanitarias correspondientes.
Por las situaciones descritas y por el impacto negativo de la instalación y funcionamiento de Cerros de Renca en la población de Quilicura, pido que se oficie al Servicio de Salud del Ambiente para que indique, claramente, si se dará cumplimiento a la resolución de agosto de 1993; en caso contrario, cuáles son las razones por las que se mantendría su vida útil, además, que señale de manera precisa hasta cuándo seguiría funcionando y las alternativas si se termina.
También solicito oficiar al Ministro de Salud y al Ministro Secretario General de la presidencia, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, para que a la brevedad posible se elabore un reglamento que regule la instalación, funcionamiento y cierre de los rellenos sanitarios.
Por último, pido que se oficie a la administración del vertedero Cerros de Renca para que informe sobre cuáles serán los pasos que deberán darse una vez llegado el 31 de diciembre de 1994.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría, con la .adhesión de la Diputada señora Cristi, y de los Diputados señores Moreira, Balbontín y Villegas.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.


HOMENAJE A LA COMUNA DE PEÑALOLÉN, EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tumo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Mana Angélica Cristi.
La señora CRISTI (de pie).- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero rendir homenaje a la comuna de Peñalolén, que en este mes cumple diez años desde su creación.
Tuve la suerte y el honor de ser su primera alcaldesa y fundadora.
Durante estos, días, me he adherido con nostalgia, emoción y orgullo a los actos conmemorativos, pues tras una década, Peñalolén que era el segundo sector más pobre de la Región Metropolitana, ha logrado mejorar sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes y se ha convertido en un polo de desarrollo: ha sido atractiva para proyectos de gran cantidad de empresas y hoy la opinión pública se refiere a ella como la comuna del futuro.
No olvido los primeros momentos de nuestra gestión. Peñalolén parecía una comuna en la cual la civilización se había detenido. Pasar de la Reina, donde había áreas verdes y algún orden, a Peñalolén, era ingresar a un mundo de escombros y de pobreza.
Lo anterior no ha sido producto ni de la casualidad ni de un milagro. El primer acierto fue la visión que demostró el gobierno militar, muy especialmente el General Pinochet, para crear nuevas comunas, en particular en los sectores más pobres de la región.
Luego, junto con quienes conformamos el primer equipo de trabajo municipal, definimos cada uno de los factores que, a nuestro juicio, lograrían salvar a Peñalolén de la extrema pobreza y del abandono en que se encontraba en 1984.
Llegar allí no fue fácil. Comenzamos nuestra tarea en un cajón de duraznos como escritorio. Superar tanta pobreza parecía una tarea imposible, y fue como si en un sueño hubiéramos comenzado a ver cómo podríamos desarrollar el sector.
Primero, diagnosticamos la situación que afectaba el lugar, junto a los dirigentes vecinales de la época, muchos de los cuales están presentes en la tribuna.
De allí, nuestra labor se concentró en la elaboración de un plan de desarrollo comunal que iniciara la solución de los problemas de salud, educación, vivienda, seguridad y tantos otros que afectaban a los vecinos del sector.
Tratamos en lo posible, de concentrar nuestros esfuerzos, en focalizar los escasos recursos con que contábamos, siempre considerando la rentabilidad social del gasto y la austeridad.
Diseñamos un plan regulador creativo e ingenioso, cuyo propósito era alcanzar un equilibrio social y un nivel de heterogeneidad entre sus vecinos. Sabíamos muy claramente que no podíamos asumir la responsabilidad por un buen servicio a más de 200 mil personas en extrema pobreza que en ese tiempo habitaban en el sector. Debíamos considerar la existencia de oportunidades de trabajo y servicios para las familias de menores recursos.
Para el desarrollo de nuestra tarea, fueron determinantes el compromiso y la participación de los dirigentes vecinales y representantes de todas las organizaciones de la comuna. Cada una de sus sugerencias e inquietudes fue evaluada al momento de concretar nuestra labor.
La participación, de la cual tanto se habla hoy en día, fue en realidad en ese tiempo, y la realizaron todos los que quisieron participar en una política de puertas abiertas del municipio.
De esta comuna, se destinaron, desde un principio, 90 hectáreas para viviendas sociales que se construirían en el futuro y que empezarían a solucionar los problemas de las familias allegadas. El resto de los terrenos particulares fueron concebidos como polos del futuro desarrollo, cosa que en ese momento, y aún hoy día, ha sido criticada, situación que en la actualidad ha permitido que convivan en un solo lugar la fuente de trabajo y los trabajadores.
Ése es el ideal que cada comuna debería soñar. En este sentido, Peñalolén es el mejor ejemplo de la Región Metropolitana, pues su realidad ha superado con creces la de todas las comunas creadas en esa misma fecha. Basta con comparar los ingresos que teníamos en 1985, que alcanzaban a 660 millones de pesos, con los que existen para 1995, que superan los 4 mil millones de pesos. Eso, debido a las grandes inversiones que la empresa privada ha hecho en el sector.
Lo que no aumenta en la misma forma es la inversión. En esa época, se invertían, a través del municipio, más de mil millones de pesos al año.
Los logros alcanzados durante los primeros cinco años de la gestión municipal permitieron dotar al sector de elementos básicos para proyectarse al futuro. Es así como se terminó con los ocho campamentos que existían y se logró la pavimentación de miles de metros cuadrados, la instalación de áreas verdes, de recreación, mejoramiento de las escuelas, la creación del Liceo Técnico-Profesional, la Escuela Especial, el Centro Integral para la Juventud, el ordenamiento de la locomoción colectiva, de las ferias libres y, muy en especial, la construcción del edificio consistorial, que en poco tiempo se convirtió en un centro cívico, agrupando a su alrededor a un consultorio modelo, a la comisaría de Carabineros, al estadio, a la piscina municipal, etcétera. Este centro cívico, criticado en la época, ha sido el pilar para el progreso que se ha desarrollado a su alrededor.
Durante los últimos años de mi gestión, el municipio invertía casi mil millones de pesos en obras de adelanto.
Pero aún queda mucho por hacer y mucho por mejorar, especialmente en los servicios de salud y educación, que no dan abasto para los actuales requerimientos, pues los habitantes del sector y las nuevas poblaciones han aumentado considerablemente sin que lo hayan hecho los servicios que la comunidad necesita.
Solucionar el problema habitacional de quienes viven en el sector es prioritario. Hay que solucionar el problema del campamento La Esperanza, donde desde 1992 viven más de mil familias y el de otras miles que permanecen como allegados.' Existen incipientes campamentos cerca del canal San Carlos, en terrenos que pertenecen a una inmobiliaria que aún no construye en el sector de Arrieta, y también en El Caballero de la Montaña; es decir, se han creado nuevos campamentos.
Es urgente la pavimentación de calles, la solución de problemas viales, la semaforización de los puntos de mayor afluencia vehicular, la arborización de nuevos complejos y viviendas sociales, la creación de un sector industrial y la integración del sector San Luis, entre otros.
También es importante aumentar el número de carabineros en puntos de gran cantidad de conflictos, violencia y agresiones. Para eso, hemos tomado contacto con autoridades de la institución, quienes han manifestado buena disposición para ir solucionando la falta de dotación policial y estableciendo nuevas subcomisarias.
El ambiente de progreso que hoy vive Peñalolén no se detendrá. Pero es fundamental que sus actuales autoridades continúen con las políticas sobre las cuales se fundaron sus cimientos y privilegien la participación de todos los estamentos comunales, dirigentes, parlamentarios y, obviamente, del sector empresarial.
Para ello, es necesario fomentar los sentimientos de compromiso, de amor y de creatividad, fundamentales para aquellos que han decidido servir a los más necesitados.
Es necesario que las nuevas autoridades no se encandilen con lo que ha logrado la empresa privada y recuerden que es obligación del municipio y del Estado velar por las necesidades de los más pobres. Hoy hay una tendencia a vanagloriarse con lo que han hecho los privados y a no atender los problemas de los más necesitados y de los más pobres.
Ese es el gran desafío para Peñalolén, una gran comuna en la cual viven familias de gran esfuerzo y trabajo, como todas las de nuestra Patria. Esperamos muy sinceramente que el progreso en ella no se detenga, porque esto iría en desmedro de los más pobres y de los más necesitados.
Dedico este homenaje al 10° aniversario de Peñalolén y a las señoras que nos acompañan en las tribunas.
He dicho.
Aplausos.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Advierto a los asistentes a tribunas que reglamentariamente deben guardar silencio.
Se transcribirá este homenaje al Alcalde de la Municipalidad de Peñalolén, en nombre de la Diputada señora Cristi y con la adhesión de los Diputados señores Bayo, Centeno, Vilches y Moreira.


V REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, informaré a la Corporación acerca del cometido que, en su representación, cumplió en La Habana, Cuba, la delegación chilena a la V Reunión de la Comisión Permanente de Salud del Parlamento Latinoamericano.
En la delegación participaron los Diputados señores Juan Masferrer, Héctor Zambrano y el que habla, además del Honorable Senador señor Mariano Ruiz-Esquide. Asistieron a la reunión alrededor de 50 parlamentarios, pertenecientes a la mayor parte de los países de América Latina, y representantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Su agenda fue muy intensa; el informe completo se hará llegar al Presidente de la Cámara.
Sin embargo, estimo necesario hacer resaltar que dicho informe establece la necesidad de que en todos los países de América Latina existan sistemas nacionales de salud, materia que, por supuesto, en Chile puede parecer obvia porque ya tenemos un sistema nacional de salud, se pide que las cartas fundamentales de esos países consignen la protección de la salud y el bienestar de las personas como responsabilidad del Estado, porque, aunque parezca increíble, las constituciones políticas de muchos países de América Latina no consagran tal derecho.
También es destacable la necesidad de considerar los temas sobre descentralización y participación responsable, defendidos en forma permanente por Chile en las cuatro reuniones anteriores y reiterados en la quinta.
Además y como algo muy especial, se recomienda a los parlamentos nacionales controlar el cumplimiento de las metas de la Cumbre de la Infancia, las cuales ya han sido alcanzadas por Chile en su mayor parte, situación que no ocurre en otros países latinoamericanos.
Finalizo destacando que Chile insistió y logró que se aprobara la inclusión, en el temario a desarrollar en bienio 19951996, de los temas relacionados con la bioética y con el término de los asuntos pendientes en la política de comercialización de medicamentos, temas en los cuales nuestra delegación está trabajando desde hace ya varios años.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Restan dos minutos al Comité de Renovación Nacional
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, en esta oportunidad cedemos el tiempo que resta, a nuestro Comité al Diputado señor Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente.


INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA. Oficios.

El señor ESPINA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, al cual se agrega el tiempo cedido por Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en primer término, solicito que se oficie al Contralor General de la República, a fin de que nos haga llegar los últimos informes que está elaborando ese organismo sobre control financiero y administrativo de la Ilustre Municipalidad de El Bosque, con el objeto de tener antecedentes y posteriormente evaluar la situación crítica que vive ese municipio.
En segundo lugar, me referiré al punto más importante.
Por desgracia, estamos prácticamente solos, pues no hay más de cuatro o cinco Diputados y Su Señoría participando en la hora de Incidentes, y he tenido que esperar casi seis horas para poder hacer uso de la palabra. Curiosamente, cuando se trata de denuncias los Diputados de la Concertación no están presentes, a pesar de que solicité a esas bancadas que hoy estuvieran aquí para que escuchen lo que debo decir.
La Contraloría General de la República ha ratificado el escándalo financiero que protagonizó el ex alcalde y concejal democratacristiano de la Municipalidad de La Cisterna, señor Rodolfo Pereira.
La ciudadanía se ha impuesto a través de la prensa de una serie de escándalos e irregularidades financieras y de otro tipo ocurridos en distintas municipalidades, entre los cuales' han adquirido connotación especial los hechos denunciados públicamente por el nuevo alcalde de La Cisterna, señor Marcelo Serres, en contra de su antecesor, señor Rodolfo Pereira, quien le entregó una municipalidad prácticamente en quiebra.
No había querido intervenir en esa polémica hasta no conocer el informe de Contraloría sobre las graves irregularidades denunciadas, en respuesta a una solicitud de fiscalización qüe pedí en mi calidad de Diputado. Luego de recibir el informe respectivo lo puedo ratificar con propiedad y responsabilidad.
El informe de la División de. Municipalidades de la Contraloría General de la República, de fecha 25 de octubre de 1994, que ja a conocer la real situación financiera de esa corporación edilicia, concluye así:
“1.- La situación financiera de la Municipalidad de La Cisterna, al 23 de septiembre de 1994, experimenta una gran insuficiencia de caja que impide cumplir con su deuda exigible de corto plazo.
“2.- La deficiente formulación del presupuesto de 1994, ha ocasionado un déficit financiero anual que alcanza, a lo menos, a 485 millones de pesos. Esta información fue presentada en forma distorsionada en la reciente entrega de la administración del municipio.
“3.- La responsabilidad funcionaría que se deriva de la comisión de ese hecho corresponde determinarla a través del procedimiento disciplinario de rigor.”
El punto 4 de este concluyente informe d la Contraloría dice: "También le afecta responsabilidad al ex Alcalde señor Pereira por no haber enterado en el Servicio de Tesorería -fondo común municipal- recursos por 217.780.090 pesos, que correspondían al 50 por ciento del impuesto que grava los permisos de circulación de vehículos motorizados, permitiendo que tales fondos fueran gastados en la gestión municipal.”
En este último punto se configura un delito establecido en el Código Penal, cual es malversación de fondos públicos por aplicación diferente. Como es un delito, indudablemente el acusado tendrá que responder.
Como se puede apreciar, es más que demostrativo el concluyente informe en la actualidad se está a la espera de un segundo, sobre el control de gastos y gestión administrativa del investigado ex alcalde Pereira.
He podido, entre otras diligencias, una especial acuciosidad en lo que respecta al abuso en horas extraordinarias caja chica, viáticos, gastos de representación y onerosos contratos a honorarios de pitutos políticos.
Puedo citar algunos ejemplos de la gestión.
El ex Alcalde de La Cisterna, señor Pereira, en dos años cobró horas extraordinarias por 4.460.0pesos. Es decir, este alcalde tendría que haber dormido en la Municipalidad para obtener esta cantidad de recursos.
Durante el gobierno militar nunca los alcaldes cobramos horas extraordinarias.
Gastos de representación del ex alcalde Pereira por 14.600.000 pesos. El presupuesto que tenía para este efecto en los tiempos en que fui alcalde de La Cisterna, era de 500.000 pesos.
Abusos en la utilización de caja chica, cuyo gasto ascendió a la suma de 44.068.317 pesos.
Una vez entregado el informe definitivo a través de los conductos correspondientes, se estudiará el inicio de las acciones legales que se determinen de acuerdo con la ley en contra del ex alcalde de La Cisterna y concejal democratacristiano Rodolfo Pereira. Este trámite lo apresuraremos en algunos minutos más.
Esta actitud irresponsable podría describirse como una acción premeditada en contra del alcalde que acaba de asumir, el señor Serres, la que rompió el protocolo. Se constituyó aquélla en una disputa personal y política, en donde quien sufre las consecuencias es la comunidad al no haber obras de adelanto.
Mañosamente, en un intento desesperado, el ex alcalde Pereira, para confundir a la opinión pública con un mecanismo del cual quiere excusarse de su irresponsabilidad, ha mentido al sostener que recibió el municipio con un déficit de 900 millones de pesos y que rebajó dicha suma a 485 millones de pesos.
Puedo comprobar que entregué la Municipalidad como alcalde 1989 a septiembre de 1992con un saldo inicial de caja de 66 millones de pesos y sin ningún problema financiero. Lo puede certificar la Contraloría General de la República.
Emplazo al cuestionado ex alcalde Pereira a que me compruebe con documentos su afirmación. Resulta inexplicable y curioso que después de dos años y no al momento de recibir la alcaldía y en plena campaña electoral, no haya dicho nada públicamente y lo haga ahora sin ningún documento para demostrar lo que afirma.
El ex alcalde democratacristiano debe asumir su responsabilidad y no defenderse con distintas versiones absolutamente falsas y mal intencionadas. Asimismo, la Democracia Cristiana y el Gobierno de la Concertación, o de los “combinados” -como se llaman ahora- han de asumir este costo político y no seguir desprestigiando la labor fiscalizadora de los parlamentarios de Oposición y del organismo contralor cuando los informes les son desfavorables.
Estos hechos acontecidos en los distintos municipios del país, donde resultaron elegidos alcaldes de la Democracia Cristiana y de la Concertación, o “combinados”, no son aislados, pues forman parte de un gran listado de situaciones irregulares: abuso de poder, mala administración, corrupción, aprovechamiento del cargo y otros hechos que demuestran claramente la diferencia y contraste con quienes fuimos alcaldes del gobierno militar, que realizamos gestiones que se caracterizaron por su transparencia y buena administración, alto nivel de profesionalismo y exitosa labor en la ejecución de distintas obras de adelanto, que permitieron a estos verdaderos gobiernos comunales mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La Democracia Cristiana, a través de las declaraciones de uno de sus Vicepresidente).- evidencia una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de la Contraloría General de la República, único y responsable organismo que vela por la probidad administrativa, dejando de manifiesto que quiere impunidad para sus alcaldes y los de la Concertación.
No es culpa de la Oposición la crisis en que la Concertación o “combinados” han sumido a los municipios del país, quedando la comunidad indefensa y sin medios para mejorar el estándar de vida.
El Gobierno de la Concertación, o de los "combinados", debe reflexionar y entregar mayores recursos sin discriminación alguna para solventar esta delicada situación, y no cerrarles las puertas a aquellos municipios donde existen alcaldes de la Concertación, que rompieron el protocolo, y de Oposición, pues está castigando injustamente a toda la ciudadanía.
Este es el más categórico desmentido a las aseveraciones del ex alcalde de La Cisterna, Rodolfo Pereira. No en vano obtuve la primera mayoría como parlamentario de La Cisterna; fue porque realicé una gestión limpia, transparente y llena de realizaciones.
Por lo tanto, solicito que la Cámara oficie al señor Contralor General de la República para que inicie las acciones judiciales correspondientes en contra del ex alcalde de la Democracia Cristiana y actual concejal, Rodolfo Pereira, por el delito de malversación de fondos públicos, que establece el Código Penal. En el mismo informe de la Contraloría, de 23 de septiembre de 1994, se constata este delito, y es bueno que ese organismo proceda a iniciar las acciones judiciales correspondientes porque su División de Municipalidades fue la encargada de confeccionarlo, a través del Contralor; asimismo, a entablar las acciones judiciales respectivas porque el ex alcalde de La Cisterna retuvo la cantidad de 217 millones de pesos que debían entregarse al Fondo Común Municipal, y los gastó en gestión administrativa.
Por último, señor Presidente, agradeciendo su paciencia y gentileza, solicito que también se oficie al Consejo de Defensa del Estado, informándole sobre esta situación. Y una vez que lo determine este informe, ejerza las funciones que resulten judicialmente pertinentes.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- terminado su tiempo, señor Diputado.
El señor MOREIRA.- Sólo quiero agregar una cosa, señor Presidente: que se oficie al Concejo de La Cisterna, transcribiéndole mi intervención.
Eso es todo.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Se enviarán los tres oficios solicitados por Su Señoría: al señor Contralor General de la República, al Concejo de Defensa del Estado y al Concejo de La Cisterna, con la adhesión de los parlamentarios que así lo manifiesten a Secretaría, del Comité de la Unión Demócrata Independiente y del Comité de Renovación Nacional.
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.


Se levantó a las 16.21 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.