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- rdf:value = " El señor DE LA MAZA.-
Señor Presidente, quiero remitirme a los hechos a fin de clarificar las apreciaciones formuladas en la Sala, las cuales insisten en imputar delitos a personas que no los han cometido.
Creo que la inviolabilidad de nuestras opiniones está destinada, fundamentalmente, a fortalecer y a resguardar la función parlamentaria. Sin embargo, este derecho requiere una prudencia extraordinaria de todo parlamentario, porque en el ejercicio del derecho a opinar, legítimo y necesario, se puede afectar la honra de personas a través de opiniones condenatorias o sesgadas, que permitan suponer del afectado conductas delictuales con anterioridad al término de la investigación o de los fallos de los organismos de control o judiciales. Éste es el caso, porque hoy, cuando se conoce el informe, la unanimidad de los miembros de la Comisión y de otros parlamentarios que quisieron participar constataron “constatar” es distinto de “apreciar” que en el ejercicio de sus funciones del señor Director Nacional de Aduanas no había incurrido en falta de probidad. Ésa es la diferencia. Hay que entender que el lenguaje es para que los seres humanos nos entendamos.
Respeto mucho la opinión del Diputado señor Leay, quien señaló que a la luz de la única fuente que podíamos contar -los documentos, los testimonios y los antecedentes que existían de la Contraloría y de los organismos pertinentes- no había falta de probidad.
Constatamos que se había actuado con honestidad y que no había materias delictuales en la gestión del señor Prado. ¿Qué pretenden ahora, hablando de los delitos cometidos? ¿Continuar con la campaña absurda y grotesca hecha a través de la prensa durante más de un año, hablando de cosas inexistentes, fraudes por 20 millones de dólares, contrabandos permanentes en los cuales estaba comprometida la responsabilidad del Director Nacional de Aduanas? ¿Queremos seguir con esto hoy día? ¿Queremos seguir teniendo publicidad para aparecer como los grandes fiscalizadores de la gestión nacional? Quiero decir a los Diputados que están en esa posición que hay algo más grave que la corrupción: suponer, infundadamente, que hay corrupción. Es más grave para Chile, para el Estado y para el Gobierno y para la estabilidad democrática la suposición antojadiza. Para eso están los análisis, los juicios por los organismos pertinentes.
¿Qué sucedió con el convenio suscrito entre el Director y un grupo editorial? La Contraloría General lo objetó y declaró contrario a derecho. ¿Qué hizo el Director? Lo que debe hacer un buen jefe de servicio: desestimó el convenio. ¿Eso es delito? ¡No! Si se hubiese seguido adelante con él, se habría cometido un delito. No se hizo, porque frente al dictamen de la Contraloría, se suspende su aplicación. Así lo señala la propia Contraloría.
Respecto de la rehabilitación del señor Sesnich como agente de Aduanas, la Contraloría General declara que la revocación es improcedente. ¿Qué hace el Director Nacional de Aduanas? Deja sin efecto el decreto de rehabilitación. ¿Qué hace el afectado? Ejerciendo su derecho, recurre a la Corte de Apelaciones, la que acoge el reclamo. El Director de Aduanas, pudiendo haber aceptado el dictamen de la Corte de Apelaciones, apela la Corte Suprema en vista de la exigencia de la Contraloría. ¿Qué hace la Corte Suprema? No ve el recurso de fondo, porque la ley señala que el organismo que le corresponde tomar la decisión es la Honorable Junta Nacional de Aduanas. ¿Quiénes componen la Junta? ¿Es el Director Nacional? ¡No! Son representantes de los productores, de instituciones privadas, los que determinan que el señor Sesnich está habilitado para ejercer como agente de Aduanas.
¿Qué delito cometió el señor Prado? ¡Ninguno! Acogió el de la Contraloría después que la Corte Suprema señaló que era la Junta Nacional de Aduanas el órgano competentes y ésta aprobó la rehabilitación, ¿qué tiene que hacer el señor Prado? ¿Cometió algún delito, alguna falta? Ninguna.
El contrabando de relojes afecta al Fisco en un 1 millón 800 mil pesos, no con caracteres de escándalo, pues se trata de 700 relojes no finos. ¿Qué hace el tribunal de Aduanas de Santiago cuando detecta el contrabando? Inicia la acción penal correspondiente; pero cuando descubre que hay dos personas involucradas que tienen fuero militar, no se hace parte y traspasa el caso a los tribunales militares. ¿Qué sucede? Son exonerados dos funcionarios de la Fuerza Aérea y un funcionario de Aduanas destituido.
¿Son vulnerados los derechos del Fisco? ¡No! Son pagados todos los derechos de impuestos correspondientes, porque por esta legislación especial -y los señores parlamentarios abogados lo saben; por eso es inaceptable la ignorancia el Fisco se puede desistir. ¿Cometió algún delito el señor Prado? ¡No! ¡La Aduana actuó como tiene que funcionar!
Respecto de Calderón Confecciones, tampoco es aceptable la ignorancia, pues no se trata de almacenes francos. Es un régimen de admisión temporal de mercancía que ingresan al país para ser reexportadas, en ejercicio de una facultad reconocida por la ley.
La autorización fue dejada sin efecto, porque el objeto de la petición no se cumplió, y del ciento por ciento de la mercadería que había ingresado al país al amparo del régimen de admisión temporal, sólo un 10 por ciento había sido reexportado. ¿Qué hace la Aduana? Suspende el régimen de admisión temporal. ¿Hay perjuicio fiscal? ¡No la hay! ¿Cometió algún delito el señor Director de Aduanas? ¡No cometió delito!
Reintegro de exportaciones. Se imputaron por otorgados los beneficios de la ley N° 18.880 a exportadores con infracción de las normas legales de la propia ley. El Servicio Nacional de Aduanas, por sí y no por denuncia de ningún Diputado, determinó que se habían percibido reintegro por insumos que habían afectado al Fisco por 3.700.000 dólares, por una interpretación errónea del sector privado. ¿Qué hace la Aduana? Formula cargos contra los particulares y se instruye un sumario interno a la aduana de Talcahuano. Hay recursos de protección interpuestos por los particulares, porque ellos tienen derecho a defenderse, incluso, frente a una decisión legal de la Dirección Nacional de Aduanas. Hay juicio en este momento y lo pueden ganar.
Importación irregular de jeeps Mitsubishi. Me habría opuesto a la ley aprobada en el Congreso Nacional, similar a la despachada hacia un tiempo atrás, cuando volvieron los líderes de la revolución de la libertad, después del golpe militar. De todas maneras, Comsa, la firma que informó los valores de acuerdo con la ley, determinó que los jeeps valían 10 mil dólares. Cuando la Aduana de Valparaíso y de Iquique, no terceros, constató que había inconsistencia en los valores, se hizo la denuncia al tribunal correspondiente y se inició una causa por delito de fraude.
La Aduana, durante 1993, fiscalizó impuestos por más de 3.000 millones de dólares.
Quiero citar sólo la opinión de una persona expresada cuando empezaron estas denuncias y que a algunos de los señores Diputados les debe merecer fe. Es miembro del Consejo Regional de Valparaíso; ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo de esta Región; no es partidario nuestro ni es hombre que goce de nuestras simpatías políticas. Escuchen, señores Diputados, porque a veces queremos evadir nuestras responsabilidades. Se trata de don Carlos Calderón Moreno, quien sostuvo: “Con gran preocupación, no exenta de desagrado, he venido siguiendo la verdadera persecución que un señor Diputado ha iniciado en los últimos meses en contra del Servicio Nacional de Aduanas y su Director Nacional. Me desagrada, puesto que creo que las presuntas acusaciones en que basa sus denuncias, distan mucho de constituir hechos delictivos o corruptos que, de alguna forma, hubiesen ameritado la formación de una Comisión Especial." Es lo que estoy afirmando. Y dice después en otra parte: “Uno, dos y hasta cinco procedimientos que pudieran considerarse inadecuados o improcedentes frente a los miles que diariamente se efectúan con corrección total, no pueden ni deben inducir a la opinión pública a crucificar a un servicio probo y honesto.”
Eso es lo que quiero sostener finalmente, porque aquí están en juego las personas.
¡Si los señores Diputados pudieran ver todos los recortes de prensa y la insistencia en plantear en esta Sala que aquí hubo delito; que hubo falta de probidad! La lengua a veces es difícil de amarrar; pero los Diputados de la UDI que estuvieron en la Comisión saben que eso no es cierto. ¡Hubo falta de acuciosidad, y es cierto que el servicio tiene defectos'. Es efectivo que pueden atribuirse vínculos de amistad en algunas decisiones, pero no hubo dolo, ni falta de probidad, ni deshonestidad. Y la honra de un director es fundamental deferencia.
Lo haría, incluso, si el Director Nacional de Aduanas no fuera de mi Partido; con mayor razón si lo es. Espero que en el ejercicio de la función fiscalizadora nunca se cometa el error ni la vulgaridad de enlodar a una persona cuando no corresponde, cuando los tribunales no lo han determinado y cuando la propia Comisión Investigadora, aunque no me guste, así lo ha constatado.
En nombre de la bancada Demócrata Cristiana expresamos nuestra solidaridad a don Benjamín Prado Casas, quien ha tenido una trayectoria impecable de servicio público, como Intendente, como Senador electo democráticamente, con alta mayoría, como presidente nacional de mi Partido y como modesto funcionario de Aduanas de este país.
He dicho.
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