INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. El señor SOTA (Presidente).- Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Especial Investigadora de las irregularidades denunciadas en la Dirección Nacional de Aduanas. Diputado informante de la Comisión es el Diputado señor Ceroni. Antecedentes: Informe de la Comisión Especial Investigadora de las irregularidades denunciadas en la Dirección Nacional de Aduanas, sesión 12a., en 8 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 14. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante. El señor CERONI.- Señor Presidente, procederé a poner en conocimiento de la Sala el informe emanado de la Comisión Especial Investigadora de irregularidades denunciadas en el servicio Nacional de Aduanas. En la sesión realizada el martes 17 de mayo de 1994, la Honorable Cámara aprobó un proyecto de acuerdo, en forma prácticamente unánime, suscrito por los Diputados señores Diputados: Longton, Kuschel, Chadwick, Vargas, Raúl Urrutia, Víctor Pérez, Fantuzzi, Cardemil, Taladriz, Valcarce y García-Huidobro. En ese proyecto de acuerdo, que dio existencia a la Comisión, se fijaron tres puntos para someterlos a la investigación de la Comisión: 1)Firma de contratos por parte de la Dirección Nacional de Aduanas. Posteriormente, se objetó por la Contraloría General de la República por traspasar funciones privativas de esa Dirección. 2)La rehabilitación irregular de ex funcionarios que no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley para desempeñar las funciones de que son titulares. 3)Posible delito de contrabando en que habrían participado funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, en noviembre de 1993. La Comisión se constituyó de conformidad con lo establecido en los artículos 213 y 228 del Reglamento de la Cámara, el 8 de junio del año en curso. Se le dio un plazo no mayor de 60 días para realizar su cometido y evacuar un informe con sus conclusiones para ser presentado a esta Sala. En dos oportunidades la Comisión solicitó prórroga para cumplir su tarea. Por lo tanto, el plazo señalado sufrió modificaciones en su extensión. A su vez, quedó constituida por 13 Diputados: la señora Fanny Pollarolo, y los señores Bartolucci, De la Maza, Espina, García, don José; Leay, Longton, Ortiz, Reyes, Soria, Taladriz, Venegas y quien les habla, que fue elegido presidente de la misma. Se celebraron 19 sesiones durante 34 horas se dirigieron 60 oficios a diversos organismos y personas. Al constituirse la Comisión se agregaron otros puntos para investigar por sugerencia especial del Diputadodon Arturo Longton, los que fueron aceptados. Uno de ellos fue el relativo a la instalación de almacenes francos ilegales, que tiene que ver con las Resoluciones 1.508, de 22 de febrero de 1994, y 655, de 21 de enero de 1994, que autorizaban el ingreso bajo régimen aduanero de admisión temporal de prendas de vestir a la empresa Calderón Confecciones S.A. Otro fue el referente a beneficios ilegales que se habrían otorgado a importadores. Igualmente, se agregó un sexto tema relativo a importación irregular de vehículos jeep Mitsubishi Montero. De esta forma, la competencia de la Comisión se circunscribió a los tres temas originales del proyecto de acuerdo aprobado en la Sala, más los otros aportados por el DiputadoArturo Longton. Para cumplir con su función, la Comisión entrevistó a las siguientes personas: al señor Benjamín Prado Casas, Director Nacional de Aduanas; al señor Juan de Dios Reyes, Contralor de la Contraloría General de la República de la Quinta Región; al señor Lautaro Fernández López, abogado de la Contraloría regional; al señor Osvaldo Rivas, jefe del Departamento Nacional de Operaciones ele Aduana; al señor Claudio Sepúlveda, jefe del Departamento Nacional Jurídico de Aduanas; al señor Patricio Sesnich Stuart, agente de aduana, al señor Gonzalo Yussef, abogado; al señor Juan León, presidente de la Cámara Aduanera de Chile; al señor Guillermo Cid Penroz, abogado; al señor Fernando Ducci, gerente general de Comsa S.A., representante en Chile de vehículos Mitsubishi; al señor Abraham Tomé, presidente de la Asociación de Agentes de Aduana; al señor Jorge Stella Ulloa, director de Aduanas Metropolitana; al señor Luis Rodríguez Collado, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso; al señor Juan Etcheverry Matamala, representante de empresas madereras y a los señores Emilio Court, Juan Sanhueza y Manuel Vargas Rodríguez, todos agentes de aduana. Para mejor claridad de la Sala, creo conveniente hacer un análisis resumido, tema por tema, de lo que la Comisión pudo ver en cada uno de ellos. El primer tema es el relativo a un convenio celebrado entre la Dirección Nacional de Aduanas y el consorcio llamado Grupo Editorial. Titulado “Convenio anexo”, se celebró con fecha 26 de marzo de 1993 y es anexo de otro anterior, de fecha 2 de noviembre de 1992, que pretendía la tramitación electrónica de datos para la formalización y tramitación de las declaraciones aduaneras. Para una mejor comprensión, se hace presente que la declaración aduanera es un documento que formaliza la destinación aduanera, indicándose en él la clase o modalidad de la destinación de que se trate y el régimen aduanero que debe darse a las mercaderías que pase a través de los límites del territorio nacional. Para realizar lo anterior, el consorcio Grupo Editorial se comprometía ante el Servicio Nacional de Aduanas a facilitar el banco de datos, software de comunicaciones que permitieran el intercambio electrónico de datos entre los agentes de aduana y el Servicio; a proporcionar, a su costo, sin indicar a qué título, los equipos computacionales necesarios, los que se instalarían en el Servicio, manteniendo reserva de la información procesada, y a entregar asistencia técnica y el correspondiente adiestramiento de los funcionarios del Servicio de Aduanas, el que se comprometía a proporcionar toda la información adecuada y el trabajo de los funcionarios para la operación del sistema. En el convenio se estableció que las prestaciones eran equivalentes y, por lo tanto, las partes nada se adeudaban. La validación de la información de las declaraciones se realizaría por el Servicio de Aduanas en su equipamiento central. El consorcio denominado Grupo Editorial está formado por Publicaciones Técnicas S.A., Normatex Editores S.A. y la Sociedad editora y Promotora de Comercios y Mandatos Ltda. El Servicio Nacional de Aduanas, en virtud del convenio original con el Grupo Editorial, entregaba anteriormente a este grupo *a información y antecedentes especializados, a fin de que editara publicaciones y textos relativos a materias de comercio exterior, teniendo dicho material escrito para su utilización por el Servicio. La Contraloría, en conocimiento del convenio a que me estoy refiriendo convenio anexo a uno original que ya había celebrado el Servicio Nacional de Aduanas con el Grupo Editorial, lo objetó, argumentando que del análisis de las disposiciones del artículo 93, inciso segundo de la Ordenanza de Aduanas, se desprende que la ley establece la posibilidad de emplear una nueva modalidad para la formalización de las destinaciones aduaneras, consistentes en la utilización por los despachadores de un sistema de transmisión electrónica de datos; pero, para hacer operar el sistema es necesario la existencia de un reglamento previo dictado por el Presidente de la República, cosa que no existía al momento de la celebración del convenio anexo. Por otra parte, el ejercicio de la función pública, según la Contraloría, implica para el Servicio competente la obligación de desempeñarla directamente debiendo tener para ello los recursos humanos y materiales necesarios, no siendo aceptable e inadmisible la idea de permitir la intermediación o injerencia de personas ajenas a la repartición para cumplir su cometido. Por ello, el convenio celebrado no se ajusta a derecho según la Contraloría, haciendo ver, además, que adolece de falta de claridad y precisión en tomo a la naturaleza y alcance de las obligaciones que se contraen, y que tanto el convenio original como el anexo no han sido aprobados por el correspondiente acto administrativo sujeto a la toma de razón. La Dirección Nacional de Aduanas, a través de su Director Nacional, argumentó a su favor respecto de lo dicho por la Contraloría, que “El convenio era para estudiar la factibilidad de la implementación de un sistema de transmisión electrónica de datos para la formalización y tramitación de las declaraciones aduaneras sujeto a la condición suspensiva tácita señalada en los artículos 7 y 9 de este convenio.” Y agrega que “no es un acto que autorice a los despachadores de Aduana para formalizar y tramitar sus declaraciones por la vía de transmisión electrónica de datos, que no implica delegación del ejercicio de potestades públicas en entes privados, y que atendido el carácter preparatorio que tiene el convenio, se estableció en la cláusula novena la obligación de proponer a la aprobación del Ministerio de Hacienda el reglamento a que se refiere el artículo 93 de la Ordenanza de Aduanas, oportunidad en que se debieran cumplir todas las formalidades legales pertinentes que exige el control de legalidad.” Sobre la base de lo anteriormente señalado, la Dirección Nacional de Aduanas solicitó una reconsideración a la Contraloría con relación al tema señalado diciendo que este convenio se ajustaba a derecho. En lo que respecta a este mismo convenio, y con posterioridad a las observaciones hechas por la Contraloría, el Diputadodon Arturo Longton Guerrero solicitó instruir sumario administrativo para determinar las responsabilidades derivadas de la celebración del convenio, pidiendo a la Contraloría que se pronunciara sobre presuntos vínculos de intereses entre el Director Nacional del Servicio de Aduanas y la Empresa del Grupo Editorial. La Contraloría informó que “La sola circunstancia que el referido acuerdo de voluntades adolezca de vicios legales, resulta insuficiente para comprometer la responsabilidad administrativa del funcionario que concurrió a su celebración, más aún cuando no alcanzó a producir sus efectos, ya que otro modo implicaría sostener que, en cada oportunidad en que la Contraloría, por eventuales errores de interpretación jurídica, deba representar las actuaciones a sus fiscalizados, tendría necesariamente que disponer la instrucción del respectivo proceso sumarial.” Con relación al otro tema, la Contraloría analiza los siguientes hechos: Que en septiembre de 1974, don Benjamín Prado Casa, junto a sus hijos Benjamín y Rodrigo Prado Traverso, constituyeron una sociedad comercial de responsabilidad limitada que bajo la razón social de Comercio Exterior y Aduanas, asesoría técnica y Legal Coexa Ltda., tenía por objeto prestar asesoría profesional en materias legales y técnicas relacionadas con comercio exterior. Que con fecha 26 de marzo de 1990, don Benjamín Prado Casas y su hijo Rodrigo Prado Traverso cedieron sus derechos sociales a terceros, y que el 12 de ese mes don Benjamín Prado Casas asumió a su cargo de Director Nacional de Aduanas. Que de la certificación emanada del Servicio de Impuestos internos consta que dicha sociedad presentó declaraciones sin movimiento entre febrero de 1990 a septiembre de 1993. Que el 9 de diciembre de 1981, don Benjamín Prado Casas y sus hijos Rodrigo, Benjamín y Marcela Prado Traverso constituyeron otra sociedad denominada “Servicios Informativos de Comercio Exterior, Coexa Ltda.”, cuyo objeto era prestar servicios de información especializada en materias legales y técnicas relativas al comercio exterior a través de folletos, boletines informativos y otros. Esta sociedad, según lo expresado por el Servicio de Impuestos Internos, no registra antecedentes tributarios y, según Benjamín Prado Casas permaneció inactiva. Sobre la base de lo anterior, la Contraloría concluye que no se ha acreditado que estas sociedades hayan prestado servicios profesionales a las empresas del consorcio editorial con el cual se había establecido el convenio a que estoy haciendo mención. Respecto de estos temas, la Contraloría concluye que las transgresiones a la normativa vigente cometida en la celebración del convenio no pueden atribuirse a que la actuación del referido jefe del servicio, Benjamín Prado Casas, haya estado influida por intereses con las sociedades integrantes del indicado consorcio editorial, ya que ello no se acreditó. No obstante, se hacía aconsejable que el señor Benjamín Prado Casas, al firmar el convenio, adoptara los máximos resguardos y cumpliera a cabalidad con todos los requisitos y formalidades legales a que estaba sometido. Al no ser así, esto produjo situaciones equívocas, las que fueron aclaradas, pero pudieron afectar la imagen del servicio y su jefatura. Que procede que don Benjamín Prado Casas se desvincule de la sociedad Coexa Limitada, dado que su giro es incompatible con la función pública que desempeña, a pesar de no haber estado activa. Finalmente, y ante el criterio de la Contraloría General de la República, el Grupo Editorial, con fecha 16 de diciembre de 1993, manifestó su voluntad de dejar sin efecto el convenio, otorgando finiquito a las partes. Cabe comentar que dicho convenio en ningún momento se puso en práctica. Otro tema que se investigó fue la rehabilitación del agente de aduanas Patricio Sesnich Stuart. Con fecha 16 de enero de 1984, mediante la resolución N° 154, el Director Nacional de Aduanas de ese entonces aplicó al señor Patricio Sesnich Stuart la medida disciplinaria en cancelación de su nombramiento de agente de aduanas. Ello, en base al artículo 234 de la Ordenanza General de Aduanas y, en general, en consideración a los siguientes hechos: Por incumplimiento gravísimo de sus obligaciones, referido ello a la existencia de documentos protestados; a no haber dado cumplimiento a la gestión encomendada por su mandante Rolando Carmona y Compañía Limitada, habiendo utilizado los fondos recesados en fines diversos, y a la circunstancia de haber sido sometido a proceso como autor de delitos constitutivos de infracción a la Ley de Cambios Internacionales, todo lo cual constaba en la causa Rol 43.670, del Primer Juzgado del Crimen de Iquique. El 11 de diciembre de 1990, don Patricio Sesnich Stuart solicitó que se revocara la resolución 154, argumentado en su favor que el haber sido sometido a proceso como presunto autor de delitos constitutivos de infracción a la Ley de Cambios Internacionales no fue razón de la cancelación directa de su nombramiento, y que dicho proceso, que se originó en la adquisición de dólares preferenciales que en la época se consideró un delito que afectó a muchas personas , terminó dejando sin efecto el auto de reo, y que posteriormente se dejó sin efecto la encargatoria de reo por el delito de estafa, no existiendo proceso alguno pendiente por ningún otro delito. Que estos procesos le privaron de su libertad en forma injusta, y ante ello, estando detenido e incomunicado, no pudo dar solución a los problemas económicos que se le generaron y no pudo aportar las evidencias necesarias para defenderse en forma adecuada. Por ello, solicitó el Director Nacional de Aduanas, no habiendo tenido un debido proceso, que se revocara la resolución N° 154 que le canceló su nombramiento de agente de aduanas. El Director Nacional de Aduanas, don Benjamín Prado Casas, mediante la resolución N° 692, del 31 de enero de 1991, revocó la resolución N° 154, reponiendo en el cargo de agente de aduanas a don Patricio Sesnich Stuart. La razón de dicha resolución fue avalada por la opinión emitida por el Departamento' Legal de Aduanas, qué en su informe N° 2, del 11 de enero de 1991, afirmó la procedencia de la solicitud, basada en el ejercicio legítimo del derecho de petición, y también se fundó en lo informado por el Departamento de. Supervisión Aduanero, en su minuta de 25 de enero de 1991. La Contraloría General de la República, a través de su dictamen N° 199, de 5 de enero de 1994, al tomar conocimiento de la nueva resolución N° 692, concluyó que la revocación dispuesta era improcedente, sobre la base de que los actos administrativos en cuya virtud se aplica una medida disciplinaria, como de la resolución N° 154, son irrevocables una vez que se dictan y alcanzan su total tramitación, ya que son actos terminales de un proceso reglado. No obstante lo anterior dice la Contraloría los decretos o resoluciones que aplican determinadas sanciones pueden ser invalidados en el evento de que se compruebe que existe un vicio de ilegalidad o fueron impuestos en mérito de antecedentes irregulares. De esta forma, el criterio de la Contraloría fue contra la resolución N° 692, del Director Nacional de Aduanas, por considerarla improcedente. Frente a lo anterior, con fecha 21 de enero de 1994, Patricio Sesnich Stuart presentó una solicitud de invalidación de la resolución N° 154, de 16 de enero de 1984, acompañando un certificado del Primer Juzgado del Crimen de Iquique, referido a la causa-rol 37.807, acumulada, acreditando la revocación y sobreseimiento en las causas. Acompañó igualmente un extracto de filiación o certificado de antecedentes que acreditaba lo anterior y un certificado de la Cámara de Comercio que indicaba no tener documentos protestados vigentes. La Dirección Nacional de Aduanas, a través de su Director Nacional, adoptó, en vista de la opinión de la Contraloría, una resolución en virtud de la cual suspendió preventivamente al agente de aduanas Patricio Sesnich Stuart por un tiempo de quince días, por considerar que era necesario ver si existían antecedentes que implicaran una invalidación de la resolución. Finalmente, con fecha 4 de febrero de 1994, el Director Nacional de Aduanas dictó la resolución N° 1.013, en virtud de la cual dejó sin efecto la N° 692 de 31 de enero de 1991, dictada por él y en virtud de cual había rehabilitado al funcionario. Con ello resolvió que continuaba rigiendo la resolución N° 154, de 16 de enero de 1984, que había cancelado el nombramiento al cargo de agente de aduanas a don Patricio Sesnich Stuart. De esta forma, la Dirección Nacional de Aduanas cumple con lo informó la Contraloría General de la República. Frente a ello, Patricio Sesnich Stuart interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el 21 de febrero de 1994, en contra de la nueva resolución N° 1.013, del Director Nacional, basándose en que ella vulnera garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, como la del N° 3, el debido proceso; la del N° 16, libertad de trabajo; la del N° 17, admisión a todas las funciones o empleos públicos; la del N° 21, derecho a desarrollar cualquier actividad económica; y la del N° 24, sobre la propiedad del patrimonio al no poder desempeñar su oficio o función de agente de aduanas. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en un interesante fallo de 5 de junio de 1994, acogió el recurso de protección presentado por Patricio Sesnich Stuart y dejó sin efecto la resolución N° 1.013 del Director Nacional de Aduanas, pero mantuvo la resolución N° 692, en virtud de la cual, Patricio Sesnich Stuart debía continuar como agente de aduanas." El Director Nacional apeló del fallo ante la Corte Suprema, como era su obligación, la cual, sin pronunciarse sobre el fondo del recurso y teniendo presente que el 11 de febrero de 1994 también el agente de aduanas Patricio Sesnich Stuart había presentado una apelación en contra de la resolución 1.013 ante la Junta General de Aduanas es decir, con anterioridad a la presentación del recurso de protección, efectuada el 21 de febrero de 1994, lo desechó por inadmisible, sosteniendo que era la Honorable Junta General de Aduanas la que debía resolver esta materia. Ante esta situación, la Honorable Junta de Aduanas, en virtud del artículo 234 de la Ordenanza de Aduanas, acogió la apelación del agente Patricio Sesnich Stuart y dejó sin efecto la resolución N° 1.013, del Director Nacional de Aduanas, que lo había dejado sin el cargo de agente. Al dejar sin efecto dicha resolución, reconoció la vigencia de la resolución N° 692, que lo rehabilitada, y estimó que la resolución N° 154, de 1984, adolecía de vicios, de acuerdo con los nuevos antecedentes. De esta manera, la Junta General de Aduanas repuso en el cargo a Patricio Sesnich Stuart. Debo destacar que en su última sesión, la Comisión tomó conocimiento de la fotocopia de un documento en que aparece mencionado el nombre de Patricio Sesnich Stuart como representante en Iquique de un centro de estudios políticos y sociales, con la finalidad de desarrollar labores de capacitación, adoctrinamiento político, análisis de problemas regionales y destacar a hombres como Benjamín Prado Casas, a quien se le deseaba elegir Senador de la República. Hago esta acotación para que se entiendan las conclusiones finales. El otro tema analizado es el relativo al delito de contrabando. El 11 de noviembre de 1993, se cometió el delito de contrabando en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, mediante el cual se ingresaron diversas mercaderías de valores menores; entre las cuales destacan más de mil relojes pulsera, las que, según el acta de aforo, fueron valoradas en 14.361,39 dólares, equivalentes a 5.919.191 pesos, según el tipo de cambio, causando derechos e impuestos por 1.833.766 pesos. El 16 de noviembre de 1991, el Tribunal Aduanero de Santiago inició el antejuicio por contrabando. En éste, aparecieron involucradas varias personas, entre ellas, el funcionario de Aduanas Israel Araya Cárdenas, y otras, como Jorge Córdoba Quiroz y cuatro funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil. La Fiscalía de Aviación se hizo cargo del caso por existir inculpados con fuero militar. Esta sometió a proceso al funcionario de Aduanas Israel Araya Cárdenas, como autor del delito de contrabando, quien fue objeto de sumario y destituido de su cargo. Las mercaderías se importaron y se pagaron sus derechos. El otro tema que investigó la Comisión es el relativo al almacén francoaduanero de Calderón Confecciones, S.A. El 7 de julio de 1993, la industria Calderón Confecciones, Sociedad Anónima y Comercial, presentó al Director Nacional de Aduanas una solicitud de régimen de almacén particular, basado en el artículo 87 de la Ordenanza de Aduanas, a fin de depositar prendas de vestir extranjeras, las que serían sometidas a procesos menores de acondicionamiento, selección, etiquetado, planchado y embalaje, para luego ser reexportadas a Argentina. La finalidad era evitar la doble tributación en ambos países, lo que restaba competitividad en el mercado internacional. La Dirección Nacional de Aduanas otorgó la autorización para el régimen de almacén franco, ya que así se evitaba una doble tributación y porque los procesos menores a que eran sometidas estas prendas no modificaban su individualización ni naturaleza. Al otorgarla, dispuso que se cumplieran las siguientes normas por parte de Calderón Confecciones Sociedad Anónima y Comercial: 1°.- Para las especies que serían reexportadas, se autorizó una admisión temporal por 120 días. Transcurrido ese plazo, las mercaderías debían ser reexportadas o entregadas ante cualquier aduana y, en cualquiera de los dos casos, pagarse íntegramente las tasas correspondientes. 2.°.- Para las especies que serían importadas se autorizó una admisión temporal por 30 días. Transcurrido ese plazo sin que se hubieran importado, las especies incurrían en presunción de abandono y se hacía exigible la tasa dispuesta en el artículo 139 de la Ordenanza General de Aduanas. 3°.- Se exigió que la empresa requirente, Calderón Confecciones Sociedad Anónima y Comercial, debía constituir una garantía, mediante póliza de seguro, equivalente al monto total de los gravámenes, incluyendo las tasas que pudiera causar la importación de las mercancías objeto del régimen suspensivo. 4°.- Se dispuso que la Dirección Nacional de Aduanas dictaría una resolución tendiente a determinar el procedimiento de control al cual debería someterse Calderón Confecciones Sociedad Anónima y Comercial en el almacenamiento y proceso de las mercancías autorizadas por el régimen en referencia. Mediante la resolución N° 3.406, de 20 de mayo de 1994, la Dirección Nacional de Aduanas dejó sin efecto la autorización, ya que la mayor parte de la mercadería había sido objeto de importación y una menor había sido reexportada, no cumpliéndose en esta forma el objetivo de la solicitud. El señor SOTA (Presidente).- ¿Me permite, señor Diputado? Sólo para el control del tiempo de la sesión, deseo consultar cuánto demorará su informe. El señor CERONI.- Señor Presidente, estoy tratando de abreviar al máximo el informe para que puedan entenderse las conclusiones. Trataré de seguir abreviándolo. A través del oficio ordinario N° 615, de 23 de mayo de 1994, la Subsecretaría de Hacienda comunicó a la Dirección Nacional de Aduanas que no se autorizara nuevamente el régimen de admisión temporal a Calderón Confecciones Sociedad Anónima y Comercial ni a cualquiera otra empresa. Informó de la necesidad de hacer cambios reglamentarios que permitieran la internación de mercaderías para someterlas a procesos menores de acondicionamiento bajo régimen de almacén particular de exportación. El otro tema se refiere a los beneficios y reintegros a exportadores, según la ley N° 18.480, de 1985. El inciso primero del artículo 5° de la mencionada ley establece un sistema simplificado de reintegro de gravámenes, que incide en el costo de los insumos de las exportaciones no tradicionales, es decir, un sistema devolutivo de los diferentes tributos, que incide en los valores de los bienes producidos en el país que se exportan. En la ley N° 18.480 se establecen tramos de porcentajes de reintegros y de exclusión, según los montos que se exportan por partidas arancelarias. Dispone un reintegro de 10, 5 y 3 por ciento del valor de las mercaderías de los correspondientes productos exportados de origen nacional, y es un sistema para fomentar las exportaciones no tradicionales. Las tasas de reintegro serán de 10 por ciento para las mercaderías que durante 1990 se hubieran exportado por montos iguales o inferiores a 10 millones de dólares; valor Fob; de 5 por ciento, para mercaderías exportadas por un monto superior a 10 millones de dólares e igual o inferior a 15 millones de dólares; y de 3 por ciento para mercaderías por montos superiores a 15 millones de dólares. En un comienzo, la ley N° 18.480 sólo se refería a los productos exportados, operando sobre la base de los correspondientes valores Fob declarados. Con posterioridad, en virtud de la ley N° 18.168, de 1988, se concedió el beneficio de los insumos nacionales que se destinan a la fabricación de productos de exportación o se consumen directamente en su producción. En este caso,' el cálculo se hace sobre el valor neto del insumo incorporado o consumido directamente en la producción del bien exportado. Son los directores regionales o administradores de aduanas quienes, a solicitud del exportador, establecen el cálculo. El insumo queda excluido del beneficio cuando, como insumo o producto, sumados ambos, superan el valor de los 18 millones de dólares. El Servicio Nacional de Aduanas impartió instrucciones en ese sentido. Al comparar estadísticas del periodo enero a diciembre de 1992, y enero a diciembre de 1993, la Dirección Nacional de Aduanas se dio cuenta de que existían más solicitudes que las del periodo anterior respecto de productos excluidos y que, por lo tanto, se acogían a ese beneficio. El Servicio investigó esta situación y determinó que se habían otorgado beneficios a partidas arancelarias excluidas de él por un monto de 3.725.496 dólares. Frente a esto, el Director Nacional de Aduanas se lo hizo presente al Ministro de Hacienda, y también se hicieron las formulaciones de cargo a diversas empresas por los montos percibidos en forma errada. El Consejo de Defensa del Estado tomó conocimiento sobre la materia, y el Director de Aduanas ordenó un sumario en la aduana de Talcahuano para determinar posibles responsabilidades. Cabe destacar que las empresas afectadas han deducido diversos recursos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque se trata de un tema discutido. Finalmente, el último tema dice relación con la importación de los jeep Mitsubishi Montero, que se relaciona con la ley N° 19.128 y con las normas sobre determinación del valor Fob para los vehículos importados al amparo de franquicias aduaneras establecidas por disposiciones especiales. La ley N° 19.129 autorizó a los exiliados políticos retomados para importar, libre de derechos e impuestos y demás gravámenes aduaneros, entre otros bienes, un automóvil por un valor Fob franquicia no superior a 10 mil dólares. Este valor de acuerdo con la Nota Legal Nacional N° 4 y la Resolución N° 1.568, del Director Nacional de Aduanas, de fecha 9 de marzo de 1990, se determina a Partir del precio de lista del año correspondiente al modelo base, sin opcionales ni accesorios de ninguna clase, vigente en enero del año del modelo o a la fecha de la factura de fábrica, si este último resultare más conveniente para el interesado. La misma norma legal establece que si el Precio de lista estuviere expresado en unidades monetarias distintas del dólar, se convertirán a esta última moneda, de acuerdo con la tabla de equivalencia mensual fijada por el Banco Central de Chile, vigente a la fecha de la lista de precios usada como referencia. El precio de lista se determina de acuerdo con los valore proporcionados por los representantes de los proveedores extranjeros de los vehículos, es decir, por los fabricantes. La empresa Comsa S.A., por Mitsubishi Corporation, con fecha 30 de diciembre de 1992, proporcionó al Servicio Nacional de Aduanas la información necesaria para la determinación de los valores de los vehículos, sus opcionales y accesorios, valor expresado en yenes. Sobre la base de dicha información, la Dirección Nacional de Aduanas fijó y aprobó, mediante circular 18, de 5 de enero de 1993, la lista de precios en sus diversos modelos, opcionales y accesorios. El Servicio Nacional de Aduanas detectó diferencias de precios que se observaban en los vehículos jeep Mitsubishi Montero al comparar los valores establecidos en la circular 18 y las facturas emitidas por la Mitsubishi Montero Corporation, para el mismo tipo de vehículos, de forma tal que si se tomaba en cuenta el valor de factura de fábrica, el vehículo excedía los 10 mil dólares Fob, con lo cual quedaba excluido de cualquier beneficio. La Dirección Nacional de Aduanas solicitó a Comsa S.A. que explicara las razones de orden técnico que justificaran las diferencias de precio, ante lo cual dicha empresa dio las siguientes razones: que se trataría de vehículos para distintos mercados: América Latina y Europa; que existe una paridad cambiaría comercial fijada para Comsa S.A. por el fabricante para 1993, equivalente a US$ 1 = 100 yen, y reconoció haber omitido informar una serie de opcionales y sus respectivos precios. Por oficio reservado número 927, de 9 de noviembre de 1993, el Director Nacional de Aduanas instruye a los Directores Regionales y Administradores de Aduanas, en el sentido de no otorgar la franquicia contenida en ley N° 19.128, en base al oficio circular número 18 citado, y ordena remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Aduanas respecto a las solicitudes de desafectación que se hayan presentado. La Dirección Nacional de Aduanas alteró la circular número 18, cambiándola por otra resolución a la que deben atenerse quienes opten por las franquicias dispuestas en la ley N° 19.128. La Dirección Nacional de Aduanas remite todos los antecedentes al Tribunal Aduanero de Valparaíso, con el objeto de que se inicie antejuicio por fraude aduanero, en contra de Comsa Sociedad Anónima y demás personas responsables. El Tribunal Aduanero inicia la causa rol número 2/94, por el presunto delito de fraude aduanero en contra de Comsa Sociedad Anónima y de cualquier otra persona que aparezca responsable. Ante estos temas, la Comisión concluyó lo siguiente: Considerando todo lo anteriormente expuesto y teniendo presentes las facultades de fiscalización que competen a la Honorable Cámara, los Diputados que suscriben y que conformaron la Comisión Investigadora de irregularidades denunciadas respecto del Servicio Nacional de Aduanas, en forma unánime, a excepción de los Diputados de Renovación Nacional, que se retiraron de la Comisión, concluyen: 1.Que del análisis de los antecedentes, documentos, oficios y declaraciones prestadas ante la Comisión, se constata que no han existido por parte del señor Director Nacional de Aduanas actitudes fraudulentas, dolosas o carentes de probidad. 2.Que de los hechos investigados se puede apreciar la existencia de vínculos de amistad e intencionalidad para favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares. Dentro de este contexto, se enmarca el convenio firmado entre el señor DirectorNacional de Aduanas y el grupo editorial y la rehabilitación como agente de Aduanas y el Grupo Editorial y la rehabilitación como agente de Aduanas del señor Patricio Sesnich. 3.Que tanto de los antecedentes recopilados como de los testimonios que conoció la Comisión sobre los hechos investigados, se puede concluir que el Servicio Nacional de Aduanas incurrió en falta de acuciosidad en el trabajo que realizaron los Departamentos Jurídico, en el caso del convenio y en la rehabilitación del agente de Aduanas, y de valorización, en el caso de los vehículos marca Mitsubishi. 4.Que tampoco escapa a su responsabilidad la Dirección Nacional de Aduanas, por no haber velado oportunamente por un eficiente funcionamiento del Servicio, dado que la falta de personal nada tiene que ver con la negligencia con que se realizó el trabajo en esas áreas. 5.La necesidad urgente de llevar a cabo una profunda reforma y modernización del Servicio Nacional de Aduanas. La actual situación del Servicio no está acorde con el enorme desarrollo que ha experimentado nuestro comercio exterior. Es importante destacar que la modernización no sólo debe abarcar el aspecto tecnológico, como se presentó en la Comisión por funcionarios del Servicio. A lo anterior se deben sumar profundos cambios en diversas disposiciones de carácter administrativo T reglamentario, que permitan darle agilidad y eficiencia al Servicio, sin afectar las actividades productivas del país, a fin de lograr una fiscalización efectiva. Dentro de las reformas que la Comisión considera indispensable realizar, figuran las siguientes: a)Racionalizar y simplificar la documentación, al objeto de facilitar las operaciones, además e colocar lazos al Servicio para el despacho de éstas; b)Tornar eficientes los Departamentos de Valoración y de Aforo, indispensables para efectuar una fiscalización de las mercancías que egresan del país o que ingresan a él; c)Establecer procedimientos administrativos y operativos claros, que no estén sujetos a la arbitrariedad de una autoridad administrativa, y d)Llevar a cabo inversiones en el área de la informática, para la tramitación de documentos, transmisión de datos e intercomunicación del Servicio de Aduanas con otras instituciones del Estado o privadas que correspondan. 6.Vuestra Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Aduanas considera importante que este informe sea remitido a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda, para su conocimiento. La Comisión no adoptó acuerdo respecto de los fundamentos que justifiquen o no el envío del informe o de los antecedentes recopilados a los tribunales de justicia, a la Contraloría de la República y al Consejo de Defensa del Estado, en su caso. Los oficios que recibió la Comisión, como respuesta a requerimientos de ella, tanto de autoridades, instituciones o particulares, como también los antecedentes anexos que dichas comunicaciones contienen, que han sido resumidos o mencionados en el presente informe, se encuentran a disposición de los señores Diputados en un archivo que, para el efecto, especialmente se ordenó preparar por acuerdo de la Comisión. Al terminar, como Presidente de la Comisión, me referiré brevemente a la razón del retiro de los Diputados de Renovación Nacional de la Comisión, situación que fue conocida a través de los medios de comunicación. La Comisión trabajó en forma habitual, como lo hacen todas las Comisiones; las interrogaciones se hacían en forma separada, entrando las personas una a una. En el tema de reintegro a los exportadores, materia bastante compleja, la Comisión decidió, por acuerdo mayoritario, que los funcionarios de aduanas citados ingresaran en forma conjunta, no separadamente. Esta votación fue con los votos en contra del Diputado señor Arturo Longton y de otros miembros de Renovación Nacional, que no recuerdo en este momento. Ante eso, el Diputado señor Arturo Longton se retiró de la sesión. Frente a esta situación y viendo que en la próxima reunión podíamos revertir este acuerdo y lograr que la Comisión trabajara en la mejor forma posible, conversé con los diversos integrantes, y en la sesión siguiente de la Comisión, estando presentes todos los Diputados, incluso los miembros de Renovación Nacional, propuse continuar con el sistema anterior; es decir, revertir el acuerdo para evitar la marginación de los Diputados de Renovación Nacional. La Comisión, por unanimidad, revertió el acuerdo, y se continuó con el sistema de interrogar una a una a las personas. A pesar de ello, los Diputados de Renovación Nacional se marginaron de la Comisión. Es todo cuanto puedo informar. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bombal para plantear un asunto reglamentario. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, deseo consultar respecto del seguimiento del Orden del Día. El informe ha tomado largo tiempo. Por los tiempos asignados por acuerdo de los Comités, el Orden del Día terminaría con este informe. Después figura el proyecto que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, con lo cual tendríamos una hora más. Mi pregunta es: ¿esta hora fue estimada dentro del Orden del Día, o adicionalmente a esta parte de la sesión? Consulto para saber los efectos que esta situación tendrá en la tramitación del proyecto sobre filiación. El señor SOTA (Presidente).- Es con prórroga del Orden del Día, señor Diputado. En discusión el informe de la Comisión especial investigadora de las irregularidades denunciadas en la Dirección Nacional de Aduanas. Tiene la palabra el Diputado señor Samuel Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, tras largas sesiones de trabajo de la Comisión Investigadora, he llegado a la convicción de que en ciertas ocasiones los hombres y las verdades deben ser puestos a prueba, y en esta oportunidad lo ha sido un hombre que ha dedicado toda una vida al servicio público en forma ejemplar. En efecto, la trayectoria pública y privada del Director Nacional de Aduanas y destacado ex parlamentario don Benjamín Prado Casas, ha sido intachable. Quiero destacar que tras esta investigación se estableció que en ninguna de los hechos analizados existió de parte de este funcionario alguna actitud dolosa, fraudulenta o ausente de probidad. ¿La honra personal por su actuación funcionaría ha sido puesta en cuestión? Muy por el contrario, ha habido reconocimiento a una probidad y transparencia a toda prueba. Por lo demás, es importante destacar lo difícil que es administrar un servicio como Aduanas, que en el último año fiscalizó impuestos por más de 3 millones de dólares y documentos de destinación aduanera, que significaron varios millones de dólares a favor o en contra del Fisco. Todos estos procedimientos son extremadamente complejos y, además, se realizan con una dotación de personal insuficiente y en una infraestructura obsoleta e inadecuada para el buen desempeño de tan importante función fiscalizadora. A pesar de ello, durante la gestión de Benjamín Prado, este servicio ha sido capaz de proyectarse, de abrir muelles, pasos fronterizos y avanzadas y, lo que es más relevante, de dar inicio a su modernización, proceso que ha comenzado a materializarse con el envío de un proyecto de ley que se encuentra actualmente en trámite en el Congreso Nacional. La Comisión Investigadora ha detectado algunas deficiencias en la operación del Servicio de Aduanas. Sin embargo, no se puede por esto enlodar la honra y el prestigio de personas, que, como se ha dicho, han entregado al servicio de la patria todo su talento y creatividad, además de sus mejores años de vida. Precisamente, la instancia más propicia para debatir las mejores fórmulas que permitan, por una parte, perfeccionar la gestión, y por la otra, los mecanismos de control, que han fallado, será la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre modernización de Aduanas, en el cual podrán plantearse, de manera positiva y desapasionada, todas las alternativas legales destinadas a que no ocurran actos que signifiquen falta de diligencia en las operaciones, ineficiencia del servicio o, eventualmente, perjuicio fiscal. Debe destacarse que tanto en el caso del denominado convenio con el Grupo Editorial, como en de la rehabilitación del agente de Aduanas, señor Patricio Sesnich, no se comprobó que el señor Benjamín Prado actuara en beneficio de supuestos intereses comerciales o para favorecer amistades. En cuanto al caso de la autorización de un almacén franco para permitir el ingreso de prendas de vestir destinadas a la empresa Calderón Confecciones S.A., no hubo perjuicio fiscal alguno. Por otra parte, en relación con la importación irregular de un modelo de jeep Mitsubishi, el Servicio de Aduanas adoptó las correcciones necesarias para prevenir que se cometieran nuevos actos ilícitos en este sentido. Lo mismo ocurrió tras constatarse irregularidades en el reintegro de los insumos establecidos en la ley N° 18.480, como también en el caso del contrabando de relojes, en donde un funcionario que cometió el delito pagó con su cargo la falta de probidad, y el infractor particular debió pagar el doble del valor de las mercancías para acogerse al beneficio de renuncia a la acción penal que la ley establece. En síntesis, en ninguno de los casos investigados hubo perjuicio fiscal o actitudes dolosas o fraudulentas. Quiero rescatar y revalidar el derecho y el deber que la Cámara de Diputados tiene en la fiscalización de los actos de la autoridad administrativa. Asimismo, quiero ser justo y resaltar el testimonio de un hombre como Benjamín Prado, que entregó toda su colaboración a esta Comisión Investigadora, con sabiduría, prudencia y ponderación. También concurrieron a la Comisión representantes de la Cámara Aduanera, de empresas ligadas al negocio importador y exportador, abogados especializados en derecho tributario y aduanero y altos funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. Todos ellos han dado testimonio respecto del buen juicio, transparencia y probidad de este ejemplar y noble hombre público. Entonces, podemos concluir en que las fuertes críticas que ha recibido respecto de su gestión, tienen la intención clara de desprestigiar a un Gobierno que sólo busca modernizar todas las estructuras ligadas al comercio, internacional, a fin de que se generen mayores divisas para el país y, en consecuencia, mejores posibilidades de calidad de vida para sus habitantes. La Comisión Investigadora, de la cual he formado parte, ha realizado un acabado análisis de los distintos aspectos que eran materia de cuestionamiento, llegando a la convicción de que aquí no estamos frente a un manejo oscuro, fraude u otras acciones constitutivas de delito. Don Benjamín Prado, como se pudo establecer, sólo ha buscado poner a este servicio a la vanguardia técnica y operativa, a través de un gran plan modernizador, que permita colocar al comercio internacional del país en capacidad de competir con todos los mercados del mundo. Por tanto, quienes pretendían malintencionadamente y persiguiendo intereses mezquinos enlodar la honra pública de un hombre de la estatura moral y funcionaría de Benjamín Prado, a través de este Gobierno de la Concertación, han visto fracasar sus intentos, porque este Gobierno, como el que encabezara Patricio Aylwin, han dado muestras claras de transparencia y probidad y, por sobre todo, de apego a la Constitución y a las leyes, como corresponde a quienes son depositarios de la voluntad ciudadana y de la confianza de todo un pueblo. Finalmente, debemos tener presente que el Parlamento chileno ha dado siempre ejemplo de sabiduría, justicia y transparencia. Por lo tanto, no podemos defraudar esa tradición aceptando, por presión indebida, puntos de vista que afectan la honra y la imagen de funcionarios públicos que sólo han servido con nobleza y altruismo a la patria, tanto más cuando la Contrataría General de la República y los tribunales de justicia, en su caso, han manifestado claramente que los hechos investigados no constituyen faltas administrativas que involucren o importen responsabilidad funcionaría alguna del Director Nacional de Aduanas, o que sean constitutivas de delito o fraude, como quedó establecido y demostrado en la Comisión Investigadora que tuve el honor de integrar en esta Honorable Cámara. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Taladriz. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, si bien la Cámara de Diputados tiene la facultad reglamentaria para constituir comisiones especiales investigadoras, como lo ha hecho en el caso de las denuncias presentadas sobre la actuación de la Dirección Nacional de Aduanas, éstas, a mi juicio, no revisten la seriedad ni tienen la acuciosidad necesaria cuando el eventual inculpado pertenece a un determinado y característico partido político del combinado gobernante. Casualmente, casi todas las denuncias de corrupción, a lo largo y ancho del país, de irregularidades o de eventuales asomos de estos temas, que preocupan a la ciudadanía, se relacionan con ese mismo partido. En lo personal, debo reconocer el esfuerzo que hizo el honorable Diputado don Guillermo Ceroni para tratar de darle a esta Comisión Investigadora la objetividad necesaria, a fin de realizar un trabajo veraz acorde con el significado que tienen las Comisiones especiales. Desgraciadamente, se mueve con coherencia, rapidez y eficacia una buena máquina para tapar plenamente cualquier asomo de duda sobre diversas actuaciones que le correspondió efectuar al Servicio Nacional de Aduanas, y en particular al señor Benjamín Prado, Director Nacional de la institución y precandidato a Senador por un determinado partido. Esto se hace con un claro sentido partidista que ejercen los Diputados, coordinados y pauteados desde afuera no sólo por su propio partido, sino también hasta el propio personero, cuyas actuaciones originaron la creación de la Comisión. El señor SOTA (Presidente).- Señor Diputado, le ruego que no me obligue a usar el Reglamento para llamarle a la atención por las expresiones que usa. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, el mismo criterio debió haber aplicado respecto del Diputado anterior, que sólo alabó la personalidad de determinado personero del Partido Demócrata Cristiano. El señor SOTA (Presidente).- Tuvo su recta intención. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, nosotros estamos firmes para tratar de evitar, criticar y sancionar cualquier asomo de corrupción o de ineficacia funcionaría, especialmente cuando aparece en los más altos funcionarios de la Administración Pública. Las conclusiones, en las cuales no participamos, señalan que la Dirección Nacional de Aduanas admite la existencia de vínculos de amistad e intencionalidad para favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre los funcionarios públicos y particulares. Además, concluye que el Director Nacional de Aduanas incurrió en faltas de acuciosidad en su trabajo y que el Director Nacional de Aduanas, don Benjamín Prado, no puede escapar de su responsabilidad de no velar oportunamente por la eficiente gestión del Servicio. Es evidente que esto es motivo suficiente para entender que aquí han existido irregularidades graves, que fueron denunciadas por Renovación Nacional y que ameritan mayores acciones para remover esta estructura, en una más acorde con las necesidades del servicio, en lugar de favorecer a miembros destacados de determinado partido político. Estamos cansados de que en cualquier servicio público, en vez de buscar gente preparada profesionalmente, se entreguen los cargos a militantes del partido político gobernante. Eso ha posibilitado que existan irregularidades actos de irregularidades y corrupción, y que esta Cámara sea ineficiente en el control y sanción de esas actuaciones. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, me detendré brevemente en las conclusiones de la Comisión Investigadora de Aduanas. El informe establece, sobre la base de los antecedentes recopilados y analizados por la Comisión, que no existen por parte del señor Director Nacional de Aduanas actitudes fraudulentas, dolosas o carentes de probidad. Es ésta, quizás, la primera y más importante conclusión a que llegó la Comisión. Sin embargo, es importante destacar que en dos de los seis casos investigados, los referidos al convenio firmado con el Grupo Editorial que fue rechazado por la Contraloría y, por lo tanto, no se implementó y el caso de la rehabilitación del agente de Aduanas señor Sesnich aprecia vínculos de amistad e intencionalidad de favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares. En este punto hace falta contar en Chile contar con un código de ética de la función pública. La frontera entre lo ajustado a las normas y lo que se podría hacer por favorecer amistades sin caer en faltas de probidad, es muy difusa y precaria. Constatamos que favorecer cierta relación de amistad ha sido hasta ahora, desgraciadamente, una norma común y recurrente en Chile, la cual no está ajena a la vida pública ni tampoco a la privada. En el pasado reciente, bajo el autoritarismo, esto siempre estuvo oculto por un manto de misterio imposible de penetrar. Pero coincidimos en que esto debe cambiar para evitar cualquier asomo de corrupción, tráfico de influencias y favoritismo, que enorme daño pueden causar a la democracia chilena. Por eso valoramos el proyecto de ley sobre probidad de las autoridades y jefes de servicios públicos, Diputados y Senadores, Presentado por parlamentarios de todas las bancadas. Esperamos que pronto sea ley para aplicar los códigos de ética que deben regir la Unción pública. Es necesario destacar la necesidad de modernizar el Servicio Nacional de Aduanas. Esperamos que el proyecto enviado a la Cámara por el Ejecutivo apunte en este sentido. Nuestras exportaciones e importaciones no se compadecen con el actual servicio de Aduanas. En esta dirección, la Comisión detecto faltas de acuciosidad y rigurosidad en la tramitación aduanera; pero también carencias graves en la normativa correspondiente. Por ejemplo, en los casos de reintegro a los exportadores, régimen aduanero de admisión temporal y, concretamente, en las importaciones de vehículos Mitsubishi Montero, efectuadas bajo el régimen de la ley N° 18.525. A raíz de este problema, se ha tomado conocimiento de que no sólo se ha desafectado vehículos por retomados para su posterior comercialización, los que por ley no pueden sobrepasar el valor de 10 mil dólares Fob, sino que lo más impresionante es cómo se desafectaban vehículos de altísimos valores, liberados por diversas franquicias que benefician a los personales de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, que cumplieron funciones en el exterior. De los 674 vehículos liberados durante 1973, la gran mayoría fueron desafectados y posteriormente comercializados. Por lo tanto, no se trata tan sólo de vehículos de bajo valor importados por retomados por una ley que ya expiró, sino de un problema de mayores repercusiones, que requiere de normas aduaneras claras. Por último, me referiré al funcionamiento de la Comisión. En primer lugar, felicito a su presidente, el DiputadoGuillermo Ceroni, por su trabajo y objetividad, y al personal de Secretaría que colaboró con nosotros. En segundo lugar, quiero diferenciar la responsabilidad del trabajo parlamentario. Mientras un partido de Oposición, la UDI, participó e hizo aportes sustanciales a la Comisión, desgraciadamente los representantes de Renovación Nacional, al ver que nada truculento, espectacular y grandioso ocurriría, se retiraron, aduciendo falta de garantía. Esas actitudes poco ayudan a la labor fiscalizadora de la Cámara, nada aportan a controlar la función pública y menos a perfeccionar la democracia. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el honorable señor Soria. El señor SORIA.- Señor Presidente, deseo formular ciertas opiniones relativas al informe de la Comisión, de la cual formé parte, en relación con la rehabilitación del agente de aduana, señor Patricio Sesnich. En la última reunión efectuada por la Comisión la que no tuvo carácter de sesión por haber vencido el plazo otorgado por la Corporación hice entrega de un certificado extendido por el Primer Juzgado de Letras de Iquique, en el cual se señala que el señor Sesnich "se encuentra actualmente procesado por el delito de estafa". Del estudio de ese proceso se desprende que en la época en que íue rehabilitado sólo contaba con una resolución del tribunal de primera instancia, que dejaba sin efecto las encargatorias de reo de aquella época. La gravedad de los hechos antes expuestos deriva de que el señor Sesnich no manifestó la verdad ante la Comisión, ya que señaló que no se hallaba procesado o condenado, lo que no era efectivo. Por otra parte, el Servicio Nacional de Aduana, en especial se Departamento de Supervisión Aduanera, no adoptó en su oportunidad todas las medidas necesarias para verificar la versión de la gente que solicitó su rehabilitación, y pasó al Servicio los documentos entregados por éste sin requerir los antecedentes a los correspondientes juzgados, tal como lo expresó el señor Prado al prestar declaraciones en la Comisión. Como se puede ver, estas conductas distan mucho de la ética y del derecho, y en consideración a que a la fecha en que se pudieron acreditar había cesado el plazo otorgado por la Cámara a la Comisión Investigadora y, por lo tanto, no se podía adoptar resoluciones sobre el referido punto, pido que recabe el acuerdo de la Sala para lo siguiente: 1°.- Enviar estos antecedentes, junto con el informe principal emanado de la Comisión, a su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda. 2°.- Remitir los antecedentes al Director Nacional del Servicio de Aduanas, para que, conforme con su mérito, adopte las medidas correspondientes en relación con el agente en cuestión. 3°.- Hacer llegar copia de estos antecedentes a la Contraloría General de la República, a fin de que se realice una exhaustiva investigación sobre los hechos expuestos. 4°.- Entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que este organismo, si lo considera procedente, ejercite las acciones judiciales y legales a que haya lugar. 5°.- Remitir los antecedentes a la Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de que realice una investigación destinada a verificar la forma en que se permitió la eliminación de antecedentes del señor Patricio Sesnich, en circunstancias de que la resolución que dejó sin efecto la encargatoria de reo no se hallaba ejecutoriada. Por último, deseo manifestar mi complacencia y felicitar al Presidente de la Comisión, quien la condujo muy bien, no dejándose influir por ningún partido político. Vaya para él mi reconocimiento. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su señoría. Tiene la palabra el honorable Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero contradecir al señor Presidente de la Comisión respecto de cuáles fueron los motivos por los cuales nos retiramos de la Comisión, porque la opinión pública tiene derecho a saberlo. Así como él manifestó el porqué, nosotros también tenemos derecho a decirlo. Cuando se citaba al señor Prado a declarar, venía con sus asesores subalternos. Invariablemente, a la primera pregunta que se hacía al señor Prado, los otros ratificaban lo que él decía. Cuando se enviaba un oficio al Servicio de Aduanas, como consta en la Comisión, muchas de sus respuestas eran firmadas por él, y la Honorable Sala y el país deben saber que en esta tierra nadie se juzga a sí mismo. , Después de que se logró el objetivo de que el señor Prado hiciera sus descargos, se revierte este acuerdo como queriendo decir: "Hemos logrado nuestro objetivo; ahora podemos hacerlo como queríamos". No aceptamos eso, porque es un procedimiento impropio de las Comisiones Investigadoras. Esa es la razón por la cual nos retiramos. El señor Venegas ha dicho que este señor es un hombre intachable, que ha sido un "pan de Dios" toda su vida, lo que no se concilia con las conclusiones del informe, aprobados por unanimidad, a las cuales concurrió con su voto, en las que se dice favorable a sus amigos y no ha tenido probidad. Por otro lado, el señor Encina expresa que hace falta un código de ética. ¿A quién se está refiriendo el honorable Diputado señor Encina? ?A una persona abstracta? ¿A alguien que no existe? Claramente se está dirigiendo al señor Prado que, en este caso, era el investigado. Si un Diputado dice que es intachable, otro que hace falta un código de ética y el informe en la conclusión N° 2, que ha habido vínculos de amistad e intencionalidad, no entiendo nada de lo que pasó en esa Comisión. En todo caso, se justifica nuestro retiro. Aquí tampoco se ha mencionado lo que le Pasó al Diputado señor Soria. Cuando él se encontraba almorzando en su casa, enviados especiales del señor Sesnich fueron a decirle que lo ayudara y que ellos lo ayudarían en las campañas venideras. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Perdóneme, ahí está el señor Soria. ¡Que lo ratifique! ¡Se lo estoy diciendo de cara a la Sala! ¡Entonces, no vengan a decir que este señor era una blanca paloma en lo que hacía! El señor SOTA (Presidente).- Perdón, Su señoría. El Diputado señor Ceroni le pide una interrupción. El señor GARCÍA (don René Manuel).- No, yo estoy diciendo lo que no se dice en la Comisión. Si analizamos fríamente el informe, coincidiremos en que ha habido cosas raras o que, indudablemente, han andado en el “filo de la navaja”. No digo que haya fraude o que el señor Prado haya robado, pero sí ha habido intencionalidad para favorecer a un determinado grupo de amigos. La Comisión dice que el señor Prado “actúa de buena fe”, ¿La buena fe de quién? ¿Cuál era el modus operandi del señor Prado? Les explico. Daba determinadas autorizaciones a almacenes, a empresas editoriales, pero posteriormente, como sabía a ciencia cierta que estaba actuando “al filo de la navaja”, dirigía un oficio a la Contraloría o al Ministerio de Hacienda relacionado con la ratificación de lo que había autorizado. La Comisión, en la conclusión N° 6 no voy a latearlos con todo lo que sale aquí porque Sus Señorías pueden leerlo expresa: “Vuestra Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Aduanas considera importante que este informe sea remitido a Su Excelencia el Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda, para su conocimiento.” ¿Para qué, si lo saben? En cambio, en cuanto al punto VI: “Los fundamentos que justifiquen o no el envío del informe o de los antecedentes recopilados a los tribunales de justicia, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, en su caso.”, se dice: “Vuestra Comisión no adoptó acuerdo al respecto.” Entonces yo le pregunto, señores Diputados: ¿vamos a perder 10, 15 o 20 sesiones en una Comisión para que, en lugar de tomar una decisión relacionado con los entes fiscalizadores, que son los que tienen que investigar y dar el veredicto cosa que a nosotros no nos corresponde , se diga: “No, que lo lea el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda”, sin llegar al fondo del problema. Por este motivo, junto con los colegas Longton y Taladriz, nos retiramos de la Comisión, porque consideramos que no debe engañarse al país con un subterfugio cómo éste. Debieran investigarse a fondo las conclusiones de esta Comisión, y no perder más tiempo, como se ha hecho invariablemente en las comisiones investigadoras que ha nombrado la Cámara, con excepción de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en Empremar, que es digna de felicitación por su acucioso trabajo. Por estas razones y por los antecedentes tenidos a la vista, no estamos de acuerdo con la forma en que.se elaboró la última parte del informe, aunque sí coincidimos con algunas de sus conclusiones. Consideré bueno aclarar esto para que lo colegas parlamentarios conozcan los motivos • por los cuales nos retiramos, y no porque no había nada turbio, Diputado señor Encina. Aun cuando no hay nada turbio, se da mucho lo de favorecer a las amistades. Sin duda no se favoreció a muchas personas, porque me da la impresión de que, felizmente, el grupo de amigos personales de Benjamín Prado es muy reducido. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, por ningún motivo voy a emplear el mismo tono del colega que me precedió en el uso de la palabra, quien, con un histrionismo que debería ser parte de una actuación de teatro, da a conocer su posición sobre este informe. En primer lugar, debo felicitar expresamente al señor Presidente de la Comisión, don Guillermo Ceroni, a los funcionarios que nos acompañaron en esta Comisión Investigadora y también a todos los parlamentarios que debimos cumplir el mandato que nos dio esta Sala, en 19 sesiones, con muchas horas de trabajo, en las cuales escuchamos a todas las personas que podían aportar antecedentes respecto de una situación planteada con carácter de escándalo por el Diputado señor Longton, por rara casualidad, meses antes de que se efectuara una elección en la cual era candidato a Diputado; es decir, el año pasado. En su oportunidad, nos llamó la atención, cuando nos entregaron el “set” de los periódicos y las veces que nos informaron por televisión y radio, que los titulares hablaran de fraude de millones de dólares en que había incurrido don Benjamín Prado Casas. Se ha criticado en esta Sala el tono con que el DiputadoSamuel Venegas ha definido la honorabilidad, el prestigio y la entrega al servicio público, por más de 45 años, de Benjamín Prado Casas. Pero como algunos parlamentarios prefirieron retirarse y esa es una decisión absolutamente personal- lamentablemente sólo conocen de oídas lo que paso después en la Comisión, aunque se enojen algunos colegas de Renovación Nacional. Como democratacristiano de toda la vida, debo decir que es un orgullo para los militantes tener un líder de la calidad de Benjamín Prado Casas. Hay que recordar que es uno de los pocos que ha ejercido el cargo de Presidente Nacional del Partido. En la Quinta Región se le conoce por sus obras como Intendente durante el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva; por las dos veces que fue Senador de la República, y mucho antes, cuando ingresó, recién recibido de abogado, por su desempeño en el Servicio de Aduanas. Digo esto para la historia fidedigna de la investigación, y agrego un reconocimiento especial al Diputado de la UDI que participó en la Comisión, la cual deja claramente establecido en el punto 1 de las conclusiones finales que el señor Director Nacional de Aduanas no tuvo ninguna actitud fraudulenta, dolosa o carente de probidad. Manifiesto esto porque a nivel nacional se creía que Benjamín Prado era poco menos que un delincuente. Y no me olvido cuando concretamente le dijo al DiputadoArturo Longton, que hizo la denuncia con mucho marketing: “Señor Diputado, lo autorizo a que pida cartóla de mi cuenta corriente; a que chequee mis bienes desde el instante en que desempeño el cargo de Director de Servicio de Aduanas hasta el día de hoy, y a que chequee a mis familiares a todos mis amigos, para demostrarle que en el servicio público lo único que he hecho es servicio y no enriquecimiento personal”. Por rara casualidad, en la sesión siguiente el Diputado señor Longton se retiró de la Comisión. Defiendo en la Sala la facultad de fiscalización; pero, ¡con qué simpleza y ligereza se juega con la probidad de las personas! Lamento que no se entienda por este tipo de situaciones lo único que hace es dañar al Poder Legislativo, en el caso particular, a la Cámara de Diputados. No es casualidad que en de las encuestas que se hacen en el país el Parlamento tenga un bajo porcentaje de aceptación. Por eso, llamo a mis colegas a meditar sobre lo que significa realmente cumplir la labor de fiscalización. Cuando estamos en un Segundo gobierno democrático, ¡qué fácil es a decir éste es un ladrón, éste es un sinvergüenza, éste hizo un negocio, éste está actuando dolosamente, éste está haciendo sociedades! ¿Y por qué hablo de sociedades? Porque se hizo mucho escándalo de las sociedades de Benjamín Prado, y resulta que un informe al respecto demuestra que se constituyeron antes de que él fuera Director de Aduanas. Todas las personas que están en la actividad portuaria o marítima reconocen la capacidad profesional de Benjamín Prado y que es un hombre estudioso del tema; pero, a pesar de eso, en el certificado oficial que solicitamos se demuestra que tales sociedades no tuvieron movimiento en el tiempo que él fue Director de Aduanas. Por lo tanto, reivindico el nombre de Benjamín Prado. Ha quedado claramente establecido en el primer punto de las conclusiones que es un hombre probo y transparente y que no ha actuado en función del beneficio personal. Quiero terminar expresando que quienes tuvimos la paciencia, capacidad o dedicación de continuar en la investigación, llegamos a una conclusión lógica y que no es ninguna novedad: el aumento espectacular de las exportaciones requiere modernizar las aduanas de Chile, y esto implica que el Poder Legislativo, Gobierno y Oposición deben legislar a fin de simplificar los trámites y hacerlos de acordes al progreso del país. Está mañana debo expresar que el acucioso trabajo de la Comisión demuestra con claridad que Benjamín Prado es un hombre absolutamente transparente. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, lamento que en el análisis del trabajo de la Comisión Especial acerca de ciertas anomalías denunciadas en el Servicio Nacional de Aduanas, escuchemos ataques o defensas a personas. En la Cámara no deben tocarse la honorabilidad de las personas. Lo importante es responder a la ciudadanía sobre los hechos denunciados; conocer si el Servicio Nacional de Aduanas ha desarrollado una actividad acorde con su importancia, porque su responsabilidad es enorme en el campo de la fiscalización aduanera y de la consiguiente recaudación tributaria a lo largo del país. Durante los últimos años, desde que comenzara la apertura económica del país, el Servicio Nacional de Aduanas recobró gran importancia, es ahí donde quiero situar el esfuerzo y el trabajo realizado en la Comisión. Respeto profundamente la posición de los parlamentarios de Renovación Nacional al retirarse de la Comisión. Puede que no la comparta, pero la respeto. Lo que importa es saber si efectivamente dicho Servicio ha tenido un trabajo, una eficiencia y una agilidad al servicio del país. Es ahí donde debiéramos poner énfasis y no en si el señor Prado ha cometido dolo o fraude. De las conclusiones de la Comisión, basadas en los testimonios que recibimos, ha quedado claro que el señor Prado no cometió dolo ni fraude. Las firmé porque soy un convencido de que no es así. Si hubiese tenido antecedentes en contra también hubiera sido categórico en afirmarlo. Pero el problema es definir si el señor Prado ha sido un eficiente Director de Aduanas y si ha dado la agilidad y la eficacia necesarias al Servicio. En verdad, los puntos 2 y 3 de las conclusiones nos indican lo contrario: el señor Prado no ha sido un buen Director del Servicio Nacional de Aduanas, porque realmente se privilegiaron amistades y vinculaciones partidistas por sobre el buen servicio. Y el punto 2 del informe es claro cuando señala “Que de los hechos investigados se puede apreciar la existencia de vínculos de amistad e intencionalidades para favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares.” Y en dos puntos, quienes participamos en la Comisión tuvimos ese convencimiento: el convenio firmado por una empresa privada y la rehabilitación de un agente de aduanas en la Primera Región, en que la actitud del señor Prado no fue acorde con la transparencia y el esfuerzo que debe demostrar todo funcionario público. Esta Comisión Investigadora ha sido positiva, no para acusar a una persona, sino para que la Cámara se dé cuenta de la importancia de ese Servicio y, más aún, de la necesidad de que en él se efectúen profundas modernizaciones como se dice el informe en su organización, reglamentación y tecnología, para que cumpla las importantes funciones que se le han otorgado. En ese sentido, nuestra Comisión realizó un trabajo serio, y sus conclusiones apuntan a las consideraciones ya manifestadas por el Ejecutivo en un proyecto sobre modernización de aduanas que envió al Congreso hace pocas semanas. Esto habla bien del trabajo, nuestro, del esfuerzo que se ha hecho: nos ha dado un balance general de que en departamentos o acciones dentro del Servicio Nacional de Aduanas hay responsabilidades por falta de acuciosidad, de que no hay un trabajo realmente eficaz ni acelerado que agilice el comercio exterior nacional. En esa perspectiva, nos preocupa, por ejemplo, el caso de los vehículos que se importan mediante leyes de excepción, como el de los retornados políticos, en que de los antecedentes aportados por las propias empresas sobre los ingresados al país, ha quedado en duda el trabajo que realiza el Departamento de Valorización de Aduanas. Creo que el de Mitsubishi es un problema serio, porque puede implicar una pérdida importante en la recaudación tributaria del país por falta de trabajo y acuciosidad por parte del Servicio Nacional de Aduanas. Es un hecho conocido que han ingresado al país vehículos valorados en 10 mil dólares, lo que nadie se explica, porque si uno revisa sus precios en el extranjero, se da cuenta que son muy superiores a 50 mil o 60 mil dólares, por una situación de elementos opcionales que se van descontando, en que, a mi juicio, el Departamento de Valorización no ha sido acucioso, han ingresado por menos de 10 mil dólares. Ese es un problema que nos preocupa, porque el fisco está recaudando menos dinero por favorecer los negociados de ciertos sectores que se han aprovechado indebidamente de leyes aprobadas únicamente por el Congreso que tenían un sentido distinto, cual era reinsertar a chilenos que abandonaron el país por motivos políticos, el Servicio Nacional de Aduanas tiene amplia responsabilidad en esta acción. Por todo, esto, considero muy importante que haya un cambio profundo en el Servicio Nacional de Aduanas, en su reglamentación, en sus normativas, en su estructura; y a raíz de este informe, también creo que debe haber un cambio de Director Nacional de Aduanas, porque el señor Prado no ha cumplido cabalmente lo que debe ser la función de un buen servicio. Por eso, es indispensable que este informe sea remitido cuanto antes al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, documento cuya importancia incide tanto en la estructura de este servicio, como en las personas que lo dirigen. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, estamos frente a un informe amplio y claro, cuyos autores han actuado con prescindencia política, lo cual es muy importante. Lo valorizo porque nos consta el tiempo que la Comisión trabajó en esta denuncia que, en un momento dado, la Sala acordó investigar. Me felicito de que hoy el Parlamento, especialmente la Cámara de Diputados, tenga la facultad de fiscalizar y de investigar. Creo que uno debe ser muy equitativo al entregar opiniones en materias tan delicadas, como son denuncias a instituciones, y en este caso concreto, a la Dirección Nacional de Aduanas. Quiero hacer resaltar una diferencia. En el caso de Empremar, fui uno de los que votó derechamente por sancionar a su Director. Con la misma decisión y energía, hoy reconozco que el informe, además de haber llegado a conclusiones por la unanimidad de sus integrantes, ha significado un esfuerzo que no podemos dejar de reconocer. Creo que la única manera de que la Corporación pueda mantener su prestigio y elevarlo cada día más, es que las denuncias formuladas tengan una sustentación, porque no pueden formularse una acusación si no se tienen pruebas concretas. Me quedo con la intervención del Diputado señor Leay, porque creo que ha sido muy objetivo -además de ser integrante de la Comisión- en cuanto a reconocer el esfuerzo que se ha hecho para emitir este informe. No obstante, resulta necesario adoptar normas que permitan hacer más eficiente y transparente este tipo de instituciones, y no sólo en el caso de Aduanas, que es el tema que ahora se analiza. Me refiero a que es menester adopta normas para todo lo que es en general la Administración Pública, especialmente las empresas del Estado. Termino manifestando que el Diputado informante ha expuesto de manera muy extensa su relación, la que a mi juicio, ha sido satisfactoria. De tal manera que, en mi nombre y en el de mi bancada el PPD, la respaldamos ampliamente. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, en primer lugar, expreso mi rechazo a las palabras del Diputado señor Ortiz, que no vienen al caso y nada tienen que ver con el informe que hoy tratamos. Cada uno asume sus responsabilidades políticas, cada uno sabe cómo actúa, si lo hace bien o mal y, en definitiva, la opinión pública, el pueblo chileno, es el que juzga. No obstante, sólo quiero recordarle que debiera asumir su responsabilidad, por haber sido él, hace dos años, en su calidad de miembro de la Comisión Especial de Empremar, quien con su voto impidió toda investigación, argumentando que funcionaba muy bien, que no había ningún problema, en circunstancias que un año después nos damos cuenta de que esa empresa está quebrada. Por lo tanto, hay una responsabilidad política que el Diputado señor Ortiz debe asumir ante el país, en especial Valparaíso. El señor Sota (Presidente).- Señor Diputado, le ruego dirigirse a la Mesa. El señor LONGTON.- Señor Presidente, el informe es tremendamente contradictorio en sus conclusiones finales. Por un lado, dice que no hay dolo ni fraude. Sin embargo, a renglón seguido, en el punto 2, establece que el Director Nacional de Aduanas favoreció a amigos, a personas de su partido, etcétera. Si eso no es falta de probidad, no sé cómo se puede calificar. Quiero referirme a cada uno de los puntos investigados. En primer lugar, a las infracciones a la ley N° 18.480, relativas a los beneficios de reintegro por los insumos nacionales o nacionalizados que se hayan utilizado en la fabricación o elaboración de bienes exportados o consumidos en la producción de éstos. Curiosamente, si leemos el informe con detención, entre abril o mayo de 1994 –periodo en que el Diputado que habla, junto con otros miembros de nuestra bancada, formuló el mayor número de denuncias- es cuando el señor Prado trata, a través de oficios, documentos y dictámenes, de ratificar los errores en que estaba incurriendo. La pregunta es: ¿qué pasó con las personas a quienes se les formulaban tales cargos? Dice el informe, en la página 8, número 7:”….la mayoría de los cargos ya están formulados; esta etapa de formulación de los cargos está terminándose. El total de cargos ordenados formular por este concepto asciende a 3.361.797 millones de dólares además, se estudia la formulación de cargos por 850 mil dólares, que corresponde a empresas que han interpuesto recursos de protección en que la Corte de Apelaciones dio orden de no innovar.” El oficio reservado tiene fecha 30 de junio de 1994. Es decir, después de iniciada la investigación, el señor Prado empieza a rectificar y a tomar un poco más serio sus responsabilidades. ¿Qué dice al conocer las denuncias respecto de infracciones a la ley N° 18.480? En un diario de la capital, de abril de 1994, el señor Prado expresa: “Nosotros detectamos las infracciones, pero no está medido el daño.” O sea, al conocerla denuncia, de inmediato recapacita y sostiene que no es el DiputadoLongton, sino la Dirección Nacional de Aduanas la que detectó tales infracciones. ¿Qué se dijo respecto del delito de contrabando-también lo denunciamos en su oportunidad y se mantuvo oculto por casi un año-, en el cual estaban involucrados funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas? Que el proceso se concluyó y que existió mérito para ejercer la acción penal por delito de contrabando. ¿Qué dice el informe? Presunto contrabando. Una contradicción más que contiene. ¿Qué pasa con uno de los responsables, el señor Israel Araya Cárdenas? También el 18 de mayo –es decir, cuando comienza la investigación-, el Director Nacional de Aduanas le aplica a dicho funcionario medidas disciplinarias de destitución de su cargo. Una vez más se produce la reacción ante la denuncia. La pregunta que formularé durante toda mi exposición es: ¿por qué el señor Prado no cumplió con su deber? y ¿por qué la Dirección Nacional de Aduanas no ejerció sus atribuciones y dio las órdenes pertinentes en el momento oportuno? Respecto de los almacenes francos, estamos en presencia del mayor de estos escándalos. El señor Director Nacional de Aduanas, bajo régimen aduanero de admisión temporal, autoriza el ingreso de prendas de vestir destinadas a la empresa Calderón Confecciones Sociedad Anónima, conocida también como Johnson's Clothes. ¿Qué hace el señor Prado? Apenas comienzan las denuncias -esto aparece en la prensa- envía un oficio al Ministerio de Hacienda, en el cual le señala que tiene dudas respecto de la autorización de este almacén franco y que le informe si está actuando bien o mal. Y el Ministerio de Hacienda le responde que eso no es correcto, que debe rectificar y ejercer las acciones pertinentes. En seguida, se dictan algunas ordenanzas a fin de ser lo más acucioso posible, y vigilar el comportamiento de estos almacenes, lo que, finalmente, termina con su clausura. Esta se produce porque hay presión por parte de la Cámara de Diputados, hay oficios a la Contraloría General y al Consejo de Defensa del Estado, advirtiéndose que existe una situación irregular. ¿Qué pasa respecto del contrabando de los jeeps? El Director Nacional de Aduanas tiene la tupé de denunciar a quienes importan los jeeps en circunstancias de quien ha cometido el delito y la infracción es precisamente la Dirección Nacional de Aduana, que acepta la internación de ellos. Se trata de un juicio aún pendiente. Tenemos el caso del Agente de Aduanas, don Patricio Sesnich, a quien se le priva del cargo por cometer delito que merece pena aflictiva. Pide su rehabilitación, la cual es concedida. El Diputado que habla a través de la Cámara, solicitó el pronunciamiento de la Contraloría General la cual respondió que esa rehabilitación es ilegal, el señor Prado, en lugar de hacer lo que le ordena el órgano contralor deja la Situación en statu quo a fin de que exista tiempo suficiente para que el señor Patricio Sesnich recurra a los tribunales de justicia. Una de las denuncias más importantes es el contrato ilegal que se firmó entre la Dirección Nacional de Aduanas y el grupo editorial PrtomanNormatec, cuya asesoría legal pertenece a la Empresa Coexa Limitada, de la cual es socio don Benjamín Prado. ¿Qué dice la Contraloría General ante mi requerimiento y el de la Cámara de Diputados? Que las funciones privativas de la Dirección Nacional de Aduanas, que son públicas, no se pueden entregar a privados, como lo hizo el señor Prado. Que es ilegal y contrario a derecho, y agrega: No sólo caben estas dos observaciones, sino que, además, este contrato no ha sido sancionado con el respectivo decreto administrativo que da constancia de este acto y que debe ser informado al órgano contralor. Señor Presidente, creo que las denuncias se han hecho responsablemente, con fundamentos y, de alguna manera, así se han hecho presentes en la Comisión. Su presidente, señor Ceroni, no tiene razón cuando trata de repudiar el hecho de que Diputados de mi Partido, se hayan retirado de la Comisión Investigadora. Cuando se está realizando una investigación, no corresponde que tres personas que serán interrogadas sobre los mismos puntos, ingresen conjuntamente a la Comisión, porque las opiniones no se pueden contrastar, y no se da la posibilidad de buscar divergencia en sus declaraciones. El señor Ceroni, con la autorización de la mayoría oficialista de la Comisión, hizo ingresar simultáneamente a las tres. Posteriormente, él rectifica, pero el error ya se cometió y el daño ya se causó a aquella investigación, esta es una de las razones por las cuales preferimos retiramos de la Comisión. Parece que el tiempo nos ha dado la razón, porque si leemos el informe, el señor Prado, a quien el Diputado señor Ortiz le rindió homenaje, no es tan santo, ni tan correcto en el desempeño de sus funciones, ni tan acucioso, ni tan diligente, porque las conclusiones finales dicen algo distinto. ¿Qué sucede? Se trata de congeniar las faltas del señor Prado con las denuncias que hacemos; de contrarrestar las presiones que existen al interior del Gobierno, especialmente del Ministerio de Hacienda, que lo único que desea es que este señor deje su cargo para nombrar a su sucesor. El propio Presidente de la República, don Eduardo Frei, en una visita realizada hace un par de meses a la Cámara, dijo que "la Dirección Nacional de Aduanas es un lastre para el desarrollo del país". Entonces, ¿quién de los Diputados oficialistas puede desmentir las palabras del Presidente Frei? Asimismo, quiero referirme a un intento para acallar las denuncias que formulamos durante casi un año. Muchas veces funcionarios de Aduanas fueron presionados por el Director de Aduanas para que defendieran de alguna manera los intereses del señor Prado. Quiero decir, públicamente, que los funcionarios de Aduanas han estado cumpliendo con sus deberes. Lamentablemente, también han sido presionados, y hoy en Arica un grupo importante de funcionarios de la Dirección General de Aduanas está siendo despedido y otros ya lo fueron hace un par de días. En las conclusiones del informe, en el punto 1. se dice: “Que del análisis de los antecedentes, documentos, oficios y declaraciones prestadas ante la Comisión, se constata que no han existido por parte del señor Director Nacional de Aduanas actitudes fraudulentas, dolosas o carentes de probidad.” En seguida aquí está la contradicción, el punto 2. consigna: “Que de los hechos investigados se puede apreciar la existencia de vínculos de amistad e intencionalidad para favorecer intereses reñidos con las normas y de transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares.” Si esto no es dolo o falta de probidad, ¿qué es? En el punto 3. se expresa que el Director Nacional de Aduanas incurrió en falta de acuciosidad. ¿Qué significa eso? En el punto 4. se dice: “Que tampoco escapa a la responsabilidad del director Nacional de Aduanas por no haber velado oportunamente por un eficiente funcionamiento del Servicio, dado que la falta de personal nada tiene que ver con la negligencia con que se realizó el trabajo en esas áreas.” El señor SOTA (Presidente).- Perdón, señor Diputado. Le ruego redondear sus observaciones, porque ha terminado el tiempo de su Comité. El señor LONGTON.- Termino, en seguida, señor Presidente. En definitiva, el informe es contradictorio; estamos de acuerdo en parte con él y dispuestos a concurrir con nuestros votos y con las observaciones pertinentes; también a solicitarle al Presidente de la República que, lo antes posible, proceda a la destitución del señor Prado, porque ya ha pasado mucho tiempo y esa Dirección Nacional de Aduanas debe ser modernizada. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor De la Maza. El señor DE LA MAZA.- Señor Presidente, quiero remitirme a los hechos a fin de clarificar las apreciaciones formuladas en la Sala, las cuales insisten en imputar delitos a personas que no los han cometido. Creo que la inviolabilidad de nuestras opiniones está destinada, fundamentalmente, a fortalecer y a resguardar la función parlamentaria. Sin embargo, este derecho requiere una prudencia extraordinaria de todo parlamentario, porque en el ejercicio del derecho a opinar, legítimo y necesario, se puede afectar la honra de personas a través de opiniones condenatorias o sesgadas, que permitan suponer del afectado conductas delictuales con anterioridad al término de la investigación o de los fallos de los organismos de control o judiciales. Éste es el caso, porque hoy, cuando se conoce el informe, la unanimidad de los miembros de la Comisión y de otros parlamentarios que quisieron participar constataron “constatar” es distinto de “apreciar” que en el ejercicio de sus funciones del señor Director Nacional de Aduanas no había incurrido en falta de probidad. Ésa es la diferencia. Hay que entender que el lenguaje es para que los seres humanos nos entendamos. Respeto mucho la opinión del Diputado señor Leay, quien señaló que a la luz de la única fuente que podíamos contar -los documentos, los testimonios y los antecedentes que existían de la Contraloría y de los organismos pertinentes- no había falta de probidad. Constatamos que se había actuado con honestidad y que no había materias delictuales en la gestión del señor Prado. ¿Qué pretenden ahora, hablando de los delitos cometidos? ¿Continuar con la campaña absurda y grotesca hecha a través de la prensa durante más de un año, hablando de cosas inexistentes, fraudes por 20 millones de dólares, contrabandos permanentes en los cuales estaba comprometida la responsabilidad del Director Nacional de Aduanas? ¿Queremos seguir con esto hoy día? ¿Queremos seguir teniendo publicidad para aparecer como los grandes fiscalizadores de la gestión nacional? Quiero decir a los Diputados que están en esa posición que hay algo más grave que la corrupción: suponer, infundadamente, que hay corrupción. Es más grave para Chile, para el Estado y para el Gobierno y para la estabilidad democrática la suposición antojadiza. Para eso están los análisis, los juicios por los organismos pertinentes. ¿Qué sucedió con el convenio suscrito entre el Director y un grupo editorial? La Contraloría General lo objetó y declaró contrario a derecho. ¿Qué hizo el Director? Lo que debe hacer un buen jefe de servicio: desestimó el convenio. ¿Eso es delito? ¡No! Si se hubiese seguido adelante con él, se habría cometido un delito. No se hizo, porque frente al dictamen de la Contraloría, se suspende su aplicación. Así lo señala la propia Contraloría. Respecto de la rehabilitación del señor Sesnich como agente de Aduanas, la Contraloría General declara que la revocación es improcedente. ¿Qué hace el Director Nacional de Aduanas? Deja sin efecto el decreto de rehabilitación. ¿Qué hace el afectado? Ejerciendo su derecho, recurre a la Corte de Apelaciones, la que acoge el reclamo. El Director de Aduanas, pudiendo haber aceptado el dictamen de la Corte de Apelaciones, apela la Corte Suprema en vista de la exigencia de la Contraloría. ¿Qué hace la Corte Suprema? No ve el recurso de fondo, porque la ley señala que el organismo que le corresponde tomar la decisión es la Honorable Junta Nacional de Aduanas. ¿Quiénes componen la Junta? ¿Es el Director Nacional? ¡No! Son representantes de los productores, de instituciones privadas, los que determinan que el señor Sesnich está habilitado para ejercer como agente de Aduanas. ¿Qué delito cometió el señor Prado? ¡Ninguno! Acogió el de la Contraloría después que la Corte Suprema señaló que era la Junta Nacional de Aduanas el órgano competentes y ésta aprobó la rehabilitación, ¿qué tiene que hacer el señor Prado? ¿Cometió algún delito, alguna falta? Ninguna. El contrabando de relojes afecta al Fisco en un 1 millón 800 mil pesos, no con caracteres de escándalo, pues se trata de 700 relojes no finos. ¿Qué hace el tribunal de Aduanas de Santiago cuando detecta el contrabando? Inicia la acción penal correspondiente; pero cuando descubre que hay dos personas involucradas que tienen fuero militar, no se hace parte y traspasa el caso a los tribunales militares. ¿Qué sucede? Son exonerados dos funcionarios de la Fuerza Aérea y un funcionario de Aduanas destituido. ¿Son vulnerados los derechos del Fisco? ¡No! Son pagados todos los derechos de impuestos correspondientes, porque por esta legislación especial -y los señores parlamentarios abogados lo saben; por eso es inaceptable la ignorancia el Fisco se puede desistir. ¿Cometió algún delito el señor Prado? ¡No! ¡La Aduana actuó como tiene que funcionar! Respecto de Calderón Confecciones, tampoco es aceptable la ignorancia, pues no se trata de almacenes francos. Es un régimen de admisión temporal de mercancía que ingresan al país para ser reexportadas, en ejercicio de una facultad reconocida por la ley. La autorización fue dejada sin efecto, porque el objeto de la petición no se cumplió, y del ciento por ciento de la mercadería que había ingresado al país al amparo del régimen de admisión temporal, sólo un 10 por ciento había sido reexportado. ¿Qué hace la Aduana? Suspende el régimen de admisión temporal. ¿Hay perjuicio fiscal? ¡No la hay! ¿Cometió algún delito el señor Director de Aduanas? ¡No cometió delito! Reintegro de exportaciones. Se imputaron por otorgados los beneficios de la ley N° 18.880 a exportadores con infracción de las normas legales de la propia ley. El Servicio Nacional de Aduanas, por sí y no por denuncia de ningún Diputado, determinó que se habían percibido reintegro por insumos que habían afectado al Fisco por 3.700.000 dólares, por una interpretación errónea del sector privado. ¿Qué hace la Aduana? Formula cargos contra los particulares y se instruye un sumario interno a la aduana de Talcahuano. Hay recursos de protección interpuestos por los particulares, porque ellos tienen derecho a defenderse, incluso, frente a una decisión legal de la Dirección Nacional de Aduanas. Hay juicio en este momento y lo pueden ganar. Importación irregular de jeeps Mitsubishi. Me habría opuesto a la ley aprobada en el Congreso Nacional, similar a la despachada hacia un tiempo atrás, cuando volvieron los líderes de la revolución de la libertad, después del golpe militar. De todas maneras, Comsa, la firma que informó los valores de acuerdo con la ley, determinó que los jeeps valían 10 mil dólares. Cuando la Aduana de Valparaíso y de Iquique, no terceros, constató que había inconsistencia en los valores, se hizo la denuncia al tribunal correspondiente y se inició una causa por delito de fraude. La Aduana, durante 1993, fiscalizó impuestos por más de 3.000 millones de dólares. Quiero citar sólo la opinión de una persona expresada cuando empezaron estas denuncias y que a algunos de los señores Diputados les debe merecer fe. Es miembro del Consejo Regional de Valparaíso; ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo de esta Región; no es partidario nuestro ni es hombre que goce de nuestras simpatías políticas. Escuchen, señores Diputados, porque a veces queremos evadir nuestras responsabilidades. Se trata de don Carlos Calderón Moreno, quien sostuvo: “Con gran preocupación, no exenta de desagrado, he venido siguiendo la verdadera persecución que un señor Diputado ha iniciado en los últimos meses en contra del Servicio Nacional de Aduanas y su Director Nacional. Me desagrada, puesto que creo que las presuntas acusaciones en que basa sus denuncias, distan mucho de constituir hechos delictivos o corruptos que, de alguna forma, hubiesen ameritado la formación de una Comisión Especial." Es lo que estoy afirmando. Y dice después en otra parte: “Uno, dos y hasta cinco procedimientos que pudieran considerarse inadecuados o improcedentes frente a los miles que diariamente se efectúan con corrección total, no pueden ni deben inducir a la opinión pública a crucificar a un servicio probo y honesto.” Eso es lo que quiero sostener finalmente, porque aquí están en juego las personas. ¡Si los señores Diputados pudieran ver todos los recortes de prensa y la insistencia en plantear en esta Sala que aquí hubo delito; que hubo falta de probidad! La lengua a veces es difícil de amarrar; pero los Diputados de la UDI que estuvieron en la Comisión saben que eso no es cierto. ¡Hubo falta de acuciosidad, y es cierto que el servicio tiene defectos'. Es efectivo que pueden atribuirse vínculos de amistad en algunas decisiones, pero no hubo dolo, ni falta de probidad, ni deshonestidad. Y la honra de un director es fundamental deferencia. Lo haría, incluso, si el Director Nacional de Aduanas no fuera de mi Partido; con mayor razón si lo es. Espero que en el ejercicio de la función fiscalizadora nunca se cometa el error ni la vulgaridad de enlodar a una persona cuando no corresponde, cuando los tribunales no lo han determinado y cuando la propia Comisión Investigadora, aunque no me guste, así lo ha constatado. En nombre de la bancada Demócrata Cristiana expresamos nuestra solidaridad a don Benjamín Prado Casas, quien ha tenido una trayectoria impecable de servicio público, como Intendente, como Senador electo democráticamente, con alta mayoría, como presidente nacional de mi Partido y como modesto funcionario de Aduanas de este país. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor Avila. El señor BOMBAL.- ¿Me concede una interrupción de 30 segundos, señor Diputado? El señor ÁVILA.- De acuerdo, pero con cargo. El señor SOTA (Presidente).- Con cargo al tiempo de la UDI. Tiene la palabra el Diputado señor Bombal, en esas condiciones. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, lo señalado por el Diputado señor De la Maza me ha dado mucha luz respecto del contrabando de relojes. En algún momento se me mencionó una cifra del orden de 200 millones de pesos, la que no coincide con la consignada en el informe. Dado que la explicación del Diputado De la Maza ha sido tan clara en este punto, me gustaría que él o el Diputado informante precisaran esa cifra, porque también han sido muy importantes las precisiones jurídicas que se han hecho. Quiero saber si la cantidad correspondió a una realidad, si se indagó, o si no es cierta. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante. El señor CERONI.- Señor Presidente, la materia investigada se refiere a un contrabando en el cual se verificó que las especies eran mil relojes pulseras, más otras mercancías, cuyo valor total, según el acta de aforo, es de 14.361,39 dólares, equivalentes a 5.919.191 pesos, según el tipo de cambio, eso es lo que nosotros investigamos. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, si el sentido del tiempo del Diputado señor Bombal lo aplicáramos a nuestra función período legislativo, duraría un siglo. Quiero puntualizar una conclusión que no emana del contenido del informe que hemos oído, sino del funcionamiento de la Comisión. Estimo relevante el hacerlo presente en esta oportunidad, pues el camino de la deserción que nos ha mostrado el Diputado señor Longton resulta profundamente negativo y lesivo para la imagen y funcionamiento de las Comisiones especiales que designa la Cámara, por cuanto dice relación con un clima de intolerancia de soberbia que impide agotar las posibilidades de discutir asuntos importantes que siempre tratan estas Comisiones, hasta llegar a un cierto punto de consenso. Debemos dejarlo establecido como un ejemplo profundamente dañino para el propósito fiscalizador que la Cámara tiene cuando designa Comisiones. He querido dejar sentado este punto de vista, porque así como a veces hacemos resaltar los buenos ejemplos -sólo ayer teníamos uno- es preciso también ser equitativos, y señalar esta actitud del mencionado Diputado como algo que nunca debiéramos seguir. He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante, señor Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, me veo en la obligación de hacer algunas consideraciones relacionadas con el informe de la Comisión, ante los comentarios que se han vertido. Creo que en este momento podemos hacer consideraciones con tranquilidad, solos al interior de la Sala, sin publicidad y conversando entre nosotros. Cuando asumí la presidencia de la Comisión, leí un libro -esto es verdad- del Padre Hurtado. En ese texto, y aunque muchos puedan reír por lo que voy a expresar, se decía que la función fiscalizadora es una de las facultades fundamentales de los parlamentarios y se debe ejercer con prescindencia absoluta de toda posición política; y que si el investigado era de las propias filas del Partido, había que ser más duro aún, porque era necesario aclarar las cosas a fondo. Digo esto al iniciar mi comentario, porque puedo dar fe de que los integrantes de la Comisión desarrollaron su labor con prescindencia total de sus posiciones partidarias. e investigaron con inmensa transparencia. El señor SOTA (Presidente).- Perdón, señor Ceroni.- su Señoría puede hacer uso de la palabra exclusivamente como Diputado informante y referirse a los temas del informe. El señor CERONI.- Justamente, señor Presidente, estoy hablando como Diputado informante, para hacer ver a la Sala cómo se llegó a las conclusiones. De modo que, desde ese punto de vista, creo que tengo derecho a hacerlo. Ahora, si Su Señoría me lo niega... El señor SOTA (Presidente).- De ninguna manera, señor Diputado. Sólo aclaro que está hablando como Diputado informante. El señor CERONI.- Muchas gracias. Señor Presidente, la Comisión trabajó con la máxima seriedad y transparencia, alejada a propósito de toda publicidad, porque, muchas veces, ésta nos lleva a decir cosas que no están bien fundamentadas; trabajó en ese silencio que sólo aplaude la conciencia de uno y trató de conciliar dos aspectos muy importantes, qúe deberán ser abordados cuando se reglamente el tema de las comisiones fiscalizadoras: cómo cuidar la honra de las personas, y la necesaria fiscalización e indagación de los hechos en el periodo en que investiga. Y eso es lo que tuvo en cuenta: velar por fiscalizar bien, pero también velar por la honra de las personas. ¡Cómo hubiéramos querido, señor Presidente, conocer en la Comisión todas las argumentaciones que aquí se han vertido! ¡Cómo hubiera querido yo, como presidente, tener todos los antecedentes que el DiputadoArturo Longton habría podido entregar a la Comisión! ¿Quién no hubiera querido tenerlos? Pero no los tuvimos. La Comisión emitió su informe basándose en la documentación y en los antecedentes objetivos que tuvo a la mano, los que se encuentran a disposición de todos los señores Diputados. Ninguna otra conclusión podríamos haber sacado, sino las que aquí hemos vertido. El país puede estar tranquilo con esta Comisión, y debe saber que un grupo de Diputados ha trabajado en forma silenciosa, muy alejado de los medios de comunicación; puede estar tranquilo, en el sentido de que la Comisión ha cumplido su labor de fiscalizar y llegó a lo que se debía llegar. Por otra parte, no hay contradicción en los puntos 1 y 2 del informe. La Comisión concluye que no hay fraude en las actitudes, que no hay dolo y que no hay falta de probidad, porque los antecedentes, los hechos, las pruebas no llevan a decir que existan. Pero concluye, en el segundo punto, que se puede apreciar que vinculaciones del Director Nacional de Aduanas con el grupo editorial y con el señor Sesnich, en alguna medida influyeron en la gestación del convenio editorial y en la rehabilitación como agente de aduanas de esa persona; pero en ningún caso, tuvo antecedentes para sostener que eso lindó o cayó en una falta de probidad. En resumen, la Comisión trabajó como debe hacerlo toda comisión investigadora. Cuando regule las materias relacionadas con las comisiones investigadoras, este Parlamento va a tener que preocuparse de determinar qué se hace con quienes abandonan su obligación de fiscalizar, porque si en seño de la Comisión los Diputados pueden emitir todas sus opiniones, hay que saber en qué falta incurrirán aquellos que abandonan su deber, su obligación, de fiscalizar y de aportar los antecedentes. He dicho. El señor ULLOA.- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ULLOA.- Señor Presidente, como los minutos que restan a la bancada de la UDI son cuatro, se los cedemos al Diputado señor Longton. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, agradezco a los Diputados de la Unión Demócrata Independiente el tiempo que me ha cedido. Pienso que el Diputado De la Maza debe ser muy mal abogado para llegar a las conclusiones que ha señalado. Respecto de lo que decía el Diputado señor Ávila, de que es mejor estar dentro que fuera, no sé por qué el investigó desde afuera el caso Codelco y estuvo al margen de la Concertación haciendo sus críticas. Cuando se formulan declaraciones de este tipo hay que ser consecuente y el diputado señor Ávila no lo ha sido. Este es el único país del mundo en el cual cuando a un funcionario público, a un director de la envergadura del que estamos hablando, se le critica su acción equivocada, permanece “atornillado” mucho más tiempo del que se merece. Ojalá en las conclusiones pudiésemos agregar que el funcionario que no cumple con su deber, debe abandonar rápidamente su cargo. Quiero decirle al Presidente de la Comisión, Diputado señor Ceroni, que en verdad él no tuvo culpa de que se haya dirigido esta investigación tal como se hizo. Obviamente fue presionado muchas veces. En una conferencia de prensa un periodista le pregunta al señor Ceroni: "Ustedes, ¿qué van a investigar? ¿Qué responsabilidad? ¿La penal? Lo hacen los tribunales de justicia ¿La administrativa? Lo hace la Contraloría. ¿Me puede decir, señor Presidente, qué responsabilidades persiguen?" Responde: “Mire, cuando terminemos la investigación, vamos a ver qué responsabilidad perseguimos.” Esos son los resultados que hoy tenemos a la vista. Termino mi intervención solicitando, por intermedio del señor Presidente, que el Diputado señor Ceroni me explique si es que puede, qué significa el punto 2 cuando dice: “...favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entré funcionarios públicos y particulares.” ?Acaso no es eso falta de probidad? He dicho. El señor SOTA (Presidente).- Se procede al cierre del debate. El señor CERONI.- Pido la palabra. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, punto reglamentario. El señor SOTA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, acaban de hacerle algunas consultas al Diputado informante que sería bueno que las contestara. Considero que sería lo correcto, porque el Diputado don Arturo Longton ha empezado a hacer afirmaciones, y, una vez más, ni siquiera continuó en la Comisión. El señor CERONI.- ¡Por favor, señor Presidente! El señor SOTA (Presidente).- A juicio de la Mesa, el señor Diputado informante ya dio las explicaciones correspondientes. En consecuencia, se procederá al cierre del debate. El señor CERONI.- Señor Presidente, me han hecho una consulta. El señor ENCINA.- Señor Presidente, ¿Cuántos minutos le restan al Comité Socialista? El señor SOTA (Presidente).- Siete minutos. El señor ENCINA.- Nuestra bancada le cede ese tiempo al Diputado señor Ceroni, para que pueda responder. El señor SOTA (Presidente).- En todo caso, el diputado señor Ceroni puede hacer uso de la palabra, en su calidad de Diputado informante. El señor CERONI.- Estoy hablando como tal, señor Presidente. Reitero que lo afirmado en el punto 1. Se debe a que de los elementos no se deduce ningún hecho objetivo que indique que hubiera falta de probidad en algún acto o hecho. En el punto 2 hay una frase que es muy clave cuando dice “que de los hechos investigados se puede apreciar la existencia de vínculos de amistad para favorecer intereses...” con personas pertenecientes al grupo editorial, contexto en el cual se gesta el convenio. Lo que se está expresando allí es que estas vinculaciones de amistad no deberían haberse producido, ya que, en alguna medida, le han quitado un poco de transparencia a este acto. Pero la Comisión, pese ha haber analizado exhaustivamente el punto, no vio que eso fuera una falta de probidad. Los hechos, los elementos que tuvo en vista durante toda la investigación, y que se fueron acumulando, no fueron suficientes para configurar una falta de probidad, por los antecedentes que están en poder de la Comisión. Por eso, no se consideraron contradictorios el punto 1. con el 2. Eso es todo, señor Presidente. El señor SOTA (Presidente).- Se ha pedido división de la votación. De tal manera que votaremos cada uno de los puntos de las conclusiones por separado. En votación el punto N° 1. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 17 votos. No hubo abstención. El señor "SOTA (Presidente).- Aprobada la conclusión número 1. Se agregan los votos de los Diputados señores Letelier, don Felipe; Walker, Ortiz. Considerando que han llegado varios señores Diputados atrasados, vamos a repetir la votación. El señor PALMA (don Andrés).- Pero no hay dudas sobre el resultado, señor Presidente. El señor SOTA (Presidente).- Sí, hay dudas. Prevengo a la Sala que no se pueden aceptar votaciones posteriores al acto de proclamación de la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 19 votos. No hubo abstenciones. El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 1 de las conclusiones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elguéta, Elizalde, Encina, Estévez, García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Karelovic, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Vega, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Worner (doña Martita) y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Cantero, Cardemil, Errázuriz, Espina, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Jürgensen, Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Munizaga, Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rodríguez, Solís y Vilches. El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 2. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 2 de las conclusiones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cantero, Cardemil, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hernández, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Moreira, Munizaga, Naranjo, Navarro, Orpis, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María), Sabag, Salas, Seguel, Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta y Worner (doña Martita). Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aylwin (doña Mariana), Dupré, Elgueta, Gutiérrez, Huenchumilla, Luksic, Makluf, Ojeda, Ortiz, Silva, Walker y Zambrano. Se abstuvieron los siguientes señores Diputados Ascencio y Elizalde. El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 3. ¿Habría acuerdo de la Sala para aplicar la misma votación en los puntos siguientes? Varios señores DIPUTADOS.- No. El señor SOTA (Presidente).- No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 3 de las conclusiones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cantero, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Morales, Moreira, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prologa, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sota, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Worner (doña Martita). Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Makluf, Silva y Zambrano. Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Arancibia, Ascencio y Aylwin (doña Mariana). El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 4. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 4 de las conclusiones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, ferrada, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Martínez (don Rosauro), Morales, Moreira, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Worner (doña Martita). Votó por la negativa el Diputado señor Zambrano. Se abstuvieron los Diputados señores: Ascencio y Aylwin (doña Mariana). El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 5. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 5 de las conclusiones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo, Dupré, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Moreira, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prologa, Rebolledo, Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valcarce, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Worner (doña Martita). El señor SOTA (Presidente).- En votación el punto N° 6. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor SOTA (Presidente).- Aprobado el punto 6 de las conclusiones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Cantero, Ceroni, Coloma, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Morales, Munizaga, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Worner (doña Martita). El señor SOTA (Presidente).- Terminada la discusión y votación del informe.
INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.