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- rdf:value = " CESE DE VIOLENCIA Y RESTABLECIMIENTO DE PAZ SOCIAL
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente.
El país vive una emergencia
Chile vive una situación grave como consecuencia del alarmante incremento de la violencia delictual y terrorista. Este fenómeno se torna aun más serio en los grandes centros urbanos, cuya población ve deteriorarse su calidad de vida por la inseguridad que afecta a barrios, calles y poblaciones. El mismo fenómeno empieza ya a hacerse presente en los campos.
A los continuos asaltos y robos a domicilios particulares, empresas y establecimientos comerciales, se suman ataques armados con frecuentes consecuencias de lesiones o muerte. Los actos de violencia delictual cobran modalidades e intensidad no conocidas anteriormente en nuestro país.
Innecesario sería abundar más en sus múltiples manifestaciones -que todos conocemos-, que incluso costaron la vida a un inolvidable colega.
La violencia, sea política o delictual, se asemeja a una espiral: en constante movimiento, su control se hace cada vez más difícil en la medida en que no se logre contrarrestarla.
El combate eficaz del violentismo es tarea que corresponde, prioritariamente, a la autoridad política, al Gobierno. Por definición, quien tiene la responsabilidad de velar por el interés colectivo es, asimismo, quien debe preservar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y crear las condiciones para un mínimo de paz social.
Sé bien cuan inmensamente difícil es dar satisfacción suficiente a los deberes correspondientes. Pero la dificultad debe ser un estímulo; nunca una excusa.
Lamentablemente, la actual Administración no ha tenido éxito en sus iniciativas para superar el problema delictual y terrorista. Es más: no pocas de sus acciones se orientan en la dirección exactamente contraria a la que la comunidad nacional, en las actuales circunstancias, puede esperar de sus autoridades. Es el caso de los esfuerzos por promover las más pronta liberación de personas juzgadas por hechos violentistas y delictuales, aplicando a éstos, indiscriminadamente, la calificación de "políticos". Es el caso de la insuficiente relevancia que parece asignarse a las frecuentes fugas desde recintos penales. Es el caso de la demora en promulgar disposiciones legales, aprobadas por el Parlamento, para dar más eficacia a la acción de los organismos policiales, que contradice el respaldo que el Régimen dice asignar a esas instituciones . Es el caso de la contradicción entre imputar al pasado Gobierno una supuesta despreocupación por el gasto en materias de orden y seguridad, al mismo tiempo que, precisamente, se cuestionan los presupuestos de las Instituciones Armadas y de Orden, pese a que la violencia delictual ha aumentado y, con ello, las necesidades presupuestarias para combatirla.
Al representar lo anterior no es mi propósito formular sólo una crítica política. Ésta es inevitable ante los resultados observados. Pero, más allá de ella, la situación que vive hoy el país en esta materia constituye una grave emergencia que compromete nuestra estabilidad institucional, las vidas de muchos compatriotas y nuestra supervivencia misma como sociedad civilizada.
Por desgracia, hasta ahora la autoridad ha fracasado en dar solución al problema. Sin embargo, este fracaso no es de aquellos que puedan favorecer a sector político alguno: es un fracaso que sólo aprovecha el violentismo, porque el agravamiento de éste alcanza a todo el país, tanto al Gobierno como a la Oposición.
Por eso, creo que ésta no es sólo hora de críticas, sino, también, de aportes.
Que cese la violencia: una tarea nacional
Lograr el término de la violencia es, por cierto, una labor del Gobierno, pero, también, y en no menor medida, una gran tarea nacional. Aún es tiempo de poner atajo a la violencia delictual y terrorista mediante la acción conjunta y coordinada de las autoridades, de los partidos políticos, de las instituciones policiales y de seguridad pública, del Poder Judicial , de las instituciones religiosas y espirituales y de la comunidad entera.
Tal misión es urgente, urgentísima; está por encima de diferencias de cualquier otro orden, y su meta apremiante es restablecer la paz social. Si fracasa, pueden producirse consecuencias imprevisibles en nuestra patria.
Frente a esta misión, creo ver ciertos deberes impostergables que competen especialmente a quienes ejercen responsabilidades en diversos ámbitos.
No dudo de que, además de las que señalaré, existen otras iniciativas que podrán sumarse a ellas, para complementarlas y perfeccionarlas, las que serán siempre bienvenidas en cuanto contribuyan al propósito que nos ocupa y generen un debate elevado en torno a un problema que, como chilenos, nos afecta sin excepción.
A continuación, enumeraré brevemente las acciones que estimo indispensables para alcanzar el referido objetivo de la paz social:
1°.- Definir una política nacional para enfrentar la violencia, que englobe con altura las iniciativas que la Oposición propone. Esto puede parecer poco realista, pero no lo es. Cabe recordar que, en días recientes, el vicepresidente de un partido de la actual Concertación ha formulado a este respecto planteamientos que, a mi juicio, no sólo son objetivos, realizables y dignos de detenida consideración, sino que, además, se aproximan significativamente a las posiciones largamente sostenidas por la actual Oposición.
2o.- Dar señales claras y resueltas de la disposición de todos los Poderes Públicos para combatir la delincuencia. Esto supone dejar de favorecer con indultos y otros beneficios a personas de alta peligrosidad involucradas en hechos de violencia.
3o.- Impulsar las iniciativas legislativas destinadas a frenar la escalada delictual, procediendo a poner en vigencia cuanto antes toda la normativa ya aprobada en esa materia.
4o.- Dotar de medios adecuados a los organismos de inteligencia e información creados por el actual Gobierno, acelerando los incrementos presupuestarios que hayan de otorgarse para este efecto a Carabineros e Investigaciones. Ello supone reconocer el hecho evidente de que esas entidades están enfrentando una realidad delictual distinta y muy grave.
5o.- Asumir una actitud responsable y realista respecto de los hechos de violencia. Es inútil y contraproducente minimizar la gravedad de los mismos. Las meras condenas verbales son justas y debidas, pero ellas no equivalen a acciones concretas.
Frente a estas tareas, aparecen, en mi opinión, responsabilidades, y, también, responsables, sobre los que aquéllas deben recaer de manera especial, si bien no exclusiva.
Tareas que corresponden a los partidos políticos
A éstos compete:
1o.- Colaborar con las autoridades de Gobierno en la aplicación de la política nacional que éste fije para combatir la violencia, respaldando las iniciativas legales que se presenten para alcanzar tal objetivo.
2o.- Revisar el debilitamiento experimentado por algunas normas legales, particularmente las relativas a la penalidad de los delitos vinculados a acciones violentas.
3o.- Establecer un amplio acuerdo político destinado a fortalecer la acción de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, evitando el cuestionamiento político de las iniciativas que estas instituciones desarrollan para combatir la delincuencia y el terrorismo.
4°.- Ejercer efectivamente el poder de convocatoria que cada partido tenga, para conseguir el más amplio respaldo de la comunidad a las medidas propuestas.
Tareas que corresponden a las instituciones policiales y de seguridad pública
1°.- Perseverar en el esforzado cumplimiento del deber que les imponen la Constitución y las leyes de la República en cuanto a velar por la tranquilidad ciudadana, mantener el orden público y combatir la delincuencia. Para ello, desarrollar todas aquellas iniciativas preventivas y disuasivas que la situación aconseje, contando con el claro respaldo de las autoridades, de los Poderes Públicos y de toda la comunidad nacional.
2o.- Intensificar -como se ha comenzado a hacer últimamente- los operativos preventivos y de control, que constituyen un medio adecuado para aumentar la presencia policial en las vías públicas y en las poblaciones.
3o.- Mejorar la coordinación institucional entre Carabineros e Investigaciones.
4o.- Establecer mecanismos expeditos y seguros para recibir la información de que pueda disponer la ciudadanía para facilitar la acción policial.
5o.- Acrecentar la política institucional en cuanto a que los nuevos efectivos de Carabineros e Investigaciones cumplan tareas esencialmente policiales, antes que sólo administrativas o de servicios anexos.
Tareas que corresponden al Poder Judicial
1o.- Aplicar con la mayor severidad, en el marco de las disposiciones legales vigentes, las penas que correspondan a los delitos contra las personas.
2o.- Aprovechar la extraordinaria experiencia de los integrantes de ese Poder del Estado para permitir que sugieran las reformas que estimen convenientes, destinadas a procesar y sancionar de modo rápido dichos delitos,
3o.- Aplicar restrictivamente las facultades que la ley concede a los jueces para disponer la libertad provisional de personas vinculadas a hechos de violencia, en resguardo de la tranquilidad ciudadana y de la seguridad de las víctimas que denuncien estos hechos. Lo anterior, por lo menos, mientras se mantenga la situación que afecta actualmente al país en esta materia.
4°.- Estudiar y aplicar nuevas modalidades de atención en los tribunales para que, aun con los limitados medios humanos y materiales disponibles, no se inhiba a las víctimas que deben denunciar o ratificar estos delitos, a resultas de la enorme pérdida de tiempo que implican esos trámites.
5o.- Presentar a la mayor brevedad las proposiciones concretas de aumento del número de tribunales u otras iniciativas que, a juicio del Poder Judicial , sean necesarias para mejorar substancialmente la administración de justicia.
Tareas que corresponden a las instituciones religiosas y espirituales y a la comunidad
1o.- Contribuir a crear conciencia -especialmente entre los sectores juveniles- de que el problema de la violencia es de orden moral.
2o.- Respaldar las acciones preventivas y disuasivas que, inevitablemente, deberán adoptar las instituciones policiales, en el marco de la legislación vigente, para controlar el incremento delictual.
3o.- Acrecentar la preocupación de las familias, los educadores y formadores por la correcta orientación de niños y jóvenes, interesándolos en el cultivo de valores morales y espirituales que los alejen de doctrinas que promuevan o acepten el uso de la violencia como medio lícito.
4o.- Colaborar responsablemente con las autoridades para sugerirles iniciativas específicas destinadas a afrontar la ola delictual que afecta a Chile, entre las cuales deben considerarse políticas que tengan como objetivo superar los actuales niveles de cesantía e incentivar la ocupación del tiempo libre por parte de la juventud.
5o.- Promover en las organizaciones religiosas y comunitarias un profundo debate sobre este fenómeno, que alcanza inéditamente a nuestro país, centrando el análisis en la identificación de los medios para ponerle término.
Frente a tales necesidades y a las proposiciones expuestas, y sin perjuicio de nuestra responsabilidad como legisladores, debemos y queremos comprometer nuestra resuelta colaboración y nuestro más amplio respaldo a cuanto se emprenda en busca de la paz social.
He dicho, señor Presidente.
Solicito que mis palabras sean transcritas tanto al señor Ministro del Interior como al de Defensa Nacional.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios, en nombre de Su Señoría, en conformidad al Reglamento.
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