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El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre reajuste de asignaciones familiar y maternal, subsidio familiar y pensiones que indica, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 9 de julio de 1991.
Informes de Comisión: Hacienda y Trabajo, sesión 19ª, en 17 de julio de 1991.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La Comisión de Trabajo y Previsión Social propone aprobar la iniciativa de la Cámara de Diputados con diversas modificaciones.
Por su parte, la Comisión de Hacienda propone la aprobación del proyecto en los mismos términos en que lo hizo la de Trabajo y Previsión Social.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
El señor HORMAZÁBAL.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Hará uso de la palabra, señor Ministro ?
El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-
Se la cedo al Senador señor Hormazábal.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente, por resolución de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estimamos oportuno hacer una relación del informe recaído en el proyecto del Ejecutivo que reajusta las asignaciones familiar y maternal, los subsidios familiares y las pensiones que indica.
La referida Comisión, en primer lugar, determinó agradecer al Gobierno -particularmente al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social- la deferencia que tuvo al acceder a calificar este proyecto de "Simple Urgencia", con el objeto de que el Senado pudiera efectuar un análisis exhaustivo y de escuchar a las distintas partes involucradas. Y dadas las facultades que tiene el Ejecutivo para fijar las urgencias, se pudo cambiar la calificación.
Asimismo, deseo destacar que las Comisiones pudieron cumplir en forma cabal con su cometido, ya que del proyecto se dio cuenta en la Sala el 4 de julio del presente año, y ha sido debidamente despachado tanto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social como por la de Hacienda.
Adicionalmente, deseo agradecer la concurrencia a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social; del señor Martín Manterola, Subsecretario de Previsión Social; del Superintendente de Seguridad Social, señor Luis Orlandini, y de la señora jefa del Departamento Actuarial de esa Superintendencia, doña Eliana Quiroga, quienes concurrieron a entregarnos los antecedentes técnicos para el adecuado examen del proyecto.
Los integrantes de la Comisión tuvimos presentes las opiniones que entregaron verbalmente y por escrito representantes de distintas asociaciones de pensionados, entre ellas, de la Asociación de Pensionados Bancarios, de la UNAP y de la Asociación de Jubilados de Correos y Telégrafos, como también las opiniones de delegados de diferentes organizaciones sindicales, a quienes también invitamos a participar, para que manifestaran su opinión sobre la materia.
En segundo lugar, quiero hacer presente que la Comisión analizó exhaustivamente un tema incorporado por la Cámara de Disputados, respecto del cual discrepamos unánimemente, en el sentido de dar a este proyecto el tratamiento de ley común. Después de conocer un informe muy acucioso preparado por el Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señor José Luis Alliende, se estableció que, en la medida en que la iniciativa regula precisamente elementos relativos a la seguridad social, se trata -conforme al artículo 19, N° 18°, de la Constitución Política-, de normas de quórum calificado.
No deseo agotar al Honorable Senado respecto de los antecedentes jurídicos, que se exponen debidamente en el informe de la Comisión. Por lo tanto, al margen de señalar que ése fue el criterio unánime, entraré concretamente al análisis del proyecto mismo.
En el Mensaje del Ejecutivo se establece que con el aumento de las prestaciones de seguridad social se pretende dar justicia a sectores bastante marginados de la sociedad chilena, pero con un criterio de seriedad y de responsabilidad, como ha sido la política aplicada por el Supremo Gobierno. Para ello, utilizará los recursos generados por la reforma tributaria, aprobada casi en forma unánime por las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
Quisiera señalar que este proyecto constituye una segunda etapa de la iniciativa aprobada el año pasado -la ley N° 18.987- que estableció un primer ajuste de las asignaciones familiares y maternales y del subsidio familiar y otorgó un aumento del 10,6 por ciento a las pensiones mínimas y asistenciales que habían sido marginadas, junto a la totalidad de los pensionados, de los beneficios de un reajuste por el mismo monto en relación a las pensiones vigentes al 30 de abril de 1985.
La presente iniciativa establece un criterio muy importante, por cuanto mantiene la idea de focalizar objetivamente el subsidio que entrega el Estado a los sectores más modestos, como es el caso de las asignaciones familiares. Por ello, manteniendo la idea básica consagrada en el proyecto primitivo, se establecen tres tramos para el pago de dicha asignación. Es así como en esta ocasión sólo se reajustan los tramos A y B de los sectores de más bajos ingresos, manteniendo en 552 pesos la asignación para las remuneraciones que superan los montos que oportunamente informaremos.
En materia de subsidio único familiar, el proyecto no varió el criterio de asimilarlo al valor máximo de la asignación familiar, por el carácter focalizado que tiene para los sectores de menores ingresos del país, favorecidos en esta ocasión para acceder al beneficio del subsidio familiar.
Se establece también, en las condiciones que señalaré más adelante, un reajuste del 10.6 por ciento para ciertos pensionados, el que -como he señalado- corresponde al porcentaje que no se les canceló en 1985.
El Gobierno estimó relevante insistir, por intermedio de la exposición del señor Ministro del Trabajo , en que este proyecto resurgía gracias a su esfuerzo continuado por favorecer los entendimientos entre las distintas partes involucradas en el acontecer social. Por ello, destaca que estas materias fueron abordadas en discusiones sostenidas con la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación de la Producción y del Comercio y la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana y Pequeña Industria, Servicios y Artesanado (CONUPIA), lo cual ha permitido entregar una señal más de la necesidad de concertación indispensable para un desarrollo equilibrado y equitativo en el país.
Cabe recordar que a partir de las modificaciones introducidas durante el Régimen anterior las asignaciones familiares se financian exclusivamente con fondos del Estado. Ya no existen aportes especiales del sector patronal, como antaño.
El incremento que se establece en los distintos tramos de la asignación familiar se basa en la variación experimentada por el índice de precios al consumidor durante el año, redondeándose al 25 por ciento el 24.7 por ciento determinado para los doce meses que rigen entre un proyecto y otro.
Adicionalmente, se reajustan en un 10,6 por ciento las pensiones inferiores a 80 mil pesos mensuales -correspondientes al segundo tramo que el Gobierno ha estimado pertinente beneficiar en esta primera etapa-, con lo cual al 1o de julio en curso el 90 por ciento de los pensionados habrá recuperado completamente el 10,6 por ciento que les fue negado en su oportunidad. El 10 por ciento restante, es decir, el que comprende a quienes ganan más de 80 mil pesos, dice relación a 132 mil personas, las que, de acuerdo con la proposición del Ejecutivo , recibirán el reajuste a partir del año 1992. Esta gradualidad, según la explicación del Gobierno, obedece a la misma opción adoptada respecto de las asignaciones familiares en el sentido de preferir a quienes se encuentran en un mayor estado de necesidad, estimándose que son los pensionados que reciben montos más bajos.
Luego de una discusión general bastante acuciosa y muy enriquecida por los aportes a que me referí anteriormente, los integrantes de la Comisión hicimos observaciones sobre materias relacionadas con el proyecto. Entre ellas, el Honorable señor Thayer planteó algunas dudas acerca de la forma de administrar el sistema, en lo atinente a los tramos, las cuales fueron resueltas por el Ejecutivo , dado que no existían antecedentes que probaran un entorpecimiento manifiesto sobre el particular.
El mismo señor Senador, junto con los Honorables señores Ruiz , Calderón , Pérez , Diez y Piñera -este último también participó en algunas de las sesiones-, formularon sugerencias respecto del modo de enfocar en mejor forma el concepto de asignación familiar y de perfeccionar la legislación, un tanto atrasada en relación con los cambios introducidos.
El Supremo Gobierno aceptó modificar el decreto con fuerza de ley N° 150 en lo referente a los beneficiarios de la asignación familiar, y particularmente su artículo 5o, en virtud del cual las personas que ganan más de un determinado monto no tienen derecho a ella. Lo anterior ya estaba en jaque al aprobarse el año pasado en la Comisión de Trabajo una indicación que presentamos varios señores Senadores en el sentido de que las personas que durante 90 días en un año calendario desempeñen labores de temporada continuarán percibiendo la asignación familiar para todos los efectos legales, incluida la percepción de los montos establecidos.
El Gobierno tuvo presentes en esa oportunidad situaciones tan importantes como la de las trabajadoras por cuenta propia que lavan ropa ajena en su hogar, por ejemplo, o la de los muchachos que ayudan en los supermercados, al igual que una serie de otras actividades que se han ido generando, en las cuales las personas son causantes de asignación familiar y, sin embargo, obtienen remuneraciones que la superan.
Se planteaba un hecho, entonces, que a los legisladores nos preocupaba, porque la ley tiene que surtir, además, un efecto pedagógico. Y si ocurre que en la práctica los chilenos se veían obligados a infringirla, ya que por la naturaleza propia de sus actividades estaban percibiendo ingresos superiores a los montos máximos fijados en el decreto con fuerza de ley citado, obviamente se empezaba a conformar un cuadro en el que la norma legal no era precisamente el ámbito de proyección de los derechos de las personas, sino que se convertía en un obstáculo que era necesario burlar. Y cuando comienza a generarse la pedagogía de la burla de la ley, es la sociedad democrática en su conjunto la que se resiente.
El concepto de la Comisión de Trabajo fue recogido por el Gobierno, el que introdujo un nuevo artículo en el debate del proyecto para permitir un justo equilibrio en esta materia, disponiéndose que el límite de la asignación familiar se encuentra, por un lado, en estos montos de cualquier naturaleza que se pueden percibir durante los 90 días del año calendario y, por otro, en la mitad de un ingreso mínimo. Éstos son los elementos de referencia que se han establecido para iniciar una aproximación al proceso de modernizar un aspecto tan especializado de la legislación de que se trata.
Por otra parte, la Comisión tuvo en cuenta que, por la fijación de los tramos, existe el riesgo de que algunas personas se ubiquen en uno distinto. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio en que uno de los cónyuges gana una renta superior podría producirse una distorsión, ya que rige la opción de que la carga quede registrada por cualquiera de ellos. Sin embargo, estamos conscientes de que lo anterior no afecta a los fundamentos del tramo ni el sentido básico de la focalización del respectivo ingreso.
Ahora bien, como el Gobierno considera -y la Comisión de Trabajo lo comparte- que el subsidio y la asignación familiares tienen un componente redistributivo esencial, ha planteado su visión relativa a la recuperación de su valor real. Sobre el particular, ha señalado un criterio que también ha anunciado en sus conversaciones con los trabajadores y los empresarios, en cuanto al tratamiento, por ejemplo, del ingreso mínimo, en cuyo monto deberán tenerse presentes los aumentos de productividad que se generen en la economía chilena. El espíritu es el de que las asignaciones familiares y los subsidios en lo posible se mantengan en un valor real -repito-, a fin de ayudar a las familias de más bajos ingresos. En la medida en que con la modificación del Ejecutivo la asignación para el tramo más bajo -o sea, hasta 63 mil pesos- queda en mil 370 pesos, alguien con tres cargas familiares estaría recibiendo, por este solo concepto, más de un 12 por ciento del ingreso mínimo actualmente establecido. Esto configura un elemento de mucha relevancia para los sectores de bajos ingresos, que en nuestra sociedad, desgraciadamente, abundan.
Durante el estudio del proyecto manifestamos que nos parecía prudente que el Gobierno analizara fórmulas alternativas. A sabiendas de que éste ha enfocado con seriedad las medidas que se plantean, se fijaron los recursos que deberían estar disponibles para un gasto de esta naturaleza, y los antecedentes proporcionados nos permitieron ponderar lo siguiente. En el primer tramo, correspondiente a los beneficiarios cuyas asignaciones familiares subirían de mil 100 a mil 370 pesos, se encuentran 2 millones de cargas familiares, o sea, casi el 50 por ciento de los beneficiarios de todo el país, en tanto que en el segundo, en el cual el aumento es de 800 a mil pesos, hay 500 mil cargas, y en el tercero, en el que se mantiene la cantidad de 552 pesos, se incluye a un millón 600 mil personas.
La Comisión estimó que sería útil que el Gobierno, que tiene la iniciativa exclusiva, por cierto, en este tipo de materias, considerara una idea respecto de dos factores que en su oportunidad hicimos presentes. El primero consiste en que el Ejecutivo , recordando una iniciativa que el año pasado fue suscrita por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estudie la posibilidad de eliminar, lisa y llanamente, la asignación familiar en los tramos de ingresos superiores a los 300 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Porque en esta cifra el factor de 552 pesos constituye un elemento absolutamente marginal, desde el punto de vista del propósito que se persigue y porque, además, es algo que no se concilia con la concepción del subsidio focalizado en las personas que se encuentran en situación de extrema necesidad.
Los partidos y los sectores independientes representados en la Comisión acordaron, por unanimidad, comunicar al Gobierno que tal medida no afectaba un derecho constitucional. En efecto, el subsidio se refiere a otro ámbito: la regulación de elementos de seguridad social, materia respecto de la cual tanto el Congreso como el Ejecutivo cuentan con facultades. Este punto de vista no implica perjudicar a otros sectores de la sociedad chilena, naturalmente, a los que la Comisión no considera privilegiados por obtener rentas superiores a los 300 mil pesos, sino que se relaciona con una expresión de solidaridad, en cuanto al concepto que la sociedad chilena va desarrollando hoy, cuando este subsidio es financiado sólo con fondos públicos, a fin de que éste sea focalizado en los sectores de más bajos ingresos.
Según nuestros antecedentes en cuanto a los promedios alcanzados por las asignaciones familiares en los tramos altos, a mayor número de ingresos la estadística muestra que hay menor número de cargas familiares en tanto que éstas son más en el ámbito de los sectores populares.
Por eso, pensábamos que ningún estamento de la sociedad chilena podría aparecer tratado marginalmente, con encono o con odiosidad, si se precisa en forma cuál es el sentido del planteamiento -insisto en que fue acordado unánimemente por todos los partidos y sectores independientes representados en la Comisión- de destinar dichos recursos a un fondo común que incrementara el valor de las asignaciones familiares en el medio referido.
El Ejecutivo tomó nota de la proposición, pero hasta el momento no conocemos una respuesta definitiva. Aprovechando la presencia del señor Ministro de Hacienda , me permito sugerirle que no desaproveche este amplio consenso, que se da tanto en el país como en esta Corporación, como un estímulo adicional para su política de focalización del gasto público con la finalidad mencionada.
Estudiamos, asimismo, algunas ideas que permitieran a un sector muy relevante de la sociedad chilena, ubicado en los tramos de rentas superiores a los 63 mil pesos, tener derecho a una asignación familiar más estable y alta. Incluso, en la Comisión hicimos un ejercicio: si al volumen total de recursos estatales disponibles para estos efectos se sumaran los provenientes de involucrar a las 500 mil personas en el tramo b), se necesitaría sólo una reducción de 58 pesos en el monto fijado en el caso de las comprendidas en el tramo a), que ascienden a 2 millones, para que la asignación que recibieran quedase en mil 312 pesos. Sobre la base de que adicionalmente, de acuerdo con nuestra proposición, se liberaran los fondos que he señalado en el caso de quienes ganan rentas superiores a 300 mil pesos, podría perfectamente el Ejecutivo -insisto en que la Comisión comparte su visión general acerca de la forma como debe focalizarse este gasto- redistribuir más apropiadamente los recursos del Estado, para favorecer a un número muy importante de chilenos.
De todos modos, mientras el Ejecutivo procedía a la evaluación respectiva, en la Comisión estimamos pertinente aprobar tanto en general como en particular los elementos consignados en el texto, sin perjuicio de hacer presente al Gobierno, una vez más, lo que consideramos un factor relevante.
En segundo término analizamos la situación de las pensiones. Al respecto, debo señalar que sólo se excluye de la devolución del 10,6 por ciento -los detalles, en todo caso, se encuentran tanto en el Mensaje como en el informe-, a los sectores que ya lo recibieron oportunamente el año recién pasado. Y el porcentaje de chilenos que se integra a esta nueva etapa permite alcanzar la cifra que mencioné denantes del 90 por ciento de los pensionados con derecho a esta reparación.
Asimismo, la Comisión -que valora altamente la decisión del Gobierno de dar una respuesta oportuna a este estamento de la sociedad chilena- hizo presentes algunas observaciones para que el Ejecutivo las considerara, ya que la respuesta sería importante para nosotros.
Por un lado, se estableció como alternativa la de aplicar un reajuste a todos los pensionados, con el tope fijado por el Ejecutivo , es decir, hasta 80 mil pesos, de modo que quienes ganen esta cantidad o más pudieran tener derecho al 10,6 por ciento, y una segunda proposición, por el otro, acogida por unanimidad -aquélla fue una indicación de trabajo; las otras fueron presentadas de manera formal-, planteó que el Gobierno considerara la posibilidad de pagar el reajuste al menos a los pensionados de 80 años de edad o más, de acuerdo con los términos señalados por el Honorable señor Ruiz.
Entendemos la razón de tipo financiero que existe en el análisis del Ejecutivo; entendemos, adicionalmente, que si esto fuera motivo para excluir a sectores de más bajos ingresos, por tener menos de 80 años, se contrariaría el principio del Gobierno -que compartimos- de focalizar el esfuerzo en los estratos de más escasos recursos. Pero queremos consignar un factor extra: se trata de chilenos que se encuentran en una situación bastante delicada, precisamente porque muchos tipos de pensiones son insuficientes.
Sabemos que esto representa un esfuerzo para el Ejecutivo. Sin embargo, el Senado de la República, que está dispuesto a favorecer una redistribución de estos recursos -con la unanimidad ya consignada-, considera que el Gobierno debería ponderar en forma apropiada este llamado. Obviamente, al existir aún tantas pensiones mínimas, el que alguien perciba una de 300 mil pesos puede considerarse un privilegio. No obstante, para quienes conocemos a ex Ministros, a ex Parlamentarios, a ex trabajadores calificados y a ex funcionarios, tanto civiles como de las Fuerzas Armadas, que ganan esa cantidad y tienen 80 años de edad o más -y en cuya situación inciden expectativas de vida determinadas actuarialmente, ya que en esta materia no disponen las estadísticas, sino una voluntad superior-, estas personas tienen el derecho a ser reconocidas, a estas alturas, por la sociedad chilena.
No pensamos que el Gobierno haya hecho "oídos sordos" en la materia, pues se está reparando el mal causado al 90 por ciento de los afectados. Sin embargo, nos gustaría que se tomara en cuenta la opinión unánime de la Corporación -reflejada, al menos, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social- en cuanto a que consideraría valioso el esfuerzo referido, que indudablemente contaría con nuestro respaldo irrestricto.
En virtud de lo expuesto, señor Presidente , la Comisión aprobó tanto en general como en particular la iniciativa, cuyas disposiciones, como ya dije, no enunciaré en detalle, para ahorrar tiempo. Cabe señalar, sí, que a los cinco artículos primitivos se agregó otro, lo que el Ejecutivo estimó pertinente por los antecedentes entregados en la Comisión de Trabajo.
Por las razones señaladas, las cuales obedecen a las observaciones que la Comisión me encargó exponer, solicito aprobar el proyecto en la misma forma en que lo despachó la unanimidad de sus miembros.
He dicho.
El señor RÍOS.-
Deseo hacer una consulta, señor Presidente.
El señor GONZÁLEZ.-
Yo también quiero preguntar algo al Senador informante , señor Presidente.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
¿El Honorable señor Ríos desea hacer un alcance?
El señor RÍOS.-
Sí, señor Presidente. Quiero formular una consulta al Honorable señor Hormazábal.
No entendí bien -los encuentro muy interesantes, por cierto- los aspectos relacionados con las labores de temporada y la proyección de éstas para el año completo, en cuanto a la asignación familiar, sobre la base de un período de 90 días, según entiendo.
Me gustaría que se aclarara este punto, muy trascendente en el país.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GONZÁLEZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Deseo informar al respecto que el año pasado algunos Senadores presentamos una indicación sobre el particular, acogiendo una serie de planteamientos de organizaciones sindicales, fundamentalmente de trabajadores de temporada, y no sólo agrícolas, sino también del área del turismo -correspondientes a las zonas de mayor movimiento de esta actividad, según la temporada- y ocasionales.
Se estaba produciendo un entorpecimiento al interés que existía incluso -debo señalarlo- en muchos ámbitos del sector empresarial por establecer contratos, pues la gente que labora en ese tipo de actividades no quería celebrarlos, para no perder la calidad de carga familiar, muy relevante respecto de beneficios de carácter previsional. Y no sólo por el monto que ella representa, sino, también, por concepto de salud y de otros efectos que tienen lugar cuando el cónyuge o el padre realiza actividad remunerada.
En conocimiento de ese hecho, la Comisión, por unanimidad, estimó pertinente proponer al Ejecutivo el establecimiento de una disposición especial en el sentido de que esas personas pudieran recibir cualquier remuneración, pero trabajando no más de 90 días en un año calendario, y mantuvieran su calidad de carga familiar para todos los efectos legales, lo que les permitiría cobrar la asignación respectiva, usar servicios médicos o recibir beneficios pactados en contratos colectivos o de otra naturaleza. El precepto aludido ya está vigente, por cuanto el Ejecutivo aceptó incorporarlo en la ley el año pasado, también a proposición de la Comisión de Trabajo.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente, tengo el encargo de la Comisión de Hacienda de informar que este proyecto lo discutimos en el día de ayer, en una sola sesión, siendo aprobado por unanimidad.
Únicamente quiero hacer tres comentarios, pues la iniciativa ya ha sido latamente explicada por el señor Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En primer lugar, debo señalar que aprobamos el texto con mucha celeridad básicamente considerando que cualquier atraso en la promulgación de la ley podría significar, también, el de los pagos a los más de 4 millones de chilenos a quienes directamente favorece. Si queremos que los pagos que corresponden al conjunto de reajustes que estamos estableciendo se efectúen durante el mes de agosto, tenemos que despachar el proyecto en el día de hoy.
En ese sentido, se me encomendó hacer presente a la Sala que es criterio unánime en la Comisión de Hacienda disponer de mayor tiempo para analizar iniciativas de esta naturaleza -nos habría gustado un estudio más pormenorizado, el cual no pudimos realizar por esta situación de urgencia- y que conviene adoptar en estos casos, en conjunto con la Cámara de Diputados, mecanismos de trabajo más fluidos, por cuanto este proyecto estuvo más de un mes en esa rama del Parlamento, en tanto que el Senado tiene que despacharlo prácticamente en 15 días.
En segundo lugar, se formularon en la Comisión distintas observaciones, referidas principalmente al aspecto que ya se ha tocado en el sentido de ampliar el beneficio del reajuste del 10,6 por ciento por lo menos a los pensionados de mayor edad, al margen de sus tramos de ingresos.
El Honorable señor Romero presentó una indicación con el objeto de establecer en esas condiciones esta garantía para los mayores de 75 años, y los Senadores señores Lavandero, Eduardo Frei y quien habla propusimos que se considerara para las personas mayores de 80 años.
Esta materia requiere el patrocinio del Gobierno, el cual argumentó razones básicamente presupuestarias para no asumir la indicación respectiva; pero, en cualquier caso, quedamos comprometidos para plantear este asunto en la Sala. Pensamos que, por los motivos que se han dado, sería un gesto muy loable.
Y, por último, desde el punto de vista del financiamiento del proyecto, informo a la Sala que el costo mensual del reajuste de las asignaciones familiar y maternal asciende a 640 millones de pesos, a los que se suman 243 millones correspondientes al aumento del subsidio único familiar. El reajuste del 10,6 por ciento en las pensiones, por su parte, representa un costo en tres tramos: en la primera etapa, en la cual es pagado a partir de la promulgación de la iniciativa, es del orden de mil 30 millones de pesos; en la segunda, en la cual el Estado lo asume a partir del 1o de julio de 1992, es de 615 millones, y en la tercera, la cual dice relación a las pensiones más altas y al aumento que se otorga a partir del 1o de diciembre de ese año, la cifra es la mayor: mil 415 millones.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, quisiera...
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente , ¿me permite?
¿Su Señoría me anotó cuando le solicité la palabra?
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Usted está inscrito después, señor Senador.
El señor GONZÁLEZ.-
¡Porque la pedí con mucha antelación al Senador señor Romero!
El señor ROMERO.-
Si el Honorable colega desea una interrupción,...
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, si no me ha inscrito para intervenir, tenga la gentileza de hacerlo.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
¡Está anotado, señor Senador !
El señor GONZÁLEZ.-
¡Muchas gracias, señor Presidente!
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Si el Honorable señor Romero no tiene inconveniente, primero usará de la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ROMERO.-
Por supuesto.
El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , yo quisiera, en forma muy breve, reafirmar lo que han planteado -muy a fondo, a mi juicio- los Senadores señores Hormazábal, por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y Gazmuri , por la de Hacienda, en torno de la iniciativa y de la urgencia de su despacho, para poder pagar ya durante el mes de agosto el reajuste de 10,6 por ciento que correspondería a algo así como 250 mil pensionados.
Pero, además, deseo manifestar nuestro reconocimiento por la celeridad con que ha tratado la materia el Honorable Senado. Es efectivo que el proyecto sufrió alguna demora en la Cámara de Diputados, más allá de la que habíamos estimado inicialmente -ingresó el 17 de mayo a esa rama del Congreso- y que ello ha obligado al Senado a despacharlo muy rápidamente.
Los Honorables señores Hormazábal y Gazmuri han formulado algunas observaciones que nos parecen perfectamente atingentes. Una de ellas -de la Comisión de Trabajo-, incorporada por el Gobierno en el proyecto, se refiere a la clarificación de que la asignación familiar será percibida por aquellas personas que tengan una entrada equivalente a la mitad del ingreso mínimo mensual, al igual que por quienes trabajen durante un período de tres meses en el año, aspecto este último considerado desde 1991. El otro punto ha sido una contribución de la Comisión de Trabajo del Senado, sugerida durante el presente año.
Se han efectuado otros planteamientos que nos parecen interesantes acerca de las asignaciones familiares -el Ejecutivo los estudiará-, en especial el referente a la eliminación del beneficio en el tramo de más de 300 mil pesos de ingresos.
Como los señores Senadores saben, ésta es una materia que ha sido objeto de discusión en cuanto a su constitucionalidad. Lo que estamos haciendo es pedir un estudio específico sobre el punto. Una vez despejado el problema jurídico, el Gobierno estaría dispuesto a tener presente la proposición, probablemente cuando corresponda determinar el reajuste de las asignaciones familiares durante el próximo año.
Igualmente interesante estimo la idea de la redistribución entre los otros dos tramos. Es algo que vamos a analizar con atención, para ver si podemos corregir esta diferencia de tramos en la presentación que se haga, también, durante el próximo año.
Se ha hecho presente que el Gobierno podría realizar un esfuerzo para adelantar el pago del 10,6 por ciento a todos los pensionados mayores de 80 años, independientemente del nivel de la pensión que hoy perciben. Informo a los señores Senadores que en la actualidad reciben el total del porcentaje alrededor de 43 mil pensionados cuya edad es superior a los 80 años y que aquellos que aún no lo perciben son del orden de 16 mil. De estos últimos, unos 10 mil, a su vez, tienen una pensión superior a los 120 mil pesos mensuales. De tal modo que, entendiendo el sentido de la observación y la validez de lo planteado por algunos señores Senadores, dejo establecido que la gran mayoría de esos pensionados, desde el punto de vista del número de personas involucradas, ya están cubiertos por el beneficio y que quienes pudieran encontrarse en una situación complicada de ingresos, en el caso de los restantes, constituirían una cantidad realmente menor.
Ahora, precisamente, el hecho de que quienes aún no tienen resuelta su situación están concentrados en el tramo alto, determina que el costo de adelantar el beneficio no sea despreciable. Extenderlo a los mayores de 80 años significaría alrededor de 260 millones de pesos al mes.
En virtud de las innumerables presiones que se ejercen en este momento sobre el presupuesto público por otras iniciativas igualmente atendibles -por ejemplo, las relativas al problema de los familiares de las víctimas de atropellos a los derechos humanos, al de los exonerados, y a otros de ese tipo- y de lo restringido de ese presupuesto, el Ejecutivo , desgraciadamente, no ha podido considerar en esta oportunidad la extensión del beneficio a los mayores de 80 años.
En todo caso, creo que el proyecto involucra un esfuerzo bastante grande, por un lado -ya lo señalaba el Honorable señor Hormazábal-, para mantener el valor real de algunos componentes del ingreso mínimo, como son las asignaciones y los subsidios únicos familiares; y por otro, para corregir una injusticia que se arrastra desde 1985, cual es el no pago del 10,6 por ciento a los jubilados. El esfuerzo es importante, por la cuantía de los recursos envueltos. Y esperamos que el Senado pueda despachar rápidamente la iniciativa en el día de hoy.
Muchas gracias.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Había pedido la palabra el Honorable señor Romero.
Hago presente que algunos señores Senadores han solicitado que, en vista de lo avanzado de la hora, ojalá las intervenciones sean breves.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, procuraré ser muy conciso, pues se trata nada más que de tres puntos muy precisos.
En primer lugar, el Ejecutivo ha declarado con motivo del proyecto en análisis que, para otorgar estos reajustes sobre la base de un adecuado financiamiento, fue necesario solicitar en su oportunidad las reformas legales destinadas a obtener un mayor rendimiento tributario. Y, por un acuerdo mayoritario del Congreso, el año pasado se dieron al Gobierno los recursos indispensables para que el beneficio pudiese alcanzar a los sectores del área social -concretamente, Educación, Salud y Vivienda- y, particularmente, para mejorar la situación de quienes aún tenían pendiente la devolución del 10,6 por ciento.
Lo anterior nos lleva a solicitar, aprovechando que el señor Ministro de Hacienda está presente, que se nos haga llegar -antes de que se envíen los antecedentes del proyecto de la nueva Ley de Presupuestos- un detalle de la inversión que el Gobierno está realizando de los recursos provenientes de la reforma tributaria. Según lo señalado por el señor Director de Presupuestos en la Comisión de Hacienda, esos fondos ascendieron a 300 millones de dólares el año pasado y alcanzarían a cerca de 600 millones de la misma moneda en 1991. Normalmente, hay algunas variaciones, porque, en definitiva, se trata de una estimación.
Nosotros quisiéramos que hubiese una precisión en la solicitud que estoy planteando, con el objeto de que el detalle que se nos haga llegar incluya las inversiones referidas a Educación y Vivienda. Particularmente, deseamos -y en esto hay consenso, por lo que han expresado en la Sala los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- que el Gobierno nos proponga un plan de recuperación del 10,6 por ciento para el sector completo -es decir, no sólo para los mayores de 80 años, sino también para los de edad inferior a la indicada-, en los plazos estimados. Naturalmente, ello será objeto de un planteamiento con una duración en el tiempo, porque, según ha señalado el señor Ministro , no existen los recursos disponibles para satisfacer de inmediato una situación de ese tipo. Eso lo comprendemos, al igual que todos los señores Senadores que están en la Sala. Pero queremos ver una voluntad política planteada más bien en términos de compromiso.
Inclusive, en el informe de la Comisión de Hacienda se dice textualmente que "ante una promesa del señor Director de Presupuestos en el sentido de que esas ideas" -las contenidas en indicaciones presentadas tanto por quien habla como por otros señores Senadores en la Comisión- "serían consideradas más adelante en otras iniciativas de ley, optaron por retirarlas", etcétera.
No estoy solicitando el cumplimiento de esa promesa. Lo que pido derechamente es que podamos disponer de una estimación precisa, con el objeto de permitir a los interesados, no digo soñar, sino tener un calendario más concreto y real.
Se me puede decir que ello va a depender de los recursos; estoy de acuerdo. Pero, naturalmente, hay estimaciones y proyecciones respecto de la resultante de la reforma tributaria.
En tal sentido, ruego al señor Ministro que se sirva prestar atención a nuestra solicitud, y particularmente, que sea a contar de 1985, año en que se devengó esta deuda social -por así llamarla- con los jubilados del país.
El segundo punto consiste en reiterar un planteamiento que hacía el Senador informante, Honorable señor Gazmuri, en el sentido de que hemos contado con escaso tiempo para debatir este problema. Y tan escaso fue, que debimos resolverlo en unas pocas horas.
Deseo llamar la atención del Senado al respecto.
En la Comisión de Hacienda formulé indicación para votar y no dilatar el despacho de este proyecto, por considerar que la demora de una semana se traduciría en la práctica -así se entendió por los demás miembros de la Comisión- en que los jubilados y pensionados esperaran un mes más.
Por ello, solicito concretamente a la Mesa que adopte las medidas indispensables para que haya un mayor equilibrio en los plazos de que disponen tanto la Cámara como el Senado para conocer este tipo de iniciativas. Porque la verdad es que, de resultar retenidas -no digo arbitrariamente- o demoradas en una de las ramas del Congreso, a la otra se le produce necesariamente una situación muy complicada en cuanto a tiempo.
Lo señalo porque no es primera vez que ocurre. Y creo que deberíamos tener la posibilidad de escuchar planteamientos y opiniones, como sucedió, afortunadamente, en la Comisión de Trabajo.
En honor a la brevedad, quiero dejar hasta aquí mi intervención y agradecer desde ya que el señor Ministro pueda acceder a estos planteamientos.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ha llegado la hora de término del Orden del Día.
Por consiguiente, solicito el asentimiento de la Sala para prorrogarlo por el tiempo necesario para despachar el proyecto.
Acordado.
Ruego a Sus Señorías que, con el fin de cumplir ese objetivo, sean lo más breves posible en sus intervenciones.
El señor PAPI.-
Bastaría pedir el asentimiento de la Sala para aprobar la iniciativa.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Aún hay Senadores inscritos para hacer uso de la palabra, y no puedo privarlos de ese derecho.
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente, yo habría deseado que hubiéramos contado con mayor tiempo para ocuparnos en este proyecto, cuyo despacho esperan miles y miles de jubilados.
De acuerdo con lo que nos informa el señor Ministro de Hacienda, hay más de 55 mil personas de sobre 70 años que van a sentir una gran frustración cuando aprobemos esta iniciativa en la forma propuesta por el Ejecutivo.
Sabemos que éste es un reajuste que se adeuda a los jubilados de Chile desde 1985. El señor Ministro nos dice que recibirán beneficios los pensionados en tal o cual fecha, por determinado monto, cuando ganen tanto o tengan cierta edad.
Pero, señor Presidente, esas personas no recibirán beneficio alguno. Los jubilados de Chile sufrieron una verdadera exacción. No se les pagó un reajuste de 10,6 por ciento, a pesar de existir la obligación legal de hacerlo. Y con ese dinero de los pensionados de Chile se financió la reconstrucción por los daños que provocó un terremoto.
Hemos conversado con el Ejecutivo para que, a lo menos, se pague el reajuste a quienes tienen más de 70 años. Se nos ha dicho que se hará el mayor esfuerzo para concretar esa aspiración.
Hoy nos enfrentamos a este debate con una información que constituye una verdadera burla para el sector pasivo, pues se nos dice que se pagará a algunos a contar del 1° de julio de 1991 -¡debería haberse agregado "si es que todavía viven"!-, y a otros -éstos tienen muy pocas posibilidades de estar vivos-, a partir del 1º de julio de 1992. ¡Ni siquiera se ha aceptado pagar el 10,6 por ciento a los jubilados de más de 80 años, cualquiera que sea el monto de su pensión!
Esto no puede ser. Y tengo el convencimiento más absoluto -sin que mi posición sea demagógica; porque no lo es- de que, así como en otra época se han generado recursos por miles y miles de millones de pesos para salvar a la banca, por ejemplo, que estaba en una situación caótica, hoy se puede producir el dinero suficiente para pagar a los jubilados de más de 70 años.
El Ejecutivo ni siquiera ha aceptado la petición del Honorable señor Ruiz De Giorgio para que se pague el 10,6 por ciento a los mayores de 70 años hasta 80 mil pesos de pensión, lo que baja el costo casi a la mitad.
Eso lo rechazo, señor Presidente. Y lo hago porque día a día estoy recibiendo en mi oficina solicitudes de los pensionados. ¡Es una verdadera tragedia! ¡Es dramático!
Como legisladores y como Gobierno, tenemos la obligación moral de devolver ese dinero a los jubilados de Chile, del cual se los ha privado legal pero ilegítimamente.
Señor Presidente, no votaré a favor de este proyecto, como expresión de mi desacuerdo frente a la insensibilidad de las autoridades económicas de nuestro país, que no han buscado una solución a este problema de la devolución del 10,6 por ciento al menos a los pensionados mayores de 70 años.
Entiendo las razones del señor Ministro. Y estoy por mantener los parámetros macroeconómicos en la conducción de la economía. Pero también creo que es necesario hacer un esfuerzo para en este caso preciso, en que se trata de hombres que están a punto de dejar este mundo, solucionar un problema que los angustia moralmente, pues estiman que se les ha quitado ilegítimamente algo que les es propio y no tienen ya las fuerzas para exigir que se les devuelva. Lamento haber tenido que expresar estas palabras, porque soy un Senador de Gobierno. Pero no puedo dejar de hacerlo.
Reitero que no votaré a favor de esta iniciativa. Me abstendré, por las razones que he expuesto. Y haré todos los esfuerzos para que de alguna manera se solucione ese problema de los jubilados, al menos para los mayores de 70 años.
He dicho.
El señor PAPI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Había solicitado el uso de la palabra el Honorable señor Pérez. Si Su Señoría le concede una interrupción...
El señor PAPI.-
Seré muy breve, señor Presidente.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , ¿estoy yo con el uso de la palabra o el Honorable señor Papi?
El señor PAPI.-
Le pido una interrupción, Honorable colega, con la venia de la Mesa.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
¿Se la concede, Honorable señor Pérez?
El señor PÉREZ.-
Con mucho gusto.
El señor PAPI.-
Gracias, Honorable colega. Seré muy breve.
Sólo deseo expresar que convengo en que cada señor Senador tiene el derecho a exponer sus puntos de vista en los términos que estime más pertinentes.
Sin embargo, como formo parte del Comité que también integra el Honorable Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quiero dejar constancia de que no comparto los términos que empleó Su Señoría para referirse a esta materia y a la actitud del Gobierno.
El Ejecutivo, tan pronto como le fue posible, puso remedio a una situación de manifiesta injusticia. Y si ello no ocurrió antes, fue porque, como se recordó, la reforma tributaria vino a suplir el año pasado, en gran medida, un Presupuesto desfinanciado.
Por lo tanto, no puedo compartir los términos aquí expresados.
Doy gracias al Honorable señor Pérez por la interrupción que me concedió.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente, se ha hablado de la injusticia cometida en 1985. Y la verdad es que en esa época veníamos saliendo de la denominada "crisis de la deuda".
Es muy fácil pronunciar palabras al viento, pero no podemos olvidar que en 1983 el país sufrió una caída del producto de 14 por ciento y que en 1984 recién comenzaba a recuperarse.
En materia de gasto social, debemos tener presente que el ítem de pensiones equivale a la totalidad de los dineros destinados a Vivienda, Educación y Salud. Y la primera regla que se aprende en economía es la de que los recursos son escasos. Por lo tanto, si uno quiere favorecer a un sector, necesariamente debe perjudicar a otro. Y hoy el país puede reparar la situación del sector pasivo gracias a que a partir de 1986 creció, durante cinco o seis años, a una tasa promedio de 7 por ciento anual.
Señor Presidente, Renovación Nacional aprobará el proyecto, por estimar que constituye un paso para que el sector pasivo reciba el aumento de sus pensiones. Esta iniciativa tiene un costo anual de ciento cincuenta millones de dólares. Cien millones de dólares es la cantidad correspondiente al reajuste que está otorgándose en este momento, que abarca a 90 por ciento de las pensiones; el 10 por ciento restante recibirá el beneficio durante 1992.
Quiero hacer hincapié en el tema de las asignaciones familiares y de los subsidios familiares a que se ha referido el Presidente de la Comisión de Trabajo, Senador señor Hormazábal. Por cierto, éstos son instrumentos de un enorme valor redistributivo. Sabemos, por la misma regla mencionada anteriormente -la de que los recursos son escasos-, que favorecer a unos es perjudicar a otros. No cabe duda de que una persona con ingresos de 200 mil o 300 mil pesos tiene muchas necesidades y merece un subsidio; pero también es evidente que la que percibe 40 mil o 50 mil pesos tiene necesidades mayores. Y, desde ese punto de vista, deseo rescatar y ratificar lo expresado unánimemente por la Comisión de Trabajo y Previsión Social: pedir al Gobierno que estudie la posibilidad de suprimir a los sectores de ingresos altos -sobre 300 mil pesos, por ejemplo- el pago de la asignación familiar.
Finalmente -en honor al tiempo-, quiero puntualizar que el drama que vive el sector pasivo del país se debe al pésimo sistema previsional existente otrora, cuando en determinado momento se gastaban dos pesos administrativamente para repartir el tercero. Esperamos que en el mediano plazo, con el sistema de capitalización individual implementado -una de las grandes modernizaciones existentes en Chile-, el sector pasivo no vuelva a sufrir las vergüenzas de estos años.
He dicho.
El señor NAVARRETE.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor NAVARRETE.-
Con la venia de la Mesa, no tengo ningún inconveniente.
El señor RUIZ (don José ).-
Muchas gracias, Honorable colega.
Señor Presidente, simplemente deseo hacerme cargo de algunas palabras expresadas en contra del equipo económico del Gobierno, pues no quisiera que tuviera que responder el señor Ministro.
Evidentemente, cuando el país viene saliendo de una situación tan crítica como la habida en este tiempo, se requiere que el manejo de la economía se efectúe en forma muy sería y responsable.
Creo que las legítimas aspiraciones de los trabajadores chilenos, muy en especial las del sector pasivo, no pueden satisfacerse en plenitud. Y en esta Corporación debiéramos contar con capacidad suficiente para ir al fondo del problema.
El año pasado, frente a una gran demanda social, el Senado tuvo sensibilidad para despachar una reforma tributaria. Desgraciadamente -porque no depende sólo de nosotros-, ella se aprobó en términos restringidos, aceptándose únicamente parte de los mayores impuestos que podrían aplicarse a un sector empresarial que hoy está en condiciones de entregar un esfuerzo más grande para que haya justicia social. Y digo "desgraciadamente" porque no logramos lo que habríamos deseado para dar respuesta a las tantas demandas postergadas que existen en el mundo social.
No se trata aquí de empezar a culpar. Y no me remitiré a 1985, ni a 1983, ni a 1982, sino al presente.
Ciertamente, es justo solucionar el problema de los jubilados. Y eso lo comparto plenamente, porque durante 25 años fui dirigente sindical y conozco muy de cerca cuáles son sus problemas. Pero tenemos que ser responsables. Y no porque aquí estén los canales de televisión o la prensa expresaremos opiniones que no se compadecen con la realidad chilena.
Yo planteo un desafío al Senado: si estamos conscientes de que existen problemas sociales y de que deben resolverse, seamos capaces de ponernos de acuerdo para aprobar una nueva reforma tributaria y entregar recursos al Gobierno con el objeto de, responsablemente y sin provocar un descalabro en nuestra economía, responder a las múltiples demandas tan largamente postergadas de los trabajadores chilenos, y muy especialmente a las del sector pasivo.
Por lo tanto, si concordamos en que existen dichos problemas y se pide -desde las bancadas de enfrente, lo solicita el Senador señor Romero - que se solucionen desde 1985 hacia adelante, convengo totalmente -y no estoy ofendiendo a Su Señoría como para que levante la mano tan rápido- en que se paguen a los jubilados todas las deudas a partir de ese año. Pero ello obliga a que en este Senado aprobemos nuevos recursos para proporcionarlos al Estado a fin de pagar esa deuda del pueblo chileno, de toda la comunidad.
El señor ROMERO .-
¿Me permite una pequeña interrupción, señor Senador ?
El señor RUIZ (don José).-
Por supuesto, con la venia de la Mesa.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO .-
Señor Presidente , antes de conversar de nuevos tributos, quiero reiterar el planteamiento en cuanto a saber dónde se han invertido o se invertirán los recursos provenientes de la reforma tributaria que aprobamos. Considero que es un paso previo e importante.
El señor RUIZ (don José ).-
De acuerdo, señor Senador. Pero, después de que se muestre y especifique a Su Señoría en qué forma se han invertido tales dineros, de todas maneras, si aquí existe la voluntad de abordar los problemas sociales pendientes, debemos ser capaces también de aprobar reformas que permitan generar los recursos necesarios para que el Estado dé las respuestas del caso. Porque cuando se aumentaron a 15 por ciento los impuestos, no hubo problemas -que yo sepa- para el sistema económico; no conozco empresas que estén en dificultades por habérseles subido un poco los tributos. Y, como se ha dicho tantas veces en el Senado, la economía del país se halla en condiciones de incrementar los impuestos, incluso para responder a los requerimientos descritos.
En consecuencia, señor Presidente y señores Senadores, estimo que se ha sido injusto aquí al atacar al Gobierno. Y no me parece sano plantearle exigencias si no tenemos la responsabilidad de señalar de dónde salen los recursos. Porque éste no es un barril sin fondo.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE .-
Señor Presidente, en razón de la hora y -por qué no-, también, de la edad de quienes serán beneficiados con esta iniciativa, quisiera que aceleráramos su despacho, para no caer en argumentos que de alguna forma no se avienen con el contenido del Mensaje, que básicamente tiene como propósito reajustar las asignaciones familiar y maternal, el subsidio familiar y determinadas pensiones.
Deseo diferenciar dos aspectos de este proyecto. El primero es aquel que está dirigido a los favorecidos con la promulgación de la ley N° 18.987, que ven, por la vía de este proyecto, reajustados sus ingresos de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor en los últimos doce meses; y el segundo, el dirigido a quienes quedaron fuera de los beneficios de ese cuerpo legal, que se hallan contemplados en la proposición del reajuste de 10,6 por ciento.
Por cierto, resulta rescatable desde todo punto de vista la preocupación que ha tenido el Gobierno, desde que inició su gestión, en términos de apuntar hacia una mayor justicia social. Si hubo en el Régimen pasado un desmejoramiento de la situación económica de las personas, es en el área de la seguridad social donde observamos hechos muy concretos que, de algún modo, con los proyectos de ésta índole se reparan.
Uno, naturalmente, quisiera que los beneficios fuesen mucho mayores, porque conoce de manera muy directa el problema del sector pasivo y permanentemente recibe a distintas organizaciones de pensionados que hacen ver la situación que enfrentan. Sin embargo -como ha quedado de manifiesto en este debate-, hay que conciliar estas expectativas con las disponibilidades financieras del Estado. Y creo que los propios jubilados comprenden que, muchas veces, dar satisfacción a todas sus aspiraciones podría provocar un desajuste que, a la postre, al poco tiempo revertiría el beneficio, afectando incluso a otros sectores del país.
Esto no sólo tiene vigencia a propósito de este proyecto de ley, sino también respecto de una serie de iniciativas de orden económico que nos ha correspondido tratar.
Con el Senador señor González formulamos indicaciones que adolecen de inconstitucionalidad, por cuanto requieren patrocinio del Ejecutivo. Entre ellas figura una que consulta el otorgamiento inmediato de los beneficios a los pensionados que tienen 70 años de edad o más, a fin de no incluirlos en los tramos establecidos en el artículo 3o del proyecto y evitarles esperar hasta 1992 para recibir el reajuste. Lamentablemente, el Gobierno no patrocinó esa proposición y, por tanto, los jubilados que perciben pensiones superiores a 80 mil pesos tendrán que esperar hasta julio de 1992, y los que tienen pensiones de sobre 120 mil pesos, hasta diciembre del mismo año.
Del mismo modo, solicitamos el patrocinio del Ejecutivo para una indicación que dispone que los pensionados que a la fecha de publicación de la ley en proyecto hubieren cumplido 70 años de edad y hubieren fallecido en los seis meses completos e inmediatamente anteriores a ella causarán pensiones de sobrevivencia que incluirán en su cálculo el reajuste del 10,6 por ciento; y para otra según la cual los pensionados que fallezcan antes de cobrar y percibir el reajuste del 10,6 por ciento que otorga la ley en trámite transmitirán a sus herederos el derecho de cobrar y percibir las sumas que no se les hubieren pagado a la fecha de su deceso.
Debo lamentar que el Gobierno, por razones muy fundadas -el señor Ministro las dio a conocer a la Sala-, no haya patrocinado esas indicaciones. Y, como en otras ocasiones, hemos debido conciliar nuestras expectativas con lo que es posible despachar como ley.
Con arreglo a ese criterio, anuncio mi voto favorable a este proyecto.
Concluyo solicitando al señor Presidente que aceleremos el trámite y pongamos término a las intervenciones -estimo que los argumentos formulados son suficientes-, a fin de posibilitar que el pago a los pensionados y a todos los que se benefician con esta iniciativa se haga efectivo en agosto próximo.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente, seré muy breve -al igual que todos los señores Senadores, estoy interesado en el pronto despacho de este proyecto-, sólo para complementar algunas cifras que señaló el Honorable señor Gazmuri.
La verdad es que la iniciativa cuesta mil 913 millones de pesos mensuales, lo que significa, por el resto de 1991, un costo de 11.478 millones de pesos y, por cada año, 22.956 millones de pesos.
Sobre el particular, las palabras expresadas por el Honorable señor Pérez son bastante asertivas, pues reconocen que el gasto en materia de pensiones equivale a la suma de los presupuestos de Vivienda, Salud y Educación.
Quiero recordar, entonces, que, frente a la magnitud de este problema, el Gobierno ha tomado la decisión de encararlo y de resolverlo como lo está haciendo.
Ahora bien, el costo mencionado se carga a la correspondiente partida Tesoro Público, cuya asignación presupuestaria aprobó el Congreso, que asciende a 247.863 millones de pesos. Hasta la fecha se han ocupado 157.931 millones de pesos; por lo tanto, quedan 89.932 millones de pesos, a los que se imputarán los 11.478 millones de pesos, que es el gasto que irrogará el proyecto en lo que resta del año.
Señalo estos hechos, porque la verdad es que el Congreso y especialmente el Senado han sido muy celosos en cautelar el cumplimiento de las leyes.
Deseo destacar que seis leyes, despachadas por este Parlamento, equivalen al costo del proyecto que se discute. Entre ellas se hallan -con un total de 11.288.575.000 pesos comparable al de 11.478 millones de pesos de la iniciativa en debate- la que creó el Servicio Nacional de la Mujer, la que concedió aporte de capital a Televisión Nacional, la que estableció normas para adquisición por el Fisco de vehículos y otras disposiciones relativas a la locomoción colectiva de pasajeros, la que condonó recargos por impuestos morosos, la que creó el instituto Nacional de la Juventud y la que reajustó el ingreso mínimo mensual. El financiamiento total de estos cuerpos legales ascendió a 11.288 millones de pesos, monto equivalente al costo del proyecto en discusión.
Por consiguiente, estamos en presencia de una normativa importante.
Lamentablemente, la brevedad del tiempo impidió a la Comisión de Hacienda insistir en el otorgamiento del reajuste de 10,6 por ciento a quienes perciben pensiones superiores a 80 mil pesos y tienen más de ochenta años. El gasto que irrogaría conceder este beneficio a quienes se hallan en esos casos, que son 16.948 personas, ascendería a 158 millones de pesos mensuales y, en lo que resta del año, a 948 millones de pesos. Como digo, no pudimos insistir, en primer lugar, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y -reitero- por la premura del tiempo con que contó la Comisión de Hacienda -prácticamente un día- para despachar el proyecto.
Tal como lo señalaron los Honorables señores Romero y Gazmuri , creo que la Mesa debería disponer medidas para que las Comisiones despachen los proyectos en plazos prudenciales y compartidos entre ellas, especialmente -por qué no decirlo- si se trata de uno en que la parte fundamental es el financiamiento.
Señor Presidente , quiero referirme a otra materia importante, acogida por la unanimidad de la Comisión de Hacienda: la asignación familiar doble, con la cual nuestra legislación favorece, con pleno derecho, los incapacitados o autistas. Creo que la asignación familiar es el salario del niño y, con mayor razón, el del niño pobre. Y si éste, además, es incapacitado o autista, tenemos que defender los privilegios que, para ellos, la democracia y el Congreso Nacional han establecido. Sin embargo, en este caso la Comisión de Hacienda considera que existen trabas de carácter administrativo que impiden a los incapacitados percibir la doble asignación familiar, que les es tan necesaria. Hemos solicitado al señor Ministro de Hacienda que desarme estas trabas administrativas. Por ejemplo, en la Provincia de Cautín hay más de 9 mil incapacitados, y en la ciudad de Temuco, 6 mil. Se trata de gente apta intelectualmente, pero impedida físicamente. Sin embargo, no más de 200 están percibiendo la asignación familiar doble. Es decir, no se está cumpliendo la voluntad del legislador: proteger al niño en este aspecto.
Aprovechando la presencia del señor Ministro de Hacienda, deseo solicitarle -no se necesita dictar una disposición legal- que se haga cargo de las dificultades administrativas, a fin de que, con facilidad, estas personas -que son las de menores recursos, que no cuentan con el apoyo de abogados y que, incluso, son las de menos conocimientos- obtengan lo que el legislador les ha entregado: la doble asignación familiar.
Por otra parte, quienes perciben el subsidio único familiar -que es un beneficio que se otorga a los más pobres-, si están incapacitados o son autistas, no tienen derecho a recibir la asignación familiar doble. Deseamos obtener el compromiso -ayer se lo obtuvo del representante del Gobierno, el Director de Presupuesto- para que, a la brevedad posible, una legislación conceda la citada asignación doble a quienes cobren el subsidio único familiar y sean incapacitados o autistas.
Por encargo de la Comisión de Hacienda, he querido informar acerca de estas materias.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO .-
Señor Presidente, la verdad es que a Renovación Nacional no satisface el proyecto en debate. Votaremos favorablemente la iniciativa para no dilatar más una situación que consideramos de extrema justicia reparar cuanto antes.
Se ha señalado aquí que nosotros no fuimos lo suficientemente generosos en la reforma tributaria. Resulta paradójico que un señor Senador, y no el señor Ministro de Hacienda , sea quien lo haya dicho, porque las expresiones formuladas por el señor Secretario de Estado en su oportunidad fueron diametralmente distintas. Renovación Nacional, a costa de intereses electorales y de mucha incomprensión de sus partidarios, decidió hacer cualquier sacrificio para dar al Gobierno la posibilidad de solucionar los problemas sociales que nosotros reconocimos que estaban pendientes. Y con el propio señor Ministro de Hacienda se llegó a entendimientos que fueron considerados extremadamente beneficiosos, no desde un punto de vista político partidista, sino del interés nacional.
Como es obvio, nos interesaba solucionar el problema de las pensiones. Hay que ir a las poblaciones para ver los problemas que ello conlleva. Hay que darse cuenta de que hay gente que hoy día no va a percibir el reajuste correspondiente y, probablemente, cuando se lo concedan, como decía anteriormente un señor Senador, ya no va a estar en el mundo de los vivos.
Pero, para nosotros, también hay otro elemento muy importante. No ha sido considerada una limitación que afecta a las pensiones asistenciales, establecidas en 1975 para los ancianos de 65 años e inválidos mayores de 18 años que carecen de recursos, los que, por diversas razones, no han podido obtener el beneficio de un régimen previsional como un mecanismo garante de un nivel mínimo de subsistencia. Y lo que es aún más grave: con posterioridad, esta pensión asistencial se limitó a tres años. Y hoy estamos viendo cómo ancianos, impedidos e incapacitados que no tienen ningún otro ingreso, día a día no la están recibiendo. Es realmente impactante ir a las poblaciones y comprobar este problema, cuya solución importa un costo aproximado de tres mil millones de pesos.
Y aquí deseo hacer presente una salvedad. A veces las sociedades, cuando enfrentan estas situaciones, deben fijar un orden de prioridades. ¿Qué es más importante: satisfacer necesidades de personas que no tienen prácticamente con qué vivir o destinar tres mil millones de pesos a indemnizar a los partidos políticos?
Hoy día, en el diario "El Mercurio", aparece la información, proporcionada por el señor Ministro de Bienes Nacionales , en la que señala que, en los próximos 30 días, espera obtener el despacho de un proyecto de ley para indemnizar a los partidos políticos, lo que significará un desembolso de tres mil millones de pesos. No nos oponemos a la indemnización, pero, cuando se habla de una sociedad con sentido social, debe entenderse que este pago puede postergarse, pero no la solución del problema de las pensiones asistenciales que corresponde percibir a los más desvalidos.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite una interrupción, señor Presidente?
El señor OTERO .-
Si la Mesa se la da, no tengo inconveniente. Yo siempre con mucho gusto concedo interrupciones al distinguido colega.
El señor HORMAZÁBAL.-
No sé si escuché mal. El Honorable señor Otero sostiene que no se entrega reajuste a las pensiones asistenciales. ¿Lo escuché bien?
El señor OTERO .-
No, señor Senador. Lo que señalé fue que las pensiones asistenciales terminan al cabo de tres años, lo que ha provocado un déficit en aproximadamente 25 mil casos. Se trata de personas que están quedando sin recursos, porque, al cabo de tres años, los ancianos no tienen menos edad ni el incapacitado deja de serlo. Lo que deseo señalar es que siempre hay un orden de prioridades. En este sentido, no critico al señor Ministro de Hacienda : le corresponde una de las tareas más difíciles, como es la de compatibilizar los recursos con las necesidades de inversión y, fundamentalmente, las presiones políticas. Pero, en todo caso, hay un orden de prioridades. Un ejemplo: ¿Qué es más importante para el país: indemnizar a los partidos políticos, que han esperado durante 18 años y que pueden hacerlo un poco más, o destinar los fondos correspondientes a resolver el problema de las pensiones asistenciales, que hoy es una realidad vigente?
Este llamado, señor Presidente , no tiene por objeto hacer demagogia ni sacar ventaja política; simplemente es para destacar que, dentro de los recursos de que dispone el país, hay un orden de prioridades, el que debe comenzar por considerar la situación de los más desvalidos, de los ancianos y de los jubilados.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO .-
La verdad, señor Presidente, es que hoy día tenemos la fortuna de vivir en un Gobierno democrático, en donde las cuestiones se discuten y se analizan, pudiendo hacer valer sentimientos muy loables de preocupación por los más pobres y los más desvalidos. Y como creo que hoy día también hay una cohabitación -particularmente en el Senado-, la responsabilidad de dar prioridad a los sectores más postergados es de todos nosotros.
Quiero expresar que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, participo de lo manifestado en cuanto a que es indispensable -y es una deuda moral con los ancianos mayores de ochenta años- no hacer distinción, ni determinar tramos entre ellos, para los efectos de la devolución del 10,6 por ciento. Lo propio debe hacerse, como se expresó aquí, respecto de las pensiones para los incapacitados. Ellos no tienen voz; por lo tanto, hoy debiéramos levantar la nuestra.
Con esta preocupación de todos, estoy por aprobar el proyecto.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , el Senado se ha caracterizado por la moderación en sus debates, salvo honrosísimas excepciones, algunas de las cuales no están muy alejadas.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Hago presente que se han presentado cuatro indicaciones, las cuales -como lo han reconocido quienes las suscribieron-, por no contar con el patrocinio del Ejecutivo , deben ser declaradas inadmisibles.
-Se declaran inadmisibles.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En todo caso, para los efectos de dejar testimonio de ellas, se les puede dar lectura.
El señor ROMERO.-
No es necesario.
El señor DIEZ.-
Son inadmisibles.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , esas indicaciones fueron presentadas por el Honorable señor González y el Senador que habla. Ya las mencioné en mi intervención, de modo que me parece innecesario que se lean.
-Se aprueba en general el proyecto y, por no haberse formulado indicaciones válidas, queda aprobado también en particular (34 votos afirmativos y la abstención del señor González), dejándose constancia de que al acuerdo concurre el quórum calificado requerido.
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