REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 327a, EXTRAORDINARIA
Sesión 34a, en miércoles 26 de enero de 1994.
(Ordinaria, de 10.30 a 14.48 horas)
Presidencia del señor Molina Valdivieso, don Jorge; de la señora Caraball Martínez, doña Ellana, y del señor Bartolucci Johnston don Francisco.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESION
III.ACTAS
IV. CUENTA
V.ORDEN DEL DIA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia.3342
II.Apertura de la sesión.3344
III.Actas.3344
IV. Cuenta.3344
1. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados.
V. Orden del Día.
2. Modificación de legislación penal sobre detención y derechos del ciudadano. Primer trámite constitucional.3346
3. Plantas de personal del Congreso Nacional. Proposición de la Comisión Mixta.3368
VI. Proyectos de acuerdo.
4. Mecanismo de cotización provisional para trabajadores estacionales.3385
5. Prórroga y mejoramiento de beneficios del decreto ley N° 701, de 1974.3387
VII. Incidentes.
6. Gastos y financiamiento de campañas electorales. Oficios.3389
7. Denuncia sobre transacciones comerciales de Codelco-Chile. Oficios.3391
8. Estafa a sindicato de pescadores artesanales de Quintay (Quinta
Región). Oficios.3392
9. Condolencias por víctimas de incendio en Argentina. Oficios.3392
10. Situación laboral de funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil Oficios.3392
11. Beneficios para trabajadores del carbón de empresas privadas. Oficios.3393
12. Denuncia sobre transacciones comerciales de Codelco-Chile. Oficios.3394
13. Situación de rector exonerado del Internado Nacional "Barros Arana". Oficio.3395
14. Denuncia sobre transacciones comerciales de Codelco-Chile. Oficio.3396
VIII Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto que regula el derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales (boletín N° 910-01) (S).3399
2. Oficio del Senado, mediante el cual comunica haber tomado conocimiento del rechazo de la H. Cámara a las modificaciones propuestas al proyecto que fija plantas de personal de los funcionarios del Congreso Nacional para integrar la Comisión Mixta que deberá formarse para resolver las divergencias suscitadas durante su tramitación (boletín N° 1129-05).3399
3. Oficio del Senado, por el que comunica haber dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica normas sobre subvenciones educacionales en áreas rurales (boletín N° 56-04).3399
4. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto sobre composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y modificación de los recursos de queja y de casación, (boletín N° 858-07) (S).3400
5. Informe complementario de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización. Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto sobre fomento y desarrollo de organizaciones de la juventud (boletín N° 940-06).3420
6. Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que fija plantas de personal de los funcionarios del Congreso Nacional (boletín N° 112905).3429
7. Moción de los Diputados señores Aylwin y Elgueta, con la que inician un proyecto que modifica ley de votaciones y escrutinios, establece limitaciones en cuanto a los gastos que efectúen los candidatos, y adopta medidas para la transparencia del proceso electoral (boletín N° 1146-07).3442
8. Comunicaciones de los Diputados señores Alamos y Tohá, por las que informan que se ausentarán del país, por menos de 30 días, durante el mes de febrero próximo.3446


IX.Otros documentos de la cuenta.

1. Oficios.
Oficios de la Contraloría General de la República, por los cuales responde a los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Bosselin, fiscalización en construcción de la central térmica de Mejillones, de Edelnor.
De los señores Velasco, Kuschel, Ribera y René García, cumplimiento de los contratos de capacitación y asesoría en las agencias portuarias de la División El Teniente de Codelco-Chile, de Valparaíso y San Antonio.
Oficio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción con el que responde el remitido en nombre del Diputado señor Horvath, relativo a regulaciones en actividades extractivas del recurso loco.
Oficio del Ministerio de Educación, mediante el cual responde al enviado en nombre del Diputado señor Masferrer, sobre reparación de servicios higiénicos de la escuela municipal de la localidad de El Toco, comuna de Pichidegua, Sexta Región.
Oficios del Ministerio de Obras Públicas, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Claudio Rodríguez, construcción de puente sobre el río Aconcagua, provincia de San Felipe.
Del señor Arancibia, construcción de puentes en camino Alto del Carmen-Junta de Valeriano, Tercera Región.
Del señor Ojeda, construcción de puente sobre el río Bueno y pavimentación camino Trumao-La Unión, Décima Región.
Del señor Juan Alberto Pérez, pavimentación del cruce de la Ruta 5, Huillinco, comuna de Chonchi.
Del señor Alvarez-Salamanca, plaza de pesaje en sector Viñales, provincia de Talca.
Del señor Octavio Jara, pavimentación de camino Huepil-Tucapel, provincia de Biobío.
Del señor Masferrer, pavimentación del camino 1-80-J, comuna de Chimbarongo.
Oficios del Ministerio de Salud, por los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De la señora Cristi, atención prestada a doña Ana Macarena Castro Córdova en la maternidad del Hospital El Salvador, Región Metropolitana.
Del señor Ramón Pérez, inclusión de Pozo Almonte en el Proyecto Hospital II.
Oficios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Recondo, oficina de correos en la localidad de Nueva Braunau, comuna de Puertos Varas. (30389 al 15400)
Del señor Masferrer, reposición de cartero en la comuna de Peumo; telefonía rural en localidad de San José de Los Lingues, comuna San Fernando; instalación de teléfono público en Toquihua, comuna San Vicente.
Del señor Espina, retiro de servicio de locomoción colectiva.
Oficios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De los señores Antonio Horvath y Juan Alberto Pérez, moción que asegura la información relativa al quehacer parlamentario.
Del señor José García, proyecto de ley sobre los scouts. 


I. ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes señores Diputados: (95)
--Acuña Cisternas, Mario
--Alamos Vázquez, Hugo
--Alessandri Balmaceda, Gustavo
--Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro
--Arancibia Calderón, Armando
--Araya, Nicanor de la Cruz
--Aylwin Azócar, Andrés
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Caminondo Sáez, Carlos
--Campos Quiroga, Jaime
--Cantero Ojeda, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Alfaro, Gustavo
--Carrasco Muñoz, Baldemar
--Cerda García, Eduardo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chadwick Piñera, Andrés
--Devaud Ojeda, Mario
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Angel
--Faulbaum Mayorga, Dionisio
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--Guzmán Alvarez, Pedro
--Horvath Kiss, Antonio
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Jara Catalán, Sergio
--Jara Wolff, Octavio
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Kuzmicic Calderón, Vladislav
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leay Morán, Cristian
--Leterier Morel, Juan Carlos
--Longton Guerrero, Arturo
--Martínez Sepúlveda, Juan
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Matta Aragay, Manuel José
--Mekis Martínez, Federico
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Valdivieso, Jorge
--Montes Cisternas, Carlos
--Morales Adriasola, Jorge
--Muñoz Barra, Roberto
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarrete Carvacho, Luis
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Solís, Héctor
--Orpis Novoa, José Miguel
--Palestro Rojas, Mario
--Palma Irarrázabal, Andrés
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ramírez Vergara, Gustavo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Ringeling Hunger, Federico
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Rodríguez Guerrero, Hugo
--Manterola Urzúa Martín
--Rojos Astorga, Julio
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Smok Ubeda, Carlos
--Sota Barros, Vicente
--Sotomayor Mandones, Andrés
--Taladriz García, Enrique
--Tohá González Isidoro
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Avila, Raúl
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Yunge Bustamante, Guillermo
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Luis Leblanc y Eugenio Ortega.
Asistió, además, el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Enrique Correa.


II. APERTURA DE LA SESION

Se abrió la sesión a las 10:30.
El señor MOLINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III ACTAS
El señor MOLINA (Presidente).- Las actas de las sesiones 31a. y 32a. se declaran aprobadas.


IV.- CUENTA

El señor MOLINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor MOLINA (Presidente).- Terminada la lectura de la Cuenta.


1. INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

El señor MOLINA (Presidente).- Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados, recaído en el balance de las cuentas del Departamento de Tesorería de la Corporación correspondiente al año presupuestario 1993.
Diputado informante es el señor Guzmán.
Antecedente:
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados, boletín N° 00-21, sesión 32a, en 20 de enero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 12.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Guzmán.
El señor GUZMAN.- Señor Presidente, la Comisión Revisora de Cuentas, designada por la Corporación en sesión del 12 de septiembre de 1990, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha procedido a revisar y a evaluar la liquidación y el balance de las cuentas del Departamento de Tesorería, presentadas por el tesorero, correspondientes al ejercicio financiero y contable del año recién pasado.
A.- Informe operacional.
Se revisó, en primer lugar, una copia del oficio N° 50/94 de Tesorería, de fecha 11 de enero de 1994. Las comprobaciones se hicieron con la documentación contable y se evidenció con los informes mensuales presentados a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, por lo cual estos son parte integral del presente informe.
La Ley de Presupuestos de la Nación y sus decretos posteriores N° 106, del 3 de febrero de 1993; 693, del 13 de septiembre de 1993; 1.173, del 16 de noviembre de 1993; 1.365, del 16 de diciembre de 1993, y 1.495 del 31 de diciembre de 1993, consultó recursos económicos para la Corporación por $ 9.469.440.000, los que sumados al saldo inicial de caja, de $ 8.130.813, dan un total de $ 9.477.570.813, los cuales se detallan en la hoja N° 1 del citado oficio, de acuerdo con su ítem y subtítulo de asignación, y fueron verificados con los distintos giros emitidos por la Tesorería General de la República y contabilizados conformes.
Los gastos de la Corporación en el período ascendieron a $ 9.471.035.227, los que se detallan en la hoja N° 2 del oficio N° 50/94, de acuerdo con sus subtítulos e ítem respectivos, y fueron confrontados con los estados computacionales, encontrándose conformes.
En resumen, los ingresos en moneda corriente ascendieron a un total de $9.477.570.813, y los gastos a $ 9.471.035.227, quedando un saldo por invertir de $ 6.535.568 para el primer semestre de 1994, de los cuales $ 6.295.586 se encuentran depositados en la cuenta corriente N° 901.3865, del Banco del Estado, cuenta única fiscal, y $ 240.000 en caja chica para gastos menores.
Se adjunta una copia de la conciliación bancaria, fotocopia de la última cartola al 31 de diciembre de 1993 y certificado entregado por el Banco del Estado que acredita el saldo de la cuenta a esa misma fecha como en el caso anterior. En las mismas copias se evidencias las revisiones y comprobaciones efectuadas.
La tercera etapa estuvo constituida por una relación efectuada a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, con respecto a los pagos habituales y mensuales que deben hacerse, tales como dietas, asignaciones, vales de bencina, etcétera. Estos exámenes fueron practicados de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda e incluyeron, por lo tanto, comprobaciones parciales de la contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de revisión, en la medida en que se consideró necesario en las circunstancias.
Se pudo comprobar que se dio entero cumplimiento a los acuerdos de esa Comisión y que todos los pagos se encuentran archivados con sus respectivos comprobantes originales que los respaldan.
El alcance del examen fue de un ciento por ciento y, en nuestra opinión, representa razonablemente la situación financiera de la Corporación por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1993, y los resultados de sus operaciones fueron registrados de acuerdo con principios contables generalmente aceptados y conformemente aplicados.
La Comisión Revisora de Cuentas, en consideración a las  razones expuestas, recomienda a la Honorable Cámara prestar su aprobación al siguiente proyecto de acuerdo:
"Artículo único.- Apruébase el balance de las cuentas del departamento de Tesorería de la Cámara de Diputados, correspondiente al año presupuestario y contable de 1993, que presentó el Tesorero de la Corporación, don Jaime Larraechea Pagueguy, cuyos ingresos en moneda nacional alcanzaron a la suma de nueve mil cuatrocientos setenta y siete millones quinientos setenta mil ochocientos trece pesos ($ 9.477.570.813), y los gastos a la cantidad de nueve mil cuatrocientos setenta y un millones treinta y cinco mil doscientos veintisiete pesos ($ 9.471.035.227), quedando un saldo para el primer semestre de 1994, de seis millones quinientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y seis pesos ($ 6.535.586).
Hemos practicado una revisión selectiva de las distintas partidas que conforman el presupuesto de la Cámara de Diputados.
Es cuanto puedo informar y estoy preparado para satisfacer cualquiera consulta de los Honorables Diputados.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Aprobado. 


V.- ORDEN DEL DIA


2. MODIFICACION DE LEGISLACION PENAL SOBRE DETENCION Y DERECHOS DEL CIUDADANO. Primer trámite constitucional.

El señor MOLINA (Presidente).- Debo informar a la Sala que el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que fija las plantas de personal del Congreso Nacional está siendo redactado en este momento para ser distribuido a los señores Diputados.
Por otra parte, el proyecto de ley que establece la obligación de ingresar documentos oficiales al archivo nacional, ha quedado pendiente en la Comisión de Hacienda por error en la designación de un ítem.
De modo que corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención, y dicta normas de protección a los derechos de los ciudadanos.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Viera-Gallo.
Antecedentes:
Moción, boletín N° 914-07, sesión 47a, en 28 de enero de 1993. Documentos de la Cuenta N° 7.
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 33a, en 25 de enero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 12.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó una moción presentada por la Diputada señora Adriana Muñoz y por los Diputados señores Mario Devaud, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes y Andrés Palma. Con posterioridad adhirieron a ella los Diputados señores Ramón Elizalde, Jaime Naranjo, José Miguel Ortiz, Edmundo Villouta y Guillermo Yunge.
La iniciativa pretende poner término a diversas irregularidades en la aplicación de las normas de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal en relación con dos materias: en primer lugar, con las normas aprobadas en las llamadas "Leyes Cumplido", para garantizar plenamente la seguridad y los derechos de los inculpados, en la práctica, y cuya aplicación, ha encontrado algunas dificultades; en segundo lugar, lo que resulta quizás más importante, novedoso y trascendente de esta iniciativa, con la modificación sustancial de la llamada "detención por sospecha".
Esta figura, estableada en el artículo 260 del Código de Procedimiento Penal, señala expresamente "Los agentes de policía estarán obligados a detener a todo delincuente de crimen o simple delito a quien se sorprenda in fraganti.
"Están, además, autorizados para detener
"3°. Al que anduviere con disfraz o de otra manera que dificulte o disimule su verdadera identidad y rehusare darla a conocer;
"4°. Al que se encontrare a deshora o en lugares o circunstancias que presten motivo fundado para atribuirle malos designios, si las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieren las sospechas; y
"5°. Al que se encuentre en cualquiera de las condiciones previstas por la Ley de Estados Antisociales."
Son estas las causales que han llevado a Carabineros de Chile a practicar numerosas detenciones por sospecha. Voy a citar una estadística:
En 1991, fueron detenidas por estas causales 164.110 personas, lo que establecido en meses, semanas y días, quiere decir que semanalmente son detenidos 1.126 jóvenes, o sea, 160 cada día. Debe tenerse en cuenta que el total de menores de 20 años detenidos en 1991 ascendió a 58.747.
Si se toma en cuenta la suma global de personas detenidas por sospecha, sin duda la cifra va mucho más allá.
Por esto, tanto Carabineros de Chile como el Gobierno y los parlamentarios indicados buscan corregir esta práctica. Además, la mayoría de los jóvenes detenidos por sospecha permanecen muy pocos días en los establecimientos carcelarios, con grave perjuicio para su formación, y luego son puestos en libertad por falta de mérito.
La iniciativa en comento, a la que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de la Juventud, formuló importantes indicaciones, cambia sustancialmente -como le indica el informe de la Comisión- la causal del N° 3 del artículo 260, que se refiere "al que anduviere con disfraz".
Una de las características propias de la juventud actual, como precisan los estudios -hablamos de jóvenes de hasta 25 años-, independientemente de cual sea su orientación ideológica, doctrinaria, política o, incluso, su condición social, es que viste con espontaneidad y con un cierto "desarreglo" para las costumbres de sus mayores. Entonces, puede suceder que los Carabineros confundan una vestimenta especial, de moda en los jóvenes de los 90, con un disfraz. Por ello, se introduce un cambio en la redacción del N° 3. En lo que se refiere a los N°s 4a y 5a, simplemente se derogan.
Creo muy importante hacer referencia aquí a la Ley sobre Estados Antisociales -data de 1954 y es una de las más draconianas existentes en nuestro sistema jurídico-, porque teníamos entendido que había sido derogada tácitamente por la Constitución de 1980. Para aclarar definitivamente esto, se prefirió derogar el N° 5° del artículo 260, del citado Código, que dice: "Al que se encuentre en cualquiera de las condiciones previstas por la Ley de Estados Antisociales.", y esas condiciones figuran en el artículo 1° de la mencionada ley, que dispone: "Artículo 1°, N° 1°.- Los que no teniendo hogar fijo o viviendo en el de otra persona por mera tolerancia o complacencia, carezcan de medios lícitos de subsistencia y sin estar impedidos para el trabajo, no ejerzan habitualmente profesión u oficio;" (Esto, en buen romance, quiere decir que los cesantes pueden ser detenidos).
"2°. Los que sin la competente licencia, pidan habitualmente limosna en lugares públicos o de acceso al público; los que con motivo falso obtengan licencia para pedir limosna...."; (O sea, toda aquella persona menesterosa que no puede vivir de su propio ingreso y pida limosna en un lugar púbico).
"3°. Los que hayan sido condenados por ebriedad más de tres veces en un año y los que sean calificados, previo examen médico, como ebrios consuetudinarios," (Es decir, una persona que haya sido calificada en esas condiciones, puede ser detenida en cualquier momento).
"4° Los toxicómanos,". (Este punto está en contradicción con la ley que aprobamos sobre tráfico de estupefacientes, porque el toxicómano puede ser detenido en cualquier momento y aplicársele una serie de medidas a las cuales me referiré más adelante.
"5° Los que por cualquier medio induzcan, favorezcan, faciliten o exploten las prácticas homosexuales...";
"6° Los que oculten su verdadero nombre, disimulen su personalidad...";
"7° Los que habiendo sido condenados por delitos contra el patrimonio, sean sorprendidos con especies cuyo modo legítimo de adquisición no expliquen satisfactoriamente,..."; 
"8° Los que comerciando habitualmente en especies de dudosa procedencia, contravengan las disposiciones legales o reglamentarias relativas a la adquisición o expendio de dichas especies...."; (Aquí queda incluido prácticamente todo el comercio ambulante).
"9° Los que hayan reincidido o reiterado en toda clase de hechos punibles en los que sea de presumir la habitualidad criminal." (O sea, el delincuente habitual).
Ahora, el juez puede aplicar a estas personas todas las penas contenidas en el artículo 3°, al que no me referiré en detalle, pero evidentemente son: internación en casa de trabajo o colonia agrícola, internación curativa en establecimientos adecuados y prohibición de residir en un determinado lugar de la República.
Al aplicar esta ley, Carabineros procedía a detener en virtud del N° 5° del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal; y, posteriormente, los tribunales no aplicaban la Ley sobre Estados Antisociales. O sea, no se seguía un proceso conforme a dicha ley. Y eso, hay que decirlo, gracias a la cultura cívica que existe en el país, tanto en los magistrados como en Carabineros.
El proyecto viene a resolver, por los menos, la situación de que no se pueda detener a una persona sólo por sospecha o porque se encuentre con una vestimenta poco habitual, o a deshora, o en lugares o circunstancias que den motivos fundados para atribuirle malos designios. Es decir, muchas veces, Carabineros detiene a jóvenes simplemente porque es de noche, están en un bar, en una fuente de soda o en la calle; o bien por todas las características de la enumeración que cité del artículo 1° de la Ley sobre Estados Antisociales, que es extremadamente amplia; tanto así, que no existiría persona pobre o menesterosa en el país que no pudiese ser detenida.
Entonces, esta moción, que el Gobierno ha hecho suya, y le ha introducido indicaciones, justamente pone cortapisas a la detención por sospecha al suprimir los N°s. 4 y 5 y cambiar la redacción del N° 3° del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal en la forma indicada en la página 10 del informe. O sea: "Al que se encontrare en lugares o circunstancias que den motivo fundado para atribuirle malos designios, como portar instrumentos aptos para la comisión de un delito o por rehusarse a dar a conocer su identidad y explicar sus intenciones satisfactoriamente.". Es decir, aquí existe un fundamento: la presunción de que la persona puede cometer un delito porque tiene instrumentos para hacerlo o se niega a dar a conocer su identidad cuando es requerida por la autoridad. Todo esto terminará definitivamente con la detención por sospecha, práctica que tanto Carabineros como el Gobierno y los parlamentarios indicados quieren rectificar.
Además, la iniciativa aprobada por la Comisión establece una serie de medidas tendientes a impedir la incomunicación más allá del tiempo requerido y sanciona con una pena mayor al funcionario que incurra en ese abuso. También se dispone que "las personas detenidas en conformidad con el N° 3° del artículo 260, deberán ser conducidas en forma inmediata ante el oficial, suboficial o encargado de la unidad policial. Asimismo, la detención se mantendrá mientras se comprueba su identidad y según sean las explicaciones que den de su conducta y los antecedentes que la motivaron. En la constancia de la detención o del traslado a la unidad policial, deberá señalarse con claridad que al detenido se le dieron a conocer sus derechos en la forma prevista en los incisos segundo y tercero del artículo 253. Asimismo, la constancia deberá ser firmada por el oficial o suboficial encargado de la unidad policial y por la persona detenida o trasladada a dicha unidad.".
La importancia de esto radica en que en el momento de la detención, a la persona se le darán a conocer sus derechos procesales y legales; porque a pesar de que la ley se entiende conocida por todos, no cabe la menor duda de que es la conciencia de los propios derechos la mejor defensa que puede haber respecto de abusos que se cometan en contra del detenido.
Asimismo, la norma establece que "al momento de tomar la declaración indagatoria, el juez interrogará al detenido sobre el cumplimiento del trámite de información. De constarle que éste no se ha cumplido, invalidará el parte de policía, ordenará su desagregación de los autos y la formación de un cuaderno especial. Con ellos, investigará la falta de cumplimiento...". Es decir, el carabinero, al momento de practicar la detención, debe dar a conocer los derechos que le asisten a la persona detenida.
Por último, para evitar la comisión de malos tratos, especialmente vejaciones o, en el caso extremo, de tortura, la iniciativa cambia la calidad del delito, pasando a ser de acción pública, con lo que el Estado de Chile cumple la Convención Internacional que proscribe cualquier forma de maltrato o de tortura, y a la cual esta Cámara dio su ratificación hace algún tiempo.
Eso es todo.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- En discusión general el proyecto.
El señor ELGUETA.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en la Comisión aprobamos este proyecto porque consideramos que perfecciona la garantía ciudadana en el caso de privación de libertad.
Cuando se discutieron las llamadas "leyes Cumplido", tuve oportunidad de presentar una indicación que hoy figura como inciso final del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, y dice. "El funcionario encargado del establecimiento penal o carcelario en que se encuentre el detenido antes de ser puesto a disposición del tribunal, no podrá rehusar que éste conferencie con su abogado en presencia de aquél, hasta por 30 minutos cada día, exclusivamente sobre el trato recibido, las condiciones de su detención y sobre los derechos que puedan asistirle."
Para esa época, cuando acabábamos de salir de un período bastante grave y doloroso respecto del respeto que merecen los derechos humanos, sin duda que esta disposición significó una verdadera garantía procesal penal en favor de los que estaban privados de libertad. Este proyecto en cierta manera viene a perfeccionar esa disposición.
Quiero observar que una disposición muy interesante del proyecto se refiere al derecho de la persona detenida a que se le lea el Acta de Información de Derechos del Detenido, y a que además, exista un cartel en que se consignen los derechos del detenido o aprehendido en las casas o recintos de detención policial. En estas normas que modifican el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal, no se señalan las disposiciones que, como mínimo, debería contener esta Acta de Información de Derechos del Detenido y el cartel a que se refieren, ni quién deberá confeccionarlos.
En consecuencia, con el Diputado señor Andrés Aylwin hemos presentado una indicación que establece que a lo menos esa Acta de Información de Derechos del Detenido deberá contener parte del artículo 19, N° 3°, de la Constitución Política de la República, que se refiere a la igual protección de la ley en el ejercido de sus derechos, a que "toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.
"La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos."
Además de esta norma de la Constitución Política, que nos parece pertinente, deberían insertarse, a lo menos, los siguientes artículos del Código de Procedimiento Penal: el 67, que trata de los derechos del inculpado, señalando todas las facultades que tiene, sea o no querellado, y aun antes de ser procesado, que podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos que le acuerden las leyes y los que el tribunal estime necesarios para su defensa. Establece ocho derechos que corresponden al inculpado.
También nos parece necesario consignar entre esos derechos el artículo 280, ya que se refiere a la manera cómo debe ser expedida la orden de detención: "Toda orden de detención o de prisión será expedita por escrito, y para llevarla a efecto, el juez o la autoridad que la dictare despachará un mandamiento firmado, en que dicha orden se encuentre transcrita literalmente."
Además, el artículo 291, por cuanto dispone que "el jefe de un establecimiento que recibiere a una persona en calidad de detenido o preso dará parte del hecho al juez competente inmediatamente después del ingreso o, si no fuere hora de despacho, en la primera hora de la audiencia próxima."
El artículo 293, que establece: "La detención, así como la prisión preventiva, debe efectuarse de modo que se moleste la persona o se dañe la reputación del procesado lo menos posible. La libertad de éste será restringida en los límites estrictamente necesarios para mantener el orden del establecimiento y para asegurar su persona e impedir las comunicaciones que puedan entorpecer la Investigación.
"El detenido o preso, aunque se encuentre incomunicado, tiene el derecho de que se informe por la policía o por el tribunal a cuya disposición estuviere, a su familia, a su abogado o a la persona que él indique, el hecho de su detención o prisión."
Además, el derecho a conferenciar con su abogado antes de ser puesto a disposición del tribunal.
El artículo 294, que se refiere a los derechos para "procurarse, a sus expensas, las comodidades y ocupaciones que sean compatibles con el objeto de su detención o prisión y con el régimen del establecimiento."
El artículo 306, que prescribe que toda persona contra la cual "existiere orden de arraigo, detención o prisión emanada de autoridad que no tenga facultad de disponerla, o expedida fuera de los casos previstos por la ley....", tiene derecho a interponer recurso constitucional y de procesal penal.
El artículo 318 bis: "Es derecho del imputado libre presentarse ante el juez a declarar, sin que nadie pueda impedirle el acceso al tribunal".
El artículo 356, que establece el derecho de todo detenido a luchar por su libertad provisional en las condiciones que la ley establezca.
Creemos que con esta indicación se perfecciona el proyecto, tan importante para las personas que se encuentren privadas de su libertad.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, este proyecto responde a las reclamaciones que a diario se escuchan en casi todo Chile por las detenciones sin causa justificada, que muchas veces provocan traumas y problemas. Estos excesos, que ahora se pretenden regular, han hecho posible que poblaciones enteras se hayan convertido en enemigos frontales de Carabineros, en circunstancia de que muchas veces -hay que reconocerlo- están haciendo cumplir el rigor de las leyes vigentes y tienen que proceder justamente en forma que ha hecho que la opinión pública, el vecindario, los familiares o los amigos de las personas detenidas reaccionen contra la fuerza pública.
Muchas de estas cosas podrán evitarse si aprobamos el proyecto en discusión, porque lo que provoca problemas es justamente la detención masiva de jóvenes que están en las cercanías de su hogar, en alguna calle de su barrio, en la esquina de alguna población, donde comúnmente se reúnen. Llega Carabineros y procede a detenerlos sin motivo patente, concreto, sin que esté presente, como se propone, otra persona, un familiar o un vecino. La iniciativa pondrá coto a esta situación y la rectificará.
Conozco un caso particular que tiene relación con esta futura ley. Recuerdo a un amigo, un hombre de honestidad intachable, reconocida por todos los que lo conocieron. En una oportunidad tomó un taxi para que lo llevara a su hogar, cerca de la Panamericana, en Gran Avenida. Resultó que el conductor se "tiró al dulce" al cobrarle una tarifa excesiva y en forma grosera. Este compañero reaccionó como tenía que hacerlo y se produjo una discusión violenta. El taxista se dirigió a una pareja de Carabineros que transitaba por el lugar y lo acusó de que había querido cogotearlo y asaltarlo, situación que lo colocó medio a medio en las disposiciones de la Ley de Estados Antisociales.
El juicio para aclarar la verdadera conducta de mi amigo duró años, porque no había cómo comprobar, excepto por los vecinos que estaban dispuestos a declarar, su calidad de hombre serio, de trabajo y honesto. Persistía la acusación maliciosa del taxista, que insistía en culparlo para sacarse "el pillo", como dice el pueblo, del abuso y grosería en el cobro de la tarifa.
Estas cosas suceden a diario, por lo menos con la juventud, que es justamente la que siente en forma más rigurosa las disposiciones de la citada ley. Sólo por estar jugando, conversando o reunidos, llega una patrulla de Carabineros y los lleva detenidos. Ellos cumplen la ley; pero también hay que respetar los derechos humanos y la personalidad de los jóvenes, que se conocen en los barrios y se reúnen en una esquina o en alguna calle a conversar e intercambiar ideas.
Por eso, estas disposiciones impedirán que se ensanche más la brecha que existe en las relaciones de los uniformados policiales y el ciudadano civil
Yo, que he vivido largo tiempo en sectores populares, recuerdo que Carabineros era parte del barrio, un ciudadano, un vecino más, que jugaba fútbol en el club de la población, hacía de árbitro en los partidos y participaba en todas las actividades, aún las más sencillas, era un hombre más. Sin embargo, ahora ya no se siente ese respeto y aprecio: se le teme y muchas veces se le odia, cosa que no debió suceder jamás. Pero los que hemos convivido en esas condiciones junto al pueblo, sabemos lo doloroso que es aislar a Carabineros y que ellos hagan lo mismo con el resto de los pobladores de su barrio.
Por lo tanto, creo que con este proyecto se normalizarán las relaciones entre el sector uniformado y la población civil. Por eso, voy a darle mi voto favorable.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, el proyecto de ley en estudio, en primer lugar, genera una suerte de conflicto entre los bienes jurídicos que la ley pretende proteger. Por una parte -en esto estamos totalmente de acuerdo-, es ampliamente deseable resguardar los derechos de las personas, incluso los de quienes puedan ser sospechosos de acción delictual, precaviendo la posibilidad de algún abuso que la autoridad pudiera cometer. Este es un bien jurídico que es importante resguardar en virtud de los derechos ciudadanos. Por otra, bajo el mismo principio de resguardar los derechos de las personas, surge el de proteger a los ciudadanos de la delincuencia. Este tema es de gran preocupación por parte de las autoridades y motivo de numerosas iniciativas legislativas en el Congreso, porque sabemos que la delincuencia es el principal y gran problema nacional. Por consiguiente, la legislación, en este campo, debe procurar un equilibrio entre ambos aspectos, para lo cual habrá que considerar, entre otros, los elementos de juicio que la realidad objetiva entregue de lo que está sucediendo en un momento determinado.
En este sentido, la norma que establece la necesidad de que el detenido, en el lugar de la detención, sea informado en forma oral de sus derechos, en presencia de un tercero como testigo, genera una inconveniencia práctica. Desde luego, habrá circunstancias en las cuales no se podrá contar con la tercera persona idónea, en la etapa de la aprehensión, en el momento y en el lugar de los hechos, previo al traslado al primer recinto de detención.
Estas exigencias teóricamente pueden ser aceptables en la Sala. Pero, situémonos en una población del gran Santiago, a una hora de no mucho público en la calle, de madrugada, frente a la necesidad de detener a un sospechoso solo, al que dos o tres carabineros persiguen. Al momento de detenerlo, hay que leerle los derechos en presencia de un testigo. El eventual detenido puede negarse a escuchar su lectura por el agente policial. En definitiva, surge la gran duda: queremos realmente proteger al ciudadano de la delincuencia o, de alguna manera, estamos dando una señal equivocada que podría inhibir al propio carabinero en el evento de detener a un sospechoso. Si así fuera, por exclusión, estaríamos posibilitando que el delincuente eventual actúe.
De aprobarse esta norma, la acción de Carabineros y de la Policía de Investigaciones podría verse afectada, ya que a la hora de detener a alguien respecto de quien existen fundadas sospechas para atribuirle malos propósitos o que podría cometer un delito, dicho personal podría no llevar a cabo la detención por el temor al reproche social. Quedaría así burlada la acción de la justicia.
Es complejo compatibilizar los derechos ciudadanos con la necesidad de defender a las personas de la delincuencia.
En seguida, respecto de la obligación de leer los derechos a la persona en el lugar en que ocurre el delito o la detención por sospecha, creemos que la aprehensión debe ser expedita, segura y centrada en el objetivo esencial, de asegurar al detenido; pero la incorporación de la exigencia del trámite oral de leerle sus derechos, en un momento dado, podría dificultar su aprehensión o inhibir al funcionario que la quiere hacer. La norma que establece que la información sea entregada en la unidad policial, que sea publicada y que quede constancia en el libro de que la persona se ha informado de ella, es adecuada; está bien. Pero respecto del tercer testigo y de que sea informado oralmente, como lo vemos en las películas norteamericanas, tenemos que colocamos en la realidad chilena, en la realidad de las dificultades y de la insuficiencia de nuestros servicios policiales, del aumento abismante de la delincuencia y, más que inhibir la acción policial, tenemos que fortalecerla.
Es cierto que muchas veces pagan justos por pecadores, es cierto también que en algunas oportunidades los servicios policiales cometen excesos; pero no es menos cierto que en la responsabilidad final de proteger la seguridad de los chilenos, son muchos más justificadas las acciones que cometen que las que no cometen.
Un análisis de información estadística en relación con él número de detenidos por sospecha, nos señala que, como promedio anual de los últimos cinco años, hubo 142.401 detenidos, y que la cantidad total en 1993 fue de 34.052.
Finalmente, en lo que dice relación con la norma de protección a los ciudadanos, debemos señalar que si bien es positivo todo lo que apunte a proteger el valor de la persona humana y sus derechos ante los tribunales de justicia, ello no debe entrabar el trabajo propio de los funcionarios que laboran en el ámbito de la justicia, como son los carabineros y los jueces. Ambos elementos combinados, es decir, la reducción de la facultad de detener por sospecha y las normas de protección en la detención, pueden tener en el largo plazo el efecto contrario al que hoy los autores de esta iniciativa han deseado, cual es permitir el aumento paulatino de la delincuencia.
Es importante conciliar la libertad individual con la necesidad de reprimir la delincuencia, y creemos que, ese equilibrio, con estas normas, no queda debidamente compensado.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Se encuentran inscritos los Diputados señores Palma, don Andrés, Longton, Pizarro, don Jorge; Latorre, Martínez, don Juan, y Muñoz Barra.
Tiene la palabra el Diputado señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, he sido uno de los patrocinantes de este proyecto de ley, junto a la Diputada señora Muñoz y a los Diputados señores Montes, Letelier y Devaud, y al cual también se han adherido los Diputados señores Elizalde, Naranjo, Ortiz, Villouta y Yunge.
El origen de la iniciativa se fundamentó en las cifras que acaba de leer el Diputado señor Melero. Más de la mitad de los detenidos en Chile, en un año calendario, hasta 1992, lo estaban por motivos y procedimientos que queremos revisar aquí. Ello coincidía con que esos detenidos, en un porcentaje muy alto, sobre 80 mil ó 90 mil, según el año, eran menores de 25 ó 23 años de edad. Este alto número de detenciones de personas jóvenes, por motivos no bien calificados, incluso, en algunos casos, por instrucciones imprecisas de la autoridad policial, provocaban en el país una cierta anomalía que se ha pretendido corregir mediante este proyecto que es consecuencia del trabajo desarrollado entre las autoridades de Gobierno y los servicios policiales, particularmente, Carabineros de Chile. En él también tuvieron destacada participación los Diputados Carlos Montes y quien les habla, tendiente a precisar las instrucciones a los servicios policiales y en qué circunstancia se puede detener a un joven por una actitud sospechosa, lo cual significó -como indicó el Diputado señor Melero- que la cifra de sobre 100 mil detenciones por ese motivo, en 1992, se redujera a 40 mil, en 1993.
La sola discusión del tema y la presentación de esta moción ha determinado un cambio importante en el país que es valorado no sólo por los jóvenes, principales afectados por esta situación, sino de manera muy importante por los propios servicios policiales, que han perfeccionado su accionar en el sentido de precisar bien quiénes son los virtuales sospechosos y disminuir sustancialmente el número de personas detenidas en su procedimiento de supervigilancia del orden público.
De esta manera, hoy a mucha gente se le pide su identificación, pero no es detenida, y no se realizan redadas masivas en lugares donde eran habituales. Ellas determinaban gran número de detenidos y muy poca efectividad, porque no caían sospechosos ni aquellos que realmente deben detenerse, sino un conjunto de personas, y se deterioraba la relación entre la civilidad, particularmente, los jóvenes, y los servicios policiales. Incluso, con programas pilotos desarrollados en la Región Metropolitana, especialmente en las comunas de la Florida y de La Granja, a la cual represento en esta Cámara, se ha podido perfeccionar el procedimiento policial y encontrar normas como las que hoy discutimos, que permiten mejorar una situación que, de no provocarse estos cambios, podría llegar a ser muy lamentable.
El hecho fundamental es que existía una desconfianza profunda y mutua entre Carabineros y los jóvenes. Se miraban con recelo, particularmente en los sectores populares. Eso está cambiando hoy y este proyecto también ayuda a provocar ese cambio, puesto que como señaló el Diputado señor Melero, es un como en las películas, porque contiene cambios fundamentales, como que en el momento de detener a personas se les informe de sus derechos, y que en el cuartel policial esos derechos estén señalados en una cartilla visible. Eso es muy positivo: ayuda tanto al detenido como al policía. El policía sabrá exactamente cómo debe actuar frente al detenido. Es bueno, porque evitará que en determinadas circunstancias -que no son las normales; pero ocurren- el policía se sobrepase en su actuación. Ese cambio restablecerá la confianza entre los jóvenes y la policía. Ello está ocurriendo, por cuanto, a raíz de nuestra discusión y revisión conjunta con el alto mando institucional de Carabineros, sobre los procedimientos, las normas y el comportamiento, tanto de los jóvenes como de los policías, ha disminuido a casi la tercera parte el número de detenidos por esta causal en 1993 respecto de 1992.
Señor Presidente, el Honorable Diputado señor Muñoz Barra me solicita una interrupción, y por su intermedio, se la concedo.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, es importante la inquietud del Diputado señor Melero. Por eso, le consulto al colega Palma, que conoce bien el proyecto, si cuando la disposición dice que el funcionario público a cargo del procedimiento, detención o aprehensión, deberá leer los derechos en presencia de otra persona, se entiende que puede ser su compañero de pareja policial. De interpretarse así, me parece que la norma está bien expresada.
El señor MOLINA (Presidente).- Puede continuar el diputado señor Palma, don Andrés.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el texto es bastante genérico al establecer: "en presencia de otra persona y antes de conducirlo hasta la unidad policial". Además, estamos hablando de un detenido por sospecha, de las causales de detención por sospecha; no de un detenido sorprendido in fraganti. Lo normal es que el Carabinero o el detective no ande solo y que el detenido tampoco actué solo. Puede ocurrir que un carabinero detenga a una persona, estando solos ambos; pero eso no es normal. Tal vez en una revisión particular del proyecto podría analizarse esa situación. El tema está abierto. Pero prefiero que se despache ahora. Todavía queda un trámite en el Senado en que podrá afinarse esta norma. Será una señal muy importante para nuestro país que el proyecto pueda ser aprobado hoy en general y en particular, porque exhibiría una voluntad de la cual también es parte el alto mando institucional de Carabineros.
El Diputado señor Melero desea hacer uso de una interrupción.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, sólo quiero formular una consulta en relación con lo que ha señalado el Diputado señor Muñoz Barra.
Este tema no deja de ser importante. Uno de los factores que más inquieta en las conversaciones que yo también he sostenido con el alto mando institucional es la tercera persona. Entiendo que ésta no debiera ser un carabinero, porque, en el fondo, lo que se pretende resguardar es el derecho al equilibrio entre el aprehensor y el aprehendido, de manera que estén presentes ambas partes. Qué sentido tendría que el tercero fuera un carabinero también, en circunstancias de que lo que se requiere es un tercero que en lo posible no esté involucrado en los hechos, que atestigüe que se cumplió con el procedimiento de la lectura de los derechos. El tercero podría ser el otro delincuente que también va a ser detenido. ¿Bastaría que el otro delincuente fuera la tercera persona?
La norma es poco clara y, a mi juicio, genera un efecto muy negativo y perverso, cual es inhibir la acción policial. Supongamos que un carabinero persigue a un sospechoso y no aparece un tercero. ¿Qué hace el policía? Se inhibe para detenerlo y quizás se escapa un delincuente.
Entonces, hay que ponerse en las circunstancias y por eso esta norma debe ser aclarada. De lo que el Diputado señor Palma ha dicho desprendo que es genérica, que no está precisada.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Retoma la palabra el Diputado señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, parte de nuestro trabajo legislativo es precisar y aclarar las normas. Entiendo las dudas de los Diputados señores Melero y Muñoz Barra. Hay voluntad de legislar respecto de esta materia, tal vez de corregir algunas imprecisiones que pueda contener el texto del proyecto, a lo cual estamos llanos quienes lo hemos presentado, porque el objetivo central es mejorar el comportamiento de los servicios policiales, la relación entre los jóvenes y los funcionarios policiales, y, particularmente, disminuir el número de detenciones -a aquellas que no deben realizarse-. Espero que todos los señores Diputados voten a favor, despachándolo hoy en general y en particular.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON Señora Presidenta, analizamos este proyecto y, si bien su fondo y el sentido que se le ha querido dar son importantes, especialmente la protección de los derechos de la persona humana -la cual tendremos que mejorar día a día durante este proceso democrático- nos parece apresurado y mal planteado.
Al artículo 253 del Código de Procedimiento Penal se agrega un inciso que establece el trámite de información de derechos del detenido, trámite que de ninguna manera parece que sea inútil; por el contrario, se estima que puede cumplir una función conveniente y, a veces, eficaz. El problema radica en que se trata de un aspecto solitario y aislado, que debería insertarse en una modificación más completa y radical del sistema, para lo cual, desde nuestro punto de vista, sería necesario realizar un estudio más profundo y acabado del procedimiento, en su conjunto.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia echamos de menos una información directa -haciendo aplicación de nuestro Reglamento-, de alguna autoridad de Carabineros que hubiese aclarado las dudas, porque no se sabe a cabalidad cuáles son los procedimientos que llevan a cabo y en qué forma actúan.
Es importante conciliar una labor preventiva y de protección a la ciudadanía, con el tratamiento de los derechos de las personas. En eso hacemos nuevamente hincapié. Debido a la importancia que se le ha dado a este tema en el proyecto y del proceso mismo que vivimos, consideramos que la detención por sospecha amerita un estudio más a fondo.
Desde nuestro punto de vista, lo medular es determinar qué se entiende por "apremio'', si presión o tortura. Débanos trazar esa línea divisoria con nitidez, cosa que en este proyecto no aparece.
El proyecto tampoco visualiza -y por lo mismo lo encontramos inútil-, esa división clara que debe existir entre la protección a la ciudadanía y la de los derechos de esas personas que han delinquido.
Señora Presidenta, anunciamos nuestro voto negativo o la abstención, y esperamos que el proyecto vuelva a la Comisión para un estudio más profundo.
Por su intermedio, quisiera darle una interrupción al Diputado señor Teodoro Ribera y, después, al Diputado señor Latorre.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Teodoro Ribera.
El señor RIBERA.- Señora Presidenta, como se trata de una interrupción, reduciré mi intervención.
Se quiere introducir en el sistema chileno una institución que más bien vemos por televisión en las series norteamericanas, en las cuales se leen sus derechos a los detenidos, trámite importante que debe considerar el juez para ver si la detención fue legal o ilegal. Sin lugar a dudas, escapa de la tradición jurídica chilena, pues no la conocemos.
Por eso, hay que relacionar lo señalado en el artículo 253, en cuanto a que deberá informar a la persona, con lo que señala este mismo proyecto -artículo 315-, toda vez que dice "Al momento de tomar la declaración indagatoria, el juez interrogará al detenido sobre el cumplimiento del trámite de información. De constarle que éste no se ha cumplido, invalidará el parte de la policía, ordenará su desagregación de los autos y la formación de un cuaderno especial."
Esta intención de los colegas requiere mucho mayor estudio. Esto escapa de nuestra concepción jurídica. Si bien es cierto que puede tener un sentido altruista, también puede transformarse en mera circunstancia formal que no conduzca realmente a una modificación de los hábitos.
También tengo dudas en el precepto en que se consagra el acta de información de derechos del detenido, tratando de hacer de ésta así como un Acta de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, en "chilensis", donde se reducirían algunos preceptos de tipo constitucional -artículo 19, número 7), letra e), de la Constitución- relativos a la detención de las personas, para que el detenido tenga una información más cabal, materia que escapa de nuestra propia idiosincrasia.
En el fondo, creo que no es conveniente llevar de la acción privada a la pública lo que se señala en términos de eliminar del artículo 18 su número 1°. Esto, de acuerdo con nuestro Código de Procedimiento Penal, se refiere a trasladar la acción de privada a pública, porque debe haber, a lo menos, un impulso de la acción procesal por parte de la persona que ha sufrido la vejación o un menoscabo en sus derechos. En mi opinión es posible consagrarlo como una acción mixta, por cuanto la persona tiene que darle un impulso a la acción, y luego puede tomar un interés público, llevándose a cabo a través del Ministerio Público. 
Con respecto a la detención y a sus condiciones, si bien este proyecto trata de morigerar o atenuar el artículo 260, que establece la detención por sospecha, no es menos cierto que las modificaciones introducidas tal vez no conduzcan a la finalidad que tenían presente los señores Diputados que patrocinaron esta iniciativa, porque aun cuando sustituye el número 3° y suprime los números 4° y 5°, la redacción que se le da al nuevo número 3° también tiene una relación relativamente amplia y coincidente con lo que se establecía en el antiguo número 3°, toda vez que ahora también se va a proceder a la detención cuando alguien se encontrare en lugares o circunstancias que den motivo fundado para atribuirle malos designios...
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Señor Diputado, perdone que lo interrumpa, Aunque no es asunto de Reglamento, en atención a que hay una enorme lista de inscritos, le rogaría que su intervención fuera breve.
El señor RIBERA.- Perfecto.
Voy a terminar diciendo que la finalidad que persigue el proyecto tampoco se logra con la actual reglamentación.
Considero que el proyecto debe volver a la Comisión de Constitución y coincido con el Diputado señor Longton, en cuanto a que en su forma actual no cuenta con nuestro voto favorable.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Recupera la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.- Señora Presidenta, sin que se considere abuso, también quiero darle una interrupción al Diputado señor Latorre.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- El Diputado señor Latorre está inscrito a continuación del Diputado señor Pizarro.
El señor LATORRE.- Conforme
El señor LONGTON.- He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señora Presidenta, trataré de ser breve para que todos los colegas puedan intervenir.
En primer lugar, en mi opinión, la materia es extraordinariamente importante y está relacionada con un problema que afecta en forma diaria a la comunidad en general, especialmente a los jóvenes. Y lo que esta Corporación puede hacer al aprobar este proyecto, que surgió de una moción de honorables colegas, es entregar señales no sólo al país sino también a quienes aparecen involucrados en los hechos que se producen a diario en nuestras ciudades, fundamentalmente a la Policía, a Carabineros y a los sectores jóvenes de nuestra población.
No cabe duda de que entre los temas más importantes están la seguridad de las personas y cómo tratar el problema de la delincuencia y la violencia en las calles. A mi juicio, la mejor manera de enfrentarlo será buscando una solución de fondo a través de una acción mancomunada de la comunidad toda, ya sea por medio de sus organizaciones y de las instituciones establecidas por ley, pero, fundamentalmente, por la convicción de las propias personas respecto de cómo enfrentar este problema, además de la colaboración que puedan prestar las instituciones policiales para que éstas cumplan con su deber establecido en la Constitución y las leyes. Aquí es donde entra a tallar este problema. La legislación actual permite la detención por sospecha, y Carabineros de Chile -esto hay que decirlo- primero detiene y después pregunta. En las redadas que se practican sobre todo en las noches de los fines de semana, en discotecas, salidas de cines, plazas o lugares públicos en los que normalmente circula gente joven, Carabineros aplica, lisa y llanamente, el criterio -lo digo con todas sus letras porque ejemplos de estos hay muchísimos, a lo mejor a más de alguno en algún momento le tocó- de primero detener y después ver qué pasa.
En ese cuadro, coincido plenamente con lo manifestado por él Diputado don Andrés Palma. Las estadísticas demuestran que este sistema permite detener a mucha gente, pero no ataca el problema de la delincuencia, ya que de cada cien detenidos dos son delincuentes. Ese dos por ciento que podría justificar que se detenga a cien, a mi juicio, no corresponde en una sociedad moderna que quiere enfrentar el problema en su totalidad.
En la mañana de hoy escuchaba con mucha atención al alcalde de Las Condes plantear la necesidad de colaboración de toda la comunidad para enfrentar la delincuencia, específicamente para tratar el problema del alto comercio de drogas que existe en esa comuna, donde está concentrada la mayor cantidad de bares, restoranes, pubs, discotecas y cuanto local nocturno pueda existir y donde realmente se produce un consumo de drogas extraordinariamente grande que afecta a los sectores altos, fundamentalmente a 1a juventud. También planteó la necesidad de colaboración de quienes están envueltos en el problema; específicamente habló de colaboración de los jóvenes, incluso de escolares, que son sometidos a un proceso de venta, de insinuación o de inducción al consumo de drogas, no tan sólo en locales nocturnos, sino también en los colegios o a la salida de ellos.
El problema de la confianza en el rol de las instituciones policiales y lo que sufren los jóvenes debido a la detención por sospecha es extraordinariamente importante. El proyecto apunta a encontrar un camino que restituya esa confianza, que haya un nivel de colaboración recto, leal, entre quienes se ven afectados en determinado momento por al abuso o la arbitrariedad que significa la detención por sospecha y la necesaria colaboración para entregar información.
Cuando discutimos la ley de drogas y estupefacientes se habló de este problema. En ese sentido, la iniciativa es extraordinariamente importante. La ley actual permite la detención por sospecha incluso por el hecho de llevar disfraz, término antiguo. ¿Qué se entiende por disfraz? Lo que usa la gente que quiere ocultar su identidad. Eso hace que se le detenga por sospecha. Pero con la vestimenta actual perfectamente se podría pensar que los jóvenes están disfrazados permanentemente, de acuerdo al criterio de un funcionario policial, y quizás algunos tienen hijos que andan disfrazados, con colita, con aritos, collares, camisas raras, chaquetas negras con broches, con aditamentos, adornos, botas. En fin, se puede pensar que andan disfrazados de cualquier cosa y, por lo tanto, ameritan, sobre la base de la legislación actual, que se les detenga por sospecha.
A mi juicio, éste es un tema extraordinariamente grave, porque provoca un prejuicio y un abuso en el que se cae reiteradamente y con el que no se puede estar de acuerdo.
Desde luego, me parece bien que exista un procedimiento que permita que las personas que son detenidas tengan claridad respecto de cuáles son sus derechos. Estamos hablando de detención por sospecha, no de delincuentes. No puede ser que haya jóvenes que pasen fines de semana completos en cárceles o lugares de detención junto con delincuentes y no tengan siquiera la posibilidad, por desconocimiento, por ignorancia o por distintas razones, de saber cuáles son sus derechos, o pedir que se les reconozca su identidad o domicilio o se considere la posibilidad de que sus padres o quienes sean responsables de ellos vayan a sacarlos de esos locales.
Así, se plantea la necesidad de que Carabineros -lo cual respaldo- ejerza plenamente su función. Pero también hay que decir que la mayoría de las veces no se cuenta con esa información y muchos padres, los viernes o los sábados, en la búsqueda de los jóvenes recorren los recintos policiales y se les responde que allí no están. Pero el domingo o el lunes se enteran de que estuvieron detenidos durante todo el fin de semana en una unidad policial, y de ello nadie se responsabiliza.
En este sentido, el proyecto de ley da una señal muy clara para que las instituciones policiales respeten los derechos de los ciudadanos. Deberán dar las facilidades y oportunidades para que comprueben su identidad, y para aclarar que no había motivos para su detención por sospecha. Ahora, si los hay, sigue el proceso. Pero lo mejor del procedimiento que se establece es que si la detención se efectúa -porque las cosas se producen en la práctica- es fundamental garantizar a estas personas que estarán separadas y que no recibirán el mismo tratamiento que se les da a los presos comunes.
Esta realidad se vive en nuestro país, especialmente los fines de semana, y tiene que ver con la vida de nuestros jóvenes. Ellos tienen que entender que se pueden incorporar legalmente al ámbito de la sociedad, que pueden colaborar con las instituciones policiales, que tienen un lugar en la lucha contra el tráfico de drogas; pero no me cabe duda de que en la medida en que se mantenga una legislación arcaica y reaccionaria, esa posibilidad no existe.
Por lo tanto, manifiesto mi total respaldo al proyecto, y sería una señal muy importante de la Cámara que hoy lo aprobáramos.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, también quiero entregar mi opinión respecto del sentido de este proyecto.
Varios de los alcances de algunos colegas de la Derecha no apuntan exactamente a las situaciones que justifican una iniciativa de esta naturaleza. Evidentemente, no se trata de inhibir o perjudicar la labor policial en la detención de personas que estén actuando en un hecho concreto o eludiendo la acción policial -como el caso recién señalado por un señor Diputado-, o cuando se trata de una persona que es sorprendida in fraganti en la Comisión de un delito. Estamos hablando de casos distintos, de detenciones por sospecha, en los que muchas veces se actúa con arbitrariedad; y lo que se pretende es evitar que ella se produzca en forma habitual.
Me parece que todos los Diputados podemos coincidir en que efectivamente en muchos lugares y en diferentes momentos se detiene arbitrariamente por sospecha, situación que afecta en particular a los jóvenes. Ya se dieron algunos ejemplos al respecto. Para ninguno de nosotros es desconocido que algunas veces Carabineros, en centros de diversión o de otra naturaleza donde se reúnen los jóvenes, proceden a controlar, por ejemplo, la identidad, y quien no porta su carné es sospechoso y, eventualmente, puede ser detenido. El proyecto de ley dispone que cuando una persona no tiene la cédula de identidad y se le detiene por ello, es sólo con el propósito de comprobarla y establece un procedimiento para que esa persona sepa que su detención no puede ir más allá de la comprobación de su identidad.
El proyecto de ley pretende evitar que, por la vía de la detención por sospecha, se cometan arbitrariedades. Al respecto, en mi distrito es habitual que se incurra en ellas en las detenciones por sospecha. Incluso, se llega al extremo de que no queda constancia de las personas detenidas y cuando sus familiares acuden a la comisaría a preguntar lo que sucede, no hay registro del hecho, los funcionarios, desde quien está a cargo de la unidad policial, tienen conciencia de que se trata de una detención arbitraria.
No me parece un buen argumento el dado por el Diputado señor Melero, quien señaló que, según las estadísticas, las detenciones por sospecha han disminuido notablemente en los últimos años. Sin embargo, hay que considerar que un porcentaje altísimo de detenciones de esta naturaleza, que pueden ser calificadas como arbitrarias, que no quedan registradas, por lo que no forman parte de esas estadísticas.
Legislamos respecto de toda la población del país y no sólo de ciertos sectores. Tengo la impresión de que algunos colegas piensan en la realidad que tienen más cercana, y, muchas veces, ella no coincide con las situaciones que se hacen presente en la discusión.
Hay muchachos -y no lo digo en forma peyorativa-, que pertenecen a una familia con capacidad y conocimientos que no se encuentran en la misma posición ante una detención arbitraria. Su reacción frente a Carabineros es diferente a la de la mayoría de los jóvenes de nuestro país, que sufren las detenciones sin el conocimiento o la posibilidad de que sus padres respondan enérgica, fundamentada y documentadamente a la arbitrariedad de qué son objetos. Para ellos legislamos, para quienes desconocen sus derechos y muchas veces aceptan, sin reacción, esos hechos, que son habituales en algunos lugares de nuestro país.
Iniciativas de este tipo no deberían ser rechazadas por razones que pueden tener sentido para los colegas de la Derecha. El proyecto constituye una importante señal, sobre todo para los jóvenes chilenos, como muy bien lo indicó el Diputado señor Pizarro.
Estoy en condiciones de entregar antecedentes de detenciones arbitrarias, habituales los fines de semana en discotecas y centros de diversión, y que han afectado a personas que tengo muy cercanas. Pero, sin duda, “los hijitos de su papá", no viven la misma situación de la gran mayoría de jóvenes que no están en condiciones de reaccionar a este tipo de detenciones.
En el mundo real, particularmente, he hecho innumerables denuncias privadas ante las autoridades policiales para certificar que hay unidades policiales donde se plantea como tarea diaria cumplir con una cuota de detenciones por sospecha. Entonces, para algunos carabineros es casi como una obligación efectuarlas, las que muchas veces resultan arbitrarias.
En consecuencia, me parece que el fundamento del proyecto y sus normas tienen sentido y son positivas.
Si alguien quiere hacer un alcance, por ejemplo, a la norma que establece que la detención debe ser informada a otra persona -que puede aparecer muy vaga-, es razonable formularlo y plantearlo en la Cámara revisora. Pero debemos actuar con sensatez y no obstaculizar el despacho de un proyecto que responde a una realidad de nuestro país. Como Cámara de Diputados, al margen de las discrepancias que tengamos sobre aspectos específicos de la iniciativa, tenemos que tratar de que se materialice para que el día de mañana amparen debidamente los derechos de las personas en general y, en particular, de nuestros jóvenes.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez.
El señor MARTINEZ (don Juan).- Señora Presidenta, existe consenso en la Cámara de que los derechos de las personas son inalienables y anteriores al Estado; la propia Constitución de 1980 así lo reconoce. Por lo tanto, adoptar determinados resguardos para prevenir abusos que las personas, sobre todo si son jóvenes -que muchas veces están en la indefensión- sean víctimas del abuso en que suelen incurrir las fuerzas policiales, me parece justificada Por eso, comparto plenamente el sentido general del proyecto. Efectivamente, con él se da una buena señal y espero que sea una realidad que los jóvenes no sean detenidos exclusivamente porque usan el pelo largo o llevan "colita".
Pero quiero llamar la atención respecto del planteamiento que fundamentalmente incorporó al debate él Diputado señor Melero, en el sentido de que este resguardo a derechos esenciales podría ser un obstáculo a los procedimientos policiales. Señalaba que mediante la fórmula de declararle sus derechos al detenido en presencia de un testigo, podría inhibirse la acción policial para detener a una persona.
En verdad, podría precisarse más a qué se refiere: quién puede ser el testigo, si otro carabinero o un particular. Pero esta norma no entraba la acción policial, en primer lugar, porque hablamos de detención por sospecha y no la que resulta de un delito in fraganti. En segundo término, cuando existen sospechas de que una persona ha cometido un delito, los carabineros la detendrán, en ese momento se le hará saber verbalmente sus derechos, para lo cual podrá recurrirse a cualquier testigo, incluso a alguien que pase por la calle para que, en su presencia, se le den a conocer sus derechos.
Este trámite no significa ninguna traba ni dificultad a una acción policial, porque la detención ya está realizada. Lo importante es que, de acuerdo con la moción que hoy discutimos, se informa a las personas detenidas en estas circunstancias los derechos que la Constitución Política de la República les confiere. De manera que no veo obstáculo alguno ni un problema en que sea Chile un país de una cultura o civilización inferior, por ejemplo, a la de los Estados Unidos, donde a los detenidos se entrega esta información. No debemos menoscabarnos pensando que éstas son normas exóticas, inaplicables a nuestra realidad, la cual sería completamente distinta. No es así; es bueno recoger los resguardos aplicados en otros países respecto de los derechos esenciales de las personas.
Con esta intervención deseo disipar dudas sobre este proyecto.
Es necesario agilizar la iniciativa para transformarla en ley durante esta legislatura. No deberíamos entrabar su discusión, ya que, en general, son normas de carácter simple, bastante razonables y que hacen un aporte efectivo, interesante e importante para evitar los abusos policiales, que son frecuentes, los cuales hemos conocido en muchas oportunidades. Estas normas establecen prevenciones y resguardos que pueden mitigar mucho la ocurrencia de estos abusos. Sin embargo, es evidente que se seguirán cometiendo, porque nos enfrentamos no sólo con problemas de orden legal, sino de orden cultural Hay una determinada cultura en el procedimiento policial, que a menudo lleva a sus funcionarios a cometer abusos. Obviamente, se trata de procesos más largos, que no podemos modificar ahora. En todo caso, considero que las disposiciones que se establecen en cuanto a la información como a la exhibición en los cuarteles de las normas de los derechos ciudadanos son elementos adecuados que apuntan a resolver estos problemas.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, con el debate de este proyecto nos está sucediendo algo que dificulta el análisis del tema desde la perspectiva más óptima, ya que al verlo bajo un cierto criterio u óptica política, algunos entienden que nos enfrentamos a un proyecto que salvará a los jóvenes de la arbitrariedad de Carabineros, y otros estiman que impedirá a Carabineros cumplir su acción en materia de seguridad ciudadana.
Para evaluar correctamente la iniciativa habría que decir que es un proyecto técnico, que trata de armonizar algo que siempre debe pretender toda legislación, cual es lograr un efectivo equilibrio y una gran eficacia entre el respeto a ciertos derechos individuales de las personas con el respeto y garantía de otro derecho individual, como es la seguridad ciudadana.
Desde esa perspectiva, podemos evaluar esta iniciativa, cuya idea de legislar voy a votar favorablemente. Pero quiero analizarlo desde la perspectiva técnica.
En primer lugar, en el proyecto hay una materia referida a la obligación de Carabineros de informar al detenido sus derechos al momento de la detención, en presencia de una tercera persona, es decir, de un testigo. Deberíamos tratar de concretar esta situación ideal, porque sería muy conveniente que todas las autoridades públicas, Carabineros, Investigaciones, ministros de Estado, funcionarios administrativos, tengan la obligación de exponer y detallar los derechos que asisten a la persona afectada. Lamentablemente, esta situación ideal u óptima choca frente a la realidad. Hoy, Carabineros de Chile, en su ejercicio de prevenir situaciones delictuales, no está en condiciones de leer, ante la presencia de una tercera persona, los derechos ciudadanos que a cada uno le asisten al momento de su detención. En la realidad, eso es prácticamente imposible. Como resulta imposible, la consecuencia es que el remedio será peor que la enfermedad, y vamos a inhibir a Carabineros de ejercer una obligación que nadie puede discutir en esta Sala, como es la detención de una persona para determinar su participación en una situación delictiva.
Por lo tanto, desde una perspectiva estrictamente técnica, esta obligación no es adecuada; la realidad la hace impracticable y generará mayores daños que los que queremos evitar. Por el contrario, daremos un paso muy importante si establecemos la obligación de que en los cuarteles de policía estén a la vista, y ojalá se entreguen por escrito, los derechos que corresponden a cualquier persona que sea detenida y llevada a un cuartel de Carabineros o de Investigaciones.
Este es un paso importante que nos permite trabajar sin desconocer la realidad actual, que lo único que trae consigo, en todo orden de materias, es que las cosas se hagan mal.
Por consiguiente, esa disposición debe ser revisada para establecer la obligación de que los derechos de los detenidos están a la vista exclusivamente en los cuarteles de policía, en lugar de ser entregados en forma oral por parte del funcionario de Carabineros en el momento de la detención.
En el segundo lugar del orden de materias está la detención por sospecha.
Aquí hay dos situaciones distintas. Hay causales de detención por sospecha que arrancan de la Ley de Estados Antisociales, y otras del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal.
La Ley de Estados Antisociales no tiene vigencia práctica. Por consiguiente, la derogación que se propone en este proyecto -que también figura en otro que está en tramitación y que, me parece, tuvo su origen en el Senado- es del todo conveniente, porque no tiene ningún sentido mantener vigentes normas que no se aplican desde hace años.
Por lo tanto, estamos derogando algo que no existe desde hace mucho tiempo y que obedeció a una realidad distinta de la actual, que, más que para enfrentar la delincuencia, estaba destinada a enfrentar situaciones de extrema pobreza que podían influir en un cuadro de delincuencia en la ciudad. Y yo no relacionaría esta derogación de la Ley de Estados Antisociales con la detención por sospecha, porque no se aplica en ninguna parte. Lo que sí se aplica es el artículo 260 del Código de Procedimiento Penal.
Al respecto, quiero hacer una precisión, porque, a la luz del debate, aparece que la detención por sospecha sería distinta o antagónica a una detención fundada. Ninguna detención puede no ser fundada; de lo contrario, es arbitraria, caprichosa. Y esa detención arbitraria, no fundada, no justificada, no se puede realizar, ni la autoriza hoy ni el artículo 260 del Código de Procedimiento Penal ni el resto de la legislación.
Por lo tanto, no hay que confundir los términos: detención por sospecha no es igual a detención infundada o arbitraria. La detención por sospecha está establecida en dos números del artículo 260: en el N° 3, que autoriza la detención por parte de Carabineros cuando una persona esté con disfraz o de manera que dificulte conocer su identidad y rehúse darla a conocer. Y si Carabineros aplica esta causal para detener a una persona que use el pelo largo o ande con colita, como decían algunos parlamentarios, está practicando una detención arbitraria, ilegal, y no se está fundando en ninguna causal legal de las actualmente establecidas que posibilitan la detención por sospecha cuando se actúa así. Lo que sí puede hacer es detener a una persona cuando se niega a dar su identidad o la oculta. Y en él N° 4, que señala que la policía podrá detener a la persona que se encontrare a deshora o en lugares o circunstancias que presten motivos fundados para atribuir malos designios, salvo que ésta dé las explicaciones correspondientes.
Eso es lo que existe hoy, y no tiene nada que ver con una detención por capricho, una detención arbitraria o la practicada por el carabinero de turno, a quien le dio la gana de detener a alguien. Esa es una detención arbitraria ayer, hoy y queremos que lo sea siempre.
El proyecto hace algo muy simple: deroga la Ley de Estados Antisociales, que en la práctica no tiene ninguna vigencia, por lo que estamos todos de acuerdo en derogarla, y refunde los N° 3 y 4 en un nuevo artículo, asumiendo virtualmente las mismas causales. Según este proyecto, se podrá detener "Al que se encontrare en lugares o circunstancias que den motivo fundado para atribuirle malos designios". Esta norma es exactamente igual a la N° 4° del artículo 260; sólo se agregan ciertos ejemplos a estos malos designios, "como portar instrumentos aptos para la comisión de un delito..." lo que es un buen aporte del proyecto, porque eso no existe en el número vigente. Continúa diciendo:".... o por rehusarse a dar a conocer su identidad". Esto también es exactamente igual a lo que existe hoy día, salvo que se elimina lo del disfraz, lo que me parece muy bien, porque es una situación poco objetiva, y ya la jurisprudencia entendía que se refería a ocultar su identidad. Termina señalando la norma: "y explicar sus intenciones satisfactoriamente."
Por lo tanto, lo que se propone es refundir lo que existe actualmente, y se le ha dado una connotación distinta, ya que, por ignorancia, se tiende a sostener que la detención por sospecha es infundada. Se dan ejemplos que se creen que arrancan de la legislación, en circunstancias de que se deben a conductas de la policía que no obedecen a una adecuación a la ley, situación que se produjo ayer, ocurrió hoy y se presentará mañana, aun con los artículos que aprobaremos de este proyecto.
Por consiguiente, formulé indicación sobre la materia, porque adolecen de problemas técnicos tanto la norma que establece el derecho a la información de los ciudadanos detenidos, como la redacción que se da a esta reformulación del artículo 260, que puede llevar a una errónea interpretación, dado que algunos requisitos pueden ser copulativos. Podemos perfeccionar esta detención por sospechas con el objeto de que queden tranquilos quienes ven circunstancias de carácter político, y que quedemos satisfechos quienes lo vemos bajo una perspectiva técnica, por el hecho de que se establecen detenciones por sospechas necesarias y fundadas en la ley, y no basadas en arbitrariedades o en caprichos, lo que nos permite garantizar en debida forma los derechos individuales y los derechos ciudadanos.
Señor Presidente, a los Diputados señores Espina, Palestra y Bombal concedo una interrupción con su venia.
El señor MOLINA (Presidente).- Por la vía de interrupciones y, en consecuencia, dentro del tiempo de quien las concede, tiene la palabra el Diputado señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, seré muy breve para señalar que aquí hay una buena idea, pero mal expresada por la redacción de los artículos.
Digo esto porque hay dos valores permanentemente en juego cuando la policía realiza una detención. El primero es el deber constitucional que tiene la policía de resguardar la seguridad ciudadana. En cumplimiento de ese deber, la legislación debe dotarlo de los mecanismos que le permitan prevenir delitos o detener los autores de los mismos.
Simultáneamente con esta garantía constitucional, que es la seguridad ciudadana, está la libertad individual. No es conveniente romper el justo equilibrio que debe existir entre estos dos valores. Por un lado, no es posible que, para proteger la seguridad ciudadana, se detenga arbitrariamente a personas bajo el pretexto de que podrían llegar a ser sospechosas de la comisión de un delito. A la inversa, tampoco es posible que, para proteger la libertad individual, se caiga en la más absoluta impunidad y se pongan una serie de trabas que impidan que la policía cumpla con su deber, ya sea prevenir delitos o detener a quienes aparecen, con razones fundadas, como autores del mismo o próximo a cometer un hecho delictual.
En mi opinión, la legislación chilena sobre esta materia debe ser perfeccionada a la luz de los cambios experimentados por la sociedad en los últimos años. Nuestros códigos, por lo general, están bastante atrasados en relación con las realidades sociales que vive el país. Cuando un Parlamento intenta hacer esto con altura de miras, es posible perfeccionar nuestra legislación.
Me parece increíble que respecto de este proyecto no se hubiese pedido la opinión de Carabineros. Si estamos preocupados de una materia de esta envergadura, debiera haberse insistido -como lo hemos hecho muchas veces- en conocer la opinión del Ministerio del Interior o de Carabineros, que tienen vasta experiencia en estos asuntos.
En mi concepto, es muy importante señalar las normas que regulan la materia, porque aquí parece haber una confusión entre los casos en que Carabineros está "obligado" a detener y aquéllos en que es "facultad" detener. El artículo 254, del Código de Procedimiento Penal establece que la detención podrá verificarse por orden del juez, por la policía o por cualquiera persona, cuando se trate de un delincuente sorprendido in fraganti. En el caso de la policía, ésta tiene dos realidades distintas. En la primera, está obligada a detener a todo delincuente de crimen o simple delito a quien se sorprenda in fraganti. Esa situación aparece regulada en el artículo 263, en el cual se señalan los casos en que estamos en presencia de un delincuente flagrante. Luego, dice cuándo la policía está "autorizada" para detener, que no es lo mismo que estar "obligada". Es decir, hay un elemento de arbitrio, en donde la policía y el policía según sus criterios, determinan si procede o no la detención sujeta a determinadas características. Distinto es el caso cuando la ley dice: "Señor, usted no tiene nada que discernir. Producidos ciertos hechos, está obligado a detener."
Aquí, en mi opinión, el proyecto no es adecuado en su redacción, porque no cambia absolutamente nada respecto de lo que existe en la ley. Se limita única y exclusivamente a refundir los números 3° y 4° del artículo 260 y mantiene la misma discrecionalidad con que actuará el policía, porque en el N°4 se indica que el policía detendrá cuando existan motivos fundados. Y si leemos el N° 3° que se propone, suprimiendo el N° 4°, dice: "Al que se encontrare en lugares o circunstancias que den motivo fundado...". De manera que la discrecionalidad del policía está manifestada exactamente igual en el proyecto, porque aquí hay una apuesta final de la sociedad: a que el policía actuará con sentido lógico para detener, con buen criterio, como me señalaba el Diputado señor Prokurica, con toda razón. Y si el policía no tiene criterio, el problema no radica en la ley, sino en que está fallando su formación en la Escuela de Carabineros y no está siendo debidamente preparado para enfrentar la delincuencia. Pero eso no se va a regular con la situación de dos artículos, transformándolos en uno y dejando la misma situación jurídica.
Por lo tanto, pienso que el texto de este proyecto no soluciona el problema mencionado por el Diputado señor Latorre, quien expresaba que muchos jóvenes eran detenidos en forma ilegal, arbitraria o sin que concurrieron los requisitos para ello. Puede ser verdad, pero eso no será solucionado por este proyecto de ley. Del modo como está tratado, el punto no aparece resuelto en absoluto, porque el policía va a seguir deteniendo. Si es un mal policía, argumentará que la persona se encontraba "en lugares o en circunstancias que presten motivo fundado para atribuirle malos designios". Y esa norma queda exactamente igual.
En mi opinión, lo que se pretende solucionar no es posible hacerlo por la vía de la sustitución de artículos, como se están planteando. El problema es mucho más de fondo. Se trata de que la policía cumpla a cabalidad con el buen criterio que él legislador le exige para ejercer este derecho que lo autoriza para detener en determinados casos. Si la policía es profesional y eficiente, detendrá con buen criterio. Si no lo hace, debe recibir las sanciones por ello. Pero el actual artículo en discusión en nada resuelve este conflicto, por lo que no es una contribución efectiva para abordar el tema de la detención.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, ha terminado su tiempo.
El señor ESPINA.- No obstante, como el ánimo permanente de la Cámara ha sido estudiar esta materia, señalo, por último, que me abstendré, porque no me gusta el contenido del proyecto, sin pretender negar la posibilidad de que en la Comisión pueda analizarse más a fondo y en más profundidad una materia que siempre puede ser perfeccionada.
El señor MOLINA (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Chadwick.
Ruego a los señores Diputados que cuando hagan uso de la palabra por la vía de la interrupción, sean lo más breve posible.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, concedo, por su intermedio, interrupciones a los Diputados señores Bombal y Palestro.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor BombaL.
El señor BOMBAL Señor Presidente, sólo para anunciar que adhiero plenamente a lo expresado por el Diputado señor Chadwick, y que también votaré favorablemente la idea de legislar del proyecto.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, quiero aclarar solamente, en vista de los argumentos dados por el Diputado señor Melero, a mi juicio, extremos, que no es ésa nuestra intención.
La gran mayoría de los Diputados que estamos de acuerdo con el proyecto, en especial quienes representamos a sectores populares, como el que habla, nos estábamos refiriendo a las redadas habituales, nocturnas o no, efectuadas en los sectores populares de Santiago. El reclamo es ése. Ahí caen moros y cristianos; cae quien no ha cometido jamás un pecado, ni siquiera venial y se lo llevan en los vehículos policiales sin pedirle ningún antecedente familiar, personal, ni consultar a los vecinos presentes en la detención. Ese es el problema: las redadas a la juventud que se realizan continuamente, en cualquier lugar. De eso estamos reclamando. Debe hacer mucho más cuidado y criterio de parte de la policía, y no sencillamente "arrear" con todo lo que encuentra a su paso.
Nada más, y muchas gradas. Diputado señor Chadwick.
El señor MOLINA (Presidente).- Diputado señor Chadwick, ¿terminó su intervención?
El señor CHADWICK.- Sólo quiero hacer una aclaración al Diputado señor Palestro, muy atingente con lo que ha señalado.
Esas situaciones obedecen a prácticas policiales y no son de orden legal Se hacen para los efectos de prevenir la acción delictual. No son ni están establecidas legalmente. Son prácticas policiales que podrán ser, obviamente, buenas, malas o regulares, según como se efectúen. No están relacionadas con el proyecto.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo. Después de su intervención, se ha pedido la clausura del debate.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, seré muy breve, porque a esta altura del debate no hay muchas cosas novedosas que decir sobre el tema. Sin embargo, me parece importante abordar una materia que ha provocado más de alguna irritación en nuestra sociedad.
Para mí es muy grato y placentero comprobar que existe un amplio criterio sobre este asunto, y sólo estamos topando en algunas cosas fórmales, de procedimiento, pero no en cómo tratar el tema.
Hoy existe clara conciencia en nuestro país de que es necesario garantizar la seguridad ciudadana. Todos estamos de acuerdo con ello. El problema es cómo compatibilizamos la seguridad ciudadana con el respeto de los derechos de las personas. Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que debe haber una política de seguridad ciudadana, pero no a costa de la humillación de las personas y de que se trasgredan sus derechos.
Actualmente asistimos a una situación de injusticia en nuestra sociedad, que es el hecho de que muchas veces, por el sólo motivo de ser joven, se pasa a ser sospechosos, y si pertenece a sectores populares, doblemente sospechoso. Eso no es bueno que ocurra en nuestra sociedad, más aún cuando existe una cultura de represión que ha llevado muchas veces a que se cometan excesos. No es casualidad que este proyecto se haya presentado: fue la consecuencia de un hecho ocurrido en un recinto policial, que le provocó la muerte a un joven detenido por sospecha.
Por eso, he adherido a esta moción porque, de alguna manera, expresa el sano deseo de que haya una sana convivencia en nuestro país y de superar la cultura de represión que todavía existe en nuestra patria.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Se ha pedido la clausura del debate. Aprobada ésta tendrían derecho a intervenir en el tiempo reglamentario los Comités del Partido Radical y del Partido por la Democracia.
Si le parece a la Sala, se declarará clausurado el debate.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, los Diputados radicales votaremos favorablemente la idea de legislar sobre el proyecto, por cuanto compartimos las razones y fundamentos de sus autores, expresados tanto por el Diputado informante como por otros colegas que me han precedido en el uso de la palabra.
Es evidente que estamos ante la presencia de un tema que necesita ser abordado desde el punto de vista legislativo, aun cuando llevado a un terreno práctico tenemos algunas dudas o prevenciones, en orden a si el contenido específico del proyecto sea la solución más correcta. Personalmente -sin el propósito de agraviar a nadie-, en la redacción actual del proyecto no encuentro nada novedoso, puesto que en el fondo se están repitiendo normas que estaban en la ley de estados antisociales. El hecho de que sean normas que no hubieren estado en práctica, no quiere decir que no hayan sido conocidas por quienes algo entienden de derecho. Pero estas materias podrán ser perfeccionadas en el segundo informe.
Específicamente, en lo que se refiere a la primera parte del artículo 253 que se propone, en cuanto señala: "El funcionario público a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión deberá, en presencia de otra persona y antes de conducirlo hasta la unidad policial, informar oralmente a la persona detenida los derechos legales que le asisten.", independientemente de que esto suena un poco a película norteamericana y del buen propósito que anima a quienes redactaron este artículo en esa forma, desde el punto de vista práctico puede generar más situaciones de conflicto que de beneficios a los presuntamente favorecidos con tal derecho.
En primer lugar, puede entrabar la actuación policial en aquellos casos en que no exista una tercera persona. No sé qué harán Carabineros y los funcionarios policiales cuando deban detener a una persona y no exista otro tercero que actuará como una especie de testigo del acto de leerle sus derechos.
Del mismo modo, en cuanto al hecho de establecer que sea sólo un informe oral, todos sabemos que la práctica, la tendencia o la actitud lógica de los delincuentes es desvirtuar las declaraciones orales de los funcionarios en el instante en que concurren ante el tribunal, y negar todo aquello que no consta por escrito. Estimo que esta materia deberá ser perfeccionada en segundo informe.
Una última prevención que me inquieta a raíz de las palabras del colega Espina. Me extraña que Carabineros no haya sido consultado sobre este proyecto; pero éste no es un problema de la Sala. La Comisión de Constitución tiene suficientes atribuciones para invitar a Carabineros de Chile a dar su opinión en un proyecto en el que tienen mucho que decir y aportar. Espero que para el segundo informe contemos con su opinión, la cual, no me cabe la menor duda, enriquecerá esta iniciativa que, en términos generales, votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Corresponde el tiempo al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el Diputado señor Manterola.
El señor MANTEROLA.- Señor Presidente, sólo para señalar que apoyaremos el proyecto. Las consideraciones han sido señaladas oportunamente por todos los señores Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobado en general.
Atendido a que existen varias indicaciones y que al tenor de la discusión se desprende que los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tienen ideas discrepantes sobre el proyecto, éste vuelve a Comisión para su segundo informe.
Las indicaciones presentadas durante la discusión en general son las siguientes:
Al artículo 1°
Letra c)
1. Delos señores Melero, Chadwick, Pérez, don Víctor y Recondo, para eliminarla.
2. Delos señores Elgueta y Aylwin para agregar un nuevo inciso, del siguiente tenor:
“El acta y cartel a que se refieren los incisos anteriores deberán contener a lo menos el artículo 19 N° 3 incisos 1,2 y 3 de la Constitución Política de la República, y los artículos 67, 280, 291, 293, 294, 306,318 bis y 356 del Código de Procedimiento Penal, los que deberán ser confeccionados por el Ministerio de Justicia.".
Letra d)
3. De los señores Longton y Urrutia para eliminar su N° 2.
4. De los señores Melero, Chadwick, Pérez, don Víctor y Recondo para reemplazar en su N° 2, entre las palabras "identidad" y "explicar", la conjunción "y" por la frase "o no"
5. De los señores Aylwin y Elgueta para sustituir, en el N° 2, la frase "y explicar sus intenciones satisfactoriamente" por "explicando su permanencia en el lugar satisfactoriamente".
Al artículo 2°
6. De los señores Longton y Urrutia para eliminarlo.


3.- PLANTAS DE PERSONAL DEL CONGRESO NACIONAL. Proposición de la Comisión Mixta.

El señor MOLINA (Presidente).- A continuación corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que fija las plantas de personal del Congreso Nacional. El informe se encuentra en poder de los señores Diputados:
Antecedentes:
Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 1129-05, sesión 34a., en 26 de enero de 1994, Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MOLINA.- (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor VIERA-GALLO.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, sólo para informar a la Sala que, reunida la Comisión Mixta en el día de ayer, se zanjaron, por acuerdo unánime, casi la totalidad de las diferencias suscitadas entre el Senado y la Cámara.
Quizás lo más importante se refiere a los funcionarios a contrata o a honorarios actualmente existentes en esta Corporación, en el Senado y en la Biblioteca, para los cuales se establece un sistema especial, en el artículo 3° transitorio.
De acuerdo con esa disposición, el jefe superior del Servicio, después que los funcionarios de planta hayan sido encasillados, podrá llenar las vacantes que queden por promoción interna de los funcionarios de planta, o bien por concurso interno del personal a contrata o a honorarios que se encuentra en el mismo nivel de remuneraciones del cargo vacante, o, en último caso, si ese concurso no diere buenos resultados, por concurso público. Es una forma de resolver las diferencias producidas en esta Corporación y después con el Senado.
Sobre las otras materias, se reafirma la idea de que el jefe del servicio es el Secretario de la Corporación, tanto del Senado como de la Cámara, quien debe hacer los nombramientos y el encasillamiento, y que la Comisión de Régimen Interno de ambas Cámaras sólo tiene la supervigilancia de lo actuado por el Secretario.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, tal como lo señalé en la discusión del primer trámite, hay que hacer una clara distinción entre las normas permanentes y las transitorias.
Nuestras mayores objeciones, y en especial la mía, no apuntaban precisamente a las normas permanentes, por estimar que contienen todos los elementos de transparencia que son necesarios para esta Corporación, sino, básicamente, a las normas de carácter transitorio.
En el informe de la Comisión Mixta, hay avances importantes, entre los cuales me gustaría destacar el hecho de que, en definitiva, se reafirma que la potestad administrativa quedará en manos del Secretario de la Corporación, y que la Comisión de Régimen Interno será una entidad más fiscalizadora que ejecutora. Esa fue una de las grandes debilidades que tuvimos durante este período.
En el artículo 3° transitorio, que se refiere a los funcionarios a honorarios y a contrata, se abre la posibilidad de un concurso público sobre la base de la evaluación que haga el Secretario.
En el primer trámite, presenté una indicación que apuntaba a ir derechamente al concurso público. Esa posición la voy a mantener, porque tengo serias dudas acerca de cómo se han originado esos 153 cargos durante este período. Creo que habría que dar una facultad amplia para hacer un nuevo encasillamiento en estos casos. Por lo tanto, si se vota en conjunto la proposición de la Comisión Mixta tendré que abstenerme por estas aprensiones.
En definitiva, se da poca flexibilidad porque la planta se copó y en la actualidad sólo existen 126 funcionarios de planta. En consecuencia, los grados de flexibilidad que tendrá la Corporación serán ínfimos, porque con los cargos a contrata la planta se completará íntegramente.
Por estas aprensiones, votaré en contra o me abstendré, situación que decidiré dentro de los próximos minutos.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra él Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en relación con los concursos, la Comisión Mixta dejó la situación igual como estaba, pues lo que se buscaba era la posibilidad de establecer ahora el llamado a concurso, a fin de proveer los cargos de personal en el encasillamiento.
El artículo 3° transitorio dice claramente; "Los empleos que queden vacantes después de efectuado el encasillamiento...." Es decir, únicamente se avanza al introducir el concepto de efectuar futuros concursos internos, pero en nada se ha resuelto el tema planteado inicialmente en la discusión del proyecto, en orden a que los concursos fueran hechos ahora.
Por eso, en relación con ese punto, sería bueno que el Diputado señor Viera-Gallo pudiera precisar cómo se resolvió en el debate de la Comisión Mixta el tema de las indicaciones presentadas por los Diputados señores Montes y Orpis, que no ha quedado zanjado del todo en el informe que se ha dado.
El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Viera-Gallo.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera Gallo.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, como ha dicho el Diputado señor Bombal, aquí había dos posiciones. La primera, la de quienes pensaban que los funcionarios a contrata pasaban a formar parte de la planta por el solo ministerio de la ley; y la segunda, consistía en llamar a concurso público, en el cual también debían participar los funcionarios a contrata. Se acercaron ambas posiciones y se llegó a una fórmula intermedia, contenida en el artículo 3° transitorio.
¿Cómo se pueden llenar los cargos que queden vacantes después de efectuado el encasillamiento de los funcionarios de planta? De tres maneras. Una, por ascenso del personal de planta. La segunda, por concurso interno que al final resuelve soberanamente el señor Secretario, previa calificación de una comisión compuesta por los tres funcionarios más altos de la Corporación, excluido, por cierto, el propio Secretario. La tercera, si se considera que ninguno de los funcionarios a contrata que se han presentado reúne los méritos y requisitos para resolver favorablemente ese concurso interno, puede llamarse a concurso público.
Esa fue una fórmula de compromiso que al final aceptaron todos los miembros, que estaban en la Comisión, a la cual asistieron los Diputados señores Montes y Leay -creo que también el Diputado Huenchumilla- quienes fueron los que más insistieron en la posición a que se refiere el Diputado señor Bombal.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, le quiero hace un alcance sobre esta materia.
Acabamos de recibir este informe, que contiene normas bastante novedosas, pero prácticamente no hemos terminado de enteramos de ellas. ¿No habría la posibilidad de suspender la sesión por 15 minutos para, por lo menos, ver el informe de la Comisión Mixta y después continuar con el debate, por cuanto ya es bastante excepcional la forma cómo estamos tramitando el proyecto? Yo sé que hay urgencia en despacharlo, pero hay ciertas materias que sería importante leerlas.
El señor MOLINA (Presidente).- No podemos dar más tiempo, porque hay varias intervenciones pendientes.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, es imposible atender a una intervención e informarse de la interpretación que se está dando a determinado artículo. Por lo tanto, si le parece a la Sala, le ruego que suspenda la sesión por quince minutos para analizar el informe.
El señor MOLINA (Presidente).- Considero fundada la petición del Diputado señor Bombal. En consecuencia, de acuerdo con las atribuciones de la Mesa, se suspende la sesión por quince minutos. Posteriormente, se reanudará el debate y se votará el proyecto a más tardar a las 13.30 horas.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MOLINA (Presidente).- Se reanuda la sesión.
Sugiero que después del intercambio de opiniones se vote la proposición la Comisión Mixta.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
El señor HUENCHUMILLA.- Votemos, señor Presidente.
El señor MOLINA (Presidente).- Muy bien. Se procederá a la votación del informe de la Comisión Mixta.
El señor MARTINEZ (don Juan).- Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, tenía entendido que no estaba cerrado el debate y que se dieron 15 minutos para que los Diputados conocieran el informe. Si es así, pido la palabra para hacer un alcance sobre la situación de los funcionarios exonerados por motivos políticos.
El señor MOLINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, después de la intervención del Diputado señor Juan Martínez procederemos a la votación del proyecto.
No hay acuerdo.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MOLINA (Presidente).- La Mesa había propuesto, a raíz de las conversaciones sostenidas en el tiempo de suspensión, proceder de inmediato a la votación del informe de la Comisión Mixta, pero se ha pedido continuar el debate.
De acuerdo con el Reglamento, pueden intervenir tres señores Diputados hasta por diez minutos cada uno. Con posterioridad, se cerrará el debate:
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, entiendo que intervendrán Diputados de distintas bancadas. ¿Es así?
El señor MOLINA (Presidente).- En este caso, no, señor Diputado.
El señor PIZARRO (don Jorge).- ¿Y cuántos Diputados han hecho uso de la palabra, señor Presidente?
El señor MOLINA (Presidente).- Como procedería cerrar la discusión, por haber intervenido ya tres señores Diputados, propongo a la Sala votar el proyecto a las 13.30, con el objeto de que puedan usar de la palabra algunos señores parlamentarios que desean hacerlo.
No hay acuerdo.
En consecuencia, el debate se encuentra cerrado, y se procederá a la votación de la proposición de la Comisión Mixta.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, ¿se vota la proposición o el cierre del debate? 
El señor MOLINA (Presidente).- La proposición de la Comisión Mixta. No hay votación sobre el cierre del debate.
El señor ESPINA.- Pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, ¿en qué momento hablaron tres Diputados sobre el fondo del proyecto?
El señor MOLINA (Presidente).- Hicieron uso de la palabra los Diputados señores Viera-Gallo, Orpis y Bombal.
El señor ESPINA.- Ellos formularon consultas, señor Presidente.
El señor MOLINA (Presidente).Además, el Diputado señor Chadwick.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en una materia de esta naturaleza, me parece que lo razonable, para evitar que después se señale que votamos sin que siquiera se nos hubiera explicado el contenido del artículo 3° transitorio, que al menos yo lo encuentro bueno, es que la Cámara tenga la oportunidad de conocer su contenido y que la opinión pública sepa que se está actuando con transparencia, aunque se formulen criticas al respecto.
No me parece que un proyecto pueda someterse a una votación si se impide hablar. Por lo demás, el informe de Comisión Mixta se entregó 20 minutos antes y se nos obliga a verlo inmediatamente. Los Diputados hicieron consultas al Diputado señor Viera-Gallo para que lo explicara, pero en ningún momento hubo una exposición completa sobre el contenido del informe de la Comisión Mixta. De manera que, literalmente, se está impidiendo debatir el proyecto, lo que obliga a votarlo en contra.
El señor MOLINA (Presidente).Creo justificado abrir debate hasta las 13.30, para dar tiempo y oportunidad de discutir el proyecto, en especial el artículo 3° transitorio.
Si le parece a la Sala, podríamos votar a las 13.30, o antes, si las intervenciones así lo permiten.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor LONGTON.- ¿Me permite, señor Presidente? Antes de suspender la sesión por quince minutos, Su Señoría dijo que se iba a votar a las 13.30, porque habría debate.
El señor MOLINA (Presidente).- Así es. De modo que procederemos de esa manera y se votará a las 13.30.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, ya que estamos en una situación especial y excepcional al discutir esta materia, de por sí interesante y muy importante, solicito que pudiéramos distribuir el tiempo que queda de manera equitativa para hacer las intervenciones, porque hay opiniones discrepantes en esta materia. Lamento que no haya estado presente el colega Espina durante la discusión y votación del proyecto. En esa oportunidad, tuve una opinión discrepante, y la mantengo.
Mi petición es que, si hay debate, se pueda hacer en términos de que haya cierta equidad en el uso de la palabra. Su Señoría lo ha manifestado que ya estamos pasando a llevar el Reglamento en lo relativo a discusión de los informes de Comisión Mixta. Entonces, por lo menos, solicito que se distribuya él tiempo entre los Comités, de manera que efectivamente puedan expresarse todas las opiniones.
El señor MOLINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, daríamos cinco minutos por Comité y, de esta manera, entraríamos a un debate completo.
No hay acuerdo.
La única solución es que la Mesa distribuya equitativamente el tiempo del debate.
El señor LONGTON.- Reglamento, Presidente.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGTON Señor Presidente, quisiera tener a la vista las equivalencias de las categorías, porque ignoro cuál es el monto del sueldo "A". Por lo tanto, estoy inhabilitado para votar algo que desconozco en el fondo.
El señor MOLINA (Presidente).- Esos sueldos aún no se han fijado por la Comisión Mixta, señor Diputado.
Ante la imposibilidad de ordenar un debate y extenderlo hasta las 13.30, la Mesa se ve obligada a aplicar el Reglamento. En consecuencia, debe procederse a votar la proposición de la Comisión Mixta.
El señor PALMA (don Andrés).- Punto de Reglamento, Presidente.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el Reglamento no establece que habiendo hablado tres Diputados se cierra el debate cuando se tratan las proposiciones de la Comisión Mixta, si no que se puede proceder a la clausura del debate. Por lo tanto. Su Señoría debiera determinar si hay una petición de cierre del debate y someterla a votación.
El señor MOLINA (Presidente).- Desafortunadamente, el artículo 121, inciso penúltimo, es claro en esta materia. Dice: "El debate sobre esta dase de proyectos se reducirá a tres discursos de diez minutos cada uno y no se admitirán indicaciones de ninguna especie."
El señor MELERO.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELERO.- Señor Presidente, creo que para entender este proyecto es básico que el señor Secretario de la Corporación pudiera informar a la Sala si en algún momento, en los cuatro años pasados, en la Comisión de Régimen Interno hubo una expresión clara de que todos los funcionarios que estaban ingresando a contrata o a honorarios serían sometidos a concurso público, y si en algún momento fueron advertidos de esa situación por acuerdo de esa Comisión.
El señor MOLINA (Presidente).- No es posible esa respuesta, señor Melero, porque eso ya implica una discusión de fondo. Tampoco se puede poner ante esa alternativa al señor Secretario.
Si no hay acuerdo, debe aplicarse el Reglamento.
El señor ESPINA.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, Su Señoría está cayendo en un contrasentido, porque suspende la sesión para que se estudie el proyecto. Después de eso, corresponde que los señores Diputados opinen respecto del estudio realizado y hacer uso de la palabra para defender o rechazar el informe de la Comisión Mixta.
Resulta absurdo que, primero, un grupo de dos o tres Diputados expresen al Diputado señor Viera-Gallo algunas inquietudes y consultas de carácter puntual sobre ciertas normas. Luego, el Diputado señor Bombal solicita quince minutos para estudiar el informe, a lo que Su Señoría accede por ser procedente, pero ninguna de esas consultas decía relación con una intervención para aprobar o rechazar la proposición de la Comisión Mixta.
Su Señoría suspendió la sesión por 15 minutos y señaló que se votaría a las 13.30. Luego, corresponde, de acuerdo con el Reglamento, que intervengan tres Diputados respecto del informe de la Comisión Mixta. No se pueden considerar como intervenciones las consultas formuladas sobre un informe que se ha repartido cinco minutos antes.
El Reglamento otorga a Su Señoría la discrecionalidad para que, a su buen juicio, conceda el uso de la palabra de manera tal que todas las expresiones -como lo ha señalado el Diputado señor Pizarro- puedan darse a conocer, en el entendido de que debe ser por un plazo prudente, de no más de dos o tres minutos, para no alargar innecesariamente este debate. De manera que si el señor Presidente aplica el Reglamento, debe permitir las tres intervenciones y distribuir el tiempo del modo que estime conveniente para que puedan expresarse las distintas posiciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, a usted le consta que en cuatro oportunidades he tratado de que puedan intervenir los señores Diputados. Creo justo, dada la importancia del proyecto, que la Sala dé la oportunidad de hacer uso de la palabra a tres Diputados.
El señor CHADWICK.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, sin perjuicio de lo planteado por el Diputado señor Espina y de lo que usted solicita a la Sala, debo señalar que no existe ninguna norma reglamentaria que impida a la Sala conocer, cuando un Diputado lo solicita, un documento o antecedente oficial de la Cámara, porque es un acuerdo de una Comisión, para los efectos de votar informadamente. Le rogaría, en resguardo del prestigio de nuestra función legisladora, que por lo menos tenga la deferencia de recabarlo antes de votar.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, ya hemos pasado quince minutos discutiendo el Reglamento.
Si se tiene que estudiar tanto el proyecto y existen muchas consultas y dudas, no me cabe ninguna duda de que quienes participaron en la Comisión Mixta tendrán la mejor disposición para postergar la votación, a fin de que alguien lo estudie. Mañana se podría ver en una sesión especial, pero no sigamos discutiendo el tema de quién hablará y de quien no podrá hacerlo.
Por lo tanto, pido que se ponga en votación la proposición y que se aplique el Reglamento. De lo contrario, vamos a querer hablar 10 ó 12 parlamentarios, ya que no tienen por qué ser sólo tres. Y en 15 minutos eso es imposible. 
El señor HUENCHUMILLA.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría para plantear una última cuestión reglamentaria.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, hago un llamado a los colegas a que pudiéramos resolver este problema con cierta tranquilidad.
Todos hemos sido testigos de los problemas que han generado en la opinión pública diversas situaciones relacionadas con nuestra Corporación y también sabemos la importancia que tiene para el funcionamiento del Congreso la aprobación de estas plantas.
No nos entrampemos en una cuestión formal. Estamos conscientes de que, de acuerdo con el Reglamento, el informe de la Comisión Mixta requiere la intervención de tres señores Diputados.
Si nos ponemos a discutir acerca de si lo que aquí plantearon los Diputados fue una cuestión de fondo o una consulta, no llegaremos a ninguna parte.
Señor Presidente, lo prudente para salir de esta situación es abrir un breve debate, donde puedan expresar sus opiniones los Diputados, y después votar. Lo peor que nos puede suceder es entramparnos en cuestiones formales y que nuevamente estemos dando pábulo para que se siga haciendo hincapié en que no somos capaces de resolver, por puntos y comas, un problema tan importante como es el tema de las plantas. Si hubiéramos adoptado esa resolución hace diez minutos, a lo mejor a esta hora ya estaríamos votando.
Por lo tanto, solicito que, en un acto de generosidad, tal vez en quince minutos, tengamos un breve intercambio de ideas para dejar constancia de la opinión de los señores Diputados, y después procedamos a la votación.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Creo que su Señoría interpreta muy bien lo que han querido la Mesa y la Sala.
Abramos ese debate. Están inscritos los Diputados señores Huenchumilla, Espina, Salas, Orpis, Montes y Pizarro.
Ruego a los señores Diputados no emplear más de tres o cinco minutos en sus intervenciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en honor a lo que he planteado, quiero ser muy breve.
En la proposición de la Comisión Mixta hemos resuelto, básicamente, dos grandes temas de nuestra Corporación.
Primero, el de la administración, sobre el cual no quiero extenderme. Solicito a los señores Diputados que lean los primeros artículos del proyecto. Así comprenderán que hemos resuelto de una manera bastante acertada el tema de la administración de la Cámara, que muchas veces ha sido arduamente discutido entre nosotros.
En segundo lugar, me referiré puntualmente al tema de los funcionarios, y digamos las cosas por su nombre. Todos sabemos -es un secreto a voces- que no estamos contentos respecto de cómo se manejaron las cosas para el ingreso del personal en estos primeros dos o tres años de nuestra gestión. ¿Qué alternativa teníamos? La primera, que pedían algunos, era haber encasillado automáticamente a todo ese personal en la planta, lo que, a todas luces, parecía injusto, porque hay reparos -y los escuchamos frecuentemente entre nosotros- en cuanto al desempeño de muchos funcionarios. La otra alternativa era someter a un concurso público a todos los funcionarios que no eran de planta. Este otro extremo tampoco era procedente desde mi punto de vista, porque si alguna anormalidad o cuestión poco clara se cometió en su ingreso, no es de su responsabilidad, sino de los Diputados que no tuvimos claras las reglas del juego cuando comenzamos a administrar esta Corporación. Si de partida hubiéramos resuelto este problema, ese personal hubiera ingresado conforme con esas reglas; pero no podemos decirles, a estas alturas del debate, que los someteremos a un concurso público que no les exigimos cuando ingresaron a la Corporación.
Entonces, me parece que la fórmula intermedia propuesta conjuga ambas cosas: una persona responsable, a la cual la Cámara le entrega su total confianza, el Secretario de la Corporación, resolverá esta situación. Hacemos fe de su honorabilidad, de sus conocimientos y de la justicia de sus decisiones para solucionar este tema. Lógicamente, si no cumple con esos requisitos, la Corporación tiene las facultades y la competencia necesarias para adoptar las medidas que correspondan. Pero le estamos dando esa confianza. Además, estamos diciendo que se creará una comisión ad hoc, formada por los tres más altos funcionarios de la Cámara, quienes entregarán un elemento de juicio al Secretario para que él pueda resolver con conocimiento de causa. Además, estamos diciendo que esta comisión de los tres más altos funcionarios de la Cámara deberá establecer un Reglamento, que será conocido por la Comisión de Régimen Interno de la Corporación. Por lo tanto, habrá participación de los funcionarios de carrera, de la persona responsable que resolverá el tema, y de los señores Diputados, quienes en la Comisión de Régimen Interno revisarán las bases sobre los cuales estos funcionarios deberán concursar.
Me parece que la solución buscada es la mejor dentro de la situación real de estos cuatro años que hemos vivido, y de la cual también somos responsables. Entre todos debemos encontrar el camino que, en el futuro, nos permita tener una Corporación bien administrada, con personal de excelencia pero, al mismo tiempo, con reglas claras sobre su destino.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero ser muy breve y básicamente formular una consulta a los Diputados señores Viera-Gallo, Leay y Vilches, a cualquiera de los tres, para que pudiera informar sobre lo siguiente:
Aquí hay un tema de fondo: el problema de la transparencia en él ingreso al Congreso Nacional. Si para todos los servicios públicos la Cámara ha sido extraordinariamente exigente en términos de que se debe ingresar por mérito, idoneidad, capacidad y no en forma arbitraria por decisión de la autoridad, lo que debemos hacer al respecto es aplicar la regla de la probidad administrativa, de forma tal que quienes ingresen a la planta lo hagan por sus propios méritos y no por "cuñas", por "arreglines", por "pitutos" o amistades, porque eso termina desprestigiando no sólo a los parlamentarios, sino también a los funcionarios. Además, termina por perderse el respeto a quienes participan en la Corporación.
De manera que lo primero es señalar g que el objetivo que deben perseguir estas normas es dar la más absoluta seguridad y garantía de que quienes ingresen lo van a ser por méritos propios, por idoneidad, y no a través de influencias indebidas ejercidas por parlamentarios o por terceros. Entiendo que esa orientación tuvo la indicación que en su momento formularon los Diputados señores Montes y Orpis, de tal manera que detrás de ella había el propósito de dar mayor transparencia.
Quiero hacer la siguiente consulta. Según lo que establece el artículo 3°, no se deja a la arbitrariedad de nadie la contratación del personal de la Corporación. ¿Por qué? Porque el artículo 2° dice:
“Todo el personal de planta del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional será encasillado por el Jefe Superior del Servicio respectivo -el Secretario de la Cámara-, sin solución de continuidad en los escalafones y plantas de la nueva estructura que tengan...". Y el artículo 3° establece lo que ocurre cuando quedan empleos vacantes, una vez que se ha producido el encasillamiento. Al respecto, señala tres alternativas, no una en pos de la otra, sino que simultáneas, que puede aplicar el Secretario de la Corporación, ninguna de las cuales -pregunto yo- queda sometida a un juicio arbitrario de él. ¿Cuáles son estos tres mecanismos? El primero, por ascenso del personal. Es decir, quedaron vacantes: ascendió el personal de planta. No tengo claridad en cuanto a si el ascenso del personal opera sobre la base de los grados o escalafones que tenía, o puede saltarse arbitrariamente. Porque perfectamente el Secretario podría decir. "Perfecto, en este momento asciendo al personal de la planta". Si se produce una vacante, asciende de acuerdo con el escalafón, como se produce regularmente cuando hay una vacante en un servicio público. Pero no puede ascender a quien quiera; debe hacerlo de acuerdo con un escalafón.
En segundo lugar, puede decirle al personal a contrata o a honorarios que ha prestado servicios estos años que postule en ese cargo. Pero tampoco puede contratar a su arbitrio, porque tiene que hacer un concurso interno, según se desprende de la norma. De manera que si hay cuatro funcionarios a contrata o a honorarios que en un momento determinado se estima que pueden acceder a un cargo, lo que debe hacer el Secretario no es decir. "Este, porque a mí se me ocurre", sino que debe llamar a un concurso interno. De manera que el personal a contrata siempre va a ser llamado a un concurso. ¿O hay casos en que el Secretario podría asignar este cargo sin concurso? Yo desprendo de la norma que no puede, que siempre está obligado a llamar a concurso interno cuando estime que tiene que ascender al personal a contrata.
La tercera alternativa consiste en que no va a haber ascenso en la planta, ni se va a ascender a alguien que esté a contrata o a honorario. Si viene alguien de afuera, en esta hipótesis también está obligado a llamar a concurso. Y tiene que hacer un concurso público externo con todas las reglas.
De manera que en las tres alternativas, según se desprende de esta norma -en la que han participado Diputados de todos los partidos-, se ha dejado en claro que no hay arbitrariedad en la toma de la decisión de quien se contrata, porque en dos de ellas hay de todas maneras concurso -ya sea interno o externo- y en la otra es correr simplemente el escalafón de planta. De manera que no hay una decisión arbitraria, al antojo, por "pituto", por influencia, para que él Secretario diga: "Yo voy a contratar a esta persona"; porque lo que tiene que hacer es someterse a las reglas de la planta, a concurso interno o a concurso externo.
Me gustaría que me precisaran -por si cometí un error- si hay alguna norma arbitraria que deje entregada a la mera voluntad del Secretario la contratación, porque a él se le ocurre, a fulano de tal, o a zutano, sin cumplir con las normas de probidad que establece el artículo 3°.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, el Diputado señor Espina tiene toda la razón en lo que ha manifestado. Pero además quiero agregar que para proceder al encasillamiento, en primer lugar, la Comisión Bicameral debe aprobar los escalafones, porque esta iniciativa sólo tiene una planta esquemática, y en los escalafones se fija la carrera; en segundo lugar, fijar una escala de remuneraciones, conforme a la cual se establece la posibilidad de concursos internos para las personas que estén al mismo nivel remuneratorio, y en tercer lugar, la Cámara y el Senado deben dictar un reglamento que establezca los requisitos para postular a cada cargo. Cuando estén establecidas estas premisas -para lo cual hay un plazo en la ley-, sólo en esa eventualidad, el Secretario podrá proceder al encasillamiento del personal de planta o llamar a los concursos internos o públicos que sean del caso.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, el proyecto genera condiciones muy favorables para una reestructuración de la Corporación y crea condiciones para aspirar a una mayor eficiencia y eficacia en cada una de las cosas que se hacen.
Como se ha dicho, se ha resuelto el problema de quién administra la Corporación. Ha quedado claro que el responsable de la administración es el jefe de servicio, en este caso el Secretario de la Cámara, y la Comisión de Régimen Interno, sólo tiene las funciones de supervigilancia sobre aquélla. Esto puede dar lugar a modificaciones en muchos aspectos del funcionamiento de la Cámara, de las relaciones entre las partes, del sistema de control del personal y de cada una de las instancias. Rompe la ambigüedad de la responsabilidad colectiva de parlamentarios, la que residirá en el Secretario.
En segundo lugar, respecto de la forma de seleccionar al personal, por esta vez, que se está modificando la planta, ha habido debate. Fui uno de los que presentaron la indicación para que los cargos a contrata se proveyeran por concurso público, como una manera de dar solidez y transparencia a la institución y de asegurar que las personas fueran seleccionadas a partir de sus méritos, de sus capacidades y no de una presentación. Dijimos, sí, que había que reconocer y ver la manera de ponderar la antigüedad y el desempeño de los funcionarios a contrata o a honorarios.
Asistí a la Comisión Mixta sin ser miembro de ella. La solución que se debatió se concretó en un concurso interno para los funcionarios a contrata o a honorarios, como forma de evitar la incorporación automática a la planta de los actuales funcionarios y de evaluar y seleccionar a las personas con mayores méritos, para que quienes queden trabajando en la Cámara lo hagan a partir de sus capacidades y no de quien los haya presentado al cargo en un momento determinado.
Para este concurso interno se ha perfilado el mejor procedimiento que se logró formular, que en gran medida copia el que definió la Cámara para incorporar al personal a contrata a la planta de la Dirección del Trabajo. Con él hemos dado un paso adelante y una solución satisfactoria.
El riesgo de que la Comisión de concurso no sea lo suficientemente objetiva se salva por la vía de que las bases del concurso las determina, a propuesta de aquélla, la Comisión de Régimen Interno. Me parece una solución positiva, que resuelve el debate suscitado en la Cámara en el primer trámite constitucional.
Sin embargo, quedaba pendiente el problema de los exonerados. En el primer trámite, la Cámara acordó por unanimidad que los exonerados políticos fueran considerados de planta, que no se les exigiera cumplir requisitos y que tuvieran la seguridad de quedar en ella. En el debate habido en la Comisión Mixta, este criterio se modificó y se estableció que a los exonerados políticos no se les exigirá el cumplimiento de requisitos, pero deberán participar en el concurso interno al igual que los funcionarios a contrata y a honorarios.
En verdad, aquí se produce una injusticia, por cuanto los exonerados políticos -condición que determinará el Secretario según los antecedentes respectivos- vieron interrumpida forzosamente su permanencia en la planta del Congreso Nacional. Según se me ha informado, hay funcionarios que fueron incorporados a la planta con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, algunos de los cuales ni siquiera desempeñaron labores de apoyo a la función legislativa que se desarrolló en el pasado. Considerábamos que había que dar a los exonerados un trato similar al de los de planta, criterio sostenido por una minoría: por él que habla y los Diputados señores Huenchumilla y Andrés Palma. No obstante, como no existió mayoría respecto de él, lamentablemente no pudo ser incorporado al proyecto, lo que constituye una deficiencia.
Sin embargo, por lo menos yo, votaré a favor de la proposición de la Comisión Mixta por lo que implica el proyecto, tanto en administración de la Corporación como en el sistema de selección. A pesar de no ser lo óptimo, constituye un paso importante respecto de lo que la mayoría de la Cámara había acordado con anterioridad.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salas.
El señor SALAS.- Señor Presidente, en realidad, lamento la forma en que se ha llevado a cabo la discusión pública del proyecto sobre la planta de personal de la Cámara de Diputados. Es escandalosa la manera en que los diarios y los propios parlamentarios han tratado este tema, la cual considero -perdónenme que lo diga- denigrante. Ninguna empresa pública o privada trata así a sus funcionarios para mejorarlos o encontrar otros más idóneos.
Tengo en mi poder algunas declaraciones de un Senador que dijo que lo que aprobó la Cámara era absurdo, impresentable, torpe y perturbador. Un señor Diputado afirmó que era una mala señal para el país.
Han transcurrido cuatro años. ¿Por qué no se corrigieron antes estas cosas, pero sin despedir personal? Para ser eficiente, la empresa privada capacita a su personal, cosa que aquí no ocurre. No hay que llamar a los funcionarios para decirles: "Vengan, porque después que los contraté ustedes no sirven y se van". Se debe buscar la forma de hacer eficientes a los funcionarios. No es justo que estemos cuestionando y pensando si someteremos o no a concurso público a personas que han estado trabajando aquí durante tres o casi cuatro años, que han trasladado a sus familias, han arrendado viviendas y tienen la ilusión de un trabajo permanente. ¡Qué mejor concurso público que la demostración de sus conocimientos durante cuatro años! Y si hay personas que por alguna causa no son eficientes o no rinden lo necesario, la Cámara debe empezar por buscar la forma de capacitarlas en las distintas especialidades que existen dentro de ella para lograr mayor eficiencia.
Entonces, ¿qué le estamos entregando a nuestro personal? Por desgracia -porque es así-, desprestigio público, porque los malos de la película son los empleados de la Cámara de Diputados. ¡Eso yo no puedo aceptarlo!
Aquí hemos aprobado leyes sobre plantas en las cuales los personales de las distintas reparticiones públicas, de los diferentes ministerios, se incorporan a las respectivas plantas por el solo ministerio de la ley, incluso obviando títulos que algunos no tienen. A nuestro personal, que trabaja con nosotros, que nos ha atendido, con el cual tenemos un trato directo, no debemos tratarlo en la forma en que se ha hecho públicamente. Eso no es actuar con decoro. Si hay críticas o algunas carencias, ellas deberían discutirse en una reunión privada, secreta. Pero la falta está fundamentalmente en la Cámara, porque si hay personal no apto para el trabajo, deberían haberse adoptado medidas en el momento en que ingresaron, pero ni siquiera despidiéndolos, sino creando cursos para capacitarlos, porque ése es el gran desafío que todos los parlamentarios planteamos en la campaña y que se expone asimismo al país: capacitación para hacerlo competitivo y que su industria sea más eficiente. Ello también debe aplicarse a las reparticiones públicas. Por lo tanto, corresponde aprobar esta planta, porque hay un término medio que no es malo para él personal.
¿Qué hacen las empresas públicas y particulares, las municipalidades, los organismos serios y grandes, con su personal cuando se producen vacantes? Llaman a sus empleados con más experiencia y los ascienden. Lo mismo ocurre en los municipios. Yo fui regidor por muchos años y en ellos se asciende a la gente de los grados más bajos hacia los más altos que quedan vacantes, y al final se llama a concurso para los últimos grados, porque se presume que una persona con cuatro, seis, ocho, diez o veinte años de experiencia, es mejor que un empleado que venga de la calle, por muy preparado que sea.
Por lo tanto, aquí lo correcto es que cuando se produzca una vacante, primero se ascienda al personal que resulte competitivo en un concurso interno, y después se llame a concluso público para llenar los grados inferiores. Pero no puedo entender que después de cuatro años de trabajo de los funcionarios se pretenda insinuar aún la realización de un concurso público para que, ojalá, la mitad de ellos quede en la calle y vengan otras personas, porque, a lo mejor, a alguno no les gusta su cara o no sé qué.
Señor Presidente, voy a aprobar este proyecto porque creo que se ha buscado un intermedio justo. Creo, asimismo, que, en justicia, los jefes de servicios, los funcionarios superiores que evaluarán, lo harán con corrección; y espero que todo el actual personal quede en la planta que se aprobará, y que a los que aún tengan problemas de eficiencia se les pueda hacer cursos de capacitación para que lleguen a ser altamente capacitados, pues la Cámara lo merece y lo necesita. Pero ésa es una función nuestra que espero que realicemos cuando volvamos al nuevo Parlamento.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).Ruego a los señores Diputados que van a intervenir, que tengan consideración del tiempo que se ha acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEAY.- Señor Presidente, las intervenciones de los Diputados señores Huenchumilla y Montes me ahorrarán bastantes palabras.
Con este proyecto estamos solucionando un problema cuyo origen es importante establecer.
Cuando asumimos, la Cámara tenía una planta pequeña que, sin lugar a dudas, hubo que complementar. Obviamente, no teníamos la posibilidad de encasillar ni de llamar a concurso público porque no era legal, y se buscó la solución de emplear personas a contrata para servir las diversas necesidades de la Corporación. He escuchado en los pasillos que el acuerdo que tomó la Comisión de Régimen Interno, cuando se crearon dichos cargos, fue que se mantendrían a contrata y que en el futuro se llamaría a concurso público. Pero el señor Secretario de la Cámara me ha expresado que ése no fue un acuerdo formal, que solamente se planteó.
Por lo tanto, se ha buscado una solución que, a mi juicio, no es salomónica, como quiera que apunta a encontrar fórmulas que sean adecuadas al Estatuto Administrativo. Y ésa no es una fórmula que hayamos inventado especialmente para esta Cámara, sino que se ha aprobado por este Congreso Nacional para muchas otras reparticiones públicas, y, de hecho, la aplicamos respecto de la Dirección del Trabajo. Consiste, simplemente, en la transparencia, en que las personas ingresen a la planta a través de un concurso, y yo no descalifico el hecho de que porque haya un concurso interno, éste no posea toda la legitimidad de un concurso público.
Hoy tenemos un nivel de funcionarios y como responsable un jefe superior, que es el Secretario de la Cámara, en quien, en el articulado permanente del proyecto, delegamos la administración del personal; y me parece justo que él, sobre la base de la proposición que le plantee la comisión integrada por altos funcionarios de la Corporación, tenga la libertad de aceptarla o de llamar a un concurso público, como lo establece el articulado permanente.
Estamos dando muestras de transparencia al aplicar reglamentos establecidos en la Administración Pública, y, sin lugar a dudas, ése es el camino adecuado que nos permitirá contar con personal de excelencia, como asimismo, posibilitar que los buenos funcionarios que están a contrata sean parte de la planta en el futuro.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, quiero reafirmar que, en mi modesta opinión, la provisión de los cargos vacantes de la planta se puede someter a concurso público. Y dejo constancia de que esta opinión la vengo sosteniendo en las instancias regulares de la Corporación desde, a lo menos, dos años y medio, de manera que, a pesar de la solución planteada en la redacción del artículo 3° transitorio, a mi juicio, sigue siendo indispensable realizar un concurso público para acceder a los cargos de la Cámara. Creo que el establecimiento de la Comisión interna no es el ideal, ni siquiera es bueno, porque no soluciona el problema de fondo que existe en la Corporación desde que, por la fuerza de las circunstancias, se llenaron los cargos en la forma como se hizo, tal como lo ha manifestado el Diputado señor Leay. Siempre se dijo que en algún momento se iba a normalizar la situación con transparencia y mediante concursos públicos. Eso, hasta el momento, no ha cambiado.
El problema no es de tiempo -como dijo el Diputado señor Salas-, sino de hacerlo o no, y aquí, objetivamente, no sólo no ha habido voluntad de parte nuestra -como lo hice presente en mi intervención anterior, cuando se discutió el tema-, sino también -hay que decirlo claramente- de parte de los propios funcionarios. Repito que, en mi modesta opinión, a nuestros funcionarios les hacemos un flaco servicio, el peor de los servidos, al desconocer la realidad. Cuando el diputado señor Salas expresa que si se llama a concurso público la mitad de los funcionarios puede quedar fuera, se les está haciendo un muy flaco servicio, porque querría decir que son malos funcionarios y que cualquiera de afuera está en condiciones de ganarles. Creo que no es así. He conversado con muchos funcionarios de la Corporación y me han dicho que quieren concurso público, justamente, para evitar estar en permanente tela de juicio, como se ha dado a entender varias veces en este debate.
Esta solución no es ideal y ni siquiera es buena. Por el contrario, mantiene los problemas de fondo que tienen que ver con la transparencia, con la confianza y con la propia estabilidad y seguridad de nuestros funcionarios. Creo que, en su gran mayoría, son capaces y están cumpliendo adecuadamente sus tareas; algunos, muy bien. Ese no es el punto y no acepto que en forma demagógica se plantee el problema como que estamos en su contra. Por el contrario, nosotros -como muy bien dijo el presidente de su Asociación- somos pasajeros, y ellos, permanentes, de manera que con mayor razón debemos cuidarlos.
A pesar de lo planteado por el Diputado señor Huenchumilla, en el proyecto, francamente, no queda claro ni se establece bien el tema de la administración de la Corporación. Está claro que respecto del personal ella corresponde al Secretario de la Corporación, pero ¿qué pasa con el problema administrativo, financiero y operacional? También depende del secretario; pero, objetivamente, él no lo puede asumir; no puede estar en todas. ¿Quién lo ejerce? No se sabe, no se establece ¿Lo va a hacer en algunos casos operacionales el señor Edecán -que está presente en la Sala-?, en otros, ¿el Tesorero o el Prosecretario? ¿Quién? No hay claridad respecto de una materia fundamental para el buen funcionamiento de la Corporación
Señor Presidente, para terminar, sólo quiero manifestar que sigo en desacuerdo con este proyecto, en la forma como viene de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Coloma y, por último, el Diputado señor Alessandri Balmaceda.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me alegro de que el debate haya tomado el curso actual, porque supone un análisis serio de los temas que durante mucho tiempo han afectado a la Corporación, y también, de que el Diputado señor Huenchumilla haya situado las cosas en su exacta dimensión
En ese sentido, tengo la obligación de señalar que, por desgracia, la intervención del Diputado señor Salas escapa por completo a ese espíritu, puesto que lo hace en un tono un poco doctoral, como si algunos parlamentarios fuéramos buenos, y otros no, en circunstancias de que podemos discrepar sobre la forma de administrar esta Corporación, o cómo hacer más eficaz un servicio tan importante como el que prestan sus funcionarios; pero no por eso vamos a ser algunos Diputados mejores o peores que otros.
En este esquema, por lo menos, quiero dejar, en parte de esta discusión, dos constancias.
En primer lugar, se ha hecho repetida referencia a la forma de ingreso original de los funcionarios, sin hacer alusión acabada sobre las causas o motivos por los cuales, en su momento, no se pudo efectuar él concurso público. Siento que es mi deber señalar a la Corporación que desde el primer instante, el deseo de la Mesa de la época fue realizar un concurso público para llenar desde la primera hasta la última vacante, lo que no se pudo hacer porque la planta estaba congelada. En esa situación nada tiene que ver con lo que la Mesa de ese entonces pudo o no pudo haber hecho, y desde ese instante se intentó revertir dicha situación para los efectos de regularizarla, lo que ha costado mucho.
A pesar de aquello, se intentó, a través de avisos en los diarios -los señores Diputados tendrán que recordarlo-, efectuar una suerte de concurso público, el cual fue objetada por un informe legal -que pidió la Mesa de la época- que específicamente señaló que constituía una ilegalidad y que no se podía dar la apariencia de concurso público a algo que no lo era. Por eso, quiero dejar constancia de estos hechos para que no quede una especie de limbo, o de zona gris, en cuanto a que no se sepa por qué ocurrieron las cosas. Sucedieron por las razones que repito: no había una planta susceptible de ser llenada por medio de concurso público, y su intento fue expresamente calificado como ilegal
En segundo lugar, me sumo plenamente a las palabras del Diputado señor Pizarro, con quien compartí, en más de una ocasión, la misma inquietud en la Comisión de Régimen Interno.
Personalmente, tengo la convicción de que cada vez que se contrató a un funcionario en la Cámara de Diputados, dejé expresa constancia de que se trataba de un cargo provisional que debía ratificarse por la vía normal de los concursos públicos, para los efectos de que asumiera dicho cargo en propiedad. Creo que era lo racional, y en ese momento, como no se podía realizar el concurso público, una buena fórmula, mientras tanto, era contratar a algunas personas indispensables para el funcionamiento normal y adecuado de la Corporación.
No nos olvidemos que, al principio, eran los mismos Diputados quienes reclamaban porque no había el personal suficiente y, por lo tanto, hubo que proceder en forma excepcional, pero siempre se planteó en la Comisión de Régimen Interno por lo menos yo y los Diputados señores Pizarro y Alessandri que esto estaría sujeto a un concurso público que regularizara toda la situación en que, específicamente, si los funcionarios contratados eran meritorios, como son la inmensa mayoría, iban a ser contratados en forma definitiva, como sucede en cualquiera organización de esta naturaleza.
Haciendo un poco de historia -porque es bueno que quede consignado en la versión, ya que el ex Presidente de la Corporación no lo ha hecho-, es fundamental establecer, por un principio de coherencia, que la solución de la Comisión Mixta, si bien responde a un esfuerzo real, sincero, y asume los problemas que esto tiene, con la mayor objetividad posible, por lo menos a mí no me satisface, pues para el prestigio de los funcionarios y de quienes hemos administrado la Corporación o de quienes la administrarán, considero indispensable el concurso público para ingresar a este organismo.
Señor Presidente, por su intermedio, otorgo una interrupción al Diputado señor Orpis.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quisiera complementar en dos aspectos básicos lo que señalé en mi primera intervención.
Hay que reconocer que, en este tipo de materias, a esta Corporación le ha faltado voluntad política. El Diputado señor Jorge Pizarro ha señalado que la potestad administrativa queda en manos del Secretario, pero subsiste el problema de quién llevará las cuentas, etcétera.
Otro gran tema que no resolveremos en nuestro período, aun cuando varias veces salió en el debate ante la opinión pública, ha sido la modificación al Reglamento de la Cámara de Diputados para que ésta funcione con mayor eficiencia y transparencia.
Hay más de 150 indicaciones presentadas hace más de un año para modificar el Reglamento, en el cual se incorporaban materias que no fuimos capaces de tratar y que tendrá que hacerlo la próxima Cámara. En algunos de los temas que señalaba el Diputado señor Pizarro, he presentado, al menos en términos personales, una serie de indicaciones para mejorar la administración interna; y no tuvimos la voluntad política para modificar el Reglamento, otra de las falencias que hemos tenido.
En cuanto al proyecto en análisis, específicamente respecto del artículo 3°, tampoco considero satisfactoria la solución propuesta por la Comisión Mixta. Aquí no estamos hablando de cualquier cantidad de funcionarios a contrata, sino prácticamente de una planta paralela, en términos de número. Hay 126 funcionarios en la planta y estamos abriendo la posibilidad de que tengan cierta preferencia 153 funcionarios; es decir, los a honorarios y a contrata son más numerosos que los de planta.
Si se considera el nivel de los actuales funcionarios -no tengo la menor duda de que en gran porcentaje tienen la idoneidad suficiente-, no entiendo por qué no pueden ir directamente a concurso público; porque, por esa vía, en su gran mayoría, por los antecedentes y por su idoneidad, quedarán incorporados en la planta. Pero me parecía una señal muy importante que debíamos emitir en esta oportunidad, a diferencia de muchos servicios públicos, en que se ha dado preferencia para que entren a la planta los funcionarios a contrata, porque éstas ya estaban constituidas hace mucho tiempo. Por lo tanto, en muchos casos, era una cantidad mínima de funcionarios a contrata los que ingresaban automáticamente. Aquí estamos hablando prácticamente de funcionarios de otra planta que tendrán esa preferencia.
Prefiero hacer las cosas directamente y con absoluta transparencia, porque si existió el nivel de presiones anteriores, no veo por qué ahora no deberían existir las mismas. Hay un aspecto fundamental cuando aquí se está hablando de la Cámara de Diputados, no se está haciendo referencia a cualquier servicio público, sino al Congreso Nacional, que debe tener el mayor nivel de excelencia, lo que se asegura a través del concurso público.
Agradezco la interrupción al Diputado señor Coloma.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri, después de lo cual se dará por cerrado el debate.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, quiero destacar lo positivo. Se han dicho muchas cosas, pero también es importante señalar que hubo un prolongado receso legislativo que significó llegar a un Parlamento nuevo, en una ubicación nueva, con funcionarios y parlamentarios nuevos, y esta Comisión de Régimen Interno, tan criticada por todos los sectores, sí fue capaz de llenar con un sistema de concurso, los cargos que se necesitaban para cumplir con nuestra responsabilidad legislativa.
En consecuencia, rechazo todas las críticas a la forma cómo se ingresó al Parlamento. Aquí se podría destacar -espero que me escuche el Diputado señor Espina- la experiencia de Renovación Nacional, que sin haber tenido responsabilidad en las Mesas de la Cámara, podría adoptar una actitud bastante crítica y sostener que lo sucedido es responsabilidad de la administración. Por el contrario, hemos participado en la Comisión de Régimen Interno y hemos sido sumamente consecuentes con nuestros planteamientos, pues siempre hemos defendido el concurso público.
Ahora no se ha hecho concurso público, pero sí se está concursando. Es importante que apoyemos al Secretario de la Corporación para que él decida y no suceda lo del pasado que, después que se formó una subcomisión integrada por los Diputados señores Dupré, Olivares, Guzmán y el que habla, para llenar los puestos, y para ser más específico aún, para cumplir con la responsabilidad legislativa, el señor Secretario evacuó un informe sobre las personas que ingresaron a la Cámara, documento en el cual indicaba a quiénes no eran aptos para las funciones que les habían sido entregadas. ¿Qué sucedió? Que se les aplicó una ley de amnistía, perdonándoles. Se fueron cometiendo errores en el sentido de amnistiar a las personas que fueron descalificadas después de haber rendido un examen.
Tampoco comparto el criterio aplicado respecto de los exonerados políticos. Todos conocemos la historia de Chile y lo que sucedió. Si hay un lugar donde no se podría aplicar dicha calificación era precisamente a los funcionarios del Congreso Nacional, porque bien sabemos que ellos no pueden participar en política ni activa ni pasivamente al interior de la Corporación.
Hubo muchos que se sacaron la camiseta del Congreso Nacional, y el día 11 de septiembre de 1973 dijeron "Nunca más volveremos". Como se dice en jerga chilena, "mostraron la hilacha". Nunca se habló de los exonerados políticos en la Comisión y siempre se tuvo la mejor disposición para que se reintegraran todos los ex funcionarios del Congreso Nacional, pero no en una condición de exonerados.
Lo que corresponde ahora es votar, ojalá por la aprobación unánime del proyecto a fin de apoyar al jefe del servicio en su cometido de calificar y clasificar a los funcionarios que sigan cumpliendo sus funciones en el Congreso. No tratemos de generar divisiones frente a un proyecto que tanto nos ha costado. Las cosas se están haciendo bien y estoy muy conforme con que éste sea el último proyecto en discusión antes de marzo.
Señor Presidente, le concedo una breve interrupción...
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Respeto las mayorías porque soy un demócrata, y al escuchar a la mayoría que se opone a que conceda una interrupción, no la doy;... pero a mí colega señor Ringeling se la ofrezco.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, como el tiempo acordado ha concluido, el debate se encuentra cerrado.
En votación la proposición formulada por la Comisión Mixta al proyecto de plantas del personal del Congreso Nacional.
Efectuada la votación en forma económica, por él sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- En consecuencia, queda aprobada la proposición de la Comisión Mixta.
Despachado el proyecto.


VI PROYECTOS DE ACUERDO

El señor MOLINA (Presidente).- Señores Diputados, distintas bancadas han presentado un proyecto de acuerdo para constituir una Comisión Especial Investigadora en relación con un problema de Codelco, y solicitan la unanimidad de la Sala para tratarlo en forma inmediata.
Si le parece a la Sala, se dará lectura al proyecto.
No hay acuerdo.


4.- MECANISMO DE COTIZACION PREVISONAL PARA TRABAJADORES ESTACIONALES.

El señor MOLINA (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo que corresponde.
El señor ZUÑ1GA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Rodríguez, don Claudio; Prokurica, Galilea, Vilches, Alvarez-Salamanca, Velasco y Ojeda.
"Teniendo en consideración:
"1.- La profunda transformación que se ha producido en el campo chileno, dando lugar a que, fundamentalmente, en los meses de noviembre a marzo, los trabajos de temporada alcancen su máximo desarrollo.
"2.- Que a lo menos los dos tercios de los trabajadores agrícolas puedan ser considerados trabajadores estacionales, concentrados especialmente entre la Tercera y Séptima Regiones.
"3.- La carencia de una legislación específica que permita a los trabajadores estacionales acceder durante todo el año a los beneficios del sistema de Seguridad Social.
“4.- Que los estudios han demostrado que el grupo de personas que se desempeña como trabajadores estacionales en faenas agrícolas constituye una categoría muy heterogénea de trabajadores.
"5.- Que el hecho anterior exige el establecimiento de medidas especialmente flexibles, pero que, al mismo tiempo, tiendan a impedir los abusos de parte de los sectores involucrados en la relación laboral.
"6.- Que, generalmente, el tema de los trabajadores estacionales ha estado circunscrito a la relación laboral propiamente tal, obviándose un aspecto sustancial, cual es el acceso permanente de este grupo de trabajadores a los beneficios que otorga nuestro sistema de seguridad social.
"7.- Que se hace necesario que el Ejecutivo se aboque al estudio de un sistema de cotización previsional, especialmente destinado a los trabajadores estacionales.
"Venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
"Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que imparta las instrucciones necesarias, a fin de que se estudie un mecanismo especial de cotización previsional que permita a los trabajadores estacionales acceder durante todo el año a los beneficios derivados de la seguridad social.".
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor parlamentario que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Pido la palabra.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo es la reiteración de una inquietud que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo, particularmente por los trabajadores de temporada, quienes no gozan de ciertos beneficios previsionales durante todo el año.
Esa situación se ha considerado bastante injusta, ya que los debilita soberanamente frente a la vida diaria. En consecuencia, resulta indispensable estudiar un mecanismo que les permita acceder al beneficio de la previsión, particularmente el acceso a la salud, durante todo el año.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor GAJARDO.- Pido la palabra.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, estoy en total acuerdo con este proyecto. Sin embargo, esa norma está incluida en el proyecto misceláneo sobre previsión del Ejecutivo, el cual ya fue aprobado por la Comisión de Trabajo, y en este momento está pendiente en la Comisión de Hacienda.
En consecuencia, solicito postergar la discusión de este proyecto hasta saber el alcance de la norma cuando sea despachada en la Comisión de Hacienda; porque plantear en un proyecto de acuerdo algo que ya aprobó una Comisión en un proyecto, no refleja una imagen correcta de esta Cámara. De manera que pido su retiro para una segunda discusión.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para retirar el proyecto de acuerdo a la espera del resultado de la norma legislativa que está en trámite en la Cámara?
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra a un señor Diputa¬do que esté en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.


5. PRORROGA Y MEJORAMIENTO DE BENEFICIOS DEL DECRETO LEY N° 701, DE 1974.

El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se leerá el siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- De los señores Horvath, Taladriz, Galilea, Reyes, Carrasco, Faulbaum, Rocha, Huenchumilla, Muñoz Barra, Prokurica, Vilches, Manterola, Sabag, Ulloa, Pérez, don Ramón; Ojeda, Alvarez-Salamanca, Barrueto, Velasco, Longton y Valcarce.
"El país tiene una gran porción de su territorio con procesos de erosión y desertificadón, situación que se detalla en cuadros y mapas que se adjuntan.
"Las causas se deben principalmente a un manejo inadecuado del suelo y de sus recursos asociados; a un vacío cultural y a una mentalidad que no aprecia la naturaleza y muy en especial el árbol.
"El decreto N° 701, de 1974, establece bonificaciones y beneficios a las actividades de forestación y reforestación. Esto ha generado una importante actividad laboral y empresarial vinculada de recursos renovables como es el caso del bosque.
"A juicio de los empresarios madereros, ya existe un desarrollo maduro para especies exóticas de pino y eucaliptus en gran parte de las Regiones Séptima, Octava y Novena.
"Los beneficios económicos que el país ha recibido producto de estas actividades cubren en exceso la inversión realizada por el Estado.
"El artículo 12 establece un período de veinte años para los incentivos contados desde su vigencia, los que terminan el presente año.
'Existe aún una parte importante del territorio que necesita con urgencia ser reforestada; por ello, resulta muy conveniente desde el punto de vista económico, social, cultural y ambiental, prorrogar los beneficios de este decreto para áreas y regiones específicas del país.
"Estas áreas corresponden a terrenos de baja productividad y con procesos de erosión, a zonas de desarrollo forestal independiente con difícil acceso, y en las regiones extremas, a áreas de protección como cuencas de ríos, zonas semiáridas, riberas de ríos y torrentes, terrenos de suelo frágil y a las que requieren de forestación de tipo dendroenergético y también la reforestación con especies nativas.
"El monto de los subsidios debe ser igual o inferior a la rentabilidad social.
"En casos específicos, conviene considerar una mayor focalización de esta bonificación; por ejemplo, en terrenos que no tienen posibilidad de aprovechamiento económico forestal, pero sí interés social y ambiental. Para los pequeños propietarios es conveniente contemplar por separado asistencia técnica, capacitación y créditos, de modo que se les dé la necesaria movilidad social y no se transforme en un incentivo para mantenerse en condiciones desmedradas.
"Las reglas del juego para un sector como el forestal, que tiene rotaciones de 25 a 60 años, deben ser estables.
"Por las consideraciones anteriores, venimos a presentar el siguiente proyecto de acuerdo.
"Oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República a fin de que se estudie y proponga al Congreso Nacional un proyecto de ley que prorrogue y mejore la bonificación y los beneficios que contempla el decreto ley N° 701 relativos a la actividad de forestación y reforestación para las áreas del país que tienen procesos de erosión y desertificación y en los que las empresas no obtengan beneficios que justifiquen económicamente sus proyectos y que mediante la subvención se les haga atractiva. El monto de la bonificación y exenciones deberá responder al interés social y ambiental, como al incentivo de futuras actividades económicas, de manera que el interés público se vea recompensado. Se solicita también que parte de la bonificación considere casos especiales que requieran una mayor focalización, como son las áreas sin ningún interés económico privado, por ejemplo, contención de dunas, freno a procesos erosivos graves, áreas alejadas, a la reforestación con especies nativas y para los pequeños propietarios, de manera que cubra aspectos sociales de capacitación, provisión de leña y mejoramiento de su calidad de vida."
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, para apoyar el proyecto de acuerdo, el Diputado señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, los considerandos del proyecto de acuerdo son bastante claros. Lo importante es la oportunidad en que se presenta, ya que este año vencen las bonificaciones y los beneficios del decreto ley N° 701, para forestar y reforestar un área considerable del país.
Al proyecto de acuerdo se adjunta un cuadro que señala las cantidades de hectáreas sometidas a erosión y procesos de desertificación en las distintas regiones del país. También se acompaña un mapa preliminar, en el cual se destacan las zonas donde se están produciendo estos procesos.
La aplicación del decreto ley N° 701, sobre bonificación, ha creado una importante masa forestal, principalmente en las Regiones Octava, Novena y Décima y no en áreas extremas de difícil acceso o que presentan procesos de erosión y de desertificación, como se especifican en estos cuadros que son parte del proyecto de acuerdo.
Por otro lado, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente tuvo facultades fiscalizadoras para investigar los procesos ambientales deteriorados relevantes del país. Uno de ellos es, justamente, la erosión.
En ese estudio -que ojalá también se adjunte al proyecto de acuerdo para conocimiento de los parlamentarios- se llegó a la conclusión de que Chile, por su no uso del suelo y todos los elementos asociados, pierde alrededor de 150 millones de dólares al año. Es decir, desde el punto de vista económico, social y ambiental, es muy conveniente prorrogar la vigencia de esta bonificación y los beneficios adicionales que contempla el decreto ley N° 701 y aumentar la focalización en las áreas en las cuales las empresas privadas sólo tienen interés, en presencia de este margen adicional.
Por estas razones, más las ya señaladas, solicitamos la votación favorable de la Cámara de Diputados para este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor CARRASCO.- Pido la palabra.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARRASCO.- Señor Presidente, esta es la normativa sobre reforestación más importante del país. Además, el otro día conversábamos con integrantes de la Comisión de Recursos Naturales de México, quienes nos dijeron que toda su ley del bosque nativo estaba basada en el decreto ley N° 701.
En reiteradas ocasiones hemos planteado la prórroga de la vigencia de este decreto ley, cuyos beneficios terminan este año.
El señor Ministro de Agricultura nos ha manifestado que ya está listo el proyecto de ley que enviará al Congreso. Sería ideal que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente lo conociera antes. En todo caso, queremos reiterar la necesidad de que se presente a la brevedad posible, porque es un instrumento de despegue económico fundamental del sector productivo forestal. Como dijo un señor Diputado, hay agricultores pequeños que no han recibido los beneficios del decreto ley. Por eso, queremos modificarlo y mejorarlo, para que accedan a él todos los propietarios agrícolas.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Informo a los señores Diputados que la Comisión de Minería y Energía sesionará hoy a partir de las 18 horas.


VII.- INCIDENTES.


6. GASTOS Y FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES. Oficios.

El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, he adherido a una moción presentada por los Diputados señores Aylwin y Elgueta, cuyo objeto es limitar los gastos de las campañas electorales.
Es prudente que en este momento abordemos el tema, cuando ya se han efectuado las elecciones. El país ha visto con preocupación que algunos de los candidatos han hecho gastos que exceden con mucho aquello que resulta razonable emplear en actos de difusión política.
Muchos de ellos no dicen relación con la difusión de las ideas, ni siquiera de las propuestas de los participantes respecto de lo que será su tarea legislativa, sino, simplemente, con publicidad.
Es conveniente analizar ahora esta materia, cuando se han dado a conocer a los medios de comunicación, otros hechos referidos al financiamiento de campañas electorales.
Al respecto, expreso mi preocupación e interés en que se aclare y resuelva una situación vinculada al municipio de Viña del Mar denunciada por el Diputado señor Carlos Smok quien ha solicitado él envió de oficios, al que me he adherido, con el objeto de que se informe e investigue la renovación del contrato de concesión del Casino Municipal de Viña del Mar.
A raíz de lo señalado, uno de los concejales de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, el señor Parot, de la Unión Demócrata Independiente, ha puntualizado que él no se considera inhabilitado por haber votado favorablemente la renovación de la concesión, puesto que sólo recibió apoyo del concesionario del Casino Municipal, al igual que otros candidatos a concejales, que consistió en que se le facilitó una camioneta con chofer para sus actividades proselitistas.
Es positivo que el señor Parot haya señalado públicamente el aporte recibido, pero también es grave, porque da la razón a lo denunciado por el Diputado señor Carlos Smok, que esperamos sea resuelto por un informe que, en estos días debería emitir la Contraloría General de la República, en términos de si la prórroga de la concesión del Casino Municipal de Viña del Mar se ajustó a derecho, si el concesionario cumplió todas las normas correspondientes o si hubo alguna irregularidad.
Adherí al oficio porque me parece que hubo irregularidad en dicha prórroga y, además, que ha sido irregular la actuación del señor alcalde de Viña del Mar, quien ha expresado que se siente libre de responsabilidad en este asunto, porque votó en contra de la prórroga. Resulta extraño que primero ponga en discusión la prórroga, facultad privativa del alcalde, y después la vote en contra. No son los concejales los que fijan la tabla, sino que es el alcalde y, por lo tanto, él que haya votado en contra no lo excluye de su responsabilidad por haber sometido a discusión la prórroga de la concesión.
En consecuencia, solicito que se oficie al señor Parot, concejal de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, con el objeto de que precise las declaraciones formuladas a la opinión pública respecto de los aportes que para su campaña recibió del concesionario del Casino de Viña del Mar.
Además, pido que se oficie al Director del Servicio de Impuestos Internos, por intermedio del Ministro de Hacienda, con el objeto de que realice una auditoría a la firma concesionaria del Casino de Viña del Mar para precisar en qué ítem de los gastos de dicha empresa estaría asignada la facilitación de camionetas con chofer al entonces candidato señor Parot y, virtualmente, a otros candidatos a concejales por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Si esto ha sido contabilizado como gasto de la empresa concesionaria del Casino, existiría un delito tributario que debiera ser reparado, lo que, en su caso, la obligaría a pagar los impuestos correspondientes. Por lo demás, no sé si es posible que esto pueda realizarlo directamente el concesionario.
El señor BARTOLUCQ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, en su nombre, en el de los señores Villouta, Velasco, Bombal y en el del Comité Radical.


7. DENUNCIA SOBRE TRANSACCIONES COMERCIALES DE CODELCO-CHILE. Oficio.

El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en la prensa de hoy hemos tomado conocimiento de una información, respecto de la cual se ha presentado un proyecto de acuerdo que lamentablemente tendrá que ser visto en la próxima sesión de la Cámara, es decir, en marzo.
Los Diputados no podemos tener conocimiento anticipado de los proyectos de acuerdo, salvo que, como en este caso, sean dados a conocer en el transcurso de la sesión. Lamentablemente, el Diputado señor Viera-Gallo se acogió a la norma reglamentaria respectiva para pedir que este proyecto siga el trámite ordinario.
Sin embargo, es preocupante esta información, por cuanto Codelco habría realizado transacciones comerciales que afectarían gravemente al patrimonio de dicha empresa y, por lo tanto, el patrimonio público de nuestro país, las que habrían significado pérdidas del orden de los 100 millones de dólares por haber tomado contratos a futuro en condiciones muy desventajosas.
Por esta razón, y sin perjuicio de los acuerdos que pueda tomar la Comisión de Minería en la sesión de la tarde, solicito que se oficie, ojalá en nombre de la Cámara, al Ministro de Minería para que haga llegar a esta Corporación, con la urgencia que amerita, todos los antecedentes en relación con esta materia, sin perjuicio de los que se han dado a conocer esta mañana, los que, por la lejanía entre el Ejecutivo y la sede del funcionamiento del Congreso Nacional, aún no hemos tenido oportunidad de conocer.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría, en el de los señores Villouta, Velasco, Prokurica, Masferrer, Bombal y en el del Comité Radical
Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.- Señor Presidente, deseo referirme al mismo tema que planteó el Diputado señor Andrés Palma.
En reiteradas oportunidades he hecho en esta Sala denuncias fundadas respecto a irregularidades o malos manejos administrativos y contables en las distintas divisiones de Codelco.
Los resultados han sido investigaciones cuyas sentencias han recaído en funcionarios de menor importancia. Siempre el hilo se corta por lo más débil.
Hoy, con alarma, hemos sido informados por la prensa de que esta empresa estatal, Codelco, habría perdido entre 80 millones ó 100 millones de dólares como consecuencia de operaciones de venta a futuro. Según fuentes propias del Gobierno, uno de los responsables habría sido despedido.
En el día de ayer, el directorio de Codelco decidió iniciar una investigación a fondo, por lo que contrató una auditoría externa para revisar las cuentas.
Señor Presidente, 100 millones de dólares representa una cifra muy grande, ya que los ingresos chilenos por exportaciones de cobre y sus utilidades para 1993 estaban valorados en unos 115 millones de dólares.
En consecuencia, solicito que se envíen los siguientes oficios: al Ministro de Minería para que informe y remita las actas del directorio de Codelco sobre la materia, y a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado para que se hagan cargo de las investigaciones y ubiquen plenamente a los ejecutivos responsables de este hecho que causa tan grave daño a esta empresa estatal.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviarán (os oficios solicitados por Su Señoría.


8. ESTAFA A SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES DE QUINTAY (Quinta Región). Oficios.

El señor VELASCO.- Señor Presidente, el Sindicato de Pescadores Artesanales de Quintay, comuna de Casablanca, ha sido burdamente estafado en 39 millones de pesos por el ciudadano Manuel Hernández Vidal, RUT 5.535.537-9, domiciliado en La Pradera 480, Peñalolén, quien compró del recurso loco extraído por estos pescadores artesanales cuando se autorizó el levantamiento de la veda.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro del Interior para que ordene a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile la detención de este ciudadano, según resolución del Primer Juzgado de Letras de Casablanca, y al Ministro de Economía para que la Subsecretaría de Pesca y el Servicio nacional de Pesca retengan y devuelvan el recurso loco que se encuentra almacenado en un frigorífico de Santiago.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


9. CONDOLENCIAS POR VICTIMAS DE INCENDIO EN ARGENTINA Oficios.

El señor VELASCO Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro del Interior de Argentina y a los Embajadores de Chile en ese país y de Argentina en Chile, expresándoles nuestro más sentido pésame por las víctimas causadas por los voraces incendios en la ciudad de Puerto Madryn, Argentina, donde fallecieron horriblemente calcinados 26 jóvenes voluntarios de la brigada forestal, algunos de muy corta edad.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


10. SITUACION LABORAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL. Oficios.

El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- En el tumo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.
El señor VALCARCE.- Señor Presidente, en reiteradas oportunidades he hecho presente que la Dirección de Aeronáutica debiera pagar las horas extraordinarias a sus funcionarios, por cuanto ellos son empleados civiles y no de las Fuerzas Armadas. Como la Contraloría General de la República me ha dado la razón, he oficiado al Ministro de Defensa y a la Contraloría para que velen por el efectivo cumplimiento de este derecho.
Por otro lado, el 27 de agosto de 1993 se constituyó la Asociación Nacional de los Trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil. En mis discursos siempre he hecho ver que confío en que los encargados de ella van a respetar a los trabajadores y no perseguirán a quienes luchan por sus legítimos derechos, los que, además, están dentro de la reglamentación del Estatuto Administrativo.
Muchas de las personas que han planteado su inquietud por estos derechos estaban destinadas a cursos en el extranjero. Sin embargo, no pudieron viajar por distintas razones.
Además, gran parte de los funcionarios de esta asociación que trabajaban en el aeropuerto Arturo Merino Benítez han sido trasladados al aeropuerto de El Loa o al de Balmaceda.
Esta Cámara ha hecho presentes los derechos que corresponden a estos trabajadores y ha planteado que ninguna autoridad, sin importar su rango, puede pasar a llevar los derechos de estos funcionarios; pero las autoridades de la Dirección de Aeronáutica no han hecho caso de lo que ha recomendado la Cámara. Es más, han hecho esto con pleno conocimiento y como una manera de manifestar a ésta que pueden hacer lo que estimen conveniente.
Quiero que se oficie, a través del Ministro de Defensa, al Director General de Aeronáutica, para que informe quiénes son las personas que están siendo trasladadas; si tienen todos los requisitos para ello, porque algunos no cumplen aún los años para ser destinados a otros lugares, y si se han pagado las horas extraordinarias que deberían haber sido consideradas este año en la ley de Presupuestos de la Nación, como se indicó en una de las respuestas del Ministro de Defensa.
Además, pido oficiar al Ministro de Defensa para que nos informe cuál será la política con respecto a los aeropuertos en Chile: si van a ser privados o fiscales, dependientes de la autoridad civil o de la Fuerza Aérea, con funcionarios pertenecientes a esta rama de la Defensa Nacional.
Año tras año tenemos que estar aprobando la planta de la Dirección de Aeronáutica, porque nadie quiere colocarle "el cascabel al gato". Ninguna autoridad manifiesta que los aeropuertos en Chile -según mi opinión- deben ser privados, para que sean lo más competitivo posible, con el objeto de que no se destinen los 120 y tantos mil millones de pesos que ingresan a la Dirección de Aeronáutica a la construcción del aeropuerto de Santiago, como ha ocurrido ahora en circunstancias de que corresponden a fondos de toda la Nación.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


11.- BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DEL CARBON DE EMPRESAS PRIVADAS. Oficios.

El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Caminondo.
El señor CAMINONDO.- Señor Presidente, estamos conscientes de la grave crisis que vive la industria del carbón en nuestro país. Las causas son múltiples y no es la oportunidad para efectuar un análisis a fondo de esta situación. Sin embargo, es necesario tener presente que muchas de ellas tienen un carácter permanente y son el resultado de cambios importantes y sostenidos en los mercados mundiales.
Esta realidad genera un grave problema social, pues son muchas las personas que depende de esta actividad.
En este sentido, deseo reiterar que, en nuestra opinión, la forma como el Gobierno ha enfrentado estos problemas no es la adecuada. En efecto, al centrar su apoyo en las empresas estatales, ha descuidado y, peor aún, ha perjudicado notoriamente a empresas privadas más competitivas, generando una competencia desleal y arrastrando a la cesantía a un considerable número de trabajadores. Un claro ejemplo de esta situación es la triste realidad que vive la empresa carbonífera San Pedro de Catamutún, ubicada en La Unión, Décima Región, la que se ha visto obligada a despedir a más de un centenar de sus trabajadores.
Entiendo y apoyo las medidas adoptadas para colaborar con los trabajadores despedidos en las empresas estatales. Sin embargo, estos beneficios deberían extenderse a las personas que se desempeñan en las mismas actividades en empresas privadas.
Es bueno tener presente que las autoridades de Gobierno aseguraron en 1992 que el apoyo a empresas del Estado no afectaría al sector privado, especialmente a aquellos que compiten en el mismo mercado. Por el contrario, se dijo que se les garantizaría el mercado histórico en precios y volumen, además de apoyar su expansión, dado el nivel de eficiencia demostrado. Lamentablemente, ello no ha ocurrido y muchas familias sufren él drama del desempleo y la falta de oportunidades.
Por estas razones, solicito que se oficie a los Ministros de Energía, del Trabajo y de Hacienda, acompañándoles copia de esta intervención, para pedir la implementación de medidas tendientes a colaborar con los trabajadores que están siendo despedidos en las empresas privadas dedicadas a la actividad carbonífera, de tal manera que también reciban los beneficios y las oportunidades de prepararse para la realización de trabajos alternativos, como ha ocurrido con otros que cumplen la misma función.
Los trabajadores del carbón de la Décima Región necesitan y merecen un trato a lo menos similar al otorgado a los de la Octava Región.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vilches, Prokurica, Cantero y Masferrer.


12. DENUNCIA SOBRE TRANSACCIONES COMERCIALES DE CODELCO-CHILE. Oficios.

El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, quiero hacer una denuncia relacionada con la empresa más importante del país, por su magnitud: Codelco-Chile
Se ha informado en la prensa de hoy de una pérdida del orden de los 100 millones de dólares ocurrida por operaciones fallidas llevadas adelante por Codelco-Chile, como consecuencia de ventas de cobre a futuro.
Estas operaciones, que se hacen normalmente durante años, han significado en esta oportunidad un craso error de administración, cuya responsabilidad recae en el Ministro de Minería, en el Directorio de Codelco y en sus Ejecutivos.
Las informaciones de hoy dan cuenta del despido de uno de los. Ejecutivos de Codelco, como responsable de las operaciones. Pero nosotros presentamos a la Honorable Cámara un proyecto de acuerdo, donde solicitábamos la creación de una comisión especial para investigar los hechos, por la gravedad que ellos representan.
El proyecto de acuerdo no contó con la unanimidad, lo que prueba el doble estándar que tienen algunos parlamentarios cuando se trata de usar la capacidad fiscalizadora y la facultad que tenemos como Diputados.
Ya lo vimos en el engorroso asunto que significó la investigación de la Refinería de Petróleo de Concón (RPC). Hoy estamos ante un nuevo caso, y lamento que el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo se opusiera en esta Sala a la lectura del proyecto de acuerdo que solicitaba la creación de la comisión especial investigadora.
Señor Presidente, quiero señalar que los Diputados de Renovación Nacional permanentemente hemos estado preocupados de la situación de Codelco-Chile, y ante un proyecto recientemente aprobado en esta Sala, que aún está en trámite en el Senado, señalamos, como lo dijo el Diputado señor Baldo Prokurica que aquí hay responsabilidades mucho mayores.
Concretamente, el Ministro de Hacienda no puede ser reemplazado por cualquier persona, teniendo en vista su responsabilidad política ante decisiones que involucran cuantiosas inversiones de la empresa.
Por esta razón, el Diputado señor Carlos Cantero expresó también en esa oportunidad que le preocupaba el tema de la responsabilidad política del Ministro de Hacienda en la gestión de Codelco-Chile, cuando el Directorio analiza y resuelve temas que involucran cifras trascendentes. Esto está muy ligado a negocios realizados durante la actual administración entre personeros del Gobierno y de Codelco-Chile.
Las afirmaciones hechas en esos proyectos dan fe de la preocupación de Renovación Nacional por el tema, de tal manera que ante la noticia comentada, que hoy es pública, necesitamos la mayor preocupación, claridad y transparencia.
Por lo expuesto, solicito enviar oficio al Ministro de Minería, remitiéndole toda la información relacionada con el tema denunciado hoy.
Hemos sido informados también por la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco-Chile) de que el hecho es verídico, pues constituye una transacción que va a perjudicar tanto a la Corporación del Cobre como al país, que es dueño de Codelco.
Agradecería que un oficio similar se enviara a la Corporación Chilena del Cobre.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados en nombre de Su Señoría y de los señores Diputados presentes en la Sala que así lo han pedido.


13. SITUACION DE RECTOR EXONERADO DE INTERNADO NACIONAL "BARROS ARANA". Oficio.

El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, hace algún tiempo, en ésta misma Corporación, planteé la situación que afectaba a un conjunto de profesores, que hace tres años y medio aproximadamente fueron exonerados por el Alcalde de Santiago de sus responsabilidades como directores de establecimientos en un llamado a concurso que fue declarado ilegal por la propia Contraloría General de la República.
Quiero volver a plantear la situación particular de un distinguido profesor, don Miguel Antúnez Parra, rector titular del Internado Nacional Barros Arana.
En el caso específico de este académico, él tenía a la fecha de su exoneración un decreto de nombramiento que lo acreditaba como rector titular de ese prestigioso establecimiento.
Haciendo caso omiso de la titularidad y de la propiedad del cargo, igual se le exoneró. El señor Antúnez Parra recurrió entonces al órgano contralor, haciendo valer sus derechos, y luego, el Contralor acreditó fehacientemente que era rector titular.
Se planteó esta situación al municipio, y la corporación edilicia lo reincorporó como rector del establecimiento y, a muy pocas horas, lo volvió a exonerar, trasladándolo a otro establecimiento.
Así la causa, el profesor Antúnez Parra recurrió a los tribunales de justicia, y hace pocos días, después de un largo camino de dos años y medio en los tribunales, ha logrado establecer la titularidad de su cargo, esta vez con una sentencia ratificada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
Ocurre que al día de hoy, este profesor que durante cuatro años ha reclamado la titularidad de su cargo y que ha sido respaldado legalmente por nuestros tribunales, como rector del Internado Nacional Barros Arana, se encuentra en la angustiosa situación de que no puede ser repuesto en su cargo, pues el Alcalde de Santiago, cometiendo desacato esta vez, lo que es un delito, se niega a reincorporarlo en la rectoría de ese establecimiento.
Quiero dejar constancia de este hecho ante esta Honorable Cámara, porque aquí estamos en presencia de un desacato del Alcalde de Santiago, don Jaime Ravinet, en contra de una resolución dictada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que viene, como digo, a ratificar los derechos que a este académico, a este profesor, le corresponden.
Como entramos ahora en un periodo en que no están operando los establecimientos educacionales, lo más probable es que este profesor se vea en marzo sin una resolución sobre la materia, razón por la cual pido oficiar al Contralor General de la República, solicitándole se sirva disponer una indagación ante la autoridad correspondiente -en este caso el Alcalde de Santiago, y las que procedan, como el Ministro del Interior y otras- sobre la situación que afecta a este profesor. Además, que se sirva disponer el envío de los antecedentes recabados por la Contraloría, donde se establezca de la manera más fidedigna todo el expediente que tiene este profesor en su favor.
Desde luego, que sea la Contraloría la que adopte todas las resoluciones del caso frente a un funcionario de la Administración del Estado que está cometiendo desacato, sin perjuicio de que, naturalmente, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia también tendrá que adoptar, a mi juicio, las medidas que procedan, cuando una autoridad comete este delito.
Me interesa –reitero- oficiar al Contralor General de la República para que se envíen a la Cámara de Diputados todos los antecedentes del caso, de la manera más amplia posible, a fin de formamos aquí una impresión clara de cómo ha sido todo el largo camino que ha tenido que recorrer este académico que, como digo, siendo titular de un cargo, hoy día se encuentra despojado del mismo.
En los próximos días. Su Excelencia el Presidente de la República va a inaugurar los primeros dormitorios del nuevo Internado Nacional Barros Arana, que quedó destruido después del terremoto de 1985. Seguramente en esa ceremonia se hará un gran despliegue de lo que significa la reconstrucción de este establecimiento que el Rector titular, don Miguel Antúnez Pana, dispuso y agenció por todos los medios para que fuera restaurado, y que, desde luego, al ser exonerado, se le privó de participar en la restauración del establecimiento.
De esta forma, se necesita hacer justicia hacia un profesor que tiene todos los merecimientos académicos y que está exonerado de su cargo.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.


14. DENUNCIA SOBRE TRANSACCIONES COMERCIALES DE CODELCO-CHILE. OFICIO

El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, quiero sumarme a las expresiones del Diputado señor Vilches, en relación con las pérdidas de Codelco-Chile, conocidas a través de las informaciones de prensa, especialmente, del diario "La Epoca", muy vinculado a la Democracia Cristiana, donde se manifiesta que se estiman pérdidas de 100 millones de dólares por un error financiero que causa grave crisis en Codelco.
Dada la importancia de esta empresa y la cantidad de recursos en juego, quiero ser reiterativo -como todos los parlamentarios debiéramos serlo- cuando están en juego divisas importantes destinadas al desarrollo del país y, especialmente, a la gente más modesta de la población.
¿Qué dice este diario vinculado a la Democracia Cristiana? Que "la Corporación del Cobre, Codelco, habría perdido entre 80 y 100 millones de dólares, casi un 70 por ciento de sus utilidades totales estimadas, en una operación financiera que amenaza con provocar un terremoto interno, dijeron altas fuentes de la compañía a la agencia Reuter.
"La operación consistió en un contrato de venta a futuro que tenía como objeto cubrir el exceso de posiciones en el mercado mundial.
"El hecho provocó ayer una reunión de urgencia del directorio de Codelco, el cual decidió que el Presidente Ejecutivo de la Corporación, don Alejandro Noemi, diera hoy una explicación, a través de un comunicado, de lo sucedido. También se habría ordenado auditorías externas e internas. Fuentes de Gobierno señalaron el despido del directivo que, presuntamente, sería el responsable de las operaciones fallidas."
¡Grave, señor Presidente! Lamentablemente cuando Diputados de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional han presentado un proyecto de acuerdo para crear una comisión investigadora, gente de la Concertación se ha opuesto y han preferido negar una investigación tan importante en una de las empresas más grandes del Estado.
Quiero solicitar, en mi nombre y en el de la Unión Demócrata Independiente, que el resultado de las auditorías, que se deben estar haciendo en Codelco, sean enviados a esta Corporación y, al mismo tiempo, que el Contralor General de la República también exija, de acuerdo con sus atribuciones, una investigación sobre la materia.
No se puede -como dice la prensa en estos momentos-, responsabilizar a un funcionario de segunda categoría, a quien se ha procedido a despedir, de los hechos comentados.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una brevísima interrupción al Diputado señor Cantero.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, solamente para agregar en este mismo tema, a lo menos, tres criterios.
En primer lugar, Codelco se ha transformado en un verdadero feudo, al cual resulta inaccesible ingresar en uso de nuestras facultades fiscalizadoras.
En segundo término, durante dos años no se ha dado respuesta a las peticiones de la Comisión de Minería de esta Corporación, obstaculizando así la posibilidad de acceder a información y negando de esto modo el ejercicio de nuestra facultad fiscalizadora. Esta situación reviste la mayor gravedad.
Tercero, se ha cuestionado la facultad fiscalizadora de los parlamentarios frente a Codelco, en circunstancias de que es claro y categórico que las empresas del Estado creadas por ley son del ámbito de la gestión del Estado y, en consecuencia, los parlamentarios tienen facultades fiscalizadoras respecto de ellas.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo, señor Diputado. Le ruego redondear su idea.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, pido que se agilice la petición de informe que solicitó la Comisión de Minería a Codelco respecto de la gestión de Codelco y que se deje constancia de mi disconformidad, pues mientras el Gobierno enfrenta la crisis de la pequeña minería entregando migajas, por una mala gestión se pierden millones y millones de dólares.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.


Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.48.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.