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    • rdf:value = " El señor LONGTON.- Señor Presidente, esta tarde el país contempla expectante el resultado de la acusación constitucional deducida en contra de los ex Ministros Alejandro Foxley y Alejandro Hales. Expectante, no por el resultado, el que se anuncia obvio, sino por la actitud y argumentos que se han entregado para exculpar de una enorme responsabilidad pública. Resulta inaceptable que en la principal empresa del país, de la que depende en gran porcentaje sus ingresos, se pierdan, desaparezcan más de 140 mil millones de pesos, y que nadie, después de más de 5 meses de denunciarse el hecho, repito, nadie sea responsable o asuma con valentía y dignidad su responsabilidad. El conglomerado político de la Concertación perdió credibilidad, y perderá la confianza del país. Foxley y Hales, que continuamente han negado sus responsabilidades en este escándalo, cuentan para ello, en los hechos, con la contribución simplemente política del oficialismo gobernante. Señor Presidente: no resultará fácil conformarse con el argumento central de que los ex Ministros Foxley y Hales no tienen responsabilidad, si precisamente estaban allí en el Directorio de Codelco para velar por los intereses de la nación. Nos preocupa sobremanera el nefasto precedente que queda esta noche, y el mensaje que recibirá el país desde nuestra Cámara. Ese mensaje será el de la confianza deteriorada en quienes administran el Estado, sus bienes y recursos. Esta noche podrá destruirse, señor Presidente, un principio indispensable, y podrá estarse cambiando probidad por impunidad. Preocupante es también que el Gobierno y sus seguidores oficialistas estén convencidos de que la pérdida de 140 mil millones de pesos es una cifra insignificante y de que las pensiones del sector pasivo, la educación y el estado deplorable de la salud no tienen que ser resueltos en lo inmediato. Nefasta práctica podrá estarse gestando peligrosamente en nuestro país: se pueden perder, desaparecer o simplemente apropiarse alguien de una suma fabulosa de millones de dólares y miles de millones de pesos, y no hay que investigar, y hay que encubrir a los responsables. Conductas como éstas, hacen germinar un sentimiento muy profundo de indignación nacional. Este triste y lamentable episodio y su tratamiento oficial indican que es débil nuestro estado de derecho y, por ende, los mecanismos de protección de nuestro sistema democrático, ambos pilares esenciales en los cuales se sustentan los derechos fundamentales de la persona. Hoy la sensación que existe en Chile es que nuestros derechos e intereses no han sido protegidos suficientemente por quienes conducen y administran el Estado. Por esto, votaré que sí a la acusación deducida y por estas mismas razones lo harán todos los Diputados de Renovación Nacional. He dicho. "
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