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- rdf:value = " El señor TALADRIZ.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión designada para pronunciarse acerca de la procedencia de esta acusación, quiero manifestar mi convicción de que ella lo es y que, innegablemente, debe ser tratada y conocida por esta Honorable Cámara de Diputados.
Además, quiero dejar establecido que luego de conocer los múltiples antecedentes de lo ocurrido en Codelco, las sólidas razones jurídicas que se han esgrimido por los acusadores y los rotundos argumentos legales y jurídicos expresados claramente, con gran brillantez, por el Diputado señor Andrés Chadwick, no sólo existen imperativos legales, sino que también morales y de honestidad para que esta acusación sea conocida y resuelta por esta Cámara.
En efecto, hay en concreto una acusación constitucional presentada por 11 miembros de esta Honorable Cámara que cumplen el deber irrenunciable que el cargo les impone. En este escandaloso caso que ha indignado al país procuran, acudiendo al único medio efectivo de que disponen, conforme al método prescrito por la Constitución, reparar políticamente, al menos, las graves anomalías e irregularidades administrativas y de gestión puestas de manifiesto en enero pasado, que provocaron al país, a Codelco, empresa de patrimonio nacional, una pérdida de casi 300 millones de dólares o 120 mil millones de pesos.
Las motivaciones de los acusadores son claras, aun cuando los protectores de la irresponsabilidad, majaderamente, señalen que hay detrás de ella una obsesión de la Oposición por perjudicar a personas y a partidos. Estos adivinos, hábiles para penetrar en el fuero íntimo de todos los demás, son los mismos que después de cinco meses, entre otras cosas, no son capaces aún de dar al país una explicación satisfactoria acerca de lo ocurrido.
No me cabe ninguna duda de que el ánimo de esta acusación es evitar que vuelvan a repetirse estas enormes pérdidas que afectan a todos los chilenos, en especial a los más pobres. Pero para que no se repitan, todos los que representamos a la ciudadanía insisto, todos no podemos dar señales de debilidad, complacencia o indiferencia frente a esta ofensa nacional.
El país no aceptará de nosotros actitudes pusilánimes, acomodaticias y rebuscadas interpretaciones jurídicas, incomprensibles para la mayoría de los chilenos. Aquí hay varios responsables, dos de los cuales podrían y deberían ser juzgados hoy por esta Cámara.
Una de las razones de nuestra presencia en el Parlamento es velar por el cumplimiento de las normas institucionales y jurídicas, dictadas en función del interés colectivo y en cuyo adecuado funcionamiento se funda nuestro Estado. Hay que reparar en parte la vergüenza que para un país como el nuestro significan los enormes daños económicos, sociales, morales y hasta políticos que ha causado la situación generada en la empresa más importante del país y de las más grandes del mundo cuando en su principal órgano de dirección estaban los dos ex Ministros hoy acusados, señores Hales y Foxley.
Por todo lo anterior, considero que la acusación presentada es admisible y así lo debería votar esta Cámara, si quiere asumir verdaderamente los roles que la Constitución le confiere.
Los últimos debates parlamentarios, las declaraciones y los discursos pronunciados por los ex Ministros han tratado de adjudicar intereses políticos mezquinos a los acusadores o darlos por causantes de crear un ambiente confrontacional que, según ellos, no desean y que la Oposición pretende.
Nada más inexacto. Los consensos serán siempre buenos cuando lo sean para Chile; pero las irresponsabilidades que todo el país ha podido advertir en este caso y en diversos otros escándalos, nunca se pueden dejar pasar.
El país y las rectas conciencias no quieren que esto se deje sin señalar a los culpables. Algunos partidos políticos no han escuchado al país común y no han podido sacar la voz en las palabras ni en los hechos para buscar sanción, en la única forma que la Cámara de Diputados puede obrar: entablando un juicio político a los políticos que dirigían Codelco.
Es curioso anotar que si bien se ha producido consenso unánime en el juicio público para apreciar la existencia de graves deficiencias en la administración de Codelco, se ha logrado difundir, al mismo tiempo, con sugestivo éxito, la especie de que las operaciones más de ocho mil, según se ha informado han sido realizadas en niveles inferiores, pero aprobadas en los superiores con estricto obedecimiento de las normas legales y que, por lo tanto, nada es reprochable. Semejante especie es falsa y errónea. Lo afirmo del modo más rotundo, ya que las ventas realizadas por Codelco, a partir de las autorizaciones conocidas en que intervinieron los señores Ministros, son contrarias a la Constitución y a las leyes.
Lo más grave de toda la actuación de los señores Hales y Foxley es que en su investidura de Ministros asumieron los cargos de Presidente del Directorio de Codelco y de Cochilco, el primero, y de director de Codelco, el segundo. Pero en lugar de organizar conforme a las buenas prácticas y de modo impersonal y profesional todo lo atingente con las necesidades de la empresa, prefirieron seguir en la forma antigua, pero con remuneraciones nuevas sin dar orientaciones claras al nivel ejecutivo y sin conocer ni de oídas lo que se hacía en la comercialización de nuestro cobre.
He leído la defensa de los ex Ministros, en que se señala que aquí hay una gran diferenciación de competencia, porque actúa en esferas distintas, y que el órgano superior del Directorio no tendría conocimiento de lo que hacía la otra, en la que se encontraba el Presidente Ejecutivo. Sin embargo, este último, como subordinado, opina exactamente lo contrario y su opinión es coincidente con la que han expresado destacados profesores de derecho constitucional y con la de todos aquellos que conocen el funcionamiento de cualquier empresa medianamente bien administrada.
Los acusados han señalado también que si es culpable un órgano no lo serían sus integrantes y esto me parece ilógico. Yo no soy abogado; soy ingeniero civil industrial, pero sé que cualquier ciencia se fundamenta en la lógica y en el sentido común; más aún la ciencia social, tan importante como el derecho.
Yo les pregunto: ¿es lógico que se pierdan millones de dólares y que el Ministro de Hacienda, como director de Codelco, no se dé cuenta de ello? ¿Tenemos que comulgar con ruedas de carreta y aceptar la explicación inicial de las autoridades de que un funcionario subalterno se equivocó miles de veces al apretar una tecla y siempre en la misma tecla? ¿Tiene sentido común en una estructura jerarquizada, como la Administración Pública, que los superiores endosen sus responsabilidades en los subordinados y no asuman nunca ninguna? ¿Resulta convincente que durante un tiempo prolongado tres o cuatro ejecutivos de la empresa en forma permanente y sistemática hayan engañado a un Directorio compuesto por personas, que según ellas mismas son "competentes en las materias que les correspondió atender y dedicados a sus cargos"? Además, las competencias diferentes y las culpas directivas son conceptos que se pueden usar siempre para hacer lo que se quiere hacer y para convencer a los que tienen un ánimo especial y político de ser convencidos, pero no para ilustrar a la gran mayoría del país, que no puede explicarse que este escándalo no tenga ningún asomo de responsabilidad y menos de claridad.
Se delega la autoridad, pero nunca la responsabilidad. En cada cargo público y, en general, en cada cargo en cualquier órbita de acción, hay establecida una relación entre los derechos y los deberes. Este caso no debiera apartarse de lo común y habitual.
Pero aquí nadie ha asumido una responsabilidad acorde con su posición en cuanto a los deberes, ya que señalan que no son responsables. Pero sí asumieron todos los beneficios que los cargos implicaban, como, por ejemplo, la posición social, la remuneración que cobraban; pero resulta que ésta fue evidentemente desproporcionada con el nivel de diligencia y preocupación que demostraban los ex Ministros.
En una sociedad anónima se responde ante los accionistas. Esto no existe en Co delco.
Hagamos por un instante una abstracción. Imaginemos una junta de accionistas a la que concurren todos los chilenos para ver qué pasa con su empresa que es Codelco. ¿Qué hacen frente a esta situación? ¿Cómo reaccionarían? Primero, investigan y determinan la verdad, cosa que lamentablemente no pueden hacer; segundo, disponen que los jefes expliquen las pérdidas sufridas, lo que tampoco se puede hacer; tercero, se asombrarían al conocer los sueldos de los directores y altos ejecutivos, que tampoco podrían rebajad cuarto, escucharían a los directores escudarse en el hecho de haber sido engañados por los gerentes, y a los gerentes, que han sido autorizados por los directores. Estoy seguro de que, finalmente, por unanimidad, echarían a todos, tanto a los directores como a la plana ejecutiva.
¿Cómo nosotros que hipotéticamente representamos a esos accionistas, no vamos a reflejar la justa indignación que ellos sienten por esto? Comprendo perfectamente la reacción del entonces Presidente de la República, don Patricio Aylwin, cuando se enteró de las pérdidas originadas por las operaciones especulativas de Codelco, aun cuando en la época en que manifestó su indignación, las pérdidas eran la mitad de las que hoy se conocen. Particularmente doloroso le tiene que haber resultado, además, al percatarse que él había nombrado todo el directorio, entre cuyos miembros estaban dos ministros: el de Minería, uno de sus mejores amigos, y su más brillante Secretario de Estado.
La molestia del entonces Primer Mandatario debió tener una contrapartida en el directorio con un actuar decidido, exigiendo de inmediato la renuncia a los implicados y también renunciando ellos a sus posiciones. No fue lo que sucedió. Ante la sorpresa y perplejidad de todos los chilenos, contraria y lógicamente, se comenzó a urdir una trama política que nos dejó aún más asombrados: que eran responsables, que no eran responsables; que sabían, que no sabían; que auditorías externas, que informes internos; que informes mensuales; que informes semestrales; que engañados, que no engañados; que operaciones con respaldo; que sin respaldo. La defensa de los acusados se centra así casi exclusivamente en distinguir si estas operaciones eran o no especulativas, porque ellos autorizaron unas, pero no las otras. ¡Por favor, señores! La verdad es que en cualquier mente coherente se entiende que toda venta a futuro conlleva implícita una cierta especulación.
Además, pareciera que los ex Ministros señores Hales y Foxley estaban en directorios distintos, porque mientras aquí, el señor Foxley ha señalado que sólo se autorizaron operaciones de futuro con respaldo físico, en las actas de la Comisión Investigadora, en la página 120, ante una pregunta del Diputado señor Prokurica al ex Ministro Hales, sobre si alguna vez solicitó información al Presidente Ejecutivo de las actividades y operaciones a futuro, responde textualmente: "No; cómo íbamos a pedir información respecto del mercado de futuro si no conocíamos su existencia". Cuando después le pregunta ¿...de futuro con respaldo físico o sin respaldo físico? Responde el señor Hales: "De ninguno de los dos; ni especulativo ni no especulativo, porque no los conozco".
Es malo que en Chile se genere la sensación de que para quedar impune de cualquier acción u omisión negativa para los intereses nacionales se deba pertenecer a un determinado partido político o una corriente política mayoritaria. Es pésimo para Chile que la rigurosidad y la aplicación de las leyes sólo se aplique a los inferiores y subordinados y no también a los superiores. La salud ética de nuestra convivencia no debe empeorarse por sofisticadas tesis jurídicas que anulen toda acción y justifiquen algo que no tiene explicación.
Hace un rato, don Alejandro Hales hacía referencia a una acusación frustrada del año 1947. Quiero referirme a una de 1957, cuando se acusó constitucionalmente a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia de la época, señores Osvaldo Saint Marie Soruco y Arturo Zúñiga Latorre, por la fuga desde la Penitenciaría de Santiago, del delincuente argentino Patricio Kelly, quien se evadió del penal disfrazado de mujer. En esa ocasión se esgrimieron por la defensa los mismos argumentos bases que hoy se aducen. Se dijo que los ministros tenían la función de gobernar con el Presidente de la República, pero no la de administrar, porque había distintas esferas de competencia entre los que gobiernan y los que administran. Se señaló, entonces, una responsabilidad jurídicamente imposible. También se impugnó la acusación, porque se señalaba en ese entonces, al igual que ahora, que los ministros no son responsables de los hechos ejecutados por funcionarios o empleados subalternos. Se expresó que para ser procedente, la acusación debía ser por hechos constituidos por obra propia o directa del ministro acusado, ya que algo distinto se apartaría del principio fundamental del derecho público en cuanto a que sus normas son de estricto derecho y las autoridades no tienen otras atribuciones o facultades que las que expresamente se les confieren. La acusación fue aprobada en la Honorable Cámara, y en el Senado se encontró culpable a los ministros. En ese entonces Patricio Kelly se fugó, y los ministros de la época fueron destituidos.
Hoy día al país se le han fugado casi 300 millones de dólares y por existir una mayoría de Diputados proclives políticamente a los ex ministros, en esta Cámara nada sucederá. En su defensa, los ex ministros, refiriéndose a sí mismos, lo que resulta bastante poco humilde de su parte, señalan en la página 65 de su defensa: "Ambos ex Ministros a quienes se inculpa son personas esforzadas, de perentorio honor y responsabilidad, competentes en las disciplinas que les correspondió atender, dedicados a sus cargos abiertamente, sin sectarismos y teniendo como mira exclusivamente el bien común y la preservación del orden público-económico del país, que les es deudor por muchos conceptos de valiosos aportes concretos.".
Lo señalado anteriormente podría llegar a ser considerado, además de una petulancia o de una autoalabanza, como una eventual atenuante. Ahora, si es por considerar cualidades personales para determinar responsabilidades, también sería conveniente analizar las actitudes que como personas han asumido ambos ex ministros luego de ocurridos estos lamentables hechos. Y por cierto que han sido distintas. El señor Hales por quien tengo un gran aprecio y gratitud personal, por razones que no son del caso mencionar, en la época en que ocurrieron estos hechos ocupaba el cargo de Ministro de Minería, y como tal desempeñó las funciones de Presidente del directorio de Codelco y de la Comisión Chilena del Cobre; o sea, asumió la más alta responsabilidad en Chile con respeto a la minería nacional. Fue el principal miembro del directorio de Codelco y de la Comisión creada especialmente por ley para fiscalizar todos los asuntos del cobre chileno. Sólo atendiendo a los nombres de los cargos desempeñados y sin incursionar en la ley que establece sus funciones, debo manifestar con íntima tristeza que don Alejandro Hales es responsable políticamente y, por lo tanto, susceptible de ser acusado por esta Cámara. Su actitud frente a los hechos, reflexiva, prudente y silenciosa hasta ahora, representa la de un hombre, tal vez consciente de la magnitud de los daños, que se arrepiente sinceramente de no haber ocupado toda su experiencia y la diligencia que le correspondía en el desempeño de sus cargos.
Risas.
El señor TALADRIZ.-
Señor Presidente, se pueden reír algunos señores Diputados, pero para mí es muy triste decir esto de don Alejandro Hales. Creo que el tema que estamos tratando es bastante serio. Yo soy partidario de las risas cuando corresponden, pero no cuando estamos aquí quejándonos, como chilenos, de negligencia en las funciones que debieron haber asumido estas personalidades.
Por el contrario, el otro acusado ha sido soberbio, arrogante y descalificador contra todos aquellos que lo único que han señalado es una gran verdad: el señor Foxley, ex Ministro de Hacienda, es responsable. La capacidad que él mismo dice tener en su respuesta, lo hace aún más responsable. Él ha dicho que nada sabía, porque debía ser informado y no lo fue. Esto, más que una excusa o respuesta a los cargos que se le imputan es una autoacusación, porque un director de cualquier empresa, más aún de una empresa como Codelco, a cuyo directorio accedió para cautelar el interés fiscal, tiene la obligación, a lo menos, de informarse y de conocer los aspectos más relevantes de la empresa; entre ellos, los modos en que se vende el cobré, la producción del mismo, sus precios, etcétera.
Su capacidad, su calificación profesional y su cargo ministerial no eran sólo para provocar admiración en Codelco, sino también para responder a los demás. ¿Cuál fue la respuesta del Ministro Foxley por estos hechos? Señaló que las pérdidas de Codelco no serían pagadas por la ciudadanía, ya que serían cubiertas mediante un aporte fiscal y por las propias utilidades de Codelco de 1994, que serían superiores a las programadas. De seguro el ex Ministro sabe lo que estas cantidades de dinero perdido significan. A modo de ejemplo, podemos señalar que en un año se podrían realizar conjuntamente las siguientes inversiones en gasto social: mejorar las pensiones mínimas y asistenciales para beneficiar a un millón de personas, mejorar los sueldos de los profesores en un 10 por ciento, financiar la capacitación de 100.000 trabajadores adicionales al año, y crear una situación de salud para siete millones y medio de chilenos en el sistema público, con cinco mil pesos anuales para cada uno de ellos. En todas estas cosas juntas se gasta menos dinero aun del que se perdió a raíz de una deficiente regulación y escaso control, acciones que debió realizar el directorio de Codelco, integrado por el ex Ministro de Hacienda. De seguro él también sabe, pero no lo dijo, que, en definitiva, esto se paga con el sacrificio de muchos, por la culpa de unos pocos.
De lo anterior y de la gran cantidad de documentos y testimonios recogidos, fundamentalmente por la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, he llegado a la certeza más absoluta de que esta acusación es procedente, ya que los ex
Ministros han incurrido en las siguientes conductas censurables:
1°.- Grave negligencia e incompetencia al aprobar, como integrantes del directorio, normas imprecisas y confusas que admitieron, a lo menos, diversas interpretaciones explícitas, permitiendo el absurdo de que los ejecutivos creían implementarlas y estimaran que ellas, incluso, los autorizaban a realizar operaciones especulativas. Tal es así, que en respuestas a una consulta efectuada ayer a don Juan Villarzú, Presidente Ejecutivo de Codelco, dijo que el directorio había tomado el acuerdo escrito y explícito de prohibir todo tipo de operaciones especulativas.
2°.- Inejecución por parte de los acusados de las obligaciones que les imponía el decreto ley N° 1.350 y el Estatuto de Codelco-Chile, en cuanto a ejercer la supervigilancia de la marcha de la empresa.
3°.- Negligencia e incompetencia de los acusados, no sólo en lo que se refiere a las políticas de comercialización aprobadas, sino también en la falta de requerimiento de los antecedentes e informes acerca de la marcha y control de la empresa.
4°.- Grave negligencia e incompetencia en la gestión de la administración de la empresa estatal, propia de la actividad pública del Estado empresario, a cargo de Ministros de Estado, precisamente por la importancia de las mismas, con vulneración de los artículos 19, N° 21; 33 y siguientes de la Constitución, y normas de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado.
Por estas razones, considero que la acusación es procedente con respecto a ambos ex Ministros. Más que procedente, es imperativa.
No obstante el presumible resultado de esta acusación, considero que su presentación nos permitirá a muchos seguir mirando a la gente cara a cara, con la dignidad de haber cumplido nuestro deber como parlamentarios.
Esta Sala no definirá culpabilidades o inocencias, porque al final serán todos y cada uno de los chilenos, en su fuero interno, los que determinarán quién les ha dicho la verdad y quién los ha engañado, y sabrán también cuáles de nosotros estamos por lo primero y cuáles por lo segundo.
He dicho.
Aplausos.
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