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El señor PRAT.-
Señor Presidente, el proyecto que estamos llamados a votar responde a un acuerdo a que llegaron el Gobierno y Renovación Nacional. Nuestro Partido concurrió a suscribirlo hallándose en una posición de mucha crítica respecto de la forma como se han gastado los recursos en este período, pero lo hizo en el ánimo de buscar beneficios para el país, fundamentalmente con el objetivo de asegurar un equilibrio macroeconómico que de otro modo se habría visto gravemente afectado. Lo hizo, también, para conseguir una estabilidad tributaria por un plazo prudente (se determinó en 4 años); para obtener de la autoridad -tanto presente como futura, cualquiera que ésta sea- una orientación clara acerca del uso de los recursos públicos y de las prioridades de su gasto, y, por último, para introducir el concepto de democracia tributaria, en orden a que el contribuyente pueda ir progresivamente definiendo las prioridades sociales a las que deben destinarse sus aportes al Estado.
Sin embargo, como he dicho, nuestra aproximación al acuerdo ha partido desde una posición especialmente crítica respecto de la administración de los recursos públicos. Quizá el tiempo que ha debido esperarse en el día de hoy para comenzar el debate del proyecto sea un reflejo de ello. A esta demora nos referiremos más adelante.
Nos ha merecido reparos, en primer lugar, la forma en que se dio cumplimiento al acuerdo de 1990. En nuestra opinión, no habría sido necesario venir al Congreso a solicitar más recursos para cubrir el déficit incubado, si la ley que dispuso un alza temporal de tributos, dictada ese año, hubiera sido seguida de un adecuado manejo de las finanzas públicas.
Hemos identificado cuatro maneras equivocadas de administrar los recursos durante la gestión del actual Gobierno.
La primera consiste en inyectar ciegamente más y más fondos en sistemas estructuralmente agotados. Tal es el caso de la salud pública, donde el gasto anual por persona atendida ha crecido en 66 por ciento, sin que la población perciba mejoramiento alguno. Los Ministros que se han desempeñado en la Cartera del ramo han visualizado la falta de racionalidad y carencia de incentivos para un buen funcionamiento, pero en el momento de proponer soluciones la Concertación gobernante se ha tensionado en exceso.
La segunda deriva del hecho de gastarlos centralizadamente a través de mecanismos que desincentivan la eficiencia, la que sólo se logra cuando las decisiones pertinentes se toman cerca de las personas llamadas a ser beneficiadas por la acción pública. El problema que planteo se observa en el manejo del presupuesto para el sector Educación, aspecto que se ha traducido en que las municipalidades se encuentren hoy ahogadas en déficit que hacen imposible la gestión que les compete. Si bien se había logrado materializar una preferencia hacia la subvención por alumno, lo cual favorece la libertad en que se sustentan la competencia y la creatividad, estos tres años, no obstante el crecimiento global de dicho presupuesto en 33 por ciento, la subvención cae en 7 por ciento real, perdiendo relevancia entre programas fuertemente centralizados y burocratizados.
La tercera -y la más gruesa- radica en el gasto en burocracia, en vehículos, en honorarios, en oficinas (sólo en los denominados "gastos de oficina" se invierten hoy 130 millones de dólares más que el equivalente en 1990), en nuevas reparticiones, en comisiones.
La cuarta modalidad es la que ha demorado el tratamiento del proyecto en esta sesión: el gasto de recursos públicos en áreas y actividades que no son propias de la acción del Estado. El presupuesto de este año considera alrededor de 700 millones de dólares para ese efecto, en circunstancias de que se trata de ámbitos en que el sector privado tiene interés en invertir. Si a éste se le hubieran dejado espacios para ello, la liberación de esos fondos no sólo habría hecho innecesaria la reforma en debate, sino que, además, habría permitido que fueran destinados a las actividades sociales, y, en particular, a las correspondientes a los municipios, que hoy se ahogan en los déficit señalados.
Estas son, pues, las cuatro formas equivocadas de utilizar los recursos evidenciadas por este Gobierno, ya próximo a su término. En conjunto, ellas han impedido aprovechar bien aquellos con que se ha contado, muy superiores a los disponibles en 1990. En el trienio 1991-1993, el gasto público habrá crecido en 2 mil 877 millones de dólares, con relación al trienio precedente. Es cierto que el presupuesto está equilibrado, pero hoy lo está en 8 mil 200 millones de dólares, en tanto que antes lo estaba en 6 mil 500 millones de dólares. Sin embargo, merced a las cuatro vías equivocadas descritas, ese mayor gasto no ha permitido llevar a la población los beneficios a que aspira, de modo que hoy nos vemos forzados a legislar para mantener la reforma tributaria, parcialmente de una manera feliz.
Al acercarnos a este acuerdo, habríamos querido que los impuestos bajaran a los niveles de 1990. Pero, como dije anteriormente, la acción de legislar sin medir el efecto de largo plazo de la normativa diseñada fue incubando un déficit que el próximo año habría sido altamente inconveniente para el equilibrio macroeconómico, con perjuicios para todas las actividades del país. Y por eso nos acercamos a este acuerdo.
El señor Ministro reseñó los elementos sustanciales del acuerdo tributario. Por mi parte, quiero destacar los aspectos a nuestro juicio más relevantes, los susceptibles de mejoramiento y los dignos de celebrar.
En primer lugar, en cuanto a los impuestos a las personas, se retrotraen a la situación que prevalecía en junio de 1990, reduciéndose a 45% la tasa máxima. Sin embargo, se introducen dos elementos que consideramos positivos, uno de los cuales, como señaló el señor Ministro , puede perfeccionarse. El primero es el incentivo al ahorro personal a través de postergar el pago de los impuestos por los ingresos depositados en ciertos instrumentos, mecanismo que, según indicó el señor Ministro , podría perfeccionarse por la vía de una exención tributaria respecto de parte de los mismos.
El otro elemento consiste en establecer un mecanismo de retribución del Estado por el aporte que padres y apoderados hacen a la educación de sus hijos en el caso de las enseñanzas básica y media impartidas en establecimientos que reciben subvención fiscal.
Por razones prácticas, de buena operación, en el acuerdo se resolvió que este beneficio debe traducirse en un mejoramiento del actual sistema de financiamiento compartido de la educación, modalidad a la que hoy accede sólo 3 por ciento de los alumnos de las enseñanzas básica y media. El mecanismo en vigor es excesivamente mezquino. El acuerdo lo extiende ampliamente, de manera que se extingue el aporte estatal cuando el del apoderado supera las cuatro unidades de subvención educacional, en circunstancias de que ahora ello sólo ocurre cuando el aporte citado en último término llega a las 2,5 unidades. La gradualidad, entonces, es mucho mayor. Y eso significa mantener el aporte fiscal pese a la colaboración de los apoderados al establecimiento educacional.
Nos había satisfecho especialmente la extensión del sistema a la enseñanza municipal, por cuanto habría permitido recoger aportes de apoderados que hoy no se reciben y que en algunos casos pueden efectuarse. Desgraciadamente, el señor Ministro nos informa que en el Senado será retirada esa modalidad, que la Cámara de Diputados ya aprobó. Y es preciso aclarar que, de nuestra parte, la acogimos por creer que constituye un avance racional en el sentido de que si las personas pueden hacer aportes a la educación particular subvencionada los hagan también en el ámbito municipal.
En segundo término, tocante al impuesto a las empresas, se mantiene la tasa del 15 por ciento, pero con la facultad de destinar hasta 2 por ciento de la base imponible a proyectos sociales en el área de la educación. Para los efectos del acuerdo, propusimos que ello fuese posible, no sólo en el ámbito educacional, sino además en el de la salud, que hoy adolece de falta de recursos, y en el de la propia infraestructura comunal. Identificamos siete áreas de la actividad social comunal que podrían ser elegibles para esos aportes, los cuales en sí configuran una suerte de democracia tributaria. Desafortunadamente, sólo hemos logrado el consentimiento del Gobierno para destinar esos recursos a la educación. Estamos en un proceso común de perfeccionamiento de la modalidad para flexibilizarla y hacer posible que con ese aporte se mejore el proyecto educativo que incluye pago de remuneraciones de profesores, perfeccionamiento, edificación y equipamiento en general.
Se han logrado otros avances importantes, como la eliminación de la doble tributación de las empresas chilenas que invierten en el exterior; la rebaja de los impuestos correspondientes para reducir los pagos por royalties; la elevación del estímulo tributario a la inversión de la pequeña y mediana industrias; y la restricción del límite superior del valor anual de las patentes industriales y comerciales (contempladas en un proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la Ley sobre Rentas Municipales) a 4 mil UTM.
En tercer lugar, respecto del Impuesto al Valor Agregado -como el señor Ministro explicó-, se establece una tasa permanente de 17 por ciento, pero se faculta al Presidente de la República para rebajarla o aumentarla en un punto, transformándose tal flexibilidad en un elemento de manejo monetario anticíclico. Y desde ya se ha dispuesto, por necesidad de recursos tributarios, que en los dos primeros años -1994 y 1995- se mantenga en el 18 por ciento actual.
En cuarto término, hemos logrado el compromiso de que durante toda la vigencia del acuerdo tributario se mantendrá una política de austeridad fiscal, de límite y selectividad del gasto. Y quiero hacer una precisión respecto de lo señalado por el señor Ministro en la materia: el compromiso a que se refiere la letra D del acuerdo es válido respecto de los recursos públicos en general y no sólo de los provenientes de la reforma en análisis. Eso es algo que debe quedar claro y explícito en esta discusión.
En cuanto a los 2 mil 800 millones adicionales que recibe el Estado como consecuencia de la reforma tributaria pasada, de los cuales 800 millones obedecen al alza temporal de tributos que se acordó en 1990 y el resto es propio del crecimiento de la economía, se ha sostenido que el Gobierno cumplió el acuerdo, pues dedicó los 800 millones al área social. Eso querría decir que quedaría eximido de la responsabilidad de haber gastado demasiado sueltamente el resto de esos recursos, para aplicarlos en la forma equívoca que señalé anteriormente. Eso no puede ser entendido así, y menos aun en el actual acuerdo, que dispone explícitamente que los recursos públicos -cualesquiera que sean: producto de los tributos, del crecimiento de la economía o de otra fuente de ingresos fiscales- deben ser objeto de austeridad fiscal y quedar sujetos al límite establecido en la Ley de Presupuestos que se discute anualmente en el Congreso Nacional, aparte que los de inversión deberán dedicarse a financiar los programas de carácter social y los de infraestructura que no pueden ser adecuadamente abordados por inversionistas privados. Cuando decimos "adecuadamente" estamos refiriéndonos a impedimentos de índole práctica y no de carácter legal. Respecto de estos últimos, podemos legislar para salvarlos. Y, desde ya, el Gobierno cuenta con el sistema constitucional de la urgencia para lograr que los proyectos respectivos se tramiten rápidamente.
Dentro del acuerdo, es importantísima una agenda de temas pendientes, los cuales ahora no fueron incluidos, no por ser de menor importancia, sino para facilitar la discusión presupuestaria en las fechas que la Constitución establece. Para ello, se resolvió constituir una comisión que deberá emitir pronunciamiento a más tardar el 1° de noviembre próximo.
De entre tales materias, cabe destacar: análisis general de la tributación agrícola y minera, y particularmente, de las dificultades prácticas que evidencia el inicio de la contabilidad; análisis de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado en la agricultura, sector que hoy, atendido el sistema a que se lo somete, aparece como sujeto de segundo orden en cuanto a la apreciación de honorabilidad; análisis del impuesto a las ganancias de capital en acciones -sea de primera categoría y/o adicional- que afecta a inversionistas extranjeros y que tiene a las bolsas de comercio chilenas en una situación altamente desmejorada con relación a las del extranjero; análisis para una solución de la situación tributaria existente en las zonas extremas; análisis de la forma de determinar los avalúos urbanos y rurales y la fecha de su aplicación; análisis de la tributación que afecta a las pensiones de jubilación; análisis de la tributación que afecta a las cotizaciones previsionales y de salud de los trabajadores independientes, las cuales tienen hoy un tratamiento inequitativo respecto de lo que sucede con los dependientes; y análisis para una simplificación de numerosos impuestos que, generando una escasa recaudación, entraban diversas actividades económicas y productivas.
A consecuencia del mismo acuerdo, se consideró mantener abierta la referida comisión especial para incorporar temas de relevancia pública que, por la rapidez con que aquél se generó, pueden haber quedado al margen. Desde ya, ingresó para su estudio una materia muy fundamental que afecta a la generalidad de las exportaciones del país, las cuales enfrentan una situación muy crítica que pone en riesgo su supervivencia. Al respecto, se considera ampliar la devolución de impuestos de distinta índole que se aplican a lo largo del proceso exportador.
Esos temas -como señalé- están siendo analizados por una comisión en la cual participan Parlamentarios de Renovación Nacional, quienes seguramente querrán hacer mayores precisiones sobre el particular.
En resumen, señor Presidente , participamos en el acuerdo tributario en la búsqueda de los valores que nos parecen fundamentales para el bien nacional en cuanto a asegurar el equilibrio macroeconómico y la es-tabilidad tributaria -para ello hemos logrado un período de cuatro años-; obtener la reorientación en el uso de los recursos públicos y sus prioridades, y finalmente, avanzar hacia una democracia tributaria.
Habríamos quedado satisfechos si se hubiese logrado una rebaja absoluta de impuestos. Empero, creemos que el acuerdo es conveniente. Y en esa virtud concurrimos a él y aprobaremos el proyecto, pues entendemos que fue lo mejor que pudo obtenerse.
He dicho.
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