REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 325�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 36�, en mi�rcoles 24 de marzo de 1993 Ordinaria (De 16:15 a 17:57) PRESIDENCIA DEL SE�OR BELTR�N URENDA, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, EL TITULAR, SE�OR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERR�A, Y EL PROSECRETARIO, SE�OR JOS� LUIS LAGOS L�PEZ ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA. II. APERTURA DE LA SESI�N. III. TRAMITACI�N DE ACTAS. IV. CUENTA. V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en primer tr�mite, que modifica el art�culo 32 de la ley N� 18.892, General de Pesca y Acuicultura (se aprueba en general y particular). Proyecto de ley, en tercer tr�mite, que modifica los C�digos Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal, y otras normas sobre seguridad de las personas (se rechazan las enmiendas d� la C�mara de Diputados, y pasa a Comisi�n Mixta). Proyecto de ley, en primer tr�mite, sobre proyectos industriales para el recurso jurel en la Octava Regi�n (vuelve a la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura). Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica el DFL N� 10, de 1981, de la Subsecretar�a de Telecomunicaciones, que cre� la Empresa de Correos de Chile (se aprueba en general y particular). Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite, que aprueba el acuerdo, entre Chile y Francia, sobre la Creaci�n y Estatutos de Centros Culturales (se aprueba en general y particular). VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian). Creaci�n de servicios de salud en Octava y Novena Regiones. Oficio (observaciones del se�or Navarrete). La santidad, la familia y Teresa de Los Andes (observaciones del se�or Palza). Intolerancia ante fervor religioso (observaciones del se�or D�az) Tipificaci�n del delito de receptaci�n (observaciones del se�or Ortiz). Prestaciones de seguridad social para concejales. Oficio (observaciones del se�or Cantuarias). VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: -Alessandri Besa, Arturo -Calder�n Ar�nguiz, Rolando -Cantuarias Larrondo, Eugenio -Cooper Valencia, Alberto -D�az S�nchez, Nicol�s -Feli� Segovia, Olga -Fern�ndez Fern�ndez, Sergio -Frei Bol�var, Arturo -Frei Ruiz-Tagle, Carmen -Gazmuri Mujica, Jaime -Gonz�lez M�rquez, Carlos -Hormaz�bal S�nchez, Ricardo -Huerta Celis, Vicente Enrique -Jarpa Reyes, Sergio Onofre -Lagos Cosgrove, Julio -Larre Asenjo, Enrique -Lavandero Illanes, Jorge -Letelier Bobadilla, Carlos -Martin D�az, Ricardo -Mc-Intyre Mendoza, Ronald -Navarrete Betanzo, Ricardo -Ortiz De Filippi, Hugo -Otero Lathrop, Miguel -Pacheco G�mez, M�ximo -P�ez Verdugo, Sergio -Palza Corvacho, Humberto -Papi Beyer, Mario -P�rez Walker, Ignacio -Pi�era Echenique, Sebasti�n -Prat Alemparte, Francisco -Romero Pizarro, Sergio -Ruiz De Giorgio, Jos� -Ruiz-Esquide Jara, Mariano -Siebert Held, Bruno -Sinclair Oyaneder, Santiago -Soto Gonz�lez, Laura -Thayer Arteaga, William -Urenda Zegers, Beltr�n -Vodanovic Schnake, Hern�n -Zald�var Larra�n, Andr�s Actu� de Secretario el se�or Rafael Eyzaguirre Echeverr�a, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Lagos L�pez. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:15, en presencia de 40 se�ores Senadores. El se�or URENDA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or URENDA (Vicepresidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 32a, ordinaria, en 11 del actual, que no ha sido Observada. El acta de la sesi�n 33a, ordinaria, en 16 del actual, se encuentra en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or URENDA (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Dos de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: Con el primero hace presente la urgencia, con el car�cter de "simple", al proyecto que modifica la normativa legal de las comunidades agr�colas. --Se tiene presente la calificaci�n y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Con el segundo, y sin perjuicio de lo expresado en mensajes anteriores en este sentido, incluye en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional la totalidad de los proyectos iniciados en moci�n parlamentaria de cuyo ingreso se haya dado cuenta a la Honorable C�mara de Diputados o al Senado, seg�n el caso, entre el 19 de septiembre de 1992 y el 22 de marzo de 1993. --Se toma conocimiento. Oficio Del se�or Ministro de Obras P�blicas con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Ortiz relativo al camino Puerto Aguirre-Caleta Andrade, Und�cima Regi�n. --Queda a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes De la Comisi�n de Relaciones Exteriores reca�do en el proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, referente a la aprobaci�n del Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Unidos de Am�rica y de la Rep�blica de Chile concerniente al Consejo de los Estados Unidos y Chile sobre el Comercio y la Inversi�n. De la Comisi�n de Constituci�n Legislaci�n, Justicia y Reglamento reca�do en el proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que concede amnist�a a personas naturales procesadas o condenadas por el delito de hurto de energ�a el�ctrica, en los casos que indica. De la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura reca�do en el proyecto, en primer tr�mite constitucional, que modifica el art�culo 32 de la ley N� 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N� 430, de 1991, del Ministerio de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n. --Quedan para tabla. Moci�n Del Senador se�or Pi�era con la que inicia un proyecto que modifica la ley N� 18.700, Org�nica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. --Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta. V. ORDEN DEL D�A MODIFICACI�N DE ART�CULO 32 DE LEY N� 18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA El se�or URENDA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer tr�mite constitucional, que modifica el art�culo 32 de la ley N� 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N� 430, de 1991, del Ministerio de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n. Esta iniciativa cuenta con informe de la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 35a, en 23 de marzo de 1993. Informe de Comisi�n: Pesca y Acuicultura, sesi�n 36a, en 24 de marzo de 1993. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisi�n se�ala en su informe que el proyecto tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, est� calificado con urgencia de "discusi�n inmediata", consta de un art�culo �nico y debe ser aprobado con qu�rum .calificado, lo que significa el voto favorable de 24 se�ores Senadores. Asimismo, propone aprobar el siguiente texto: '"Art�culo �nico.- Interc�lase, en el art�culo 32 de la Ley N� 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N� 430, de 1991, del Ministerio de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, entre las palabras "explotaci�n" y "podr�n", eliminando la coma (,) la siguiente frase: "o en pesquer�as que tengan su acceso transitoriamente cerrado".". Cabe hacer presente que en el mismo informe se dan las razones que tuvo el Ejecutivo para proponer la enmienda, que la Comisi�n aprob� por la unanimidad de sus miembros presentes. El se�or URENDA (Vicepresidente).- En discusi�n general y particular la iniciativa. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Mc-Intyre. El se�or MC-INTYRE.- Se�or Presidente, este proyecto de ley es muy sencillo y viene a corregir un problema que se ha presentado respecto del art�culo 32 de la referida normativa. El art�culo 19 transitorio de la Ley de Pesca dispone: "Las declaraciones de plena explotaci�n y el cierre de las pesquer�as expirar�n el 1� de enero de 1993," -es decir, este a�o- "salvo que el Consejo Nacional de Pesca y los Consejos Zonales de Pesca resuelvan mantener estas medidas de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley.". Y, sobre el particular, cabe agregar que dichos Consejos est�n siendo consultados en este instante por la Subsecretar�a de Pesca para los efectos de la sustituci�n de cinco buques que resultaron quemados en la Octava Regi�n, y de otros asuntos. El problema que ha surgido en este caso es que reglamentariamente no se podr�an hacer las correspondientes sustituciones porque el recurso no estar�a en plena explotaci�n, por cuanto -como se sabe- existe un r�gimen general de acceso. Por tal motivo, la Subsecretar�a propone corregir el art�culo 32 de la Ley de Pesca, cuyo texto es el siguiente: "Los titulares de autorizaciones de pesca, habilitados para desarrollar actividades pesqueras en pesquer�as declaradas en plena explotaci�n, podr�n sustituir sus naves pesqueras. Para estos efectos, el Ministerio, por decreto supremo, previo informe t�cnico de la Subsecretar�a y consulta al Consejo Nacional de Pesca, establecer� el reglamento que fije las normas correspondientes.". Y para subsanar la dificultad indicada el Ejecutivo sugiere agregar, despu�s de la frase "en plena explotaci�n", lo siguiente: "o en pesquer�as que tengan su acceso transitoriamente cerrado", lo que corresponder�a al caso presentado en la Octava Regi�n, respecto del cual los Consejos se encuentran definiendo la situaci�n. Ahora, al aprobar la modificaci�n propuesta, estar�amos corrigiendo dicha anomal�a. Pienso que en esa forma ayudar�amos a todos los afectados de la Octava Regi�n a fin de que puedan efectuar sus sustituciones en el menor tiempo posible. Por lo tanto, considero importante aprobar la iniciativa en debate, de gran prioridad en este momento. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Cantuarias. El se�or CANTUARIAS.- Se�or Presidente, nosotros apoyaremos la iniciativa en an�lisis. En todo caso, vale la pena recordar que la Ley de Pesca, en cuanto a su caracter�stica de disponer la existencia de un r�gimen general de acceso a los recursos pesqueros, no contempla un mecanismo de sustituci�n, porque al existir ese r�gimen general de acceso lo cierto es que quien desee poner una nave a explotar tales recursos queda inmediatamente autorizado para ello, salvo algunas formalidades que debe cumplir. Seg�n el informe de la Comisi�n, el art�culo 20 de la normativa en comento permite suspender el ingreso de solicitudes y el otorgamiento de autorizaciones cuando la pesquer�a amerite un r�gimen de administraci�n distinto -caso que se presenta en la zona comprendida entre la Quinta y Novena Regiones, y que tambi�n puede ocurrir con respecto a algunas pesquer�as ubicadas en otros lugares del pa�s-, mientras se obtienen las aprobaciones del Consejo Nacional y de los Consejos Zonales de Pesca. Vale decir, legalmente, no es posible sustituir las naves que operan en una pesquer�a en el per�odo que media entre la suspensi�n de las autorizaciones y la aprobaci�n que deben dar los mencionados Consejos. A mi juicio, conviene tener presente el mecanismo de sustituci�n, e incluso estimularlo, no s�lo por las situaciones dram�ticas ocurridas con motivo del incendio que se produjo en el puerto de San Vicente, sino porque puede permitir, en el futuro, el desarrollo tecnol�gico y mayor eficiencia mediante el reemplazo de naves con cierto do de obsolescencia. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta, como prevenci�n -esto se encuentra en el mensaje del Ejecutivo y aparece en el informe de la Comisi�n sometido a la consideraci�n de la Sala-, que la idea es que las sustituciones no signifiquen un aumento del esfuerzo pesquero, o sea, el prop�sito es que se reemplacen naves que, en el fondo, posean iguales caracter�sticas. Porque, como desgraciadamente ocurri� en el pasado, puede darse el caso de la sustituci�n de buques por otros de mucho mayor envergadura y entidad, lo cual significa aumentar el esfuerzo sobre determinada pesquer�a. Cabe se�alar que, conforme al reglamento a que se refiere el art�culo 32 de la Ley de Pesca -dictado el a�o pasado a trav�s del decreto supremo N� 64, del Ministerio de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n-, se impide taxativamente sustituir naves por otras que incrementen en general el tonelaje de registro grueso, y, en el caso de las embarcaciones cerqueras, que son aquellas que mayoritariamente explotan el recurso jurel en la zona en referencia, el aumento de su capacidad de bodega. Por otro lado, la disposici�n en estudio adquiere car�cter general. La verdad es que, "gatillada" de alguna manera por una circunstancia excepcional, como lo fue el incendio en el puerto de San Vicente, bien podr�a pensarse que bastar�a un precepto transitorio para resolver el problema. Sin embargo, estimo necesario dejarlo consagrado como norma permanente, porque es posible que se repitan situaciones como la planteada. Adem�s, el no acceso provisional a pesquer�as o el no cursar autorizaciones se produjo debido a que los Consejos Zonales de Pesca -y �ltimamente el Consejo Nacional de Pesca- no hab�an comenzado a funcionar. En el informe tambi�n se previene que si la sustituci�n involucra a naves provenientes del extranjero, �stas deben adecuarse a la legislaci�n vigente en nuestro pa�s. Por �ltimo, la Comisi�n estim� del caso -ello obedece a una inquietud que plante� en conjunto con el Senador se�or Arturo Frei- consignar dos elementos adicionales, y considero muy oportuno recordarlos en esta Sala. En primer lugar, debido a la situaci�n que ha afectado al puerto de San Vicente, y por la certeza que asiste a muchos t�cnicos en el sentido de que el problema obedeci� al desarrollo de actividades muy diversas en el �rea, ya que es puerto pesquero artesanal, mercante, de desembarque de crudo y de productos refinados del petr�leo -todos ellos, en alguna medida, generaron los problemas que derivaron en el incendio-, existe la posibilidad para la ciudad de Talcahuano y sus dos puertos mayores (Talcahuano y San Vicente) de producir una suerte de disciplina y orden en el sentido de destinar algunas instalaciones portuarias exclusivamente a una actividad y de robustecer las otras orientadas al sector de las embarcaciones mercantes. Sin embargo, quisimos consignar en el informe que esta iniciativa constituir�a un elemento que podr�a perturbar la decisi�n de construir el puerto de Coronel, por la forma en que se materializar�a. Tal aspiraci�n (que est�n estudiando tanto los empresarios de la zona como las autoridades mar�timas y pesqueras de Gobierno) consiste en dedicar el puerto de Talcahuano a la actividad pesquera y el de San Vicente a la transferencia de carga. Si lo anterior implicare alguna compensaci�n para este �ltimo en t�rminos de entregarle m�s sitios, bien podr�a afectar la decisi�n de construir, con capitales privados, el puerto de Coronel -que tendr�a un impacto muy significativo en la absorci�n de mano de obra de la zona del carb�n-, proyecto en el que por largos tres a�os no se han logrado vencer ciertas trabas burocr�ticas para concretarlo, y as� llegar a entregar entre mil 500 y 2 mil oportunidades de empleo. En consecuencia, conviene llamar la atenci�n, tal como se�ala el informe, hacia la importancia de que una redefinici�n o replanteamiento de la pol�tica pesquera y portuaria en la zona se lleve a cabo con cuidado, de manera de no perturbar otras decisiones de inversi�n. En segundo lugar, quiero manifestar mi especial preocupaci�n por los pescadores artesanales, por lo siguiente. Estamos modificando la Ley de Pesca, que tiene dos finalidades: primero, dar estabilidad a la actividad pesquera para, cuidando los recursos, hacerla permanente en el tiempo, y segundo, muy importante, fomentar el desarrollo de la pesca artesanal. Los pescadores artesanales son, en el fondo, los grandes perjudicados por el incendio ocurrido en San Vicente, pues en general se trata de due�os de peque�as embarcaciones, normalmente sin asegurar, que lo perdieron todo. Por eso, en el informe tambi�n destacamos la necesidad de aplicar una pol�tica de est�mulos e incentivos para apoyar esta actividad. Y ello, no s�lo a trav�s de la ayuda directa que el municipio respectivo entregue a las familias de los pescadores afectados, sino tambi�n mediante otras v�as que permitan a �stos volver a desempe�arse en lo �nico que saben hacer, que, es pescar artesanalmente, como la adquisici�n del equipamiento que se quem� en el incendio mencionado, que puede ser de responsabilidad de cualquiera, menos de ellos, que son, repito, los grandes perdedores. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Arturo Frei. El se�or FREI (don Arturo).- Se�or Presidente, como se se�al� aqu�, esta iniciativa viene a llenar un vac�o de la Ley de Pesca, el que se hizo m�s notorio despu�s del siniestro sucedido en el puerto de San Vicente. El proyecto, que el Gobierno se apresur� a enviar para solucionar ese problema, beneficia a los empresarios o industriales pesqueros. Sin embargo, con el Honorable se�or Cantuarias hemos expresado nuestra inquietud por los pescadores artesanales, que fueron los m�s damnificados con el incendio del puerto reci�n nombrado. Ya hemos sido informados por el se�or Subsecretario de Pesca de que se est�n tomando algunas medidas para ir en su ayuda. Por tanto, pido oficiar al se�or Presidente de la Rep�blica con el fin de solicitarle que apure al m�ximo el env�o de auxilio, ya que esos pescadores, al no tener aseguradas sus naves, quedaron sin nada. Se est� pensando en proyectos del FOSIS para los propietarios de peque�as embarcaciones, y de ayuda internacional para los due�os de otras un poco m�s grandes. Por otro lado, tal como indic� el Honorable se�or Cantuarias, en el informe consignamos nuestra preocupaci�n ante la idea de construir un puerto de pesca artesanal en San Vicente y otro pesquero industrial en Talcahuano, para lo cual la EMPORCHI ceder�a una parte en este �ltimo, y se habilitar�a otro sitio para ella. Esto es grave, considerando que el Primer Mandatario, en su �ltimo viaje a la zona, se comprometi� con el sector privado a que el Estado no realizar�a inversiones portuarias all�. En ese entendido, se llevar�n adelante, con capitales particulares, dos puertos en la Regi�n: uno en Coronel y otro en Lirqu�n. Reitero: si el Estado contribuyera con un nuevo sitio en Talcahuano, ser�a grave, porque no se estar�a cumpliendo el compromiso adquirido con inversionistas privados que van a levantar la obra mencionada en Coronel, fundamental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del carb�n y para la reconversi�n de esta actividad. Por tal motivo, tambi�n solicito oficiar en mi nombre al Presidente de la Rep�blica expres�ndole nuestra preocupaci�n por que se cumpla el compromiso adquirido p�blicamente en el sentido de que el Estado no habilitar� otro puerto en la zona, a fin de facilitar los que impulsar� el sector privado en Coronel y Penco. He dicho. El se�or CANTUARIAS.- Se�or Presidente, si lo tiene a bien el Honorable se�or Arturo Frei, quisiera que los oficios solicitados por Su Se�or�a tambi�n se enviaran en mi nombre. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se enviar�n los oficios a que se ha hecho referencia, en nombre de los Senadores se�ores Arturo Frei y Cantuarias. Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz. El se�or RUIZ (don Jos�).- No har� uso de ella, se�or Presidente, pues es innecesario que intervenga luego de la explicaci�n del Senador se�or Arturo Frei, quien habl� en nombre de nuestra bancada. Gracias. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se dar�a por aprobada la iniciativa tanto en general como en particular. --Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto (30 votos). MODIFICACI�N DE C�DIGOS PENAL, DE JUSTICIA MILITAR Y DE PROCEDIMIENTO PENAL, Y DE OTRAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS El se�or URENDA (Vicepresidente).- En el segundo lugar del Orden del D�a se encuentra el proyecto de ley, en tercer tr�mite constitucional, que modifica normas de los C�digos Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal, as� como otras disposiciones, en materia de seguridad de las personas, con informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 25a, en 10 de diciembre de 1991. En tercer tr�mite, sesi�n 19a, en 22 de diciembre de 1992. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 27a, en 17 de diciembre de 1991. Constituci�n (segundo), sesi�n 32a, en 9 de enero de 1992. Constituci�n (tercer tr�mite), sesi�n 35a, en 23 de marzo de 1993. Discusi�n: Sesiones 28a, en 18 de diciembre de 1991 (se aprueba en general); 32a, en 9 de enero de 1992 (se despacha en particular); 20a, en 5 de enero de 1993 (pasa a Comisi�n de Constituci�n). El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La iniciativa, tal como se�ala la Comisi�n, trata de asuntos relacionados con la libertad provisional, el quebrantamiento de indulto como agravante de la responsabilidad penal, delitos de maltrato de obra a carabineros y la responsabilidad penal de los menores de edad. Se ha hecho presente a la Mesa que a estas materias se referir� el Senador se�or Pacheco. El se�or URENDA (Vicepresidente).- En discusi�n las enmiendas introducidas por la Honorable C�mara de Diputados. Tiene la palabra el Senador se�or Pacheco. El se�or PACHECO.- Se�or Presidente, me voy a permitir resumir el informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento reca�do en este proyecto, en tercer tr�mite constitucional, que, como dijo el se�or Secretario, modifica normas de los C�digos Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal, as� como otras disposiciones, en materia de seguridad de las personas. El Senado dispuso, en aplicaci�n del art�culo 37 de su Reglamento, que el proyecto pasara a Comisi�n para informe. El art�culo 68 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica prescribe que, en el tercer tr�mite, la C�mara de origen -en este caso, el Senado- debe votar las adiciones o enmiendas hechas por la C�mara revisora en el segundo tr�mite constitucional. Si se rechaza una de ellas o m�s, deber� formarse una comisi�n mixta para proponer el modo de resolver las dificultades. El texto en informe se articula en torno de cuatro cuestiones principales: la libertad provisional; el quebrantamiento de indulto como agravante de la responsabilidad penal; los delitos de maltrato de obra a carabineros, y la responsabilidad penal de los menores de edad. En cuanto a esta �ltima, el debate se centr� en los siguientes aspectos: edad l�mite para la plena responsabilidad penal; si los menores de edad tienen o no responsabilidad criminal; sanciones versus medidas de protecci�n y rehabilitaci�n; medidas jur�dicas y materiales para implementar un sistema de rehabilitaci�n de menores que delinquen, y supresi�n de la declaraci�n sobre discernimiento. El mensaje del Ejecutivo propon�a rebajar a 14 a�os la edad l�mite para la inimputabilidad penal, manteniendo la instituci�n de la declaraci�n judicial de haber obrado o no con discernimiento en el caso de inculpados mayores de 14 y menores de 18 a�os. A partir de esta �ltima edad la responsabilidad criminal ser�a plena. Durante el primer tr�mite constitucional en el Senado, a instancias del Ejecutivo, se eliminaron del proyecto las normas relativas al l�mite de la responsabilidad penal, con el fin de abordar este aspecto de modo m�s adecuado en una iniciativa espec�fica sobre el particular. En el segundo tr�mite constitucional, igualmente por indicaci�n del Ejecutivo, se reincorpor� el tema, estableci�ndose en 18 a�os el l�mite �nico de la responsabilidad penal y suprimiendo el tr�mite de declaraci�n de discernimiento. La se�ora Directora del Servicio Nacional de Menores manifest� en la Comisi�n que el Gobierno asumi� esta posici�n final luego de aquilatar debidamente todos los factores que concurren en el problema de las conductas desviadas de los menores, y no s�lo su faceta final, que es la que conoce la opini�n p�blica, cual es la comisi�n de delitos ampliamente difundidos por los medios de comunicaci�n. Por lo que hace a la edad l�mite, se opt� por la que fija el Art�culo 1 de la Convenci�n sobre Derechos del Ni�o, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. La disposici�n en comento establece que, para los efectos de la citada Convenci�n, se entiende por ni�o todo ser humano menor de 18 a�os, salvo que en virtud de una ley haya alcanzado antes la mayor�a de edad. Respecto de por qu� fijar la edad m�nima en 18, y no en 16 a�os, la se�ora Directora se�al� que ello permite trabajar en rehabilitaci�n con menores de hasta 18, y que del otro modo este deber del Estado alcanzar�a a un n�mero inferior de menores en situaci�n conflictiva, puesto que s�lo se podr�a atender a ni�os de no m�s de 16 a�os, ya que los que hubieran superado este umbral quedar�an sujetos al r�gimen penal de los adultos. En lo atinente a la instituci�n del discernimiento, dijo que en la actualidad Chile es virtualmente el �nico pa�s del mundo que la conserva. Y a�adi� que se propone suprimirla por los perniciosos efectos que causa en los menores. Explic� que el procedimiento judicial respectivo tarda en promedio entre 30 y 45 d�as, lapso durante el cual los menores permanecen privados de libertad en las c�rceles. El 70 por ciento de ellos son declarados sin discernimiento, y, del 30 por ciento restante, recibe sentencia condenatoria un porcentaje m�nimo. Sin embargo, la estad�a en los recintos carcelarios les provoca un aut�ntico trauma ps�quico y social, y con gran frecuencia se corrompen, haciendo muy dif�cil, si no infructuoso, su tratamiento ulterior con fines de rehabilitaci�n conductual y reinserci�n social. El mecanismo de declaraci�n sobre discernimiento no sirve para modificar las conductas desviadas de los menores, advirti� la se�ora Directora. El Senador se�or D�ez expres� que para poder resolver acerca de la supresi�n de la declaraci�n sobre discernimiento era indispensable que previamente estuvieran habilitados los establecimientos y dispuestas las medidas especiales a que aludi� la se�ora Directora del Servicio Nacional de Menores. Estim� que el texto, tal como fue aprobado en el segundo tr�mite constitucional, surtir�a un efecto perverso, como es el dar una se�al de impunidad a los menores que delinquen al partir de una base que Su Se�or�a juzg� falsa: la postulaci�n de que todo menor de 18 a�os no tiene responsabilidad penal y de que, en consecuencia, no debe ser castigado, sino s�lo corregido. El Senador se�or Otero manifest� que algunas de las materias incorporadas por la C�mara de Diputados parecen no guardar la suficiente vinculaci�n con la idea matriz o fundamental del proyecto, que no es otra que garantizar en mejor forma la seguridad ciudadana, amenazada por una serie de delitos violentos. En tal situaci�n se encontrar�an, a juicio del citado se�or Senador, las disposiciones sobre discernimiento y fijaci�n del l�mite de edad para la plena responsabilidad penal y la mayor parte de las enmiendas subsecuentes introducidas a la legislaci�n de menores. Por mi parte, se�or Presidente, se�al� que, si bien en gran medida el proyecto aprobado por la C�mara de Diputados es aceptable, algunos aspectos puntuales de �l no satisfacen. Por ejemplo, la redacci�n propuesta para sustituir el art�culo 72 del C�digo Penal, que me parece insuficiente. Por ello, me inclin� igualmente por el rechazo de las modificaciones formuladas en el segundo tr�mite, a fin de provocar la formaci�n de una Comisi�n Mixta. En general, se�or Presidente, el pensamiento un�nime de los miembros de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento -que se somete a la consideraci�n de la Sala- es rechazar todas las enmiendas introducidas al proyecto por la Honorable C�mara de Diputados. Ello no significa, en modo alguno, que no queramos legislar. Hemos conversado y convenido con el se�or Ministro de Justicia que se trabaje un proyecto aceptable. Y, en consecuencia, creemos que, cuando se forme la Comisi�n Mixta, podremos llegar a un acuerdo con los se�ores Diputados y legislar en debida forma respecto de los art�culos aprobados por la C�mara Baja, la mayor�a de los cuales nos produjeron insatisfacciones. Por esta raz�n, se�or Presidente, la Comisi�n propone rechazar el proyecto de la C�mara de Diputados, para que se forme una Comisi�n Mixta, en la cual, con la colaboraci�n del se�or Ministro de Justicia y con el acuerdo que procuraremos alcanzar con los Honorables Diputados, podremos llegar a un texto de consenso para presentarlo a la aprobaci�n de ambas ramas del Parlamento. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Otero. El se�or OTERO.- Se�or Presidente, en verdad este proyecto basa su origen en una iniciativa de los Senadores de Renovaci�n Nacional, y tiene una finalidad muy clara: solucionar ciertos vac�os de la legislaci�n para combatir con mayor eficacia la delincuencia. Dentro de estas materias, exist�an problemas: por ejemplo, el asesinato de carabineros de franco -por el solo hecho de ser carabineros- con la consiguiente conmoci�n causada en la opini�n p�blica por dos hechos similares en un breve espacio de tiempo. Otro problema apuntaba a las libertades, especialmente la provisional, para delincuentes reincidentes. Hoy d�a hemos visto c�mo uno de los cr�menes m�s atroces fue cometido por una persona que gozaba de libertad condicional. Por lo tanto, hab�a que reglamentar las libertades provisional y condicional y, al mismo tiempo, afrontar una dificultad muy seria: la de la delincuencia juvenil. Deseo se�alar por qu� en la Comisi�n consideramos que era lo mejor rechazar todas las indicaciones de la C�mara de Diputados y llegar as� a una Comisi�n Mixta. Dicha rama legislativa cambi� enteramente la finalidad del proyecto, lo desvirtu� y, en lugar de una iniciativa para combatir la delincuencia, se transform� en algo que la ciudadan�a pod�a interpretar como un espaldarazo a la impunidad, que es la causal que permite aumentar m�s la delincuencia en n�mero y en peligrosidad. La iniciativa de la C�mara de Diputados confunde, lamentablemente, dos cosas distintas. En primer lugar, las causas sociales que generan la delincuencia, que son problemas de largo plazo. Entre las medidas que deben tomarse no est� precisamente la represi�n, sino la capacitaci�n, la educaci�n y la culturalizaci�n. Diversos elementos -como el fortalecimiento de la familia- influyen necesariamente en las medidas que deben abordarse para ir disminuyendo a largo plazo la delincuencia. Es decir, impedir que gente que hoy d�a no delinque empiece a hacerlo. Un asunto distinto lo constituyen las medidas de corto plazo y las de ejecuci�n inmediata que deben adoptarse en lo tocante a la delincuencia actual. La Directora del Servicio Nacional de Menores nos se�al� en la Comisi�n que, en este momento, se encuentran fichados aproximadamente 200 delincuentes juveniles reincidentes y de alta peligrosidad. La pregunta es si a esos 200, 300 � 400 j�venes hay que aplicarles medidas correctivas o declararlos irresponsables en materia penal. Se mezcla, entonces, lo de largo plazo con el problema inmediato, en circunstancias de que ambas cosas deben considerarse en forma separada. Por otro lado, se confundieron -en esto estuvimos de acuerdo los Senadores y tambi�n la Directora del Servicio Nacional de Menores- los conceptos de discernimiento y de responsabilidad penal. En el mundo actual, nadie puede negar que un joven de 16 a�os tiene plena conciencia de lo bueno y de lo malo. Y el discernimiento, como est� definido en el C�digo Penal, consiste precisamente en la capacidad de la persona que act�a de distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo, y de darse cuenta de las consecuencias de su acci�n delictual. El proyecto aprobado por la C�mara elimina absolutamente el discernimiento y establece que los menores de 18 a�os son todos irresponsables en materia penal. Esto puede ser interpretado por la ciudadan�a como un elemento estimulante del aumento de la criminalidad, porque, si todos los delincuentes menores de 18 a�os son irresponsables penalmente, tendremos un incentivo para el crecimiento de este tipo de actos si no se adoptan las medidas adecuadas. Por ese motivo, cuando se analizaron estas circunstancias en la Comisi�n se destac� que hay dos elementos que son imprescindibles en el momento en que el legislador dicta la ley: primeramente, la responsabilidad penal de una persona cuando es capaz de distinguir entre el bien y el mal y conoce las consecuencias de sus actos; y, en seguida, el tribunal, los procedimientos y las sanciones o medidas que deba adoptar la sociedad seg�n las caracter�sticas del inculpado. Es decir, aqu� no estamos en un problema de declarar la irresponsabilidad penal para el menor de 18 a�os. �No, se�or! Y lo reconoci� la Directora del Servicio Nacional de Menores: tienen responsabilidad penal. Debemos buscar de qu� manera se les hace efectiva; de qu� manera se les juzga; de qu� manera se les sanciona, y en qu� lugares cumplir�n los castigos que se les impongan. Pero, si en un proyecto se establece la irresponsabilidad penal y no se se�alan sanciones, sino medidas correctoras, obviamente el mensaje que hoy se diese a la opini�n p�blica ser�a distorsionado y no lo entender�a de ninguna manera. Asimismo, resulta muy claro que los motivos de los cambios efectuados por la C�mara de Diputados dicen relaci�n a la situaci�n carcelaria vigente, y que es necesario enfrentar. Este Gobierno -es justo decirlo-, si no cabalmente, la est� enfrentando. Deben construirse nuevos establecimientos; hay que separar absolutamente a los menores de los adultos, a los primerizos de los delincuentes reincidentes, y dentro de estos �ltimos, a aquellos absolutamente irredimibles. Pero �se es un problema carcelario y no de aplicaci�n de penas ni de determinaci�n de tribunal. Se trata de algo referente a la ejecuci�n de la sentencia y de que el Gobierno aborde el problema con la seriedad que el caso demanda. En cuanto a Carabineros, cuando el Senado aprob� el proyecto, tuvo muy en claro que deb�a ampliarse la tipificaci�n del tipo de delito para aquel que mata o lesiona a un carabinero, por el solo hecho de ser tal, aunque se encuentre fuera de servicio. Porque -as� fue se�alado cuando se discuti� y aprob� en la Sala- los delincuentes, para eludir la aplicaci�n del C�digo de Justicia Militar, esperaban que el polic�a dejara su armamento y su equipo y se vistiera de civil, para asesinarlo. �Y por qu�? �Solamente porque era carabinero! Y hubo casos que fueron dados a conocer en la Sala. Entonces, el Senado estim� que eso era inaceptable y que resultaba necesario defender al servidor p�blico en forma permanente. Distinta es la situaci�n de un carabinero franco herido o muerto en una rencilla o pelea, por razones pasionales, de aquel que, sin hacer absolutamente nada, resulta asesinado a mansalva por un grupo terrorista por el hecho de ser polic�a. Y se�alamos los riesgos que se corr�an en la Rep�blica al dejar impune este actuar il�cito no tipificado en el C�digo de Justicia Militar. El proyecto de la C�mara de Diputados cambia el concepto en forma absoluta, y deja sin pena lo que en el Senado, precisamente, quer�amos sancionar. He manifestado aqu�, de manera muy sucinta, las razones que llevaron a la unanimidad de la Comisi�n a rechazar la proposici�n de la C�mara, porque entendemos que en la Comisi�n Mixta, con los argumentos y razones del Senado, podr� llegarse, con los representantes de esa rama legislativa, a un acuerdo que permita despachar una iniciativa que cumpla el objetivo buscado: atacar la delincuencia, dar mayor seguridad a los ciudadanos e impedir que carabineros sean cobardemente asesinados por el hecho de ser polic�as y prestar un servicio a la comunidad. Por estos motivos, se�or Presidente, pensamos, fundamentalmente el Senador que habla, que debe acogerse el informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia, el cual, por unanimidad, propone rechazar las modificaciones propuestas por la C�mara. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobar�a el informe de la Comisi�n, que rechaza todas las enmiendas introducidas al proyecto por la C�mara de Diputados. Acordado. Como corresponde designar a los representantes del Senado ante la Comisi�n Mixta, la Mesa propone a los miembros de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Acordado. PROYECTOS INDUSTRIALES PARA RECURSO JUREL EN OCTAVA REGI�N. INFORME COMPLEMENTARIO El se�or URENDA (Vicepresidente).- En tercer lugar de la tabla, figura el proyecto de ley, iniciado en moci�n de los Honorables se�ores Cantuarias, Arturo Frei, R�os y Ruiz-Esquide, relativo al desarrollo de proyectos industriales para el recurso jurel en la Octava Regi�n. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los se�ores Cantuarias, Frei (don Arturo), R�os y Ruiz-Esquide). En primer tr�mite, sesi�n 5a, en 20 de octubre de 1992. Informe de Comisi�n: Pesca y Acuicultura (nuevo), sesi�n 27a, en 20 de enero de 1993. Discusi�n: Sesi�n 28a, en 21 de enero de 1993 (se aplaza su discusi�n). El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Ha llegado a la Mesa un acuerdo un�nime de Comit�s, para retirar del Orden del D�a la iniciativa en referencia, con el objeto de solicitar, en forma urgente, a la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura un informe complementario que incluya un an�lisis de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo. El se�or URENDA (Vicepresidente).- El acuerdo de los Comit�s permitir� el despacho m�s expedito del proyecto, pues la Comisi�n conocer� las nuevas indicaciones del ejecutivo, formuladas mediante el oficio de que se dio cuenta en la sesi�n anterior. --El proyecto pasa a la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura, para los efectos se�alados. NUEVA DIETA PARA DIRECTORES DE CORREOS DE CHILE El se�or URENDA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la C�mara de Diputados, que modifica el decreto con fuerza de ley N� 10, de 1981, de la Subsecretar�a de Telecomunicaciones, que cre� la Empresa de Correos de Chile. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 57a, en 6 de mayo de 1992. Informes de Comisi�n: Transportes, sesi�n 32a, en 11 de marzo de 1993. Hacienda, sesi�n 35a, en 23 de marzo de 1993. Discusi�n: Sesi�n 33a, en 16 de marzo de 1993 (pasa a la Comisi�n de Hacienda). El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La iniciativa, en segundo tr�mite constitucional, tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo y consta de un art�culo �nico. La Comisi�n aprob� por unanimidad el texto, que dice: "Art�culo �nico.- Sustituyese el art�culo 8� del Decreto con Fuerza de Ley N� 10, de 1981, de la Subsecretar�a de Telecomunicaciones, por el siguiente: "Art�culo 8�.- Los Directores percibir�n una dieta �nica equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada sesi�n de Directorio o de Comisi�n a la que asistan, con un tope m�ximo de diecis�is de estas unidades por mes calendario. Esta dieta se aumentar� en un 50% y 25%, trat�ndose del Presidente y Vicepresidente, respectivamente. "No podr� asignarse a los Directores suma alguna por gasto de representaci�n.". La Sala tambi�n envi� el proyecto a la Comisi�n de Hacienda, la cual lo aprob� en los mismos t�rminos en que lo hiciera la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones, con tres votos afirmativos y la abstenci�n del Honorable se�or Pi�era. El se�or URENDA (Vicepresidente).- En la discusi�n general y particular, tiene la palabra el Honorable se�or Otero. El se�or OTERO.- Se�or Presidente, la semana pasada correspondi� informar de esta materia, en nombre de la Comisi�n t�cnica, al Honorable se�or Navarrete, quien hizo presente que hubo unanimidad en su aprobaci�n. Quiero dejar expresa constancia en acta de que nuestro asentimiento se bas� en el compromiso, tanto del anterior Ministro de Transportes y Telecomunicaciones como del actual, en cuanto a enviar, en este per�odo de sesiones, un proyecto para adecuar los estatutos de Correos de Chile a los de empresas como Ferrocarriles del Estado o Televisi�n Nacional. Es decir, el Gobierno se comprometi� formalmente ante la Comisi�n en el sentido que estoy indicando. Por lo dem�s, as� lo hizo presente el propio Senador se�or Navarrete. No obstante, he querido reiterarlo, porque �se fue el motivo por el cual votamos favorablemente la iniciativa. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Zald�var. El se�or ZALD�VAR.- Se�or Presidente, efectivamente la Comisi�n de Hacienda aprob� por unanimidad el proyecto en comento. El Honorable se�or Pi�era se abstuvo por el mismo motivo se�alado por el Senador se�or Otero: quer�a pronunciarse sobre la materia una vez que se conociera el nuevo estatuto de la Empresa de Correos. En realidad, en la Comisi�n se vio que el sistema de remuneraciones o dieta que se paga al Directorio es m�s o menos semejante -no obstante ciertas diferencias en la forma de aplicarse- al de otras empresas del Estado, y, en especial, al de Ferrocarriles, cuya ley, la N� 19.170, aprobada recientemente por el Senado, contiene una disposici�n similar. Tambi�n se tuvieron en cuenta el manejo operacional de la Empresa y sus resultados. Estos son de tal naturaleza que resulta imposible objetar el pago de una remuneraci�n como lasqu� se propone para el Directorio. Es necesario tener presente que en 1992 Correos de Chile ha tenido una transferencia al Fisco de 6 mil 434 millones de pesos: 3 mil 634 millones por concepto de impuestos, y 2 mil 800 millones por dividendos -as� pudieran llamarse- derivados de las utilidades. Por su parte, la remuneraci�n que se va a pagar a la totalidad del Directorio, incluido el recargo que se da al Presidente por el mayor tiempo y compromiso que demanda el desempe�o de sus funciones, asciende, aproximadamente, a los 18 millones de pesos anuales. Creemos, en consecuencia, que la dieta fijada est� dentro de lo que normalmente se paga por este concepto en otras empresas del Estado. Por lo dem�s, es una materia que podremos estudiar nuevamente cuando llegue el proyecto de ley que establezca los nuevos estatutos de Correos de Chile. En �ltimo t�rmino, la gesti�n operacional de esta empresa hace plenamente justificable una normativa como �sta. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si no hubiere oposici�n, se aprobar�a en general y en particular el proyecto. Acordado. ACUERDO ENTRE CHILE Y FRANCIA SOBRE CREACI�N DE CENTROS CULTURALES Y SUS ESTATUTOS El se�or URENDA (Vicepresidente).- En el quinto lugar de la tabla, se encuentra el proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, relativo a la aprobaci�n del Acuerdo entre el Gobierno de la Rep�blica de Chile y el Gobierno de la Rep�blica de Francia, sobre la Creaci�n y Estatutos de Centros Culturales, suscrito en Santiago, el 30 de noviembre de 1990, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 2a, en 8 de octubre de 1992. Informes de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 35a, en 23 de marzo de 1993. Hacienda, sesi�n 35a, en 23 de marzo de 1993. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto, aprobado por la C�mara de Diputados, tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica. Consta de un art�culo �nico, de modo que el Senado deber� pronunciarse sobre �l en general y en particular a la vez. El convenio en cuesti�n est� constituido por un pre�mbulo y 16 art�culos. La Comisi�n de Relaciones Exteriores aprob� el proyecto por la unanimidad de sus miembros, y lo mismo hizo la Comisi�n de Hacienda. El se�or URENDA (Vicepresidente).- En la discusi�n general y particular, tiene la palabra el Honorable se�or Alessandri. El se�or ALESSANDRI.- Se�or Presidente, este Acuerdo se inserta en la pol�tica del Gobierno en orden a aumentar las relaciones culturales, especialmente con pa�ses amigos como Francia. Entre los antecedentes del mismo, hay instrumentos como el Acuerdo Cultural de noviembre de 1965 y el Acuerdo de Cooperaci�n T�cnica y Cient�fica de 1962. En s�ntesis, el Convenio se traduce en la creaci�n, por parte de los Gobiernos de Chile y de Francia, de dos centros culturales: uno franc�s en Santiago, denominado "Institut Francais du Chili", y otro chileno en Francia, al que curiosamente no se da nombre alguno. Lo m�s probable es que se llame "Centro Cultural de Chile en Par�s". Tienen por objeto contribuir al incremento de las relaciones entre ambos pa�ses en los �mbitos de la cultura, el arte, la educaci�n, la comunicaci�n, etc�tera. Como dependen de las Embajadas respectivas, tienen un status diplom�tico. Sus actividades podr�n realizarse en el marco de una cooperaci�n descentralizada en Francia o en Chile, pudiendo los Centros establecer relaciones directas con toda clase de autoridades dentro de cada pa�s. En el art�culo 5� de la iniciativa, se detallan las actividades que llevar�n a cabo. Entre ellas est�n la organizaci�n de conferencias, coloquios, etc�tera; participaci�n en manifestaciones culturales, cient�ficas y t�cnicas; presentaci�n y proyecci�n de pel�culas; publicaciones de toda clase; mantenimiento de bibliotecas y salas de lectura; invitaci�n y recibimiento de investigadores; informaci�n sobre asuntos culturales del pa�s hu�sped y organizaci�n de cursos y talleres. Los Centros Culturales podr�n desarrollar sus actividades fuera de sus edificios y ocupar otros lugares para llevarlas a cabo cuando sea necesario. Se establece, asimismo, que ser�n instituciones sin fines de lucro, sin perjuicio de lo cual podr�n percibir derechos de ingreso y vender cat�logos y otros elementos que les reporten ciertas entradas. Los Centros Culturales gozar�n, en el Estado anfitri�n, de exenci�n respecto de cualquier tipo de contribuciones o impuestos, con excepci�n de derechos exigibles por concepto de servicios prestados. Es decir, tienen el status diplom�tico a que ya hice referencia. Tambi�n estar�n exentos, sobre la base de reciprocidad, de derechos de Aduana y de otros impuestos a la importaci�n de una serie de elementos (se detallan en el art�culo 11) necesarios para llevar a efecto sus actividades. Estos son, en suma, los puntos fundamentales del Acuerdo que, a juicio del Senador que habla y de la unanimidad de la Comisi�n, es muy conveniente, pues permite fomentar el intercambio cultural con un pa�s como Francia, que se destaca en esta materia. Por estas razones, recomiendo al Senado que preste su aprobaci�n al proyecto de acuerdo. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, desde luego voy a concurrir con mi voto a la aprobaci�n del proyecto. Sin embargo, deseo reiterar lo que hice presente en la sesi�n de ayer respecto de la conveniencia de que la Comisi�n de Relaciones Exteriores incluya en el estudio que se le encomend� lo relativo a los alcances de esta multiplicidad de organismos de tipo cultural con funciones similares. No estamos en condiciones de objetar la iniciativa en debate. Debemos pronunciarnos en favor o en contra de ella. Personalmente, la respaldar�, y con mucho agrado. No poseo muchas condecoraciones; tengo s�lo una, y ella, precisamente, es de car�cter cultural y me la concedi� el Gobierno de Francia. Sin embargo, �qu� me mueve a hacer esta intervenci�n? Hace a�os -decenios ya- se desarroll� en nuestro pa�s, por iniciativa de la Universidad de Chile, y bajo su mando o influjo, el sistema de los institutos o centros binacionales de cultura. Desde entonces, han funcionado, con distinta influencia y, a veces, con distinta institucionalidad dentro del marco general, los Institutos Chileno-Israel� de Cultura, Chileno-Brit�nico de Cultura, Chileno-Norteamericano de Cultura y Chileno-Franc�s de Cultura, entre otros. Estos organismos han tenido siempre una relaci�n con la Embajada respectiva y otra con la Universidad de Chile. En consecuencia, cuando el presente Convenio crea, por iniciativa y acuerdo de los Gobiernos de Francia y Chile, un sistema de centros rec�procos en ambos pa�ses, de tipo binacional y cultural, en realidad se est� duplicando el instituto que actualmente existe en vinculaci�n con la Universidad de Chile. Creo que es una materia digna de estudiarse. Por consiguiente, al margen de la aprobaci�n de la presente iniciativa, me permito -aunque sea, de alguna manera, una voz que clame en el desierto- insistir en la conveniencia de conocer el funcionamiento de entidades vinculadas, que tienen competencia parecida y que, al crearse una al lado de la otra, en lugar de sumar esfuerzos, los restan, por disputarse la competencia. Lo que en la tarde de ayer mencionaba, por ejemplo, en relaci�n a lo iberoamericano, latinoamericano e interamericano no es balad�. Probablemente, es mucho m�s f�cil definir el problema que se produce en el �mbito de las relaciones econ�micas que el que se suscita en el plano cultural, mucho m�s fluido. Pero, evidentemente, los factores culturales que nos enlazan con el mundo saj�n son muy distintos de los que nos enlazan con el mundo europeo, latino o de los que nos ligan como hijos de la misma cultura original iberoamericana. De modo que, en este aspecto, la iniciativa repite, con otras caracter�sticas, el mismo problema. Por tal raz�n, junto con prestar mi aprobaci�n al proyecto de acuerdo, me permito insistir en la necesidad de que la Comisi�n de Relaciones Exteriores estudie esta materia. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Jarpa. El se�or JARPA.- Se�or Presidente, hace alg�n tiempo suger� que, al momento de someterse a nuestro conocimiento los tratados o convenios que suscribe nuestro Gobierno con el de otras naciones, tambi�n se solicitara la opini�n del Ministerio correspondiente. Entiendo perfectamente que las relaciones internacionales son llevadas por nuestra Canciller�a, por el Ministro del ramo y los funcionarios a su cargo; pero estoy cierto de que en el caso, por ejemplo, de convenios culturales, aqu�lla pide un informe a la Cartera de Educaci�n o a la Universidad de Chile, si corresponde. Trat�ndose de otras materias, solicitar� tal informe al Ministerio de Econom�a o al que tenga una opini�n o participaci�n en ellas. Ese documento constituir� un elemento fundamental para pronunciarse sobre los acuerdos internacionales que se suscriban. Sin embargo, en esta oportunidad, nos llega... El se�or P�EZ.- �Me permite una interrupci�n, Su Se�or�a? El se�or JARPA.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa, se�or Senador. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or P�ez. El se�or P�EZ.- Se�or Presidente, en verdad, el tr�mite que Su Se�or�a solicita se ha cumplido, porque el proyecto de acuerdo viene, precisamente, firmado por el Ministro de Educaci�n de la �poca, don Ricardo Lagos. O sea, obviamente, en esta materia ha intervenido el Ministerio del ramo. El se�or JARPA.- Se�or Presidente, no dudo de la importancia de la firma de don Ricardo Lagos. He manifestado que ser�a conveniente conocer la opini�n fundada y los antecedentes que ha enviado sobre esta materia el se�or Ministro de Educaci�n, y, en otros casos, el de Econom�a, para formarnos realmente un juicio acerca de la utilidad, relevancia y extensi�n de los convenios, y acerca de c�mo funcionar�n y a qu� organismos estar�n vinculados en Chile. En fin, reitero la conveniencia de tener mayor informaci�n al respecto y no limitarnos a verificar la firma del Ministro de Relaciones Exteriores. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Alessandri. El se�or ALESSANDRI.- Se�or Presidente, lamento estar en total desacuerdo con el Senador se�or Jarpa, pues con esa teor�a suprimir�amos la Comisi�n de Relaciones Exteriores, ya que, como cada proyecto de acuerdo ata�e a alg�n Ministerio, ir�a directamente a la Comisi�n respectiva. Por ejemplo, en este caso se lo enviar�a a la de Educaci�n; en otro, a la de Econom�a, y si la materia estuviera relacionada con los delitos de las plataformas continentales, deber�a remitirse a la de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia. Ahora bien, si la Comisi�n de Relaciones Exteriores va a estar sometida a la tutela de todos los dem�s �rganos t�cnicos, no tendr� objeto. El se�or JARPA.- Se�or Presidente, me he referido a la informaci�n que pueda recibir de los Ministerios; no he dicho que las materias de que tratan los convenios deban someterse al estudio de todas las Comisiones del Senado. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Podr�a aprobarse el Convenio, sin perjuicio de tener presentes las sugerencias efectuadas por los Senadores se�ores Jarpa y Thayer, a fin de reunir el m�ximo de antecedentes, que pueden derivar tambi�n de un verdadero catastro de tratados firmados, en donde es posible que, si son muchos, algunos se superpongan. --Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, dej�ndose constancia de que se tendr�n presentes las observaciones formuladas por los se�ores Jarpa y Thayer. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )----------( --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or Cantuarias: FONDOS PARA OBRAS EN TOMECO (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Ministro de Obras P�blicas, a fin de asignar fondos y estudiar un proyecto que permita dar una soluci�n al escurrimiento de las aguas del estero Tomeco, especialmente a orilla de carretera, as� como tambi�n la construcci�n de puentes en el acceso a la localidad del mismo nombre y hacia el sector de Vega Blanca.". )----------( Del se�or Frei (don Arturo): ADQUISICI�N DE M�QUINA MOTONIVELADORA PARA AGRICULTORES DE QUILL�N (OCTAVA REGI�N) "Al se�or Ministro de Hacienda, solicit�ndole que autorice a la Ilustre Municipalidad de Quill�n para acceder al Fondo Leasing, como fue requerido en oficio N� 0125, de 18 de enero reci�n pasado, ya que, por tratarse de una comuna netamente rural, se necesita imperiosamente una m�quina motoniveladora, a fin de ser usada por los agricultores.". )----------( Del se�or Jarpa: APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL RIO LLUTA PARA REGAD�O (PRIMERA REGI�N) "A los se�ores Ministros de Obras P�blicas y de Agricultura y al se�or Intendente de la Primera Regi�n, a fin de que, si lo tienen a bien, se sirvan informar acerca de la existencia de estudios o proyectos relativos al aprovechamiento de las aguas del r�o Lluta para regad�o". PRADERAS ARTIFICIALES EN VALLES DE LA PRECORDILLERA Y EL ALTIPLANO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REGIONES "A los se�ores Ministros de Agricultura y Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, y a los se�ores Intendentes respectivos, pidi�ndoles informar acerca de la existencia y grado de ejecuci�n de programas o estudios sobre praderas artificiales en los valles de la precordillera y el altiplano de la Primera y Segunda Regiones.". )----------( El se�or URENDA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. No har� uso de su tiempo. En seguida, corresponde el turno al Comit� Radical-Socialdem�crata. Tiene la palabra el Honorable se�or Navarrete. CREACI�N DE SERVICIOS DE SALUD EN OCTAVA Y NOVENA REGIONES. OFICIO El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, quiero referirme a un proyecto destinado a crear en la provincia de Malleco un nuevo Servicio de Salud, dejando el que existe actualmente en la Regi�n de la Araucan�a destinado b�sicamente a atender las necesidades de salud de la provincia de Caut�n. Me parece importante hacer menci�n a este proyecto, por cuanto a trav�s de �l se est� llevando adelante una iniciativa tendiente a mejorar cuantitativa y cualitativamente las inversiones que el Gobierno viene realizando, en t�rminos de favorecer a la gente y otorgarles mejores perspectivas. El proyecto pol�tico-econ�mico que hoy determina nuestra realidad como pa�s, valora la descentralizaci�n como b�squeda de una mayor equidad. De ah� que uno de los aspectos relevantes en materia legislativa de los �ltimos tres a�os es el haber alcanzado una ley sobre regionalizaci�n, la cual est� muy pronta a ser aplicada �ntegramente, una vez que sean elegidos los consejeros regionales, para constituir los gobiernos regionales. Sin embargo, ello implica realizar profundas reformas institucionales; incrementar por esa v�a la descentralizaci�n de la inversi�n p�blica; asignar recursos presupuestarios, y, en definitiva, efectuar modificaciones que favorezcan el desarrollo de las potencialidades regionales. La descentralizaci�n, en un sentido amplio, significa fortalecer las Regiones y las localidades apartadas de la capital. La descentralizaci�n y la desconcentraci�n administrativa se ligan estrechamente al estilo de desarrollo de la econom�a que ha asumido nuestro pa�s, as� como a la posibilidad de mitigar los problemas de la pobreza regional. Nuestras Regiones precisan ser incorporadas realmente al proceso de modernizaci�n y difusi�n de innovaciones tecnol�gicas, de modo de aprovechar integralmente las oportunidades que el contexto nacional e internacional ofrece a cada una de ellas, las cuales tienen sus particularidades y, entre s�, manifiestan diferencias importantes. El desarrollo exitoso de estas tendencias influir� en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las Regiones; aumentar� la eficiencia global, y permitir� avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades. La implementaci�n de mecanismos que faciliten llegar a una real descentralizaci�n en la toma de decisiones, velando por una acci�n coordinada entre los distintos componentes del sistema, aparece planteada, sin duda, en esta iniciativa a que he hecho menci�n, la cual -como dije- est� destinada a crear un nuevo Servicio de Salud en la Araucan�a Norte, espec�ficamente en la provincia de Malleco. Se pretende, a trav�s de este proyecto, fundamentalmente lograr los siguientes objetivos o prop�sitos: Primero, hacer posible la pol�tica social del Supremo Gobierno y del Ministerio de Salud en orden a otorgar prioridad a la poblaci�n m�s pobre y con mayor riesgo biom�dico; descentralizar y aumentar la capacidad de gesti�n; readecuar y desarrollar el sistema de atenci�n de salud, e incrementar la complementaci�n p�blico-privada. Segundo, descentralizar, poniendo el desarrollo y el funcionamiento del sector p�blico de salud de esa provincia en manos de sus propias autoridades. Tercero, contribuir al dise�o de un plan de salud que asuma su realidad, priorice sus necesidades, asigne eficientemente sus recursos, mejore su infraestructura en cantidad y calidad, ayude a coordinar la gesti�n p�blica y privada en un contexto de eficacia del sector salud, y que, en resumen, permita autogobernarse de acuerdo a su capacidad de pensamiento, organizaci�n y participaci�n. En el �mbito regional, la generaci�n del Servicio de Salud de la Araucan�a Norte obedece b�sicamente al hecho de que la provincia de Malleco no ha logrado desarrollar una capacidad aut�noma y descentralizada de gesti�n que le permita participar de manera activa en el desarrollo de la salud. Actualmente, para la Direcci�n de Salud, la atenci�n de las comunidades de alta ruralidad, con asiento en Temuco, resulta m�s onerosa y dif�cil de realizar con sus escasos recursos humanos y materiales, de modo que las actividades efectuadas son insuficientes. Aparece tambi�n como esencial que la provisi�n de servicios de salud y su adecuaci�n a las necesidades, esto es, cobertura y calidad, est�n lo m�s pr�ximo a los lugares donde se producen o sean susceptibles de prevenirse los eventos que la afectan. Paralelamente, ello implica la disposici�n y proximidad, no s�lo de los recursos operativos directos, sino tambi�n de los recursos relacionados con la gesti�n, toma de decisiones y apoyo t�cnico; en s�ntesis, con el conjunto de las actividades asociadas a una direcci�n de servicio en la estructura vigente del sector salud. En consecuencia, es de toda conveniencia dotar a la provincia de Malleco de una organizaci�n sanitaria propia y aut�noma, que inicie y permita una gesti�n estrechamente vinculada a su realidad y que otorgue un positivo cambio de su situaci�n actual. En concordancia con todo lo que anteriormente he se�alado y en el contexto del proceso de la regionalizaci�n, el Ministerio de Salud ha estudiado muy responsable y detenidamente, como l�nea estrat�gica, crear dos nuevos Servicios de Salud que asuman el conjunto de las misiones sectoriales, asistenciales y de gesti�n, tanto en la provincia de Malleco -a que me he referido en particular-, en la Novena Regi�n, como en la provincia de Arauco, en la Octava Regi�n, reforzando los respectivos planes de salud ya en desarrollo. Los territorios jurisdiccionales coincidir�n con la divisi�n pol�tica administrativa regional, y el desarrollo de esos Servicios permitir� fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos asistenciales, conformando una red de mayor operatividad. Recientemente, tuve la oportunidad de reunirme, junto con el Diputado por el distrito 48 de la provincia de Malleco de la Novena Regi�n, Francisco Bayo, con el Presidente de la Rep�blica, a quien le planteamos la conveniencia de agilizar los pasos destinados a que estas ideas puedan plasmarse en un proyecto de ley, a fin de que se lo env�e cuanto antes al Congreso Nacional. Con satisfacci�n hemos recibido del Primer Mandatario el compromiso de que en breve remitir� a la C�mara de Diputados el proyecto destinado a crear esos dos nuevos Servicios de Salud en las provincias de Malleco y de Arauco, con los consiguientes financiamientos y recursos, a fin de que puedan cumplir con los fines y objetivos para los cuales est�n concebidos. He querido referirme a este tema, se�or Presidente y Honorables colegas, por la importancia que reviste y por lo que representa como medidas concretas destinadas a mejorar la situaci�n de salud de nuestra poblaci�n en dos provincias particularmente pobres, con muchos problemas de atraso, y que requieren de un mejoramiento social ostensible. Este paso est� conduciendo en esa direcci�n y en el cumplimiento de tales objetivos. Pido oficiar al Presidente de la Rep�blica para imponerlo de mi intervenci�n, agradeciendo la buena disposici�n que demostr� y esperando con anhelo que se reciba cuanto antes en el Congreso Nacional el proyecto de ley anunciado. He dicho. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, solicito que el oficio respectivo tambi�n se env�e en mi nombre. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Se enviar� el oficio solicitado, en nombre de los Honorables se�ores Navarrete y Ruiz-Esquide, en conformidad al Reglament�. Corresponde el tiempo al Comit� Dem�crata Cristiano. Tiene la palabra el Senador se�or Palza. LA SANTIDAD, LA FAMILIA Y TERESA DE LOS ANDES El se�or PALZA.- Se�or Presidente, Honorables colegas, en estos �ltimos d�as se han o�do, en distintos medios de comunicaci�n, interpretaciones sobre el alcance que ha tenido para Chile la santificaci�n de Teresa de Jes�s de Los Andes, cuyo nombre civil fue Juanita Fern�ndez. La mayor�a ha considerado el hecho como relevante y de gran valor para la vida presente y futura de los j�venes de nuestra patria, cuyas motivaciones, a fin de seguir viviendo y ser un aporte decisivo en el quehacer de Chile, a veces carecen de la solidez que la historia requiere en los tiempos venideros. Otros -los menos- consideran que ese hecho es un cuento creado, cuyo valor en s� es poco importante y carece de inter�s para la juventud. Hacen prevalecer aspectos en el sentido de que nadie puede tener como objetivo llevar una vida meramente religiosa alejada del mundo y reducida en su acci�n a la oraci�n y a la contemplaci�n m�stica. Pienso que es v�lido aquello de que los "�rboles no dejan ver el bosque"; por tanto, lo primero es definir el concepto o el sentido de la palabra santidad, antes que hablar sobre el alcance de la santificaci�n de Teresa de Jes�s de Los Andes. Ser santo es la respuesta al pedido que Dios hace a su creatura en el sentido de que cumpla su voluntad de respetar los Mandamientos que le entreg� para que se liberara del pecado de soberbia, que fue el medio por el cual el hombre perdi� el Para�so donde viv�a. Cristo lo reitera cuando se�ala a sus seguidores que sean santos como Dios lo es, para lo cual los llama a cumplir en su vida familiar y social con la justicia, evitando toda acci�n que menoscabe los derechos del otro, cualquiera que sea su condici�n social, cultural, racial y econ�mica, y buscando siempre el bien. Ese bien es el que, por distintos caminos, los hombres debieran buscar para hacer posible un mundo alejado del ego�smo que los divide en pobres, m�seros y ricos, en personas justas e injustas, en jueces que hacen justicia o la niegan por temor a tocar a los intocables de su sociedad, en hombres y mujeres que cumplen con su deber con los dem�s o buscan subterfugios para no hacerlo, en empresarios que pagan salarios justos o salarios de hambre y no hacen las imposiciones, en comerciantes que cobran lo que corresponde o perciben m�s all� de lo leg�timo y cometen usura, en gobernantes que gobiernan para todos sin exclusiones o hacen discriminaciones, en dirigentes pol�ticos, sindicales y vecinales que buscan el bien com�n y el progreso de sus representados o usufruct�an de sus cargos en beneficio propio. En esta realidad del mundo es donde a veces algunos hombres o mujeres dan a sus vidas una dimensi�n que altera el modo en que la mayor�a vive -inmersa en su rutina diaria, con la vista puesta en sus proyectos personales y a veces alejada de lo conflictivo y molesto-, para asumir as� un camino diferente, cuyo objetivo es vivir para los dem�s, conforme a su carisma o su sentido de percepci�n de la vida trascendente, y que vuelcan su trabajo para orar por todos aquellos que sienten necesidad de justicia, de b�squeda de esperanzas, de un amanecer que aleje la obscuridad de sus vidas. Esta actitud es un acto de amor que, a diferencia de lo que se entiende, es la manera de construir una realidad distinta. Por tanto, la santificaci�n de Teresa de Jes�s de Los Andes no debemos mirarla s�lo en un contexto religioso, sino de un modo especial y v�lido de entrega a una causa de justicia, de paz y de amor, que construye el futuro con m�todos que no son comunes a la sociedad de ayer, de hoy y de ma�ana. All� est� el valor de su decisi�n de ingresar a un convento, en un tiempo hist�rico y de vida familiar, donde, para la mujer, hacerlo era un camino posible y digno. Tal vez hoy Santa Teresa de Los Andes habr�a estudiado una profesi�n donde desarrollara tareas de bien social, educacional, de salud, etc�tera. De este modo, habr�a tambi�n santificado su vida entreg�ndose a una causa que respondiera a su esp�ritu y a sus creencias. Quienes somos cristianos y cat�licos deberemos sentirnos gratificados si ma�ana las tareas realizadas al servicio del mundo son consideradas valiosas por haber permitido que muchos seres humanos hayan logrado reivindicaciones que en derecho les asist�an y les estaban negadas por el ego�smo de sistemas pol�ticos, sociales, legales, educacionales y de salud. Los laicos, creyentes o no, pueden recibir premios de la sociedad o del mundo por sus virtudes, conocimientos y aportes en la dimensi�n humana, como el Premio N�bel u otros, y ello no puede ser descalificado por criterios ideol�gicos o de otro orden. Santa Teresa de Los Andes era una joven con virtudes ejemplares. Al lugar que escogi�, ella no fue como miembro de una ideolog�a, sino como lo he se�alado anteriormente, para servir a una sociedad y, a trav�s de una familia -la suya-, a una fe que trasciende el tiempo de nuestras existencias. Para los cat�licos, todos somos llamados a la santidad por medio de nuestra fe y su encarnaci�n al servicio de la humanidad. Santa Teresa de Jes�s se encierra por amor a Cristo, redimidor de los desamparados y despreciados, de los miserables y negados por la sociedad, la que excluye a muchos por tener defectos, aun cuando, como bien Cristo lo se�ala, "quien est� libre de culpa lance la primera piedra". Las reacciones posteriores de muchos son demasiado conocidas para detallarlas ahora. Como Senador de la Rep�blica, como cristiano y cat�lico, me regocijo de la alegr�a de todos aquellos que creen y que ven en Santa Teresa de Los Andes un referente digno de ser amado, imitado y venerado, en quien hallar�n amparo e intercesi�n ante Dios para sus anhelos de justicia, paz y esperanza. Y para las familias, encontrar�n all� una muestra de que es posible vivir la reconciliaci�n con el otro de la misma casa, barrio, ciudad, ambiente y sociedad. Deseo aplaudir, en el Senado de la Rep�blica, las declaraciones que al respecto ha formulado el Arzobispo de Santiago, Monse�or Carlos Oviedo, las que constituyen una feliz iniciativa de la Iglesia Cat�lica de Chile. Primero, las declaraciones: "Teresa de Los Andes fue producto de una familia y una educaci�n cat�lica, y por eso, miramos especialmente a quienes no han tenido una oportunidad de gozar de una familia". Segundo, la iniciativa: "La Iglesia Cat�lica chilena declarar� a Santa Teresa de Los Andes "Patrona de los ni�os sin hogar", haciendo extensiva su protecci�n a los hogares de menores, centros de rehabilitaci�n y c�rceles juveniles". As�, pues, Honorables se�ores Senadores, no se trata, como se ha se�alado en algunos aspectos, de que tan s�lo sea una santa para los cat�licos, sino que es una clara se�al de santidad para Chile y el mundo, m�xime cuando en algunos sectores y lugares del planeta se aprecia mucho m�s el mercantilismo, el ego�smo, el consumismo y tambi�n el materialismo. Creo que esta se�al que nos da Dios en estos tiempos debemos asumirla en su real dimensi�n. Rec�banse, entonces, estas palabras, no como un discurso de circunstancias, sino como un reconocimiento de un deudor, ya que a ella solicitamos, como familia, apoyo durante mi enfermedad. Debo un reconocimiento a todos cuantos tambi�n lo hicieron en mi Regi�n y que hace algunos d�as recibieron una imagen que hice llegar a la parroquia de la Virgen de Las Pe�as de Arica, para que Santa Teresa de Los Andes reciba veneraci�n. La recibir� de los humildes campesinos del Valle de Azapa, que con sus manos levantaron un peque�o y modesto santuario en honor a Santa Teresa de Los Andes, ya que, como dijo Jes�s a sus ap�stoles luego de la Resurrecci�n, "Felices los que han cre�do sin haber visto". He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�az. INTOLERANCIA ANTE FERVOR RELIGIOSO El se�or D�AZ.- Se�or Presidente: 21 de marzo de 1993. Inicio del Oto�o chileno y de la Primavera romana. Aqu�, de madrugada. All�, media ma�ana. Hora de cat�lica alegr�a en los cinco continentes. Desbordante j�bilo en la patria de la que, hasta ayer, era Juanita Fern�ndez Solar, quien hoy es Santa Teresa de Jes�s de Los Andes, la primera santa chilena. La canonizaci�n de la joven carmelita encendi� el fervor religioso de un pueblo y conmovi� el alma nacional. No toda el alma nacional, en el supuesto de que no son desalmados aquellos a quienes me voy a referir. No pretendemos que todos los no creyentes respondan emocional y racionalmente, como quienes tenemos fe, al acto trascendente y trascendental de la canonizaci�n, pero s� pretendemos -y tenemos derecho a exigirlo- que un acto que para nosotros es sagrado sea respetado. Hay algunos que no se atreven a manifestar su posici�n p�blicamente, porque -astutos- no se exponen al repudio general, y vierten su veneno en art�culos plagados de falsedades e injurias. Nadie se libra de estos plumarios fan�ticos. A todos llega su virulento ataque: al Papa, al vicepostulador de la canonizaci�n, a Gobiernos, Jefes de Estado, embajadores, congregaciones religiosas y tambi�n a los partidos pol�ticos. Nadie ni nada detiene, para mentir descaradamente, a estos seguidores del aforismo volteriano: "Mentid, mentid, que siempre algo queda.". Como ejemplo, transcribo la relaci�n que en uno de estos art�culos de un peri�dico se hace de la beatificaci�n de Sor Teresa en abril de 1987: "En la ceremonia del parque se produjeron espectaculares incidentes cuando grupos de fieles intentaron manifestar actos contra Pinochet y los militares en demanda de respeto a los derechos humanos; la represi�n policial provoc� decenas de heridos y puso en peligro a miles de personas.". Y lo escriben -�se atreven a hacerlo!- cuando fuimos millares los testigos y v�ctimas del extremismo y millones los televidentes de Chile y el mundo que a�n recuerdan la tristemente c�lebre asonada. Los que estuvimos en el parque O'Higgins ese 5 de abril de 1987, jam�s lo olvidaremos. A la multitud nos embargaba una contagiosa alegr�a; ingresaban cientos de grupos de fieles al amplio escenario. Uno de �stos era especialmente entusiasta; portaba grandes pancartas y emblemas con leyendas demostrativas de adhesi�n y afecto al Santo Padre, y en grito estent�reo que parec�a leal, dec�a: "Juan Pablo, amigo, el pueblo est� contigo". De pronto en el cielo de la Capital, detr�s del altar pontificio, se alza un volant�n. �Extra�o volant�n, en abril! Atrae la atenci�n por segundos y desaparece. Simult�neamente, en el sector poniente del parque, surgen grandes humaredas, se escucha una griter�a insultante y grosera. Las pancartas y estandartes, antes amistosos, se esgrimen con violencia contra ni�os, ancianos y mujeres sin distingo. Asoman los infames linchacos, zumban las piedras y cambian los rostros, que ahora son encendidos y violentos. Cientos de Judas Iscariotes -"Juan Pablo, amigo"- tiran palos con punta de "gillettes", penetran entre la compacta masa humana, golpean a diestra y siniestra con tan estudiada maniobra que impiden la acci�n de los hombres presentes. Se acercan peligrosamente a menos de cien metros del altar. Era el caos. El pastor levanta entonces su voz en�rgica, potente, y dice: "El amor es m�s fuerte, es m�s fuerte". Los v�ndalos retroceden, cobardes y acobardados; se re�ne el pueblo y la solemne ceremonia contin�a. Hace m�s de 1.500 a�os, Atila, al frente de los b�rbaros, avanza sobre Roma. Ataviado con sus ornamentos sagrados, el Papa Le�n I lo enfrenta. El rey de los hunos se retira. Roma se libra del saqueo y de la destrucci�n. Dos claros ejemplos de continuidad: en el a�o 451, Le�n I, y en 1987, el Papa Juan Pablo II. El sentimiento acunado desde aquel oto�o y madurado por seis a�os en la esperanza de un pueblo que fue explosi�n de j�bilo el pasado 21 de marzo, fue resentimiento para una minor�a antisocial y violentista. La expresi�n de este despecho y encono est� patente en un art�culo publicado recientemente. No entienden los resentidos la alegr�a compartida, simple y pura, de un pueblo que es bondadoso y solidario, porque tiene ra�z y cultura cristianas. En el intr�ngulis de Babel del art�culo de marras, que pretende ser anal�tico -aspira a humorista y es s�lo una sarta de mentiras-, se hacen tambi�n juicios pol�ticos. Dice a la letra: "La Concertaci�n demostrar� que el consenso espiritual tambi�n funcionar� entre cat�licos, ateos y masones". �Gracias a Dios que llegamos al consenso! Les duele que pol�ticos chilenos, parlamentarios, ministros, dirigentes, seamos capaces de llegar a acuerdos b�sicos sin perder identidad. No pueden entender que un Senador cat�lico rinda un sincero homenaje a un Gran Maestro de la Logia Mas�nica Chilena por sus relevantes m�ritos, o que un Senador mas�n, que declara su firme laicismo, se haga part�cipe de la alegr�a de una Iglesia que obviamente no es la suya. Nosotros lo hacemos porque somos dem�cratas. Ellos no lo entienden, y menos lo pueden practicar, porque no lo son. �Quieren los totalitarios que regresemos a las luchas religiosas del siglo pasado? �Pretenden volver a la pugna ideol�gica de hace algunas d�cadas, con los resultados conocidos? Definitivamente estos integristas se quedaron en el pasado. Siguen las doctrinas que han demostrado, con tr�gica elocuencia, su rotundo fracaso. Por nuestra parte, estamos con el consenso, que es expresi�n de democracia. No abjuramos de creencias, filosof�as, ideolog�as ni doctrinas. Hemos reforzado en este Parlamento nuestra chilenidad, que mediante el consejo de Jacques Maritain, de procurar la "amistad c�vica", tiene como fin superior el bien com�n. Y en esa tarea estamos, responsablemente. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- A�n restan algunos minutos al Comit� Dem�crata Cristiano. No va a hacer uso de �l. Corresponde el tiempo al Comit� Renovaci�n Nacional. Tiene la palabra el Honorable se�or Ortiz. TIPIFICACI�N DEL DELITO DE RECEPTACI�N El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, Honorables colegas: En el d�a de ayer present� aqu� en el Senado un proyecto de ley que tiene por objeto sancionar fuertemente a los reducidores, lo que, desde un punto de vista de t�cnica jur�dica, se denomina delito de receptaci�n. Es un hecho indiscutido entre los juristas -tesis que, por lo dem�s, se recoge de la doctrina penal- que el encubrimiento no es una forma de participaci�n, como formalmente aparece en nuestro C�digo Penal, sino que es un hecho delictivo aut�nomo, por cuanto se realiza con posterioridad al respectivo acto delictual, lo cual surge claramente del tenor literal de la ley. La comisi�n de determinados delitos, especialmente contra la propiedad, genera a su vez otros hechos delictivos aut�nomos que se efect�an, como dije, con posterioridad al delito inicial. El prop�sito del proyecto de ley que he presentado -y que contar� con el patrocinio del Ejecutivo para incluirlo en la Legislatura Extraordinaria- es romper una verdadera cadena delictiva que se establece como consecuencia de la comisi�n de delitos contra la propiedad. Espec�ficamente, se apunta a sancionar como delito aut�nomo las actividades ilegales de los denominados "reducidores", quienes se han especializado en comercializar art�culos robados o hurtados. Con este tratamiento jur�dico, y no con el de una figura de encubrimiento, se persigue, asign�ndose una pena equivalente a la gravedad del delito -y bastante severa-, inhibir a quienes en forma reiterada, o incluso cotidiana, realizan ese tipo de actividades. Y, como resultado anexo, esta iniciativa -que espero que sea ley de la Rep�blica en el curso de este a�o- constituir� un poderoso obst�culo para los que viven del hurto o del robo. Desde el momento en que present� el proyecto, he dicho reiteradamente que nadie hurta o roba para coleccionar, de manera que los reducidores son elementos que en gran medida incentivan la comisi�n de esos delitos. Es m�s: creo que estas personas, en muchos casos, son los verdaderos autores intelectuales o instigadores y quienes, en definitiva, obtienen el mayor provecho econ�mico con su proceder. Es indiscutido en la doctrina que el encubrimiento no es una forma de participaci�n: se le considera un hecho delictivo aut�nomo, pues se realiza con posterioridad al delito referido o inicial. De este modo, el hecho posterior, aunque en referencia al hecho anterior, requiere el tratamiento legal de un delito propio, y no continuar siendo considerado -como sucede en nuestro pa�s- una simple forma de participaci�n. Los abogados -sobre todo quienes nos dedicamos al Derecho Penal- sabemos que las penas asignadas a los autores, c�mplices y encubridores tienen una escala decreciente, aplic�ndose el total de la pena al autor, un grado menos al c�mplice y otro grado menos al encubridor. De manera que hoy d�a, en estricto derecho, se hace ilusoria una sanci�n para los reducidores. En los c�digos y proyectos modernos, el encubrimiento tiende a desaparecer de las reglas generales, y paulatinamente ha pasado a constituir un delito especial, incluido ya sea entre aquellos que atentan contra el patrimonio, cuando hay �nimo de lucro, o bien, entre aquellos que se cometen en contra de la administraci�n de justicia, puesto que significa obstaculizarla o impedirla. Ahora, es urgente, desde el punto de vista de la pol�tica criminal, reformar el tratamiento jur�dico del llamado "delito de receptaci�n". Al respecto, quiero se�alar que son numerosos los autores contempor�neos que sostienen la posici�n que he expuesto. Y yo dir�a que pr�cticamente todos los pa�ses de Europa y la inmensa mayor�a de los de Am�rica Latina, as� como otros en el mundo, tienen consignado como figura independiente el tipo penal aludido, que desde el punto de vista jur�dico es el tratamiento dado a los reducidores. La raz�n reside tanto en la intensificaci�n de la afecci�n al patrimonio de la v�ctima como en el hecho de que justamente se est� ante la causa directa o indirecta de delitos contra la propiedad, y de ah� que aparece como insuficiente s�lo el castigo al autor del primer hecho, vale decir, el hurto o robo, en circunstancias de que a menudo es un simple instrumento del reducidor. Es m�s, cuando analizamos la situaci�n de menores que aparecen participando en acciones delictuales, es f�cil concluir que son utilizados por los autores intelectuales, que han conformado una verdadera mafia. En consecuencia, se debe castigar con la misma dureza tanto al autor de la receptaci�n como al autor del hecho delictual. En el proyecto de ley a que hago menci�n, uno de los art�culos que propongo dispone que deben ser consideradas como circunstancias agravantes de los delitos de receptaci�n: estar la persona dedicada habitualmente al tr�fico o comercializaci�n de efectos con valor patrimonial p econ�mico producto de delitos; disponer la persona de establecimiento o local comercial o industrial en el cual se haga el tr�fico o comercializaci�n de los efectos con valor patrimonial o econ�mico producto del delito; solicitar o recibir, a cualquier t�tulo, de cualquier modo, efectos con valor econ�mico o patrimonial a personas dedicadas a afectar o atentar contra el patrimonio de otras. Por las consideraciones expuestas, estimo de la mayor conveniencia que la iniciativa, una vez que llegue el patrocinio del Gobierno, sea tratada en las Comisiones respectivas. Esta es una manera de contribuir, como Parlamento, a combatir la lacra social que hoy d�a asuela grandes sectores del pa�s, pues la delincuencia ha adquirido ribetes de audacia que preocupan y alarman a toda la comunidad, Y sabiendo lo necesario que es adoptar medidas que, en definitiva, signifiquen un corte de esta escalada, he querido (anticip�ndome a lo que ser� materia de discusi�n en las Comisiones) dar a conocer este proyecto en la hora de Incidentes, como una forma de proporcionar tranquilidad a la comunidad nacional en cuanto a que en el Congreso estamos preocupados de los temas que a ella le interesan. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Quedan algunos minutos al Comit� Renovaci�n Nacional, que no har� uso de ellos. En seguida, corresponde el tiempo al Comit� Independiente de 6 Senadores, cuyos integrantes no se hallan presentes. El turno siguiente es del Comit� Mixto. Tiene la palabra el Honorable se�or Cantuarias. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONCEJALES. OFICIO El se�or CANTUARIAS.- Se�or Presidente, en la sesi�n del pasado 10 de noviembre de 1992, desde esta misma tribuna, solicit� oficiar en mi nombre al se�or Ministro del Interior, con el objeto de que el Ejecutivo patrocinara un proyecto de ley destinado a brindar a los concejales de los municipios de todo el pa�s los beneficios previstos en las leyes sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; estatuto administrativo de los funcionarios municipales; prestaciones de salud, y nuevo r�gimen previsional. En la referida ocasi�n hice presente que, al tenor de lo dispuesto por la ley N� 18.695, Org�nica Constitucional de Municipalidades, modificada por la ley N� 19.130, la asignaci�n de los concejales no es imponible, aparte que a �stos tampoco se les aplican las normas establecidas para los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y penal. En otras palabras, carecen de previsi�n y de protecci�n en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por consiguiente, si alg�n concejal sufre un accidente durante el desempe�o de sus altas funciones, tanto el Estado como la respectiva municipalidad se encuentran imposibilitados para ayudarlo, por no permitirlo la ley. En m�rito de lo mismo, se�al� la urgencia de corregir tal situaci�n con la mayor brevedad, por cuanto es absolutamente injusto que los concejales queden excluidos de la protecci�n que la ley asegura a todos los funcionarios municipales en materia de previsi�n y de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, m�xime si se consideran los bajos montos de sus respectivas asignaciones. Por una parte, nuestro ordenamiento jur�dico les pide un compromiso con la gesti�n de sus municipios y la soluci�n de los problemas de su comunidad, pero, simult�neamente, se les priva de las m�s elementales condiciones de seguridad social. A la luz de los preceptos constitucionales referentes a la igual protecci�n que el Estado debe brindar a todas las personas en materia de salud y previsi�n social, tal situaci�n se torna insostenible. En base a lo anterior, solicit� oficiar en mi nombre al se�or Ministro del Interior, para que dispusiera el estudio y patrocinio de una modificaci�n a la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades que apuntara a los siguientes objetivos: a) Hacer aplicable a los concejales las normas previstas en la ley N� 18.883, T�tulo IV, p�rrafo 6�, art�culos 113 a 117, ambos inclusive, relativos a las prestaciones sociales que las municipalidades se encuentran obligadas a otorgar en caso de accidentes, enfermedades o muerte de un funcionario municipal; b) Hacer imponible la asignaci�n prevista en el art�culo 73 de la ley N� 18.695, sin afectar su monto l�quido. Teniendo presente precedentes legislativos al respecto, suger� que se incrementara la asignaci�n mediante una bonificaci�n especial, de cargo de la respectiva municipalidad, similar a la otorgada en el art�culo 40 del Estatuto Docente o en el decreto ley N� 3.501. El mayor gasto que pudiera representar este incremento por concepto de imponibilidad propuse imputarlo a los recursos que primitivamente se contemplaron en los presupuestos municipales para pago de asignaciones de los ex integrantes de los consejos de desarrollo comunal, y que hoy se encuentran sin destinaci�n. Lamentablemente, la respuesta del se�or Ministro del Interior fue negativa. Con todo, las m�ltiples presentaciones dirigidas al Senador que habla, por parte de diversos concejos municipales del pa�s, me llevan a insistir desde este Hemiciclo en la referida proposici�n, toda vez que la respuesta que sobre el particular nos hiciera llegar el Ejecutivo carece de fundamentos plausibles. Se�or Presidente, para nadie es un misterio que en algunos municipios se est� procediendo de una manera cuestionable en materia de contrataci�n de concejales, ya sea mediante nombramientos en cargos directivos de servicios traspasados, o a trav�s de la contrataci�n de familiares cercanos, o por la v�a de contrataciones rec�procas con municipios geogr�ficamente pr�ximos. Estas situaciones obedecen en gran medida a la discriminaci�n de que han sido objeto los concejales en aspectos tan sensibles y delicados como el que estamos abordando. No pretendo buscar justificaciones a conductas �ticamente reprobables; pero es evidente que la normativa discriminatoria que hoy rige �nicamente alienta pr�cticas oblicuas, en vez de estimular en los concejales un trabajo mancomunado por el bien de cada localidad. En consecuencia, pido que se reitere el oficio en mi nombre al se�or Ministro del Interior, para que disponga el patrocinio necesario a la iniciativa legal propuesta por nuestra parte. Estoy cierto de que un sereno an�lisis de los antecedentes expuestos, a la luz de lo previsto en nuestra Carta Fundamental, har� comprender al Ejecutivo la inconveniencia de mantener una norma legal claramente contraria al principio de la igualdad ante la ley y al derecho a una previsi�n justa. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or URENDA (Vicepresidente).- No habiendo m�s asuntos que tratar, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 17:57. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n