REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 326�, ORDINARIA Sesi�n 22�, en martes 7 de septiembre de 1993 Ordinaria (De 16:21 a 19:42) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES GABRIEL VALD�S, PRESIDENTE, Y BELTR�N URENDA, VICEPRESIDENTE SECRETARIO, EL PROSECRETARIO, SE�OR JOS� LUIS LAGOS L�PEZ ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA...................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N.......................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS........................................................... IV. CUENTA............................................................................................ Acuerdos de Comit�s����������������������.. V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que establece normas sobre protecci�n, fomento y desarrollo de los ind�genas (se despacha en particular). VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian). Educaci�n para el trabajo. Oficios (observaciones del se�or Cantuarias). Reparaci�n de puente sobre r�o Tolt�n y mejoramiento de camino de Freire a Villarrica y Loncoche. Oficio (observaciones del se�or Larre). Homenaje en memoria de ex Senador y Vicepresidente del Senado don Alejandro Noemi Huerta. Comunicaciones (se rinde). Reparaci�n y equipamiento de Instituto Comercial A-6 de Iquique (Primera Regi�n). Oficio (observaciones del se�or Lagos). Problemas de peque�os agricultores de Primera Regi�n ante frente de mal tiempo. Oficio (observaciones del se�or Lagos). Responsabilidad de autoridades comunales y regionales ante actual proceso de descentralizaci�n (observaciones del se�or R�os). VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Alessandri Besa, Arturo --Calder�n Ar�nguiz, Rolando --Cantuarias Larrondo, Eugenio --D�az S�nchez, Nicol�s --D�ez Urz�a, Sergio --Feli� Segovia, Olga --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Frei Bol�var, Arturo --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gonz�lez M�rquez, Carlos --Hormaz�bal S�nchez, Ricardo --Huerta Celis, Vicente Enrique --Lagos Cosgrove, Julio --Larre Asenjo, Enrique --Lavandero Illanes, Jorge --Martin D�az, Ricardo --Mc-Intyre Mendoza, Ronald --Navarrete Betanzo, Ricardo --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ortiz De Filippi, Hugo --Otero Lathrop, Miguel --Pacheco G�mez, M�ximo --Palza Corvacho, Humberto --Papi Beyer, Mario --P�rez Walker, Ignacio --Pi�era Echenique, Sebasti�n --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Siebert Held, Bruno --Sinclair Oyaneder, Santiago --Soto Gonz�lez, Laura --Sule Cand�a, Anselmo --Thayer Arteaga, William --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vodanovic Schnake, Hern�n --Zald�var Larra�n, Andr�s Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros de Justicia, Secretario General de Gobierno y Secretario General de la Presidencia. Actu� de Secretario el se�or Jos� Luis Lagos L�pez, y de Prosecretario, el se�or Carlos Hoffmann Contreras. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:21, en presencia de 40 se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or VALD�S (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 13a, ordinaria, en 21 de julio del presente a�o, que no ha sido observada. El acta de la sesi�n 14a, ordinaria, en 3 de agosto, se encuentra en Secretar�a, a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n IV. CUENTA El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or HOFFMANN (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Catorce de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: Con el primero inicia un proyecto que modifica el decreto supremo N� 294, de 1984, del Ministerio de Obras P�blicas, que fij� el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N� 15.840, org�nica de ese Ministerio, y del decreto con fuerza de ley N� 206, de 1960, Ley de Caminos. (Calificado de "simple" urgencia). --Pasa a la Comisi�n de Obras P�blicas. Con el segundo retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto de ley que autoriza la designaci�n de Ministros de Corte de Apelaciones reemplazantes y dispone nombramiento de Ministros en Visita para conocer procesos que indica. --Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Con el tercero y el cuarto hace presente la urgencia, en el car�cter de "simple", a los siguientes proyectos: 1.- El relativo a la protecci�n, fomento y desarrollo de los pueblos ind�genas. 2.- El que sustituye la ley N� 18.933, sobre instituciones de salud previsional. --Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Con el quinto retira y hace presente nuevamente la urgencia, en el car�cter de "suma", al proyecto de ley que otorga facilidades a extranjeros residentes. Con los nueve siguientes retira y hace presente nuevamente la urgencia, en el car�cter de "simple", a los siguientes proyectos: 1.- El que reprime des�rdenes y hechos de violencia en los estadios y otros centros deportivos, con ocasi�n de espect�culos p�blicos. 2.- El que modifica el C�digo Civil en materia de r�gimen patrimonial del matrimonio. 3.- El que sanciona el tr�fico il�cito de estupefacientes y sustancias psicotr�picas y sustituye la ley N� 18.043. 4.- El que crea la Escuela Judicial. 5.- El que define conductas de violencia intrafamiliar. 6.- El relativo a los derechos de los consumidores y que deroga diversas disposiciones legales. 7.- El que modifica las leyes de Mercado de Valores, de Administraci�n de Fondos Mutuos, de Fondos de Inversi�n, de Fondos de Pensiones, de Compa��as de Seguros y otras materias que indica. 8.- El que modifica la ley N� 4.601, de Caza, a fin de proteger la fauna. 9.- El que faculta a los trabajadores de la Empresa de Correos de Chile y a los vigilantes de la Empresa Portuaria de Chile para negociar colectivamente. --Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios Tres de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobaci�n al proyecto de ley que modifica diversas plantas de personal y establece otras normas en materia de personal de la Administraci�n del Estado. (Calificado de "suma" urgencia). --Pasa a la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, y a la de Hacienda, en su caso. Con el segundo comunica que ha otorgado su aprobaci�n al proyecto de ley que regula el establecimiento de criaderos de ganado en �reas cercanas a localidades rurales. --Pasa a la Comisi�n de Agricultura. Con el tercero comunica que ha dado su aprobaci�n a la proposici�n formulada por la Comisi�n Mixta constituida para proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas con ocasi�n de la tramitaci�n del proyecto de ley que faculta al Servicio Nacional de Turismo para integrar personas jur�dicas de derecho privado que tengan por finalidad la promoci�n del turismo en el exterior. (Calificado de "simple" urgencia). --Queda para tabla. Del se�or Ministro de Relaciones Exteriores, con el que responde un oficio del Honorable se�or Lagos, relativo a la vinculaci�n diplom�tica y comercial de nuestro pa�s con la Rep�blica de Taiw�n. Del se�or Ministro de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Ortiz, respecto al problema que afecta a los mariscadores de orilla, en la Und�cima Regi�n, en cuanto a la extracci�n del recurso loco. Dos del se�or Ministro de Educaci�n: Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Vodanovic, atinente al estado de avance del proyecto de ley que establece un Estatuto para el Personal No Docente de los establecimientos educacionales municipalizados. Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Navarrete, referido al d�ficit que afecta al Departamento de Educaci�n de la Municipalidad de Galvarino, Novena Regi�n. Del se�or Ministro de Obras P�blicas, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Romero, tocante al proyecto que traslada la Aduana de Los Andes al sector de Coquimbito, Quinta Regi�n. De la se�ora Ministra de Vivienda y Urbanismo, subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Ortiz, sobre las dificultades que tendr�an los pobladores de la Und�cima Regi�n para acceder a los sistemas de subsidio a la vivienda. Del se�or Subsecretario de Hacienda con el que responde dos oficios enviados en nombre del Honorable se�or Arturo Frei, respecto a la posibilidad de otorgar financiamiento para la construcci�n de dos escuelas en las comunas de Talcahuano y Hualqui, Octava Regi�n. Del se�or Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Lagos y remite n�mina de las personas que iniciaron tr�mites para acogerse a jubilaci�n en la Primera Regi�n, en la oportunidad que indica. Del se�or Director del Servicio de Salud San Felipe Los Andes, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Romero, en cuanto al n�mero de funcionarios que cumplen funciones administrativas, no obstante tener cargos de auxiliares en los hospitales de su jurisdicci�n. Del se�or Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ca�ete, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Ruiz-Esquide, acerca de los terrenos de que dispondr�a ese Municipio para la construcci�n de un consultorio de atenci�n primaria. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Dos del se�or Presidente de la Comisi�n de Vivienda y Urbanismo: Con el primero, solicita el acuerdo de la Sala para que el proyecto, en primer tr�mite, que modifica la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, enviado a las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y de Vivienda y Urbanismo, unidas, sea estudiado juntamente con el proyecto, iniciado en moci�n del Honorable se�or Arturo Frei, referente a los an�lisis t�cnicos requeridos para el otorgamiento de los permisos de edificaci�n y urbanizaci�n contemplados en la Ordenanza General de Construcci�n y Urbanizaci�n, sobre la base de que ambos versan sobre materias semejantes. Con el segundo, pide recabar el acuerdo de la Sala para archivar el proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que crea un mecanismo legal para que las administradoras de fondos de pensiones financien la adquisici�n de vivienda de sus afiliados, en atenci�n a que recae en un tema resuelto en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que establece normas para arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. --Se accede a lo solicitado. Informes De la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, acerca del proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Dos de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento: El primero, reca�do en el proyecto de reforma de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, en segundo tr�mite, relativo a la duraci�n del mandato del Presidente de la Rep�blica. (Calificado de "suma" urgencia). El segundo, tocante al proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, sobre carrera funcionaria de los jueces, funcionarios auxiliares de la Administraci�n de Justicia y empleados del Poder Judicial. De la Comisi�n de Educaci�n y Cultura, referente al proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que autoriza erigir monumentos en homenaje a la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, en las ciudades de La Serena y Vicu�a. --Quedan para tabla. Solicitud De la se�ora Rosa Elvira Carrasco Campa�a, con la que pide la rehabilitaci�n de su ciudadan�a. --Pasa a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or VALD�S (Presidente).- Los Comit�s han acordado que en la sesi�n especial citada para ma�ana, de 10:15 a 14, se traten la iniciativa de reforma tributaria y, en seguida, la que modifica la Carta en lo atinente a la duraci�n del mandato presidencial, y que en la sesi�n ordinaria de la tarde la Sala se ocupe, en primer lugar, en el proyecto que sustituye la ley N� 18.933, sobre instituciones de salud previsional, y, luego, en el relativo a la carrera funcionaria del Poder Judicial. En esa segunda sesi�n, y a partir de las 18, el Presidente del Consejo del Banco Central de Chile rendir� la cuenta anual dispuesta por la Ley Org�nica Constitucional de esa entidad. La Comisi�n Especial de Presupuestos se constituir� al t�rmino de la sesi�n especial citada para ma�ana, a fin de estar preparada para recibir el proyecto de Ley de Presupuestos del pr�ximo a�o, que ser� presentado al Parlamento el 15 del mes en curso. V. ORDEN DEL D�A PROTECCI�N, FOMENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS IND�GENAS El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley de la C�mara de Diputados, iniciado por un mensaje del Presidente de la Rep�blica, que establece normas sobre protecci�n, fomento y desarrollo de los ind�genas, con segundo informe de la Comisi�n Especial de Asuntos Ind�genas. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 31a, en 9 de marzo de 1993. Informes de Comisi�n: Comisi�n Especial de Asuntos Ind�genas, sesi�n 10a, en 13 de julio de 1993. Hacienda, sesi�n 10a, en 13 de julio de 1993. Comisi�n Especial de Asuntos Ind�genas (segundo), sesi�n 20a, en 31 de agosto de 1993. Discusi�n: Sesi�n 12a, en 20 de julio de 1993 (se aprueba en general). El se�or LAGOS (Prosecretario).- La Comisi�n, para los efectos de lo dispuesto en el art�culo 124 del Reglamento, deja constancia, en primer t�rmino, de que los art�culos 5�, 6�, 11, 22, 24, 25, 29, 32, 35, 36, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65 y 71 permanentes, al igual que los art�culos 2�, 3�, 4�, 5�, 6� y 9� transitorios, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. --Quedan aprobados. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones algunos art�culos que requieren qu�rum de ley org�nica constitucional -tal es el caso de los signados con los n�meros 19, 41, 42, 55 y 57 permanentes, y 1� y 10 transitorios- y el art�culo 18, que exige qu�rum calificado. Luego, la Comisi�n consigna las indicaciones aprobadas, las aprobabas con modificaciones y las rechazadas. Al respecto, cabe recordar que la renovaci�n puede plantearse por el Presidente de la Rep�blica o por D�EZ o m�s se�ores Senadores. En seguida, se deja constancia en el informe de que, conforme al art�culo 74 de la Constituci�n Pol�tica, se ofici� a la Excelent�sima Corte Suprema para que emitiera nuevamente pronunciamiento -ya lo hab�a hecho a requerimiento de la C�mara de Diputados- respecto de los art�culos 16 y 17 del proyecto, por cuanto, seg�n la Comisi�n, fueron objeto de modificaciones sustanciales. Luego se se�ala qu� otros art�culos, aparte los mencionados, requieren para su aprobaci�n qu�rum de ley org�nica constitucional (es decir, cuatro s�ptimas partes de los Senadores en ejercicio, que en este momento son 25) y cu�les qu�rum calificado (23 votos). El se�or VALD�S (Presidente).- Solicito autorizaci�n para que, estando presente el se�or Ministro de la Cartera, ingrese a la Sala el Subsecretario General de Gobierno, don Edgardo Riveros, quien ha participado en todo el estudio del proyecto. --Se accede. El se�or VALD�S (Presidente).- En discusi�n particular el proyecto. Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).- Se�or Presidente, quiero hacer presente al Senado que el proyecto, en opini�n del Gobierno, llega a su discusi�n particular en esta Sala con progresos muy importantes. En efecto, el tr�mite en el Senado lo ha mejorado en aspectos sustanciales, para lo cual se ha contado con unanimidad en la Comisi�n respectiva. Har� una relaci�n muy sucinta de los principales aportes de esta Corporaci�n que deber�n ser resueltos y, si es necesario, votados en la Sala. Primero, se solucion� bien un problema que al principio pudo tener mucho sesgo ideol�gico o doctrinario: el modo de denominar a los grupos ind�genas. Hubo un largo debate en la C�mara de Diputados en cuanto a la expresi�n "pueblos ind�genas" y su pertinencia. El Senado solucion� acertadamente el punto al incorporar la palabra "etnia" para denominar a los grupos ind�genas. Segundo, en la C�mara Baja se dio a la Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena, cuya creaci�n se propone en la iniciativa, un papel muy determinante en el reconocimiento de la calidad de ind�gena. En el Senado se modific� el proyecto positivamente, estableci�ndose -esperamos que sea aprobado- que se reconoce la condici�n de ind�gena por el solo hecho de ser tal. Por tanto, la CONADI actuar� �nicamente a petici�n de parte para acreditar dicha calidad mediante un certificado. Tercero, en el Senado, tras un muy buen trabajo de la Comisi�n Especial, se ampli� el reconocimiento de la comunidad ind�gena hist�rico-sociol�gica al incorporarse el concepto de "poblado antiguo", lo cual permite incluir en esa categor�a a las comunidades ind�genas del norte del pa�s. Cuarto, se ha extendido la protecci�n de las tierras ind�genas en cuanto a que s�lo pueden ser enajenadas, embargadas, gravadas y adquiridas por prescripci�n "entre ind�genas de una misma etnia" y no -como fue aprobado por la C�mara Baja- "entre ind�genas", de manera de conservar la homogeneidad de dichas tierras conforme a la propiedad hist�rica de cada etnia. Quinto, se reformularon positivamente las disposiciones relativas al Fondo para Tierras y Aguas Ind�genas al orientarlas exclusiva e inequ�vocamente a la soluci�n de los problemas de tierras y aguas, y trasladar todos los otros objetivos al Fondo de Desarrollo Ind�gena, que tambi�n se prev� en el proyecto. Sexto, se ha entregado una importante nueva atribuci�n a la Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena al autorizarla para recibir del Estado tierras fiscales, derechos de aguas u otros bienes para transferirlos a comunidades o personas ind�genas. S�ptimo, se resolvi� -ser�, sin duda, un tema de controversia con la C�mara de Diputados; sin embargo, para ello debemos esperar el tercer tr�mite- cambiar la radicaci�n de la sede principal de la Corporaci�n a la ciudad de Temuco. Al respecto ha habido bastante debate, y probablemente lo habr� en este tr�mite en el Senado. Octavo, se ha establecido una relevante nueva funci�n de la Corporaci�n para actuar como �rbitro frente a controversias que se susciten entre miembros de alguna asociaci�n ind�gena. Noveno, desde el punto de vista administrativo, se crean dos Direcciones Regionales: una en la ciudad de Ca�ete, para atender a la Octava Regi�n, y otra en la de Osorno, para la D�cima. D�cimo, se incorpor� -es la novedad principal que tendremos en la discusi�n de este segundo informe- un p�rrafo completo -no estaba en el proyecto de ley original- sobre "Disposiciones Particulares Complementarias Referidas a la Etnia Rapa Nui o Pascuense". Cabe destacar al respecto la propuesta de creaci�n de una Comisi�n de Desarrollo de Isla de Pascua. Und�cimo, se cre� la categor�a de ind�genas migrantes, siendo tales los que tengan domicilio permanente en una zona rural distinta de aquella en que tradicionalmente se encuentran ubicadas las etnias a que se refiere la ley en proyecto. Presentamos la indicaci�n pertinente a ra�z de una particular sugerencia de los Parlamentarios de la Und�cima Regi�n. Por �ltimo, se establece un reconocimiento de la existencia de contratos de arrendamiento suscritos a largo plazo cuyas cl�usulas envolver�an una especie de enajenaci�n encubierta. Sobre el particular, se encarga a la Corporaci�n un estudio que deber� presentar al Ministerio de Justicia. Es la forma m�s com�n de enajenaci�n encubierta de las tierras ind�genas, respecto de la cual se busca una soluci�n institucional que, si bien no implica legislar sobre el fondo del problema, nos parece un m�todo adecuado. En s�ntesis, se�or Presidente, estamos muy satisfechos con el tr�mite del proyecto en el Senado, que est� por culminar. Cuando se envi� al Parlamento, se pens� que podr�a ser extraordinariamente controvertido y generar pol�micas o diferencias muy profundas. No ha sido as�. Su acogida fue un�nime en la C�mara de Diputados, y pr�cticamente, tambi�n en el Senado. Y manifestamos nuestra complacencia por ello. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Hago presente a la Sala que diversos art�culos no fueron objeto de indicaciones, ni de modificaciones, pero requieren para su aprobaci�n qu�rum de ley org�nica constitucional (o sea, los votos favorables de 25 se�ores Senadores), o qu�rum calificado (es decir, 23 votos afirmativos). --Por unanimidad, se aprueban los art�culos 18, 19, 41, 42, 55 y 57 permanentes y 1� y 10 transitorios, dej�ndose constancia, para los efectos del qu�rum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento 25 se�ores Senadores. El se�or LAGOS (Prosecretario).- La Comisi�n propone diversas modificaciones al proyecto aprobado en su primer informe, todas las cuales, excepto una, fueron acogidas por unanimidad. En el art�culo 1�, inciso segundo, sugiere por unanimidad sustituir la frase "que las principales" por "como principales" y la forma verbal "son" por la preposici�n "a", y agregar, a continuaci�n de la expresi�n "rapa nui", las palabras "o pascuenses". El se�or VALD�S (Presidente).- En discusi�n. Ofrezco la palabra. El se�or ALESSANDRI.- Se�or Presidente, la proposici�n en debate eman� de una indicaci�n del Senador se�or Thayer, signada con el n�mero 6, que fue aprobada en parte por unanimidad en la Comisi�n. De manera que podr�a acogerse en los mismos t�rminos. --Se aprueba. El se�or LAGOS (Prosecretario).- En seguida, la Comisi�n propone reemplazar el inciso tercero del art�culo 1� por el siguiente: "Es deber de la Sociedad en general y del Estado en particular, a trav�s de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los ind�genas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras ind�genas, velar por su adecuada explotaci�n, por su equilibrio ecol�gico y propender a su ampliaci�n.". Esta sugerencia, que tambi�n fue aprobada por unanimidad, corresponde a la indicaci�n n�mero 7. --Se aprueba. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Respecto del art�culo 2�, la Comisi�n propone reemplazar, en el encabezamiento, la forma verbal "considerar�" por "considerar�n". --Se aprueba. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, podr�amos dar por aprobadas las proposiciones un�nimes de la Comisi�n Especial y tratar s�lo la que acogi� por mayor�a. La se�ora FELI�.- Conforme. El se�or ZALD�VAR.- De acuerdo. El se�or ALESSANDRI.- Estoy de acuerdo, se�or Presidente. --Se aprueban todas las dem�s proposiciones acogidas por unanimidad en la Comisi�n, excepto las reca�das en los restantes art�culos que requieren qu�rum de ley org�nica constitucional (16, 17, 43, 44, 45, 46, 48 (nuevo), 49, 50 y 59 permanentes, y 7� transitorio) o calificado (12, 13, 15 y 17), o en aquellos respecto de los cuales se renovaron indicaciones (4�, 14, 17 y 38). El se�or LAGOS (Prosecretario).- Corresponde, en consecuencia, ocuparse en la indicaci�n n�mero 16, renovada con las firmas de la Honorable se�ora Frei y de los Senadores se�ores Ruiz De Giorgio, Palza, Sinclair, D�EZ, D�az, Pacheco, Thayer, Mc-Intyre y Martin, que propone sustituir el inciso segundo del art�culo 4� por el siguiente: "Se entender� que la mitad de los bienes pertenecen al marido y la otra mitad a su c�nyuge, a menos que conste que los terrenos han sido aportados por s�lo uno de los c�nyuges.". El se�or VALD�S (Presidente).- En discusi�n la indicaci�n renovada. Tiene la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, el art�culo 4� propende a que, fallecido el propietario ind�gena, la c�nyuge o las mujeres tendr�an los mismos derechos. La indicaci�n presentada al respecto se rechaz� por tres votos contra dos. Por eso la hemos renovado con las firmas reglamentarias. Quiero exponer sus fundamentos. El inciso segundo del art�culo 4� del proyecto, como asimismo los art�culos 14 y 17, buscan introducir una figura jur�dica impl�cita; esto es, dar reconocimiento legal a la pr�ctica polig�mica. Tal pretensi�n es, jur�dica y �ticamente, insostenible. En efecto, el C�digo Civil en su art�culo 102 define el matrimonio como "un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.". De esa definici�n capital se desprende que son propiedades esenciales del matrimonio la unidad y la indisolubilidad. Las normas propuestas atentan contra la unidad del matrimonio, ya que esta instituci�n supone la uni�n de un solo var�n con una sola mujer. A ella se opone la poligamia; es decir, la pluralidad simult�nea de nupcias. Poligamia es un t�rmino gen�rico que comprende la poliandria (uni�n de una mujer con varios varones), y la poliginia (uni�n de un var�n con varias mujeres). La poliandria es contraria al Derecho Natural, pues impide la educaci�n adecuada de los hijos desde el momento en que hace incierta la paternidad. Tanto la poliandria como la poliginia destruyen la paz y el orden de la familia y son, por lo tanto, contrarias, desde este aspecto, al Derecho Natural. Por otra parte, nuestro sistema legal reconoce efectos jur�dicos al concubinato, esto es, a "la uni�n de un hombre y de una mujer que mantienen relaciones sexuales y que comparten una vida en com�n". As� ocurre, por ejemplo, con el hijo ileg�timo que no tenga la calidad de natural: puede hacer uso del derecho a pedir alimentos al padre, o a ambos, cuando, hall�ndose comprobada la filiaci�n del hijo respecto de la madre, se acreditare que ella y el presunto padre han vivido en concubinato notorio y durante �l ha podido producirse legalmente la concepci�n (art�culo 280, N� 3, del C�digo Civil). Pero nuestro legislador, al dar efectos jur�dicos al concubinato, fue sumamente cuidadoso de no equiparar a la leg�tima c�nyuge con la concubina, pues de otra manera la unidad del matrimonio se esfumar�a y la fe debida entre c�nyuges, y solemnemente prometida, dejar�a de tener sentido. Por lo tanto, este proyecto de ley, al equiparar a la concubina con la c�nyuge, contraviene una piedra angular del Derecho Civil chileno, con grav�simas consecuencias para todo nuestro ordenamiento nacional. En efecto, debemos considerar, primero, que, seg�n el art�culo 14 del C�digo Civil, "la ley es obligatoria para todos los habitantes de la Rep�blica". Al establecer que para ciertos chilenos es v�lida la poligamia, y que para otros es obligatoria la monogamia, a pretexto de su origen �tnico, nada impedir� que en lo sucesivo, por ejemplo, algunos chilenos, a pretexto de su credo religioso, exijan id�ntica norma del legislador para respaldar sus pr�cticas polig�micas. As�, entonces, la ley dejar� de ser obligatoria para todos, y esta norma del art�culo 14 del C�digo Civil, que es un elemento esencial del Estado de Derecho, afectar� el art�culo 3� de la Constituci�n que prescribe que el Estado de Chile es unitario, siendo la unicidad del ordenamiento jur�dico elemento inseparable de la unicidad del Estado. En segundo lugar, si examinamos el n�mero 2� del art�culo 19 de la Carta Fundamental, comprobaremos que se viola la igualdad ante la ley, pues se establece una diferencia arbitraria entre dos sujetos de derecho, ambos chilenos, por el solo hecho de su origen �tnico, no en un punto adjetivo, sino que nada menos en la instituci�n matrimonial misma. En tercer lugar, el constituyente, al consignar en el inciso segundo del art�culo 1� que "la familia es el n�cleo fundamental de la sociedad" y que es deber del Estado "dar protecci�n a la poblaci�n y a la familia" y "propender al fortalecimiento de �sta", se refiere a la familia tal como est� configurada en el C�digo Civil, para todos los chilenos por igual, esto es, a la familia basada en el matrimonio monog�mico. De ello se desprende, asimismo, la inconstitucionalidad de una norma que establezca id�nticos derechos a todas las mujeres que tienen relaciones sexuales estables con un var�n de una determinada etnia, pues tal norma no da protecci�n a la familia ni la fortalece. Este precepto es grave y no debe examinarse con �nimo liviano o jocoso. En efecto, bien dice Arist�teles en su �tica a Nic�maco que "un peque�o error en el principio es a la postre D�EZ mil veces mayor". Contribuir a erosionar para miles y miles de chilenos los valores del matrimonio monog�mico producir� nefastos males sociales no s�lo para todo el pa�s, sino para los mismos a quienes se busca favorecer. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).- Se�or Presidente, el Gobierno es partidario del art�culo tal como fue aprobado en la Comisi�n, y no considera que pueda estar relacionado con una legislaci�n sobre la poligamia. B�sicamente, pretende establecer ciertos criterios en materias sucesorias, y no se pronuncia sobre las formas de constituci�n familiar de las etnias ind�genas, algunas de las cuales tienen siglos de antig�edad. Debe tenerse en cuenta, adem�s, que no estamos proponiendo una norma nueva, sino que nos hemos limitado a reiterar una aprobada por el Parlamento en 1931, la que desde esa fecha ha venido siendo reproducida en todos los cuerpos legales posteriores, y cuya finalidad, como dije, es la de evitar confusiones que, en materia sucesoria a la muerte del c�nyuge, no podr�an ser resueltas de otra manera. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Soto. La se�ora SOTO.- Se�or Presidente, en verdad, el precepto ha tenido tambi�n la intencionalidad de proteger a la mujer, la que, sin esta disposici�n, quedar�a absolutamente indefensa. Y constituy� una de las principales razones por las cuales la Comisi�n aprob� mayoritariamente esta norma. Adem�s, hace extensivo ese beneficio a los hijos, quienes, al ser discriminados por carecer de padres unidos en matrimonio, pueden verse afectados gravemente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, la verdad es que podr�amos debatir y analizar profunda y extensamente las caracter�sticas de la sociedad y la familia y los aspectos que quienes no somos ind�genas consideramos elementales para el desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, es necesario precisar que en este momento nos corresponde discutir y examinar una norma legal cuya tendencia b�sica es la de proteger los aspectos esenciales de la cultura ind�gena. Y, debido a ello, la iniciativa da lugar a distintas aplicaciones no solamente en lo relativo a temas como el matrimonio, sino tambi�n en una diversidad de casos. Por ejemplo, el art�culo 54 -relativo a la costumbre ind�gena y su aplicaci�n en materia de justicia- consigna que "la costumbre hecha valer en juicio, entre ind�genas pertenecientes a una misma etnia, constituir� derecho.". O sea, en un tema como el de la justicia, que incluso reviste repercusi�n mucho m�s amplia que la propia concepci�n de la familia, estamos planteando una norma distinta, reconociendo, en el derecho, la costumbre de dicho pueblo. Por otra parte, tal como lo recordaba la Honorable se�ora Soto, esa situaci�n es verdadera y existe en la actualidad. No en la totalidad, por supuesto, de los hombres y mujeres que conforman las etnias ind�genas en nuestro pa�s, sino en ciertas jerarqu�as muy espec�ficas y en n�mero muy reducido. Por tal motivo, reconociendo los conceptos b�sicos que sobre el matrimonio se�ala el Honorable se�or D�az, debi�ramos constituir una serie de formas distintas de la aplicaci�n general de la ley. Y para ello es indispensable, a mi juicio, mantener la norma, la que, por lo dem�s, existe en la actual legislaci�n, ha estado vigente por muchos a�os, no ha tenido repercusiones negativas, no ha contribuido a la destrucci�n de los principios del resto de la sociedad y, finalmente, encauza una costumbre ancestral dentro de los pueblos ind�genas, la cual debe protegerse y respetarse. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, estamos debatiendo un punto sumamente delicado. El derecho espa�ol fue respetando la legislaci�n aut�ctona. En parte, hizo regir el derecho com�n de Espa�a y, en parte, el derecho especial para las Indias, aceptando el derecho aut�ctono en cuanto no se opon�a al derecho natural. Aqu� hay una cuesti�n que, como muy bien se�alaba el Honorable se�or D�az, compromete valores muy fundamentales de la Constituci�n. Si aceptamos que la monogamia o la poligamia, �sta en cualquiera de sus formas -poliginia o poliandria-, son indiferentes en cuanto al concepto de familia que contempla nuestra legislaci�n, estaremos adentr�ndonos en un terreno particularmente peligroso e incluso, a mi juicio, de dudoso car�cter constitucional. Por eso, si se desea hacer respetar, con fines econ�micos, normas muy acentuadas, deber� buscarse la redacci�n adecuada para que cualquiera expresi�n que se emplee se vincule, por ejemplo, con las mujeres -no con los c�nyuges-, o bien, se refiera al concubinato y regule los derechos especiales sobre esta materia. Todo cuanto diga relaci�n al aspecto econ�mico puede ser motivo de legislaci�n. Pero ser�a profundamente perjudicial destruir un requisito o distintivo consustancial al concepto de familia que rige en nuestro ordenamiento legal. �sa fue la raz�n que me movi� a suscribir la indicaci�n, que pido aprobar, a menos que se encuentre una redacci�n que evite el riesgo que presentaba la disposici�n que aqu� se pretende modificar. Por este motivo, tambi�n apoyo la indicaci�n n�mero 19, del Honorable se�or Cantuarias, que reconoce el derecho de los ind�genas a mantener su cultura, en cuanto no se oponga a la moral, a las buenas costumbres o al orden p�blico. Si ma�ana se descubren normas o costumbres que son ancestrales pero que contrar�an el orden p�blico, podr�an atenuarse las faltas y hasta buscarse eximentes. Pero no es posible destruir la esencia de lo que es el consenso jur�dico que nos rige. �sa es la raz�n que me induce a preferir la indicaci�n y a apoyarla. He dicho. El se�or PAPI.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Se�or�a. El se�or PAPI.- Se�or Presidente, s�lo deseo formular un breve alcance. Comparto y respeto las razones de diversa �ndole que llevan a mis Honorables colegas a replantear la indicaci�n en an�lisis y la conveniencia de cumplir con esta concepci�n monog�mica del matrimonio. Pero, m�s all� del hecho cierto de que aqu� hay una etnia con una tradici�n y cultura que todo aconseja preservar y respetar, debemos recordar que en nuestro pueblo �sta suele ser tambi�n una pr�ctica que la legislaci�n previsional reconoce en diversas situaciones. Ignoro si todav�a est�n vigentes o no las normas que regulaban la Caja de la Marina Mercante, pero en ellas se reconoc�a expresamente el concubinato. Y, en caso de fallecimiento del imponente, gozaban de los mismos beneficios, en t�rminos muy similares a los planteados en este proyecto, no s�lo la esposa que leg�timamente ostentaba esa condici�n, sino las mujeres de otras casas y hogares constituidos por quienes estaban afectos a esa Caja. De modo tal que no veo por qu� nos crea dificultades una situaci�n que de hecho la legislaci�n chilena ha recogido y que exist�a. En el ejemplo concreto de la Marina Mercante, no s� si todav�a subsiste; en todo caso, se reconoc�a en forma expresa la condici�n descrita. He dicho. El se�or NAVARRETE.- Pido la palabra. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Se�or�a. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, pienso que desviar�amos la discusi�n del proyecto si intent�ramos relacionar esta norma con experiencias hist�ricas o con antecedentes de otras leyes o de otros sectores. Sin perjuicio de los fundamentos de las intervenciones habidas, lo cierto es que hay que reconocer que estamos debatiendo una iniciativa legal para los pueblos ind�genas. Por lo tanto, se trata de establecer normas que regulen las relaciones entre ellos. Y el aspecto en debate forma parte de la cultura ind�gena, y, felizmente, va desapareciendo. Est� lejos de ser un hecho que haya tenido desarrollo o auge en el �ltimo tiempo; m�s bien, tiende a disiparse. Compartimos absolutamente las apreciaciones que hemos escuchado acerca del matrimonio y de lo que la poligamia representa como un mal antecedente para la sociedad, desde un punto de vista �tico y jur�dico. Pero se trata de rescatar situaciones concretas que a�n se viven en las comunidades ind�genas. Y, como se ha expresado, las normas al respecto est�n b�sicamente orientadas a defender a la mujer que vive en concubinato, que no ha contra�do nupcias, que no tiene una relaci�n matrimonial basada en la ley. Y, por lo tanto, al fallecer el hombre, se produce un conflicto de herencias. Y sabido es que el tema de la herencia ind�gena es complejo, porque nuestros abor�genes pretenden que todos resulten beneficiados, independientemente del padre, la madre, los hijos y los abuelos. Esto muchas veces se da incluso en personas de distintas comunidades. Por consiguiente, reconociendo la complejidad del sistema de herencia que existe en esas etnias, la mantenci�n de una norma que se arrastra desde 1931 -contemplada en el decreto N� 4.111 de ese a�o- no hace sino proteger a un n�mero significativo de mujeres. No podr�a decir cu�ntas son, pero existen. Y, naturalmente, sobre la base de una correcta vigilancia del fen�meno, en el futuro deber�amos hacer desaparecer una disposici�n como �sta, por lo lesiva que puede resultar desde el punto de vista de su presentaci�n como norma en un proyecto como el que estamos analizando, incluso respecto de los ind�genas. Pero eliminarla hoy significa, lisa y llanamente, dejar a las mujeres que viven en esta situaci�n desprovistas de un derecho que vienen manteniendo desde 1931. Y creo que eso es lo importante, se�or Presidente, m�s all� de los valores �ticos o religiosos que leg�timamente puedan esgrimirse, pero que en el caso particular est�n ciertamente alejados del prop�sito que inspira esta norma. He dicho. El se�or D�AZ.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, aqu� no estamos tocando asuntos �ticos o religiosos. Aparte cualquier creencia que podamos tener, simplemente estamos recurriendo al C�digo Civil. O sea, no es cuesti�n de ser agn�stico, creyente o de pertenecer a tal o cual religi�n. No es �se el asunto. El Honorable se�or Navarrete, refiri�ndose a la costumbre en comento, dijo en forma textual: "felizmente, va desapareciendo.". Si el se�or Senador estima que no es buena, y que, felizmente, va desapareciendo, ayudemos a que definitivamente se acabe. Lo vamos a lograr con la disposici�n que nos ocupa. El se�or NAVARRETE.- �Me permite una interrupci�n, Honorable colega? El se�or D�AZ.- Con la venia de la Mesa, con todo gusto, se�or Senador. El se�or NAVARRETE.- Ocurre, se�or Presidente, que no se quiere entender. La situaci�n existe, y eliminar la norma que legisla al respecto significar� dejar a esas mujeres en la indefensi�n. Me alegro mucho de que est� desapareciendo, pero hay una realidad concreta, que se vive en las comunidades ind�genas. Y mientras ello ocurra, considero bueno mantener el precepto. Ya llegar� el minuto en que realidades como �sta dejen de tener vigencia y, por lo tanto, no sea necesaria esta disposici�n; pero, mientras exista, me parece absolutamente importante mantenerla. Gracias, se�or Senador. El se�or D�EZ.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or D�AZ.- Con la anuencia del se�or Presidente, le concedo una interrupci�n al Honorable se�or D�ez. En todo caso, con posterioridad a ella, contin�o con el uso de la palabra. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la verdad es que, frente a situaciones de hecho, estamos discutiendo algo que no reviste mayor relevancia. Porque la jurisprudencia ha reconocido siempre las sociedades patrimoniales o matrimoniales de hecho como sociedades de bienes -y las liquida-, entre personas que han tenido una vida com�n, y se ha procedido con mucha amplitud al juzgar la prueba en este tipo de sociedades, sin haberse presentado dificultades. En cambio, considero muy serio dar, sobre un aspecto que carece de trascendencia, una se�al equivocada, en el sentido de indicar que la legislaci�n chilena permite este tipo de uniones y que, adem�s, las estimamos una valiosa tradici�n ind�gena que deseamos conservar. No es as�. Tal modalidad est� siendo abandonada. Son muy pocas las situaciones que se presentan (conozco un par de casos). No vale la pena legislar sobre ello; la jurisprudencia no ha cometido injusticias. Y, por el contrario, creo peligroso dar una se�al que afecta, de alguna manera, al grado en que el Estado y la ley protegen o prestigian el matrimonio. Por las razones expuestas, con todo gusto contribu� a renovar la indicaci�n del Honorable se�or D�az, quien gentilmente me concedi� una interrupci�n. Muchas gracias, se�or Senador. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- Recalco que no se trata de un aspecto �tico-religioso, sino de un asunto regido por el C�digo Civil. Y como los ind�genas son chilenos, est�n sujetos a su normativa. En seguida, la poliandria y la poliginia son producto de �pocas especiales. Por ejemplo, la poliandria -cuando hay una mujer para varios varones- surge por una situaci�n derivada de enfermedades y de pestes: la necesidad de perpetuaci�n de la especie humana y de la raza. Y cuando hay un var�n con varias mujeres, se presenta tal condici�n a la inversa, por sucesos hist�ricos que la hacen necesaria en un momento dado. Incluso -ya que estamos hablando de asuntos �ticos o religiosos-, seg�n el Antiguo Testamento, los varones ten�an varias mujeres, porque hab�a que continuar la procreaci�n para perpetuar la especie. Era una situaci�n avalada por todas las leyes de la �poca; y algunos pa�ses a�n la mantienen. Pero aqu�, en Chile, desde el momento en que el C�digo Civil habla del matrimonio monog�mico, todos debemos sujetarnos a dicho texto y a la Constituci�n. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. La se�ora FELI�.- Se�or Presidente, respecto de esta materia hay dos indicaciones renovadas. Una originariamente presentada por el Honorable se�or D�az, y otra que corresponde a tres indicaciones coincidentes, que formularon los Honorables se�ores Prat y D�EZ y la Senadora que habla, respectivamente. Tienen diferencias en cuanto a la forma. Esta �ltima tiene por objeto suprimir la frase relativa a varias mujeres. En cambio, la n�mero 16, del Honorable se�or D�az, tambi�n renovada, se�ala la manera de repartir los bienes. Dice as�: "Se entender� que la mitad de los bienes pertenecen al marido y la otra mitad a su c�nyuge, a menos que conste que los terrenos han sido aportados por s�lo uno de los c�nyuges.". El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votaci�n. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Est� en votaci�n la indicaci�n N� 16, renovada, que tiene por objeto sustituir el texto del inciso segundo del art�culo 4� por el que se acaba de leer. --(Durante la votaci�n). La se�ora FELI�.- Se�or Presidente, votar� a favor de la indicaci�n, sobre la base de lo argumentado por los Senadores se�ores D�az y D�ez. Adem�s, quiero hacer presente que, en todo caso, la redacci�n del art�culo no sirve para el fin planteado, porque dejar�a en desigualdad de condiciones a la mujer que en alguna oportunidad ha convivido con la persona fallecida, en perjuicio de sus derechos; y la norma s�lo se refiere a la situaci�n vigente al momento del deceso de �sta. Por otra parte, al no reglar el sistema y partir del supuesto de que esa uni�n es igual a un matrimonio, la disposici�n tampoco establece alguna condici�n, lo que constituye un inconveniente. Por ejemplo, una de las mujeres puede tener un v�nculo matrimonial no disuelto con alguien, y poseer derechos hereditarios en los bienes de ese tercero. Asimismo, me parece inconveniente -reitero, por las razones se�aladas- al no poner l�mites. Al respecto, deseo recordar lo indicado en cuanto a que en algunos reg�menes previsionales existir�an disposiciones que reconocen igualdad de derechos. En verdad la �nica que conozco sobre el tema es el art�culo 24 de la ley N� 15.386, el cual fija condiciones para obtener el beneficio que otorga, al consignar que "La madre de los hijos naturales del imponente, soltera o viuda," -ya que no puede tener un v�nculo matrimonial no disuelto con otra persona- "que estuviere viviendo a las expensas de �ste, y siempre que aqu�llos hubieren sido reconocidos por el causante con tres a�os de anterioridad a su muerte o en la inscripci�n del nacimiento, tendr� derecho a una pensi�n de montep�o", etc�tera. Luego, en los casos en que se reconoce tal situaci�n de hecho, el legislador ha cuidado de poner alguna limitaci�n o la exigencia de ciertas condiciones. Nada de eso se hace en el proyecto en an�lisis, por lo cual es malo en cuanto al fondo, y adem�s, en la forma, por no exigir condici�n alguna. Por todas estas consideraciones, voto a favor de la indicaci�n. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, votar� en contra, por estar absolutamente convencido de que si deseamos una ley ind�gena, en el sentido m�s lato del t�rmino, debemos ser capaces de aprender que en nuestro pa�s existen varias culturas aut�ctonas. Y tengo la impresi�n de que la iniciativa en an�lisis est� sesgada, por cuanto discurre b�sicamente sobre el pueblo mapuche. En Chile existen otras etnias y culturas, como lo consigna la propia ley en proyecto. El pueblo aimara es tan rico en tradiciones y visiones culturales como puede serlo el mapuche. Hay otros, como el pascuense, de largas y muy profundas tradiciones respecto de temas como el matrimonio, la familia, etc�tera. A mi juicio, de alguna manera se est� sesgando con una visi�n que m�s bien corresponde a la cultura judeocristiana occidental, la cual no tiene por qu� aplicarse a pueblos que no la vivieron, y que, aun cuando en ellos hoy exista un proceso de interculturaci�n profundo, todav�a mantienen tradiciones que debemos ser capaces de respetar. El se�or ZALD�VAR.- Se�or Presidente, entiendo la intenci�n de la indicaci�n que estamos votando; pero creo que, de aprobarse, entrar� en contradicci�n con el inciso primero del art�culo 4�, conforme al cual "Para todos los efectos legales, la posesi�n notoria del estado civil de padre, madre, c�nyuge o hijo se considerar� como t�tulo suficiente para constituir en favor de los ind�genas los mismos derechos y obligaciones que, conforme a las leyes comunes, emanen de la filiaci�n leg�tima y del matrimonio civil.". Por lo tanto, �ah� est� la norma general para el pueblo ind�gena, reconoci�ndole sus plenos derechos por la sola posesi�n notoria del estado civil! El inciso segundo, que se propone reemplazar, podr�a traer un conflicto e incluso modificar la jurisprudencia a que se refer�a el Honorable se�or D�EZ, al decir expresamente: "Se entender� que la mitad de los bienes pertenecen al marido y la otra mitad a su c�nyuge". �Qu� sucede con la o las otras mujeres que hayan vivido en posesi�n notoria de estado civil de c�nyuge de ese ind�gena? Es decir, estar�amos estableciendo una disposici�n que har�a retroceder incluso la propia jurisprudencia que ha sido sabia en ese sentido -seg�n creo-, como se�al� el Senador se�or D�ez. Por lo tanto, no me atrevo a apoyar la indicaci�n, por creer que ella provocar�a algo contradictorio con el inciso primero. No puedo votar, por estar pareado; pero, si hubiera podido lo habr�a hecho en contra. --Se aprueba la indicaci�n renovada (18 votos contra 11 y 3 pareos). Votaron por la afirmativa los se�ores D�az, D�ez, Feli�, Fern�ndez, Huerta, Larre, Lavandero, Martin, Mc-Intyre, Palza, Pi�era, Prat, Romero, Ruiz (don Jos�), Siebert, Sinclair, Thayer y Urenda. Votaron por la negativa los se�ores Calder�n, Cantuarias, Frei (don Arturo), Gonz�lez, Navarrete, N��ez, Papi, R�os, Ruiz-Esquide, Soto y Sule. No votaron, por estar pareados, los se�ores Ortiz, P�rez y Zald�var. El se�or LAGOS (Prosecretario).- La indicaci�n N� 17 y 18, renovada con las firmas de los Senadores se�ores Fern�ndez, Feli�, Huerta, D�az, Mc-Intyre, Martin, Sinclair, Larre, Cantuarias y Pacheco, para suprimir, en el inciso segundo del art�culo 14, la frase "o a todas ellas por iguales, cuando fueren varias", no requiere votarse, por cuanto la supresi�n que propone ya se hizo en la aprobada anteriormente. La indicaci�n N� 50 incide en el art�culo 14 -fue renovada por los mismos se�ores Senadores que firmaron la N� 16- para sustituirlo por el siguiente: "Tanto en las enajenaciones entre ind�genas como en los grav�menes a que se refiere el art�culo anterior, el titular de la propiedad deber� contar con la autorizaci�n establecida en el art�culo 1.749 del C�digo Civil, a menos que se haya pactado separaci�n total de bienes. La omisi�n de este requisito acarrear� la nulidad del acto.". El se�or URENDA (Vicepresidente).- En discusi�n. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votaci�n. --(Durante la votaci�n). La se�ora FELI�.- Se�or Presidente, estamos todos de acuerdo. La indicaci�n fue acogida por la Comisi�n; y en los mismos t�rminos aparece como art�culo 14. El se�or URENDA (Vicepresidente).- No, se�ora Senadora. La se�ora FELI�.- �Cu�l es la variaci�n? Por lo dem�s, hay indicaci�n renovada. El se�or URENDA (Vicepresidente).- La indicaci�n N� 50, que se renov�, es semejante pero no igual al art�culo 14 aprobado por la Comisi�n; tiene algunas diferencias. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Hay una frase que se suprime del art�culo. El se�or URENDA (Vicepresidente).- En efecto, se elimin� la expresi�n "y en caso de no existir matrimonio civil, deber� contar con la autorizaci�n de la mujer con la cual ha constituido familia.". �sa es la diferencia entre la indicaci�n renovada y lo aprobado por la Comisi�n. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, yo vot� en contra de la indicaci�n que incid�a en el art�culo 4�. Y debo entender que la que estamos considerando es coherente con aqu�lla. De manera que se producir�a una contradicci�n absurda si rechaz�ramos �sta. De ser as�, y si lo entiendo bien, yo pedir�a que la aprob�ramos, para ser coincidente con la otra. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Deseo hacer presente que hay diferencias, porque bien podr�a tratarse de un ind�gena soltero que vive con una mujer; el otro caso ser�a de poligamia. El se�or D�EZ.- Pido la palabra. El se�or NAVARRETE.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Creo que estamos ante dos situaciones distintas. Y el haber aprobado la indicaci�n renovada anterior no ser�a contradictoria con el rechazo de �sta, por ser coincidente con la jurisprudencia que cit�bamos. El art�culo 14 dispone: "Tanto en las enajenaciones entre ind�genas como en los grav�menes a que se refiere el art�culo anterior, el titular de la propiedad deber� contar con la autorizaci�n establecida en el art�culo 1.749 del C�digo Civil, a menos que se haya pactado separaci�n total de bienes," -esto se refiere al caso en que haya matrimonio- "y en caso de no existir matrimonio civil, deber� contar con la autorizaci�n de la mujer con la cual ha constituido familia.", etc�tera. Creo que tal como se presenta la norma, est� bien, porque protege los derechos de la mujer unida a un hombre pero sin constituir matrimonio civil, sino celebrado conforme a las tradiciones del caso en la cultura de las etnias originarias; pero no son contradictorias. Por lo anterior, voy a rechazar la indicaci�n renovada y a mantener el art�culo 14 propuesto por la Comisi�n, pues lo considero amplio, generoso y justo. El se�or URENDA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Senador se�or Navarrete. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, creo que al presentar las indicaciones en un solo documento, probablemente se quiso hacer coincidir el criterio en que cada una de ellas se fundament�. Pero tengo la impresi�n de que al menos algunos de los se�ores Senadores patrocinantes, en lo que se refiere a la modificaci�n del art�culo 14, entienden perfectamente que se trata de cosas diferentes, muy distintas. Quiz�s si hasta sea posible no votar la indicaci�n, y llamar�a a que se considerara su retiro. S�lo si ella se mantuviera habr�a que proceder a la votaci�n. El se�or URENDA (Vicepresidente).- El se�or Presidente de la Comisi�n ha sugerido el retiro de la indicaci�n renovada, por razones en las que tambi�n ha coincidido el Honorable se�or D�ez. �Estar�a de acuerdo el Senador se�or D�az? El se�or D�AZ.- Accedo al retiro, se�or Presidente. --Queda retirada la indicaci�n renovada, y el art�culo, aprobado seg�n la norma general de procedimiento. El se�or LAGOS (Prosecretario).- La siguiente indicaci�n, renovada por los mismos se�ores Senadores, es para reemplazar el inciso s�ptimo del art�culo 17 por el siguiente: "El derecho real de uso as� constituido ser� transmisible s�lo al c�nyuge. En lo dem�s, se regir� por las normas del C�digo Civil. Si se constituye a t�tulo gratuito estar� exento del tr�mite de insinuaci�n.". El se�or URENDA (Vicepresidente).- Evidentemente, se produce aqu� la misma situaci�n que en el caso anterior. Se trata de la alternativa de transmitir el derecho de uso a quien demuestra posesi�n notoria del estado de c�nyuge. Si le parece a la Sala, con el mismo criterio precedente, podr�a solicitarse el retiro de la indicaci�n a los se�ores Senadores que la renovaron. --Queda retirada la indicaci�n, y el art�culo, aprobado seg�n la norma general de procedimiento. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Finalmente, corresponde pronunciarse sobre la indicaci�n N� 87, renovada por los Honorables se�ores Lagos, Palza, Carmen Frei, Thayer, Feli�, Huerta, Martin, Mc-Intyre, N��ez y P�rez, para modificar el art�culo 38, reemplazando la �ltima oraci�n del inciso primero por la siguiente: "Tendr� su domicilio y sede principal en la ciudad donde deba residir el Presidente de la Rep�blica.". El se�or NAVARRETE.- �Lleg� oportunamente a la Mesa esa indicaci�n? La se�ora FREI.- S�; oportunamente, se�or Senador. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Lleg� dentro del plazo, Su Se�or�a. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, al tratarse este precepto en la Comisi�n, se tom� como fundamento la distribuci�n del universo ind�gena en el territorio. Resulta que, de cerca de las 800 mil personas que lo constituyen, unas 700 mil o m�s viven en la zona comprendida entre las Regiones Octava, Novena y D�cima. Esa fue la raz�n principal para tratar de acercar la CONADI a la gente que tiene necesidad de recurrir a sus servicios. Si tomamos en cuenta que casi el 90 por ciento de la poblaci�n ind�gena tendr� que acudir a esas oficinas para resolver situaciones que la afectan, debe considerarse que viajar desde Lumaco a Temuco es bastante m�s f�cil que trasladarse desde all� hasta Santiago. Por consiguiente, es necesario facilitar las cosas al gran sector ind�gena chileno ubicado en las Regiones indicadas. �sa fue la base de la decisi�n adoptada, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, estoy de acuerdo con lo expresado por el Honorable se�or D�az, en el sentido de que es conveniente mantener la sede principal en la ciudad de Temuco. No solamente pesa el hecho de que el mayor n�mero de ind�genas vive en las Regiones Octava, Novena y D�cima, sino, adem�s, la circunstancia de que es en la Regi�n de la Araucan�a donde la extrema pobreza est� m�s difundida, y su n�cleo se ubica precisamente en los sectores mapuches. No ocurre lo mismo en otras Regiones. De manera que, para atender debidamente a esta etnia mayoritaria, se hace indispensable que la sede principal de CONADI se establezca en la ciudad de Temuco. Por lo tanto, voy a respaldar el mantenimiento de esa sede en dicha ciudad. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la Comisi�n acogi� por unanimidad, desde el comienzo, la idea de que la sede principal de CONADI funcionara en Temuco, tomando en cuenta, primero, la proporci�n num�rica del pueblo mapuche en relaci�n a la de las restantes etnias originarias. El servidor p�blico debe estar cerca de las personas que necesitan de su asistencia. Por eso, no s�lo aprobamos esa indicaci�n, sino tambi�n las siguientes del Presidente de la Rep�blica para reglamentar la ubicaci�n de las Subdirecciones Nacionales en forma de dejar cubierto todo el pa�s. No miremos esta indicaci�n solamente en cuanto establece la sede principal de CONADI en Temuco; ve�mosla en conjunto con las signadas con los n�meros 90, 91, y 92, del Ejecutivo, la primera; de la Honorable se�ora Frei, la segunda, y de los Senadores se�ores Larre, Siebert y Vald�s, la �ltima. La Comisi�n aprob� tambi�n estas indicaciones por unanimidad, con la �nica enmienda del cambio de una referencia a la Novena Regi�n por otra a la Octava, debido a razones de redacci�n. La se�ora FREI.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or D�EZ.- Rectifico, se�or Presidente. He cometido un error. La indicaci�n N� 91, de la Honorable se�ora Frei, fue rechazada por la Comisi�n, porque entendimos que la N� 90, del Ejecutivo, al disponer que una Subdirecci�n Nacional quedar�a en Iquique, y las Oficinas de Asuntos Ind�genas, en Arica y San Pedro de Atacama, dejaba cubierta la zona norte. De esta manera, nos sometimos a la idea de que la oficina principal se situara cerca del pueblo mapuche, y que a la vez correspondiera a la planificaci�n administrativa que hab�a elaborado el propio Presidente de la Rep�blica. As� fue despachado el art�culo en la Comisi�n, y por unanimidad. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Esta indicaci�n aparece en el bolet�n, pero no la encuentro en el texto propuesto por la Comisi�n. Tiene la palabra la Honorable se�ora Frei. La se�ora FREI.- Se�or Presidente, mucho respeto la opini�n de los se�ores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra; pero estoy en desacuerdo con ella. Sus Se�or�as afirman que hay mucha distancia entre determinado pueblo de esa zona y la ciudad de Temuco. F�cil es imaginar, entonces, lo lejos que queda esta ciudad para un atacame�o. Entiendo muy bien que cada se�or Senador se afane por su respectiva Regi�n; pero hay que tener en cuenta que las etnias del norte -atacame�a y aimara- tambi�n tienen derecho a estar cerca de la sede central del servicio que atender� la soluci�n de sus problemas. Present� una indicaci�n para que esta sede se ubicara en Antofagasta, pero ella fue rechazada. Por eso acepto la idea de que haya una Oficina en San Pedro de Atacama. En realidad, la entidad principal, a cargo de la direcci�n de todos los asuntos ind�genas, deber�a situarse, a mi juicio, donde reside el Poder Ejecutivo; necesita la m�s pr�xima relaci�n con el Gobierno central. Debe atenderse a los pueblos del norte, a cuyos habitantes les ser� extremadamente dif�cil viajar a Temuco. Por otra parte, si hubi�ramos de atenernos al n�mero de habitantes, todo tendr�a que funcionar en Santiago. El hecho de que haya m�s gente de la raza mapuche en el sur no es lo que nos mueve, puesto que tambi�n la hay en Santiago y en otras partes del pa�s. Pido el mismo respeto para otras etnias, a las que se les dificultan todos los tr�mites. Quiero traer a recuerdo que, cuando se hizo la distribuci�n de las becas, el pueblo atacame�o pr�cticamente no las recibi�. En tales circunstancias, nadie me va a decir que este proyecto otorga un tratamiento parejo. Propicia, en muchos aspectos, un centralismo que favorece al pueblo mapuche en desmedro de otras etnias que son tanto o m�s antiguas que aqu�lla, y que tambi�n han aportado cultura y tradiciones muy valiosas para nuestro pa�s. El se�or D�EZ.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede usar de ella Su Se�or�a. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, aqu� hay una confusi�n incluso en la informaci�n que nos dio el se�or Presidente. El art�culo 38 dice: "Existir�n dos Subdirecciones Nacionales: una en la ciudad de Temuco para la VII, IX y X regiones y otra en la ciudad de Iquique para la I y II regiones. La Subdirecci�n Nacional de Temuco tendr� a su cargo una Direcci�n Regional con sede en Ca�ete y otra con sede en Osorno para atender a la VIII y X regiones respectivamente. La Subdirecci�n Nacional de Iquique tendr� a su cargo Oficinas de Asuntos Ind�genas en Arica y San Pedro de Atacama. Existir�n, adem�s, Oficinas de Asuntos Ind�genas en Santiago, Isla de Pascua y Punta Arenas.". �Cu�l es el sentido de la norma que mereci� la aprobaci�n de la Comisi�n por unanimidad, y la del Poder Ejecutivo? La direcci�n nacional permanecer� all�, en Temuco, donde est� el 80 por ciento de los ind�genas originarios, de los chilenos de origen mapuche. Y las dos Subdirecciones Nacionales y las Oficinas de Asuntos Ind�genas estar�n donde hay menos presencia, con capacidad suficiente (como se nos explic� en la Comisi�n) para atender a las necesidades de la zona correspondiente. Nadie puede negar que los Parlamentarios cumplimos con nuestra obligaci�n de defender las respectivas Regiones, y eso no se puede tomar a mal. Pero no es cierto que no se respetar�n las culturas de los pueblos atacame�os. Hay una Subdirecci�n Nacional en Iquique, a cargo de Oficinas de Asuntos Ind�genas en Arica y San Pedro de Atacama. No me cabe ninguna duda de que, partiendo de esta organizaci�n y atendidas la voluntad y el cari�o con que los Parlamentarios hemos tratado este proyecto, y la disposici�n con que el Ejecutivo lo ha presentado (porque todos sentimos que estamos reparando una injusticia hist�rica), si hicieran falta nuevas Oficinas de Asuntos Ind�genas, tales oficinas se crear�n. Pero �ste es un orden l�gico: la cabeza debe hallarse donde se encuentran los m�s. Evidentemente, siempre habr� argumentos para justificar la instalaci�n de las direcciones generales en el lugar donde se halla radicado el Ejecutivo. Pero �se es un grave error. La sede de la Corporaci�n Nacional Forestal no debiera estar en Santiago, por ejemplo, sino en Concepci�n, en Valdivia o en Temuco, y la correspondiente a la Empresa Nacional de Miner�a debiera estar en Copiap�, no en la calle Mac-Iver de la Capital. �Tenemos que empezar a asumir el territorio! La ley en proyecto est� asumiendo la poblaci�n, al tratar de integrar en la realidad social y cultural del pa�s a todas las etnias originarias. �Integremos, tambi�n, ese otro elemento! Empero, no pensemos que para ello es imprescindible establecer las direcciones nacionales en Santiago. Porque sucede una cosa: la lejan�a aumenta la burocracia, y, pese a la buena fe que pueda tener el personal, los problemas de los propios funcionarios son considerados, en el �mbito cercano al poder central, con mayor fuerza que aquellos que afectan a las personas cuyos intereses �stos deben resguardar. Por eso, con otros Senadores de la Novena Regi�n, los se�ores Navarrete y Lavandero, defendemos tan apasionadamente la radicaci�n de la sede principal de la CONADI en Temuco. En efecto, esa ciudad es el lugar geogr�fico m�s pr�ximo, en cuanto a importancia, a la inmensa mayor�a de los chilenos de origen mapuche. Y los dem�s pueden ser atendidos debidamente por las dos subdirecciones nacionales y por las direcciones regionales y las oficinas de asuntos ind�genas. En consecuencia, aclarado el punto, y aceptada por el Presidente de la Rep�blica la f�rmula propuesta por la Comisi�n, pido al Senado que la aprobemos por unanimidad. Porque en esta norma no hay desmedro para nadie. Lo que s� hay es el deseo de servir a todos los pueblos ind�genas, pero acercando la autoridad de la instituci�n al lugar donde existen m�s personas a quienes se precisa ayudar. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Hago presente que el Honorable se�or D�ez tiene raz�n. En el texto del segundo informe aparece el inciso a que se refiri� el se�or Senador. El se�or PALZA.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or PALZA.- Se�or Presidente, no voy a entrar a discutir el derecho de cada Senador a plantear las aspiraciones de la Regi�n que representa. Pero quiero dejar constancia de que el acuerdo de las comunidades ind�genas del pa�s, que sus dirigentes han expresado en distintas reuniones y congresos, fue solicitar que la sede de la CONADI se estableciera en la Capital. Tan cierto es lo anterior, que la disposici�n despachada por la C�mara de Diputados, donde se aprob� por amplia mayor�a, estaba redactada en esos t�rminos: el domicilio y sede principal se situar�an en la ciudad de Santiago. Esto obedeci� a que las comunidades aimara, atacame�a, mapuche y otras se hab�an pronunciado en ese sentido, ya que el Gobierno, en estos tres a�os y medio, ha considerado fundamental la participaci�n de toda la ciudadan�a en los asuntos que a ella ata�en. Lamentablemente, en la Comisi�n Especial de Asuntos Ind�genas del Senado, sin tomarse en cuenta las inquietudes de las zonas del norte del territorio, se acogi� una indicaci�n por la cual se fij� la sede principal de la entidad en Temuco. A nuestro juicio, son tan importantes las comunidades del sur como las del norte. Y la unanimidad de las existentes en las tres primeras Regiones de Chile resolvieron solicitar a los Parlamentarios que representan a �stas, y en especial a los Senadores, reponer la norma acogida en el primer tr�mite de la iniciativa, a fin de que la sede quede radicada en Santiago. El se�or D�EZ.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or PALZA.- Es efectivo lo se�alado ac� respecto a que habr� una subdirecci�n nacional en Iquique, la cual tendr� a su cargo oficinas de asuntos ind�genas en San Pedro de Atacama y Arica. Pero no es menos cierto que tambi�n existen acuerdos -que estimamos adecuados y que fueron tomados en diversas reuniones realizadas por las comunidades ind�genas a lo largo del pa�s- en el sentido de respaldar la norma aprobada por la C�mara Baja. Se�or Presidente, con la venia de la Mesa, con mucho gusto concedo una interrupci�n al Senador se�or D�ez. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede usar de la interrupci�n el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, verdaderamente, en un comienzo ocurri� lo relatado por el Honorable colega Palza. Pero despu�s la Comisi�n Especial del Senado, en un trabajo muy acucioso, escuch� a mucha gente y analiz� las cifras atinentes a estos sectores, a fin de determinar d�nde pod�a ser m�s fruct�fera la labor de la Corporaci�n. El Gobierno se opon�a a un cambio; sin embargo, en conversaciones sostenidas con el propio se�or Presidente de la Rep�blica -de cuyo buen criterio, sentido humanitario y compromiso con los pueblos ind�genas no puedo dudar- se lleg� a la soluci�n contenida en el texto del art�culo 38, consistente en establecer la Direcci�n Nacional y una de las subdirecciones en donde habita el mayor n�mero de estos compatriotas, y la otra subdirecci�n y algunas oficinas de asuntos ind�genas, en lugares donde la cantidad de ellos es menor. Esta disposici�n es mucho m�s estructurada que la aprobada por la otra rama legislativa. Y no responde s�lo a la voluntad de los miembros de la Comisi�n, sino tambi�n al estudio y aquiescencia del Jefe del Estado. Se�or Presidente, el problema no es de car�cter pol�tico; es de tipo nacional. Y de esta misma �ndole es la soluci�n que los integrantes de la Comisi�n defendemos, a la cual hemos llegado luego de un an�lisis en conjunto con personeros de la Comisi�n Especial de Pueblos Ind�genas y del propio Primer Mandatario, que la apoy� mediante sus indicaciones. Ser�a conveniente que estos acuerdos, logrados despu�s de estudios prolongados y trabajosos, fueran aprobados por la unanimidad del Senado. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede recuperar la palabra el Senador se�or Palza. El se�or PALZA.- Se�or Presidente, no niego la preocupaci�n de los Senadores de la Comisi�n por mejorar el articulado. Creo que es buena la constituci�n de dos subdirecciones nacionales y de oficinas regionales en lugares determinados del pa�s. Pero pienso que la esencia de esta normativa -por lo menos, en el contexto de la materia en debate- no tiene que estar orientada, necesariamente, por la consideraci�n del sitio donde viven los m�s, sino representar lo que significan las comunidades, m�s all� de si sus integrantes son mayor�a o minor�a en algunas zonas. Porque, con este �ltimo criterio, podr�amos decir que los pueblos aimara y atacame�o est�n compuestos por m�s de 100 mil personas. Nos parece que para dar una se�al clara y consagrar una adecuada participaci�n debemos tratar de armonizar lo despachado por la C�mara de Diputados y lo aprobado por nuestra Comisi�n Especial de Asuntos Ind�genas. Por respaldar las demandas y aspiraciones de las comunidades aimara y atacame�a, reitero que juzgamos apropiada la creaci�n de las subdirecciones nacionales y de las oficinas regionales. Pero, al mismo tiempo, estimamos fundamental que en esta primera etapa la sede de la CONADI quede establecida en la Capital, para su mejor manejo y para una m�s amplia participaci�n de las diferentes etnias ind�genas que existen en Chile. Por estas razones, en mi calidad de suscriptor, con otros nueve se�ores Senadores, de la indicaci�n renovada, hago un sincero llamado -en pro de todas nuestras comunidades aut�ctonas- para su aprobaci�n, porque, en nuestro concepto, ella refleja lo resuelto, despu�s de muchas deliberaciones, por la mayor�a de las etnias del pa�s, incluida la mapuche. La se�ora SOTO.- Pido la palabra. El se�or URENDA (Vicepresidente).- La tiene, Su Se�or�a. La se�ora SOTO.- Se�or Presidente, en verdad, estamos abocados a reparar una injusticia hist�rica. La Comisi�n Especial ha efectuado un trabajo muy acucioso, en el transcurso del cual escuch� a numerosas personas, entre ellas a los chilenos a quienes afectar� la ley, de manera que nadie puede dudar de la intencionalidad con que ha actuado, como tampoco de la que ha inspirado al Ejecutivo. Sin embargo, nos parece poco v�lido el argumento de que la sede principal de la CONADI tiene que estar donde vivan los m�s. Es como basarse en el costo-beneficio para concluir que a la gente pobre, que no puede aportar nada, no debe consider�rsela; que a aquellos que son menos, como el pueblo rapa nui, no cabe resolverles el problema de la lejan�a, en circunstancias de que enfrentan la imposibilidad de viajar primero a Temuco, luego a Santiago y finalmente a Valpara�so. El se�or D�EZ.- �Habr� tambi�n una oficina en Isla de Pascua! La se�ora SOTO.- S�. Pero digamos las cosas como son. Aunque haya una oficina en Isla de Pascua, la verdad es que las cosas se resolver�n en la CONADI de Temuco. Entonces, las soluciones se dificultar�n. Adem�s, he conversado con gente de las etnias del norte que me ha manifestado su absoluta conformidad con el texto que despach� la otra rama del Parlamento. Por lo tanto, creo que este aspecto debemos abordarlo con una filosof�a distinta. Porque si bien nuestro prop�sito es asumir todo el territorio -eso procuramos-, pienso que hoy lo m�s importante es que exista equidad. Y para los pueblos ind�genas la equidad implica que todos tengan la misma oportunidad de acceder a una instancia en el centro del pa�s, donde hallar�n todo a la mano, sin encontrarse obligados a trasladarse de un lado a otro para resolver un problema. Incluso, la Senadora que habla recibi� una petici�n en este sentido de parte del Alcalde de Isla de Pascua, se�or Alberto Hotus, quien se encuentra presente en las tribunas. En definitiva, estoy completamente de acuerdo con la indicaci�n renovada. El se�or NAVARRETE.- Pido la palabra. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede usar de ella Su Se�or�a. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, tengo la impresi�n de que hemos derivado a un debate con connotaciones diferentes de las que realmente debieran caracterizarlo. Considero leg�tima la posici�n de algunos Honorables colegas en cuanto a defender que la sede de este organismo -sin duda, el m�s importante creado en la historia del pa�s para abordar el problema ind�gena- est� radicada en alguna de las ciudades pertenecientes a su circunscripci�n senatorial o de su Regi�n. Y lo digo, teniendo en cuenta, asimismo, que algunos dirigentes ind�genas de distintas etnias han expresado que nuestra propuesta de instalar la sede de la entidad en Temuco -formulada en la Comisi�n y que dio origen a la respectiva indicaci�n del Ejecutivo- perseguir�a fines electoreros, o el af�n de resultar m�s atractivos o simp�ticos para algunos pueblos aut�ctonos. En lo que al Senador que habla se refiere, quiero despejar categ�ricamente cualquier imputaci�n en torno de esta materia. El pa�s se divide en 13 Regiones y cada una tiene un nombre. La Novena se denomina "Regi�n de la Araucan�a". Pero la Primera no se llama "Regi�n Aimara", ni tiene el nombre de alguna otra etnia; o sea, en su denominaci�n no hay signo alguno de car�cter aut�ctono, como acontece con la anterior. Y eso tiene valor cuando se debate justamente un proyecto de ley ind�gena. Lamento que, al tenor de la discusi�n desarrollada acerca de este tema, no s�lo ahora en la Sala, sino tambi�n a trav�s de los medios de comunicaci�n y en las distintas reuniones llevadas a cabo durante el an�lisis del articulado, se haya producido un desencuentro entre las comunidades ind�genas del territorio. A mi juicio, eso no contribuye a entregar una buena imagen de lo que ha sido la preocupaci�n del Gobierno en este �mbito, ni de los planteamientos formulados por Diputados y Senadores de las diferentes colectividades pol�ticas representadas en el Congreso Nacional, en orden a elaborar una buena ley, en la cual no primen criterios partidistas, sino el resultado de un estudio serio, profundo, desprejuiciado, de la problem�tica que nos ocupa. M�s a�n. Estimo que no se ha apuntado a la cuesti�n de fondo, en circunstancias de que el pa�s est� viviendo un proceso de descentralizaci�n y regionalizaci�n, en virtud de una ley largamente debatida en el Parlamento y que tiene mucho que ver con la materia que estamos examinando en estos momentos. Pienso que no puede buscarse una soluci�n ecl�ctica o que, en definitiva, manifieste la oposici�n a que la sede principal de la CONADI quede radicada en una Regi�n eminentemente ind�gena, sobre la base de que dicha entidad tiene que estar cerca del Poder Ejecutivo. Francamente, me hubiese gustado m�s escuchar razones abogando por su establecimiento en San Pedro de Atacama, en Antofagasta, en Iquique, en Ca�ete o en Lumaco, que son tierras donde efectivamente existe numerosa poblaci�n aborigen. A mi parecer, es equivocado el camino de querer llevar el debate con un criterio de centralizaci�n, para evitar que este organismo se establezca en una zona t�picamente ind�gena. Deploro que planteamientos de esta naturaleza se hayan expuesto al interior de comunidades o asociaciones de las m�s diversas etnias aut�ctonas. Porque, por �ltimo, �en qu� se traduce esto? En una suerte de antagonismo entre las etnias del norte y las del sur. Y eso es malo, como imagen; y es negativo, si conduce a manifestaciones de aplauso hacia quienes defienden la posici�n de que la sede principal quede radicada en el norte, respecto de quienes deseamos que se ubique en el sur. Lamento esta se�al, porque creo que no es buena para la ley en proyecto, adem�s de no conciliarse con nuestra preocupaci�n e inter�s al despachar los informes, cuya elaboraci�n signific� escuchar con atenci�n a mucha gente y obedeci� a un trabajo muy responsable de todos los miembros de la Comisi�n, al igual que de los Honorables colegas que participaron en el debate del primer informe. Por lo tanto, para m� el tema reviste una connotaci�n diferente. Lo que me anim� al plantear la idea -y es el mismo prop�sito que ha inspirado a los Senadores se�ores Lavandero, D�ez y D�az y a todos los integrantes de la Comisi�n, como los Honorables se�ores Cantuarias, Alessandri y Sinclair, por ejemplo- fue el deseo de ser consecuente con el proceso de descentralizaci�n y regionalizaci�n que vive el pa�s, porque no todos los asuntos deben estar radicados en Santiago. Pero resulta que los regionalistas o los que propician la descentralizaci�n lo son para algunas cosas y no para otras. Y eso no es bueno, como criterio. La se�ora FREI.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or NAVARRETE.- Con todo agrado, Honorable colega, con la venia de la Mesa. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. La se�ora FREI.- Me parece injusto que de lo expresado por el se�or Senador pueda desprenderse que no se formularon otras indicaciones sobre la materia, porque, en lo personal, present� una, y no en cuanto a una sede en Santiago, sino en Antofagasta. Si ello fue rechazado por la Comisi�n, obviamente tengo que apoyar la proposici�n relativa a la Capital, como lo expliqu� anteriormente, por hallarse �sta m�s cercana a la Regi�n que represento. Adem�s, debo recalcar que no se trata de un problema de ubicaci�n: lo que me inquieta es la distribuci�n de los recursos. Porque en la Segunda Regi�n he visto que la etnia atacame�a no cuenta con ellos para asistir a las reuniones que se celebran en la zona, por ejemplo, y sus integrantes tienen que pedir por favor el traslado en veh�culo a visitar las comunidades. Con este organismo en Temuco, la situaci�n ser� mucho m�s dif�cil. Del mismo modo, al suscitarse un grave problema con las aguas, no exist�a la posibilidad de recurrir a un abogado. Pienso que si la entidad se halla situada en Santiago, se facilitar� la soluci�n de esa clase de dificultades; pero, si se radica en Temuco, no habr� abogado, ni veh�culo, ni recursos, ni nada. Gracias, se�or Senador. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede continuar con el uso de la palabra el Honorable se�or Navarrete. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, quiero recordar que la indicaci�n a que se ha hecho referencia tend�a a que una Subdirecci�n quedara en Antofagasta, y yo estoy hablando de que la Direcci�n Nacional de la CONADI deber�a tener su sede en Temuco. Cuando me refiero a la regionalizaci�n, estoy se�alando que dicho organismo, que tiene un car�cter descentralizado y es un servicio p�blico con personalidad jur�dica y patrimonio propio -atribuciones todas que hemos entregado, adem�s, a los gobiernos regionales-, debe responder a la l�nea que se ha impulsado aqu�, de modo muy responsable y decidido, por los Honorables colegas. A eso apunta mi planteamiento. Tambi�n aludo a lo que representa la realidad ind�gena de nuestro pa�s, guste o no. Creo que debemos tener una actitud solidaria y de cuerpo sobre el particular. Hemos dicho que el problema es uno solo, acorde con las diversidades culturales y las caracter�sticas del sector que nos ocupa, y el proyecto lo ha tomado como tal. Por lo tanto, pienso que lo procedente es la actitud de entender el fundamento en orden a que la sede principal de la entidad que se viene creando mediante esta normativa quede situada en el lugar que cuente con la poblaci�n aborigen m�s numerosa. Y esto no significa estar en contra de los aimaras, de los rapa nui, de los atacame�os, ni de nadie. He tenido oportunidad de escuchar a representantes de estas etnias y de compartir sus inquietudes, y me parecen muy leg�timas sus aspiraciones en el sentido de que las Oficinas principales se radiquen en los lugares donde ellas viven. Pero en esta competencia de estructura, de esquema, ciertamente no llegaremos a ninguna parte. Lo que debe haber -repito- es un reconocimiento de la bondad de esta iniciativa en el marco de la descentralizaci�n, de la regionalizaci�n. Naturalmente, la Corporaci�n no se halla destinada s�lo a los mapuches, sino a todos los pueblos ind�genas del pa�s, sea que se ubiquen en el extremo norte o en el extremo sur de nuestro territorio. Y las subdirecciones nacionales y las oficinas que se crean obedecen a ese prop�sito, y cada una de ellas contar� con recursos para atender sus propias necesidades. Ahora, es preciso que el pa�s perciba la idea de que esta discusi�n no se vincula a una competencia de las etnias, sino, fundamentalmente, a las bondades de un criterio, en relaci�n con otro, para fijar el lugar donde deber� quedar radicada la sede principal de este organismo. Y cabe recordar que en Temuco ha funcionado una de las subdirecciones nacionales de la Comisi�n Especial de Pueblos Ind�genas -ciertamente, nunca hubo mayor debate sobre el particular-, dependencia aqu�lla que, en la pr�ctica, nucle�, coordin� y dirigi� las actividades m�s relevantes que en la materia se emprendieron en los �ltimos a�os, desde que se cre� esa Comisi�n. Para las m�s importantes, el Director Nacional debi� trasladarse a la Regi�n de la Araucan�a, precisamente. En una oportunidad lo encontr� recorriendo, con otros miembros de esa entidad, las localidades m�s peque�as y apartadas, ya que la demanda originada por la realidad del sector ind�gena en la zona excede la de otras Regiones. Aqu� no puede existir -y concluyo con esto, se�or Presidente- un criterio que signifique oponer a las etnias entre s�. Para el Senador que habla, son respetables tanto los aimaras, los atacame�os, los rapa nui, como los mapuches, con prescindencia de la cantidad. Por lo tanto, mi afirmaci�n comprende a los doce kawaskhar que habitan en Puerto Ed�n, los cuales configuran s�lo dos familias, y que son igualmente importantes. As� que debemos ser capaces de reconocer la autenticidad de un proyecto destinado a satisfacer las necesidades de la totalidad de los ind�genas. Por lo tanto, basado en esos argumentos, sostengo el criterio aprobado por unanimidad en la Comisi�n, en el sentido de que la sede de la CONADI deber� quedar radicada en la ciudad de Temuco. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Corresponde usar de la palabra al Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, siempre habr� una buena raz�n para centralizar el poder en la Capital y siempre existir� la tentaci�n burocr�tica de estar cerca de �ste, y de la comodidad. Son las dificultades a que nos hemos visto enfrentados los regionalistas. Y se ponen a discutir entre s� las distintas Regiones, pero, al final, todo termina qued�ndose en Santiago. Por eso, creo que deber�amos tener una verdadera voluntad pol�tica para hacer regi�n. Sin embargo, en lugar de eso, me doy cuenta de que muchas veces s�lo hay una voluntad, a menudo superficial, de llevarse un pedazo de gloria para la propia zona. Si somos en verdad regionalistas, debemos descentralizar el poder y la administraci�n del pa�s. Esta es la cuesti�n esencial. Y no debemos olvidarlo al analizar un proyecto de extraordinaria importancia para las Regiones. Una se�ora Senadora que me antecedi� en el uso de la palabra se�al� que era necesario que la sede principal de la CONADI estuviera en Santiago, porque desde Antofagasta les quedaba muy lejos Temuco. Para contrastar el absurdo que podr�a desprenderse de una frase de esa naturaleza, pregunto: �y qu� dir�an los habitantes de Punta Arenas que tuvieran que viajar a Antofagasta para ser atendidos, o al propio Santiago? Siempre hay una raz�n para justificar que el poder permanezca en la Capital. Quiero poner de relieve, se�or Presidente, la tremenda pobreza que afecta a los mapuches que habitan en la Octava, Novena y D�cima Regiones. La realidad no es la misma en Antofagasta, o en San Pedro de Atacama, donde hay un clima diferente y predominan elementos distintos. Adem�s, en otras zonas se cuenta con posibilidades de riego. En fin, en el resto del pa�s las oportunidades son mayores que las del pueblo mapuche en la Novena Regi�n, por ejemplo, donde no por nada en las pruebas de Castellano y de Matem�ticas se registran los peores resultados. Existe pobreza. Y estamos luchando porque los chilenos de ese origen puedan surgir gracias a este proyecto, que abarca a todas las etnias ind�genas. Solicito, en consecuencia, que meditemos un poco y pongamos algo de sentimiento y de amor en la decisi�n que estamos tomando hoy. Cabe destacar que se crean dos subdirecciones de importancia, de categor�a. Por supuesto, una de ellas estar� ubicada en Temuco. Tendr� a su cargo la Direcci�n Regional con sede en Ca�ete y otra con asiento en Osorno, para atender a la Novena y D�cima Regiones, respectivamente. Por su parte, la Subdirecci�n de Iquique tendr� a su cargo oficinas de asuntos ind�genas en Arica y en San Pedro de Atacama. Adem�s, existir�n oficinas de esa �ndole en Santiago, Isla de Pascua y Punta Arenas. En esas condiciones, nadie quedar� desatendido con esta legislaci�n. Ning�n se�or Senador podr� decir en su zona: "Hemos perdido, porque no tenemos nada para atender a nuestras etnias". Creo que debe haber voluntad pol�tica para hacer regi�n. Y aqu� estamos poniendo a prueba la voluntad de los distintos Parlamentarios para que puedan llevar a su Regi�n precisamente, un instrumento como el que hoy d�a estamos analizando. En cambio, me parecer�a absurdo ofrecerle a Antofagasta, por ejemplo, el traslado del Ministerio de Agricultura, ya que esa ciudad poco tiene que ver con el rubro, o a la D�cima Regi�n la sede del Ministerio de Miner�a. Pero igualmente absurdo ser�a dejar a la Novena Regi�n sin aprovechar plenamente las posibilidades que brindar� un proyecto para el desarrollo de las etnias ind�genas. Por esa raz�n, pienso que debemos olvidarnos un poco del �xito superficial que en algunos casos podr�a obtenerse en el plano local y considerar que el problema m�s grave es el que afecta a los 800 mil mapuches de la Octava, Novena y D�cima Regiones. Junto con hacer una defensa ardorosa de esta posici�n, estimo importante un llamado a la comprensi�n y a la conciencia regionalista de los Honorables colegas, quienes no quedar�n mal con esta iniciativa, por cuanto habr� oficinas y subdirecciones para atender a sus respectivas zonas. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Presidente, la discusi�n que hemos sostenido no es irrelevante, pero tampoco resulta demasiado sustantiva, porque si la sede no es radicada en Temuco, se fija en Santiago, sencillamente. La cuesti�n no es tan grave como para que no podamos subsanarla. Pero es evidente que los argumentos se�alados hacen m�s que convincente la opci�n por la primera de esas ciudades, en la medida en que en la Novena Regi�n habitan 700 u 800 mil ind�genas. Y votar� en ese sentido, porque creo que debemos hacer un efectivo y aut�ntico esfuerzo de regionalizaci�n, de desconcentraci�n del poder pol�tico. Ahora bien, quiero hacer una observaci�n, que surge al analizar este proyecto de ley. A mi juicio, habr�a sido mucho m�s importante -y formulo la consulta a los miembros de la Comisi�n, porque a lo mejor lo que se�alar� figura en alguna norma- que respecto de la planta de este organismo, la cual comprende un n�mero de cargos que seguramente abrir� el apetito de mucha gente, se hubiera dispuesto una preferencia para llenarlos que favoreciese a quienes sean ind�genas. Porque existen brillantes profesionales que pertenecen a etnias originarias. El Diputado se�or Huenchumilla, presente en la Sala, es un destacado abogado con ancestro aborigen. Pero esto, que s� me parece relevante, no s� si fue considerado... El se�or NAVARRETE.- S�, se�or Senador. El se�or GONZ�LEZ.- Lo pregunto porque estimo importante que los ind�genas gocen de preferencia para trabajar en la referida Corporaci�n. Debemos recordar que el Consejo Nacional de ese organismo estar� compuesto por ocho representantes ind�genas, aparte otros nueve consejeros, entre ellos el Director de la entidad, quienes pueden no tener tal origen. De manera que los asuntos que conciernen a los ind�genas podr�an ser manejados por personas no pertenecientes a alguna etnia. Y creo que no deber�a ser as�, pues los ind�genas han demostrado ser inteligentes y muy capaces; prueba de ello es que han aportado connotados profesionales e intelectuales en los campos de la cultura, las letras y la pol�tica. Me parece valioso que el proyecto, junto con mantener nuestras tradiciones, permita a los pueblos abor�genes de Chile, de una vez por todas, resolver ellos mismos sus problemas. Por eso, me alegro de que una de sus disposiciones d� preferencia, al momento de llenar los cargos del organismo, a quienes, conforme a la definici�n de la iniciativa, son ind�genas o tienen ascendencia originaria. Porque si es as� -no he visto la norma pertinente-, estamos actuando correctamente. He dicho. El se�or N��EZ.- �Votemos, se�or Presidente! El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or P�rez. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, ciertamente, establecer la sede de la Corporaci�n en la Regi�n de la Araucan�a constituye un sesgo. Y el Senador se�or Navarrete se equivoca al afirmar que ella es la �nica que lleva el nombre de una etnia, porque la Regi�n de Atacama tambi�n responde a la denominaci�n de un grupo �tnico: los atacame�os. En segundo lugar, opino que el de la regionalizaci�n es un tema funcional y pr�ctico. Obviamente, somos partidarios de que la sede de la ENAMI, por ejemplo, est� en la Tercera Regi�n, pues... El se�or NAVARRETE.- �Me permite, Honorable colega? Para su informaci�n, se�or Senador, debo aclarar que en la Regi�n de Atacama casi no hay atacame�os. El se�or P�REZ.- Me refer� al asunto simplemente porque Su Se�or�a hizo alusi�n al nombre de su Regi�n. En la m�a todav�a existen collas, diaguitas, miembros de diferentes etnias. Lo importante, se�or Presidente, en mi opini�n, es tratar el tema de la regionalizaci�n en t�rminos pr�cticos y funcionales. Para m�, es l�gico que la sede de la ENAMI, empresa, compradora cuyo fin es fomentar la miner�a, est� en el norte, donde se halla radicada esa actividad. Las etnias originarias, en cambio, se encuentran a lo largo de todo Chile. �Cu�l es el prop�sito de la CONADI? Por un lado, ser la interlocutora de los distintos pueblos ind�genas existentes en el pa�s, que no s�lo se ubican -al contrario de lo que se indic�- en las Regiones Octava, Novena y D�cima; y por otro, -y quiz�s tan importante como lo anterior-, convertirse en representante de aqu�llos ante los diferentes Ministerios y autoridades que coordinar�n las pol�ticas que la entidad llevar� adelante. Desde el punto de vista funcional, es importante para los abor�genes que el organismo que los represente se encuentre radicado en Santiago. Obviamente, la Capital es una ciudad odiosa: tiene mucho "smog" y demasiados habitantes; la vida en ella es dif�cil. Pero, feliz o desgraciadamente, es un hecho que las autoridades y los Ministerios est�n en la Regi�n Metropolitana y que las decisiones se adoptan en forma centralizada. Por la equidistancia de Santiago respecto de las distintas Regiones del pa�s donde habitan etnias originarias, considero importante apoyar la indicaci�n renovada. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Palza. El se�or PALZA.- Ser� muy breve, se�or Presidente. S�lo quiero precisar que la indicaci�n en debate no es contradictoria con nuestros afanes de descentralizaci�n y de �ndole regionalista. Lo que ocurre es que hay etapas en las que parece adecuado que la articulaci�n de ciertos organismos de participaci�n se desarrolle en la Capital. Como saben Sus Se�or�as, nuestra proposici�n plantea radicar la sede de la CONADI donde deba residir el Presidente de la Rep�blica, pues consideramos que para generar una correcta articulaci�n en esta etapa de participaci�n de las distintas etnias existentes en el pa�s resulta vital que aqu�lla se establezca en Santiago. Esto, sin embargo, no se opone en modo alguno a nuestro objetivo de dar cada vez m�s poder a las Regiones. En todo caso, se trata de una diversidad de etnias y no s�lo de una. Por otra parte, es cierto que en Temuco se han realizado varios encuentros; pero no lo es menos que en ellos se ha acordado por gran mayor�a que la sede de la CONADI se encuentre donde est� radicado el Poder Ejecutivo. Nada m�s, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, me encuentro liberado de cualquier compromiso electoral: primero, porque defiendo a Temuco, ciudad que no est� en la Sexta Regi�n, y segundo, porque no soy candidato a la reelecci�n este a�o, aun cuando espero serlo en la oportunidad correspondiente. Aqu� se han citado muchas cifras. Por mi parte, dar� a conocer las que indic� el Director de la Comisi�n Especial de Pueblos Ind�genas, don Jos� Bengoa, experto en la materia, a fin de que nos saquemos algunos mitos respecto de la informaci�n entregada. Seg�n ellas, los aimaras son 35 mil; los atacame�os, 10 mil (estoy redondeando las cantidades); los pascuenses, 2 mil 800; los kawaskhar o alacalufes, 15; los onas, 2, y los mapuches, �600 mil!, de los cuales una tercera parte vive en Caut�n. ��se es el problema, se�or Presidente! Creo que mucho m�s pobres que los atacame�os y los aimaras, etc�tera, son los onas o los alacalufes. Pero, indiscutiblemente, ser�a absurdo que, aplicando un criterio de pobreza, lejan�a o necesidad, decidi�ramos instalar la sede de la CONADI en Punta Arenas, con todo el respeto que nos merece esta ciudad. El organismo debe estar cerca de los interesados. Y tres cuartas o cuatro quintas partes de los ind�genas chilenos viven en la Regi�n cuya capital es Temuco. Ahora bien, se sostiene que la creaci�n de la Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena tiene por objeto solucionar los problemas. Pero, �cu�les son esos problemas? Fundamentalmente, los que padecen los mapuches, quienes constituyen los cuatro quintos de la poblaci�n ind�gena nacional, que dicen relaci�n a tierras y aguas. No son de �ndole laboral ni de otro orden, sino, en lo medular, de tierras y aguas. Por eso, para la conciliaci�n y arbitraje sobre dificultades derivadas de la divisi�n o subdivisi�n de terrenos, debe haber un grupo de expertos en la ciudad de Temuco. Libre, pues, de que me tilden de perseguir afanes electoralistas en el asunto o de oportunista, voto decididamente a favor de Temuco, porque en mi opini�n se justifica que la sede est� all� y porque, adem�s, soy regionalista. El se�or N��EZ.- �Cierre el debate, se�or Presidente! El se�or URENDA (Vicepresidente).- Hab�a pedido la palabra el Honorable se�or Larre. Hago presente que falta poco para el t�rmino de la hora. Por tanto, solicito el asentimiento de la Sala a fin de prorrogar el Orden del D�a hasta el total despacho del proyecto. Acordado. Tiene la palabra el Senador se�or Larre. El se�or LARRE.- Se�or Presidente, hace algunos d�as, en mi Regi�n, un periodista me pregunt� si hab�amos logrado avances en materia de regionalizaci�n. Le respond� que a los chilenos a�n nos falta esp�ritu de descentralizaci�n e inter�s por dar a las Regiones prioridad en el progreso. Y, sinceramente, creo que prueba de ello es lo que est� ocurriendo ahora en el Senado. Pens� que este tema se hab�a agotado junto con la aprobaci�n del proyecto relativo a los gobiernos regionales. Sin embargo, pese a que de los 46 Senadores que conformamos la Corporaci�n s�lo 4 corresponden a la Regi�n Metropolitana, se ha discutido durante horas entre los que representamos a otras Regiones si la sede central de la CONADI debe quedar o no en Santiago. Lo anterior comprueba que ten�a raz�n al sostener que todav�a no superamos las dudas acerca de las grandes ventajas que conlleva la regionalizaci�n. Y pienso que en nuestras decisiones a�n no est� impreso ese esp�ritu. Traigo esto a colaci�n porque realmente, como en pocas ocasiones, podemos favorecer a las Regiones a trav�s de un proyecto que beneficia a las distintas etnias existentes en el pa�s. Por otro lado -y se refiri� a ello el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra-, creo que, seg�n la teor�a pol�tica moderna, se deben atender las necesidades donde se producen. Y la verdad es que la mayor parte de la poblaci�n ind�gena de Chile, fundamentalmente el pueblo mapuche -y ello no implica desconocer la existencia de otras etnias-, se encuentra en el extremo sur. Recuerdo que hace alg�n tiempo plante� al Gobierno la necesidad de dar el mismo nivel a todas las jefaturas, dentro de un esp�ritu de regionalizaci�n. Por eso, quiero solicitar a la Mesa que declare cerrado el debate y procedamos a votar. Como representante de Regi�n (en la m�a hay grupos ind�genas importantes, pero all� no resulta prioritario el asunto en la misma medida que en la Novena), apoyo la idea de establecer la sede de la CONADI en Temuco, como una muestra m�s de que los Senadores y, a trav�s de nosotros, los dem�s chilenos estamos preocupados de incentivar la descentralizaci�n, la regionalizaci�n y la desconcentraci�n de la Administraci�n. Gracias, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Por no haber m�s Senadores inscritos, queda cerrado el debate. Para proceder a votar, se tocar�n los timbres, pues la indicaci�n debe ser aprobada con qu�rum de ley org�nica constitucional, es decir, por 25 se�ores Senadores. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Se vota la indicaci�n N� 87, renovada, para sustituir la frase final del inciso primero del art�culo 38 por la siguiente: "Tendr� su domicilio y sede principal en la ciudad donde deba residir el Presidente de la Rep�blica.". Por incidir en una disposici�n org�nica constitucional, se requieren los votos favorables de 25 se�ores Senadores para aprobarla. El se�or URENDA (Vicepresidente).- En votaci�n la indicaci�n renovada. --(Durante la votaci�n). El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, apruebo la indicaci�n renovada, aunque tengo la impresi�n de que deber�a haberse discutido, no la regionalizaci�n, sino c�mo entendemos este proceso. Porque no necesariamente al radicar una entidad fiscal en determinado lugar geogr�fico la regionalizaci�n ser� �ptima. Se trata de establecer los criterios m�s adecuados para asegurarla. Por otro lado, creo que existe una grave omisi�n, pues la Subdirecci�n Nacional que se instalar� en Iquique no cubrir� la Tercera Regi�n. Y -como he se�alado permanentemente- el pueblo colla existe: se encuentra asentado all� -no es una invenci�n literaria ni la creaci�n de alg�n etn�grafo que anduvo por los cerros con el �nimo de inventar un pueblo ind�gena-; tiene su cultura, su patrimonio propio y su historia; conoce la manera de enfrentar la vida y de acercarse a la sociedad. Pero, lamentablemente, no ha sido considerado ni siquiera en esa Subdirecci�n. Por lo tanto, espero que esa grave exclusi�n pueda ser reparada posteriormente. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, la soluci�n de instalar en Santiago la oficina principal de la Corporaci�n es la peor; equivale casi a la decisi�n salom�nica de cortar la criatura en dos. Creo que, por la magnitud del problema ind�gena existente en el sur de nuestro pa�s, lo propio es que dicha oficina quede radicada en esa zona. Ahora bien, no me cabe duda de que el debate generado en la Sala revela la preocupaci�n del Parlamento chileno por los problemas cotidianos de las etnias. Y, sea cual fuere el lugar donde se encuentre radicada la CONADI, deber� tomar en cuenta esta discusi�n y tener un muy espec�fico y permanente cuidado especialmente por los sectores m�s alejados de la oficina central. De all� que no diviso ning�n problema pr�ctico sobre la materia, pues el Parlamento est� dando una clara se�al en el sentido de que la Corporaci�n, en todo caso, deber� entregar una atenci�n dedicada y preferente a los grupos m�s distantes de su sede principal. Por lo tanto, rechazo la indicaci�n renovada. La se�ora SOTO.- Se�or Presidente, la esencia del regionalismo es acercar �l poder a la gente. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer con las etnias. Desgraciadamente -y digo "desgraciadamente" porque habr�a deseado que cada una de ellas tuviera su propia directiva, con todas las atribuciones-, lo m�s cerca para todas es la ciudad de Santiago. En consecuencia, voto a favor de la indicaci�n renovada. El se�or VODANOVIC.- Autorizado por el Comit� Renovaci�n Nacional, rechazo la indicaci�n renovada. El se�or GONZ�LEZ.- Estoy pareado con el Honorable se�or Romero, pero el Comit� Renovaci�n Nacional me autoriz� para votar. Voto que no. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Terminada la votaci�n. --Se rechaza la indicaci�n renovada (22 votos contra 7 y un pareo). Votaron por la negativa los se�ores Cantuarias, D�az, D�ez, Fern�ndez, Gonz�lez, Hormaz�bal, Larre, Lavandero, Martin, Navarrete, Pacheco, Papi, Prat, R�os, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Thayer, Urenda, Vodanovic y Zald�var. Votaron por la afirmativa los se�ores Frei (don Arturo), Frei (do�a Carmen), Huerta, N��ez, Palza, P�rez y Soto. No vot�, por estar pareado, el se�or Mc-Intyre. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Corresponde votar la proposici�n de la Comisi�n que agrega en el inciso primero del art�culo 38 la siguiente oraci�n final: "Tendr� su domicilio y sede principal en la ciudad de Temuco.". El se�or URENDA (Vicepresidente).- Propongo a la Sala aprobar por unanimidad esta norma, a fin de cumplir con el qu�rum constitucional requerido. De lo contrario la CONADI quedar�a sin domicilio. El se�or PALZA.- No. La se�ora FREI.- No hay acuerdo. El se�or LARRE.- Que se anuncien solamente los votos negativos. La se�ora FREI.- Se�or Presidente, me voy a oponer a fin de que esta materia sea estudiada en Comisi�n Mixta. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, no deseamos que se llegue a la Comisi�n Mixta, sino que la C�mara Baja acepte el texto que despachar� el Senado. Queremos que se concrete pronto la Ley Ind�gena. Para ello, pedimos que no se postergue su tramitaci�n. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Hay 29 se�ores Senadores en la Sala. El se�or URENDA (Vicepresidente).- �Existir�a acuerdo para que esta proposici�n se aprobara con los votos en contra de los Senadores se�or Palza y se�ora Frei? El se�or LARRE.- S�, se�or Presidente. El se�or PALZA.- No, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. En votaci�n la proposici�n de la Comisi�n ya enunciada por el se�or Secretario. --(Durante la votaci�n). El se�or LAVANDERO.- Voto a favor, se�or Presidente, por una raz�n muy especial. Si la Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena queda radicada en Temuco, s�lo tendr�n que viajar los ocho consejeros que representan a las etnias, lo que ocurrir� a lo menos trimestralmente, para lo cual se les cancelar�n pasajes y vi�ticos. De tal manera que los ind�genas tramitar�n sus problemas en las respectivas oficinas que se crean, con lo que, desde luego, no tendr�n necesidad de ir a dicha ciudad. Aqu� se ha hecho una ficci�n al sostener que la gente de Antofagasta tendr�a que trasladarse a Temuco. Los �nicos que lo har�n -repito- ser�n los citados ocho consejeros. Por esa raz�n, voto que s�. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, apruebo la proposici�n por un doble motivo. En primer lugar, porque quiero que este proyecto se convierta en ley pronto, para lo cual debemos evitar que se forme una Comisi�n Mixta. Ello depender� en definitiva de lo que resuelvan los Diputados, materia en la que no tenemos injerencia. En segundo t�rmino, porque de no aprobarse la oraci�n final sugerida no podr�a crearse la Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena. Por lo tanto, para quienes realmente deseamos que exista la Ley Ind�gena es vital que la proposici�n sea acogida. Y, como sabemos, para ello se requiere qu�rum de ley org�nica constitucional. Voto que s�. El se�or PALZA.- Se�or Presidente, por las razones que expuse anteriormente, rechazo la proposici�n de la Comisi�n Especial. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba la proposici�n de la Comisi�n (27 votos contra 3 y una abstenci�n). Votaron por la afirmativa los se�ores Cantuarias, D�az, D�ez, Fern�ndez, Frei (don Arturo), Gonz�lez, Hormaz�bal, Lagos, Larre, Lavandero, Martin, Mc-Intyre, Navarrete, Otero, Pacheco, Papi, P�rez, Pi�era, Prat, R�os, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Thayer, Urenda y Zald�var. Votaron por la negativa la se�ora Frei (do�a Carmen) y los se�ores Huerta y Palza. Se abstuvo el se�or N��ez. _______________ El se�or PI�ERA.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or PI�ERA.- Solicito autorizaci�n para que la Comisi�n de Econom�a pueda sesionar simult�neamente con la Sala a partir de las 19. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Una petici�n en el mismo sentido ha formulado el Honorable se�or Vodanovic en nombre de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia. Si no hubiere oposici�n, se autorizar�a a ambas Comisiones para sesionar paralelamente con la Sala a contar de las 19. Acordado. _______________ El se�or LAGOS (Prosecretario).- Antes de pasar a la �ltima enmienda de la Comisi�n, es necesario volver sobre los art�culos de car�cter org�nico constitucional o de qu�rum calificado aprobados por unanimidad en la Comisi�n. No se los cit� en el momento de adoptar la Sala el acuerdo global sobre las normas acogidas un�nimemente en la Comisi�n a la espera del qu�rum requerido, que ahora se cumple. Se trata, en el primer caso, de los art�culos 16, 17, 43, 44, 45, 46, 48 (nuevo), 49, 50 y 59 permanentes y 7� transitorio; y en el segundo, de los art�culos 12, 13, 15 y 17. --Quedan aprobados, dej�ndose constancia de que votaron favorablemente 26 se�ores Senadores. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Resta, en consecuencia, pronunciarse respecto de la proposici�n de la Comisi�n relativa al art�culo 7�, aprobada por 3 votos contra 2. Consiste en reemplazar el inciso primero por el siguiente: "El Estado reconoce el derecho de los ind�genas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden p�blico.". --Se aprueba. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Queda, por tanto, despachado el proyecto. El se�or NAVARRETE.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or NAVARRETE.- Deseo dejar expresa constancia de mi agradecimiento a los miembros de la Comisi�n Especial de Asuntos Ind�genas, que trabajaron m�s de 5 meses para hacer posible el despacho de esta iniciativa. Destaco, muy especialmente, la acuciosa labor de la se�ora Secretaria y, naturalmente, la contribuci�n de dirigentes ind�genas de distintas etnias que se hicieron presentes en la Comisi�n y de los asesores jur�dicos del Ministerio Secretar�a General de Gobierno, con quienes estuvimos en permanente contacto. Muchas gracias. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or LAGOS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. _______________ --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or Frei (don Arturo): CONSTRUCCI�N DE POSTA RURAL EN SECTOR BEL�N, COMUNA DE �IQUEN (OCTAVA REGI�N) "A Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, solicit�ndole financiar con recursos del Fondo Social la construcci�n de una Posta Rural en el Sector Bel�n de la comuna de �iqu�n, Provincia de �uble, de la Octava Regi�n. El costo total de la obra asciende a la suma de 34 millones de pesos.". PROYECTOS EN SECTORES SALUD Y EDUCACI�N DEL MUNICIPIO DE YUMBEL (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Ministro del Interior, solicit�ndole apoyar los proyectos presentados por el Municipio de Yumbel a Fondos FNDR-BID, relativos, en el sector salud, a Construcci�n Consultorio General Rural (Yumbel Estaci�n), reposici�n Posta Salud Rere (Yumbel) y equipamiento de 3 Postas de Salud Rural (Yumbel), y, en el sector educaci�n, a reposici�n Escuela F-1106 La Aguada (Yumbel), reposici�n Escuela G-1116 Canchillas (Yumbel) y equipamiento de 5 Escuelas Rurales (Yumbel)". REPOSICI�N PARCIAL DE ESCUELA G-l 124 PERIGALLO E INSTALACI�N DE TEL�FONO P�BLICO EN LA AGUADA, YUMBEL (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Ministro del Interior, solicit�ndole apoyar los siguientes proyectos presentados por el Municipio de Yumbel a Inversiones Menores FNDR, en cuanto a reposici�n parcial Escuela G-1 124 Perigallo (Yumbel) y adquisici�n e instalaci�n tel�fono p�blico en La Aguada (Yumbel)". CONSTRUCCI�N DE NUEVO RETEN DE CARABINEROS EN SECTOR DE YUMBEL ESTACI�N (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Ministro del Interior, solicit�ndole disponer de los fondos necesarios para la construcci�n del nuevo Ret�n de Carabineros del Sector de Yumbel Estaci�n, en la comuna de Yumbel. "Cabe mencionar que el Ret�n Centinela de Yumbel Estaci�n se incendi� en el mes de abril reci�n pasado, lo que oblig� a su funcionamiento temporal en el Gimnasio Municipal. Como Carabineros de Chile ha informado no poseer los fondos requeridos para la reconstrucci�n, se ha producido una natural alarma entre la poblaci�n afectada, la que suma alrededor de las cinco mil personas". SUBVENCI�N A UNIDADES EDUCATIVAS QUE CUENTEN CON GRUPOS DIFERENCIALES "Al se�or Ministro de Hacienda, solicit�ndole incluir en el presupuesto del a�o 1994 la petici�n efectuada por la Asociaci�n Nacional de Profesores de Grupos Diferenciales con fecha 25 de junio del a�o en curso. Esta petici�n consiste en entregar una subvenci�n por unidad educativa que tenga grupo diferencial al 30 de marzo de este a�o, y su cobertura alcanza a las escuelas b�sicas de las Corporaciones Municipales del pa�s. El costo total de este beneficio ascender�a a $ 1.878 millones de pesos y los beneficiarios ser�an 58.650 ni�os de escasos recursos". NO INCLUSI�N EN BONIFICACI�N DE LEY N� 19.200 DE 91 DOCENTES DE DAEM EN COMUNA DE PENCO (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Ministro de Educaci�n, solicit�ndole estudiar la situaci�n de 91 docentes funcionarios del DAEM, de la comuna de Penco, no incluidos en la bonificaci�n contemplada en la ley N� 19.200. "Se trata de recoger la inquietud de estos docentes, pertenecientes al r�gimen previsional EUR-AFP, de la comuna de Penco, que por falta de claridad aceptaron que en 1991 sus sueldos se hicieran totalmente imponibles, lo que les signific� una disminuci�n en sus rentas l�quidas y la exclusi�n como beneficiarios de la bonificaci�n contemplada en la ley N� 19.200 para funcionarios de la ex CANAEMPU y para aquellos que ven�an imponiendo en base a la imponibilidad asignada en el grado de la EUR e incorporados a una AFP. "Una posible soluci�n ser�a la incorporaci�n de un art�culo en la ley miscel�nea que incluya la situaci�n de docentes que actualmente est�n efectuando sus imposiciones a cargo del trabajador y no del empleador, como deber�a ser de acuerdo con lo que contempla la ley N� 19.200, publicada en el Diario Oficial el d�a 25 de enero de 1993. "Al respecto, adjunto informe elaborado por la Ilustre Municipalidad de Penco, provincia de Concepci�n, de la Regi�n del Biob�o." APLICACI�N DE NUEVAS NORMAS T�CNICAS PARA REGULARIZACI�N DE T�TULOS DE DOMINIO "Al se�or Ministro de Bienes Nacionales, solicit�ndole informar acerca de la aplicaci�n de las nuevas normas t�cnicas para la regularizaci�n de los t�tulos de dominio, puestas en pr�ctica a partir del presente a�o. "Existen voces autorizadas que plantean que los mayores costos que implican que estas nuevas normas t�cnicas pudieran significar que la gran mayor�a de los peque�os propietarios no puedan sanear sus predios." PROYECTOS DE PAVIMENTACI�N Y REGULARIZACI�N DE ACERAS DEL MUNICIPIO DE YUMBEL (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicit�ndole apoyar diversos proyectos presentados por el Municipio de Yumbel a Fondos SERVIU, Programa Equipamiento Comunitario y Pavimentaci�n, concernientes a pavimentaci�n y regularizaci�n de aceras." COLCHONETAS PARA INTERNADO DE LICEO T�CNICO-PROFESIONAL "PROFESOR DIEGO MISSESE BURGOS", DE COBQUECURA (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Subsecretario del Interior, solicit�ndole 145 colchonetas para el Internado del Liceo T�cnico-Profesional "Profesor Diego Missese Burgos", de la comuna de Cobquecura, en la Octava Regi�n. "Este Liceo imparte Educaci�n T�cnico-Profesional con las Especialidades de Mec�nico Industrial y Vestuario. Su matr�cula alcanza los 555 alumnos, entre niveles preb�sico, b�sico y medio. Adem�s, cuenta con Internado que alberga a 145 alumnos de la comuna y de otras vecinas." PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL EN YUMBEL (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, solicit�ndole apoyar proyectos presentados a fondos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, acerca de ampliaci�n colector de aguas servidas en calles El Morro y Prat (Yumbel), ampliaci�n colector de aguas servidas en calle Patricio Patrito (Yumbel), construcci�n de acera y soleras en calle Baquedano (Yumbel) y reposici�n aceras en calle Cruz (Yumbel)." REVISI�N DE APELACI�N DE DEPARTAMENTO DE EDUCACI�N MUNICIPAL DE COMUNA DE �IQUEN (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Subsecretario de Educaci�n, solicit�ndole revisar la Resoluci�n de la Apelaci�n presentada por el Departamento de Educaci�n Municipal de la comuna de �iqu�n, con fecha 14 de mayo de 1993. En dicha apelaci�n, el Municipio de �iqu�n hac�a presente la imposibilidad de asumir el d�ficit generado por el pago del 100% de la Asignaci�n de Experiencia establecida en la ley N� 19.070, durante el a�o 1993." VENTA O TRASPASO DE TERRENOS DE RECINTOS FERROVIARIOS DE RANGUELMO Y MAGDALENA (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, solicit�ndole acceder a la petici�n del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coelemu, Provincia de �uble, Octava Regi�n, en torno a la venta o traspaso de terrenos de recintos ferroviarios de Ranguelmo y Magdalena." PROYECTOS DE ADQUISICI�N DE TEL�FONOS P�BLICOS EN SECTORES RURALES DE COMUNA DE YUMBEL (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Secretario Regional Ministerial de Planificaci�n y Cooperaci�n de la Octava Regi�n, solicit�ndole informar acerca del Proyecto Adquisici�n de Tel�fonos P�blicos en sectores rurales de la comuna de Yumbel, presentado a esta SERPLAC para ser canalizado a trav�s de fondos FNDR. Los sectores que se beneficiar�n con dicho proyecto son La Aguada, Canchillas, Cambrales, Las Obras de R�o Claro, Puente de Tapihue, Cerro Parra y Los Despachos." _______________ Del se�or Lagos: PREPAGO DE DEUDAS CON CORFO DE PESCADORES ARTESANALES DE PRIMERA REGI�N "A Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica y a los se�ores Vicepresidente de CORFO y Presidente del Banco del Estado, a fin de que tengan a bien determinar todo lo necesario para que los pescadores artesanales de la Primera Regi�n puedan efectivamente lograr cr�ditos que les permitan prepagar su deuda con CORFO de acuerdo con las siguientes condiciones: "1� Que CORFO, conforme a las facultades de la ley 19.085, art�culo 2�, les ofrezca la compra de sus deudas en el valor m�nimo en que se ofert� la licitaci�n del d�a 10 de agosto y que result� desierta. "2� Que el Banco del Estado otorgue el pr�stamo para dicha compra en condiciones especiales. "3� Que los requisitos que se les exijan est�n de acuerdo con sus condiciones laborales actuales y no se les pidan requisitos imposibles de cumplir, como el de una actividad o ingreso econ�mico actual, puesto que, para que ellos empiecen a operar, necesitan primero el pr�stamo para reparar y reequipar sus embarcaciones y, de all�, obtener medios para servir el pr�stamo. "4� Que estos cr�ditos sean concedidos con un servicio especial de pago y no como un cr�dito habitual de consumo, ya que actualmente el Banco del Estado lo tiene as� considerado, lo que no resulta ninguna soluci�n para los afectados, y "5� Que el se�or Presidente de la Rep�blica tenga a bien intervenir en el asunto, porque se trata de un delicado problema social de la Primera Regi�n." _______________ Del se�or Romero: N�MINA DE DEUDORES DE LA EX CORA EN REGIONES QUINTA Y NOVENA "A los se�ores Tesoreros Regionales de la Quinta y de la Novena Regiones a fin de que tengan a bien enviar la n�mina y direcciones de los deudores de estas Regiones en la ex CORA." _______________ El se�or URENDA (Vicepresidente).-Se suspende la sesi�n. _______________ --Se suspendi� a las 18:55. --Se reanud� a las 18:58. _______________ El se�or URENDA (Vicepresidente).- Contin�a la sesi�n. En el tiempo del Comit� Mixto, tiene la palabra el Honorable se�or Cantuarias. EDUCACI�N PARA EL TRABAJO. OFICIOS El se�or CANTUARIAS.- Se�or Presidente, hace pocos d�as tuve la oportunidad, en Concepci�n, de participar en una interesante reuni�n expositiva organizada por el Consejo Regional de Educaci�n para el Trabajo de la Octava Regi�n, en la cual se nos dieron a conocer las conclusiones de una serie de eventos regionales realizados por aqu�l, que apuntaban fundamentalmente a la materia que le preocupa: la educaci�n para el trabajo. Es interesante destacar que dicha reuni�n informativa, a la que se invit� a distintas autoridades y Parlamentarios -desgraciadamente, no tuvo la asistencia que el nivel de la exposici�n y el resultado de los trabajos (que dar� a conocer luego) ameritaban-, representa una �ltima actividad de una serie de encuentros: en septiembre de 1991, el Primer Encuentro Educaci�n Empresa; en mayo de 1992, un Seminario sobre "Demanda laboral y desaf�os de la Educaci�n para el Trabajo"; en noviembre de 1991, un Seminario Taller tocante a "Educar para el Trabajo: Tarea prioritaria para el nuevo municipio"; en mayo de 1993, un encuentro con directores de liceos t�cnicos-profesionales de la Regi�n, cuyo prop�sito fue dise�ar "Estrategias para perfeccionar la vinculaci�n Educaci�n-Empresa"; en junio de 1993, un encuentro de alcaldes de la Regi�n para referirse al tema "Municipalidad y Capacitaci�n Laboral"; y, por �ltimo, en agosto de 1993, un encuentro con representantes de trabajadores. Har� un breve resumen de las conclusiones de estos seis eventos realizados por el Consejo Regional de Educaci�n para el Trabajo. Primero, en cuanto a la responsabilidad de la educaci�n t�cnico-profesional, la educaci�n para el trabajo es determinante -conclusi�n de todos los seminarios- para el desarrollo econ�mico y social del pa�s. Segundo, los profesionales que entrega la educaci�n t�cnico-profesional no responden a las exigencias del campo laboral. Tercero, se hace imprescindible vincular la educaci�n con la empresa. La integraci�n de la empresa en la educaci�n t�cnico-profesional es indispensable acentuarla, ya que puede contribuir eficientemente participando en forma activa en el proceso de aprendizaje, permitiendo la implementaci�n de la metodolog�a de ense�anza dual. Es conveniente que la Corporaci�n de Estudio de la C�mara de la Producci�n -que fue una de las organizadoras-, difunda los resultados de su experiencia en el sistema dual. Cuarto, la Educaci�n para el Trabajo requiere la adecuaci�n de la legislaci�n laboral existente que facilite las pr�cticas y aprendizajes de los alumnos, as� como tambi�n las pasant�as de los docentes en las empresas, evitando de esta manera la resistencia de algunas empresas por la consecuencia que les puedan acarrear accidentes del trabajo u otros. Quinto, readecuar planes y programas de estudio. Mediante el examen de los reales requerimientos del mercado laboral, establecer las necesidades de mano de obra regional. De acuerdo con los resultados de ese examen, readecuar planes y programas con la participaci�n activa de los empresarios. Se estima conveniente aumentar en un a�o la educaci�n t�cnico-profesional, para entregar una mejor preparaci�n y egresar profesionales m�s maduros. La educaci�n b�sica debe orientarse a la vida del trabajo. Sexto, es responsabilidad de los profesores mejorar la formaci�n integral de los egresados, estableciendo mayores exigencias en el rendimiento acad�mico. Se debe fijar programas como parte del curr�culum, referentes a materias que incentiven la iniciativa de autogesti�n. Se estima que esas medidas disminuir�n tensiones y conflictos sociales. S�ptimo, acerca de los recursos financieros, es indispensable aumentar los que el Estado destina a esta modalidad de ense�anza en relaci�n con la educaci�n cient�fico-humanista, por su alto costo. Se deben optimizar los recursos existentes mejorando su administraci�n. Octavo, en lo que ata�e a los docentes, es indispensable su mayor compromiso y actitud favorable frente al cambio que requiere la educaci�n t�cnico-profesional. El docente debe perfeccionarse mediante pasant�as en las empresas que le permitan conocer innovaciones tecnol�gicas. Los directores de liceos t�cnico-profesionales deben asumir liderazgo, constituy�ndose en agentes de cambios, orientando a los profesores e incentivando la vinculaci�n educaci�n-empresa. Tambi�n deben entregar un decidido apoyo al Consejo Regional de Educaci�n para el Trabajo y colaborar en la creaci�n de los consejos provinciales y comunales. Noveno, se deben difundir, utilizando los medios de comunicaci�n, foros y seminarios, los objetivos e importancia de la Educaci�n para el Trabajo. Se debe motivar a los alcaldes para que concedan la verdadera importancia de la Educaci�n para el Trabajo en sus municipios. Se deben difundir ampliamente los objetivos y funciones del Consejo Regional de Educaci�n para el Trabajo. D�cimo, en cuanto a la acci�n del Estado, se observa falta de directrices para la modalidad t�cnico-profesional de parte de las autoridades educacionales. Debe existir una mayor coordinaci�n entre el Ministerio de Educaci�n y el del Trabajo en materias de capacitaci�n. Se debe continuar con la habilitaci�n de liceos cient�fico-humanistas en t�cnico-profesionales. Se�or Presidente, he le�do parte de las conclusiones que en la propuesta "Educaci�n para el Trabajo" ha desarrollado el Consejo Regional de Educaci�n para el Trabajo de la Octava Regi�n, para solicitar que se oficie a los Ministerios de Educaci�n y del Trabajo con dos prop�sitos: primero, a fin de que se conozcan y respalden las conclusiones de los seis eventos que he relatado y que se efectuaron con el patrocinio de dicho Consejo; y segundo, para que se desarrollen todos los mecanismos y est�mulos, con el objeto de que una iniciativa similar se aplique en el resto de las Regiones del pa�s. Fue verdaderamente estimulante conocer el trabajo desarrollado y ver la aproximaci�n entre estudiantes, profesores, empresarios, alcaldes y autoridades regionales, quienes, por encima de cualquiera otra consideraci�n o diferencia -por leg�tima que �sta fuera-, resolvieron dar pasos y formular proposiciones concretas respecto de un problema que, a mi juicio, tiene que ver con nuestro destino como sociedad. Por consiguiente, quiero reconocer la labor del Consejo Regional de Educaci�n para el Trabajo de la Octava Regi�n. Deseo ponerla de ejemplo, por cuanto creo que bien vale el liderazgo que, con los seminarios efectuados y la documentaci�n reunida, tiene en relaci�n con el resto del pa�s. Quisiera que este esfuerzo primero fuera conocido y acogido por las autoridades, tanto de educaci�n como del trabajo, y por otra parte, estimular su desarrollo en forma similar en las dem�s Regiones del pa�s. En la misma medida en que nuestros "cerebros regionales" y la gente vinculada a la actividad de la educaci�n t�cnico-profesional consiga acuerdos y d� pasos ciertos para mejorar sus condiciones de trabajo y los servicios que presta, sin lugar a dudas nuevos horizontes y oportunidades se abrir�n para nuestros j�venes. Indudablemente, dentro de lo que la propia UNESCO califica como "la crisis de la ense�anza media", una de las principales transformaciones que requiere nuestro sistema educativo formal es esta conversi�n, a que me he referido, desde la ense�anza cient�fico-humanista hacia la t�cnico-profesional. Eso es lo que se ha avanzado en forma pionera en el Consejo Regional de Educaci�n para el Trabajo de la Octava Regi�n, lo cual me parece que bien vale unas palabras del Senador que habla y que la representa en este Hemiciclo, y tambi�n merece ser conocido por las autoridades centrales y, en especial, por el resto de las regiones, para que imiten, mejoren y entreguen las oportunidades que nuestros j�venes est�n reclamando. He dicho. El se�or LARRE.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Se�or�a. REPARACI�N DE PUENTE SOBRE R�O TOLT�N Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DE FREIRE A VILLARRICA Y LONCOCHE. OFICIO El se�or LARRE.- El viernes �ltimo tuvimos la oportunidad de asistir, con el Presidente del Senado, Honorable se�or Gabriel Vald�s, a un seminario en que expusieron su tem�tica y quehacer los representantes de las actividades productivas de la provincia de Valdivia, invitados por la Universidad Austral. Con profunda preocupaci�n nos impusimos de las informaciones de los representantes del sector turismo en el sentido de que, a consecuencia de la interrupci�n del camino longitudinal sur, por los da�os que caus� la grave inundaci�n del r�o Tolt�n sobre el puente del mismo nombre -el cual permite acceder a Pitrufqu�n, por el norte, y a Freire, por el sur-, se habr�a visto gravemente afectada la oferta que normalmente a partir de esta �poca inician las empresas que atienden el turismo en la regi�n austral. Adem�s, se ha planteado que el camino secundario que une el norte con el sur del pa�s, desv�o que evita el puente accidentado sobre el r�o Tolt�n y que se dirige de Freire y Villarrica y Loncoche, se encuentra virtualmente destruido. Parece ser que el est�ndar de la carpeta de rodado de ese camino asfaltado no estuvo programado para el transporte de carga y de movilizaci�n colectiva, pues se ha deteriorado por esta emergencia y, de acuerdo con la informaci�n que all� recogimos, estar�a virtualmente intransitable. Considerando las cuantiosas inversiones que se est�n efectuando en el �rea del turismo -en este caso, del sector privado que desarrolla esa actividad en las provincias de Valdivia y Osorno, en la D�cima Regi�n, y en la zona de Llanquihue, Chilo� y Palena, donde se ha ampliado notablemente la infraestructura tanto en edificios y comodidades como en embarcaciones destinadas a recorrer los lugares de atracci�n, adem�s de otros proyectos-, existe suma preocupaci�n por el futuro de esa actividad en la pr�xima temporada. Lamentablemente, en nuestra Regi�n �sta es muy corta y en la pr�ctica s�lo es factible llevarla a cabo en los meses de diciembre, enero y febrero. Por tales razones, solicito oficiar al se�or Ministro de Obras P�blicas a fin de que tenga la gentileza de informarnos oficialmente acerca del tiempo que demandar� la reparaci�n del puente sobre el r�o Tolt�n y, asimismo, cu�ndo ser� mejorada la carpeta de rodado en el camino entre Freire, Villarrica y Loncoche, v�a netamente tur�stica. De ese modo, podremos, a su vez, informar a los interesados en la D�cima Regi�n, ya que existe gran preocupaci�n de que esta actividad, que ha pasado a ser muy importante en el quehacer regional, pueda verse afectada. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad con el Reglamento. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Por no encontrarse presentes los representantes de los Comit�s a quienes corresponden los turnos siguientes, ofrezco la palabra al Comit� Renovaci�n Nacional. Puede hacer uso de ella el Honorable se�or P�rez. HOMENAJE EN MEMORIA DE EX SENADOR Y VICEPRESIDENTE DEL SENADO DON ALEJANDRO NOEMI HUERTA. COMUNICACIONES El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, deseo intervenir en esta ocasi�n para rendir tard�amente homenaje en memoria de quien fuera miembro de esta Corporaci�n, el distinguido Senador de la Rep�blica don Alejandro Noemi Huerta. Y lamento que un accidente sufrido hace D�EZ d�as me haya impedido estar presente en la sesi�n del mi�rcoles 1� de septiembre para haberle tributado, en nombre de Renovaci�n Nacional, el reconocimiento que ese hombre p�blico se merece. Alejandro Noemi Huerta naci� en Taltal, ciudad minera de la Segunda Regi�n. De profesi�n contador-auditor, abraz�, adem�s de su especialidad, el mundo de la pol�tica, siendo uno de los fundadores de la Falange Nacional. En el a�o 1950 se constituy� en el primer alcalde de esa colectividad en el pa�s, en la comuna de Freirina, de donde es originaria su se�ora y la familia Callejas. Entre 1965 y 1973 fue Senador por las regiones de Atacama y Coquimbo. Y en esta Corporaci�n le cupo destacada labor en las Comisiones de Gobierno Interior, de Educaci�n, de Miner�a y de Hacienda. Fue un fuerte defensor de los intereses de la peque�a miner�a. Particip�, con su inteligencia e intelecto, en los proyectos de ley relativos a los convenios del cobre; en el que establece franquicias tributarias para el valle del Huasco. Es uno de los autores de la ley que cre� la Junta Nacional de Jardines Infantiles; uno de los promotores de la ley sobre fomento y desarrollo de la miner�a del oro y de la relativa a los planteros del r�o Salado. Es autor de la ley que otorg� beneficios a los deudos de v�ctimas del accidente ocurrido en el puente sobre el r�o Huasco y de la que cre� los Consejos Regionales de Turismo. Es tambi�n uno de los autores de la normativa que resuelve el problema de los planteros o trabajadores mineros del r�o Salado, donde se establecen pautas respecto del dominio de concentrados que se obtengan en dicha fuente laboral; como, asimismo, de la que regula la reconstrucci�n en las zonas de sismos, de la que cre� la comuna subdelegaci�n de Pueblo Hundido -hoy Diego de Almagro-, y as� de muchas otras iniciativas que favorecieron al norte de Chile y al pa�s en general. Pero, m�s all� de un gran legislador y un distinguido hombre p�blico, Alejandro Noemi Huerta fue un gran cristiano. Un hombre que hizo carne en su vida la sentencia de un Pont�fice que dice que "la pol�tica es la mejor forma de hacer la caridad, despu�s de la religi�n". Cristiano es ser un hombre para los dem�s, dec�a Dietrich von Hoffer, y la verdad es que nuestro homenajeado fue un hombre para los dem�s, especialmente para los m�s pobres. Con su ejemplo, con su testimonio diario de generosidad, fue luz, faro e im�n para los marginados, para los afligidos, para los pobres de Atacama. Quiero en esta oportunidad recordar su figura como la de un pol�tico, de un cristiano y de un luchador. La vida es lucha, dice San Pablo, y Alejandro Noemi fue un luchador por los pobres. En todos los rincones del norte de Chile hay testimonios de su generosidad. Son miles y miles las personas, hombres y mujeres, que hoy lloran su partida. Las comunas de Vallenar, de Freirina y de Copiap� fueron su hogar, el objetivo de su servicio y de sus ideales, y tambi�n constituyeron su orgullo como chileno. Deseo, se�or Presidente, que estas palabras de reconocimiento a un hombre de tantas condiciones morales, intelectuales y humanas se env�en a quienes conformaron su familia: do�a Olga, su mujer; sus hijas Carmen y Olguita, y tres profesionales tan descollantes como Alejandro Noemi Callejas, Presidente Ejecutivo en ejercicio de CODELCO-Chile; Juan Noemi Callejas, un distinguido fil�sofo y te�logo, y Paulino Noemi Callejas, destacado empresario minero. Tres hijos de los cuales, adem�s, tengo en suerte ser su amigo. Solicito, asimismo, transcribirlas a su hermano Julio Noemi Huerta, un muy destacado y distinguido periodista que trabaja en la Radio Armon�a, de Vallenar. He dicho. --Se anuncia el env�o de las comunicaciones solicitadas, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Lagos. REPARACI�N Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO COMERCIAL A-6 DE IQUIQUE (PRIMERA REGI�N). OFICIO El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, Honorables colegas, en esta oportunidad quiero referirme al estado en que se encuentra el Instituto Comercial A-6 de la ciudad de Iquique. Dicho establecimiento afronta muchas dificultades para desarrollar normalmente su labor docente, pues sus serias carencias en infraestructura y equipamiento le impiden cumplir a cabalidad sus objetivos. Sus salas de clase se hallan en muy mal estado, y la pintura y paredes muy deterioradas. Para las clases de dactilograf�a se cuenta con 45 m�quinas de escribir, de las cuales 20 est�n inoperables. Su mobiliario se encuentra en un 50 por ciento apolillado o destrozado, e incluso sus dimensiones no corresponden al tama�o, altura y porte de los estudiantes. Hay sobredimensi�n en la cantidad de alumnos por cursos, lleg�ndose en algunos casos a 52 por clase. Los servicios higi�nicos no existen. Estos, como su nombre lo indica, deben procurar higiene, y las salas de ba�o que hay provocan lo contrario. A modo de ejemplo, debo se�alar que hay dos casetas de ba�o para mil treinta alumnos. La biblioteca, por la mala calidad de su mobiliario, no re�ne las necesarias condiciones de comodidad para el estudio, y la falta de textos especializados, y en algunos casos de los b�sicos y elementales, no permite satisfacer las consultas. La iluminaci�n es muy deficiente, tanto en salas como en oficinas y otras dependencias. Tal es, en resumen, la situaci�n. Mayores especificaciones y detalles se incluyen en hojas anexas. Se�or Presidente, para resolver esos problemas, el Centro de Padres y Apoderados ha recurrido a la industria y el comercio y tambi�n a las personas de buena voluntad. De esta manera se espera obtener recursos para paliar en parte las dificultades descritas. Y se lleg� a este expediente despu�s de previas diligencias efectuadas ante las autoridades municipales, las que hasta la fecha no han dado respuesta alguna. Por supuesto, ello es insuficiente y, en consecuencia, solicito oficiar, en mi nombre, al se�or Ministro del Interior para que tenga a bien disponer que la Intendencia de la Primera Regi�n proporcione los recursos que, por antecedentes que se me suministraron, fueron aprobados el a�o pasado con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y que ascienden a 95 millones de pesos, y a fin de que, adem�s, se llame urgentemente a licitaci�n p�blica para el equipamiento y reparaci�n del Instituto Comercial A-6 de la ciudad de Iquique, a fin de que en 1994 pueda comenzar en forma apropiada sus clases. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. PROBLEMAS DE PEQUE�OS AGRICULTORES DE PRIMERA REGI�N ANTE FRENTE DE MAL TIEMPO. OFICIO El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, la Primera Regi�n de Tarapac� fue duramente afectada por un frente de mal tiempo inusual en esta zona, con nevazones, lluvias y un fuerte temporal de viento, lo que trajo como consecuencia que los arenales y tierra, impulsados por el viento, se impregnaran y radicaran en los �rboles. En el caso de la ciudad de Arica, los olivares del valle de Azapa fueron totalmente cubiertos, y lo mismo ocurri� en la localidad de Pica donde los limonares, mangos y guayabos han quedado en estado calamitoso, corri�ndose el riesgo de la p�rdida total de su producci�n para la pr�xima temporada, con el consiguiente perjuicio econ�mico para los peque�os agricultores de los pueblos mencionados. El fin de semana reci�n pasado estuve con los peque�os agricultores de Azapa, y anteriormente hice lo propio con los concejales de Pica, do�a Luz Morales y don Mario Araya, quienes me manifestaron su gran preocupaci�n por la falta de apoyo hacia ellos en esta eventualidad. Por eso, se�or Presidente, solicito oficiar en mi nombre al se�or Subsecretario del Interior a fin de que se dispongan los recursos necesarios para que cada localidad, por un per�odo de tres meses, pueda proceder a la contrataci�n de dos tractores provistos de bombas, para as� lavar los �rboles, sacarles las arenas salinosas y salvarlos de que se quemen, evitando la ruina de los peque�os agricultores que hacen soberan�a en nuestra Regi�n. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad con el Reglamento. El se�or VALD�S (Presidente).- Me parece loable tratar de salvar especies vegetales que pueden extinguirse. Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES COMUNALES Y REGIONALES ANTE ACTUAL PROCESO DE DESCENTRALIZACI�N El se�or R�OS.- Se�or Presidente, en los �ltimos meses los chilenos hemos estado desarrollando -o, mejor dicho, intentando hacerlo- una nueva f�rmula que nos permitir� avanzar en lo tocante a lograr la excelencia administrativa al interior del Estado. El ejemplo de pa�ses que, como los europeos, han alcanzado esa meta, nos da la oportunidad de analizar ciertos aspectos fundamentales. Ellos, al igual que nosotros, vivieron seguramente lo que durante muchos a�os constituy� en Chile la expresi�n de democracia representativa. De hecho, recuerdo que cuando en el colegio los profesores nos preguntaban qu� era Chile, contest�bamos que era una rep�blica democr�tica y representativa. Sin embargo, con el correr del tiempo y de los a�os, el desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnolog�a, el conocimiento y la informaci�n fue abarcando, indudablemente, a un mayor n�mero de personas, y que antes estaban ajenas a este proceso, transform�ndolas finalmente en verdaderos actores del desarrollo de su naci�n. Por eso, la expresi�n de que Chile es una Rep�blica democr�tica participativa resulta, en los �ltimos a�os, un elemento primordial para cualquier an�lisis acerca de las responsabilidades y de la organizaci�n interna que el Estado se d�, para desarrollarse arm�nicamente, con metas claras y objetivos comunes en la perspectiva de un futuro mejor. Por ello, tambi�n, el art�culo 1� de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica -como lo he recordado en muchas ocasiones- se�ala, como aspecto esencial, que el Estado ampara a todos los grupos intermedios de la sociedad, en los cuales �sta se organiza y estructura, garantiz�ndoles una adecuada autonom�a para cumplir sus fines espec�ficos. Lo mismo ocurre con el art�culo 3� de la Carta -recuerdo que, con el objeto de permitir que todo el proceso de administraci�n interior del Estado tuviere un desarrollo m�s arm�nico, se reform� su texto el 12 de noviembre de 1991-, al expresar: "El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su administraci�n ser� funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley.". De esta forma, aspectos fundamentales de la Constituci�n nos permiten ir avanzando en todo lo que ser� el nuevo proceso de administraci�n interior del Estado. Por su parte, el art�culo 104 de la misma -tambi�n reformado en la fecha antes mencionada- establece: "Para el gobierno y administraci�n interior del Estado a que se refiere el presente cap�tulo" (�ste versa sobre gobierno y administraci�n regional) "se observar� como principio b�sico la b�squeda de un desarrollo territorial arm�nico y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deber�n velar por el cumplimiento y aplicaci�n de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la distribuci�n de los recursos p�blicos.". Se encuentran dictadas todas las normas relativas a los aspectos esenciales para ir avanzando en el proceso de desarrollo de la administraci�n interior del Estado. Sin embargo, considero interesante recordar algunos puntos en los cuales necesariamente las autoridades que se encuentran en estos poderes nuevos -el regional y el comunal- deben asumir responsabilidades en forma definitiva y pronto porque, desde mi punto de vista, por distintos motivos, incluso por desconocimiento, se han marginado de la inmensa obligaci�n que la Constituci�n y las leyes, as� como la historia de �stas, les han entregado. Tal como lo hemos se�alado en reiteradas oportunidades, nuestro pa�s ten�a, y tiene, los tradicionales tres Poderes del Estado horizontales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bajo ellos est� el pueblo de Chile; pero se encontraba alejado de �stos, porque todo estaba centralizado. Las determinaciones y resoluciones propias del desarrollo, hasta de las cosas m�s peque�as, se adoptaban a nivel de esos tres poderes. Era absolutamente indispensable modificar tal criterio y esa forma de administrar a fin de hacer m�s participativas las resoluciones que se van tomando en la conducci�n de la naci�n, y, al mismo tiempo, para transformar esas responsabilidades en una acci�n m�s conjunta de todos los habitantes del pa�s. Por eso, creamos los que hemos denominado tres poderes verticales del pa�s. Al Poder Central, ya existente, hemos a�adido el regional y el comunal. A cada uno de ellos le dimos el nombre de gobierno. En primer lugar est� el gobierno nacional; luego, el gobierno regional, y por �ltimo, el que llamamos gobierno comunal, pues, si bien es cierto que en este nivel el t�rmino correspondiente ser�a "municipal", tanto en la historia de la ley como en diversas ocasiones se emplea el nombre que le dimos. Y con el fin anteriormente expuesto elaboramos normas legales que permitan ir creando un camino nuevo de alternativas m�s modernas y de desarrollo m�s efectivo para nuestra naci�n. Por eso tambi�n modificamos el art�culo 3� de la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de entregar a �stas la responsabilidad privativa -as� lo establece su texto- de elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal, cuya aplicaci�n deber� armonizar con los planes regionales y nacionales. Esta norma, que se encuentra en el cap�tulo sobre las funciones propias del municipio, obliga, como punto de partida de cualquier acci�n de planificaci�n para el pa�s, a que �sta se inicie a partir del gobierno comunal, por cuando �ste, y no otra entidad, tiene la responsabilidad privativa -as� lo consagra la ley- de elaborar el plan de desarrollo comunal. Asimismo, es fundamental tener presentes otros preceptos de la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades. De partida, su art�culo 4�, que permite a aqu�llas asumir otras responsabilidades, distintas o ajenas a las que tradicionalmente han tenido, en las �reas social, de la vivienda, de la salud y en otras. Y, finalmente, establece, en t�rminos bastante simples y definitivos, todas aquellas otras acciones propias del desarrollo de la comuna. Por �ltimo, el art�culo 5� del citado cuerpo legal se refiere a las responsabilidades esenciales de las municipalidades, entre las que se destaca su letra a), que consigna la obligaci�n de ejecutar el plan de desarrollo comunal. Esto significa que los concejales y los alcaldes de toda la naci�n -ellos, y no otros, lo cual debe quedar muy en claro- tienen la responsabilidad privativa de ser los autores primarios de toda planificaci�n que se lleve a cabo en el futuro, en cualquiera de las �reas donde le corresponde actuar a la persona que vive en el territorio comunal. Esa planificaci�n no s�lo implica establecer c�mo se van a invertir los presupuestos de las municipalidades, sino, tambi�n, qu� acciones se desarrollar�n en salud, en educaci�n; cu�les ser�n los aumentos poblacionales proyectados para los pr�ximos D�EZ a�os; c�mo crecer� la ciudad, desde un punto de vista urbano; qu� aspectos productivos esenciales deber�n fortalecerse dentro de la comuna; cu�les requerimientos habr�a que tener presentes en materia vial, los caminos, proyectos; la situaci�n de las ciudades que est�n junto al mar, las condiciones de puerto, los diversos sistemas de desarrollo industrial que deber�n implementarse. En fin, todos aquellos asuntos propios del progreso. Por lo tanto, cuando la ley mencionada habla de elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal, se est� refiriendo a todos los elementos propios del desarrollo, sin exceptuar ninguna de las responsabilidades espec�ficas del municipio. Y, como la norma org�nica constitucional se�ala que los concejales tienen obligaciones normativas, fiscalizadoras y resolutivas, a partir de la aprobaci�n y aplicaci�n del plan de desarrollo comunal su responsabilidad fiscalizadora se extiende, a mi juicio, a la totalidad de los actos p�blicos que se realicen dentro de su comuna. Hoy, mientras ese plan no se establezca, el control s�lo alcanza a los actos propios de la municipalidad y, fundamentalmente, del alcalde. Pero, elaborado, conocido y aprobado el plan de desarrollo, la fiscalizaci�n por parte de los concejales recaer� sobre todo acto p�blico que se lleve a cabo en la comuna. Ahora, �por qu� es tan importante dejar establecido este hecho? Porque, a su vez, los gobiernos regionales -el Intendente y los consejeros regionales- tienen la responsabilidad de elaborar el plan de desarrollo regional. Pero ello no ser� posible hacerlo si las respectivas autoridades regionales no tienen en su poder la totalidad de la planificaci�n comunal, ya que no pueden existir proyectos diversos para una misma �rea geogr�fica. Y, si bien es cierto que la municipalidad goza de autonom�a para administrar su territorio, en ning�n caso podr� haber planes de desarrollo comunal distintos de los que establezca el gobierno regional para la zona bajo su jurisdicci�n. Aprobados los aspectos propios de la planificaci�n regional, los trece proyectos de igual n�mero de gobiernos regionales del pa�s concurren a la autoridad central, a fin de que ellos sirvan de base para la planificaci�n de todo el pa�s. Estructurados en la forma descrita los planes de desarrollo, las leyes org�nicas constitucionales que hemos dictado sobre la materia permiten establecer claramente una modificaci�n en ciento ochenta grados con respecto a la planificaci�n futura, la que hasta el d�a anterior a la entrada en vigencia de aqu�llas estaba en manos del Ministerio de Planificaci�n y Cooperaci�n. Hoy -reitero-, la planificaci�n nace en la comuna a partir de las obligaciones se�aladas en los preceptos legales que he mencionado, para continuar despu�s hacia la regi�n y de �sta, hacia el pa�s. Lo anterior demuestra que la labor de los gobiernos regionales y comunales que hemos creado implica una gran responsabilidad para todos quienes forman parte de ellos. Por ejemplo, cuando expresamos la idea de ir regionalizando el pa�s, debemos recordar que, en Alemania, el 50 por ciento de los recursos p�blicos es administrado por el gobierno central; 25 por ciento, por los gobiernos federales, y 25 por ciento, por los gobiernos comunales. En el caso de Espa�a, 50 por ciento de tales recursos es manejado por el gobierno central; 35 por ciento, por los gobiernos aut�nomos regionales, y 15 por ciento, por los municipales. Adem�s, cuando nos llega la informaci�n de que en B�lgica todo el proceso de administraci�n de los recursos p�blicos sigue un camino similar al descrito; en fin, cuando observamos que en Francia el 33 por ciento de recursos lo distribuye el gobierno central; 33 por ciento por organismos aut�nomos fiscales, y 34 por ciento, los gobiernos comunales, podemos apreciar que el proceso de administraci�n de nuestro pa�s, en t�rminos excelentes, se desarrolla en forma descentralizada, pues los ejemplos que he mencionado han resultado exitosos, y necesariamente debemos imitarlos. En 1973, en Chile, el 97,8 por ciento de los recursos p�blicos estaban a cargo del Gobierno Central, y el 2,2 por ciento de esos dineros era administrado por los gobiernos comunales, o por las municipalidades existentes en ese momento. Hoy d�a, la responsabilidad de los gobiernos regionales y comunales en la materia alcanza al 14,2 por ciento, y el resto sigue siendo distribuido por el Gobierno Central. Comprendo que este proceso debe ir transformando paulatinamente al pa�s, a todos sus hombres y mujeres en actores del desarrollo nacional. Sin embargo, es indispensable cumplir con las responsabilidades. Por ejemplo, para los efectos de ejecutar mejor las distintas actividades propias de los diversos sectores de la Administra-P�blica, la Ley Org�nica Constitucional de Gobierno y Administraci�n Regional establece la forma como se traspasan a las autoridades regionales las responsabilidades del Gobierno Central. Tal traspaso deber� ser autorizado tanto por el gobierno regional como por el Presidente de la Rep�blica. Pero el Jefe del Estado podr� hacerlo en la medida en que existan planes de desarrollo concretos, que posibiliten definitivamente tener la tranquilidad de que, por ejemplo, todas las funciones propias de la vivienda, que en la actualidad lleva a cabo el Ministerio del ramo en forma centralizada, sean traspasadas a los gobiernos regionales. La ley lo permite, y es posible hacerlo. Por otra parte, la propia Constituci�n, modificada por este Congreso a proposici�n del Presidente de la Rep�blica, consagra claramente, en su art�culo 19, n�mero 20�, la alternativa de descentralizar determinados tributos, se�alando que una ley simple podr� autorizar que aquellos que gravan actividades relevantes de la localidad o regi�n podr�n aplicarse al financiamiento de obras de desarrollo en ellas. Pues bien, hemos tenido noticias de que ingres� a la C�mara de Diputados el primer proyecto sobre la materia. En �l, el Primer Mandatario propone que el 25 por ciento de los tributos del petr�leo en la Duod�cima Regi�n queden para ser administrados por el gobierno regional. Se trata de la primera iniciativa de ley realmente regionalizadora en materia de tributos, y nos servir� de ejemplo para posteriores proyectos en similar sentido. Pienso que en este caso el gobierno regional de la Duod�cima Regi�n estableci� planes de desarrollo claros y precisos, con metas tambi�n conocidas, para poder invertir esos recursos. Sin embargo, observo que el resto del pa�s se encuentra marginado de la importante alternativa existente para descentralizar a nuestra naci�n. Entiendo que la responsabilidad en este aspecto no s�lo incumbe a quien est� gobernando, sino a todas aquellas personas que cumplen funciones dentro de los respectivos niveles regionales y comunales. Por lo anteriormente expuesto, se�or Presidente, creo que las leyes que se dictaron y las reformas constitucionales efectuadas para contribuir al proceso de descentralizaci�n no est�n siendo aplicadas, por falta de conocimiento en la materia, y, a veces, por voluntad centralista de autoridades que no est�n dispuestas a entregar poder, pero tambi�n por malas interpretaciones. En mi opini�n, la Contralor�a General de la Rep�blica ha interpretado equivocadamente una serie de normas referidas a los gobiernos comunales y regionales. Y no s�lo les ha dado una interpretaci�n err�nea, sino que diametralmente distinta de lo que la Constituci�n se�ala. Y por ese motivo, se consult� al Secretario de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n acerca de si la Contralor�a General de la Rep�blica, en alg�n instante, solicit� la historia de la ley. Se nos inform� oficialmente que no lo hab�a hecho nunca. Ocurre, entonces, que estos organismos interpretan las leyes sin remitirse a su historia fidedigna. Y si en ella no existe claro fundamento para resolver un problema, deben pedir opini�n a quienes elaboraron y trabajaron la norma legal. Eso hace que tambi�n se est� retrasando el proceso, porque hay temor, inquietud y, fundamentalmente, ignorancia o falta de conocimiento de lo que significa ese precepto fundamental para ir descentralizando el pa�s. He expresado estas ideas en el �nimo de entregar mayor informaci�n -ya lo he hecho en muchas Regiones y comunas del pa�s-, para que, de una vez por todas, las autoridades municipales y regionales asuman el inmenso y maravilloso compromiso de descentralizar Chile, para lograr un desarrollo arm�nico m�s efectivo, que nos permita alcanzar los objetivos de pleno crecimiento que el pa�s espera. Termino formulando brevemente un llamado a mis Honorables colegas y, tambi�n, a los se�ores Diputados. Los Parlamentarios estamos muy acostumbrados a enviar oficios a los Ministros con relaci�n a problemas, como falta de escuelas en una localidad o asuntos de esa especie, lo que tambi�n va quebrando el proceso de regionalizaci�n. Pues bien, para resolver las inquietudes y dificultades que surgen en la Regi�n est�n las autoridades locales. Pero, si no nos dirigimos a ellas, estaremos permanentemente fortaleciendo el nivel central. Cuando un Senador o Diputado pide oficiar a un Secretario de Estado determinado para resolver el problema de una escuela, o un camino o cualquier otra situaci�n en cierta comuna, se sigue el siguiente procedimiento: se env�a esa comunicaci�n al Secretario Regional Ministerial respectivo, quien la contesta al Ministro, el cual, a su vez, la responde al remitente. Es todo un tr�mite burocr�tico que -reitero-, junto con fortalecer el nivel central; debilita nuestras peticiones, aplazando y quebrando todo ese proceso tan importante de desarrollo en el cual estamos todos empe�ados y que esperamos tenga �xito. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Se han agotado los tiempos. El se�or D�AZ.- �Resta alg�n minuto al Comit� Renovaci�n Nacional que pudiera cederme, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- No, se�or Senador. El Honorable se�or R�os lo excedi� en cinco minutos; y la Mesa no quiso interrumpir su discurso tan interesante y bien concebido. Se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 19:42. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n