REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 323�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 14�, en mi�rcoles 20 de noviembre de 1991 Ordinaria (De 10:45 a 15:8) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES GABRIEL VALD�S , PRESIDENTE, BELTR�N URENDA, VICEPRESIDENTE, Y NICOL�S D�AZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL SECRETARIOS, EL TITULAR, SE�OR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERR�A, Y EL PROSECRETARIO, SE�OR JOS� LUIS LAGOS L�PEZ ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA...................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N.......................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS........................................................... IV. CUENTA............................................................................................ Proyecto de modernizaci�n del Congreso Nacional (se aprueba)���� V. ORDEN DEL D�A: Informe de Comisiones Unidas en asuntos que competan a dos o m�s Comisiones (se aprueba el informe). Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica la ley N� 19.047 a fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas (se aprueba en general y en particular). Invitaci�n del Senado a Presidente del Parlamento de Croacia. Proyecto de acuerdo (se aprueba). VI. INCIDENTES: Peticiones de oficio (se anuncian). Financiamiento de educaci�n municipal. Oficio (observaciones del se�or Cantuarias). Ingreso de Argentina a Organizaciones del Pac�fico. Oficio (observaciones del se�or Romero). Deudores en unidades de fomento en localidad de Aguas Frescas, Magallanes (Duod�cima Regi�n). Oficio (observaciones del se�or Calder�n). Venta de parte de los terrenos de Ciudad del Ni�o. Oficios (observaciones del se�or Gonz�lez). Problemas de la pobreza, de obras p�blicas y de inversi�n en S�ptima Regi�n del Maule. Oficios (observaciones del se�or Pacheco). Problemas en provincias de Arica y Parinacota (Primera Regi�n). Oficio (observaciones del se�or Lagos). Intervenci�n de OEA en Pa�ses Latinoamericanos. Oficios (observaciones del se�or Ortiz). Problemas de transportistas en Arica. Oficio (observaciones del se�or Lagos). Homenaje a Sociedad Pro Ayuda del Ni�o Lisiado, a Fundaci�n Telet�n y a don Mario Kreutzberger (observaciones del se�or Ortiz). VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: -Alessandri Besa, Arturo -Calder�n Ar�nguiz, Rolando -Cantuarias Larrondo, Eugenio -Cooper Valencia, Alberto -D�az S�nchez, Nicol�s -D�ez Urz�a, Sergio -Feli� Segovia, Olga -Fern�ndez Fern�ndez, Sergio -Frei Bol�var, Arturo -Frei Ruiz-Tagle, Carmen -Gazmuri Mujica, Jaime -Gonz�lez M�rquez, Carlos -Hormaz�bal S�nchez, Ricardo -Huerta Celis, Vicente Enrique -Jarpa Reyes, Sergio Onofre -Lagos Cosgrove, Julio -Larre Asenjo, Enrique -Lavandero Illanes, Jorge -Letelier Bobadilla, Carlos -Martin D�az, Ricardo -Mc-Intyre Mendoza, Ronald -Ortiz De Filippi, Hugo -Otero Lathrop, Miguel -Pacheco G�mez, M�ximo -P�ez Verdugo, Sergio -Palza Corvacho, Humberto -Papi Beyer, Mario -P�rez Walker, Ignacio -Pi�era Echenique, Sebasti�n -Prat Alemparte, Francisco -R�os Santander, Mario -Romero Pizarro, Sergio -Siebert Held, Bruno -Sinclair Oyaneder, Santiago -Sule Candia, Anselmo -Thayer Arteaga, William -Urenda Zegers, Beltr�n -Vald�s Subercaseaux, Gabriel -Vodanovic Schnake, Hern�n Actu� de Secretario el se�or Rafael Eyzaguirre Echeverr�a, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Lagos L�pez. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 10:45, en presencia de 39 se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or VALD�S (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 11a y 12a, ordinarias, en sus partes p�blicas y secretas, en 13 y 14 de noviembre en curso, respectivamente, que no han sido observadas. IV. CUENTA El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensaje De Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica con el que retira y hace presente nuevamente la urgencia con car�cter de "Simple" para el proyecto de ley relativo a Televisi�n Nacional de Chile. -Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificaci�n y el documento se manda agregar a sus antecedentes. Informes Dos de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, reca�dos en las siguientes materias: 1.- Proyecto que enmienda la ley N� 19.047, que modifica textos legales que indica, a fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas, con urgencia calificada de "suma". (El plazo vence el viernes 22 del presente). 2.- Consulta de la Sala acerca de la conveniencia de que los proyectos que sean materia de competencia de dos o m�s Comisiones espec�ficas sean siempre informados por Comisiones unidas. -Quedan para tabla. El se�or VALD�S (Presidente).- Terminada la Cuenta. ------------------- El se�or LAGOS (Prosecretario).- Los Honorables se�ores P�ez y Palza han solicitado de la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para que las indicaciones al proyecto relativo a comercializaci�n de buses retirados de circulaci�n, sean conocidas tambi�n por la Comisi�n de Hacienda. El se�or VALD�S (Presidente).- Si le parece a la Sala, as� se aprobar�a. Acordado. ------------------- MODERNIZACI�N DEL CONGRESO NACIONAL El se�or VALD�S (Presidente).- Los proyectos de modernizaci�n del Congreso Nacional, cuyo debate se inici� en sesi�n de la semana pasada, fueron tratados en la ma�ana de hoy por la Comisi�n de R�gimen Interior, la que, por la unanimidad de sus miembros, acord� proponer a la Sala la aprobaci�n del proyecto que cuenta con financiamiento del Banco Mundial y entrega aportes a la Biblioteca del Congreso Nacional y a la red de comunicaciones. No se incluir� el grupo de estudios. Los antecedentes del proyecto constan en el informe emitido por el se�or Jorge Olivos, Director General del Proyecto, con fecha 15 de noviembre. El acuerdo consistir� en encargar a la Comisi�n de R�gimen Interior que contin�e las gestiones para implementar dicho proyecto y concrete su ejecuci�n a trav�s de una Comisi�n Bicameral. Por lo tanto, tendr�a que ser aprobado el proyecto en la forma como lo propone la Comisi�n de R�gimen Interior. En cuanto al proyecto relacionado con la Comunidad Econ�mica Europea, que inicialmente consultaba la instalaci�n de oficinas regionales del Parlamento, la Comisi�n de R�gimen Interior -tambi�n por unanimidad- acord� aprobar la utilizaci�n de los recursos que ese organismo internacional ha puesto a disposici�n -sin cargo- del Congreso Nacional, con la siguiente modalidad: que los recursos ofrecidos por la Comunidad Econ�mica Europea se destinen a la adquisici�n de equipos para la Biblioteca del Congreso Nacional, reforzar las Oficinas de Informaciones de la C�mara y del Senado y, a la vez, implementar con equipos las oficinas de los Senadores y Diputados en las Regiones. Por lo tanto, por el momento, en virtud de este acuerdo, queda excluida la idea de instalar oficinas del Congreso Nacional en provincias o Regiones, lo que hab�a merecido objeciones de diverso orden, y que la Comisi�n de R�gimen analiz� detenidamente hoy d�a. Repito: se trata de mantener el concepto que dio origen a la petici�n de la C�mara de Diputados el a�o pasado, que motiv� el acuerdo de la Comunidad Econ�mica Europea de otorgar recursos al Poder Legislativo y destinarlos a las Regiones (se mantiene el esp�ritu de que vayan a ellas); pero con la modalidad de que se har� a trav�s de reforzar a la Biblioteca con instrumentos y materiales no consultados en el proyecto del Banco Mundial; a las Oficinas de Informaciones de la C�mara y del Senado con equipamiento, y a las oficinas de los Parlamentarios en las Regiones. La modificaci�n aprobada por la Comisi�n de R�gimen Interior y propuesta a la Sala, constituye una enmienda al acuerdo vigente con la Comunidad Econ�mica Europea y est� sujeta a que la acepte. El Comisario de ese organismo internacional estar� en pocos d�as m�s en Santiago y le haremos presente lo resuelto por el Senado. Puedo anticipar que dicho criterio es compartido por el Presidente de la C�mara de Diputados, a quien inform� al respecto antes de efectuar las modificaciones correspondientes, a fin de poder usar con la rapidez del caso los recursos que ya se encuentran en Chile -en poder de la C�mara de Diputados- para la adquisici�n de equipos. Porque, de no ocuparse en parte importante los fondos antes de fin de a�o, la donaci�n de la Comunidad quedar�a sin efecto, con grave perjuicio para el Congreso Nacional al no poder disponer de ellos; y tambi�n provocar�a graves efectos en la Comunidad, que ha tenido un gesto de generosidad con el Parlamento chileno. Esos ser�an los acuerdos. Por lo tanto,... El se�or ORTIZ.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, no obstante la premura del tiempo, quiero solicitar que la adquisici�n de equipos se realice con la mayor transparencia posible, para lo cual sugiero que se llame a licitaci�n a las distintas empresas existentes en el mercado. Se�alo esto, porque, como dije en una intervenci�n anterior, un ejecutivo de una de las firmas interesadas ha dicho jactanciosamente que a Olivetti ya le hab�an asignado la venta de estos equipos. El se�or VALD�S (Presidente).- No le quepa la menor duda a Su Se�or�a de que, como siempre, el Senado realizar� estas operaciones con la mayor transparencia, y de que se licitar� entre las firmas interesadas. Debo hacer presente que �ste no tiene nada que ver con el llamado "Proyecto Olivetti", el cual no se consider� en la Comisi�n, y no est� en tabla para ser tratado en este momento. El consiste en una oferta de cr�dito blando del Gobierno italiano -bastante ventajosa-, dentro del que habr�a recursos para adquirir equipo italiano. Lo vamos a estudiar en la Comisi�n de R�gimen Interior, as� como lo relativo a los proponentes que se opongan a la licitaci�n, a fin de determinar el mejor para los proyectos. Porque los equipos van a ser necesarios de todas maneras -entre ellos, eventualmente, los de Olivetti- y habr� que llamar a una propuesta p�blica. Oportunamente, la Comisi�n dar� cuenta de ese proyecto. El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, mi alcance va a lo siguiente: hemos visto que todas las oficinas de los Senadores est�n dotadas de m�quinas de escribir con pantallas y de computadores que son lo m�s malo que existe en el mercado, y que son lentas e ineficientes. Entonces, temo que esta nueva "modernizaci�n" pueda resultar no adecuada. El se�or VALD�S (Presidente).- La anterior no tuvo ese nombre, se�or Senador. Fue un equipamiento de urgencia, pero adquirido despu�s de una licitaci�n, en la que se escogi� el equipo m�s barato, el que, a veces, no es el mejor. El se�or SULE.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, creo que la palabra "transparencia" simplemente hay que eliminarla, porque, indiscutiblemente, las cosas hechas en el Senado son transparentes. Emplear esta clase de expresiones significa empezar a desconfiar entre nosotros. Por otro lado, manifiesto la esperanza -habl� sobre esto con mi colega de representaci�n de la Sexta Regi�n, Honorable se�or Sule- de que efectivamente sea el esp�ritu de la cooperaci�n ofrecida el que en definitiva -aunque sea a la larga- existan oficinas regionales. Y explico por qu�, se�or Presidente: el otro d�a se suscit� una pol�mica en nuestra Regi�n entre los supuestos autores de las leyes mineras, en la que, de los 120 Diputados existentes, alrededor de 140 se proclaman como responsables de la iniciativa de tales leyes. Es decir, se produce una competencia que la gana, generalmente, aquel que tiene m�s publicidad, o, dicho en otros t�rminos, quien dispone de mayor capacidad para "entrar" en la prensa. A mi juicio, cuando el Parlamento dispone de una oficina y da una informaci�n oficial emanada desde aqu� por la Secretar�a, por las Comisiones o por quien corresponda, ello tiene otro alcance. Deseo, pues, dejar expresa constancia de que eso es lo que pretendemos para las Regiones. El se�or THAYER.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, en nombre del Comit� Independiente de 3 Senadores, quiero manifestar solamente que me complace el acuerdo un�nime a que se ha llegado en la Comisi�n de R�gimen y, asimismo, que concuerdo plenamente con la proposici�n que se formula. Por otra parte, a mi juicio, el sistema buscado para la atenci�n en Regiones de los Parlamentarios es importante, especialmente por la creaci�n de todo un procedimiento de gobierno regional. Fortalecer la funci�n parlamentaria es ahora, m�s que nunca, indispensable, de modo que brindamos nuestro apoyo entusiasta a la iniciativa. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Calder�n. El se�or CALDER�N.- Hago m�as las palabras del Senador se�or D�az, en el sentido de que este acuerdo no puede negar la posibilidad de que el d�a de ma�ana podamos estudiar la idea de tener oficinas regionales. Ahora bien, aun cuando el acuerdo es de dif�cil ejecuci�n -dado que debe incluirse a los Diputados y a los Senadores-, lo vamos a aprobar. Pero, a la luz de la experiencia de este a�o, debemos ver la posibilidad de tener m�s adelante una oficina regional. Porque todav�a no he encontrado una raz�n valedera para oponerse a la idea de crear una Oficina Regional del Congreso Nacional. Se han esgrimido diversos argumentos, pero ninguno de ellos con bases serias. Se adujo que una Oficina Regional de todos los Parlamentarios no contribu�a a valorizar al Congreso Nacional. Y es al rev�s: lo valoriza, porque la gente, adem�s de un cauce de informaci�n, necesita precisamente un contacto directo con el Parlamento m�s que con las oficinas propiamente partidarias de los Parlamentarios donde plantear sus reservas. Y esto en raz�n de que nosotros nos debemos no solamente a quienes nos eligieron, sino a la Regi�n en general. Y es la �nica manera, a mi juicio, de fortalecer la unidad de los Parlamentarios en las regiones, porque los problemas de �stas son los que contribuyen a que se unan sus representantes. Y esto es bueno. Sin duda, tenemos muchas diferencias en lo que ata�e a la pol�tica nacional, pero no las vamos a buscar tambi�n en las regiones, donde no las hay. Los grandes problemas regionales unifican al conjunto de los Parlamentarios en sus zonas. No pretendo realizar una intervenci�n al respecto; pero insisto en que cualquiera necesidad urgente -en mi Regi�n, por ejemplo- unifica a todos: a los distintos Partidos, a la Oposici�n y al Gobierno. Necesidades como el puerto, incluso la reciente protesta por el alza del agua, y el problema no resuelto de las UF que es una demanda actual, en fin, todo eso contribuye a unirnos. No obstante considerar que no se han hecho valer razones s�lidas, fuertes, desde el punto de vista del inter�s de la comunidad y de la Regi�n, para no contar con una Oficina Regional, me sumar� al acuerdo -porque hay que buscar los acuerdos generales-; pero debo insistir que entre nosotros prevalece la competencia en lugar de la unidad. Porque es claro, tenemos competencias ideol�gicas, electorales, e incluso las podemos tener de car�cter personal. Y resulta que esa Oficina, que compartir�amos en forma com�n, nos ayudar�a, en tal sentido, a solucionar problemas de competencia, de diferencias: a colocar, en este caso, los intereses de la Regi�n por encima de los de �ndole particular o partidista de los Parlamentarios. Podr�a hacer un largo alegato sobre el tema, y estoy en ello. Creo, sin vacilaci�n alguna, que estoy representando la opini�n de mi Regi�n, porque, cuando se public� lo referente a las oficinas regionales, la materia se discuti� en ella y varias organizaciones plantearon su opini�n al respecto. En muchas conferencias de prensa los Parlamentarios de la zona se declararon partidarios de contar con esta sede del gobierno central en la Regi�n. De manera que hab�a conciencia sobre el particular en la regi�n magall�nica. Reconozco que mi Regi�n tiene caracter�sticas especiales; pero, aunque en otras partes la situaci�n es distinta, me parece que podr�amos haber hecho un esfuerzo para trabajar en conjunto en una sola sede regional. Y debo aclarar que no se trata de un Parlamento regional, sino de una sede del Congreso que nos habr�a sido �til para recoger posiciones, proposiciones, las demandas de los pobladores y, a su vez, para revelar en las Regiones lo que es el Congreso Nacional. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Siebert. El se�or SIEBERT.- Se�or Presidente, concurr� en representaci�n de Renovaci�n Nacional a la Comisi�n de R�gimen Interior y en ella dimos nuestra aprobaci�n a la enmienda del proyecto de modernizaci�n del Congreso Nacional en la forma como lo ha expuesto Su Se�or�a en esta oportunidad. Y lo hicimos, en primer lugar, por estimar que inicialmente hab�a algunos elementos que trastrocaban la concepci�n de este Parlamento que representamos e integramos. Por eso, fuimos partidarios de suprimir el grupo de estudios -concebido originalmente para la Biblioteca- por considerar que esas funciones deben cumplirlas -y las cumplen- los institutos, los organismos que en este momento est�n actuando para los distintos Parlamentarios y a los que recurren cuando lo estiman conveniente, para el mejor desempe�o de sus funciones. Era necesaria, a nuestro juicio, una modernizaci�n de la Biblioteca del Congreso, y su implementaci�n con elementos mec�nicos provenientes del cr�dito de la Comunidad Econ�mica Europea, as� como dotar a las oficinas de la C�mara de Diputados y del Senado de adelantos t�cnicos financiados con ese mismo cr�dito y reforzar nuestras oficinas regionales con tales equipos. Estimo que la representaci�n del Parlamento en las Regiones -�sa es, a mi juicio, la concepci�n- est� determinada por la presencia en ellas de sus Diputados y Senadores. Y me parece que el conducto normal es que se haga por intermedio de nuestras oficinas, las que implementadas con elementos modernos -fax, computadoras, fotocopiadoras-, y la colaboraci�n de la Biblioteca y de las Oficinas de Informaciones, podr�n extender la representaci�n del Congreso Nacional no solamente a las Regiones, sino tambi�n a cada uno de los 120 distritos existentes a lo largo de nuestro territorio. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Feli�. La se�ora FELI�.- Se�or Presidente, Honorable Senado, me ha correspondido participar desde su inicio en el estudio de lo que se ha llamado la modernizaci�n del Congreso Nacional, basada en dos proyectos que en este momento conoce la Sala, financiados con cr�ditos otorgados por el Banco Mundial y la Comunidad Econ�mica Europea, respectivamente. El primero tiene por objeto reforzar la Biblioteca del Congreso Nacional para mejorar la informaci�n que presta este servicio y dise�ar todo un mecanismo que permita organizar una red de comunicaciones eficiente para sus usuarios que son fundamentalmente los Parlamentarios. El proyecto financiado por la Comunidad Econ�mica Europea tiene por finalidad que la acci�n de los Parlamentarios en las Regiones sea activa, eficaz y proporcione una efectiva presencia del Congreso Nacional en las Regiones de Chile. Creo, se�or Presidente, que ambos proyectos deben ser aprobados por esta Corporaci�n, por cuanto dar�n realce a la funci�n parlamentaria. En diversas oportunidades se ha planteado en el Senado que la Constituci�n Pol�tica contemplar�a pocas facultades para el Parlamento. En verdad la real funci�n del Congreso quedar� demostrada cuando pueda contar con esta herramienta eficaz y eficiente: una informaci�n que le permita adoptar decisiones independientemente, porque en la actualidad, para hacerlo, debe recurrir a la informaci�n suministrada por el Poder Ejecutivo. Y estos proyectos de modernizaci�n del Parlamento har�n posible a cada uno de los congresales tomar decisiones absolutamente informadas y a ambas ramas del Congreso Nacional tener un conocimiento aut�nomo, distinto del Ejecutivo respecto de las leyes y de la labor de fiscalizaci�n que compete al Parlamento. Por ello, me parece que la idea de modernizar el Congreso debe ser aprobada en los t�rminos en que el se�or Presidente acaba de plantear. El se�or VALD�S (Presidente).- Si no hay m�s observaciones, se aprobar�an los dos proyectos, en la misma forma como lo hizo la Comisi�n de R�gimen Interior. Acordado. V. ORDEN DEL D�A INFORME DE COMISIONES UNIDAS EN ASUNTOS QUE COMPETAN A DOS O M�S COMISIONES El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde tratar en el Orden del D�a el informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento reca�do en la consulta de la Sala acerca de la conveniencia de que los proyectos que sean materia de competencia de dos o m�s Comisiones espec�ficas sean siempre informados por Comisiones unidas. -Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Consulta: Sesi�n 4a, en 16 de octubre de 1991. Informe de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 14a, en 20 de noviembre de 1991. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento no estima conveniente adoptar en forma permanente el procedimiento mencionado en la consulta, por considerar que ello dar�a demasiada rigidez al sistema y no permitir�a ponderar si las circunstancias particulares que concurren en cada caso justifican o no disponer el estudio de un asunto por Comisiones unidas. En el informe se consigna una serie de criterios respecto de los cuales seguramente se va a dar cuenta. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC.- Se�or Presidente, se trata de una consulta de la Sala relativa a la conveniencia o inconveniencia de que las Comisiones funcionen con el car�cter de unidas, y la conclusi�n a que lleg� nuestra Comisi�n es la siguiente: nos parece que la regla general, el criterio que debe prevalecer, es que las materias sometidas a conocimiento del Parlamento sean informadas por las Comisiones que naturalmente son competentes para conocer de ellas. Vale decir, la regla general consistir�a en que una sola Comisi�n, seg�n la naturaleza de la materia, conozca de los temas sobre los cuales deba pronunciarse el Senado. En segundo t�rmino, asumimos que hay asuntos o proyectos que, por su naturaleza, inciden en contenidos susceptibles de ser considerados por m�s de una Comisi�n, y eso se presenta con relativa frecuencia. En esos casos, como sucede tambi�n en la pr�ctica, nuestra Comisi�n recomienda que el proyecto o la materia en cuesti�n sea conocido por todas las Comisiones que naturalmente tengan competencia, pero ciertamente circunscrito su �mbito de conocimiento y de acci�n a la materia espec�fica que en cada caso corresponde, y que no se reproduzca una situaci�n que se ha estado insinuando en algunos casos, en el sentido de que distintas Comisiones conocen en conjunto y en su totalidad un determinado proyecto de ley. Por el contrario, se trata de que cada Comisi�n conozca los ac�pites o los contenidos de una iniciativa legal que propiamente debe conocer y no aborde otros. Por �ltimo, el informe se�ala que la posibilidad de que funcionen Comisiones unidas debe situarse s�lo en un plano muy excepcional. Entre otras razones, porque la proliferaci�n de ellas desborda un poco el trabajo parlamentario, hace que la Sala quede privada de un n�mero considerable de Senadores y termine un poco confundiendo el conocimiento de las iniciativas. De manera que, a nuestro juicio, �nicamente en situaci�n muy excepcional y cuando la naturaleza del asunto as� lo justifique con s�lidas razones, es recomendable la existencia de Comisiones unidas para el estudio de proyectos. Tales son sucintamente las conclusiones del informe que responden a una consulta de la Sala que no incid�a en preguntas o cuestiones de car�cter jur�dico, sino m�s bien de m�rito o conveniencia, y que la Comisi�n de Constituci�n, por unanimidad, ha absuelto en la forma descrita. El se�or P�REZ.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Puede hacer uso de ella, se�or Senador. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, no he le�do en detalle el informe, pero entiendo que la consulta formulada a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento se debi� a que en un momento hubo dos informes que deb�an ser sometidos al conocimiento de la Sala. Me parece que uno de ellos era de la Comisi�n de Educaci�n y el otro, de la de Hacienda. El punto por resolver es el siguiente: �cu�l es el informe que debe debatir y votar la Sala, en especial en la discusi�n particular de un proyecto? Porque, indudablemente, el informe tratado y votado tiene cierto privilegio. Y como siempre el de la Comisi�n de Hacienda -cuando por razones presupuestar�as �sta tiene que analizar lo despachado por alguna otra Comisi�n- es el segundo, se vota �ste, en perjuicio del informe "sectorial" -por as� llamarlo- de la Comisi�n respectiva. Desde ese punto de vista, pienso que la consulta no est� respondida en lo que respecta a saber el informe de cu�l Comisi�n es el que se vota en la Sala. He dicho. El se�or D�EZ.- Pido la palabra. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la Comisi�n se aboc� al tema se�alado por su Presidente, Senador se�or Vodanovic, respecto a la conveniencia o no de establecer en el Reglamento la obligatoriedad de las Comisiones Mixtas cuando un asunto deba ser encargado a dos Comisiones. Y no se preocup� espec�ficamente de la mala pr�ctica que se ha seguido muchas veces en el Senado al existir estos dos informes, en el sentido de preferir el de la Comisi�n t�cnica de la materia frente al informe de la Comisi�n de Hacienda, o al de la de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia, Comisiones que deben informar sobre determinados art�culos. Y a decir verdad, se�or Presidente, este tema no amerita un informe de la Comisi�n de Constituci�n, porque el Reglamento dispone que la competencia de la Comisi�n de Hacienda -al plantearse �sta- dice relaci�n exclusivamente con el financiamiento. Y es cuesti�n de que esta Alta Corporaci�n aplique el Reglamento en forma estricta, para que no se consideren aquellos aspectos en que �sta invada atribuciones exclusivas de la Comisi�n especializada. De manera que mal podr�a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia entrar a un pronunciamiento jur�dico, en circunstancias de que el Reglamento es claro: la Comisi�n de Hacienda informa en aquellas materias que dicen relaci�n �nicamente con el financiamiento. Entonces, es cosa de que la Secretar�a y la Mesa del Senado ordenen la materia de tal forma que se produzca la consulta a la Comisi�n de Hacienda posteriormente a la votaci�n del informe espec�fico, y s�lo respecto de aquellos art�culos relativos al financiamiento. Por consiguiente, si los se�ores miembros d� la Comisi�n de Hacienda tienen observaciones acerca de otros art�culos, deben actuar como cualquier se�or Senador y formular la indicaci�n correspondiente de manera normal en el primer tr�mite constitucional de la iniciativa. Y �ste es el �nico criterio de aplicaci�n del Reglamento que no requiere enmienda de ninguna especie, sino s�lo una modificaci�n de la pr�ctica en la presentaci�n de los proyectos y en la votaci�n de los mismos. He dicho. El se�or THAYER.- Pido la palabra. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, creo que este asunto debemos estudiarlo con mucha atenci�n. Y Sus Se�or�as tendr�n que excusarme, porque no pretendo en esta brev�sima intervenci�n dar una luz definitiva con respecto al tema, sino., tal vez, hacer ciertas consideraciones y, eventualmente, alguna consulta. En lo personal, �c�mo veo el problema? Para la preparaci�n de una ley, la funci�n de las Comisiones es absolutamente esencial. Pero ocurre que, tanto el proceso de legislar como, en general, el de administrar en la vida p�blica o privada, se vuelven cada vez m�s t�cnicos y complejos. Y reiteradamente los proyectos que se presentan ata�en a m�s de un t�pico, y, por consiguiente, requieren el informe t�cnico o el estudio de m�s de una Comisi�n, lo que se estrella con una pr�ctica y con la conveniencia de que haya s�lo una Comisi�n informante, sin perjuicio de lo que deba hacer la de Hacienda en asuntos de su competencia. Existen iniciativas que escapan a esa modalidad, lo que hace dif�cil discernir si es mejor que lo estudie una Comisi�n u otra. Y expongo un caso que hemos visto en esta Sala, ilustrativo del punto que planteo: el Estatuto Docente. Esta iniciativa compleja, importante -no tan complicada como la de pesca, pero s� lo suficiente como para servir de ejemplo a lo que trato de explicar-, era, en rigor, un estatuto laboral para el personal docente que conten�a normas de bastante importancia propias de la competencia de la Comisi�n de Educaci�n; pero que comprend�a, en mi concepto, un n�mero mucho mayor de disposiciones de car�cter laboral que las propiamente docentes. Se tramit� �ntegramente a trav�s de la Comisi�n de Educaci�n. Y, a mi juicio, varias de las dificultades derivadas de la interpretaci�n y aplicaci�n de este Estatuto se originaron porque no fue visto sino tangencial y muy circunstanciadamente por una Comisi�n que debi� haberlo analizado con m�s amplitud -en este caso, la Comisi�n de Trabajo-, por tratarse de un r�gimen que sustancialmente regula m�s bien la relaci�n del profesor con su empleador, que la de aqu�l con el alumno. �Qu� hacemos en casos como �ste? A mi entender, es conveniente -�sta es mi opci�n- que exista una Comisi�n t�cnica informante que asuma, como quien dice, la responsabilidad central del proyecto, aun cuando haya aspectos que convenga que sean informados por otras Comisiones. Lo que tendr�a que decidir el Senado -en aplicaci�n del Reglamento, o modificando a �ste- es si acaso en aquellos puntos complementarios al tema central de la iniciativa que analiza la Comisi�n competente -en los fundamentales- los estudios de las Comisiones -una o m�s- que traten aspectos particulares deben venir a la Sala como informes separados o ser remitidos a la Comisi�n competente para que ella, a su vez, los estudie e incluya en su informe general. �Qu� es lo que est� complicando el funcionamiento en esta materia? Debemos ser muy francos -y yo como Senador independiente debo se�alar las cosas como las siento-: las Comisiones tienen mayor�as pol�ticas distintas. Y con frecuencia acontece una situaci�n en la que existe como cierta tirantez para llevar el proyecto a una Comisi�n o a otra, seg�n cual fuere la Comisi�n en la que se cuente con una mayor�a adecuada. Y mi impresi�n es, se�or Presidente, que el trabajo de las Comisiones debe ser sustancialmente -como, en general, el trabajo del Senado- capaz de superar la contingencia de la relaci�n Gobierno-Oposici�n. Pero, de todas maneras, mi opini�n es que, trat�ndose de proyectos complejos, cuando se presentan dos, tres o cuatro informes de Comisiones distintas, que tratan aspectos diferentes, a veces con resultados diversos en cada una de ellas, los asuntos llegan -exc�senme la expresi�n- un poquito "charqueados" a la Sala, pues es posible que una haya aprobado lo que otra rechaz�, con lo cual se pierde, en definitiva, la unidad del tema. Creo que la decisi�n de enviar un proyecto a determinada Comisi�n debe depender de la naturaleza sustancial o principal del asunto de que se trate, pudiendo este organismo pedir informes complementarios sobre aspectos que sean de competencia de otras Comisiones, con la sola excepci�n que fija el Reglamento de que ciertas iniciativas requieren informe separado de la Comisi�n de Hacienda en materias que le ata�en. Ese es mi punto de vista, se�or Presidente. Muchas gracias. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Presidente, coincido plenamente con lo se�alado por el Senador se�or D�ez en el sentido de que se est� haciendo com�n -no s�lo en el Senado, sino tambi�n en la C�mara de Diputados- una pr�ctica que se ha tornado viciosa, cual es que la Comisi�n de Hacienda, principalmente, revise todos los proyectos que competen a otras Comisiones y que llegan a ella s�lo para establecer lo relativo al financiamiento. Esto, adem�s de significar un doble trabajo, hace lenta y pesada la labor del Congreso y, l�gicamente, obstaculiza una acci�n m�s din�mica en la confecci�n de las leyes, constituyendo, adem�s, una pr�ctica muy inconveniente en t�rminos de t�cnica legislativa. Reitero: coincido plenamente con lo expuesto por el Senador se�or D�ez en el sentido de que los miembros de la Comisi�n de Hacienda, al revisar los proyectos, no deben pronunciarse acerca de los art�culos que sean propios de la especialidad de la Comisi�n a que haya sido enviada la iniciativa, lo que deben hacer conjuntamente con todos los se�ores Senadores en el momento que corresponda, por la v�a de las indicaciones. He dicho, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, la verdad es que la preocupaci�n de la Comisi�n de Constituci�n durante el debate de este asunto fue reflexionar acerca del papel que corresponde a cada una de las Comisiones permanentes de la Corporaci�n. Existe como un hecho de la causa que tanto la Ley Org�nica del Congreso Nacional como el Reglamento del Senado abordan el tema vincul�ndolo con la forma en que pueda realizarse una tramitaci�n m�s acuciosa, seria y expedita de los proyectos de ley. Para tales efectos, la Ley Org�nica del Parlamento dispone, en su art�culo 17, que "El Senado y la C�mara de Diputados establecer�n en sus respectivos reglamentos las comisiones permanentes que consideren necesarias para informar los proyectos sometidos a su consideraci�n.". Esta norma b�sica pareciera emanar de la necesidad de contar con una Comisi�n permanente por cada uno de los Ministerios que existen en el pa�s para el expedito funcionamiento del Gobierno. As� lo establece, por lo dem�s, el art�culo 27 de nuestro Reglamento. �Cu�l es la l�gica? La l�gica es que un proyecto que venga con la firma del Ministro de determinada Cartera -adem�s, obviamente, de la del Presidente de la Rep�blica- deba ser enviado a la Comisi�n especial permanente que exista para tales efectos. Pero, �cu�l ha sido la experiencia que hemos visto? Que hay materias, como las que mencionaba denantes el Senador se�or Thayer, que traen aparejados problemas de distinta naturaleza. El Estatuto Docente, por ejemplo, ven�a firmado por el Ministro de Educaci�n; sin embargo, establec�a un estatuto laboral y, por lo tanto, tend�a a vincularse tambi�n con la Comisi�n de Trabajo. Y, en vista de que cada iniciativa, en la generalidad de los casos, establece un gasto, corresponde aplicar la norma del art�culo 17 de la Ley Org�nica, que dispone que "cada C�mara deber� tener una comisi�n de hacienda, encargada de informar los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria". Es decir, la Comisi�n de Hacienda tiene competencia en todos los proyectos de ley en aspectos que incidan en materias presupuestarias. De modo tal que no puede haber estudio doble completo de las disposiciones pertinentes. Lo que se tuvo en cuenta en la Comisi�n de Constituci�n fue que lo natural es que se asigne el estudio de determinado proyecto a la Comisi�n permanente especializada Esa es la norma, ya que dedicar dos Comisiones (con diez Senadores de un total de 46) para analizar conjuntamente una iniciativa espec�fica, puede afectar el desarrollo de otras actividades que debe llevar a cabo la Corporaci�n. Ahora bien, �d�nde est� la soluci�n? La Comisi�n de Constituci�n prefiri� no establecer criterios r�gidos, pues, a la luz del texto de la Ley Org�nica Constitucional y de los art�culos del Reglamento, lo que corresponde es que un proyecto deba ser conocido por la Comisi�n permanente que tenga mayor atingencia con el tema y cuya especialidad juegue el papel m�s relevante. Sin embargo, se�or Presidente, a veces las normas r�gidas no permiten alcanzar el objetivo deseado por todos los Parlamentarios que integramos ambas ramas del Congreso: la adecuada expedici�n y el tratamiento oportuno. Y, entonces, lo que corresponde ah�, a mi juicio, es que entre a funcionar otra de las instituciones establecidas: los Comit�s. Porque ellos tienen un conjunto de facultades definidas en el art�culo 11 de nuestro Reglamento, que dispone: "Los Comit�s constituyen los �rganos relacionadores entre la Mesa del Senado y la Corporaci�n para la tramitaci�n de los asuntos sometidos a su conocimiento". De modo tal que, cuando surja la duda respecto de cu�l es la Comisi�n que corresponde, los Comit�s, en uso de sus atribuciones reglamentarias, debieran ponderar adecuadamente la tramitaci�n que el proyecto requiere, tomando en consideraci�n la especialidad y el recargo que el organismo t�cnico de estudio tiene. Y atendiendo a la doble funci�n que desempe�amos en el Parlamento, ellos deber�an hacer un- estudio acucioso y, al mismo tiempo, expedito de las materias sometidas a nuestro conocimiento. Por esas razones, compart� plenamente el criterio que discutimos en la Comisi�n de Constituci�n, porque la Corporaci�n dispone de mecanismos para tratar, con la competencia necesaria y la agilidad que se requiere, los proyectos que necesiten un tratamiento m�s �gil. En el caso del Estatuto Docente, que se recordaba, se enviaron a la Comisi�n de Trabajo para su discusi�n los art�culos que, se supon�a, ten�an incidencia m�s directa en el tema de Trabajo. Ese fue un acuerdo de los Comit�s. Y en el examen que esta instituci�n del Senado realice para esos efectos, podr�a perfectamente determinar que tales o cuales normas o materias pueden ser abordadas, incluso paralelamente, por una o m�s Comisiones, si ello favorece su m�s expedita tramitaci�n. Por lo anterior, considero que la respuesta dada por la Comisi�n de Constituci�n se ajusta tanto a la normativa de la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional, cuanto a las normas del Reglamento y, por supuesto, a un debido tratamiento de las iniciativas de ley por la Corporaci�n. Por eso la suscrib�. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.-- Se�or Presidente, parece ser �ste un debate bastante interesante para resolver algunas cuestiones que se nos presentan continuamente en el tratamiento de diversos proyectos de ley. Y tendr�amos que convenir en que hay dos normas fundamentales que nos han obligado a tomar algunas medidas especiales. Por una de ellas, la Comisi�n de Hacienda fue incorporada, no s�lo al Reglamento del Senado -art�culo 27, incisos tercero y cuarto-, sino tambi�n a la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional, en su art�culo 17. Es la �nica Comisi�n que tiene existencia constitucional, lo que, por supuesto, complica un poco el tratamiento de diversas iniciativas de ley. Es una exigencia constitucional que, desgraciadamente, no se puede eludir, aun cuando uno quisiera despachar los proyectos con mayor prontitud. Por ejemplo, hoy d�a mismo, hay alrededor de 17 proyectos en tr�mite que deber�n pasar por la Comisi�n de Hacienda, situaci�n bastante delicada cuya rectificaci�n implica modificar la Ley Org�nica del Congreso Nacional, la cual se podr�a perfeccionar, de haber acuerdo en tal sentido. Pero no s�lo tenemos complicaciones... El se�or GONZ�LEZ.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or LAVANDERO.- Con todo agrado, Honorable colega. El se�or GONZ�LEZ.- Con la venia de la Mesa, debo decir que no es �se el enfoque del tema. No estamos en contra de que vayan a la Comisi�n de Hacienda todos los proyectos que lo requieran. El asunto es que ella se pronuncie respecto de aquellos puntos de su competencia, y no revise, adem�s, otros propios del an�lisis de la Comisi�n especializada. Eso es lo que planteamos. Muchas gracias, se�or Senador. El se�or LAVANDERO.- Como puede ver, Honorable colega, lo que estaba se�alando yo no est� alejado de lo que Su Se�or�a ha dicho. A modo de ejemplo, no citemos el caso de la Comisi�n de Hacienda -para no tener que presumir, y porque puede existir alg�n inter�s personal en pertenecer a ella-, sino que examinemos el de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia. No porque los se�ores Senadores que pertenecen a ella lo desearan, sino por exigencia constitucional -porque se cre� el Tribunal Constitucional-, y para no dejar de cumplir con esa normativa, muchos de los proyectos que antes no pasaban a esa Comisi�n ahora deben hacerlo, para evitar objeciones posteriores de dicho Tribunal, o que alg�n grupo opositor a determinado proyecto pida, con la firma de diez se�ores Senadores, su declaraci�n de inconstitucionalidad. Yo me pregunto, se�or Presidente, si no ser� preciso que una iniciativa que tenga incidencia en materia constitucional y que pasa a la Comisi�n de Constituci�n sea analizada tambi�n en su totalidad para ver si cumple o no con los requisitos establecidos. A mi juicio, se trata de un problema que escapa a los buenos deseos de la propia Comisi�n de Constituci�n. No creo que ella desee ocuparse de todos los proyectos, porque eso es imposible. Lo mismo ocurre con la de Hacienda. No es que ella quiera examinar las iniciativas en su totalidad. El otro d�a analizamos una -la relativa al deporte-, en que pr�cticamente todos los art�culos e indicaciones formulados deb�an pasar por la Comisi�n de Hacienda, por tener incidencia en el gasto, en la tributaci�n o en una situaci�n financiera. De tal manera, se�or Presidente, que no es necesario examinar el asunto desde la perspectiva se�alada por el Honorable se�or Gonz�lez. En verdad, es muy dif�cil para nosotros dejar de considerar si una materia tiene o no tiene incidencia financiera, porque cuando un proyecto pasa a la Comisi�n de Hacienda, en definitiva la mayo parte de su articulado depende de financiamiento o de tributaci�n. Por de pronto, hemos adoptado algunos criterios que nos permitan despachar las iniciativas con prontitud. Cabe hacer notar que la Comisi�n de Hacienda trabaja dos o tres veces m�s que cualquier Comisi�n permanente del Senado. Y no es que lo deseemos, sino porque se presentan dificultades. El se�or P�REZ.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or LAVANDERO.- Lo que sugiero -y en eso estoy plenamente de acuerdo con el informe emitido por la Comisi�n de Constituci�n- es adoptar un procedimiento m�s expedito sobre la materia, de modo que, cuando las Comisiones est�n recargadas, puedan sesionar en horas compatibles con el funcionamiento de la Sala y cuenten con la colaboraci�n de un cuerpo de secretarios m�s expedito. La Comisi�n de Hacienda, que supera en dos o tres veces el trabajo de cualquiera otra permanente, cuenta con un Secretario de Comisiones, y nada m�s. Y el problema se complica, muchas veces, al carecer de la informaci�n que debi�ramos tener cuando una iniciativa ingresa a la C�mara de Diputados, de modo de saber qu� ocurri� en esa rama del Parlamento, en especial en su Comisi�n de Hacienda. Y debiera haber un secretario que siguiera el curso del proyecto y luego hiciera un relato a la Comisi�n de Hacienda, con el fin de apurar el tr�mite. Pero yo creo, se�or Presidente,... El se�or P�REZ.- �Me permite una interrupci�n, Honorable colega? El se�or LAVANDERO.- ...-para no extenderme en mi intervenci�n-, que debi�ramos encontrar mecanismos internos para agilizar el trabajo de dos Comisiones tan recargadas de actividad como las de Constituci�n y de Hacienda, y disponer de personal calificado, en el n�mero y en la calidad que ellas requieren. Esa s� que ser�a una forma de apurar los tr�mites y, por supuesto, aceptando lo se�alado en el informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia. Nada m�s, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Cantuarias. El se�or P�REZ.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or CANTUARIAS.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa. El se�or VALD�S (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, es necesario dilucidar cu�l es el informe que se somete a la consideraci�n de la Sala. La pr�ctica ha sido que sea el �ltimo informe de Comisi�n. Y como siempre la de Hacienda es la que emite el �ltimo, �se es el que se propone a la Sala. As� ha ocurrido en la pr�ctica. Concuerdo con los Honorables se�ores D�ez, Thayer y Gonz�lez en el sentido de que debe ser el informe de la Comisi�n espec�fica que trata el proyecto de ley, y que procede un informe de la Comisi�n de Hacienda respecto de aquellos art�culos que dicen relaci�n con materias presupuestarias o en los casos contemplados en el art�culo 27 del Reglamento. Reitero: el documento que debe ser sometido a conocimiento de la Sala no es el �ltimo evacuado, sino el de la Comisi�n espec�fica que trat� la iniciativa. Ese es el punto que, en mi opini�n, debemos dilucidar. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Cantuarias. El se�or CANTUARIAS.- Se�or Presidente, la intervenci�n del Honorable colega se�or P�rez me ahorra parte de lo que yo iba a plantear. Desde mi perspectiva, el planteamiento y la consulta remitidos a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento en orden a que los proyectos que requieren ser informados por m�s de una Comisi�n deben ser tratados mediante el mecanismo de Comisiones unidas, obedece a un problema objetivo, a cuya soluci�n no veo que tendamos por el derrotero en que nos encaminamos. Conforme a lo se�alado, las dificultades siempre se han producido cuando la Comisi�n de Hacienda elabora un informe que difiere del evacuado por otras, como ha sucedido. Lo cierto es que la consulta obedece al prop�sito de evitar el problema procesal que hemos vivido en diversas oportunidades en el Senado. Y ella no se absuelve ni queda resuelta con la forma propuesta, sin dejar de considerar que, de acuerdo con el art�culo 28 de nuestro Reglamento, "El Senado podr� encargar el examen de un asunto a dos o m�s Comisiones unidas", lo que, en mi opini�n, constituye un mandato para que las que deban informar un proyecto lo hagan en conjunto. Eso evitar�a, por lo menos, parte de las dificultades, pero no la mayor: el desacuerdo que normalmente se presenta con la Comisi�n de Hacienda. En consecuencia, debemos mejorar la soluci�n desde el punto de vista del procedimiento. Seguramente, no ser� �sta la discusi�n -ella podr� de alguna manera orientarnos- ni �sta la instancia en que se resolver� el problema en forma adecuada. Pero creo que los Comit�s -y propongo que as� lo acordemos- podr�an indicar una suerte de mecanismo frente a cada uno de los proyectos de ley, de forma que se encomendara el estudio pertinente a las Comisiones que correspondan, y se estableciera la manera en que sus informes se someter�n a la consideraci�n de la Sala. Lo ocurrido -repito- es que la diferencia observada, normalmente obedece a la existencia de un informe distinto, y a que muchas veces las Comisiones especializadas nos hemos quejado de que los informes de la de Hacienda alteran sustantivamente las materias estudiadas y resueltas por ellas. Por consiguiente, planteo la necesidad de establecer un procedimiento, en atenci�n a que la respuesta entregada por la Comisi�n de Constituci�n -no dudo de que ella se atuvo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes- no resuelve los problemas que pretendimos abordar cuando hicimos la consulta. Y cualquiera que sea el destino del documento -presumiblemente, ser� aprobado-, lo que va a ocurrir es que, frente al pr�ximo proyecto que requiera m�s de un informe, estaremos abocados exactamente al mismo problema que ten�amos antes de formular la consulta y, por cierto, antes de disponer del trabajo y del muy valioso texto de la Comisi�n de Constituci�n. En consecuencia -repito-, solicito que los Comit�s estudien un mecanismo y adopten una posterior resoluci�n respecto de cada una de las iniciativas de que conozca la Sala y que despu�s deban ser estudiadas por las Comisiones especializadas. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Perd�n, se�or Senador. Deseo hacer presente que el art�culo 66 del Reglamento establece un procedimiento por el cual es el Presidente el que da la tramitaci�n que corresponde a estos negocios. Y debe ser as�, porque ese cuerpo legal as� lo dispone. No obstante, es la Sala, a petici�n de un Comit�, la que resuelve si est� de acuerdo o no con lo propuesto por el Presidente. La Cuenta es nada m�s que una sugerencia. Y cuando ella se da es el momento en que determinada Comisi�n puede mostrar inter�s en manifestar su disconformidad con lo propuesto. Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, sus palabras me han ahorrado la parte inicial de mi intervenci�n, porque, efectivamente, yo iba a llamar la atenci�n acerca de la norma anteriormente se�alada, la cual nos resuelve en gran parte el problema. Por otra parte, la Mesa debe analizar el texto concerniente a la competencia de la Comisi�n de Hacienda, pues es cierto lo que dijo el Honorable se�or Lavandero: todos los art�culos, de todas las leyes, tienen alg�n tipo de incidencia en materia financiera o presupuestaria, o en las normas que regulan la econom�a del pa�s, adem�s del imperativo de indicar las fuentes reales de recursos para atender un gasto. Sin embargo, lo anterior no autoriza a dicha Comisi�n para promover enmiendas. �Qu� dice el Reglamento al respecto? El inciso tercero del art�culo 27 dispone que "La Comisi�n de Hacienda deber� informar" -informar, no modificar- "los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado, de sus organismos o empresas.". Es decir, debe se�alarnos cu�nto cuesta cada iniciativa, y no abocarse a hacer una nueva aduciendo que es m�s barata. Si los se�ores miembros de la Comisi�n de Hacienda tienen ideas que impliquen un costo menor, deber�n formular las indicaciones pertinentes, del mismo modo que cualquier otro se�or Senador. Adem�s, el inciso siguiente expresa que "En todo caso, la Comisi�n de Hacienda deber� indicar en su informe la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el gasto que signifique el respectivo proyecto y la incidencia de sus normas sobre la econom�a del pa�s.". No tiene otra competencia. Debe limitarse a decirnos: "Este proyecto cuesta tanto," -tal como recuerdo los informes tradicionales de las Comisiones de Hacienda del Senado y de la C�mara de Diputados- "en circunstancias de que el financiamiento acordado por la Comisi�n rinde tanto, de manera que se propone modificar ese punto", o bien, "se propone cambiar la fuente de recursos". Pero no puede plantear, se�or Presidente -como lo hemos visto en muchas ocasiones-, la enmienda del texto aduciendo que la nueva redacci�n importar� una iniciativa que resulte m�s barata o la incidencia de un art�culo. Porque todo incide. Pero no es eso lo que se le est� preguntando. En efecto, se le solicita que se�ale la incidencia, no que altere el art�culo; que precise el costo, no que exponga una medida distinta, y que determine lo relativo a las fuentes reales de ingreso o presente otras. Y es lo �nico que el Senado deber�a considerar. Por consiguiente, de acuerdo con la letra y la pr�ctica del Reglamento, la Mesa no deber�a someter otras materias a la Sala, respecto de los informes de la Comisi�n de Hacienda. Ellas deber�an ser declaradas inadmisibles, haci�ndose presente a los se�ores Senadores que sus ideas al respecto deben seguir el cauce normal utilizado en la Corporaci�n para hacer indicaciones a un proyecto de ley. De otra manera, se pondr�a en una situaci�n de privilegio a los miembros de la Comisi�n, lo cual, indiscutiblemente, est� muy lejos de la letra del Reglamento y del esp�ritu del Senado. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, quiero referirme brevemente al tema. Me parece muy importante el planteamiento formulado por el se�or Senador que me precedi� en el uso de la palabra, quien -tal vez con la pasi�n que lo caracteriza- ha colocado un matiz muy fuerte en la relaci�n de la competencia de la Comisi�n de Hacienda. Postulo que debemos buscar una f�rmula equilibrada, que permita efectivamente que el trabajo de las Comisiones sea no s�lo la expresi�n de lo que desean sus Presidentes y sus integrantes, sino lo que mejor refleje el pensamiento de los se�ores Senadores que se ocupan en la materia, de modo que luego sea conocido por la Sala. Creo que aqu� tenemos un problema de vac�o en el sistema. Y en ese sentido estoy de acuerdo con la proposici�n del Honorable se�or Cantuarias en orden a pensar en un mecanismo que permita un desarrollo equilibrado de lo que debe ser la labor en Comisiones. Porque, con el mismo �nfasis que se ha puesto en el tema de la Comisi�n de Hacienda, yo podr�a -a modo de ejemplo- referirme a la de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia, o a otras Comisiones, en las que la acuciosidad y la inteligencia de sus miembros seguramente muchas veces van m�s all� de lo que permiten los l�mites del cometido a que tienen que abocarse. En hora buena si el aporte es efectivo y positivo, pues debemos recogerlo. Por otra parte, se�or Presidente, creo que el mecanismo debe considerar, de manera relevante, la actividad de los �rganos legislativos especializados. Al respecto, coincido con quienes se�alan que en materias laborales, por ejemplo, el pronunciamiento de fondo corresponde a la Comisi�n de Trabajo, y que las otras Comisiones que incidentalmente tienen que debatir el tema pueden hacer los agregados o las observaciones que amerite su respectivo campo espec�fico. Por lo tanto, se�or Presidente, abogo porque la Mesa formule una proposici�n en la materia, ya que a ella le corresponde hacerlo, de acuerdo con el art�culo 66 del Reglamento. Estimo que, con consulta a quienes han intervenido en el debate de manera m�s ilustrada que el Senador que habla, puede perfectamente exponer un planteamiento que permita encauzar equilibradamente la labor de las distintas Comisiones. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, creo que la materia en debate es de mucho inter�s, porque, obviamente, el criterio que aqu� se adopte contribuir� a un trabajo m�s eficiente de la Corporaci�n. He le�do con mucho detenimiento el informe y he escuchado lo expresado en la Sala, pero debo se�alar que, a mi entender, globalmente, en el an�lisis efectuado nos hemos salido del esp�ritu y de la letra del Reglamento. A mi juicio, todo el sistema que �ste consagra se basa en que, en general, todas las materias sean sometidas a una Comisi�n y que la Sala se aboque al estudio de un informe. Podr�a citar 5, 6, 7 u 8 art�culos que hacen expresa referencia al informe. Al respecto, hay tres tipos de excepciones contemplados en el Reglamento. Lo analizado concierne a la Comisi�n de Hacienda, a la que no corresponde emitir un informe paralelo o complementario de toda la iniciativa de que se trate, sino que debe referirse a aspectos muy determinados, tal como lo establece el Reglamento: "deber� informar los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria". Por lo tanto, no debe inmiscuirse en el fondo y, en consecuencia, tendr� que ponderar los alcances de lo que haya resuelto la Comisi�n pertinente. En lo que dice relaci�n a la intervenci�n que compete a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, tambi�n es de car�cter muy espec�fico, porque su informe puede ser solicitado no s�lo por la Sala, sino por las Comisiones, para ilustrar el debate frente a un problema particular. Sin embargo, el esp�ritu general es que exista un informe. Lo anterior se vincula con lo dispuesto por el art�culo 28 del Reglamento. Cuando un proyecto contenga diversas materias, estimo que la regla general no es la de que deba someterse al estudio de dos o m�s Comisiones, a fin de que cada una informe sobre determinados aspectos; la regla general es que sea conocido por una Comisi�n. Y si por circunstancias muy especiales se requieren otras opiniones, estim�ndose que debe intervenir m�s de una, hay que atenerse al texto de la disposici�n citada, la cual expresa que "El Senado podr� encargar el examen de un asunto a dos o m�s Comisiones", pero unidas, de manera que la Corporaci�n no se halle abocada al an�lisis de diversos informes, que pueden ser divergentes entre s�, cuando discuta en general y en particular los proyectos. De ah� que, a mi juicio, de atenernos a las normas del Reglamento, todos los asuntos deben enviarse s�lo a una Comisi�n, que es la responsable de emitir un informe, y sobre la base de �ste se ha establecido el procedimiento para debatir en general y en particular una iniciativa. Jam�s se habla de "los informes". Y las Comisiones de Hacienda y de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia pueden ilustrar o complementar acerca de aspectos espec�ficos: la primera, sobre las materias de incidencia presupuestaria y financiera, y la segunda, referente a aquellas que digan relaci�n a la constitucionalidad de un proyecto determinado. Y en caso de que el Senado, por la importancia que reviste un asunto, estime conveniente que el proyecto sea conocido por m�s de una Comisi�n, ellas deben actuar unidas. El hecho de que pudiere autorizarse a las Comisiones unidas para funcionar paralelamente con el Senado no debe ser un motivo para que cambie el fondo del asunto. Porque querr� decir que ello no se permitir� si afecta el funcionamiento de la Sala. Pero no por una circunstancia excepcional desvirtuaremos el procedimiento, tanto del Reglamento como de la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional, de que el Senado tenga, para el mejor estudio de los proyectos, un informe, y sobre la base de �ste trabaje, sin perjuicio de la ilustraci�n que en lo atinente a determinados temas -repito- puedan brindar las Comisiones de Hacienda y de Constituci�n. No olvidemos, por lo dem�s, de que al final todos los se�ores Senadores debemos pronunciarnos sobre todos los puntos; de que todos podemos concurrir con derecho a voz a cualquiera Comisi�n. En consecuencia, estimo que el informe de la Comisi�n de Legislaci�n deber�a ser m�s perentorio en se�alar que la regla general consiste en someter el estudio de un proyecto a una Comisi�n; que si comprende varias materias y se desea que lo conozca m�s de una Comisi�n, �stas deben necesariamente actuar unidas, para que tengamos que abocarnos al an�lisis de un solo informe, y que las opiniones de las Comisiones de Hacienda y de Constituci�n deben referirse espec�ficamente a los aspectos de su competencia, con la finalidad de ilustrar el informe general de la Comisi�n respectiva. He dicho. El se�or D�EZ.- Pido la palabra. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, quiero traer al recuerdo del Senado un informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, del 27 de junio de 1963, aprobado un�nimemente por los Honorables se�ores Luis Felipe Letelier, Fernando Alessandri, Alvarez, Palacios y Tomic, en que se establece la manera como se elaboraban los informes de las Comisiones y de los asuntos en que correspond�a ocuparse tanto a la Comisi�n de Hacienda como a la espec�fica. Al final, el Senado modific� el texto propuesto por la Comisi�n de Constituci�n, se�alando que "Las comisiones t�cnicas pueden considerar o no considerar, seg�n sea su parecer, el aspecto financiero" -o sea, podr�an decir: "Con respecto al financiamiento, pase a la Comisi�n de Hacienda- y que "El pronunciamiento de la Comisi�n de Hacienda debe recaer" -espec�ficamente- "en el aspecto financiero del proyecto despachado por la comisi�n t�cnica respectiva". El Senador se�or Palacios pidi� que se dejara constancia de que cuando dicha Comisi�n estudia el financiamiento de las iniciativas legales "no puede entrar a modificar la estructura de los proyectos de ley aprobados por las Comisiones T�cnicas y, por lo tanto, no podr�a" ni siquiera "rechazar, disminuir o modificar los beneficios aprobados por aqu�llas". Esa funci�n no le corresponde, y no puede "pronunciarse sobre la necesidad o conveniencia de los beneficios o derechos aprobados por las otras Comisiones". El Honorable se�or Tomic manifest� estar absolutamente de acuerdo con los puntos de vista del Senador se�or Palacios. Por su parte, el Senado aprob� por unanimidad el informe. En consecuencia, no es preciso que la materia sea remitida a la Comisi�n de Hacienda. Hay un informe completo sobre el particular, aprobado por la Sala, que la Mesa debe aplicar. He dicho. El se�or ALESSANDRI.- Pido la palabra. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Alessandri. El se�or ALESSANDRI.- Se�or Presidente, aqu� se han discutido dos temas distintos. El informe que nos ocupa se refiere a la posibilidad de que dos Comisiones, aparte la de Hacienda, estudien un mismo proyecto. Nadie cuestiona que esta �ltima tiene que analizar las iniciativas para establecer, como ha dicho el Honorable se�or D�ez, cu�l es su costo; pero lo que se debat�a era si sobre un proyecto que no es de su competencia deben emitirse o no dos informes. Coincido con el Honorable se�or Urenda en cuanto a la conveniencia de que s�lo se presente uno (ya sea el de una Comisi�n t�cnica, de la misma ampliada, o de una mixta), porque no podr�a ser que, por ejemplo, en un asunto relativo a transportes y a obras p�blicas, tuviera que conocer la Sala sendos informes de las Comisiones respectivas. En mi opini�n, en tal caso deber�an constituirse Comisiones unidas, o bien, la Comisi�n t�cnica que est� conociendo del asunto deber�a encargarse de recabar informaci�n entre las personas que asistan a sus sesiones, para elaborar as� un solo informe completo. Por lo tanto, se�or Presidente, pienso que la conclusi�n segunda que se ha presentado es err�nea, porque afirma que "ser�a dable recomendar su an�lisis a dos o m�s Comisiones permanentes", con lo cual tendr�amos tres informes distintos para un solo proyecto. Estimo, como el Senador se�or Urenda, que el Reglamento parece indicar que se necesita uno solo (fuera del de Hacienda, porque �se es un caso aparte) respecto de cada iniciativa. He dicho, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC.- Se�or Presidente, me parece que estamos peleando contra molinos de viento, porque las conclusiones de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento de manera alguna son contradictorias, como algunos Honorables colegas lo han entendido, sobre la base de sus propias apreciaciones. La Comisi�n fija un marco general al establecer el criterio obvio de que, como principio, una sola Comisi�n debe conocer de cada proyecto. En segundo t�rmino, formula una consideraci�n evidente: habr� temas, materias o iniciativas que, por su naturaleza y contenido, deben ser conocidos por m�s de una Comisi�n. Pero no aborda la cuesti�n de cu�l de los informes de esas dos, tres o cuatro Comisiones, seg�n sea el caso, tiene preferencia para discutirse y votarse en la Sala. Ese es un punto no sometido al estudio de la Comisi�n de Legislaci�n y respecto del cual �sta, por lo tanto, no se ha pronunciado. Me parece normal que haya proyectos o materias que, por su naturaleza, deban ser analizados por m�s de una Comisi�n. Y har� referencia a un asunto que despachamos de otra forma el a�o pasado: las modificaciones al C�digo del Trabajo. Para aquel caso (en mi concepto, err�neamente, desde el punto de vista t�cnico legislativo) se formaron Comisiones unidas. Pero era evidente -a despecho de lo que ocurri�- que de la iniciativa deb�a haberse ocupado, en algunos ac�pites, m�s de una Comisi�n: la Comisi�n madre -por as� decirlo-, o sea, la del Trabajo, y la de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia, en aspectos muy vinculados a procedimientos o a tribunales. Yo estimar�a absurdo que en esa situaci�n, o respecto de un tema de ese car�cter, s�lo informara la primera de ellas, y que la segunda se viese privada de pronunciarse acerca de aspectos atinentes a legislaci�n o Constituci�n. Voy a poner otro ejemplo. El proyecto sobre el Consejo Nacional de Televisi�n es analizado en la Comisi�n de Transportes. En mi concepto -no he querido hacer cuesti�n sobre el particular, porque pudiera dar lugar a suspicacias, ante la composici�n de las Comisiones-, la �nica vinculaci�n remota que el tema de la televisi�n tiene con ella deriva de que, org�nicamente, la iniciativa puede tener su origen en el Ministerio del ramo. No veo ninguna raz�n de fondo -l�gica, ideol�gica ni de inteligencia- para que la materia corresponda a esa Comisi�n, que tiene que ver con los buses, entre otras cosas muy importantes. Pero, por una asimilaci�n org�nica, as� ocurre. Opino que otra Comisi�n -cuyo nombre no dar�- podr�a, con mayor propiedad, haber intervenido al respecto. Citar� otro caso. No conozco el proyecto al que voy a aludir, relativo a reparaciones por violaciones a los derechos humanos, que entiendo que va a ser enviado a la Comisi�n de Derechos Humanos. Me parece muy apropiado; es la Comisi�n madre para conocerlo. Pero, �no habr� por ah�, en dicho texto, instituciones, consecuencias y efectos de car�cter puramente civil, indemnizatorio, que tengan que ver, aunque sea remotamente, con algunos aspectos t�cnicos de legislaci�n y principios generales del Derecho, que otra Comisi�n -que tampoco mencionar�- tambi�n debiera estudiar? Creo que s�. Y los ejemplos podr�an multiplicarse hasta el infinito. Es decir, a menudo hay materias que por l�gica deben ser analizadas en m�s de una Comisi�n. El informe se limita a decir m�s escuetamente lo que estoy repitiendo en forma desusadamente lata. Entonces, �para qu� nos enredamos en una discusi�n que no lleva a conclusi�n alguna? Queda pendiente lo que tal vez es el punto de origen del debate, pero que no fue sometido a la Comisi�n de Constituci�n: cu�l es el car�cter del informe que se pide a las distintas Comisiones. Porque una Comisi�n llamada en segundo lugar a conocer de un proyecto no tiene necesariamente que redactar articulados. Puede dar un informe t�cnico. �Si no hay nada sacramental en el Reglamento en el sentido de que deben elaborarse disposiciones! Y esto es muy obvio trat�ndose de la Comisi�n de Hacienda. Porque la primera Comisi�n ve el proyecto; lo termina; lo configura, y lo pasa a la de Hacienda para que examine el financiamiento. Esta tendr� que decir si la iniciativa est� financiada o no; pero no tiene por qu� redactar art�culos. Y en cualquiera otra materia que no requiera su intervenci�n, perfectamente la segunda o la tercera Comisi�n podr� dar un informe que no se traduzca en un articulado. Pienso que �sos son aspectos de sentido com�n que, si el Honorable Senado lo estima pertinente, podr�an ser abordados en un nuevo an�lisis de la Comisi�n de Constituci�n, o bien, ser objeto de un estudio por los Comit�s, y de su acuerdo. Pero no veo contradicci�n alguna entre los criterios presentados y los puntos de vista que aqu� se han hecho valer. Por lo tanto, termino sugiriendo que, si se estimara incompleto el informe, si se entendiese que hay temas pendientes respecto de los cuales debe llegarse a una conclusi�n (como, por ejemplo, cu�les son las caracter�sticas del informe de una segunda o tercera Comisi�n que conoce de un asunto, o bien, cu�l informe prefiere, para los efectos de la consideraci�n y votaci�n de una materia en la Sala), simplemente se tome el acuerdo de pedir un nuevo pronunciamiento a la Comisi�n de Constituci�n. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Se�ores Senadores, el debate ha sido muy interesante y hemos recibido un informe bastante claro. Ahora deseo hacer algunas sugerencias. Uno de nuestros problemas m�s serios es el de disponer de informes distintos sobre un mismo proyecto. No se sabe cu�l tiene prioridad. Propongo tomar el acuerdo de que a la Sala llegue s�lo uno. Y �sta decidir�, en funci�n de la propuesta que haga el Presidente en la Cuenta, a qu� Comisi�n sustantiva se encomienda el estudio del asunto. Es efectivo lo que dice el Senador se�or Vodanovic en cuanto a que hay temas que desbordan la especialidad de una Comisi�n. Casi todos son suficientemente amplios para que ello suceda. Pero para eso est�n las Comisiones: hay una que siempre reviste un car�cter matriz. Incluso, la iniciativa sobre el Consejo Nacional de Televisi�n, aunque guarde tan poca relaci�n con el transporte, alg�n parentesco tiene,... El se�or VODANOVIC.- �Por los cables, se�or Presidente! El se�or VALD�S (Presidente).- ...porque procede del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Esta �ltima es una palabra poco expresiva, por ser anticuada respecto de las modernidades de la televisi�n. Pero alguna conexi�n hay. Lo que propongo es que se proceda en la siguiente forma, como idea para ser recogida en el Reglamento, si es necesario. Teniendo presente que el objetivo es que conozcamos un solo informe, del cual sea responsable una �nica Comisi�n, me parece que cuando la designada atendiendo a la naturaleza del proyecto -o "matriz", por llamarla as�- considere que hay temas propios de la de Hacienda, deber�a pedir a �sta un pronunciamiento, pero sin que el texto respectivo llegue a la Sala. Y si la Comisi�n matriz tiene dudas respecto a la constitucionalidad o a alg�n aspecto jur�dico, deber�a pedir informaci�n a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia, y �sta, present�rselo. De ese modo, el Presidente u otro se�or Senador de la Comisi�n respectiva podr�a dar a conocer los puntos de vista de las otras Comisiones, y tendr�amos un solo "paquete", una sola iniciativa, que se discutir�a una sola vez, vet�ndose un articulado homog�neo. Me parece que �sa ser�a la forma de normalizar la situaci�n actual. El se�or D�EZ.- As� deber�a ser, se�or Presidente. El se�or ROMERO.- Estamos de acuerdo. El se�or VALD�S (Presidente).- Muy bien. �Habr�a acuerdo para trabajar en esas condiciones? La se�ora FELI�.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or HORMAZ�BAL.- De acuerdo, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Feli�. La se�ora FELI�.- Se�or Presidente, coincido con su planteamiento en el sentido de que un solo informe recoja todos los an�lisis necesarios. Pero tambi�n creo indispensable que se reestudie la manera de asignar a las distintas Comisiones los proyectos que llegan al Senado. La distribuci�n actual se hace sobre la base -como aqu� se ha recordado- de la Cartera del Ministro firmante. Y la verdad es que se suscita un problema sustantivo en ese procedimiento. Me refiero a algo que veo con mucha frecuencia. Las modificaciones de plantas de los servicios de la Administraci�n del Estado, para citar un caso, es una materia que debe ser considerada desde una sola perspectiva y en una sola l�nea, que a mi juicio corresponde a la Comisi�n de Gobierno. Esta es la que debe ocuparse en ese tema. Sin embargo, cuando lleg� el proyecto de ley sobre la planta de Gendarmer�a, por ejemplo, que se despach� hace algunos d�as, lo conoci� la Comisi�n de Constituci�n. Y si se trata de la planta de Salud, ello se encarga a la Comisi�n de Salud. De ese modo, no hay ninguna unidad o uniformidad de criterios sobre la materia. Por esa raz�n, creo que esto debe ser reanalizado. Personalmente, coincido con el Senador se�or Vodanovic en cuanto a cu�l es la Comisi�n competente para informar respecto de la libertad de expresi�n a trav�s de la televisi�n. Y si bien no me cabe duda de la eficiencia de la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones, el asunto sustantivo comprometido es el de una garant�a constitucional. Muchos proyectos son de competencia de varias Comisiones -he expresado mi opini�n en varias oportunidades sobre el particular-, pero tambi�n debe considerarse lo relativo a su especializaci�n en un tema, cualquiera que sea el Ministerio por el cual se expide el proyecto de ley que llega al Parlamento. Por tales razones, pienso que este punto deber�a ser reestudiado por la Secretar�a del Senado y sometido a la aprobaci�n de los Comit�s y, en su caso, de la Sala, para discurrir algo un poco m�s creativo en cuanto a cu�les son las Comisiones llamadas a conocer de los proyectos. He dicho. El se�or R�OS.- Hemos manifestado nuestra conformidad, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Se acordar�a, por tanto, someter el estudio de la materia a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, para que determine qu� modificaciones se pueden introducir; y, simult�neamente, poner en pr�ctica un sistema de informes directos de las Comisiones a la que revista un car�cter matriz. En segundo lugar, creo que tiene raz�n el Honorable se�or Lavandero cuando plantea la necesidad de robustecer, desde el punto de vista de la labor de Secretar�a, algunas Comisiones que tienen que estar mejor informadas, y m�s oportunamente, de los antecedentes de los proyectos -sobre todo, del trabajo efectuado por la C�mara-, para evitar demoras luego de que los textos llegan. Ello puede mejorarse administrativamente. -As� se acuerda. El se�or VALD�S (Presidente).- Creo que se han formulado ideas interesantes y �tiles para mejorar el funcionamiento de nuestra Corporaci�n. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobar� el informe, con las modificaciones y sugerencias que se han formulado. -Se aprueba. MODIFICACI�N DE LEY N� 19.047 El se�or VALD�S (Presidente).- Proyecto de la C�mara de Diputados que modifica la ley N� 19.047 a fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas, calificado de "Suma Urgencia" y con informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. La iniciativa consta de un art�culo. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 36a, en 5 de septiembre de 1991. Informe de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 14a, en 20 de noviembre de 1991. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisi�n indica en su informe que el proyecto contiene diversas disposiciones que son materia de ley org�nica constitucional, las que, de acuerdo con el art�culo 63 de la Constituci�n, para su aprobaci�n requieren el qu�rum de las cuatro s�ptimas partes de los Senadores en ejercicio, o sea, 26 votos. Tambi�n deja constancia de que, por haber normas que dicen relaci�n a la Ley Org�nica Constitucional de los Tribunales de Justicia, en conformidad al art�culo 16 de la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional, se ofici� a la Corte Suprema para consultar su parecer respecto de ellas. Asimismo, consigna que design� Senador informante al Honorable se�or Vodanovic, Presidente de la Comisi�n. El se�or VALD�S (Presidente).- En la discusi�n general y particular, ofrezco la palabra al Senador se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC.- Gracias. Se�or Presidente, como ha se�alado el se�or Secretario, este proyecto contiene algunas normas que inciden en materias de ley org�nica constitucional, de manera que son de qu�rum especial; y, adem�s, introduce modificaciones en temas coincidentes con la organizaci�n y atribuciones de los tribunales de justicia, por lo cual se procedi� a solicitar a la Corte Suprema el informe sobre los aspectos pertinentes, como asimismo acerca de otros que se omitieron en el primer tr�mite legislativo. Eso es lo relacionado con el aspecto formal. La iniciativa tiene por objeto solucionar algunos problemas pr�cticos derivados de la aplicaci�n de la ley N� 19.047 -una de las "Leyes Cumplido"-, que en su tramitaci�n conciernen a situaciones vinculadas a los llamados "presos pol�ticos". Al d�a de hoy, luego del env�o del mensaje, de la sanci�n por la C�mara de Diputados y del estudio realizado por la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento del Senado, el proyecto, en t�rminos generales y en sus aspectos m�s relevantes, incide en los siguientes t�picos. En primer lugar, contiene una reducci�n de los plazos para que los Ministros de Corte sustancien y fallen los procesos traspasados a su conocimiento por la jurisdicci�n militar. En segundo t�rmino, como sanci�n por la inobservancia de los plazos para fallar las causas, establece que ella constituir� infracci�n grave de las obligaciones ministeriales de los jueces. En tercer lugar, como efecto de la inobservancia de los plazos para dictar sentencia, contempla una especie de excarcelaci�n o libertad bajo fianza obligatoria. Es decir, cuando no se falle en el t�rmino acordado, el tribunal necesariamente deber� otorgar la excarcelaci�n del procesado preso. En cuarto t�rmino, fija una modalidad especial para acogerse a los beneficios de la libertad bajo fianza a los procesados que hayan cumplido una detenci�n superior a dos a�os, entendiendo que el simple transcurso de ese plazo elimina la posibilidad de que aqu�llos sean considerados un peligro para la sociedad. Con esto, en el hecho, dispone por v�a indirecta una suerte de excarcelaci�n o libertad bajo fianza obligatoria. Y, por �ltimo, modifica una disposici�n en cuya virtud los Ministros de Corte que estaban conociendo de estos procesos s�lo pod�an referirse al delito fundamental que motivaba la sustanciaci�n del mismo y eran otros jueces los que conoc�an de hechos que pod�an configurar delitos diferentes. Esta situaci�n tra�a aparejado como consecuencia un retardo in�til de los procesos y, por consiguiente, el mantenimiento de la prisi�n en forma innecesaria. De este conjunto de elementos, �qu� queda en pie despu�s del informe evacuado por la Comisi�n de Constituci�n y qu� aspectos han sido suprimidos? Desde luego, se elimin� el efecto traducido en la sanci�n para el juez que no falla en determinado plazo, que era grav�sima. La Comisi�n, un�nimemente, la consider� innecesaria, porque las reglas generales contenidas en el C�digo Org�nico de Tribunales facultan al tribunal superior para imponer sanciones -incluso muy serias- al juez que no falla en el t�rmino estipulado. Asimismo, por mayor�a de votos, se acogi� una indicaci�n tendiente a suprimir la instituci�n de la excarcelaci�n obligatoria cuando no se falla dentro de plazo. Igualmente, y tambi�n por mayor�a, se elimin� la otra instituci�n que indirectamente configuraba una especie de excarcelaci�n obligatoria cuando el procesado se encontraba en prisi�n preventiva por m�s de dos a�os. En el debate acerca de esa situaci�n, la mayor�a estim� que la forma gen�rica en que est� concebida esa disposici�n importa en alguna forma, por un lado, una infracci�n al principio de igualdad ante la ley, y por otro, configura una situaci�n especial que atenta contra las bases fundamentales de la instituci�n llamada "libertad bajo fianza". Quienes constituimos la minor�a estuvimos por mantener esa excarcelaci�n de hecho obligatoria, por considerarla la �nica f�rmula pr�ctica para que los presos pol�ticos puedan obtener su libertad en el m�s breve plazo. Finalmente, �cu�les son los elementos principales subsistentes en el proyecto? Primero, se acogi� una indicaci�n para sustituir los plazos perentorios para fallar en primera y segunda instancias. En primera instancia se establec�a un plazo de 45 d�as desde el nombramiento del Ministro. Y segundo, se aprob� otra indicaci�n, formulada por diversos se�ores Senadores, tendiente a suprimir ese plazo y, m�s bien, a fijar toda una etapa en la tramitaci�n del proceso, que, en el hecho, termina coincidiendo con el plazo original de 45 d�as, pero que es mucho m�s racional. As�, se establecen plazos perentorios: 6 d�as para contestar la acusaci�n; 8 para rendir las pruebas; 15 para el fallo de primera instancia y 15 para el de segunda, desde que la causa quede en estado de dictar sentencia. Sumados esos t�rminos, resultan poco m�s de los 45 d�as; pero permiten a los tribunales ajustar su conducta a la l�gica y a la racionalidad de las circunstancias. Vale decir, se intenta dictar una norma que ser� respetada objetivamente, y no como la contenida en el texto primitivo, que es m�s bien una declaraci�n de principios, porque en la pr�ctica es imposible que a los 45 d�as de su designaci�n un Ministro pueda sustanciar y fallar la causa. Por otra parte, se elimina la posibilidad de los recursos excesivos o innecesarios al establecerse que la apelaci�n s�lo procede contra la sentencia definitiva y la resoluci�n que deniega la libertad bajo fianza -ah� se consigna un principio favorable al reo-; y se suprimen los recursos de casaci�n en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia. La indicaci�n pertinente fue aprobada por unanimidad en la Comisi�n. Adem�s, como elemento esencial, queda subsistente la indicaci�n presentada por el Ejecutivo en orden a concentrar en un Ministro de Corte de Apelaciones el conocimiento de todos los hechos y delitos que aparezcan en la sustanciaci�n de procesos vinculados, aunque sea indirectamente, con los delitos principales objeto de ellos, que son las infracciones a las Leyes de Seguridad del Estado y de Control de Armas. En s�ntesis, el proyecto que la Comisi�n de Constituci�n propone a la Sala fue aprobado dentro de un relativo consenso; las disposiciones m�s importantes merecieron la unanimidad, y la divergencia fundamental se produjo en torno a la libertad bajo fianza obligatoria, tanto en la primera situaci�n, cuando el juez no respeta el plazo para fallar, como en la segunda, que ya he explicado y que establec�a el beneficio de la excarcelaci�n para los procesados que estuvieran en prisi�n por m�s de dos a�os. Es cuanto puedo informar, se�or Presidente. El se�or D�EZ.- Pido la palabra. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia, al analizar el proyecto de la C�mara de Diputados, consider� como cuestiones previas, primero, el qu�rum con que deb�a aprobarse -como muy bien inform� el se�or Secretario-, y en seguida, la necesidad de o�r a la Corte Suprema acerca de algunas de sus disposiciones. La Comisi�n estima que son materias de ley org�nica constitucional la letra a) del art�culo �nico, que extiende a la justicia militar atribuciones propias del juez del crimen (la del art�culo 288 del C�digo de Procedimiento Penal, que faculta el uso de la fuerza p�blica en caso de que se oponga resistencia a la detenci�n o prisi�n, y el allanamiento del lugar en que se sospecha que est� el inculpado o procesado; y la del art�culo 295 del mismo C�digo, que autoriza al juez para restringir el derecho de correspondencia y de comunicaci�n del detenido o preso); la letra c), que faculta al juez para conceder o denegar la ampliaci�n del per�odo de detenci�n; la letra e), que modifica los incisos s�ptimo y octavo del art�culo 1� transitorio de la ley N� 19.047 -denominada "Ley de protecci�n a los derechos de las personas"-, que, seg�n el Tribunal Constitucional, tiene el car�cter de org�nica constitucional; y la letra h), que contiene una atribuci�n de Ministro de Corte de Apelaciones: la de conocer todos los hechos y delitos del proceso. Esas mismas normas deben ser puestas en conocimiento de la Corte Suprema -conforme a los art�culos 74 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y 16 de la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional-, salvo la contenida en la letra h), que fue consultada a dicho tribunal en el tr�mite de la C�mara de Diputados. La letra e) se consulta porque modifica sustancialmente las letras e) y g) del proyecto de la C�mara Baja. Las letras a) y c) se agregaron en el segundo informe de dicha Corporaci�n sin o�r antes la opini�n de la Corte Suprema. Por eso se formula la consulta en el segundo tr�mite constitucional. Se�or Presidente, entrando al fondo del proyecto, que ya expuso en forma muy clara el se�or Presidente de la Comisi�n, quiero llamar la atenci�n s�lo hacia dos aspectos. Con relaci�n al acuerdo un�nime de la Comisi�n en el sentido de no establecer sanciones penales especiales a los jueces por el no cumplimiento de los plazos se�alados en la ley, hemos tenido en cuenta un par de situaciones. En primer lugar, consideramos que el precepto aprobado por la C�mara de Diputados, que otorgaba al juez un plazo global de 45 d�as para conocer del proceso y emitir su fallo -manteniendo todos los tr�mites, plazos, acusaciones de rebeld�a y recursos actualmente vigentes-, implicaba una declaraci�n te�rica y no pr�ctica, porque a la larga no conduc�a a la tramitaci�n del proceso y el juez pod�a verse jur�dicamente imposibilitado de cumplir los plazos fijados por la ley. Por ende, lo estimamos absurdo. En cambio, con la colaboraci�n y experiencia del Senador se�or Letelier y del Honorable colega y profesor se�or Otero, la Comisi�n prefiri� acortar los plazos y suprimir los recursos que no son indispensables para las reglas del debido proceso, de manera de posibilitar al juez y a la Corte dictar las sentencias dentro de los t�rminos fijados por la ley. En estas condiciones, las Cortes de Apelaciones pueden aplicar sus propias facultades. En efecto, el art�culo 545 del C�digo Org�nico de Tribunales establece que los tribunales superiores de justicia conocer�n los recursos de queja por faltas o abusos judiciales, 1�, cuando las resoluciones "no fueren pronunciadas dentro de los plazos se�alados en la ley". De modo que para las partes afectadas existe la posibilidad de recurrir de queja. Evidentemente, el juez ya no tendr�a la excusa ni de los plazos, ni de los tr�mites, ni de la rebeld�a, ni de los recursos. Y el n�mero 4� de ese mismo art�culo dispone que esos tribunales conocer�n los recursos de queja "Cuando con falta o abuso dictaren cualquiera resoluci�n en perjuicio de alguna de las partes.". En seguida, el art�culo 535 de dicho C�digo permite a las Cortes de Apelaciones aplicar las sanciones correspondientes, las cuales, seg�n el art�culo 537, n�mero 5�, van hasta la suspensi�n de funciones por un lapso de cuatro meses para quienes incurren en falta o abuso. Adem�s, cabe tener en consideraci�n el art�culo 538 del referido C�digo. Porque, aunque no se presente el recurso de queja correspondiente y trat�ndose de una materia en que el legislador ha tenido tanta preocupaci�n, las mencionadas Cortes pueden, en virtud de ese precepto, ejercer de oficio las atribuciones que le confieren las disposiciones que ya he citado. Por esas razones, no consideramos conveniente el texto despachado por la C�mara de Diputados, que, por una parte, daba un plazo global de sentencia, y por otra, penaba al juez. Era una soluci�n aparentemente buena, simplista, pero absolutamente inefectiva e injusta para el magistrado. Preferimos un mecanismo procesal ordenado, que permita dictar la sentencia, y hemos dejado constancia en el informe -y ahora en el debate- de que creemos que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, en su caso, deben usar las facultades que hoy tienen para aplicar medidas disciplinarias y correctivas cuando los jueces no cumplan con las disposiciones de la ley. En seguida, rechazamos las normas que dicen relaci�n a la libertad provisional. Primero, porque establecimos un sistema que de alguna manera asegura racionalmente la rapidez del proceso. En consecuencia, no estimamos necesaria la dictaci�n de disposiciones excepcionales que violan el principio de igualdad ante la ley, pues prefieren la situaci�n de unos procesados con respecto a la de otros. Y lo hemos hecho, adem�s, tomando en consideraci�n que el art�culo 363 del C�digo de Procedimiento Penal precept�a que "S�lo podr� denegarse la libertad provisional, por resoluci�n fundada, basada en antecedentes calificados del proceso, cuando la detenci�n o prisi�n sea estimada por el juez estrictamente indispensable para el �xito de diligencias precisas y determinadas de la investigaci�n, o cuando la libertad del detenido o preso sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. "Se entender� que la seguridad de la v�ctima del delito se encuentra en peligro por la libertad del detenido o preso cuando existan antecedentes calificados que permitan presumir que �ste pueda realizar atentados graves en su contra. "El tribunal deber� dejar constancia en el proceso, en forma pormenorizada, de los antecedentes calificados que hayan obstado a la libertad provisional, cuando no pueda mencionarlos en la resoluci�n, por afectar el �xito de la investigaci�n.". En virtud de esta disposici�n, de reciente data, creemos que no es conveniente para la seguridad de la sociedad, la igualdad ante el derecho y la equidad en la justicia establecer situaciones de privilegio para ciertos detenidos en lo que respecta a la libertad provisional. Y preferimos emplear la diligencia, en el sentido de permitir que todos sean juzgados en el menor tiempo razonablemente posible, garantizando al juez que se cumplen los tr�mites acortando los plazos correspondientes. Y preferimos que, una vez dictada la sentencia, la libertad de estas personas -sobre todo la de aquellas cuya peligrosidad aparece evidente en las listas que nos entreg� el se�or Ministro de Justicia- sea calificada por el propio Presidente de la Rep�blica al aplicar el indulto, ya sea remitiendo o conmutando las penas correspondientes. Se�or Presidente, de esa manera la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia del Senado cree haber cumplido con los fines fundamentales, que son acelerar la aplicaci�n de la justicia para esa gente -porque uno de los derechos importantes cuando hablamos de los derechos de las personas es la aplicaci�n de la justicia r�pida y expedita- y, al mismo tiempo, colocar al Presidente de la Rep�blica ante la facultad de hacer efectivo su derecho de proceder a indultar o a conmutar la pena, asumiendo, l�gicamente, las responsabilidades del caso. Es as� como se ha protegido la igualdad ante la ley; no se ha dado el ejemplo de crear situaciones discriminatorias en materia penal; no se aceptan las presiones ni los calificativos de determinados procesados, y al mismo tiempo se cumple una obligaci�n que nos corresponde como legisladores: hacer que la justicia sea expedita. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, como se ha explicado en esta Sala, el proyecto persigue diversas finalidades: primero, corregir algunos errores m�nimos cometidos cuando se tramit� la ley 19.047; segundo, establecer plazos de 45 y 60 d�as, respectivamente, para que los Ministros y las Cortes de Apelaciones dicten sentencia, los cuales se contar�n desde la designaci�n de un Ministro o desde el ingreso de los autos a secretar�a, en el caso de la segunda instancia, referidos -por supuesto- a los procesos derivados de esa ley; tercero, otorgar la libertad provisional a los presos pol�ticos respecto de quienes no se dicte sentencia dentro de los plazos indicados. La iniciativa establec�a originalmente una sanci�n para los magistrados que no cumplieran con tales plazos y recog�a una proposici�n del Ejecutivo con el objeto de dar a los Ministros de Corte de Apelaciones amplias atribuciones para conocer de todos los delitos contenidos en las materias sustanciadas. En el tr�mite de la C�mara de Diputados y en el del Senado se han hecho diversos aportes al proyecto. Las intervenciones que en esta Sala hemos escuchado -particularmente la del se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra- apuntan a un elemento importante que quisiera destacar. La Comisi�n estudi� con buena disposici�n el tema. Y examinamos la preocupaci�n del Ejecutivo y de los sectores de la Concertaci�n en dos �mbitos: primero, que la legislaci�n que dictemos sea permanentemente acorde con los principios de equidad y de justicia, que son esenciales para que una legislaci�n tenga el elemento de legitimidad b�sico en un ordenamiento jur�dico moderno y democr�tico; y segundo, que se recoja la situaci�n -particularmente especial en nuestro pa�s- de personas encarceladas por delitos de motivaci�n pol�tica. Entonces, el debate que sostuvimos en la Comisi�n gir� en torno de c�mo preservar ciertas normas e instituciones de derecho en general que no se presten para un desequilibrio respecto de otros sectores de la ciudadan�a, con la necesaria urgencia que tiene el �rgano colegislador por dar soluci�n a un problema tan grave como el que afecta a diversos compatriotas a�n privados de libertad. No estamos hablando de cualquier sector de ciudadanos; tampoco estamos hablando en el marco de una sociedad que no ha sufrido golpes y situaciones tan dif�ciles como las que vivimos durante diecisiete a�os: se trata precisamente de ver c�mo reflexionamos de manera adecuada para, todos, hacer un aporte a las debidas soluciones. En la Comisi�n vimos cierta correspondencia con lo que hab�a sido el tratamiento de las denominadas "Leyes Cumplido". Revisamos cu�l fue el objetivo de la ley 19.047: precisamente, agilizar los procesos, para que se pudiera establecer la sanci�n correspondiente a los delitos eventualmente cometidos. Y, de manera adicional, esta Corporaci�n conoci� una sugerencia emanada de representantes de Renovaci�n Nacional -ella fue acogida por el Gobierno del Presidente Aylwin- con el objeto de hacer una reforma constitucional que permitiera tambi�n solucionar este problema, cuya urgencia nos compromete a todos los chilenos. Obviamente, todos dijimos que ello se har�a sin entender que nos encontramos sujetos a presiones il�citas. Porque un hecho importante para el prestigio e independencia del �rgano legislativo es tomar, sin someterse a ese tipo de presiones, las decisiones que le corresponden en el marco de su an�lisis sobre las condiciones objetivas que se dan en el pa�s. A nosotros, que consideramos que las movilizaciones de los denominados "familiares de presos pol�ticos" son comprensibles, pues arrastran un problema tremendamente delicado y dif�cil, nos parecen equivocadas las acciones callejeras de violencia que se han desatado, por cuanto no corresponden al esp�ritu con que el Presidente de la Rep�blica ha abordado esta materia, ni tampoco a las sucesivas reformas legales y constitucionales introducidas para acceder a una soluci�n justa en este �mbito. Pensamos que la expresi�n de opiniones es l�cita. Tanto es as�, que la propia Comisi�n recibi� a una delegaci�n de personas vinculadas a los familiares de detenidos pol�ticos para que expusieran sus puntos de vista, ya que en la sociedad democr�tica que estamos construyendo la legislaci�n se hace escuchando el sentir de la comunidad que puede verse afectada. Pero �qu� result�, se�or Presidente? Que todas estas buenas intenciones, expresadas en la legislaci�n acordada por la C�mara de Diputados y el Senado, no han sido suficientes para solucionar problemas de larga data. As�, por ejemplo, plazos que se establecieron en la ley 19.047, o medidas sobre designaci�n de Ministros, o la desacumulaci�n de procesos tendiente a facilitar la sustanciaci�n de los mismos para llegar a la condena correspondiente, no se han concretado. Se pidieron esos plazos porque los ya existentes en la ley, a pesar de que se cumplieron con creces, no han dado los debidos resultados. Y si bien por el mecanismo de la reforma constitucional del art�culo 9�, hoy d�a, de los 380 o m�s presos pol�ticos que hab�a al asumir el Gobierno del Presidente Aylwin, quedan alrededor de 65, objetivamente los esfuerzos que desarrollamos en ese �mbito han sido insuficientes. Algunos escapan a la voluntad del Parlamento. Por ejemplo, cuando acordamos lo atinente a Ministros designados especialmente para conocer procesos de tal �ndole, se nos produjo una dificultad con la interpretaci�n que dio a la norma pertinente el Tribunal Constitucional, que determin� que se hab�an omitido algunas formalidades de car�cter fundamental, lo que nos oblig� a un tr�mite adicional. El Ejecutivo, con la premura del caso, en vez de invocar otras disposiciones constitucionales y conociendo el ambiente que exist�a en la Corporaci�n, prefiri� enviar un proyecto especial, el cual fue despachado r�pidamente y por la unanimidad de esta Sala. Es decir, hay una preocupaci�n real. Los cambios que se introdujeron a la iniciativa en la Comisi�n (ya se dio cuenta de ellos en este Hemiciclo), a mi juicio, son interesantes y ayudan a acotar el problema, porque todos reconocimos que se trataba de abordar una situaci�n especial. Y, desde ese punto de vista, creo que debe agradecerse el aporte que hicieron los Parlamentarios de Renovaci�n Nacional y los Senadores institucionales que suscribieron las indicaciones encaminadas a agilizar a�n m�s los procesos y permitir llegar a la instancia de la condena. Sin embargo, queda pendiente un problema que tiene relevancia jur�dica, por un lado, y �tica, por el otro. En el aspecto jur�dico, ocurre que la mayor�a de esos procesados no han podido tener el juicio diligente que merec�an. Y hay casos que llevan 2, 3, 4, 5 y m�s a�os sin que las personas que se encuentran sometidas a prisi�n preventiva puedan hacer uso de un derecho constitucional. Y �ste es el tema jur�dico relevante: un derecho constitucional. �Cu�l es ese derecho? El establecido en el art�culo 19, N� 7�, de la Carta Fundamental: el derecho a la libertad personal. Las normas que establecen un entrabamiento del derecho constitucional -que tienen el car�cter de leyes- est�n mencionadas en los art�culos 361, 362 y 363 del C�digo de Procedimiento Penal. Las exigencias que disponen -por ejemplo, la de las diligencias pendientes- se trataron, mejoraron y perfeccionaron en una legislaci�n anterior, de manera que pudiera explicitarse el tipo de diligencias por realizar, a fin de que esta negaci�n de un derecho constitucional no pusiera en cuestionamiento este valor, tan relevante para quienes est�bamos legislando sobre el particular. Es cierto: se lleg� a una determinaci�n m�s acuciosa sobre qu� se entend�a por diligencias pendientes. Pero se establece, adem�s, una condici�n para el juez: no otorga la libertad si hay un riesgo para la seguridad de la sociedad. �Cu�l es la condici�n que fijamos oportunamente al discutir los respectivos proyectos? Que el magistrado deber�a emitir una resoluci�n fundada en antecedentes para negar ese derecho constitucional. Porque, obviamente -en abstracto-, �qui�n podr�a estar de acuerdo con favorecer a una persona que puede constituirse en un peligro para la sociedad? El juez est� facultado para juzgar los elementos existentes. Sin embargo, han sucedido ciertos casos, y repetidos, en que el fundamento para la denegaci�n es de dos l�neas, en que no ahonda en los antecedentes ni hay acercamiento al esp�ritu de la norma que el legislador introdujo: que la negativa del derecho constitucional fuera particularmente cuidadosa en el �mbito de las condiciones objetivas correspondientes. Y, entonces, se ha presentado una situaci�n ajena a la intenci�n del Ejecutivo y del Parlamento al dictar esas leyes: se sigue manteniendo a un grupo de ciudadanos y -por supuesto que est�n siendo procesados por ciertos delitos- sin poder acceder a su derecho a la libertad personal. �Qu� se busca con el proyecto que la mayor�a rechaz� en este punto? Estatuir que el magistrado, al tomar sus resoluciones, tenga presente que, si no cumple los plazos, est� obligado a conceder la libertad provisional. Muchas veces los jueces no los acatan por estar agobiados de trabajo. No se trata de una actitud personal de distancia o de boicot al desarrollo de las normas del debido proceso, del exceso de causas que tramitan. Por eso buscamos la designaci�n de ministros que puedan dedicarse exclusivamente a su conocimiento. Pero, se�or Presidente, �qu� ocurre si, a pesar de haber establecido esas nuevas modalidades, se mantiene el incumplimiento de los plazos establecidos y las personas ven violados sus derechos constitucionales? Se produce una injusticia desde el punto de vista del tratamiento que la sociedad debe dar a un grupo de sus componentes. Las consideraciones que algunos hacen presente se refieren a que todos esos procesados son responsables de delitos terribles. La verdad, se�or Presidente, es que en el pa�s ha habido bastantes delitos terribles y s�lo algunos de sus autores est�n detenidos; otros gozan de libertad. Y, en esta materia, la peligrosidad de los sujetos es un problema que merece un examen mucho m�s acucioso. En el �mbito tan delicado de los delitos de motivaci�n pol�tica, naturalmente cabr�a pensar que quien est� pol�ticamente motivado podr�a usar la libertad que el ordenamiento jur�dico le otorga para volver a atentar contra bienes jur�dicos relevantes para el conjunto de la sociedad. Y de ah�, entonces, las debidas precauciones que deben adoptarse. Un hecho evidente se ha producido en el proceso que estamos llevando adelante, se�or Presidente: muy amplios sectores de la ciudadan�a que en el pasado optaron por la v�a violenta -ya sea para mantenerse en el poder o para cambiar a sus detentadores- se han acostumbrado a las nuevas normas del juego, a las nuevas reglas democr�ticas. La verdad es que el uso que el Presidente de la Rep�blica ha hecho de las facultades legales y constitucionales que se le han entregado constituye hasta el momento -y rogamos a Dios que as� se mantenga- un elemento tremendamente positivo, porque, incluso, muchos sectores que declararon la legitimidad de la v�a violenta -insisto: tanto para mantener el sistema como para combatirlo- hoy se han incorporado adecuadamente a la sociedad democr�tica en construcci�n. �Por qu� mantener a esas personas en una situaci�n tan indebida? �Por qu� invocar los derechos constitucionales de ciudadanos que fueron autores de delitos repudiables, que, sin lugar a dudas, utilizaron procedimientos que no compart� entonces, en las condiciones m�s adversas, ni menos ahora? Porque, en el proceso de reconstrucci�n democr�tica, el espacio que otorguemos ser� tambi�n tremendamente relevante para que los reos o los procesados por delitos de motivaci�n pol�tica efect�en una nueva valoraci�n de las condiciones diferentes en que vive la sociedad chilena. Sin embargo, se�or Presidente, dada la gravedad de ciertos delitos, �podr�an ser objeto de los beneficios que m�s adelante pueda conceder el Jefe del Estado, por ejemplo, los condenados por conductas terroristas? �No! Porque en la reforma constitucional correspondiente qued� plenamente establecido -art�culo 9�, inciso final- que: "Los delitos a que se refiere el inciso anterior ser�n considerados siempre comunes y no pol�ticos para todos los efectos legales y no proceder� respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.". Es decir, si preocupa a algunos se�ores Senadores que, acelerado el proceso, esas personas sean condenadas y, entonces, el Presidente de la Rep�blica use su facultad constitucional para indultarlas, tal situaci�n no proceder�a en el caso de los condenados por delitos terroristas, ya que existe una norma en la Carta que establece una modalidad distinta. �Y la libertad provisional, se�or Presidente? S� proceder�a. �En qu� condiciones? Cuando, habiendo transcurrido m�s de dos a�os de sustanciado un proceso, y estando el procesado en prisi�n preventiva -cumplidos todos los plazos establecidos-, a�n no se dicta sentencia. Entonces, queremos establecer el derecho de ese ciudadano a la libertad provisional, aun existiendo circunstancias terribles, como un delito que puede haber costado la vida a un militar o a un civil, que puede haber generado dolor en el hogar de un chileno con uniforme o sin �l. Porque a nosotros no nos interesa el h�bito; nos preocupan los seres humanos. Nos causa dolor y preocupaci�n lo que han sufrido los familiares tanto de pobladores, sacerdotes, campesinos, j�venes y estudiantes como de miembros de las Fuerzas Armadas que han ca�do por obra de la violencia. Pero, �por qu� estos cr�menes tremendos y dolorosos van a tener un tratamiento distinto del de otros tan repudiables como los que se ven todav�a con bastante fuerza en la sociedad chilena? Hay criminales reincidentes; hay otros que han cometido delitos odiosos y que, no obstante, tienen la posibilidad de recurrir a la libertad provisional. Por lo dem�s, nosotros hemos establecido normas tremendamente rigurosas. �La disposici�n que establece la posibilidad de salir en libertad provisional cuando, cumplidos los plazos, no se ha dictado sentencia, por ejemplo, deja a la sociedad en la indefensi�n? El propio art�culo 363 del C�digo de Procedimiento Penal faculta al juez para adoptar medidas de mayor rigurosidad si estima que la persona puede ser peligrosa. Es decir, pueden establecerse condiciones m�s severas que en otros casos, pero reconociendo el derecho constitucional b�sico de la libertad personal. Se�or Presidente, a ra�z del debate, hemos examinado textos constitucionales de car�cter internacional. La Convenci�n sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jos� de Costa Rica", por ejemplo, consagra una norma respecto a lo que debe entenderse como una detenci�n preventiva prudente. Esta debe durar -entiendo- 18 meses. Lo puedo confirmar despu�s. Pero, si -como se me ha dicho- fueran tres a�os, �estar�n los se�ores Senadores de Oposici�n en condiciones de aceptar tal lapso? Porque se trata de tres a�os en que una persona est� privada de libertad. �Concordar�n los Honorables colegas en que un plazo de tres a�os -si as� fuera; entiendo que es de 18 meses- es raz�n suficiente? Anuncio nuestra disposici�n personal a establecer, entonces, que estas normas rijan para el caso de que haya un detenido por tres a�os sujeto a prisi�n preventiva. �Por qu�? Porque nuestra intenci�n es buscar un mecanismo que armonice adecuadamente el derecho que tienen esos detenidos con los debidos resguardos que la sociedad chilena debe adoptar respecto de esta materia. Porque, �qu� es lo que provoca una dosis de indignaci�n comprensible, se�or Presidente? Que en la sociedad chilena haya autores de delitos despreciables que est�n en libertad. Cuando en la Comisi�n discut�amos algunos antecedentes p�blicos y se me dec�a: "Mire, �ste se halla detenido y procesado por tres o cuatro delitos muy graves", yo recordaba un caso reciente. Hemos conmemorado en mi Regi�n -la Cuarta-, en las puertas del Hospital de La Serena, el asesinato de un miembro de mi Partido, de Mario Fern�ndez, transportista ovallino cuyos asesinos se pasean con toda tranquilidad por las calles del pa�s, haciendo uso de la libertad provisional. �Y �se no es un crimen atroz, tan terrible como los otros que pueden haber cometido los que est�n encarcelados? Lo que preocupa e indigna en este pa�s es el doble est�ndar. Lo que preocupa e indigna es que quienes fueron v�ctimas de abusos tremendos tengan que aceptar tranquilamente la impunidad, mientras otros, responsables de delitos graves -que, insisto, condeno enf�ticamente-, no pueden acceder a los derechos establecidos para todos. Se�or Presidente, destaco y valoro el trabajo hecho por la Comisi�n pertinente, pues permiti�, de nuevo, aproximarnos a una soluci�n para un tema tan candente como �ste. Y hago votos para que reflexionemos en conjunto sobre esta materia, y para que, si no podemos enmendar ahora estos preceptos, la C�mara de Diputados rechace las innovaciones, a fin de que en la Comisi�n Mixta demos una soluci�n apropiada y justa a quienes la demandan. Porque el Poder Legislativo tiene autoridad moral para enfrentar los valores permanentes con las necesarias urgencias que se derivan de un tiempo pasado, del cual hemos aprendido todos, y que queremos superar construyendo en com�n un futuro. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Ha llegado la hora de t�rmino del Orden del D�a. Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogarla hasta las 13:30, ya que hay todav�a tres se�ores Senadores inscritos para intervenir. Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Otero. El se�or OTERO.- Se�or Presidente, en primer lugar, quisiera se�alar que, al parecer, se ha convertido en costumbre que la Oposici�n tenga que solucionar los problemas jur�dicos cuando est�n en juego temas pol�ticos que interesan al Gobierno. Es m�s, si consideramos la asistencia en esta Sala, comprobaremos que los Senadores de Oposici�n, sumados a los institucionales, m�s que duplican a los Senadores de Gobierno, a quienes debiera interesar este proyecto. Y se�alo esto para demostrar una cosa muy simple: que permanentemente hemos tenido un gran inter�s en cooperar para que la legislaci�n sea efectivamente justa y no contenga discriminaciones ni en uno ni en otro sentido. Nuestra bancada -al igual que el Senador que me antecedi� en el uso de la palabra- participa de la concepci�n de que todo hecho de violencia merece ser sancionado y de que no deben existir delincuentes privilegiados. No queremos que eso ocurra en el pa�s. Lamentablemente, la proposici�n del Gobierno -y que la Comisi�n debi� rectificar, por unanimidad- contiene errores jur�dicos bastante serios, pues en el inciso que se propone agregar se dice que "El incumplimiento de los plazos establecidos en este art�culo ser� considerado infracci�n grave... Expirados cualesquiera de estos plazos sin que se haya dictado la sentencia correspondiente, el tribunal deber� disponer de inmediato la libertad provisional de los procesados". �Qu� ocurre aqu�? Que olvidaron que el proceso penal consta de una serie de etapas, las que no puede cambiar ni modificar un juez. El plenario conlleva la posibilidad del acusado de defenderse, el t�rmino probatorio, el derecho a ordenar medidas que no se hayan podido cumplir dentro del t�rmino probatorio, y no puede un juez fallar, aunque la ley se lo imponga, si el proceso no se encuentra en estado de sentencia. En el fondo, el articulado de la iniciativa era simplemente un disfraz para decir: "Miren, se�ores, todas estas personas van a salir en libertad provisional", constituyendo una situaci�n excepcional que no se da al resto de los delincuentes de Chile. �Qu� hicieron la Oposici�n y Senadores institucionales? Buscar una f�rmula adecuada para que realmente se agilice el proceso, que es lo que se pretende. Y, en cuanto a la libertad provisional, hemos sido categ�ricos en se�alar que deben aplicarse las reglas generales. Es decir, si procede la libertad provisional, como en los casos de cualquier otro detenido o preso, deben aplicarse esas reglas. Pero no podemos sentar disposiciones diversas, sobre todo cambiando fundamentalmente la normativa procesal. Esta materia ya fue latamente explicada con anterioridad. Sin embargo, la bancada de Renovaci�n Nacional quisiera en este debate dejar constancia de dos hechos importantes. En primer lugar, tal como lo se�al� el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra, creemos que ni el Senado ni el Gobierno pueden aceptar presiones il�citas, como ocurri� con las movilizaciones realizadas en Santiago la semana pasada, las que, seg�n se ha anunciado, se repetir�n cuando y como lo quieran hacer sus propulsores. Quiero dejar muy en claro que nuestra actuaci�n no estuvo determinada por esos actos, los cuales -lo digo para que quede constancia hist�rica- no arrojaron los beneficios esperados por los presos. Por lo contrario: los perjudicaron. Nosotros hablamos con sus familiares y ellos no estaban de acuerdo, ni mucho menos, con los actos delictuales que se perpetraron tratando de defenderlos. Se procedi� conforme a que el fin justifica los medios, lo que nosotros rechazamos en forma categ�rica. Renovaci�n Nacional no puede dejar pasar este debate sin se�alar su profunda preocupaci�n ante la actitud del Gobierno frente a estas materias. Pareciera que, en lo que ata�e a la delincuencia, s�lo le inquieta, en materia legislativa, aquello que tiene una repercusi�n pol�tica, olvidando el grave problema diario que sufren los habitantes de Santiago. Ayer nos impusimos en "La Segunda" y hoy en "El Mercurio" del ataque de que fue v�ctima un familiar del Presidente de la Rep�blica, en el que incluso particip� un menor de 12 a�os. Renovaci�n Nacional no ha visto la misma diligencia del Gobierno para solucionar un problema absolutamente pol�tico que la desplegada para poner t�rmino a los graves actos de delincuencia que agobian a la ciudadan�a d�a tras d�a, hora tras hora. M�s todav�a: creemos que la actuaci�n del Ministro del Interior frente a los delitos y desmanes cometidos por quienes pretend�an defender a los presos que ahora se desea favorecer con este proyecto es absolutamente contraria a la mantenci�n del orden p�blico. Resulta que, a juicio del Ministro del Interior, pagar una multa de 12 a 15 mil pesos es suficiente castigo para los que tiran bombas molotov contra los funcionarios de la polic�a uniformada, los que portan bombas de �cido que van a perjudicar a la ciudadan�a inocente, los que interrumpen el tr�nsito, destruyen el Paseo Ahumada y durante m�s de ocho horas impiden que se pueda trabajar debido al efecto de las bombas lacrim�genas, adem�s de los des�rdenes que posteriormente se produjeron en el Pedag�gico. Y, en lugar de adoptarse las medidas judiciales para que esos delincuentes -�porque son delincuentes!- sean llevados a proceso y se les apliquen las sanciones correspondientes, se sostiene que se trata de simples des�rdenes callejeros que no ameritan el requerimiento por atentar contra la Ley de Seguridad del Estado. En otras palabras, Honorable Senado, cualquiera el d�a de ma�ana podr� darse el gusto y la satisfacci�n de lanzar bombas molotov a la fuerza p�blica, atentar contra el orden p�blico, quemar buses de la locomoci�n colectiva, y sus actos ser�n calificados como simples faltas, sancionadas solamente con una multa de 12 � 15 mil pesos, dependiendo de la rigurosidad del Juez de Polic�a Local. Tal situaci�n nos lleva a patrocinar, junto con el Senador independiente Honorable se�or Alessandri y de algunos Senadores institucionales, como el Honorable se�or Martin, un proyecto de ley cuyo texto haremos llegar al se�or Ministro de Justicia, y esperamos que el Gobierno lo incluya, con la calificaci�n de "Suma Urgencia", en la legislatura extraordinaria. Dicha iniciativa tiene objetivos muy precisos. Primero, dar debida protecci�n a la polic�a que defiende la seguridad ciudadana y poner t�rmino a su asesinato. No es posible que se constituya en deporte el matar a carabineros en forma aleve, a traici�n, sobre seguro, para robarles su armamento, y que ese antisocial no reciba la sanci�n correspondiente. Se aducir� que es inhumano aplicar la pena de muerte. Consideramos que en la libertad con responsabilidad, cuando un individuo est� consciente de las consecuencias a que conduce su accionar, es �l quien se aplica la pena y no la sociedad. Por eso, propondremos una enmienda al C�digo de Justicia Militar para hacer aplicable precisamente la pena de muerte a quienes asesinen a carabineros, a traici�n, con alevos�a, para robarles su armamento. El se�or HORMAZ�BAL.- Se est�n haciendo referencias que nada tienen que ver con el proyecto. Pido a la Mesa se�alar al se�or Senador que debe atenerse a la materia en debate. El se�or OTERO.- �Se�or Presidente, estoy con el uso de la palabra! Estoy manifestando que, as� como hemos tenido una actuaci�n consecuente y contribuido a una soluci�n que no es la propuesta por el Gobierno, tambi�n estamos en nuestro derecho al plantear en el Senado por qu� lo hemos hecho y qu� vamos a seguir haciendo para impedir ese tipo de situaciones. De igual manera, se�or Presidente, es terriblemente doloroso comprobar c�mo en la comisi�n de los delitos es cada vez mayor la participaci�n de menores, porque act�an con impunidad, y c�mo los adultos hoy d�a est�n usando incluso... El se�or HORMAZ�BAL.- �Esto, se�or Presidente, no es materia del proyecto en examen! El se�or OTERO.- ...a menores de 12 a�os. Por eso, vamos a proponer claramente modificaciones al C�digo Penal... El se�or HORMAZ�BAL.- Pido la aplicaci�n del Reglamento. El debate sobre el proyecto de ley ha terminado. El se�or OTERO.- ...para que la responsabilidad sea plena a contar de los 16 a�os y, al mismo tiempo, para que aquellos que delincan con menores de edad tengan la pena m�xima del delito, agravada en uno o dos grados. Se�or Presidente, queremos dejar muy en claro la posici�n de Renovaci�n Nacional. Pretendemos defender el Estado de Derecho. No deseamos una justicia vindicativa, pero consideramos que as� como hay preocupaci�n por personas sometidas a proceso por razones, seg�n se dice, de orden pol�tico, tambi�n, con igual inter�s, el Gobierno, el Senado y el Congreso debieran defender la seguridad de la ciudadan�a, que es la v�ctima inocente cuando no se toman las medidas a tiempo. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mc-Intyre. El se�or HORMAZ�BAL.- �Cu�l es la opini�n que tiene sobre el proyecto el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra? El se�or MC-INTYRE.- Se�or Presidente, el proyecto de ley en debate tiene por objeto acelerar o agilizar la dictaci�n de las sentencias definitivas. Es un proceso de justicia a cuyo cumplimiento todos debemos colaborar. No siendo abogado ni jurisconsulto, me preocupa la extensi�n del tiempo que hemos dedicado al tema, que se refiere, como se ha mencionado, a los reos encarcelados por terrorismo y por aplicaci�n de la Ley de Control de Armas. Esta materia la hemos estado estudiando desde el a�o pasado, en las Leyes Cumplido, en la que estableci� el indulto, en la ley N� 19.047 y en las reformas. Sin duda, el punto es importante, pero me parece m�s propio tratarlo en el marco de las enmiendas al sistema judicial, cuyo estudio -tengo la impresi�n- nos tomar� bastante menos tiempo del que hemos empleado en la discusi�n de estos proyectos de ley. Por otra parte, las personas de las cuales nos estamos preocupando ahora han contado con excelente asesor�a legal, con el apoyo del Gobierno y de los partidos pol�ticos. Y tambi�n han recurrido a las presiones, algunas de car�cter il�cito como las huelgas de hambre, tomas de c�rceles, demostraciones y reuniones no autorizadas. A menudo se emplean los t�rminos "equidad" y "justicia". Esa gente necesita que se la trate con equidad y justicia. Pero �qu� pasa con el resto de los reos y presos del pa�s, los que no tienen esa asesor�a legal, ni cuentan con apoyo del Gobierno ni de partidos pol�ticos, y que no llevan a cabo huelgas de hambre ni se toman las c�rceles? Muchos Senadores recibimos misivas y cartas de personas que se encuentran en esas condiciones. Tengo en mi poder una que me ha causado profunda preocupaci�n. La escribe un hombre joven, casado, y en ella dice que su proceso se arrastra, por problemas de documentaci�n, por m�s de 21 meses. No tiene asesor�a judicial, s�lo el abogado de turno, el que, seg�n se�ala, "no viene nunca". Pienso que la equidad y justicia, y nuestra preocupaci�n, deben estar orientadas hacia todos y no solamente a este grupo al cual hemos destinado tanto tiempo. Termino mis palabras pidiendo que, cuando nos corresponda tratar la reforma judicial, tengamos presente que la equidad y la justicia deben alcanzar a todos los chilenos. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde usar de la palabra al Honorable se�or Pacheco. El se�or PACHECO.- Se�or Presidente, el proyecto, que modifica la ley N� 19.047, fue despachado por la C�mara de Diputados en t�rminos virtualmente id�nticos a la iniciativa del Gobierno, lo que permitir�a resolver el problema de los presos pol�ticos en un plazo de cuatro meses, es decir, desde ahora a marzo de 1992. Lamentablemente, la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento del Senado lo modific�, introduci�ndole enmiendas que, de esta manera, de nuevo lo hacen ineficaz para obtener la libertad de los presos pol�ticos. En efecto, las indicaciones, si bien establecen plazos perentorios -que no objetamos-, eliminaron las dos formas que conducir�an a que ellos se cumplieran realmente. Primero, suprimi� la sanci�n a los jueces que excedan los plazos fijados, y segundo, dej� sin efecto la obligaci�n de otorgar libertad provisional bajo fianza cuando los plazos establecidos no se cumplieran. Se trata, en consecuencia, de que esos mismos plazos propuestos resulten inevitablemente cumplidos por los jueces de primera instancia y por las cortes de alzada. Con tal objeto, creemos indispensable hacer obligatoria la libertad bajo fianza cuando el proceso tenga m�s de dos a�os de tramitaci�n -o a lo m�s tres a�os- sin que se haya dictado sentencia en primera instancia. Lo contrario implicar�a hacer ilusorio este derecho esencial que ret�ricamente se reconoce en los tratados internacionales, en la Constituci�n Pol�tica y en la ley, a todos los procesados. Alternativamente, sugerimos una forma de libertad provisional "vigilada"; es decir, con requisitos m�s r�gidos de control, que nuestra legislaci�n no contempla, pero que se aplican con �xito en muchos pa�ses. Lo cierto es que el proyecto, en los t�rminos en que lo despach� la Comisi�n del Senado, no lograr�a realizar el prop�sito fundamental de poner t�rmino al problema de los presos pol�ticos en un plazo razonable. Ello, con la agravante de que se habr�a dado de nuevo la imagen de una soluci�n, cre�ndose, una vez m�s, falsas ilusiones. He dicho. El se�or ALESSANDRI.- �Queda tiempo, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Restan 5 minutos, se�or Senador. El se�or ALESSANDRI.- Se�or Presidente, s�lo deseo aclarar lo siguiente. En primer lugar, me llama la atenci�n el uso de la expresi�n "presos pol�ticos", en circunstancias de que el Presidente de la Rep�blica don Patricio Aylwin declar� en Brasil que no hab�a tales en Chile. En segundo t�rmino, conviene hacer presente que la mayor�a de las 69 personas que todav�a permanecen en la c�rcel por actos terroristas, infracci�n a la Ley sobre Control de Armas, etc�tera, ya ha sido condenada -no en forma definitiva, es cierto- por distintos delitos. Por lo tanto, no se trata de individuos cuyos procesos hayan demorado demasiado sin dictarse nunca sentencia, sino que la mayor parte de ellos ya est� condenada. Existe el caso, por ejemplo, de un se�or Carlos Garc�a, del MIR, que seg�n una publicaci�n es "Imposible que cumpla todas las condenas y dict�menes acumulados en 15 procesos", pues particip� en asaltos a bancos, en la muerte del coronel Roger Vergara; est� enjuiciado por un mot�n en la Penitenciar�a, etc�tera. O sea, lo m�s probable es que todas estas personas no salgan en libertad provisional, por constituir un peligro para la sociedad. Efectivamente, en el caso del se�or Eduardo Arancibia, por ejemplo, la Corte de Apelaciones rechaz� la libertad bajo fianza por considerarlo una amenaza para la comunidad. Entonces, no se puede decir que todas esas personas saldr�n en libertad bajo fianza inmediatamente, toda vez que algunas ya tienen sentencias y otras esperan fallos en juicios que se encuentran pendientes. Es lo que quer�a aclarar, se�or Presidente, para que no quede la impresi�n en la opini�n p�blica de que al momento de dictarse la ley todos esos individuos van a quedar libres, pues muchos de ellos -la mayor parte- han cometido cr�menes de sangre y, naturalmente, no debieran ser indultados, ni mucho menos perdonados. He dicho, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Quedan tres minutos. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, considero leg�timas las opiniones vertidas. Las respeto. Pero insisto en que me suena a doble est�ndar tratar en una forma a aquellos con los cuales se concuerda, y en otra distinta a quienes piensan diferente. Eso no es justicia, no es ponderaci�n, ni es la norma que debe regir las relaciones de una comunidad civilizada. Hay delitos de sangre tan horribles, que a�n nos penan a todos -�A todos, digo! A los partidarios del Gobierno anterior y a los contrarios a �l-, y respecto de los cuales no ha habido las sanciones del caso. Se dict� una ley de amnist�a para hechos horribles. Y nos sigue doliendo a todos. �Por qu� lo v�lido para algunos no lo es para otros? Agradezco, porque me parece propio, el esfuerzo realizado en la Comisi�n para aportar ideas. Naturalmente, cada cual contribuye como puede: algunos, humildemente; otros, con excesiva soberbia. Y la soberbia, a veces, no es buena consejera. Los conocimientos jur�dicos de algunos Honorables colegas son valiosos, pero no como para desconocer la l�gica de un proyecto. El texto del Ejecutivo siempre habl� de juicios en estado de plenario, no de procesos en situaci�n de sumario. El plenario es la etapa en que ya se encuentran agotadas las investigaciones y las partes pueden conocer los antecedentes, debatir, etc�tera; y es necesario en el procedimiento penal, pues al sumario hay acceso muy restringido y, en muchos casos, �ste no existe. El Gobierno siempre entendi� la l�gica. La l�gica del Gobierno fue acelerar los procesos para que pudiera dictarse la sentencia correspondiente. Nada m�s. Y para el caso de personas condenadas por delitos terroristas -insisto-, el p�rrafo que agregamos al art�culo 19, n�mero 7�, letra e), de la Constituci�n establece un tr�mite distinto. �Por favor! Me voy a permitir leerlo para evitar confusiones: "La resoluci�n que otorgue la libertad provisional a los procesados por los delitos a que se refiere el art�culo 9�," (conductas terroristas) "deber� siempre elevarse en consulta. Esta y la apelaci�n de la resoluci�n que se pronuncie sobre la excarcelaci�n ser�n conocidas por el Tribunal superior que corresponda integrado exclusivamente por miembros titulares. La resoluci�n que apruebe u otorgue la libertad requerir� ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad provisional el reo quedar� siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple;". Esto, que dispusimos en com�n para los procesados por delitos de tipo terrorista -por las conductas terroristas-, es lo que estamos estableciendo: un procedimiento distinto, para garantizar en mejor forma los derechos de todas aquellas personas condenadas por procesos diferentes. Los plazos, se�or Presidente, est�n en el C�digo. Pero �stos no se han cumplido, y tampoco se han ejercitado las sanciones aqu� invocadas. En definitiva, se trata de una cuesti�n que pugna con un derecho b�sico, reconocido en la Constituci�n. Si mis Honorables colegas de la Oposici�n consideran insuficiente el plazo de dos a�os de estar privado de la libertad, de nuevo les dejo lanzada la propuesta de que lo elevemos a tres. Y si esto les resulta tan poco adecuado, recuerdo a Sus Se�or�as que, en una oportunidad anterior, la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia aprob� una indicaci�n del Honorable se�or Guzm�n sobre la materia. Esta se�alaba que, con respecto a aquellas personas que hubiesen estado en condici�n de procesadas, habiendo transcurrido m�s de tres a�os desde la iniciaci�n del sumario criminal sin que se hubiera dictado auto de procesamiento, proced�a el sobreseimiento temporal, proposici�n del Senador se�or Guzm�n acogida por la Comisi�n. Entonces, invoco nuevamente la calidad jur�dica, y tambi�n un poco m�s de humildad, porque, a lo mejor, as� daremos mejores respuestas. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Ha terminado la hora. Cerrado el debate. -Se aprueba en general el proyecto, dej�ndose constancia, para los efectos del qu�rum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 34 se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- En seguida, el se�or Secretario dar� lectura a las indicaciones llegadas a la Mesa. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Indicaci�n de los Honorables se�ores Vodanovic y Hormaz�bal para agregar el siguiente inciso al art�culo 1� transitorio: "Expirados los plazos establecidos en este art�culo sin que se haya dictado la sentencia correspondiente, el tribunal deber� disponer de inmediato la libertad provisional de los procesados encarcelados, excepto en los casos regulados por el art�culo 9� de la Constituci�n Pol�tica del Estado.". -Se rechaza (19 votos contra 13 y 2 pareos). El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Ha llegado a la Mesa otra indicaci�n, tambi�n de los Honorables se�ores Vodanovic y Hormaz�bal, para agregar como art�culo 13 transitorio el siguiente: "Se presumir� que la excarcelaci�n no constituye peligro para la seguridad trat�ndose de procesados que est�n privados de libertad por m�s de 2 a�os, entendi�ndose que se cumplen a su respecto todos los requisitos de los art�culos 361 y 363 del C�digo de Procedimiento Penal.". El se�or D�EZ.- �Que se rechace con la misma votaci�n, se�or Presidente! El se�or VALD�S (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazar�a con la misma votaci�n anterior. El se�or CANTUARIAS.- Incorporando mi voto en contra, se�or Presidente, pues no alcanc� a pronunciarme en la votaci�n anterior. -Se rechaza la indicaci�n (20 votos contra 13 y 2 pareos) y queda terminada la discusi�n del proyecto en este tr�mite. INVITACI�N DEL SENADO A PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CROACIA. PROYECTO DE ACUERDO El se�or VALD�S (Presidente).- Los Honorables se�ores Vodanovic y Jarpa presentaron el siguiente proyecto de acuerdo, que necesita el consentimiento de la Sala: "Considerando: "Que la situaci�n en el territorio que ocupa hasta hoy la Rep�blica Socialista Federativa de Yugoslavia es extremadamente "inquietante, dado que, sobre todo Croacia, es escenario de sangrientos combates, provocando un creciente n�mero de v�ctimas civiles inocentes y vastos da�os materiales. "Que la comunidad internacional -principalmente a trav�s de la Organizaci�n de Naciones Unidas- ha manifestado su inter�s en buscar f�rmulas negociadoras que lleven a las partes involucradas a un efectivo alto al fuego. "Que estados de todos los continentes y organismos internacionales se esfuerzan, d�a a d�a, para compenetrarse m�s en el conflicto, tratando de acceder a fuentes de informaci�n directas, genuinas y confiables. "Que dada la evoluci�n de los acontecimientos, la aspiraci�n de las naciones que componen Yugoslavia -y muy especialmente Croacia y Eslovenia- parece plenamente leg�tima. "Que el Senado de Chile solicit� al Gobierno de Chile tener una participaci�n m�s activa en los esfuerzos internacionales para llegar a un acuerdo negociado que ponga fin al conflicto, as� como reconocer el derecho de Croacia y Eslovenia a acceder a la independencia; a la vez que simult�neamente manifest� al Secretario General de la ONU sus inquietudes a este respecto. "El Senado de la Rep�blica de Chile, "Acuerda: "Extender una invitaci�n formal al Presidente del Parlamento de Croacia a fin de que visite oficialmente Chile en una fecha cercana y tenga la posibilidad de informar pormenorizadamente de la situaci�n en su pa�s.". El se�or GONZ�LEZ.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Presidente, estoy de acuerdo con la declaraci�n; pero deseo hacer una prevenci�n. En un p�rrafo de ella se alude a la leg�tima aspiraci�n de los pueblos de Croacia y Eslovenia a obtener su libertad e independencia. Y pareciera que nosotros estuvi�ramos avalando eso. A este respecto, tengo una percepci�n distinta del tema. Creo que en el mundo en que vivimos la tendencia es a que haya pa�ses fuertes. En ese sentido, la Comunidad Econ�mica Europea est� dando una buena lecci�n. Siempre he sostenido que uno de los graves problemas que tenemos en Am�rica Latina son los exacerbados nacionalismos, que impiden que nos unamos en un gran pa�s y seamos una naci�n de 150, 200 � 250 millones de habitantes, y no una de 10 millones de habitantes. Como digo, tengo una prevenci�n en cuanto a lo se�alado anteriormente, pues deseo ver una Yugoslavia fuerte, unida; un pa�s poderoso, como siempre ha sido. Y no s� si el p�rrafo mencionado atenta contra esta aspiraci�n. Hay muchos ejemplos en la era moderna de que los grandes imperialismos han tratado de dividir a los pa�ses con el objeto de crear otros que no tengan la fuerza suficiente para oponerse a sus designios. Por lo anterior, se�or Presidente, apruebo la declaraci�n a que se ha dado lectura, pero con la salvedad que he se�alado, pues no deseo que ella difiera de mi pensamiento en la materia, como lo que manifest� concretamente respecto de Am�rica Latina. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Jarpa. El se�or JARPA.- Se�or Presidente, la declaraci�n dada a conocer es consecuente con el acuerdo adoptado hace unos d�as, en el sentido de dirigir, por parte del Presidente del Senado de Chile, una nota al Secretario General de las Naciones Unidas, pidiendo que se tome alguna resoluci�n concreta para evitar la destrucci�n de las ciudades de Croacia y la masacre de su pueblo, que estamos presenciando estos d�as, ante lo cual no hay reacci�n visible de ese organismo internacional, como tampoco de la Comunidad Econ�mica Europea. Este es un esfuerzo m�s, un elemento adicional que ponemos en consideraci�n de la opini�n p�blica nacional e internacional, en el sentido de que nos preocupa la situaci�n de Croacia, e invitamos al Presidente del Parlamento de esa Rep�blica, en especial para conocer de fuente original cu�les son las perspectivas de paz, de desarrollo y de vida independiente dentro de una comunidad, como se ha se�alado, pero que ello ocurra en forma voluntaria, y no impuesto por la fuerza, como est� sucediendo. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, como tantas otras veces, debo reconocer mi ignorancia respecto del tema, lo que me impide pronunciarme. Como estamos procediendo a cursar una invitaci�n, pregunto si existe un solo Parlamento y un solo Presidente de �l pertenecientes a una de las nacionalidades en disputa. En todo caso, prefiero que el asunto se env�e a la Comisi�n de Relaciones Exteriores, para que ella emita un informe. Desde ya, declaro que no votar� a favor, porque deseo tener la oportunidad de disponer de m�s antecedentes. En el momento s�lo cuento con los de las agencias informativas, y, por formaci�n, he tratado de no emitir juicio a partir de las noticias publicadas en los diarios o transmitidas por la televisi�n sobre el particular. El se�or JARPA.- Que se vote. El se�or VODANOVIC.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC.- Se�or Presidente, como se�al� el Honorable se�or Jarpa, el proyecto de acuerdo es totalmente consonante con lo aprobado y ratificado por el Senado en ocasi�n anterior, por lo cual pido que se vote. El se�or VALD�S (Presidente).- Deseo hacer presente que, efectivamente, hace dos semanas se acord�, por unanimidad, enviar una comunicaci�n al Secretario General de Naciones Unidas del tenor se�alado por el Honorable se�or Jarpa, solicitando la intervenci�n del organismo internacional. El se�or GONZ�LEZ.- Pidiendo la paz, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- No, para preservar las ciudades y poblaciones de Croacia. El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Presidente, sugiero que se lea la declaraci�n enviada anteriormente; porque, a lo mejor, podr�amos resolver de inmediato. El se�or VALD�S (Presidente).- Se le dar� lectura, se�or Senador. El hecho es que se emiti� ese comunicado en forma oportuna. En aquel entonces, la Comunidad Europea estaba preocupada de buscar una tregua. Lord Carrington, ex Ministro de Relaciones del Reino Unido, estuvo a cargo de esa gesti�n, la que fracas� totalmente. En el d�a de ayer, Naciones Unidas tom� cartas en el asunto y procedi� a enviar un personero especial. Como se puede apreciar, los requerimientos que ha hecho el Senado significan que hemos estado anticip�ndonos a los hechos tan lamentables, que han llevado a la destrucci�n de una de las rep�blicas federativas, que tiene su Parlamento. Aqu� se trata de invitar a su Presidente. Hago notar estos antecedentes, porque no me parece que esta declaraci�n constituya una intromisi�n en otros asuntos, sino que tiende a evitar una guerra y a o�r el testimonio del Jefe de un Parlamento. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, en nombre del Comit� Dem�crata Cristiano, pido segunda discusi�n. El se�or VALD�S (Presidente).- Sin perjuicio de ello, se proceder� a dar lectura a la declaraci�n anterior. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- El Senado aprob� el env�o de la siguiente comunicaci�n al se�or Secretario General de la Organizaci�n de las Naciones Unidas: "El Senado de la Rep�blica, por acuerdo un�nime, hace presente al se�or Secretario General de las Naciones Unidas su profunda preocupaci�n por el sufrimiento que est�n experimentando los habitantes -particularmente los ni�os- de Dubrovnik, Yugoslavia, y el riesgo inminente de destrucci�n total de dicha ciudad, que es patrimonio cultural de la humanidad. "Al mismo tiempo, solicita la inmediata intervenci�n del Consejo de Seguridad para } actuar ante el Gobierno de Yugoslavia con las medidas que otorga la Carta de las Naciones Unidas, a fin de suspender las hostilidades en contra de Croacia.". El se�or VODANOVIC.- Se�or Presidente, hay un acuerdo anterior al que se acaba de leer; es un proyecto de acuerdo suscrito por todos los Comit�s, cuyo texto es pr�cticamente id�ntico a aquel respecto del cual se est� pidiendo segunda discusi�n. Con el fin de facilitar las cosas, y si les parece al Comit� Dem�crata Cristiano y al Honorable se�or Gonz�lez, se podr�a eliminar del proyecto de acuerdo la menci�n vinculada al eventual derecho de Croacia y Eslovenia a tener existencia jur�dica separada. Con ello s�lo quedar�a un proyecto de acuerdo que da testimonio de la preocupaci�n del Senado por esa situaci�n, en virtud de la cual se invita al Presidente del Parlamento croata -elegido por votaci�n universal- a visitar el pa�s. El se�or VALD�S (Presidente).- �Habr�a acuerdo para suprimir el p�rrafo que dice: "Que dada la evoluci�n de los acontecimientos, la aspiraci�n de las naciones que componen Yugoslavia -y muy especialmente Croacia y Eslovenia- parece plenamente leg�tima."? Si lo hay, se eliminar�a esa parte y se dar�a por aprobada por unanimidad la declaraci�n. �El Comit� Dem�crata Cristiano retira su solicitud de segunda discusi�n? El se�or D�AZ.- S�, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Entonces, queda aprobado el proyecto de acuerdo en la forma se�alada. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIO El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficio. El se�or VALD�S (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. ------------------- -Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or Ortiz: MEDIDAS PARA PALIAR SITUACI�N DE AFECTADOS POR ERUPCI�N DE VOLCAN HUDSON (UND�CIMA REGI�N) "Al se�or Presidente de la Rep�blica, solicit�ndole disponer la concreci�n de su ofrecimiento, hecho en reuni�n de 11 de octubre pasado en Puerto Ingeniero Ib��ez, para los habitantes de la localidad de Villa Cerro Castillo, as� como para los de las comunas de R�o Ib��ez, Chile Chico y parte de la de Ais�n (sector Huemules), zonas da�adas por la erupci�n del volc�n Hudson, consistente en lo siguiente: 1) permuta y compra de campos a los pobladores m�s afectados; 2) pago por parte del Estado de los animales muertos y desaparecidos, y 3) indemnizaci�n por viviendas y galpones da�ados y destruidos." FUNCIONAMIENTO DE LICEO "LUISA RABANAL PALMA", DE CHILE CHICO (UND�CIMA REGI�N) "Al se�or Ministro de Educaci�n, haci�ndole presente que, a ra�z de la crisis producida en Chile Chico, derivada de la erupci�n del volc�n Hudson, los alumnos que estudiaban en los lugares afectados han emigrado a ciudades menos da�adas, a terminar sus estudios, caso en el que se encuentran los que asisten al Liceo "Luisa Rabanal Palma", de la localidad mencionada, lo que se ha traducido en disminuci�n de ingresos a las arcas municipales, con evidente peligro para la estabilidad y remuneraci�n del personal que, en un acto patri�tico, no abandon� sus puestos de trabajo. "Por lo expuesto, se le pide disponer el pago de la totalidad de las remuneraciones al personal docente, paradocente y auxiliar, as� como de los gastos que demanda el funcionamiento de dicho Liceo, sin depender del ingreso por alumnos, mientras dure la emergencia y entre a funcionar el nuevo establecimiento." PROYECTO PARA APROVECHAR CENIZAS DE VOLC�N HUDSON (UND�CIMA REGI�N) "Al se�or Ministro de Obras P�blicas, requiri�ndole informaci�n acerca de la factibilidad del proyecto "Elaboraci�n de Ladrillos y Adobe", presentado por un grupo de trabajadores al se�or Gobernador de Chile Chico (quien lo har�a llegar al se�or Ministro), con el fin de aprovechar las cenizas volc�nicas provenientes del Hudson, as� como de los resultados de las investigaciones efectuadas con los materiales que se usar�an, iniciativa que ayudar�a a paliar la crisis producida en la regi�n." DONACI�N DE BUSES RETIRADOS DE CIRCULACI�N EN SANTIAGO A MUNICIPALIDAD DE R�O IB��EZ (UND�CIMA REGI�N) "Al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que se sirva informar respecto de la posibilidad de donaci�n de 10 buses retirados de circulaci�n en Santiago -por contaminar- a la Municipalidad de R�o Ib��ez, los que, por sugerencia del Alcalde de esa comuna, podr�an venderse en licitaci�n p�blica a fin de allegar recursos para las labores de recuperaci�n de �reas verdes deterioradas y trabajar en proyectos que permitan proporcionar empleo a personas afectadas por la erupci�n volc�nica habida hace algunos meses, lo que no implicar�a gasto alguno para el Estado, pues ya se pagaron esos veh�culos. En caso de no ser esto posible, se requerir�a de una iniciativa legal para tal efecto." SITUACI�N DE ESTUDIANTES BECADOS DE R�O IB��EZ Y CHILE CHICO (UND�CIMA REGI�N) "Al se�or Director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, solicit�ndole considerar el aumento o adelanto del pago de los dineros correspondientes a becas otorgadas a estudiantes, quienes actualmente enfrentan serios apremios econ�micos, derivados de los estragos causados por la erupci�n del volc�n Hudson, en especial, en los lugares m�s afectados de la Und�cima Regi�n, como son las comunas de R�o Ib��ez y Chile Chico." ACCESO DE HABITANTES DE UND�CIMA REGI�N A TRANSMISIONES DE TELEVISI�N NACIONAL "Al se�or Director de Televisi�n Nacional de Chile, para pedirle que informe sobre la posibilidad de que, por la v�a de la subsidiariedad del Estado, �ste pague los derechos que correspondan -o Televisi�n i Nacional otorgue el beneficio- para los efectos de la venta o arriendo de decodificadores que permitir�an a los habitantes de la Und�cima Regi�n acceder pr�ximamente en forma directa a ese medio de comunicaci�n, sobre todo por tratarse de �reas geogr�ficas importantes para mantener la soberan�a nacional y el esp�ritu de chilenidad." Del se�or Siebert: ESTADO DE DIVERSAS OBRAS P�BLICAS EN DUOD�CIMA REGI�N "Al se�or Ministro de Obras P�blicas, requiri�ndole informaci�n tocante a lo siguiente: "1.- Construcci�n de un nuevo puerto en Punta Arenas que permita satisfacer diversas necesidades que con la actual infraestructura no se pueden cumplir. "2.- Mejoramiento substancial del aer�dromo de Puerto Natales, para responder a los requerimientos derivados del intenso turismo internacional que generan la cercan�a de las Torres del Paine y los dem�s atractivos naturales que ofrece la zona. "3.- Mejoramiento del actual puerto pesquero artesanal de Puerto Natales, a fin de atender m�s eficientemente a cerca de 500 embarcaciones de ese tipo que operan desde el lugar. "4.- Bajo est�ndar de calidad de la pavimentaci�n que se est� efectuando entre Gobernador Philippi y Monte Aymond, que hace presumir que en un plazo relativamente breve el asfalto se deteriore y quede en peor estado que el existente con anterioridad." De la se�ora Soto: SITUACI�N DE EXONERADOS DE CODELCO "Al se�or Ministro de Miner�a, reiter�ndole el oficio en que se le recaba informaci�n acerca de la situaci�n de los exonerados de CODELCO, por haber transcurrido m�s de 30 d�as sin haber recibido respuesta sobre el particular." ------------------- El se�or VALD�S (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Mixto. Tiene la palabra el Honorable se�or Cantuarias. FINANCIAMIENTO DE EDUCACI�N MUNICIPAL. OFICIO El se�or CANTUARIAS.- Se�or Presidente, deseo referirme al tema del financiamiento de la educaci�n municipal. En diversas oportunidades -y en forma creciente en el �ltimo tiempo-, hemos constatado la existencia de d�ficit en el �mbito de la administraci�n municipal de la educaci�n. Se trata de una realidad que afecta en gran medida a las municipalidades cabeceras de Regiones o de provincias, y, en definitiva, a las de los mayores conglomerados urbanos. En t�rminos gen�ricos, podr�amos definirla como un problema de financiamiento que sufre una parte significativa de los establecimientos educacionales, o aquella que concentra mayor n�mero de alumnos. La existencia de tal realidad y de ese d�ficit, en muchos casos, ha sido estimada y caracterizada por autoridades de Gobierno como un problema relacionado con la administraci�n: con eventuales fallas o con fraudes administrativos que han generado ese d�ficit en las entidades educacionales ya se�aladas. Sin embargo, el an�lisis minucioso y detallado de tal situaci�n permite establecer que una de las m�s relevantes causas del problema -si no la �nica- es el evidente traspaso de matr�cula, desde planteles municipales ubicados en comunas de alta densidad urbana, hacia los particulares subvencionados. Algunas cifras puestas a nuestra disposici�n indican que, en los �ltimos diez a�os, el traspaso de matr�cula a la educaci�n particular subvencionada ha pasado, de menos de 10 por ciento de su implicancia nacional, a m�s de 30 por ciento en la actualidad, con la consiguiente p�rdida de igual proporci�n de alumnos por parte de aquella administrada por las municipalidades. De ser �sa la causa principal -o una de las m�s importantes-, lo cierto es que el componente administrativo ya se�alado en cualquier caso ser�a criticable y materia de sanciones, investigaciones y fiscalizaciones previstas en el ordenamiento jur�dico vigente, por parte de la Contralor�a y otros �rganos, seg�n se trate de administraci�n municipal directa o de corporaciones creadas por los municipios. El representar�a, asimismo, un desaf�o que debemos enfrentar de manera distinta a su simple admisi�n, o, lo que es peor, a convivir con �l, y en el futuro aceptar que aqu�l constituir� una realidad que, de alguna manera, inhabilitar� o comprometer� el desempe�o o la eficacia de las municipalidades respecto de los problemas que est�n llamadas a resolver en cada una de las comunidades. Me parece entender que con el traspaso de matr�cula ya indicado, tan relevante en los diez �ltimos a�os, se vincula la causa �ltima de la proposici�n contenida en el mensaje del Ejecutivo que acompa�� el proyecto del estatuto de la profesi�n docente -espec�ficamente, en el art�culo 59, letra c), del texto original, analizado despu�s tanto por la C�mara de Diputados como por el Senado como art�culo 51, letra g)-, que, en el fondo, relacionaba la estabilidad del profesorado del sector municipal con la matr�cula en cada uno de los establecimientos. Respecto de este punto, hubo un debate muy importante en ambas ramas del Parlamento, y la decisi�n adoptada por el Senado y la C�mara de Diputados fue entregar estabilidad al Magisterio y no permitir que ella estuviera vinculada a la matr�cula existente en cada uno de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, desde un punto de vista general, quiero situar la pretensi�n del Ejecutivo -sin calificarla- como el necesario equilibrio entre las posibilidades de financiar las disposiciones contenidas en el Estatuto Docente y un n�mero de profesores acorde con la matr�cula y con la necesidad de servir las horas que demanda el servicio educacional en las municipalidades. Sin embargo, el Congreso -por razones que no expondr�- decidi� que los profesores que estaban en el �mbito municipal deb�an tener estabilidad y que, en consecuencia, fueran inamovibles, aun cuando la matr�cula continuara disminuyendo en la proporci�n que he se�alado o en cualquier otra. No puedo creer que el Ejecutivo haya deseado, a ra�z de las disposiciones mencionadas y del debate (incluso �ste dio lugar a la formaci�n de una Comisi�n Mixta, compuesta por Senadores y Diputados), la norma que vinculaba la estabilidad del profesorado con la matr�cula de alumnos. Estimo que el prop�sito del Gobierno no fue entregar simplemente una se�al o elementos de inestabilidad, porque en el �mbito municipal existe una dotaci�n excedente de profesionales de la educaci�n, que iba a corregirse a trav�s de los instrumentos propuestos en el Estatuto Docente. Y como �stos no fueron aprobados y, por lo tanto, los profesores tienen, de pleno derecho, estabilidad y permanencia en el sistema, se nos produce un problema general mucho mayor que dice relaci�n al financiamiento de la educaci�n en la esfera municipal, y sobre el cual quiero llamar la atenci�n en esta oportunidad. Se�alo lo anterior -mi intervenci�n obedece a que no he obtenido datos precisos, sino, m�s bien, una informaci�n gen�rica-, porque tengo la sospecha fundada de que, en el fondo, los niveles de matr�cula actuales en los establecimientos municipales no financian -conforme al monto de la subvenci�n-, en muchos casos, ni siquiera la planilla de remuneraciones y, por cierto, tampoco el total de gastos que significa la mantenci�n del servicio educacional en las municipalidades. Como adicionalmente el Parlamento aprob� una ley de reforma constitucional -la cual ya se encuentra promulgada- que nos aboca a la tarea de elegir las autoridades municipales conforme al sufragio popular, estamos enfrentando un problema a futuro en los municipios que, de confirmarse mis dudas acerca del financiamiento, puede significar una grave e insuperable barrera en la capacidad de �stos para atender los requerimientos propios de la comunidad, adem�s de los correspondientes al servicio educacional. En consecuencia, me parece importante precisar exactamente, con los elementos que no hemos obtenido hasta la fecha, si el sistema de subvenciones hoy vigente o aquel que nos proponemos modificar en breve plazo, financia efectivamente los gastos de educaci�n en todos los municipios del pa�s. Quiero se�alar esto, porque, de lo contrario, estaremos entregando a �stos una pesada carga, tal vez, imposible de solventar en el tiempo, y desgastando -despu�s del esfuerzo que el pa�s ha soportado prolongadamente- el esquema democratizador de generaci�n de autoridades municipales propuesto en la reforma constitucional y que ser� consagrado en las leyes org�nicas que ya iniciaron su tr�mite en el Parlamento. Por consiguiente, debemos lograr la informaci�n requerida -no pudo obtenerse en la discusi�n del Presupuesto de la Naci�n recientemente terminada en la Comisi�n Especial Mixta ni en el tratamiento del proyecto de ley de subvenciones que muy pronto conoceremos en la Sala- para tener la seguridad de que el financiamiento de la educaci�n en el �mbito municipal es posible con los recursos que actualmente est�n previstos para ser traspasados, v�a subvenci�n, a cada uno de los municipios. Y, para salvar esa situaci�n, pido formalmente oficiar al Ministerio de Educaci�n, a fin de que nos informe respecto de la composici�n de los gastos, de la estructura de plantas y dotaciones en los establecimientos educacionales dependientes del sistema municipal; o bien, que nos d� a conocer los antecedentes que nos permitan tener la certeza de que el servicio educacional traspasado a la administraci�n municipal, se financia efectivamente. En consecuencia, solicito oficiar en esos t�rminos al se�or Ministro de Educaci�n, pues la informaci�n requerida es de suma importancia para el tratamiento de los proyectos que luego ser�n sometidos a la consideraci�n del Senado, como son la ley de subvenciones y la ley org�nica municipal que consagrar� el sistema y condiciones de trabajo de los municipios. -Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or VALD�S (Presidente).- Restan 5 minutos al Comit� Mixto. El se�or ALESSANDRI.- Los cedemos al Honorable se�or Romero. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero. INGRESO DE ARGENTINA A ORGANIZACIONES DEL PAC�FICO. OFICIO El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, quiero expresar de manera muy breve mi preocupaci�n por la actitud de Argentina para buscar su incorporaci�n a los organismos econ�micos que forman parte de la Cuenca del Pac�fico. Tengo diversos antecedentes que me permiten se�alar que la naci�n vecina est� haciendo intentos manifiestos por figurar como un pa�s bioce�nico. Todos sabemos que �sa ha sido una antigua aspiraci�n de algunos sectores del pa�s transandino. No dudo de las intenciones que al respecto puedan existir; pero nos parece muy claro que el laudo arbitral sobre la materia en 1984 -el cual, en definitiva, determina que ninguno de los dos pa�ses tiene una vocaci�n y caracter�stica bioce�nica- hace justificables los intentos de Argentina por establecer este tipo de nexos con organizaciones internacionales de la Cuenca del Pac�fico. A mi juicio, se�or Presidente -como lo se�alara yo en su oportunidad en esta misma Sala-, el problema nace de las posibilidades que abre el acuerdo econ�mico suscrito entre Chile y Argentina para que la naci�n transandina halle los mercados econ�micos internacionales que, en 32 a 34 por ciento, est�n incorporados dentro de los pa�ses ribere�os -me refiero a su participaci�n mundial- que conforman la Cuenca del Pac�fico. Estos acuerdos econ�micos ten�an efecto no s�lo en los aspectos fito y zoosanitario y en aquellos relacionados con la utilizaci�n de caminos y puertos, sino, tambi�n -lo se�al� en su oportunidad-, con la posici�n estrat�gica que Chile pose�a. Existe, se�or Presidente, una nota del Presidente del Comit� Chileno al Consejo Econ�mico de la Cuenca del Pac�fico -lleg� como una copia informativa a mis manos-, dirigida al se�or Ministro de Relaciones Exteriores, mediante la cual se ponen en conocimiento de la Canciller�a los intentos de la naci�n vecina para ingresar a las organizaciones del Pac�fico; y se�ala expresamente y con detalles cu�les han sido esas acciones. Expresa, por ejemplo, c�mo los C�nsules Generales de Argentina en San Francisco y en los Angeles (California), instruidos por su Gobierno, tienen hoy la pretensi�n de ingresar al Pacific Basin Economic Council (Consejo Econ�mico de la Cuenca del Pac�fico). Lo anterior est� corroborado con el planteamiento del representante de Corea, quien, el 27 de agosto reci�n pasado, expres� que los pa�ses que son parte de la Cuenca del Pac�fico tomaron nota del inter�s expresado por M�xico, Chile, Per�, Ecuador y -agrega- Argentina, para establecer relaciones no s�lo con el PBEC, sino tambi�n con otras entidades. Lo anterior me parece extremadamente serio, porque los intentos detallados, sin duda, est�n relacionados con el Acuerdo de Complementaci�n Econ�mica firmado por Argentina y, naturalmente, podr�a ser una consecuencia de tal convenio aquello que hemos estado tratando de establecer con relaci�n a esta materia. Por �ltimo, se�or Presidente, quiero pedir que se oficie en mi nombre a la Canciller�a con el objeto de que, en primer lugar, nos informe acerca de la posici�n de Chile en esta materia; y, tambi�n, cu�l es la respuesta que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio al planteamiento del Presidente del Comit� Chileno al Consejo Econ�mico de la Cuenca del Pac�fico. El se�or VALD�S (Presidente).- As� se proceder�, se�or Senador. El se�or ALESS�NDRI.- Tambi�n en mi nombre, se�or Presidente. El se�or ORTIZ.- Y en el de Renovaci�n Nacional. El se�or VALD�S (Presidente).- Se enviar� el oficio solicitado, en nombre de los Honorables se�ores Romero y Alessandri y de Renovaci�n Nacional, en conformidad al Reglamento. Corresponde hacer uso de su tiempo al Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. Tiene la palabra el Honorable se�or Calder�n. DEUDORES EN UNIDADES DE FOMENTO EN LOCALIDAD DE AGUAS FRESCAS, MAGALLANES (DUOD�CIMA REGI�N). OFICIO El se�or CALDER�N.- Se�or Presidente, quiero exponer muy brevemente un caso que ocurre en Magallanes, en la localidad de Aguas Frescas, pero que de manera similar se repite a lo largo y ancho de Chile, y que es muestra de un problema al que debemos buscar un tipo de soluci�n. Un se�or que tiene un peque�o predio, contrajo una deuda en 1982 con el Banco del Estado por la suma de 250 mil pesos. Al fallecer, quedaron en su propiedad dos se�oras solas -sus hijas-, quienes, mediante el arriendo de talajes y la elaboraci�n de quesos y mermeladas, siguen batallando }por pagar la deuda y mantener el �nico bien que pudo dejarles su padre, despu�s de una vida m�sera, llena de trabajo y sacrificio en esas soledades. La deuda inicial -reitero- fue de 250 mil pesos. A la fecha han pagado 2 millones 61 mil 273 pesos; pero el Banco del Estado les ha dicho que a�n adeudan 2 millones y medio de pesos, encontr�ndose el predio en la lista de remate. El monto del cr�dito inicial equival�a a 202,5 unidades de fomento. Han pagado 525,34, y les cobran 309 adicionales. Conforme al sistema de reajuste se�alado, han pagado 2,5 veces la deuda inicial. Sin embargo, les exigen que sigan cumpliendo la obligaci�n. Terminar�an devolviendo en unidades de fomento m�s de 4 veces el valor del pr�stamo original. Y si no lo hacen, se proceder�a al remate de la propiedad. �Es l�gico? �Favorecemos as� a la gente? Situaciones similares se repiten en muchos ganaderos magall�nicos y, evidentemente, tambi�n para los deudores hipotecarios. �As� se quiere ayudar a poblar las zonas extremas? En verdad los bancos, con el sistema de unidad de fomento, intereses altos y el cobro de intereses sobre intereses, si no flexibilizan sus criterios, ayudar�n a despoblar la Patagonia chilena. Pero esta situaci�n no s�lo afecta a Magallanes, pues se trata, m�s bien, de un problema nacional. Yo no pido las soluciones en 5 minutos que ofrec�a el se�or Err�zuriz; pero, indudablemente, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el Estado chileno, tenemos la responsabilidad de hallar alguna f�rmula de soluci�n a esos dram�ticos problemas. No puede ser que, en un R�gimen democr�tico, los deudores habitacionales tengan que recurrir al Arzobispo de Santiago para pedirle que interceda ante las autoridades a fin de que se preocupen de esos asuntos, seg�n una informaci�n conocida en el d�a de ayer. Solicito, en primer lugar, que la Comisi�n de Hacienda, una vez despachado el proyecto de la Ley de Presupuestos de la Naci�n, estudie el problema, invite a los t�cnicos del Ministerio de Hacienda, de los institutos acad�micos (como CIEPLAN, PET, CEP y otros) y tambi�n a personal especializado de los bancos, y elabore proposiciones de acci�n al respecto. Propongo que debatamos el asunto ante el pa�s, en una sesi�n especial, con la presencia de los se�ores Ministros y autoridades monetarias que corresponda. Creo que no podemos seguir "mirando para el techo" en esta materia. En segundo lugar, pido que se oficie al Presidente del Banco del Estado, a fin de que, en el caso de las se�oras Luz y Ester Alvarado Medina, as� como en el de los dem�s deudores de Magallanes, no s�lo se considere con un criterio de justicia lo que ya han pagado, sino que tambi�n tomen en cuenta que el Estado chileno ha desarrollado, desde el siglo pasado, pol�ticas destinadas a favorecer el poblamiento de la Regi�n; y que, de mantenerse la inflexibilidad con que est�n operando y la aplicaci�n de criterios que, francamente, me parecen usureros, actuar�an a contrapelo del inter�s nacional. Concedo el resto de mi tiempo al Honorable se�or Pacheco. ------------------- El se�or VALD�S (Presidente).- Solicito la autorizaci�n de la Sala para que pase a reemplazarme, en car�cter de Presidente accidental, el Honorable se�or D�az, porque el Vicepresidente, Honorable se�or Urenda, est� cumpliendo una misi�n fuera del edificio, y yo debo atender otra. Si no hay observaciones, invitar� al Honorable se�or D�az a ocupar la Mesa. El se�or ORTIZ.- �Me permite, se�or Presidente? Honrados nos sentimos con la designaci�n que Su Se�or�a ha hecho. El se�or VALD�S (Presidente).- Agradezco mucho la deferencia, se�or Senador. ------------------- El se�or D�AZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Gracias, se�or Presidente. Brevemente,... El se�or ORTIZ.- �Me permitir�a, Su Se�or�a, interrumpirlo, para hacer un alcance? El se�or GONZ�LEZ.- Con todo gusto, se�or Senador. El se�or ORTIZ. - Con la venia de la Mesa, deseo adherir a la inquietud expresada por el Honorable se�or Calder�n. Pienso que se debe investigar si el Banco del Estado y las otras instituciones financieras que han otorgado cr�ditos en la forma en que el se�or Senador rese�� - lo cual se repite en todas las Regiones del pa�s - han ca�do en el delito de usura. El se�or D�AZ (Presidente accidental). - Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. VENTA DE PARTE DE LOS TERRENOS DE CIUDAD DEL NI�O. OFICIOS El se�or GONZ�LEZ. - Se�or Presidente, deseo hacer una breve intervenci�n. He recibido una carta del Sindicato de Trabajadores del Consejo de Defensa del Ni�o. Me exponen una situaci�n que afecta a un gran n�mero de ni�os y trabajadores, los cuales, muy pronto, se ver�n privados de un lugar para vivir, los primeros; y de su fuente laboral, los segundos. El problema me afecta muy especialmente, por cuanto se trata de funcionarios del Consejo de Defensa del Ni�o, una instituci�n sin fines de lucro que atiende a menores en situaci�n irregular, recibiendo una, subvenci�n fiscal por intermedio del Ministerio de Justicia. Tal subvenci�n se paga seg�n las disposiciones de un decreto con fuerza de ley de 1980, y por encontrarse congelada desde 1982, se ha deteriorado en m�s de un 100 por ciento. Esta �ltima circunstancia significa un retroceso en los sueldos de los funcionarios, y tambi�n respecto de la realidad que significa la deficiente atenci�n y mantenci�n de los ni�os. A esto debe agregarse que las m�ximas autoridades de esa instituci�n -la cual no persigue fines de lucro y est� atendida por personas que se preocupan de los ni�os en situaci�n irregular- est�n enfrentadas a la necesidad de vender tres cuartas partes del terreno en que actualmente funciona la entidad conocida como "Ciudad del Ni�o Presidente R�os". A fines de 1943, el Presidente don Juan Antonio R�os, nuestro correligionario, cre� la Ciudad del Ni�o en un sitio de 39 hect�reas, destinado a la ubicaci�n de casas que dieran una s�lida protecci�n a los peque�os en situaci�n irregular. En la actualidad, all� se da albergue a m�s de mil menores de ambos sexos, de entre 3 y 20 a�os. El motivo de la venta de esta propiedad es netamente econ�mico. Obviamente, no se puede seguir atendiendo a los ni�os en situaci�n irregular con la actual subvenci�n del Estado. Pero pienso que �sa no es la soluci�n del problema, sino que s�lo es un parche que a la larga determinar� el cierre de una instituci�n tan ben�fica como la Ciudad del Ni�o. Tambi�n esa venta es una consecuencia de un sistema que transfiere a particulares -al igual como ocurre con la educaci�n- el cuidado de esos menores. Se est� desvirtuando el objetivo central que persigui� don Juan Antonio R�os al dejar una huella profunda de su paso en los sectores m�s pobres del pa�s, y, sobre todo, entre los ni�os en riesgo social. Creemos, se�or Presidente, que la situaci�n descrita no puede continuar; que la obra del Presidente R�os, expresada en la Ciudad del Ni�o, de Santiago, debe continuar, y que tenemos que hacer esfuerzos para evitar la venta de esos terrenos. Por ello, se�or Presidente, solicito oficiar al se�or Ministro de Justicia, a fin de que se estudie una enmienda a la legislaci�n vigente, en t�rminos de que la atenci�n de los ni�os desvalidos sea de cargo del Estado, se realice por instituciones p�blicas y constituya una acci�n preferente de aqu�l. Adem�s, solicito que el se�or Ministro de Justicia se sirva informar al Senado acerca de lo expuesto por los trabajadores del Consejo de Defensa del Ni�o, fundamentalmente en relaci�n con la venta de parte de los terrenos en que se ubica esa Ciudad del Ni�o; qu� podr�a hacer ese Ministerio y cu�l podr�a ser el procedimiento para evitar esa venta. -Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Presidente, cedo el resto de mi tiempo al Honorable se�or Pacheco. El se�or D�AZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pacheco. PROBLEMAS DE LA POBREZA, DE OBRAS P�BLICAS Y DE INVERSI�N EN S�PTIMA REGI�N DEL MAULE. OFICIOS El se�or PACHECO.- Se�or Presidente, se�ores Senadores: He estimado oportuno referirme en esta ocasi�n al problema de la pobreza en la S�ptima Regi�n del Maule (Norte), que tengo el honor de representar en este Honorable Senado. En el mes de julio del a�o pasado, el Ministerio de Planificaci�n y Cooperaci�n Nacional (MIDEPLAN) dio a conocer los resultados de la Encuesta de Caracterizaci�n Socioecon�mica Nacional, lo que produjo una pol�mica en la Regi�n del Maule, relacionada con la efectividad de las pol�ticas sociales implementadas por el Gobierno del Presidente don Patricio Aylwin durante los 16 meses de su mandato, todo esto en raz�n de haber alcanzado el �ndice de pobreza en esa Regi�n un 48,80 por ciento, lo que la sit�a como la m�s pobre del pa�s. La Encuesta de Caracterizaci�n Socioecon�mica que arroj� estos resultados fue realizada en el mes de noviembre de 1990, reflejando lo ocurrido en el pa�s en este campo entre los a�os 1987 y 1990. En esa �poca, el pa�s viv�a un dif�cil proceso de ajuste como resultado de la pol�tica econ�mica expansiva del Gobierno anterior durante los a�os 1988 y 1989, agravado por una situaci�n financiera coyuntural derivada del elevado precio del petr�leo por efecto de la guerra en el Golfo P�rsico y que se tradujo en Chile en �ndices de inflaci�n que sobrepasaron el 3 y 4 por ciento, con todas las implicancias que el proceso de alzas tiene para los pobres de nuestro pa�s. Esto oblig� al Gobierno de la Concertaci�n y al Banco Central a adoptar una pol�tica de ajuste que condujera a la econom�a chilena a una situaci�n real y a disminuir la presi�n inflacionaria existente. Aun as�, la econom�a creci�; la desocupaci�n borde� el 6 por ciento y aument� notoriamente la tasa de inversi�n, alcanzando al 20 por ciento del Producto. Definici�n de Hogar y N�cleo Familiar Uno de los mayores aportes de la encuesta CASEN, es la inclusi�n del concepto de n�cleo familiar. En la encuesta CASEN III se entiende por hogar aquel constituido por una sola persona o un grupo de personas, con v�nculos de parentesco o sin ellos, que hacen vida en com�n, es decir, se alojan y se alimentan juntas. La existencia de allegados se detecta por la presencia de m�s de un n�cleo familiar dentro de una vivienda, definiendo a ese n�cleo como la parte de un hogar constituido por una pareja -de hecho o legal-, sus hijos solteros y otras personas menores de 18 a�os que dependan econ�micamente de la pareja y que no tengan ascendientes directos en el hogar. Otros n�cleos familiares los constituyen quienes cumplen s�lo algunas de las especificaciones anteriores. Estas definiciones permiten a la encuesta CASEN determinar cu�ntos hogares comparten una vivienda. Concepto de pobreza empleado en la encuesta CASEN Son hogares pobres aquellos cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades b�sicas, alimenticias y no alimenticias de sus miembros; y se consideran en situaci�n de indigencia aquellos hogares cuya carencia de ingresos es tan acentuada que, aun cuando los destinaran en su totalidad a la adquisici�n de alimentos, no lograr�an satisfacer adecuadamente las necesidades de todos sus integrantes. El costo de una canasta b�sica de alimentos era en 1987 de $ 9 mil 44 (pesos de 1990), y para la encuesta CASEN se consider� la misma canasta con un costo de $ 9 mil 300 (pesos de 1990). Para determinar el concepto de ingresos de una familia y poder compararlo con la l�nea de pobreza y de indigencia, se tom� aquel constituido por ingresos primarios (incluido el autoconsumo), jubilaciones y pensiones, m�s el conjunto de subsidios monetarios que reciben los hogares (programas de empleo, subsidios de cesant�a, pensiones asistenciales, subsidio �nico familiar, etc�tera). Con estos datos, se puede se�alar que una familia tipo (4,08 personas) deb�a disponer de 37 mil 944 pesos para que la familia no fuera considerada como indigente, y de 75 mil 888 pesos para quedar fuera de la pobreza. Resultados de la encuesta CASEN en relaci�n con la pobreza En Chile, seg�n la medici�n efectuada en 1990, el porcentaje de hogares en situaci�n de pobreza era de 34,60 por ciento, lo que representa un nivel inferior respecto de la cifra de 1987, que alcanzaba al 38,10 por ciento. Los hogares en situaci�n de indigencia llegaban en 1990 al 11,60 por ciento; y en 1987, al 13,50 por ciento. En 1990, 40 por ciento de la poblaci�n nacional estaba en situaci�n de pobreza y los indigentes llegaban a 13,70 por ciento. Esto significa que, en comparaci�n con las cifras de 1987, han salido de la situaci�n de pobreza 600 mil personas; y, respecto de la indigencia, se aprecia una disminuci�n del orden de las 400 mil. El se�or ORTIZ.- �Me permite una peque�a interrupci�n para hacer una consulta, se�or Senador? El se�or PACHECO.- S�, con mucho gusto. El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, no me cabe ninguna duda de que los datos que est� entregando el Senador se�or Pacheco son absolutamente ciertos. Pero, �existe alg�n antecedente que nos permita hacer una comparaci�n entre los a�os 1989 y 1990? Porque aparece como un logro de 1990 la reducci�n de estos porcentajes; y no s� qu� ha pasado en 1988 y 1989. 1987 es el per�odo m�s malo, como punto de referencia; o sea, el m�s bajo. El se�or PACHECO.- Con mucho gusto me referir� a eso a continuaci�n, se�or Senador. Cabe destacar que estos resultados a nivel nacional no se reflejan en todas las Regiones. En el caso de la S�ptima, ella sufre una regresi�n durante el per�odo 1987-1990, ya que en 1987 alcanz� el 46,90 por ciento de su poblaci�n en situaci�n de pobreza; y en 1990, ese porcentaje se elev� al 48,90 por ciento. La Regi�n ha sido considerada como la m�s pobre del pa�s durante el Gobierno del Presidente Aylwin, ya que en 1985 representaba un total de 95 mil 427 hogares en condiciones de pobreza, lo que correspond�a al 61,40 por ciento de la poblaci�n regional de dicho a�o en esa situaci�n. Posibles causas de la pobreza en la S�ptima Regi�n del Maule Analizadas las causas de la pobreza en que se encuentra esta Regi�n, podemos destacar algunas que representan una fuerte incidencia en la situaci�n descrita, tales como: 1.- En la fecha en que se realiz� la encuesta, se concluyeron grandes proyectos de inversi�n. En la S�ptima Regi�n conclu�a la construcci�n de centrales hidroel�ctricas en la hoya del r�o Maule. 2.- En la Regi�n se produjo un desfase en los planes de inversi�n p�blica. En esa fecha exist�a una gran cantidad de proyectos que, pese a encontrarse aprobados, no se hab�a comenzado su ejecuci�n; por ejemplo, la doble calzada entre San Fernando y San Javier, el regad�o de Pencahue, la denominada Ruta de los Conquistadores, y otras. 3.- Otro factor que influye fuertemente en los niveles de pobreza es el actual grado de endeudamiento de los principales rubros de actividad econ�mica de la Regi�n, como la agricultura tradicional, la fruticultura, la vitivinicultura y la actividad agroindustrial. 4.- La falta de un gran compromiso de los habitantes de la Regi�n del Maule con un proceso de desarrollo regional, m�s all� de las restricciones econ�micas, administrativas, institucionales, etc�tera, en donde cada uno de los actores de la vida regional desempe�e un rol relevante. 5.- La pobreza rural se explica por el notable abandono en que se encuentran los peque�os propietarios agr�colas de la Regi�n en todo lo relativo al apoyo t�cnico y crediticio, y en los procesos y canales de comercializaci�n de sus productos. Adem�s, se observa que estos peque�os agricultores poseen una escasa capacidad empresarial. 6.- Por �ltimo, se puede explicar como causa de la pobreza en la Regi�n, la falta de desarrollo de microempresas que permitan generar empleos. En efecto, quienes intentan crear microempresas deben sortear grandes dificultades porque carecen de apoyo del mercado financiero. Adem�s, existe tambi�n una paulatina pero creciente disminuci�n del ritmo de inversi�n en el sector industrial de la zona. Pol�tica social del Gobierno Hist�ricamente, Chile ha tenido un problema de pobreza y una inequitativa distribuci�n del ingreso, situaci�n que ha sido enfocada por los distintos Gobiernos con pol�ticas sociales muy diversas. La justicia social se ha transformado en un imperativo de las autoridades del �rea social de la Administraci�n del Presidente Aylwin, permitiendo con ello enfrentar con eficacia la gran tarea de nuestro pa�s hacia el fin del siglo, la que se puede definir como el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y la superaci�n de la pobreza. El Gobierno se ha propuesto mantener las condiciones para el crecimiento econ�mico en el marco de una econom�a social de mercado; pero considera necesario reforzarla sustancialmente desde el punto de vista social. Porque si no existe un esfuerzo, una responsabilidad activa del Estado en lo social, grandes sectores quedan marginados del progreso y del desarrollo. Con ese objeto, el Gobierno ha hecho suya la responsabilidad de proveer los servicios b�sicos de salud, educaci�n, vivienda, trabajo, previsi�n y justicia a quienes no pueden acceder a ellos con sus propios medios. Junto con esto, ha mantenido y mejorado los subsidios destinados a aliviar la pobreza extrema. Sin embargo, la orientaci�n principal de su accionar ser� apoyar decididamente la iniciativa y el esfuerzo de la misma gente por crecer y surgir. El Presidente Aylwin y su Gobierno est�n comprometidos, antes que nada, con los m�s pobres. Pero ser�a crear falsas ilusiones decir que los problemas que los afectan ser�n solucionados durante estos cuatro a�os. Resolver el problema social de Chile es una tarea de todos y no solamente del Estado. Obras realizadas, gasto social e inversi�n p�blica En el actual Gobierno, en la S�ptima Regi�n del Maule, se ha ejecutado gran cantidad de obras destinadas a absorber mano de obra y lograr un mejoramiento en la calidad de vida de los maulinos. La inversi�n p�blica con fondos sectoriales en 1991 alcanzar� a 13 mil 346 millones 237 mil pesos, aproximadamente, destacando los recursos asignados a vialidad rural, con 8 mil 923 millones 789 mil pesos; vivienda, con 3 mil 143 millones 315 mil pesos, y alcantarillado y agua potable, con alrededor de 520 millones 200 mil pesos. Entre las obras m�s relevantes y significativas que se llevar�n a cabo con fondos sectoriales, destacan las siguientes: a) Vialidad rural -La construcci�n y estudio de la doble calzada en el sector Panguilemo-San Javier, incluyendo la construcci�n del puente para la doble calzada sobre el r�o Maule. -La pavimentaci�n del camino Camarico-Cumpeo, Panguilemo-Pelarco. Cabe se�alar que uno de los objetivos del Gobierno para estos cuatro a�os es unir las capitales comunales de la S�ptima Regi�n con la ruta 5 Sur por caminos pavimentados. -La ejecuci�n del proyecto de regad�o Pencahue, que permitir� incorporar al riego 12 mil 400 hect�reas del valle de Pencahue, lo que mejorar� la producci�n de los peque�os y medianos agricultores de la zona y posibilitar� en el corto plazo la creaci�n de fuentes de trabajo para absorber la mano de obra de esa vasta regi�n agr�cola. b) Vialidad urbana Se contempla la reparaci�n, pavimentaci�n y construcci�n de diferentes calles y avenidas en diversas comunas de las provincias de Talca y Curic�. Cabe destacar la pavimentaci�n de calles en la comuna de Pelarco, y la construcci�n del acceso a la Poblaci�n Hermanos Carrera, de Talca. c) Vivienda Se contempla la construcci�n de 408 viviendas b�sicas en la comuna de Constituci�n; de 262 en la Poblaci�n San Luis III, de Talca, y de 330 en el sector Santa Fe, de Curic�. d) Alcantarillado y agua potable En esta �rea se prev� el mejoramiento e instalaci�n de diversos sistemas de agua potable en las diferentes comunas de las provincias de Talca y Curic�. Entre los sectores que se beneficiar�n cabe mencionar las localidades de Romeral, Buenos Aires (en San Clemente) y el Cruce Empedrado (en Constituci�n). La inversi�n p�blica con recursos destinados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional alcanzar� en 1991 en la Regi�n del Maule a los 2 mil 677 millones 872 mil pesos. Los principales proyectos desarrollados por medio de este Fondo en las provincias de Talca y Curic� son los siguientes, seg�n las �reas que se indican: a) Salud -La construcci�n y equipamiento del consultorio general urbano de la Poblaci�n Carlos Trupp, de Talca, recientemente inaugurado por Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica. -La construcci�n y equipamiento con ambulancia del consultorio general de Rauco. -La reposici�n y equipamiento del consultorio general rural de Vichuqu�n. b) Educaci�n -La reposici�n y equipamiento de la Escuela F-16, Sector Cordillerilla, de Curic�. -La reposici�n parcial y el equipamiento de la Escuela F-320, de Curepto. c) Obras p�blicas -La reposici�n del Puente Dos Sur, sobre el estero Piduco, en la ciudad de Talca, inaugurado hace poco. -La reposici�n del puente Casablanca, en el camino Talca-Curepto. d) Agua potable -La instalaci�n del servicio de agua potable en el sector Casablanca, de Molina. El gasto social en la S�ptima Regi�n del Maule, en 1990 fue de 33 mil 686 millones 405 mil pesos. Para 1991 se espera un incremento del orden de 10 a 12 por ciento de esta cantidad. Este aumento del gasto social es consecuencia de la pol�tica implementada por el Gobierno en relaci�n con una estrategia de desarrollo con equidad que permita a los m�s pobres acceder a los beneficios del desarrollo. Entre las partidas del gasto social de la Regi�n que han aumentado con respecto a 1990 y a�os anteriores, se encuentran las siguientes: -Los fondos destinados a este tipo de gasto en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para 1991, que alcanzan a la suma de mil 945 millones 412 mil pesos, cifra superior en 100 millones de pesos a la de 1990. -Los fondos asignados al �tem "Beca Presidente de la Rep�blica", que aumentaron significativamente, ascienden en 1991 a 24 millones 725 mil pesos. -Los recursos del "Fondo de Solidaridad e Inversi�n Social" (FOSIS) para 1991, que llegan a 582 millones de pesos, se los destina al financiamiento de planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social. El gasto sectorial programado para la S�ptima Regi�n del Maule, para 1992, es de alrededor de 30 mil millones de pesos, lo que implica un considerable aumento respecto del contemplado para 1991. Las obras en que se invertir�n los porcentajes m�s altos el pr�ximo a�o son: riego, con 6 mil millones de pesos; vialidad rural, con 10 mil millones de pesos, y alcantarillado, con 9 mil millones de pesos, aproximadamente. Entre los grandes proyectos que se materializar�n en 1992 con fondos sectoriales en la Regi�n, particularmente en las provincias de Talca y Curic�, figuran los siguientes: a) Vialidad rural -La construcci�n de la doble calzada entre Teno y Panguilemo; el mejoramiento de los caminos entre San Rafael y Villa Prat, y entre Molina y Los Robles, y el de la conexi�n vial Curic�-Licant�n-Iloca. b) Riego -La construcci�n de la segunda y tercera etapas del regad�o del valle de Pencahue; la reparaci�n del sistema de canales Maule-norte; la reparaci�n definitiva del cruce Sif�n, en el sector El Milagro, en San Clemente. c) Alcantarillado y agua potable -El mejoramiento integral del sistema de alcantarillado de Talca, incluyendo obras de tratamiento de aguas; y el mejoramiento general del agua potable en las comunas de Molina, Licant�n, Teno y Curepto. d) Vivienda -Una inversi�n del orden de los 537 millones 500 mil pesos. La inversi�n p�blica por desarrollarse con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional alcanzar� a 2 mil 747 millones 643 mil pesos. La inversi�n que se materializar� en la provincia de Talca alcanzar� a 833 millones 463 mil pesos, con 34 proyectos aprobado y la de la provincia de Curic� llegar� a 808 millones 37 mil pesos, con 22 proyectos aprobados. Entre los proyectos para la provincia de Talca, est�n los que se indican: a) Comuna de Talca -La construcci�n y equipamiento de la Escuela de Formaci�n Policial de Carabineros de Chile. -La ampliaci�n y equipamiento de la Escuela F-753 de la Poblaci�n Carlos Trupp, de Talca. b) Comuna de Pelarco -La reposici�n y equipamiento de la Escuela F-724, El Manzano. -Diversos proyectos de suministro de energ�a el�ctrica. c) Comuna de R�o Claro -La construcci�n y equipamiento del Liceo. d) Comuna de San Clemente -El equipamiento de la Escuela G-266. e) Comuna de Maule -La ampliaci�n de los sistemas de agua potable, sector Chacarilla. f) Comuna de Empedrado -El mejoramiento integral del sistema de agua potable. g) Comuna de Pencahue -La capacitaci�n integral para peque�os agricultores. h) Comuna de Constituci�n -La construcci�n de la calzada en la avenida La Variante. i) Comuna de Curepto -La reposici�n y equipamiento del servicio de lavander�a del hospital. -El mejoramiento del camino entre Curepto y Put�. Entre los proyectos para la provincia de Curic� figuran: a) Comuna de Curic� -La ampliaci�n y equipamiento del centro general urbano Los Aromos. -La construcci�n y equipamiento del consultorio general urbano de Curic�. b) Comuna de Teno -La construcci�n y equipamiento con ambulancia del consultorio general rural, sector Comalle. -La ampliaci�n de salas de clases, y su mobiliario, en la Escuela D-56. c) Comuna de Molina La construcci�n y equipamiento de la Escuela E-757. d) Comuna de Sagrada Familia -La ampliaci�n del aula y equipamiento de la Escuela G-305, sector Santa Emilia. -El suministro de energ�a el�ctrica en el sector La Isla, de Villa Prat. e) Comuna de Huala�� -El mejoramiento y ampliaci�n de la red de alcantarillado de Huala��. -Construcci�n y equipamiento del servicio de lavander�a del hospital. f) Comuna de Licant�n La construcci�n de un multitaller con equipamiento y diversas reparaciones en la Escuela G-102, sector La Pesca, y la construcci�n de servicios higi�nicos y diversas reparaciones en la Escuela G-97 de Duao. g) Comuna de Rauco La construcci�n y equipamiento del internado y ampliaci�n de la Escuela F-89, de Quilpo. h) Comuna de Vichuqu�n La construcci�n de la red de alcantarillado y aguas servidas. Consideraciones Finales Se�or Presidente, estimo que el Gobierno ha enfrentado con decisi�n el problema de la superaci�n de la pobreza en la Regi�n Maule, y hasta ahora ha prove�do, dentro de sus posibilidades, los servicios b�sicos de salud, educaci�n, vivienda, obras p�blicas y otros; pero es necesario que realice un esfuerzo todav�a mayor en los pr�ximos a�os. Adem�s, considero indispensable organizar, a la mayor brevedad, un sistema de cr�dito para los trabajadores que se encuentran dentro del c�rculo de la pobreza. Igualmente, es preciso impulsar la creaci�n de microempresas por parte de quienes laboran en el sector informal de la econom�a (campesinos, pescadores artesanales, temporeros, vendedores ambulantes y otros). Hasta el momento no ha existido una institucionalidad orientada a atender sus necesidades, que derivan de las dificultades que tienen para acceder a l�neas de financiamiento, de la falta de asistencia t�cnica para evaluar sus proyectos y de la ausencia de comercializaci�n organizada de sus productos. De esta manera, se encuentran marginados de los medios que cualquier empresario necesita para su desarrollo. Pienso que una soluci�n podr�a ser la transferencia de recursos del Ministerio de Cooperaci�n y Planificaci�n Nacional (MIDEPLAN) a instituciones p�blicas y privadas, destinados a otorgar cr�ditos a los microempresarios y a establecer mecanismos de asistencia t�cnica que asesoren a los trabajadores en la organizaci�n de sus negocios. La compleja tarea de superar la pobreza no es de aquellas que deben considerarse como de exclusiva responsabilidad del Estado. En la concepci�n de una econom�a social de mercado, los empresarios y los entes productivos de una comunidad deben ser los principales agentes del desarrollo y entregar su esfuerzo y creatividad a fin de ir superando, conjuntamente con el Estado, el problema de la pobreza. La pobreza existente en la S�ptima Regi�n del Maule, trasciende la responsabilidad del Gobierno y los particulares, y se convierte en un compromiso social. Es indudable que la superaci�n de la pobreza exige la creaci�n de mayores fuentes de trabajo. Para esto se necesita invertir. Sin embargo, no es el Estado el �nico llamado a efectuar la inversi�n en actividades productivas. La empresa privada debe colaborar tambi�n ampliando las plazas de trabajo. La Regi�n del Maule necesita con urgencia incrementar su base de empresarios capaces de concretar proyectos acordes con las ventajas comparativas de la zona, especialmente en el �mbito agr�cola y agroindustrial, y generar all� ventajas competitivas que afiancen un centro de desarrollo din�mico y moderno, conforme a los requerimientos de la Regi�n y a las exigencias de los mercados internacionales. Se�or Presidente, solicito oficiar al Ministro de Planificaci�n y Cooperaci�n, se�or Sergio Molina, y al Intendente de la S�ptima Regi�n del Maule, se�or Gabriel Jim�nez Moraga, transcribi�ndoles copia �ntegra de esta intervenci�n. He dicho. -Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conformidad al Reglamento. El se�or D�AZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comit� Renovaci�n Nacional. El se�or LAGOS.- Pido la palabra. El se�or D�AZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, la verdad es que, despu�s de escuchar al Honorable colega que me antecedi�, en el uso de la palabra, me gustar�a que esa misma preocupaci�n manifestada por el Gobierno hacia la S�ptima Regi�n se hiciera extensiva a la Primera. PROBLEMAS EN PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA (PRIMERA REGI�N). OFICIO El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, una vez m�s, deseo levantar mi voz en este Honorable Senado para advertir sobre las grav�simas consecuencias que derivar�n de la incre�ble indiferencia de las autoridades frente a la preocupante situaci�n que viven las provincias de Arica y Parinacota, en las cuales se divisa en el corto plazo un colapso generalizado de sus actividades, de imprevisibles dimensiones. Para comprender en su cabal magnitud los problemas del norte grande no basta, se�ores Senadores, con la informaci�n que deriva de fr�os estudios estad�sticos. Es imprescindible mirar esta Regi�n extrema del pa�s desde una perspectiva m�ltiple, porque en Arica no s�lo hay problemas econ�micos y un conjunto de problemas sociales; existen adem�s en su realidad aspectos de car�cter antropol�gico, hist�rico y cultural que -se quiera o no reconocer- comprometen de modo directo la vida de sus habitantes, en particular, y la seguridad misma del pa�s, en general. En efecto, desde el punto de vista antropol�gico Arica es el punto de encuentro de una diversidad de etnias, cuyo proceso de integraci�n est� muy lejos de haberse completado. En tales circunstancias, Arica y, en general, todo el extremo norte del pa�s, tienen la necesidad imperiosa de dise�ar y poner en marcha audaces pol�ticas de integraci�n que consideren, por una parte, la necesidad de respetar y preservar las peculiaridades propias de los diversos grupos �tnicos que desde hace siglos habitan en estas regiones extremas, y por otra, dinamizar un proceso sostenido de unidad nacional y de integraci�n espiritual de todos estos grupos a la nacionalidad chilena. Desde una perspectiva hist�rica, Arica es un territorio heroicamente conquistado. Seguramente, habr� llamado la atenci�n a los se�ores Senadores que conocen esta Regi�n la fuerte presencia de un sano sentido nacionalista que en Arica adquiere dimensiones de real militancia, a pesar de la indiferencia del resto del pa�s, a pesar de la incomprensi�n de las autoridades, a pesar de la frialdad de los expertos en econom�a y desarrollo, cualquiera fuere su tendencia. En esta circunstancia no es exageraci�n afirmar que Arica, de una manera muy especial, sigue viviendo la guerra. Sin embargo, nuestra gente contin�a luchando para que el pabell�n nacional siga flameando en la cumbre del Morro y para que nuestros hijos y nietos, en un ininterrumpido proceso de traspaso de nuestras tradiciones de generaci�n en generaci�n, sigan amando la patria y venerando a los h�roes que transitaron de norte a sur y de cordillera a mar el �rido desierto nortino. Culturalmente, Arica est� siempre sometida a las fuertes influencias de expresiones de ese tipo que provienen de Per� y de Bolivia. Este fen�meno, de sostenida y vigorosa transculturizaci�n, obliga a sus habitantes a mantenerse siempre en estado de alerta, a fin de que el inapreciable tesoro que representa la identidad nacional -nuestra "manera de ser nacional"- no termine desapareciendo bajo la influencia cultural extranjera. En el dram�tico marco de esta lucha permanente para cautelar nuestro "modo de ser nacional", es donde se produce una multiplicidad de problemas que amenazan la vida de Arica. Y s�lo en este marco -que, por supuesto, no recoge las informaciones estad�sticas- se presentan las dificultades en su real dimensi�n: la creciente desocupaci�n y el desempleo; la ausencia cada vez m�s aguda de perspectivas para la juventud; el aumento del tr�fico y consumo de drogas, que est� destruyendo lenta y sostenidamente a un importante n�mero de personas; la crisis de nuestras actividades productivas y comerciales, y el asedio cada d�a mayor de las econom�as fronterizas. Ejemplo de esto �ltimo es la creaci�n de siete zonas francas privadas en Bolivia y de una en Tacna, lo que ha repercutido fuertemente en Arica y en el resto de la Regi�n, y respecto de lo cual no se han tomado medidas. Se echa de menos una decisi�n pol�tica del Gobierno frente a estas nuevas realidades que he se�alado y que requieren una urgente soluci�n. Lo anterior se ve agravado por el aislamiento de su hist�rica marginalidad respecto del resto del pa�s y las distancias gigantescas que la separan de los centros urbanos m�s importantes de la Rep�blica. Arica, durante los �ltimos meses, ha sido una novedosa vitrina, visitada por importantes personalidades: Senadores y Diputados, candidatos "en verde", Ministros de Estado, y hasta el propio Presidente de la Rep�blica. Pero de estas visitas no hemos logrado nada concreto. En marzo de este a�o hice entrega al Gobierno, conjuntamente con el Diputado se�or Valcarce, del trabajo titulado "Proyecto de desarrollo integral de la Primera Regi�n", para cuya elaboraci�n cont� con eficientes y serios profesionales y t�cnicos de la Regi�n. Ha pasado el tiempo y no hemos tenido respuesta alguna a esta propuesta, que contempla soluciones concretas a los problemas que estoy denunciando. La semana reci�n pasada visit� la ciudad de Arica el Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, quien se limit� a darnos consejos, en circunstancias de que la comunidad esperaba algunas proposiciones concretas que nos permitiesen resolver las dificultades rese�adas. Dicho Secretario de Estado nos dijo que la Primera Regi�n era la que exhib�a una de las menores tasas de desempleo del pa�s. Pero la informaci�n manejada por el se�or Ministro no recogi� la forma dram�tica como los arique�os disimulan estad�sticamente esta desocupaci�n, que ha llevado a no pocas personas a involucrarse en el tr�fico de drogas. No queremos para Arica que las estad�sticas muestren ocupados a cientos de personas que participan en la comercializaci�n de la droga. Ese no es un trabajo. No ser�n cesantes para los antecedentes del se�or Foxley, pero son un drama para esa ciudad. No se trata, Honorable colegas, de imputar responsabilidades ni de criticar. Ese no es el punto. Se trata, simplemente, de determinar si existe en el pa�s, y particularmente en el Gobierno, la voluntad pol�tica de confirmar la presencia soberana de Chile en estos territorios; si real y verdaderamente se desea que Arica y todas las zonas extremas del pa�s, por su importancia geopol�tica, que naturalmente deriva de su especial ubicaci�n geogr�fica, se integren plenamente, en t�rminos de igualdad, a la vida nacional. Por estas razones, pido oficiar a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica solicit�ndole que se adopten las medidas urgentes para enfrentar la dram�tica situaci�n que viven actualmente las provincias de Arica y Parinacota. Pienso que el "Proyecto de desarrollo integral de la Primera Regi�n" que entregu� al Gobierno puede ser utilizado para estos fines. Asimismo, es necesario requerir al Primer Mandatario, como medida inmediata, se ordene la agilizaci�n de los tr�mites burocr�ticos que han frenado el proceso de ejecuci�n de las inversiones p�blicas en dicha ciudad. Se�or Presidente, frente a la gravedad de mi denuncia, solicito, adem�s, que las Comisiones de Hacienda y de Defensa del Senado estudien la factibilidad de visitar la Regi�n para que analicen el problema econ�mico y geopol�tico que enfrentamos. Se�or Presidente, se�ores Senadores. Arica, como cualquier otra zona del pa�s, forma parte viva de la patria. Hoy enfrenta la m�s dif�cil situaci�n de su historia. Por un imperativo de amor a Chile, tenemos la obligaci�n de fijar nuestra atenci�n en ella. He dicho. El se�or D�AZ (Presidente accidental).- Se enviar� el oficio solicitado por Su Se�or�a, en conformidad al Reglamento. Tiene la palabra el Honorable se�or Ortiz. INTERVENCI�N DE OEA EN PA�SES LATINOAMERICANOS. OFICIOS El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, en el Honorable Senado elogiamos, hace muy poco tiempo, los resultados de la �ltima Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos (OEA), efectuada en Santiago entre el 3 y el 8 de junio de este a�o, ya que ella apareci� como un aporte sustancial para el fortalecimiento de la democracia en el continente. En dicha reuni�n, las naciones hemisf�ricas tomaron el acuerdo de actuar conjuntamente frente a la eventual existencia de un golpe de Estado que quebrantara la institucionalidad democr�tica en los pa�ses miembros, lo que, sin duda, es muy importante. Dicho acuerdo implic�, en la pr�ctica, una atenuaci�n del principio de no intervenci�n. Esto �ltimo, como es obvio, supone cautela y, al mismo tiempo, exige a la OEA gran respetabilidad moral. El reciente derrocamiento del Presidente constitucional haitiano, Jean Bertrand Aristide, result� ser una oportunidad para que ese organismo pusiera en aplicaci�n sus resoluciones adoptadas en Santiago en pos -repito- de preservar la democracia en el continente. En este caso espec�fico de Hait�, la OEA ha tenido una participaci�n importante, pues ha actuado. No voy a detallar las gestiones efectuadas por dicho organismo, porque ellas fueron debidamente informadas por todos los medios de comunicaci�n y, en consecuencia, son de p�blico conocimiento y empiezan a notarse sus efectos en ese pa�s. Lo que s� preocupa son algunas sugerencias que se han formulado en su seno y que parecen contrarias a toda prudencia. Hay quienes han llegado a proponer la intervenci�n armada en aquel pa�s, lo que, a mi juicio, ser�a sentar el m�s funesto precedente. Nada puede hacer pensar que la OEA vaya a legitimar el uso de la fuerza para u�a situaci�n como la que se vive en dicha Rep�blica. El uso de la fuerza -evidentemente con abstracci�n de la leg�tima defensa- s�lo puede ser autorizado, a nivel mundial, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en lo regional, como medida excepcional obligatoria conforme al Tratado Interamericano de Asistencia Rec�proca (TIAR). Sin embargo, en ambas situaciones es vital ser extraordinariamente cautelosos, dado que las grandes potencias pueden indebidamente presionar para llevar a cabo invasiones que legal y moralmente no se justifican. Existen sanciones diplom�ticas, pol�ticas y econ�micas. El empleo de la fuerza es s�lo para casos muy extremos. Sentar el precedente de medidas militares es abrir un peligroso camino en el continente, donde la violaci�n al principio de no intervenci�n ha producido muchos males. Por la v�a del ejemplo, puedo mencionar los sucesos de 1965 en la Rep�blica Dominicana, la invasi�n a Grenada, la invasi�n a Guatemala, que permiti� derrocar al Presidente Jacobo Arbenz, etc�tera. Todas estas invasiones se justificaron en su oportunidad por quienes usaron la fuerza en nombre de la democracia. Frente a lo ocurrido en Hait�, me parece que ha sido adecuado que Chile hubiese llamado a su Embajador en Puerto Pr�ncipe como se�al de rechazo a lo acontecido en ese pa�s; tambi�n, que se ofrezca protecci�n en nuestra sede diplom�tica al ex Canciller Sabalat. Dije que la OEA, para ejercer influencia, deb�a exhibir respetabilidad moral; esto es, aplicar en forma consecuente principios y normas. A todos nos interesa que este organismo tenga siempre el mayor de los �xitos. De suerte que mi comentario es con un criterio constructivo. Pues bien, se�or Presidente, la OEA no est� dando, en mi opini�n, muestras de conducta coherente que le otorguen esa indispensable autoridad moral, ya que ha guardado silencio frente a injustificadas invasiones o frente a una determinada dictadura, como la que existe en Cuba, por ejemplo. Como todos sabemos, ese R�gimen es una excepci�n a la democracia representativa republicana, sistema que en Am�rica ha sido consagrado por la historia desde la independencia de nuestros pueblos. El actual Gobierno de Cuba se hizo del poder para derrocar a una dictadura. Esa revoluci�n nacional, que en esa �poca produjo en muchos gran admiraci�n y adhesi�n, cay� poco a poco, y en forma constante, en el descr�dito, por sus fracasos pol�ticos y econ�micos, toda vez que el pueblo no recuper� la democracia y su econom�a es penosa, al extremo de que hay conciencia colectiva mundial de su desastrosa situaci�n. Es importante, Honorables colegas, la justa preocupaci�n de la Organizaci�n de Estados Americanos por la situaci�n de Hait�, pero alarma la notoria negligencia frente a lo que sucede en Cuba y que se arrastra por tantos a�os. �Por qu�, se�or Presidente, rigor con Hait� y complacencia con Fidel Castro? Por una raz�n: porque quienes hace a�os asumieron la causa socialista-marxista -en la que hoy pocos creen- callan ese fracaso. Hay muchos, incluso en el Parlamento, que ocultan o tratan de que se olviden sus antiguas declaraciones. Curiosamente, no recuerdan el env�o de guerrilleros cubanos a nuestro Continente, e incluso, a otros. Olvidan los suministros de armamentos que afectaron a muchos pa�ses, entre los cuales se hallaba el nuestro, como lo reconoci� expresamente Fidel Castro. Por eso afirmo que la respetabilidad moral es indispensable, y �sta desaparece cuando frente a situaciones similares o much�simo m�s graves se tiene un doble est�ndar. Con esa operaci�n de cirug�a pol�tica que es el doble est�ndar se malinforma, por ejemplo, a altos y respetables dignatarios extranjeros que vienen a Chile y que, sin estar al tanto de lo que realmente aconteci� en nuestro pa�s, se inmiscuyen en asuntos internos. Tergiversar el pasado es signo de inseguridad e incertidumbre. �Resulta c�modo negar que la actual institucionalidad democr�tica de Chile es producto de una Constituci�n propuesta a la ciudadan�a por las Fuerzas Armadas y que result� solemnemente aprobada mediante plebiscito por la voluntad mayoritaria de la naci�n! Cay� el Muro de Berl�n, pero, como ha escrito el Premio Nobel Octavio Paz, "el muro de los prejuicios resiste intacto". La incompatibilidad de Castro con los principios democr�ticos que sustentan los Estados americanos est� demostrada por sus 30 a�os de administraci�n de facto. Ahora, cuando el mundo presencia la abolici�n de los totalitarismos, Fidel Castro se resiste a aceptarlo y obstinadamente -como pudimos constatarlo en el reciente Congreso del Partido Comunista Cubano- persiste en reforzar su posici�n. Noticias recientes de M�xico informan que Castro prometi� a los Presidentes de ese pa�s, de Colombia y de Venezuela que realizar�a elecciones en Cuba y que abandonar�a el Poder si resultare derrotado. Pero, a pesar de su oferta, sigue pensando en la forma de defender la revoluci�n, aunque sea apoyado por una minor�a. Esta informaci�n apareci� publicada en los medios de comunicaci�n chilenos. �Frente a una persona que ha afirmado: "La democracia representativa es una basura", y que a�ade, jactanciosa: "Jam�s tendremos pluralismo", enfrentamos la obligaci�n de defender la democracia! La OEA debe preocuparse de la democracia no s�lo en Hait�, sino en todas partes. Resulta imprescindible ser solidarios con quienes luchan por la libertad en los Estados donde existen dictaduras y con quienes han impedido la entronizaci�n de Gobiernos que ten�an claros prop�sitos totalitarios, como ocurri� en Chile. Pareciera, Honorables colegas, que la fatal obstinaci�n de Fidel Castro por permanecer en el Poder obedece a su temor de carecer de un lugar de protecci�n. Si �se fuese el problema de Fidel, �por qu� no ayudamos a la instauraci�n de la democracia en Cuba ofreci�ndole asilo en nuestro suelo? Llegar�a a un pa�s que impidi� la implantaci�n de un sistema que tanto dolor ha significado al pueblo cubano. Se hace necesario encontrar soluciones para preservar la paz y el sistema democr�tico tanto en Cuba como en Hait�. No hagamos distingos frente a hechos similares, ya que ambos pueblos tienen derecho a vivir en libertad. Se�or Presidente, hagamos saber a los Poderes Legislativos de Am�rica Latina nuestra preocupaci�n por la situaci�n de Cuba y de Hait�. Dirij�monos a la Organizaci�n de Estados Americanos para solicitarle una misma conducta en el caso de ambos pa�ses, ya que, de lo contrario, sus acuerdos se convierten en poco eficaces, por la falta de equidad. El pueblo cubano necesita la adhesi�n latinoamericana y recibir expresiones de simpat�a a sus anhelos de autodeterminaci�n. Lamentablemente, la reuni�n interparlamentaria mundial celebrada recientemente en nuestro pa�s no exigi� democracia para Cuba. Hubo, yo dir�a, una gran omisi�n, en la que en esta Sala no podemos caer. En el Senado -no lo dudo- estamos junto a los pueblos de Cuba y de Hait�, y apoyamos sus esperanzas de democratizaci�n. Resulta indispensable que efectuemos un llamado a los Parlamentos del Hemisferio, a fin de que tambi�n manifiesten su satisfacci�n ante la noticia de que el pueblo de Cuba podr� dar a conocer su decisi�n pol�tica mediante elecciones. Si �stas son serias, permitir�n la constituci�n de un Gobierno representativo, como ha ocurrido en Europa del Este. Esperamos que el anuncio de Castro sea una realidad en el corto plazo. El Hemisferio deber� velar porque dichas votaciones sean libres y cuenten con la participaci�n de todas las corrientes de opini�n. M�s all� de esos aspectos, m�s all� de la legitimidad fundada en el sufragio libre, universal, secreto e informado, la comunidad interamericana debiera exigir que se satisfagan otras condiciones como la vigencia de las libertades y de los derechos colectivos e individuales, del pluralismo y del respeto absoluto a las personas y a los partidos pol�ticos que, sin lugar a dudas, surgir�n. S�lo as� Cuba recuperar� la democracia. Cuando Fidel Castro asumi� su propia defensa en el juicio a que fue sometido en 1953 por el asalto al Cuartel Moncada, pronunci� sus famosas y tan difundidas palabras "La historia me absolver�". Sin embargo, si el Presidente cubano impide que los comicios prometidos sean supervigilados por observadores internacionales y que la Oposici�n tenga garant�as, acontecer� que ni la historia, ni nadie, lo va a absolver. Es hora de autocr�tica para Castro, a no ser que quiera vivir la ca�da de su Revoluci�n y de su Gobierno, ya que, sin duda, es un hecho futuro y cierto el t�rmino de esa dictadura en muy corto tiempo m�s. Solicito, se�or Presidente, que se env�e copia de mi intervenci�n al representante de la Organizaci�n de Estados Americanos en Chile y a los Parlamentos de Latinoam�rica. He dicho. -Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or D�AZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Lagos en el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional. PROBLEMAS DE TRANSPORTISTAS EN ARICA. OFICIO El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, recientemente sostuve una prolongada reuni�n con los representantes del transporte internacional de la ciudad de Arica, en especial con los dirigentes y socios de los sindicatos que cubren el transporte de pasajeros a Tacna, quienes me narraron la serie de inconvenientes que deben enfrentar en el desempe�o de su cometido, que paso a detallar: 1) Aplicaci�n de peaje en el Complejo Santa Rosa (Per�). El 16 de octubre �ltimo, el Alcalde de Tacna reajust� el valor del peaje en 25 por ciento, de forma que, a la fecha, los precios del viaje de ida y vuelta a esa ciudad son de 10 mil intis (3.700 pesos) en bus y de 3 mil intis (1.200 pesos) en taxi. Cada pa�s es soberano en la aplicaci�n de sus leyes y normativas, pero, evidentemente, ello es as� mientras no lesione los intereses de otro Estado. Se debe considerar, encima, que Chile no cobra tributo alguno, y que respeta en forma irrestricta el esp�ritu del convenio de "reciprocidad" firmado con el Per�. 2) Creaci�n de Secretar�a Provincial de Transportes. Es imprescindible e impostergable, por el diario aumento de los medios de transporte en Arica, la creaci�n de la Secretar�a Provincial de Transportes. As�, las autoridades, observando directamente los problemas, podr�an reglamentar con oportunidad y dar soluciones adecuadas en el terreno mismo. 3) Funcionamiento de Subcomisi�n Mixta de Cooperaci�n Fronteriza. A fin de cautelar el buen funcionamiento del convenio bilateral suscrito con el Per�, as� como su aplicaci�n, es necesario que se active la Subcomisi�n Mixta de Cooperaci�n Fronteriza. 4) No exigencia de antig�edad en veh�culos. Es preciso que las autoridades del Ministerio de Transportes dispongan la modificaci�n del art�culo 3� del decreto supremo N� 1, a fin de que los due�os tanto de buses como de taxibuses puedan solicitar los beneficios que importa la no exigencia va a la antig�edad de los mismos. 5) Renovaci�n de m�quinas. Se necesita que las autoridades del Ministerio aludido dispongan, tambi�n, la modificaci�n del art�culo 2� del decreto supremo N� 1, de modo que los due�os de los taxis internacionales puedan renovar sus m�quinas sin que �stas deban, necesariamente, ser "cero kil�metro". Ello, en atenci�n a que a la Zona Franca de Iquique llegan veh�culos norteamericanos en muy buen estado. 6) Aplicaci�n de art�culo 17 de decreto supremo N� 128. Se solicita que se norme la aplicaci�n del art�culo 17 del decreto supremo N� 128, ya que actualmente, al comercializarse los cupos, se est� haciendo mal uso de la prerrogativa concedida. 7) Sobredimensi�n del parque. Teniendo en cuenta que el parque est� sobredimensionado, se solicita el estudio una eventual reducci�n de los cupos. 8) Usuarios de este servicio internacional. Debe destacarse que, de 100 pasajeros que usan este servicio internacional, 90 son peruanos. Se�or Presidente, en atenci�n a la gravedad de los problemas rese�ados, agradecer� la transcripci�n �ntegra de esta exposici�n al se�or Ministro de Transportes -y Telecomunicaciones, solicit�ndole su consideraci�n y resoluci�n favorable al respecto; y, adem�s, que se sirva disponer que un funcionario experto en estos temas, en conjunto con el Secretario Regional Ministerial, cuya sede est� en Iquique, se traslade a la ciudad de Arica, a fin de que conversen directamente con los directivos de las l�neas internacionales del recorrido Arica-Tacna para buscar soluciones pr�cticas y efectivas que constituyan una adecuada defensa de los derechos y expectativas de ese sector. He dicho. -Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or D�AZ (Presidente accidental). - Restan cuatro minutos al Comit� Renovaci�n Nacional. Tiene la palabra el Honorable se�or Ortiz. HOMENAJE A SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NI�O LISIADO, A FUNDACI�N TELET�N Y A DON MARIO KREUTZBERGER El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, envi� una carta al se�or Presidente del Senado, don Gabriel Vald�s, acerca del tema que me ocupa, pero deseo pedir a Su Se�or�a que vea la manera de que la propuesta que he formulado constituya algo de toda la Corporaci�n. El Senador que habla desea rendir -originalmente, se hab�a fijado para tal efecto el d�a 27 de este mes- un homenaje a la Sociedad Pro Ayuda del Ni�o Lisiado, a la Fundaci�n Telet�n y a su m�ximo gestor, don Mario Kreutzberger. Sin embargo, pienso que, por su naturaleza, ello debe rebasar los colores pol�ticos y las personas. Me permito sugerir que se cambie la fecha para el d�a 4 de diciembre, si la Mesa lo estima pertinente. Creo, adem�s, que don Mario Kreutzberger tiene sobradamente merecida una condecoraci�n "Senado de la Rep�blica". Ruego al se�or Presidente accidental que converse respecto de este planteamiento con la Presidencia, la Vicepresidencia y los Comit�s de la Corporaci�n, a fin de que el homenaje del d�a mi�rcoles 4 de diciembre sea la expresi�n del Senado. El se�or D�AZ (Presidente accidental).- Se obrar� de acuerdo a lo solicitado, se�or Senador. Me parece que la petici�n es l�gica, y, naturalmente, se har�n las consultas que corresponda. No habiendo otro Senador que desee intervenir, se levanta la sesi�n. -Se levant� a las 15:8. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n