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- rdf:value = " El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , con relación a las observaciones que acaba de hacer la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, sólo quiero recordar que la ley que nacionalizó los yacimientos de cobre los señaló expresamente. Y en ese instante no hubo dificultad alguna para enumerar aquellos...
La señora FELIÚ .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor NÚÑEZ.-
Con todo gusto, con la venia de la Mesa.
La señora FELIÚ .-
La verdad es que la ley N° 17.450, que nacionalizó los yacimientos cupríferos, señaló el sujeto al cual se iban a aplicar ciertas normas: se refirió a las empresas de la gran minería del cobre, y mencionó expresamente a la Compañía Minera Andina; pero no estableció disposiciones de excepción a empresa determinada.
El señor NÚÑEZ.-
En todo caso, independientemente de la validez que pueda tener la argumentación de carácter jurídico que acaba de hacer la señora Senadora , creo que aquí hay un problema más de fondo. En esta indicación hemos querido precisar cuáles son los yacimientos que, a nuestro juicio -me parece que hacerlo es un deber absolutamente insoslayable de nuestra parte-, deben estar incluidos en los planes de expansión o de reposición de los actualmente en explotación. Considero perfectamente factible señalarlos en esta indicación, la que, en nuestra opinión, no presenta dificultad alguna de carácter jurídico. Y estimo conveniente que, dada la importancia del proyecto en debate, individualicemos en él cada una de estas minas.
Me alegro de haber conocido la semana anterior el detalle de los yacimientos, de los que se encuentran en explotación, que serán considerados de reposición o de expansión. Nos satisface, obviamente, que estén entre ellos Chuqui Norte -hoy, Radomiro Tomic -, Chuqui Sur, Mansa Mina, etcétera.
Sin embargo, quiero señalar que por lo menos tres de esos yacimientos debieran merecer alguna consideración de carácter más especial. Por de pronto, Mina Vieja, de la División Salvador, es la antigua mina de Potrerillos, la que fue nacionalizada en su oportunidad por la ley N° 17.450, en 1971; en consecuencia, desde el punto de vista estrictamente jurídico constitucional, no debiera entrar, por esa causa, en asociación con terceros.
Estimo conveniente analizar concretamente tal hecho -y creo tener la razón-, porque cuando se legisló respecto de las divisiones pertenecientes a empresas extranjeras se hizo especial referencia al yacimiento denominado "Potrerillos".
En cuanto a Altamira -advierto que no contamos con todos los datos técnicos; y el señor Ministro , con justa razón, ha señalado que se encuentra en estado de evaluación-, no constituye, al parecer, una continuidad geológica del mineral Salvador y, según lo manifestaba un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, correspondería, por su magnitud, a los yacimientos propios de la mediana minería. Sin embargo, todo parece indicar, dadas las características de la prospección que se está realizando, que hay allí una gran mina. Por ello, estimo que, como medida de prevención, también debe ser considerada en el plan de expansión de la actual División Salvador.
El tema más complejo es, sin duda, el relativo a El Abra. Y, aun cuando estaríamos interdictos para referirnos a yacimientos como éste, quiero, por lo menos, señalar lo siguiente. Primero, es una mina que se conoce desde hace más de 20 años, donde el Estado ha hecho grandes inversiones, al extremo de que se ha anunciado -nos parece importante y positivo- que estaría en condiciones de asociarse con terceros como socio mayoritario. Sin embargo, creo que todavía no contamos con todos los antecedentes del caso. Y de ahí que al inicio del debate manifesté que habríamos deseado disponer de mayor tiempo para analizar estos temas. Nuestra información podría ser errada -no pretendemos ser poseedores de la verdad absoluta-, pero hemos tenido conocimiento de que existen posibilidades ciertas de que en tiempo relativamente breve el Estado cuente con los recursos necesarios para iniciar la explotación de ese mineral.
Un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra señaló que en las administradoras de fondos de pensiones existen recursos acumulados que podrían invertirse en muy buenos negocios. ¡Si hay tantas empresas realmente interesadas en El Abra, es por alguna razón! Porque, con entera seguridad, vislumbran allí una actividad rentable o lucrativa. Y no veo razón alguna para que, desde el punto de vista de los intereses del Estado, no podamos disponer de tales recursos, los que, a nuestro juicio, es perfectamente posible orientar de acuerdo con las nuevas disposiciones relativas al empleo de los fondos acumulados en las AFP.
Recientemente nos hemos impuesto de que, ante el éxito de nuestra política económica -culminó hace pocos días con la revaluación del peso-, el nivel de ahorro ha llegado a cifras extraordinarias, jamás pensadas hace algún tiempo. El señor Ministro de Hacienda sostuvo que estamos en condiciones de ahorrar un gran porcentaje del producto geográfico bruto, que puede llegar a mil millones de dólares en poco tiempo más, dado su brusco crecimiento, peligroso según técnicos que manejan nuestra política económica, pero que, con la debida autorización y regulación del Estado, podría invertirse en parte en El Abra, yacimiento que, por los datos de que disponemos y la información que hemos recabado, es altamente rentable. Estamos hablando de 406 millones de toneladas de óxido, y de más de 600 millones de toneladas de sulfuro. Si las empresas extranjeras que deseen invertir en ese yacimiento quieren hacerlo solamente en los óxidos -todos sabemos que requieren de menor inversión, por su más fácil explotación-, no veo razón para que nosotros, como Estado, no nos interesemos en explotar la parte constituida por óxido, donde no hay necesidad de efectuar todas las inversiones que se señalan.
Creo que es un dato técnico. Y -reitero- tal vez estamos errados. Pero debemos hacer un esfuerzo para considerar a El Abra, no entre los yacimientos de expansión de las actuales divisiones, sino como un mineral madre en torno del cual es factible constituir una nueva División de CODELCO. Es posible y lícito hacerlo; la ley orgánica de esta Corporación lo permite. Y no podemos seguir cerrados a lo que estableció casi como herencia la ley que nacionalizó el cobre, que consideró solamente cuatro divisiones, formadas todas por minas explotadas por empresas extranjeras. No veo impedimento alguno para que en el futuro podamos establecer una nueva División de CODELCO, cuyo yacimiento madre -repito- podría ser El Abra.
Por tales razones formulamos la indicación -podría ser inconstitucional; en mi concepto, no lo es-, y también para expresar nuestra preocupación -en gran parte satisfecha- en cuanto a que la ley debe incluir, ya sea en su historia o en su articulado formal, el detalle de los yacimientos que van a constituir parte de los planes de expansión de CODELCO. Porque todos sabemos que la minería no es, desgraciadamente, un recurso renovable; entonces, es incierta por sí misma. Y también estamos conscientes de que los mineros, al hablar de estabilidad laboral, no sólo están pensando en ellos, sino también en dos o tres generaciones. La mayor parte, por distintas razones, cree que sus hijos, si no ingresan a la educación formal, van a seguir sus huellas en la actividad minera. En consecuencia, cuando buscan estabilidad laboral -es una de las razones por las cuales hemos insistido en la necesidad de precisar los planes de expansión-, no lo hacen únicamente en función de sus requerimientos naturales y legítimos, sino también velando por sus hijos.
Por eso hemos estimado positivo el debate, ya que nos ha permitido precisar mucho más claramente que contamos con grandes yacimientos que darán vida a CODELCO en el futuro. Ojalá pudiéramos tener la seguridad de que dispondremos de yacimientos para 50 años más. A mi juicio -como ya lo he señalado-, vamos a tener dificultades con el cobre en ese lapso. Todo indica que en 35 a 50 años más este metal empezará a ser sustituido, principalmente por la fibra óptica. En consecuencia, debemos tener delineada una política para obtener el máximo posible del cobre, sin provocar, por supuesto, alteraciones muy violentas en su precio en el mercado internacional.
De ahí, entonces, que la indicación haya pretendido establecer con precisión cuáles son las políticas de reposición y lo que en el fondo nos interesa. Y es importante que las aclaraciones que he hecho respecto de Altamira, Potrerillos -o Mina Vieja- y El Abra sean consideradas desde las perspectivas que he señalado.
He dicho.
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